La reforma del Código Penal establece la "libertad vigilada" para terroristas y delincuentes sexuales - Bermejo dice que la libertad vigilada "pasará el filtro constitucional"
El Gobierno aprobó hoy, en la reunión del Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley de reforma del Código Penal, cuyo aspecto fundamental es el endurecimiento de las penas por los delitos sexuales cuando las víctimas son menores y la posibilidad de facultar a los jueces para suspender la prescripción de los más graves delitos de terrorismo y sus penas.
La propuesta del Gobierno incluye también la "libertad vigilada" para el control y seguimiento de terroristas y delincuentes sexuales, una vez cumplida la pena privativa de libertad.
La nueva norma recoge el alejamiento de los condenados por delitos sexuales y actos terroristas de sus víctimas y familiares y la obligación de realizar tratamientos médicos.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en su comparecencia ante los medios de comunicación, posterior a la reunión del Consejo de Ministros, explicó que el anteproyecto de reforma del Código Penal tiene entre sus ejes básicos dar respuesta jurídica a una demanda social endureciendo las penas por delitos de agresión sexual cuando las víctimas son menores.
Bermejo recordó el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras el debate social abierto por casos de especial gravedad ocurridos en los últimos tiempos, en referencia al 'caso Mariluz'.
Además, el titular de Justicia dijo que el nuevo texto incorpora cambios para proteger a las víctimas del terrorismo y a sus familias, transpone instrumentos penales internacionales y europeos en el ámbito interno y penaliza nuevas formas de criminalidad.
Bermejo explicó que algunas de las medidas incluidas en la reforma sólo son ajustes de otras ya existentes y de probada constitucionalidad. Sobre las más novedosas, se mostró confiado en que "pasarán el filtro de la constitucionalidad".
PRESCRIPCIÓN DELITOS
Con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de las víctimas, el Gobierno introduce la posibilidad de que la prescripción de un delito quede interrumpida cuando el juez instructor lleve a cabo una actuación material sustancial o bien cuando ordene a la policía judicial diligencias orientadas a la detención de una persona determinada.
La mayor novedad que incorpora, en este sentido, es que la presentación de denuncia o querella ante un órgano judicial y contra una persona determinada suspenderá el cómputo de prescripción.
Para los delitos de terrorismo que hayan causado una muerte, las más graves lesiones físicas o psíquicas o que hayan consistido en el secuestro de una persona, así como las penas impuestas por ellos, la reforma declara la "imprescriptibilidad"
MAS PROTECCIÓN A MENORES
El anteproyecto establece medidas para garantizar la mayor protección a menores de 13 años. El nuevo texto prevé la creación de delitos específicos de "abusos y agresiones sexuales a menores" y recoge también la agravante, con pena de hasta 15 años de prisión, cuando la víctima se encuentre en una situación de total indefensión por su escaso desarrollo intelectual y físico y, en todo caso, cuando sea menor de 4 años.
Cuando los abusos o agresiones sexuales sean cometidos por los padres, el juez podrá decidir la pérdida definitiva de la titularidad de la patria potestad.
LIBERTAD VIGILADA
La figura penal de "libertad vigilada" para terroristas y agresores sexuales, según la nueva normativa, tendrán lugar a partir de la finalización de la privativa de libertad.
El objeto de esta nueva figura es hacer frente a los casos en que las condenas de prisión no consigan el fin de la reinserción social del delincuente, lo que, según Bermejo, hace necesario la adopción de medidas que permitan el tratamiento y control de estos individuos después de cumplir la pena de cárcel.
Para garantizar el cumplimiento de esta medida, el juez o tribunal podrá acordar la utilización de medios electrónicos que permitan la localización del reo.
En el ámbito de la prostitución y la pornografía infantil, el anteproyecto de ley tipifica nuevas conductas, como la captación de menores para que participen en espectáculos pornográficos, o el ofrecimiento de pornografía infantil. A partir de esta reforma, también se incriminará la conducta del proxeneta cuando la relación sexual se lleve a cabo con un menor o incapaz.
NUEVOS DELITOS
El texto presentado por el Gobierno también establece medidas para impedir que los delincuentes se sirvan de los beneficios y facilidades que pueden obtener al asociarse de forma transitoria para la comisión de un delito.
Los delitos de urbanismo también tienen una respuesta más contundente en la reforma del Código Penal. A partir de ahora se perseguirá a los funcionarios y autoridades que silencien las infracciones urbanísticas que observen en el ejercicio de sus funciones.
La nueva normativa endurece también la trata de seres humanos para explotación laboral, sexual o extracción de órganos corporales.
El delito de acoso laboral, que se tipifica dentro de los delitos de torturas y contra la integridad moral, es otra de las novedades del nuevo texto. También introduce el nuevo tipo penal de piratería y el delito de corrupción entre particulares, además de endurecer el delito de cohecho.
(SERVIMEDIA)
http://ecodiario.eleconomista.es
14 de noviembre de 2008
Polémica campaña en Italia contra la violencia machista
Imagen del polémico cartel / Telefono DonnaUna ONG busca concienciar a la sociedad con la imagen de una mujer desnuda sobre una cama en posición de crucifixión
Italia se ha visto inmersa en una nueva polémica tras la aparición de los primeros carteles publicitarios que muestran a una mujer desnuda sobre una cama, en posición de crucifixión y sobre la que se lee la pregunta ¿Quién paga por los pecados del hombre?.
Se trata de la campaña publicitaria lanzada por la asociación 'Telefono Donna', que desde 1992 lucha contra la violencia doméstica y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Milán (norte de Italia) para llevar a cabo sus actividades de apoyo a las mujeres.
El cartel ha sido ideado por la agencia internacional Arnold WorldWide con ocasión de la jornada mundial contra la violencia hacia las mujeres, que se celebrará el próximo 25 de noviembre.
A pesar de sus buenos propósitos, el cartel ha sido ampliamente criticado por su falta de respeto hacia la Cruz de los cristianos. Así lo manifestó el asesor de Decoro Urbano de Milán, Maurizio Cadeo, quien aseguró que el manifiesto instrumentaliza el símbolo de la cristiandad y hiere el sentimiento religioso de los ciudadanos.
De hecho, Cadeo se comprometió ha hacer todo cuanto pueda para evitar la exhibición del manifiesto en las calles de la ciudad. La intención de 'Telefono Donna' es exponerlo en un total de 500 espacios públicos.
Por su parte, la presidenta de esta asociación, Stefania Bartoccetti, apuntó que como católica, no ve nada de ofensivo ni blasfemo en el manifiesto que además, ha sido publicado después de obtener el primer 'sí' del Ayuntamiento. Hemos elegido una imagen fuerte para empujar a las víctimas de las violencias a salir del silencio, explicó.
www.lavanguardia.es
Extremadura participará en un programa europeo contra la violencia de género
Extremadura va a participar en el programa europeo Daphne, centrado en la lucha contra la violencia de género en el ámbito rural, junto con Gran Bretaña y Eslovaquia, por el que varias asociaciones de estos países tendrán la oportunidad de conocer los programas que se desarrollan en esta materia.
Así lo explica Pilar Lucio, consejera de Igualdad y Empleo, durante la presentación de la campaña de la Junta con motivo del Día Mundial contra la Violencia de Género, informa Efe.
Según Lucio, el programa comunitario, que dispone de una partida de 400.000 euros, se presentó el pasado año a Bruselas y es la primera vez que se concede a Extremadura. La representación extremeña estará formada por el Instituto de la Mujer, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) y la Asociación Eloisa, quienes podrán aportar sus experiencias a partir de la Ley Integral contra la Violencia de Género en España.
El hecho de que el programa sea trasnacional, señala, le aporta un valor añadido, ya que cada colectivo participante aportará las formas de afrontar esta realidad en los ámbitos rurales en su país de origen.
Lucio reitera que el programa complementará el trabajo de las oficinas regionales en materia de género, aunque, concretamente, incidirá en la mejora del conocimiento de la violencia machista en el ámbito rural. También trabajará para animar a las víctimas de violencia de género, la prevención, la atención y la inclusión de las víctimas, así como el desarrollo de una información práctica con la que sensibilizar a los grupos profesionales que trabajan en el mundo rural.
