Siguen Multiplicándose Los Despidos Por Acoso Laboral

La cámara del Trabajo volvió a condenar un despido por mobbing y ordenó un resarcimiento “integral” al trabajador. El tribunal también sancionó a la ART por no controlar las condiciones en el ambiente de trabajo. Qué dijeron los jueces. Ver fallo completo

La cámara laboral hizo lugar a un reclamo promovido por dos trabajadores y condenó a una empresa a pagar las indemnizaciones por despido en razón del acoso laboral que ambos empleados denunciaron.
Este nuevo fallo de la cámara del trabajo ratifica la actual tendencia de los magistrados de condenar despidos por el hostigamiento, acoso y el trato degradante dispensados a los empleados en el ámbito laboral, prácticas que los propios jueces han bautizado como “mobbing”.

La multiplicidad de reclamos y denuncias que plantean los trabajadores hizo que en noviembre de 2007 la Cámara de Diputados aprobara con media sanción un proyecto de ley que regula la figura del “acoso laboral”, aunque de momento su discusión se encuentra “estancada” en la Cámara alta (ver proyecto completo aprobado por Diputados).

Los jueces sancionaron el trato degradante dispensado a los trabajadores en la causa “Cubo Julieta c/ FST S.A. s/ despido” (ver fallo completo provisto por elDial.com). Los detalles del caso Dos telemarketers se consideraron despedidos como consecuencia del “trato abusivo y discriminatorio" del que, denunciaron, fueron víctimas.

Los trabajadores manifestaron haber sufrido una “persecución permanente, acoso mediante el cambio constante de horarios, extensión del horario de trabajo e inexistencia de descansos”. “Los casos de mobbing generan un aumento en los costos laborales porque los jueces consagran una indemnización adicional a las tarifadas establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), en concepto de resarcimiento del daño moral”, advirtió Gustavo Gallo, titular de Gallo & Asociados.

Los jueces indicaron que los testigos acreditaron las tareas y el ambiente en los cuales los dependientes tuvieron que prestar servicios: “se refirieron a la presión con la que debían trabajar, presiones en el sistema de licencias por examen o enfermedad y que tenían tan sólo dos minutos para ir al baño”. También precisaron los magistrados que los sanitarios no estaban en condiciones de ser usados; “no tenían computadora fija asignada; compartían auriculares, micrófonos y no tenían descanso entre llamada y llamada”.

“La difusión que está alcanzando la problemática del mobbing o violencia laboral en el ámbito de la justicia debe llevar a las empresas empleadoras a revisar con cuidado los perfiles y estilos de sus mandos medios y niveles de supervisión”, advirtió Ignacio Capurro, socio de Funes de Rioja & Asociados.
El tribunal concluyó que “con estos elementos no cabe duda que las afecciones detectadas en los trabajadores tuvieron su raíz en la modalidad y condiciones en que prestaban tareas. Después de todo, el estrés en el entorno laboral es un problema creciente y con costos personales, sociales y económicos poderosos”. Capurro destacó que deberían generarse políticas y procedimientos, coordinarse actividades de información y formación que procuren unificar el lenguaje, estilo y prácticas que deben ser observadas, a efectos de evitar la generación de hechos susceptibles de provocar este tipo de reclamos por violencia en el ambiente laboral.

Condena a la ART Además, los jueces decidieron condenar a la Administradora de Riesgos del Trabajo (ART) que había sido contratada por la compañía, pese a que la afección padecida por los trabajadores (estrés laboral por la situación de hostigamiento) no se encontraba incluida en la cobertura a cargo de la ART. Los magistrados indicaron que en tanto se le impone al empleador una contratación obligatoria con una ART, no puede luego decirse que ésta no responderá por los daños sufridos por el empleado en determinadas circunstancias.
“Por ello, en los casos en que se concluyera que existe la relación causal entre las patologías padecidas por los trabajadores y el trabajo, sin dudas debe considerarse que la ART ha incumplido su deber de contralor respecto del cumplimiento del plan de mejoramiento de cada empresa, obligación que la ley pone en cabeza de las aseguradoras”, dijeron.
También recordaron que “las ART desempeñan un papel fundamental en materia de seguridad y es esta función la que genera responsabilidad”. Sostuvieron así, que las aseguradoras están obligadas a asesorar a los empleadores para prevenir y proteger y que “la conducta omisiva observada implica una negligencia en su obrar que trajo como consecuencia los daños en la salud de los trabajadores”.

Proyecto de ley
El mobbing o acoso laboral no se encuentra regulado en la LCT y es por eso que, ante la cantidad de reclamos y denuncias, las empresas siguen con especial atención el trámite legislativo de un proyecto de ley que pretende regular esta figura. En noviembre pasado se cumplió un año de la media sanción de la Cámara de Diputados a ese proyecto de acoso laboral. Sin embargo, desde su elevación al Senado, la comisión de Trabajo y Previsión Social de ese cuerpo no consiguió avanzar en el tratamiento de esa iniciativa.
Desde que la iniciativa vino aprobada con media sanción en Diputados, la comisión lo intentó tratar durante el transcurso del 2007 en siete oportunidades. No obstante, en ninguna de ellas hubo quórum que permitiera discutir la iniciativa. Además, desde que comenzaron las sesiones el año pasado, el titular de la comisión, Gerardo Morales (Unión Cívica Radical) intentó tratar nuevamente el proyecto en comisión en cuatro oportunidades; sin embargo, todas fracasaron por falta de quórum.

Matías Debarbieri © iProfesional.com
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Una huelga parcial atascará aún más los juzgados de violencia sobre la mujer

Los funcionarios reclaman mejoras en su complemento salarial.
Los paros se realizarán todos los lunes, desde el día 19 de enero.

Los trabajadores de los juzgados de violencia sobre la mujer irán a la huelga todos lunes a partir del día 19 enero para protestar por la falta de acuerdo en la retribución de un complemento salarial que «debe pagar el Gobierno de Aragón». Esto provocará aún más retrasos en los juzgados, que se sumarán a los ya existentes debido al aumento de causas urgentes que se quedan sin tramitar.

Los 20 funcionarios de estos juzgados recurrirán a la huelga para presionar al Gobierno aragonés para cobrar este complemento adicional, según explicaron los trabajadores a 20 minutos. Hasta hace un año, las competencias de estos juzgados eran del Ministerio de Justicia, pero se transfirieron al Gobierno Aragonés. Con este traspaso, a falta de llegar de a un acuerdo, los funcionarios «dejaron de cobrar este complemento, que sí perciben en otras comunidades y otros tribunales».

Todo esto se suma a los problemas que acumulan los juzgados de la mujer desde hace varios meses. Arrastran en torno a 400 casos penales pendientes de finalizar con un ritmo de trabajo que es insuficiente para sacar adelante todos los asuntos.

Pero estos tribunales no sólo se ocupan de casos de violencia, sino también de causas de divorcio o la custodia de los hijos, por lo que los tiempo de espera repercutirán en otros ámbitos.

Los trabajadores esperan que la huelga tenga «la menor duración posible, ya que los máximos perjudicados son los ciudadanos». Estos retrasos llegan a provocar que las mujeres que sufren violencia machista esperen hasta dos horas en dependencias pequeñas y en ocasiones sin la intimidad debida.

www.20minutos.es

De­nun­ció Ma­los Tra­tos Y Aco­so

La jo­ven Ma­ría del Ro­sa­rio Ro­sa­les Ba­rra­za, in­ter­pu­so una de­man­da por su­pues­to aco­so se­xual

Una ex em­plea­da de una em­pre­sa de­di­ca­da a la ven­ta de pes­ca­dos y ma­ris­cos pre­pa­ra­dos, acu­dió a la re­dac­ción de TRI­BU­NA de San Luis pa­ra dar a co­no­cer el mal ac­tuar del pro­pie­ta­rio de es­te ne­go­cio que se lo­ca­li­za en la ave­ni­da Nue­vo León y ca­lle 41.

La jo­ven Ma­ría del Ro­sa­rio Ro­sa­les Ba­rra­za de 24 años de edad, se­ña­ló que la­bo­ró por es­pa­cio de dos me­ses en el res­tau­ran­te pro­pie­dad del se­ñor Je­sús Val­tie­rra.

Co­men­tó que al no ac­ce­der ella a pro­pues­tas in­de­co­ro­sas que le hi­zo el due­ño del lo­cal, és­te op­tó por des­pe­dir­la, no sin an­tes dar­le un mal tra­to, en­tre los que des­ta­can las hu­mi­lla­cio­nes ver­ba­les en­fren­te de otras em­plea­das.