El fracaso de la Ley contra la Violencia de Género obliga al Congreso a fichar 50 expertos
La Ley contra la Violencia de Género fue la primera que aprobó el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2004. Se promulgó el 28 de diciembre. Nueve meses después del triunfo socialista en las elecciones. Se pergeñó a toda velocidad porque Zapatero estaba empeñado en completar un golpe de efecto con su aprobación. Cuatro años más tarde, aquellas prisas injustificadas pasan factura y se confirma el fracaso de una iniciativa que ha sido incapaz, no ya de evitar, sino de disminuir el número de víctimas por la violencia machista.
Para arreglar una ley que, en palabras de la diputada del PP Carmen Quintanilla, «tiene muchas lagunas y no está dando una respuesta clara a la violencia contra las mujeres», el Congreso se ha visto obligado a poner en marcha una subcomisión encargada del estudio de la norma.
En su primera reunión, la subcomisión determinó que por la misma deberán pasar, a partir del 10 de diciembre, «cincuenta expertos», para, como señaló la representante del PSOE, Carmen Montón, «realizar las propuestas que permitan al Gobierno perfeccionar la ley». Antes del 27 de noviembre, los distintos grupos parlamentarios presentarán sus listas de expertos. Los socialistas quieren que acudan como comparecientes, entre otros, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán; la especialista del Consejo de Europa Marta Requena; expertos de la Fiscalía Especial de Violencia de Género, y periodistas que habitualmente informan sobre estas cuestiones.
Propuesta del PP
Por su parte, el PP propondrá la comparecencia, entre otros, de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón; del presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, de representantes de consejerías de asuntos sociales y de funcionarios que atienden a las mujeres maltratadas en las audiencias provinciales.
Ambas formaciones solicitarán la presencia de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
Al respecto, Quintanilla explicó que su grupo volverá a proponer que «la mujer que sufre la violencia en grado menor sea protegida con medios telemáticos y que aquella que puede ser agredida o asesinada cuente con un guardia civil o un policía nacional las 24 horas del día».
Además, el PP señaló que apuesta por ampliar el plazo máximo de cuatro meses que tiene marcado esta subcomisión para elaborar y presentar sus conclusiones.
www.abc.es
Para arreglar una ley que, en palabras de la diputada del PP Carmen Quintanilla, «tiene muchas lagunas y no está dando una respuesta clara a la violencia contra las mujeres», el Congreso se ha visto obligado a poner en marcha una subcomisión encargada del estudio de la norma.
En su primera reunión, la subcomisión determinó que por la misma deberán pasar, a partir del 10 de diciembre, «cincuenta expertos», para, como señaló la representante del PSOE, Carmen Montón, «realizar las propuestas que permitan al Gobierno perfeccionar la ley». Antes del 27 de noviembre, los distintos grupos parlamentarios presentarán sus listas de expertos. Los socialistas quieren que acudan como comparecientes, entre otros, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán; la especialista del Consejo de Europa Marta Requena; expertos de la Fiscalía Especial de Violencia de Género, y periodistas que habitualmente informan sobre estas cuestiones.
Propuesta del PP
Por su parte, el PP propondrá la comparecencia, entre otros, de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón; del presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, de representantes de consejerías de asuntos sociales y de funcionarios que atienden a las mujeres maltratadas en las audiencias provinciales.
Ambas formaciones solicitarán la presencia de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
Al respecto, Quintanilla explicó que su grupo volverá a proponer que «la mujer que sufre la violencia en grado menor sea protegida con medios telemáticos y que aquella que puede ser agredida o asesinada cuente con un guardia civil o un policía nacional las 24 horas del día».
Además, el PP señaló que apuesta por ampliar el plazo máximo de cuatro meses que tiene marcado esta subcomisión para elaborar y presentar sus conclusiones.
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La Junta incluirá a los menores como víctimas de la violencia machista
Consuelo Rodríguez y Alicia García, instantes antes de iniciar la jornada
La Directora General de la Mujer de la Junta de Castilla y León, Alicia García, considera que los menores deberían ser considerados también víctimas de la violencia de género: «Hace pocas semanas acabamos de celebrar un congreso en el que han participado 300 personas y se ha llegado a la conclusión de que los menores deberían ser considerados también víctimas de la violencia de género, y en este sentido vamos a establecer nuestras líneas de trabajo de cara al futuro».
La directora general inauguró una jornada formativa para víctimas de violencia machista organizada por la Junta a través de su delegación de León: «El objetivo es formar y reciclar a todos aquellos profesionales interesados en el caso y dedicados a episodios de estas características. Los Ceas son el primer canal abierto a los ciudadanos hacia los servicios sociales». En el acto inaugural estuvieron presentes también Consuelo Rodríguez, integrante del Consejo de la Mujer, Guillermo García Martínez, responsable del Departamento de Familia de la Junta de Castilla y León para la provincia y Eduardo Fernández, delegado en León.
En 2008 han sido más de 2.600 los profesionales que se han formado en la comunidad, entre psicólogos, abogados, trabajadores sociales, sanitarios, policías, forenses y demás: «La mejor herramienta de prevención es la formación».
Miguel Ángel Zamora
Más de 320.000 euros para la puesta en marcha del centro de referencia 'Mujer 24h'
Dotará a la Comunidad de un centro de referencia en la atención a la mujer
Ayudará a la detección precoz de las situaciones de violencia de género
El Gobierno regional ha acordado una partida de 321.225 euros a Cruz Roja Española de Castilla y León para la puesta en marcha y gestión del Centro Mujer 24 Horas. Su entrada en funcionamiento supondrá dotar a la Comunidad de un centro de referencia en la atención integral a la mujer, tanto en materia de igualdad como en prevención e intervención en violencia de género, ha destacado el consejero portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez.
El centro, cuya puesta en marcha es uno de los compromisos del Gobierno autonómico para esta legislatura, estará ubicado en Valladolid. Entre sus funciones figuran las de informar de todas las acciones y programas de Mujer que lleva a cabo la Junta de Castilla y León, la realización de actividades de formación y la prestación de especial atención a las mujeres víctimas de violencia de género y a las personas dependientes de las mismas.
En el ámbito de la igualdad, el Centro Mujer 24 Horas pretende divulgar los recursos para la mujer existentes en Castilla y León; informar de todas las ayudas y actuaciones que la Junta destina a las mujeres, incluyendo la orientación laboral o cursos de formación, foros y jornadas que se organicen por la Junta dirigidos a las mismas, entre otras.
El centro asegura una atención instantánea a la mujer las 24 horas del día durante los 365 días del año. Asimismo, ayudará a la detección precoz de las situaciones de violencia de género y proporcionará una respuesta integral en las situaciones de maltrato al abordar no sólo las necesidades urgentes, sino también aspectos sociales, emocionales, legales, formativos o de empleo.
El Centro Mujer 24 horas promoverá la coordinación de los recursos y agentes que intervienen con mujeres en situaciones de maltrato y las personas a su cargo y realizará un seguimiento de las mujeres atendidas.
Además de esta labor de información, asesoramiento e intervención con mujeres, el Centro Mujer 24 Horas se dirige también a los profesionales que trabajan en esta materia, con los que se mantendrá contacto en áreas como la coordinación, la orientación y el asesoramiento.
www.elmundo.es
Ayudará a la detección precoz de las situaciones de violencia de género
El Gobierno regional ha acordado una partida de 321.225 euros a Cruz Roja Española de Castilla y León para la puesta en marcha y gestión del Centro Mujer 24 Horas. Su entrada en funcionamiento supondrá dotar a la Comunidad de un centro de referencia en la atención integral a la mujer, tanto en materia de igualdad como en prevención e intervención en violencia de género, ha destacado el consejero portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez.
El centro, cuya puesta en marcha es uno de los compromisos del Gobierno autonómico para esta legislatura, estará ubicado en Valladolid. Entre sus funciones figuran las de informar de todas las acciones y programas de Mujer que lleva a cabo la Junta de Castilla y León, la realización de actividades de formación y la prestación de especial atención a las mujeres víctimas de violencia de género y a las personas dependientes de las mismas.
En el ámbito de la igualdad, el Centro Mujer 24 Horas pretende divulgar los recursos para la mujer existentes en Castilla y León; informar de todas las ayudas y actuaciones que la Junta destina a las mujeres, incluyendo la orientación laboral o cursos de formación, foros y jornadas que se organicen por la Junta dirigidos a las mismas, entre otras.