Re­fi­rió la su­pues­ta afec­ta­da, que no es la pri­me­ra oca­sión en que el em­pre­sa­rio tra­ta de con­ven­cer a sus em­plea­das de ac­tos in­de­co­ro­sos, pe­ro mu­chas de ellas aguan­tan es­te ti­po de agre­sio­nes psi­co­ló­gi­cas por­que te­men per­der su tra­ba­jo, pues la ma­yo­ría son ma­dres sol­te­ras que ne­ce­si­tan lle­var el sus­ten­to dia­rio a sus ho­ga­res.

Se­ña­ló que al mo­men­to de ser des­pe­di­da de su tra­ba­jo le ase­gu­ró a su pa­trón que las co­sas no se que­da­rían así, que in­ter­pon­dría una de­man­da en la Ins­pec­to­ría del Tra­ba­jo pa­ra exi­gir­le que le pa­ga­ra su in­dem­ni­za­ción y otra más en la Agen­cia del Mi­nis­te­rio Pú­bli­co por aco­so se­xual.

El pro­pie­ta­rio del ne­go­cio de ven­ta de ma­ris­cos, le ase­gu­ró a Ro­sa­rio Ro­sa­les que na­da po­dría ha­cer en con con­tra, ya que prác­ti­ca­men­te to­do San Luis le per­te­ne­ce y que na­die le ha­ría na­da.

De­cla­ró la afec­ta­da que en es­te lu­gar en don­de se de­sem­pe­ñó co­mo me­se­ra, las em­plea­das no cuen­tan con se­gu­ri­dad so­cial y de­ben tra­ba­jar en un am­bien­te hos­til, re­ci­bien­do hu­mi­lla­cio­nes por par­te del due­ño, ade­más de que el lo­cal es­tá en ma­las con­di­cio­nes de hi­gie­ne, por lo me­nos la co­ci­na.
Con­fió Ro­sa­rio Ro­sa­les en que las au­to­ri­da­des co­rres­pon­dien­tes ha­rán al­go al res­pec­to a fin de no per­mi­tir que el se­ñor Val­tie­rra si­ga ex­plo­tan­do la­bo­ral­men­te a las em­plea­das y hos­ti­gán­do­las se­xual­men­te.

SE DE­FIEN­DE VAL­TIE­RRA
El pro­pie­ta­rio del es­ta­ble­ci­mien­to de ma­ris­cos, Je­sús Val­tie­rra, afir­mó ayer a TRI­BU­NA que lo di­cho por la tra­ba­ja­do­ra es par­te de su for­ma de ser y acla­ró que lo úni­co que hi­zo fue sus­pen­der­la por ha­ber es­ta­do in­gi­rien­do be­bi­das al­co­hó­li­cas y es­tá pro­hi­bi­do, por ser de ti­po fa­mi­liar.

Val­tie­rra mos­tró in­clu­so una ac­ta que fir­ma­ron tres tra­ba­ja­do­res al mo­men­to del in­ci­den­te el pa­sa­do día tres, to­dos son tes­ti­gos de que es fal­so lo que me acu­sa y que es ella quien tie­ne un com­por­ta­mien­to agre­si­vo y gro­se­ro, e in­clu­so los agen­tes de la pa­tru­lla 2019 que se pre­sen­ta­ron al lla­ma­do que ella mis­mo hi­zo a la Po­li­cía Pre­ven­ti­va, tam­bién cons­ta­ta­ron su for­ma de ser.

El co­no­ci­do co­mer­cian­te ad­vir­tió que se­ña­la­mien­tos in­fun­da­dos le pue­den afec­tar y po­dría en­ta­blar una de­man­da le­gal de­pen­dien­do de lo que de­cla­re la tra­ba­ja­do­ra, quien di­jo no fue co­rri­da si­no sus­pen­di­da por to­mar al­co­hol en ho­ras de tra­ba­jo.

Ya me ha­bían ad­ver­ti­do de que es una mu­cha­cha muy con­flic­ti­va y re­bel­de, me lo di­je­ron sus mis­mas com­pa­ñe­ras, pe­ro no le to­mé la se­rie­dad al ca­so, cuan­do lo del in­ci­den­te sí le­van­ta­mos un ac­ta y la po­li­cía fue tes­ti­go, an­te quie­nes le cu­brí el as­pec­to sa­la­rial pa­ra que que­da­ra con­for­me.