El centro asegura una atención instantánea a la mujer las 24 horas del día durante los 365 días del año. Asimismo, ayudará a la detección precoz de las situaciones de violencia de género y proporcionará una respuesta integral en las situaciones de maltrato al abordar no sólo las necesidades urgentes, sino también aspectos sociales, emocionales, legales, formativos o de empleo.
El Centro Mujer 24 horas promoverá la coordinación de los recursos y agentes que intervienen con mujeres en situaciones de maltrato y las personas a su cargo y realizará un seguimiento de las mujeres atendidas.
Además de esta labor de información, asesoramiento e intervención con mujeres, el Centro Mujer 24 Horas se dirige también a los profesionales que trabajan en esta materia, con los que se mantendrá contacto en áreas como la coordinación, la orientación y el asesoramiento.
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Lorente: 'Hay que seguir incidiendo en la prevención en torno a la violencia de género'
Es una de las afirmaciones del delegado del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad que ha inaugurado una jornada en la Diputación que analiza el trabajo que asociaciones y organizaciones sociales realizan para erradicar esta lacra.
“Acciones en contra de la violencia hacia las mujeres”.
Este es el título de la jornada de trabajo organizada por la Diputación de Granada y que pretende hacer un recorrido por los proyectos de apoyo y acción que están desarrollando las asociaciones y organizaciones sociales a favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Esta jornada ha sido inaugurada por el Delegado del Gobierno para la Violencia de Género. Miguel Lorente insiste en la necesidad de la prevención y de incluir a los hombres en las políticas de igualdad.
Lorente ha indicado también cómo ha evolucionado la violencia contra las mujeres. Habla de más violencia en los homicidios y también de un incremento en los suicidios de los autores. En la jornada han tomado parte representantes del equipo de mujeres de amnistía internacional, de la Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán y de varios colectivos de mujeres de la provincia de Granada.
13 de noviembre de 2008
Las mujeres gitanas rompen su tabú y hablan de los malos tratos
Ninguna cultura, estamento o nivel social se encuentra al margen de los malos tratos, pero para las mujeres gitanas, esta lacra social es además un tabú. La Asociación Yerba-buena quiere acabar con este silencio y para concienciar a su población, ha organizado unas jornadas el próximo miércoles día 19 en el teatro García Lorca.
"El silencio no es cultura, sino una mala costumbre", dice Pilar Heredia, presidenta de la asociación, quien sabe que tiene ante sí un reto tan difícil como necesario, y asegura que nada ni nadie la detendrá.
Heredia anima a las mujeres a denunciar y no callarse, y recuerda que para abandonar a un maltratador es imprescindibe tener su propia independencia económica. "La mujer gitana es muy laboriosa, pero siempre en trabajos familiares no reglados como la venta ambulante", señala la presidenta de la asociación.
Heredia quiere dejar claro que este colectivo no sufre más Violencia de Género que el resto, y como prueba destaca que hasta el momento no ha habido ninguna víctima mortal de raza gitana. La razón no es otra, según señala, que la propia vigilancia familiar.
"Cuando una mujer gitana es agredida, ésta lo comunica a su entorno, principalmente a la familia de su marido, y tras una férrea vigilancia, si reincide se le aparta, se le destierra".
Pero para Yerba-buena, esta no es la solución. Las mujeres deben saber dónde ir y conocer todos los mecanismos de los que disponen. "Deben superar los tabúes y no importarles lo que el resto piensen de ellas".
En las jornadas participarán Mohamed Al Morabet, quien tratará sobre violencia e inmigración, María José Jiménez Cortiñas, trabajadora social experta en minorías, y tres mujeres gitanas que contarán sus experiencias en la inserción social y laboral.
La compañía del bailarín y coreógrafo Antonio Canales cerrará el encuentro con un cuadro flamenco.
Pilar Arroyo
www.gentedigital.es
"El silencio no es cultura, sino una mala costumbre", dice Pilar Heredia, presidenta de la asociación, quien sabe que tiene ante sí un reto tan difícil como necesario, y asegura que nada ni nadie la detendrá.
Heredia anima a las mujeres a denunciar y no callarse, y recuerda que para abandonar a un maltratador es imprescindibe tener su propia independencia económica. "La mujer gitana es muy laboriosa, pero siempre en trabajos familiares no reglados como la venta ambulante", señala la presidenta de la asociación.
Heredia quiere dejar claro que este colectivo no sufre más Violencia de Género que el resto, y como prueba destaca que hasta el momento no ha habido ninguna víctima mortal de raza gitana. La razón no es otra, según señala, que la propia vigilancia familiar.
"Cuando una mujer gitana es agredida, ésta lo comunica a su entorno, principalmente a la familia de su marido, y tras una férrea vigilancia, si reincide se le aparta, se le destierra".
Pero para Yerba-buena, esta no es la solución. Las mujeres deben saber dónde ir y conocer todos los mecanismos de los que disponen. "Deben superar los tabúes y no importarles lo que el resto piensen de ellas".
En las jornadas participarán Mohamed Al Morabet, quien tratará sobre violencia e inmigración, María José Jiménez Cortiñas, trabajadora social experta en minorías, y tres mujeres gitanas que contarán sus experiencias en la inserción social y laboral.
La compañía del bailarín y coreógrafo Antonio Canales cerrará el encuentro con un cuadro flamenco.
Pilar Arroyo
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Unión inmigrante
7colectivos rechazan el maltrato machista Firmaron un compromiso para "denunciar y combatir todas las formas de violencia de género"
La violencia de género se ceba especialmente con las mujeres inmigrantes. El año pasado, el riesgo de ser víctima de una agresión machista era seis veces mayor entre las extranjeras que en las españolas y en lo que llevamos de 2008 la tasa de fallecidas por millón es de 2,05 en el caso de las nacionales y de 13,18 en el de las foráneas.
Estos datos oficiales vienen recogidos en un manifiesto que ayer rubricaron siete colectivos de inmigrantes, la agrupación de mujeres rurales AFFAMER y el Gobierno. La consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza, calificó la reunión como una cita "casi histórica".
Los firmantes del escrito expresaron su "voluntad de denunciar y combatir todas las formas de violencia de género". También se comprometieron a desempeñar "acciones de formación para mujeres y hombres por igual" y a "rechazar" cualquier comportamiento machista. Igualmente se prestaron a "colaborar con la tarea de prevenir" esta lacra social que ya se ha cobrado más de quinientas vidas en lo que va de siglo.
Concienciar y sensibilizar
El documento expresa la importancia de "poner en marcha un proceso de concienciación y sensibilización de la sociedad" y la necesidad de que todos sean "educados ...en el respeto y la igualdad" para prevenir el maltrato.
"LAS VÍCTIMAS NECESITAN GRUPOS DE AUTOESTIMA"
AMIRAS es una de las agrupaciones que respaldó el manifiesto. La responsable de la Asociación Intercultural de Mujeres de La Rioja, May Baldor, recalcó en declaraciones a ADN su apoyo al escrito pese a que le "hubiese gustado" que fuera acompañado de un "programa de acción" para ayudar a las mujeres que padecen la violencia de género.
Según Baldor es necesario realizar "reuniones y grupos de autoestima" para que las víctimas de maltrato puedan superar el trance. Para ella el apoyo psicológico es prioritario en este sentido. Pese a las cifras, la representante de AMIRAS no cree que la inmigración "haya disparado la violencia de género" y asegura que las extranjeras "tienen miedo a denunciar porque están desprotegidas". Este colectivo hará un mercadillo, el 29 de este mes, para recaudar fondos.
www.adn.es
La violencia de género se ceba especialmente con las mujeres inmigrantes. El año pasado, el riesgo de ser víctima de una agresión machista era seis veces mayor entre las extranjeras que en las españolas y en lo que llevamos de 2008 la tasa de fallecidas por millón es de 2,05 en el caso de las nacionales y de 13,18 en el de las foráneas.
Estos datos oficiales vienen recogidos en un manifiesto que ayer rubricaron siete colectivos de inmigrantes, la agrupación de mujeres rurales AFFAMER y el Gobierno. La consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza, calificó la reunión como una cita "casi histórica".
Los firmantes del escrito expresaron su "voluntad de denunciar y combatir todas las formas de violencia de género". También se comprometieron a desempeñar "acciones de formación para mujeres y hombres por igual" y a "rechazar" cualquier comportamiento machista. Igualmente se prestaron a "colaborar con la tarea de prevenir" esta lacra social que ya se ha cobrado más de quinientas vidas en lo que va de siglo.