Nun­ca he si­do gen­te que re­cu­rra a ac­ti­tu­des in­mo­ra­les y tan­to mi per­so­nal co­mo clien­tes sa­ben co­mo soy y que es fal­so que ha­ya asu­mi­do una ac­ti­tud in­de­bi­da en con­tra de es­ta tra­ba­ja­do­ra.

Val­tie­rra ex­pre­só que en­te­ra­ría a las au­to­ri­da­des la­bo­ra­les de la si­tua­ción aun­que des­co­no­ce si la tra­ba­ja­do­ra pre­sen­tó al­gu­na de­man­da.
Ro­sa­rio te­nía diez días tra­ba­ja­dos du­ran­te tres se­ma­nas, y no la co­rrí, la sus­pen­dí, re­cal­có. Por

Glo­ria NE­GRE­TE y Juan Car­los CAM­PA
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Cualquier mujer tiene su plaza garantizada en la región

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha reitera que toda mujer víctima de violencia de género de la región que lo precise, así como sus menores, tienen garantizada una plaza en cualquier Casa de Acogida y Centro de Urgencias de nuestra Comunidad Autónoma.

Del mismo modo, este organismo insiste en que los recursos de acogimiento disponibles son de ámbito regional y disponen de mayor número de plazas ofertadas que la demanda existente.Ante las informaciones surgidas por el cierre temporal de la Casa de Acogida y Centro de Urgencias de Guadalajara, el Instituto de la Mujer regional subraya que la entidad gestora de dichos recursos, "Aeduca", no comunicó oficialmente hasta el mes de noviembre de 2008 su intención de no continuar con la gestión de los mismos.

De este modo, una vez conocida esta decisión en el Instituto de la Mujer, se procedió a resolver la situación y se contactó con otra asociación especializada dispuesta a continuar con la gestión de estos recursos de acogimiento y asumir a todo el personal que allí se encontraba trabajando.

Debido a los obstáculos interpuestos por UGT en la negociación, al Instituto de la Mujer no le fue posible continuar con el nuevo proceso en el que esta asociación se encargaría de gestionar los recursos.

En los próximos días, se publicará una nueva orden para adjudicar la gestión de la Casa de Acogida y el Centro de Urgencias de Guadalajara a una nueva entidad.Asimismo, el Instituto de la Mujer resalta la importancia de que las mujeres de Castilla-La Mancha sepan que todos los recursos de atención a la violencia de género continúan estando disponibles y actuando de la forma tan profesional y especializada como lo han venido haciendo hasta el momento.

Toda la información sobre estos recursos, así como de Centros de la Mujer, programas de asistencia jurídica y psicológica gratuita o ayudas económicas disponibles pueden consultarse en la Línea de Atención Permanente 900 100 114 o en las delegaciones provinciales del Instituto de la Mujer.

www.eldigitalcastillalamancha.es

Un 44% de los trabajadores madrileños sufre acoso psicológico y un 35,4% conflictos laborales, según UGT

El 44 por ciento de los trabajadores madrileños sufre acoso psicológico laboral y el 35,4 por ciento padece conflictos laborales, unas cifras obtenidas del análisis de diversos casos tratados por UGT.

Según los datos del sindicato, del total de casos analizados un 4,9 por ciento corresponden a la violencia laboral, un 4,2 por ciento constituye estrés, en 2,1 por ciento es ansiedad, un 1,4 por ciento es acoso sexual, un 0,7 por ciento es Síndrome del Burnout, un 0,7 por ciento es insatisfacción laboral, un 0,7 por ciento son casos de depresión laboral y un 5,5 por ciento son catalogados como Otros.

"Teniendo en cuenta la diferencia de género casi el 68 por ciento son mujeres, y el 32 por ciento varones, lo que confirma que aunque se da en ambos sexos, son las mujeres las que están más expuestas a estos riesgos", explica el sindicato.

UGT subraya que más de la tercera parte de los trabajadores atendidos vienen padeciendo esta situación durante un periodo de tiempo que oscila entre el año y los dos años, y el 43 por ciento lo sufren desde hace al más de 2 años. Además, resalta que casi el 55 por ciento de los casos atendidos se encontraba en situación de baja, y de ellos, la cuarta parte llevaba más de 6 meses en esta situación.

Haciendo un estudio más detallado de las bajas presentadas, casi la mitad tiene diagnosticada ansiedad (50,64 por ciento), ansiedad y depresión (16,46 por ciento), depresión (13,92 por ciento), estrés (5,06 por ciento) u otros (13,92 por ciento).