Concienciar y sensibilizar
El documento expresa la importancia de "poner en marcha un proceso de concienciación y sensibilización de la sociedad" y la necesidad de que todos sean "educados ...en el respeto y la igualdad" para prevenir el maltrato.
"LAS VÍCTIMAS NECESITAN GRUPOS DE AUTOESTIMA"
AMIRAS es una de las agrupaciones que respaldó el manifiesto. La responsable de la Asociación Intercultural de Mujeres de La Rioja, May Baldor, recalcó en declaraciones a ADN su apoyo al escrito pese a que le "hubiese gustado" que fuera acompañado de un "programa de acción" para ayudar a las mujeres que padecen la violencia de género.
Según Baldor es necesario realizar "reuniones y grupos de autoestima" para que las víctimas de maltrato puedan superar el trance. Para ella el apoyo psicológico es prioritario en este sentido. Pese a las cifras, la representante de AMIRAS no cree que la inmigración "haya disparado la violencia de género" y asegura que las extranjeras "tienen miedo a denunciar porque están desprotegidas". Este colectivo hará un mercadillo, el 29 de este mes, para recaudar fondos.
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El CGPJ pide al Gobierno que ayude a la juez con 609 casos de maltrato
Solicita un magistrado de apoyo mientras se crea un juzgado sólo para violencia
El apoyo que le negaron sus colegas se lo pueden dar el Poder Judicial y el Gobierno. El Observatorio de la Violencia de Género de los jueces ha solicitado al Ejecutivo que tome urgentemente medidas de apoyo para el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrejón de Ardoz (Madrid), el mismo que no logró evitar la muerte a tiros de la argentina Sylvina Bassani el pasado 10 de abril en Alovera, a pesar de que ésta había avisado repetidamente de que su asesino la rondaba, vulnerando su orden de protección. Su titular, Gemma Poveda, reclamó el pasado 16 de abril al resto de jueces de esa localidad que la liberaran de parte de sus casos civiles y penales para concentrarse en los 609 casos de maltrato machista que atascan su juzgado, pero sus compañeros se negaron.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el órgano que debía estudiar y, en su caso corregir, la decisión de los jueces de Torrejón de no prestar auxilio a su compañera, confirmó el acuerdo de éstos, aunque, al mismo tiempo, solicitó la creación de un nuevo juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer. El que dirige Poveda es de los denominados "compatibles", aquellos juzgados que, a sus competencias civiles y penales, sumaron las de violencia cuando en 2005 entró en vigor la Ley Integral.
Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial reflejan, sin embargo, que el juzgado de Poveda supera ampliamente en casos de maltrato a varios exclusivos que sólo se dedican a esa materia (sin tener que cargar con otros casos civiles y penales). Por esa razón, la presidenta del Observatorio contra la Violencia del Consejo, la vocal progresista Inmaculada Montalbán, ha solicitado de manera informal a Justicia -la competente para crear nuevos juzgados- que se dote de manera inmediata a ese órgano con un juez de apoyo que auxilie a Poveda con el atasco de casos. El ministerio, según fuentes del CGPJ se ha mostrado dispuesto a solucionar el problema lo antes posible. El Observatorio, como el TSJM, considera, además, que Torrejón debe contar con un juzgado exclusivo de violencia y así lo ha hecho saber al Gobierno, que se ha comprometido a estudiarlo.
Gemma Poveda es la segunda titular del Juzgado de Violencia de Torrejón que reclama ayuda a sus compañeros sin éxito. Su antecesora en el puesto, Gemma Susana Fernández, también pidió auxilio a sus colegas nueve meses antes del asesinato machista de Sylvina. Fernández explicó que, tras asumir las competencias de Violencia en 2005, todos los funcionarios del órgano pidieron el traslado. Sólo en 2006 registró 2.800 casos penales.
MANUEL ALTOZANO
www.elpais.com
El apoyo que le negaron sus colegas se lo pueden dar el Poder Judicial y el Gobierno. El Observatorio de la Violencia de Género de los jueces ha solicitado al Ejecutivo que tome urgentemente medidas de apoyo para el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrejón de Ardoz (Madrid), el mismo que no logró evitar la muerte a tiros de la argentina Sylvina Bassani el pasado 10 de abril en Alovera, a pesar de que ésta había avisado repetidamente de que su asesino la rondaba, vulnerando su orden de protección. Su titular, Gemma Poveda, reclamó el pasado 16 de abril al resto de jueces de esa localidad que la liberaran de parte de sus casos civiles y penales para concentrarse en los 609 casos de maltrato machista que atascan su juzgado, pero sus compañeros se negaron.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el órgano que debía estudiar y, en su caso corregir, la decisión de los jueces de Torrejón de no prestar auxilio a su compañera, confirmó el acuerdo de éstos, aunque, al mismo tiempo, solicitó la creación de un nuevo juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer. El que dirige Poveda es de los denominados "compatibles", aquellos juzgados que, a sus competencias civiles y penales, sumaron las de violencia cuando en 2005 entró en vigor la Ley Integral.
Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial reflejan, sin embargo, que el juzgado de Poveda supera ampliamente en casos de maltrato a varios exclusivos que sólo se dedican a esa materia (sin tener que cargar con otros casos civiles y penales). Por esa razón, la presidenta del Observatorio contra la Violencia del Consejo, la vocal progresista Inmaculada Montalbán, ha solicitado de manera informal a Justicia -la competente para crear nuevos juzgados- que se dote de manera inmediata a ese órgano con un juez de apoyo que auxilie a Poveda con el atasco de casos. El ministerio, según fuentes del CGPJ se ha mostrado dispuesto a solucionar el problema lo antes posible. El Observatorio, como el TSJM, considera, además, que Torrejón debe contar con un juzgado exclusivo de violencia y así lo ha hecho saber al Gobierno, que se ha comprometido a estudiarlo.
Gemma Poveda es la segunda titular del Juzgado de Violencia de Torrejón que reclama ayuda a sus compañeros sin éxito. Su antecesora en el puesto, Gemma Susana Fernández, también pidió auxilio a sus colegas nueve meses antes del asesinato machista de Sylvina. Fernández explicó que, tras asumir las competencias de Violencia en 2005, todos los funcionarios del órgano pidieron el traslado. Sólo en 2006 registró 2.800 casos penales.
MANUEL ALTOZANO
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La mitad de los casos de violencia machista van acompañados de abuso de alcohol
Los problemas con la bebida son los que más afectan a la población de la provincia
El consumo abusivo de alcohol es uno de los problemas más importantes de la sociedad actual e incide de manera importante en los casos de violencia que se producen en el ámbito doméstico. Según los datos de la Diputación de Granada en casi la mitad de los episodios de este tipo de violencia está presente el alcohol.
En este sentido afirmaron que la mayoría de las personas que acuden al centro de drogodependencias de Granada lo hacen porque tienen problemas con el alcohol. A diferencia de lo que ocurría hace unos años, cuando heroína o cocaína eran las principales adicciones, la bebida es ahora la 'droga' más consumida por los granadinos que acuden a este centro, con más de un 24% de afectados.
La edad media de los afectados es de 43 años y más del 80% son varones, aunque el número de menores de 25 años que acuden al centro con problemas de alcohol ha aumentado, y la edad de inicio en el consumo de este tipo de sustancias ha disminuido, la mayoría comienzan a beber antes de los 17 años e incluso casi un 2% se inician antes de los diez.
Las otras sustancias que provocan un mayor número de personas ingresadas en el Centro Provincial de Drogodependientes son la heroína con un 23,5%, la cocaína con un 22,6% y el tabaco y el canabbis con un 10,92 % cada uno.
El próximo sábado se celebra el día contra el abuso del alcohol y desde la Diputación de Granada se pretende este año encaminar la campaña a concienciar a los más jóvenes para que conozcan los efectos que puede tener un consumo excesivo de alcohol en su organismo y que el consumo excesivo y habitual de alcohol acaba conduciendo al alcoholismo.
www.granadahoy.com
El consumo abusivo de alcohol es uno de los problemas más importantes de la sociedad actual e incide de manera importante en los casos de violencia que se producen en el ámbito doméstico. Según los datos de la Diputación de Granada en casi la mitad de los episodios de este tipo de violencia está presente el alcohol.