El sindicato advirtió de que cuando el trabajador afectado requiere los servicios de UGT, "ya ha tomado la decisión de actuar", aunque hay un 27 por ciento que no ha realizado ninguna actuación hasta que llegan a la central. Además, puntualizó que cuando el empleado accede a los servicios del sindicato, lo que pretende es mantener su puesto de trabajo (42 por ciento), mientras que en un 13 por ciento quiere irse de la empresa y en un 15 por ciento quiere denunciar la situación.

El sindicato también manifiesta que la empresa no actúa ante estos riesgos y cuando lo hace, "se producen errores de forma y de actuación". "La empresa suele considerar al trabajador afectado más como una molestia que como un problema derivado de la propia empresa, convirtiéndose así en parte activa del proceso", agregó, al tiempo que mantuvo que cuando se detecta el problema, la compañía suele plantear directamente la salida del empleado sin iniciar una investigación.

Finalmente, se quejó de que hay una falta de formación y de información de los profesionales sanitarios para poder identificar y tratar adecuadamente los daños derivados de la exposición a este tipo de riesgos de origen laboral.

Ante este panorama, UGT denunció que las empresas "son poca o nula importancia a los riesgos psicosociales que sufren los trabajadores y destacó que con la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, y al considerar en su concepto más amplio el término de salud laboral, se hace preceptivo evaluar la totalidad de los riesgos presentes en todas las situaciones de trabajo.

Sin embargo, el sindicato subrayó que en la práctica se hace caso omiso a esta normativa. "Es una cuestión escasamente presente cuando no inexistente en las evaluaciones de riesgos laborales. Además, los empresarios no reconocen, por lo general, la presencia de los factores de riesgo psicosocial o no lo consideran un problema que se dé en la relación laboral", afirmó. Asimismo, alertó de que esta problemática "crece de forma alarmante".

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Una de cada cinco mujeres víctima de violencia de género desconfía de las medidas de protección

Pese a que aproximadamente el 90% denuncia las situaciones de agresión, una de cada tres retira la denuncia por pena, cariño, presión social y amenazas, entre otros motivos

Una de cada cinco mujeres que ha sufrido violencia de género en Castilla y León desconfía de las medidas institucionales de protección y el 26,09 por ciento afirma que sufrió maltrato más de diez años. Además, el 81,5 por ciento indica que solicitó una orden de protección tras denunciar los hechos, medida que recibió el 96 por ciento del colectivo. Estas son las principales conclusiones de un trabajo sobre la ‘Influencia de las medidas de protección en las mujeres víctimas de violencia de género’, elaborado por Miguel Pérez Fernández y Luisa Velasco Riego, en el seno de la Comisión Regional contra la Violencia de Género, adscrita a la Consejería de Familia.

El estudio, consultado por Ical, se centra conocer cómo afectan a estas mujeres las medidas de protección acordadas por los órganos judiciales, es decir, las órdenes de protección, las medidas de alejamiento cautelares adoptadas, y cualquier otra acción de seguridad acordada para evitar nuevas agresiones a la víctima, como la protección policial personalizada o el servicio de tele-asistencia.

Por lo que respecta al contacto mantenido con el sistema judicial, policial, sanitario y servicios sociales, todas las mujeres encuestadas lo tuvieron en alguna ocasión con la Policía. En el caso de aquellas mujeres que residían en ámbito urbano, un 63,04 por ciento acudió al Cuerpo Nacional de Policía y un 54,35 por ciento, a la Policía Local. El 21,74 por ciento al residir en núcleos rurales acudió a la Guardia Civil.

Los datos del informe reseñan que el 90,22 por ciento de las mujeres encuestadas acudió al juzgado y, aunque todas disponen de alguna medida judicial, algunas no contactaron de forma personal, sino por medio de un abogado. Del 77,17 por ciento de las mujeres que solicitaron asistencia sanitaria, la menor parte lo hizo al médico de familia, el 33,8 por ciento. El 69,01 por ciento restante acudió a urgencias. Además, se comprobó que un porcentaje elevado de mujeres acude a los servicios sociales (76,09 por ciento) y un 7,61 por ciento a otras instituciones, entre las que se incluyen el psicólogo del Juzgado, asociaciones, oficina de asistencia a la mujer, unidades de salud mental y psicólogos particulares.

Además, se observó que un 40,22 por ciento de las mujeres denunció sólo en una ocasión; mientras que el 47,83 por ciento lo hizo entre dos y cinco veces. Sin embargo, un porcentaje importante de mujeres retiró la denuncia en alguna ocasión (36,96 por ciento). Entre los motivos alegados, arrepentimiento por parte del agresor, cariño, pena, pensar que puede cambiar, sentimientos hacia los hijos, miedo a que el agresor cumpla las amenazas y presión social y familiar, indica el estudio consultado por Ical.

Secuelas
Según las respuestas recibidas por las mujeres sobre su percepción de las secuelas, el 79,35 por ciento afirmó que sufre secuelas en general, de las que el 83,56 por ciento son de carácter psicológico (ansiedad, depresión, nerviosismo, insomnio, pesadillas, miedo, llanto, tristeza, sobresaltos, angustia, baja autoestima, trastornos alimenticios, inseguridad, inquietud, irritabilidad, desconfianza, pérdida de memoria, aislamiento, etc.), mientras que el 8,22 por ciento son físicas: dolor crónico de extremidades, costillas, cervicales, espalda, cabeza, fracturas, pérdida de fuerza en brazos, perforación de tímpano, lesión en el tabique nasal, funcionamiento anormal de los riñones, anemia, contracturas, heridas y cicatrices.

El 6,85 por ciento de las mujeres manifestó sufrir secuelas tanto físicas como psicológicas, mientras que en algunas mujeres (17,39 por ciento) los malos tratos parecen no haber dejado secuelas, aunque el estudio no puede concluir que las sufran, y el 3,26 por ciento no saben si realmente sufren secuelas o no.

Ical
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Los juzgados recibieron más de 100.000 denuncias por violencia de género hasta septiembre de 2008

Ocho de cada diez enjuiciados en los juzgados de violencia sobre la mujer resultaron condenados

Los juzgados de violencia sobre la mujer (JVM), los juzgados de lo penal y las secciones especializadas de las audiencias provinciales recibieron en los tres primeros trimestres de 2008 un total de 108.261 denuncias, según datos actualizados a 30 de septiembre difundidos hoy por el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En concreto, el número de denuncias tendió al alza desde principios de 2008. Así, entre enero y marzo se registraron 33.950 denuncias; en el segundo trimestre fueron 37.072 y entre julio y septiembre, un total de 37.239, según las cifras del CGPJ. En todo 2007 se computaron 126.293.

En cuanto a los denunciantes, en el tercer trimestre de 2008 la gran mayoría fueron víctimas que acudieron directamente a la policía (23.832 denuncias) o a los juzgados (3.170). Además, el 1,1 por ciento de los denunciantes eran familiares de las partes implicadas y en un 12,3 por ciento de los casos, las actuaciones se iniciaron con un parte de lesiones.

Destaca asimismo la cifra de desistimientos: más del 11 por ciento de las denuncias presentadas entre julio y septiembre (4.246) acabaron retiradas por la negativa de la víctima a continuar con el procedimiento judicial. Durante los nueve primeros meses del año se paralizaron así un total de 11.748 procedimientos.

Entre los delitos instruidos por estos juzgados entre julio y septiembre del último año, la mayoría (72,7 por ciento) fueron lesiones, mientras que el 9,3 por ciento fueron contra la libertad, el 6,1 por ciento, contra la integridad moral, el 1,4 por ciento contra derechos y deberes familiares y, el 0,01 por ciento, delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Asimismo, los JVM instruyeron 27 causas de homicidio.

OCHO DE CADA DIEZ, CONDENADOS
Atendiendo a los enjuiciados en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, el CGPJ informa de que fueron 5.880 las personas encausadas entre julio y septiembre, de las que un 52,9 por ciento eran españoles. De las 5.157 sentencias dictadas, el 83 por ciento fueron condenatorias, mientras las absolutorias fueron el 17 por ciento.

En el mismo periodo, los JVM atendieron 54.592 asuntos penales, de los que un 48,9 fueron diligencias previas, mientras que el 28,48 por ciento fueron diligencias urgentes y el 4,37 por ciento, juicios de faltas, que ascendieron a 1.933 y en más de la mitad de los casos fueron juicios rápidos.