En este sentido afirmaron que la mayoría de las personas que acuden al centro de drogodependencias de Granada lo hacen porque tienen problemas con el alcohol. A diferencia de lo que ocurría hace unos años, cuando heroína o cocaína eran las principales adicciones, la bebida es ahora la 'droga' más consumida por los granadinos que acuden a este centro, con más de un 24% de afectados.
La edad media de los afectados es de 43 años y más del 80% son varones, aunque el número de menores de 25 años que acuden al centro con problemas de alcohol ha aumentado, y la edad de inicio en el consumo de este tipo de sustancias ha disminuido, la mayoría comienzan a beber antes de los 17 años e incluso casi un 2% se inician antes de los diez.
Las otras sustancias que provocan un mayor número de personas ingresadas en el Centro Provincial de Drogodependientes son la heroína con un 23,5%, la cocaína con un 22,6% y el tabaco y el canabbis con un 10,92 % cada uno.
El próximo sábado se celebra el día contra el abuso del alcohol y desde la Diputación de Granada se pretende este año encaminar la campaña a concienciar a los más jóvenes para que conozcan los efectos que puede tener un consumo excesivo de alcohol en su organismo y que el consumo excesivo y habitual de alcohol acaba conduciendo al alcoholismo.
www.granadahoy.com
12 de noviembre de 2008
Unidades policiales especializadas en violencia de género
El "Grupo Gama" controla mil cuatrocientas órdenes de protección en Valencia.Sólo el año pasado realizaron doscientas detenciones por violencia de género. Es el día a día de este grupo policial especializado.
Esta mujer acaba de dar un paso al frente contra los malos tratos en esta comisaría de Valencia. Entre sollozos, pone fin a ocho años de palizas y humillaciones: "unas veces me llama amenazándome, otras pidiéndome perdón que le dé otra oportunidad.
Ya he dado muchas, la primera vez que me levantó la mano yo acababa de salir del hospital embarazada de mi hijo yo con amenaza de aborto, y a partir de ahí un acoso constante", explica.
Su caso no es el único. Para Pilar Estévez, agente de Policía, "suelen llegar muy nerviosas. Y una vez que ponen la denuncia les informamos del proceso, de tipo de abogados, de la asistencia psicológica que pueden recibir".
María es otra de sus protegidas. No sale a la calle sin el teléfono de emergencia conectado directamente con la Policía. Por suerte, su presunto agresor ha dejado de molestarla: "Se aprende a vivir con miedo, pero ya salimos de todo aquello. Ahora mi niña es una niña feliz, vive tranquila, y yo, también".
Marta Herrera/Fernando de Dios
www.antena3noticias.com
Comienza El Juicio Político Por “acoso” A La Jueza Raggio
La jueza Marta Alicia Raggio, titular del Juzgado en lo Correccional Nº 1 del Departamento Judicial de Necochea, será sometida a juicio político por “acoso laboral” a partir del próximo 2 de diciembre. Luego de un proceso que comenzó en julio de 2006 por la acusación de la Procuradora General de Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, fueron convocados los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Funcionarios para el próximo martes 2 de diciembre con la idea de que en esa misma semana se tomen las declaraciones testimoniales estipuladas.
La magistrada, hoy suspendida, está acusada de atentar contra la integridad física, sexual, psicológica y social de la mayoría del personal que cumplía funciones en su juzgado, “valiéndose de su jerarquía” desde aproximadamente 1992. “Los hechos atribuidos constituyen groseros atropellos, menoscabos y avasallasamientos contra elementales derechos humanos”, reza acusación.
Los conjueces designados son Horacio Garaguso (M.del Plata), Javier Carbone (S. Isidro), Eduardo López Wesselhoefft (San Martín), Norberto Sánchez (San Martín) y Ricardo Cornaglia (Quilmes); mientras que los legisladores abogados elegidos son los diputados Marcelo Felliú, Carlos Bonicatto, Alberto Delgado, Raúl Pérez y el senador Diego Rodrigo.
Según la exposición de 36 empleados, la denuncia dice que “sometía a empleados y funcionarios a procederes tales como descalificación de su trabajo, cambio de lugar de tareas, y aislamiento como castigo, ridiculización, humillación, acoso sexual, exigencias desmesuradas, intromisión en la vida privada y discriminación”.
Y deduce que “propició un clima insoportable, en suma de hostigamiento permanente y constante que culminó con daños físicos y consecuencias sociales para aquellos”.
También se la acusa de hostilizar “de manera permanente, abuso de poder, utilizar agentes judiciales para provecho propio, prolongar horarios de trabajo, hostigar y mostrar desprecio con epítetos ridiculizantes, viles y groseros”.
Se detalla que utilizaba palabras tales como “inepta”, “corqui”, “no sabés nada”, “mentirosa”, “anoréxica”, “gorda”, “inútil”, “tarada”, así como muestras de discriminación racial. Un párrafo especial merece la denuncia realizada por Roberto José Diego, un empleado de 19 años que habría sido acosado sexualmente.
“En presencia de otros empleados se dirigía hacia él exhibiendo su ropa interior con frases de franco contenido sexual. En ocasiones se sentaba en su falda. En una oportunidad le tomó su mano derecha y se la hizo apoyar fuertemente en la parte media de sus nalgas”, cita el expediente.
Por su parte la doctora Raggio, con el patrocinio de los abogados defensores Carlos Irisarri, Flavio Gliemmo, Brian Alvarez y Juan José Losinno, consideró la acusación como “una maniobra en mi contra de algunos inferiores jerárquicos. Una verdadera exageración de situaciones de menor entidad”. No obstante reconoce que “siempre fui exigente con mis inferiores y creo que solo con exigencia el juzgado marcha”, jactándose de la efectividad del que tenía a su cargo.
Aunque entre sus argumentos de defensa rescata que “mi error fue el de no poner límites y trata a los empleados como amigos”. En otro de sus escritos, la jueza acusada contrapone: “o soy una inhábil mental o mis denunciantes son unos mentirosos sindicalizados”.
Pero también reclamó una pericia psiquiátrica debido a que “en tanto no me di cuenta del dolor que se dice provocaba con mis actitudes adolezco de alguna causal de inhabilidad mental, producto de un sostenido, arduo y permanente trabajo”, sostuvo y solicitó la indemnización correspondiente.
Finalmente Raggio pidió Junta Médica a los efectos jubilatorios pero fue denegada por estar suspendida en el ejercicio de sus funciones. Ahora será el Jurado de Enjuiciamiento quien después de recoger los testimonios que empezarán a brindar a partir del 2 de diciembre, resuelva o no destituir a la jueza Marta Raggio.
www.aninoticias.com
La magistrada, hoy suspendida, está acusada de atentar contra la integridad física, sexual, psicológica y social de la mayoría del personal que cumplía funciones en su juzgado, “valiéndose de su jerarquía” desde aproximadamente 1992. “Los hechos atribuidos constituyen groseros atropellos, menoscabos y avasallasamientos contra elementales derechos humanos”, reza acusación.
Los conjueces designados son Horacio Garaguso (M.del Plata), Javier Carbone (S. Isidro), Eduardo López Wesselhoefft (San Martín), Norberto Sánchez (San Martín) y Ricardo Cornaglia (Quilmes); mientras que los legisladores abogados elegidos son los diputados Marcelo Felliú, Carlos Bonicatto, Alberto Delgado, Raúl Pérez y el senador Diego Rodrigo.
Según la exposición de 36 empleados, la denuncia dice que “sometía a empleados y funcionarios a procederes tales como descalificación de su trabajo, cambio de lugar de tareas, y aislamiento como castigo, ridiculización, humillación, acoso sexual, exigencias desmesuradas, intromisión en la vida privada y discriminación”.
Y deduce que “propició un clima insoportable, en suma de hostigamiento permanente y constante que culminó con daños físicos y consecuencias sociales para aquellos”.
También se la acusa de hostilizar “de manera permanente, abuso de poder, utilizar agentes judiciales para provecho propio, prolongar horarios de trabajo, hostigar y mostrar desprecio con epítetos ridiculizantes, viles y groseros”.
Se detalla que utilizaba palabras tales como “inepta”, “corqui”, “no sabés nada”, “mentirosa”, “anoréxica”, “gorda”, “inútil”, “tarada”, así como muestras de discriminación racial. Un párrafo especial merece la denuncia realizada por Roberto José Diego, un empleado de 19 años que habría sido acosado sexualmente.
“En presencia de otros empleados se dirigía hacia él exhibiendo su ropa interior con frases de franco contenido sexual. En ocasiones se sentaba en su falda. En una oportunidad le tomó su mano derecha y se la hizo apoyar fuertemente en la parte media de sus nalgas”, cita el expediente.
Por su parte la doctora Raggio, con el patrocinio de los abogados defensores Carlos Irisarri, Flavio Gliemmo, Brian Alvarez y Juan José Losinno, consideró la acusación como “una maniobra en mi contra de algunos inferiores jerárquicos. Una verdadera exageración de situaciones de menor entidad”. No obstante reconoce que “siempre fui exigente con mis inferiores y creo que solo con exigencia el juzgado marcha”, jactándose de la efectividad del que tenía a su cargo.
Aunque entre sus argumentos de defensa rescata que “mi error fue el de no poner límites y trata a los empleados como amigos”. En otro de sus escritos, la jueza acusada contrapone: “o soy una inhábil mental o mis denunciantes son unos mentirosos sindicalizados”.
Pero también reclamó una pericia psiquiátrica debido a que “en tanto no me di cuenta del dolor que se dice provocaba con mis actitudes adolezco de alguna causal de inhabilidad mental, producto de un sostenido, arduo y permanente trabajo”, sostuvo y solicitó la indemnización correspondiente.
Finalmente Raggio pidió Junta Médica a los efectos jubilatorios pero fue denegada por estar suspendida en el ejercicio de sus funciones. Ahora será el Jurado de Enjuiciamiento quien después de recoger los testimonios que empezarán a brindar a partir del 2 de diciembre, resuelva o no destituir a la jueza Marta Raggio.
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Quintana llama a la sociedad a implicarse en la lucha contra la violencia machista
El vicepresidente da Igualdade e do Benestar, Anxo Quintana, realizó hoy un llamamiento al "conjunto de la sociedad" para combatir la violencia machista tras la muerte ayer en Vilaboa (Pontevedra) de una mujer de nacionalidad portuguesa a manos de su ex pareja, natural de Cambre (A Coruña).En declaraciones a los medios tras una concentración silenciosa en las dependencias de la Xunta en San Caetano, Anxo Quintana aseguró que "el final" de la violencia machista estará "más cerca" en la medida en que "todos" los agentes sociales se impliquen. "Nos afecta a todos", aseveró.
Por ello, insistió en que constituye una "obligación moral apoyar y hacer visible este problema" para que "no quede reducido a las cuatro paredes" de la vivienda. "En la medida en que lo hagamos sensible estaremos dando respuesta al problema y no sólo a sus consecuencias", proclamó y precisó "lo que hay que hacer es evitar estas consecuencias".
En este sentido, indicó la existencia de un estudio de la Secretaría Xeral da Igualdade, de 2006, que revela que "más del 75 por ciento de la sociedad entiende como repudiable y condenable la violencia machista".
No obstante, este mismo informe dice que "sólo un porcentaje muy bajo, que no llega al 20 por ciento" admitió que "si conociese un caso de maltrato estaría dispuesto a denunciarlo y hacerlo visible para intentar remediarlo". "Hay un camino a recorrer", evidenció mandatario autonómico.
"PROTEGER A LA MENOR"
Por otro lado, se refirió a la hija menor de la víctima y aseguró que "es objeto de las instituciones protegerla y que Vicepresidencia usa sus competencias" para hacerlo, pero pidió "un esfuerzo para retirarla de la actualidad informativa, porque tendrá que construir su vida desde un punto de vista diferente", reclamó.
Anxo Quintana incidió que esta nueva muerte "recuerda a todos" que, a pesar del "mucho camino andado, aún queda mucho por hacer" y advirtió de que lo "peor" que podrían hacer los dirigentes "es caer en la autocomplacencia".
"Somos conscientes de que hemos dado pasos adelante", aseguró el responsable autonómico, y puso como ejemplo el nuevo marco legal que constituye la Ley contra la Violencia de Género de Galicia para "prevenir esta lacra".
Además del vicepresidente de la Xunta, acudieron a la concentración otras autoridades, entre las que se encontraron la secretaria xeral de Igualdade, Carme Adán; el conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco; el secretario xeral de Relacións Institucionais, Xoán Antón Pérez Lema; el director xeral de Xuventude, Rubén Cela; la directora xeral de Calidade e Fomento da Vivenda, Encarna Otero.
www.europapress.es
Ella denunció malos tratos psicológicos
Elena fue atendida, a principios del año pasado, por el personal del Centro de Atención a las Víctimas de Violencia de Género de Caravaca de la Cruz, donde manifestó estar divorciada y ser víctima de maltrato psicológico, según datos facilitados por el Ayuntamiento de la localidad.
Según fuentes de la familia de Elena, Juan Pedro habría intentado suicidarse en otras ocasiones.
Cortándose las venas, en un caso, y saltando a las vías del tren en Valencia, en otro, tras haber repartido en un bar próximo al lugar del salto todo el dinero que llevaba encima.
Amigos de Elena en Caravaca no pudieron asegurar que Juan Pedro hubiese maltratado físicamente a Elena. Sin embargo, aseguraron que «no estaba bien de la cabeza».
Vecinos de los padres de ella, con quienes vivía, afirmaron que al ex marido rara vez se le veía por allí y que nunca notaron que entre ellos hubiese violencia física, aunque sí sabían que la relación no era buena.
www.laverdad.es
Según fuentes de la familia de Elena, Juan Pedro habría intentado suicidarse en otras ocasiones.
Cortándose las venas, en un caso, y saltando a las vías del tren en Valencia, en otro, tras haber repartido en un bar próximo al lugar del salto todo el dinero que llevaba encima.
Amigos de Elena en Caravaca no pudieron asegurar que Juan Pedro hubiese maltratado físicamente a Elena. Sin embargo, aseguraron que «no estaba bien de la cabeza».
Vecinos de los padres de ella, con quienes vivía, afirmaron que al ex marido rara vez se le veía por allí y que nunca notaron que entre ellos hubiese violencia física, aunque sí sabían que la relación no era buena.
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Conceden el traslado al fiscal acusado de violencia machista
La Fiscalía General del Estado ha concedido al coordinador del Ministerio Público de Dénia, Vicente L.F., que será juzgado en diciembre por maltratar presuntamente a su ex mujer, su traslado al partido judicial de Gandía, donde trabaja precisamente la víctima como funcionaria, según informó ayer el fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero.
No obstante, el propio imputado ha solicitado a su superior que congele dicho traslado hasta enero, cuando se haya dictado sentencia en relación a su caso, y aquél lo ha aceptado.
Los hechos ocurrieron en el domicilio de la víctima, en Gandía, cuando el acusado acudió a ver a una de sus hijas en cumplimiento del régimen de visitas.
En el transcurso de una discusión cogió presuntamente a su ex mujer de un brazo y al soltarla bruscamente ella cayó por unas escaleras.
La Fiscalía pide provisionalmente para él una pena de siete meses de prisión o 40 días de trabajos en beneficio para la comunidad, mientras que la defensa reclama su absolución y la acusación particular un año de cárcel.
El coordinador de la acusación pública en Dénia verá a diario a su ex esposa en los juzgados después de que se haya aprobado su traslado, a menos que sea encontrado culpable y suspendido de sus funciones, como matizó ayer Romero.
www.laverdad.es
No obstante, el propio imputado ha solicitado a su superior que congele dicho traslado hasta enero, cuando se haya dictado sentencia en relación a su caso, y aquél lo ha aceptado.
Los hechos ocurrieron en el domicilio de la víctima, en Gandía, cuando el acusado acudió a ver a una de sus hijas en cumplimiento del régimen de visitas.
En el transcurso de una discusión cogió presuntamente a su ex mujer de un brazo y al soltarla bruscamente ella cayó por unas escaleras.
La Fiscalía pide provisionalmente para él una pena de siete meses de prisión o 40 días de trabajos en beneficio para la comunidad, mientras que la defensa reclama su absolución y la acusación particular un año de cárcel.
El coordinador de la acusación pública en Dénia verá a diario a su ex esposa en los juzgados después de que se haya aprobado su traslado, a menos que sea encontrado culpable y suspendido de sus funciones, como matizó ayer Romero.
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11 de noviembre de 2008
Sólo el 2,7% de la sociedad considera "grave" la violencia machista
Sólo el 2,7 por ciento de la sociedad considera "grave" la violencia machista, ha asegurado hoy el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Llorente, quien ha reclamado que los medios de comunicación eviten difundir información que minimice la responsabilidad de los agresores.
Llorente ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras intervenir en la Primera Jornada sobre "Medios de comunicación y violencia de género", en la que también han participado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, y el subdelegado en Valladolid, Cecilio Vadillo. Llorente ha citado un estudio del CIS, basado en datos de la Unión Europea (UE), que refleja cómo el 95 por ciento de la sociedad conoce la violencia de género por los medios de comunicación, sobre todo por la televisión.
Ante esta situación, ha calificado de "clave" la forma en la que la prensa, tanto escrita como radiofónica y audiovisual, aborde las noticias acerca de esta lacra, de forma que los receptores se formen una visión crítica hacia la violencia de género. Para Llorente, hay dos grandes modelos en la manera de informar sobre la violencia de género, uno de carácter informativo, que contribuye a generar esa conciencia crítica, y uno de tipo social, centrado en el entretenimiento.
En este último modelo, se dan elementos de contextualización que parece que, en cada caso, puede llegar a justificar los hechos, y ha puesto como ejemplo las ocasiones en las que se habla del alcohol, las enfermedades mentales o los celos. "Parece" que esos elementos le sirven de justificación al homicida "y es al revés", ha destacado el delegado del Gobierno para la Violencia de Género.
Para evitar que se produzcan situaciones de este tipo, ha apelado a la profesionalidad y a las actuaciones responsables ya que sólo el 2,7 por ciento de la sociedad considera que es grave este tipo de delitos. Ante esta realidad, "hay que modificar esa percepción y evitar elementos que se han utilizado tradicionalmente", que "justifican o minimizan" la actuación del agresor, y ha alentado a buscar referencias nuevas.
Llorente ha subrayado además la importancia de que trascienda a la sociedad no sólo el suceso con respecto a la violencia de género, sino también la respuesta que proporciona la sociedad a sucesos de estas características, a través de las sentencias.
Ha basado su afirmación en que un estudio elaborado con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desvela que la media de condena a un homicida se sitúa en más de veinte años de prisión y en unas indemnizaciones que superan los 200.000 euros.
Preguntado acerca del juicio que se desarrolla en Ciudad Real, donde se sienta en el banquillo un hombre acusado de matar a su esposa, al hijo de ambos que ella gestaba y a una sobrina, Llorente ha reconocido que los agresores, muchas veces, no sólo dirigen la violencia contra la mujer, sino también contra su entorno más próximo para hacer "más daño".
Llorente ha resumido que la información divulgada a través de los medios de comunicación debe tender a descartar elementos anecdóticos o secundarios e incrementar los que tienen que ver con el rechazo, el conocimiento y la creación de conciencia crítica.
www.elcorreogallego.es
Llorente ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras intervenir en la Primera Jornada sobre "Medios de comunicación y violencia de género", en la que también han participado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, y el subdelegado en Valladolid, Cecilio Vadillo. Llorente ha citado un estudio del CIS, basado en datos de la Unión Europea (UE), que refleja cómo el 95 por ciento de la sociedad conoce la violencia de género por los medios de comunicación, sobre todo por la televisión.
Ante esta situación, ha calificado de "clave" la forma en la que la prensa, tanto escrita como radiofónica y audiovisual, aborde las noticias acerca de esta lacra, de forma que los receptores se formen una visión crítica hacia la violencia de género. Para Llorente, hay dos grandes modelos en la manera de informar sobre la violencia de género, uno de carácter informativo, que contribuye a generar esa conciencia crítica, y uno de tipo social, centrado en el entretenimiento.
En este último modelo, se dan elementos de contextualización que parece que, en cada caso, puede llegar a justificar los hechos, y ha puesto como ejemplo las ocasiones en las que se habla del alcohol, las enfermedades mentales o los celos. "Parece" que esos elementos le sirven de justificación al homicida "y es al revés", ha destacado el delegado del Gobierno para la Violencia de Género.
Para evitar que se produzcan situaciones de este tipo, ha apelado a la profesionalidad y a las actuaciones responsables ya que sólo el 2,7 por ciento de la sociedad considera que es grave este tipo de delitos. Ante esta realidad, "hay que modificar esa percepción y evitar elementos que se han utilizado tradicionalmente", que "justifican o minimizan" la actuación del agresor, y ha alentado a buscar referencias nuevas.
Llorente ha subrayado además la importancia de que trascienda a la sociedad no sólo el suceso con respecto a la violencia de género, sino también la respuesta que proporciona la sociedad a sucesos de estas características, a través de las sentencias.
Ha basado su afirmación en que un estudio elaborado con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desvela que la media de condena a un homicida se sitúa en más de veinte años de prisión y en unas indemnizaciones que superan los 200.000 euros.
Preguntado acerca del juicio que se desarrolla en Ciudad Real, donde se sienta en el banquillo un hombre acusado de matar a su esposa, al hijo de ambos que ella gestaba y a una sobrina, Llorente ha reconocido que los agresores, muchas veces, no sólo dirigen la violencia contra la mujer, sino también contra su entorno más próximo para hacer "más daño".
Llorente ha resumido que la información divulgada a través de los medios de comunicación debe tender a descartar elementos anecdóticos o secundarios e incrementar los que tienen que ver con el rechazo, el conocimiento y la creación de conciencia crítica.
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Un hombre apuñala a su ex mujer y se entrega en Cambre
La víctima, F. M. S., es de nacionalidad portuguesa y de 30 años. Los hechos se produjeron en la gasolinera de San Simón, en la AP-9, en las inmediaciones de Vigo.
Un hombre de 43 años ha apuñalado en las últimas horas a su ex pareja en el área de servicio de la AP-9 de Vilaboa, en Pontevedra en medio de una discusión por la hija que tenían en común, de 5 años.
El hombre, L. M. C. F., vecino de Cambre, había pasado el fin de semana con su hija. Cuando el plazo que le correspondía había terminado, el ahora detenido viajó a Oporto para buscar a la mujer, F. M. S., de 30 años, denacionalidad portuguesa para acordar el traslado de la pequeña.
Cuando la pareja se encontraba en el área de servicio de Vilaboa, en el kilómetro 135 de la AP-9, el hombre asestó dos puñaladas a su ex pareja, mientras discutían.
El hombre colocó el cuerpo de la víctima en el asiento trasero de su vehículo y viajó con él hasta Cambre. Allí aparcó el coche ante el cuartel de la Guardia Civil de la localidad y explicó a los agentes los hechos, tras los que fue detenido, en torno a las 22.30 horas.
El 061 envió al cuartel una ambulancia y un médico pero la mujer ya había fallecido.
El juez de guardia de A Coruña autorizó el levantamiento del cadáver e instruye las diligencias.
www.lavozdegalicia.es
Un hombre de 43 años ha apuñalado en las últimas horas a su ex pareja en el área de servicio de la AP-9 de Vilaboa, en Pontevedra en medio de una discusión por la hija que tenían en común, de 5 años.
El hombre, L. M. C. F., vecino de Cambre, había pasado el fin de semana con su hija. Cuando el plazo que le correspondía había terminado, el ahora detenido viajó a Oporto para buscar a la mujer, F. M. S., de 30 años, denacionalidad portuguesa para acordar el traslado de la pequeña.
Cuando la pareja se encontraba en el área de servicio de Vilaboa, en el kilómetro 135 de la AP-9, el hombre asestó dos puñaladas a su ex pareja, mientras discutían.
El hombre colocó el cuerpo de la víctima en el asiento trasero de su vehículo y viajó con él hasta Cambre. Allí aparcó el coche ante el cuartel de la Guardia Civil de la localidad y explicó a los agentes los hechos, tras los que fue detenido, en torno a las 22.30 horas.
El 061 envió al cuartel una ambulancia y un médico pero la mujer ya había fallecido.
El juez de guardia de A Coruña autorizó el levantamiento del cadáver e instruye las diligencias.
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Ordenan indemnizar con $200.000 a una empleada que fue “confinada” en su puesto de trabajo
La justicia laboral hizo lugar al reclamo efectuado por una empleada, quien denunció que la “confinaron” a una oficina pequeña, sin ventilación, en donde no le brindaron elementos de trabajo y aislada completamente del resto de sus compañeros.
El tribunal consideró que la actitud de la empresa fue humillante y degradante por lo que ordenó que se la indemnice con una cifra cercana a 200.000 pesos.Los reclamos por acoso laboral –también conocido como mobbing– siguen multiplicándose en los juzgados del trabajo.
Mientras los fallos se acumulan, sigue esperando en la Cámara de Senadores el proyecto de ley que pretende regular esta figura que actualmente no es contemplada por la Ley de Contrato de Trabajo, como tampoco el acoso sexual en el ámbito laboral. Este nuevo fallo de la Cámara del Trabajo ratifica la actual tendencia de los magistrados de condenar despidos por el hostigamiento, acoso y el trato degradante dispensados a los empleados en el ámbito laboral, prácticas que los propios jueces han bautizado como mobbing.
Dentro de este contexto, la multiplicidad de reclamos y denuncias que plantean los trabajadores hizo que, en noviembre pasado, la Cámara de Diputados aprobara con media sanción un proyecto de ley que regula la figura del “acoso laboral”, aunque de momento su discusión se encuentra “estancada” en la Cámara alta.
Los jueces censuraron el trato de la empresa, al que calificaron de “humillante”, y la condenaron a pagar una indemnización complementaria a la establecida en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en la causa “B.A.L. c./Italfina S.A. s./despido” (ver fallo completo provisto por elDial.com).La empleada en cuestión resolvió considerarse despedida luego de denunciar haber sufrido un virtual “confinamiento”.
Dijo haber sido trasladada a una oficina pequeña, sin adecuadas condiciones de higiene, ventilación ni calefacción, donde no podía interactuar con otros compañeros y en donde tampoco contaba con elementos de trabajo que le permitieran cumplir con las tareas asignadas.
Los jueces consideraron que “la arbitraria conducta empresarial constituyó, sin dudas, un medio de ejercicio de violencia psicológica en perjuicio de la trabajadora” y que estuvo “dirigido a degradarla dentro de la organización empresarial, mediante la humillación y el aislamiento”.
www.elargentino.com
El tribunal consideró que la actitud de la empresa fue humillante y degradante por lo que ordenó que se la indemnice con una cifra cercana a 200.000 pesos.Los reclamos por acoso laboral –también conocido como mobbing– siguen multiplicándose en los juzgados del trabajo.
Mientras los fallos se acumulan, sigue esperando en la Cámara de Senadores el proyecto de ley que pretende regular esta figura que actualmente no es contemplada por la Ley de Contrato de Trabajo, como tampoco el acoso sexual en el ámbito laboral. Este nuevo fallo de la Cámara del Trabajo ratifica la actual tendencia de los magistrados de condenar despidos por el hostigamiento, acoso y el trato degradante dispensados a los empleados en el ámbito laboral, prácticas que los propios jueces han bautizado como mobbing.
Dentro de este contexto, la multiplicidad de reclamos y denuncias que plantean los trabajadores hizo que, en noviembre pasado, la Cámara de Diputados aprobara con media sanción un proyecto de ley que regula la figura del “acoso laboral”, aunque de momento su discusión se encuentra “estancada” en la Cámara alta.
Los jueces censuraron el trato de la empresa, al que calificaron de “humillante”, y la condenaron a pagar una indemnización complementaria a la establecida en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en la causa “B.A.L. c./Italfina S.A. s./despido” (ver fallo completo provisto por elDial.com).La empleada en cuestión resolvió considerarse despedida luego de denunciar haber sufrido un virtual “confinamiento”.
Dijo haber sido trasladada a una oficina pequeña, sin adecuadas condiciones de higiene, ventilación ni calefacción, donde no podía interactuar con otros compañeros y en donde tampoco contaba con elementos de trabajo que le permitieran cumplir con las tareas asignadas.
Los jueces consideraron que “la arbitraria conducta empresarial constituyó, sin dudas, un medio de ejercicio de violencia psicológica en perjuicio de la trabajadora” y que estuvo “dirigido a degradarla dentro de la organización empresarial, mediante la humillación y el aislamiento”.
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Condenan a cinco maltratadores al día
Inmaculada Montalbán, en la imagen junto a Concepción Espejel.
Los jueces canarios han dictado en los últimos tres años 5.546 sentencias condenatorias por maltrato, lo que implica una media diaria de 5,06 hombres culpables de violencia machista, informó ayer en Las Palmas Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán Huertas, informó ayer en Las Palmas de que desde julio de 2005 –fecha en la que entró en vigor la Ley Integral contra la Violencia de Género– hasta junio de 2008 los órganos judiciales canarios con competencias en la materia han emitido un total de 7.923 sentencias, «el 70% condenatorias», expuso Montalbán.
El porcentaje implica que en las islas se han emitido en los últimos tres años 5.546 sentencias condenatorias por maltrato a la mujer, esto es, una media de 1.848 al año, 5.06 condenados por violencia machista cada día.
Montalbán ofreció estos datos en su primera visita oficial a las islas como vocal delegada para Canarias del Consejo General del Poder Judicial, cartera que comparte con la también vocal del CGPJ Concepción Espejel Jorquera. Ambos comenzaron ayer una minigira intensiva por las islas para conocer de primera mano los problemas del servicio público de la Justicia en el Archipiélago.
Aseguraron que el miércoles mismo, fecha en la que vuelven a Madrid comenzarán a trabajar para tratar de solucionar los múltiples problemas del servicio público en la comunidad autónoma. «Desde el Consejo vamos a hacer un gran esfuerzo por contribuir a mejorar la calidad del servicio en toda Canarias», anunció Montalbán.
Protegidas.
La sucesora de Montserrat Comas al frente del Observatorio contra la Violencia Doméstica se trajo en su cartera otros datos significativos sobre la magnitud del problema de la violencia machista en las islas: en estos tres años los órganos judiciales canarios han recibido 8.795 peticiones de protección por parte de mujeres que denuncian maltrato, y de éstas, los jueces han concedido el 72%, lo que implica que en tres años 6.332 mujeres canarias han tenido que ser tuteladas para evitar que sus parejas las maltrataran: 2.110 al año, 5,7 cada día.
La sucesora de Montserrat Comas al frente del Observatorio contra la Violencia Doméstica se trajo en su cartera otros datos significativos sobre la magnitud del problema de la violencia machista en las islas: en estos tres años los órganos judiciales canarios han recibido 8.795 peticiones de protección por parte de mujeres que denuncian maltrato, y de éstas, los jueces han concedido el 72%, lo que implica que en tres años 6.332 mujeres canarias han tenido que ser tuteladas para evitar que sus parejas las maltrataran: 2.110 al año, 5,7 cada día.
Montalbán ofreció otro dato: en 2007 se registraron en los juzgados especializados una media de 741 denuncias mensuales por maltrato en las islas, y durante en el primer semestre de 2008, una media de 753. Un incremento del 2%. «Hay más confianza en la Justicia», aseveró.
Las víctimas de Telde tendrán que ir a la capital.
Espejel y Montalbán tomaron nota de las carencias denunciadas por la Sala de Gobierno: dispersión de sedes, saturación de trabajo, interinidad funcionarial, falta de gabinetes psicológicos y necesidad de refuerzos puntuales.
Espejel y Montalbán tomaron nota de las carencias denunciadas por la Sala de Gobierno: dispersión de sedes, saturación de trabajo, interinidad funcionarial, falta de gabinetes psicológicos y necesidad de refuerzos puntuales.
INmaculada Montalbán apuntó que el sistema de refuerzos (un magistrado de apoyo) ha demostrado su eficacia en los juzgados de lo contencioso administrativo y de lo Social, que han bajado sensiblemente su carga de trabajo pendiente, y dijo que próximamente se repetirá la experiencia en otras jurisdicciones. Apuntó también que el Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas contará en breve con un magistrado de apoyo.
También dieron cuenta las vocales de otra medida polémica del Ministerio de Justicia: la «comarcalización» de los juzgados de violencia de genero. El plan del Ministerio es crear un tercer juzgado de este tipo en Las Palmas de Gran Canaria para que atienda los casos de Telde, Guía y Arucas, y otro en San Bartolomé para los casos de Santa Lucía, «para que atienda a las víctimas personal especializado»
Antonio F. de la Gándara
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