Por su parte, los juzgados de lo penal dictaron 6.465 sentencias de violencia de género, de las que un 48 por ciento fueron condenatorias. En las secciones especializadas de las audiencias provinciales la cifra de sentencias ascendió a 53 con un 75 por ciento de condenas.

MÁS DE 11.000 ÓRDENES DE PROTECCIÓN
Sobre las medidas adoptadas en el tercer trimestre del año, el informe del CGPJ señala que las víctimas solicitaron 11.141, de las que se acordó el 73,8 por ciento. De las solicitantes, el 64,1 por ciento eran mujeres españolas, mientras que las extranjeras sumaron el 35,6 por ciento, porcentaje similar al de inmigrantes denunciados por violencia de género: el 36,02 por ciento.
Además, entre julio y septiembre se adoptaron 24.664 medidas penales derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares, en ocho de cada diez casos, por instancia de la víctima, según el informe del CGPJ. De estas medidas, el 88 por ciento fueron órdenes de alejamiento y el 85,5 por ciento, prohibición de comunicación. Además, en un 6,5 por ciento de los casos, el juez decretó privación de libertad.

(EUROPA PRESS CASTILLA LA MANCHA)

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Más expedientes pese al parón

Los juzgados de violencia asumen las guardias inmersos en una huelga masiva

La resaca de fin de año ha alimentado los problemas que arrastran los cuatro juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla. Ayer ocho detenidos pasaron a disposición judicial en el Juzgado 3, cuyos cuatro funcionarios de guardia atendieron cinco órdenes de protección y 13 asuntos procedentes de un juzgado de instrucción. Desde el pasado 1 de enero, los cuatro juzgados especializados en violencia machista de Sevilla han asumido las guardias que hasta ahora realizaban los juzgados de instrucción. Pero los funcionarios llevan ya un mes de huelga y la situación se agrava cada día.

La decisión de la Consejería de Justicia para que cuatro funcionarios realicen las guardias ha provocado que desde hace un mes éstos lleven a cabo una huelga indefinida, ya que consideran que estos turnos deberían estar cubiertos con la plantilla al completo (10 funcionarios), como se ha dispuesto en Madrid y Barcelona. "No sé de dónde saca sus datos la Junta. Si uno piensa que a estos juzgados se les quiere dar más mimo y tenemos estas condiciones...", razona Luis Mohedas, secretario del Juzgado de Violencia 4.

La gran actividad que registró ayer el Juzgado 3 de guardia superó ampliamente los cinco detenidos y tres órdenes de protección del día anterior. "Los datos son una bofetada a la Junta y el volumen de trabajo justifica la ampliación de plantilla. Si en vez de 17 asuntos al mes son 17 al día, la Administración tendrá que reaccionar", alertó ayer José María Vico, delegado de Justicia en CC OO. En un mes de huelga se han suspendido, según los sindicatos, más de 450 actuaciones, entre ellas unos 50 juicios.

Jueces y secretarios de los cuatro juzgados comparten la indignación de los funcionarios. Censuran la imprevisión y falta de diligencia de las administraciones, ya que la orden ministerial aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "Debe existir una comunicación formal para empezar la guardia con cuatro funcionarios. Lo sé porque leo la prensa, pero la consejería ni siquiera ha tenido la deferencia de mandar un fax", se lamentó ayer el juez de Violencia 4, Antonio Cubero.

Los funcionarios reclaman una mejora de su situación laboral y que diez funcionarios atienden las guardias. Pero la Consejería de Justicia se niega a aumentar la plantilla porque alega que los asuntos tramitados fuera del horario actual de atención al público ascienden a 2,4 al día, cifra que los sindicatos multiplican por tres. "En febrero cobraré 500 euros porque llevo 13 días de huelga. Y si quieren no nos pagan estas guardias porque estamos de guardia sin regulación legal, al no haberse publicado en el BOE. La situación es aún más tensa por el vacío legal", replica el funcionario Emilio Moreno.

Las paredes del Juzgado de Violencia 3 estaban ayer empapeladas con carteles sobre la huelga, en pugna por el espacio junto a los numerosos expedientes que tramitan. En la puerta, este cartel da la bienvenida: "Hasta el momento el Ministerio y la Comunidad Autónoma han incumplido la ley orgánica del Poder Judicial. Pese a ello, quienes trabajamos en este juzgado prestaremos el servicio para no perjudicar a los ciudadanos".

Los magistrados de los jueces de Sevilla han expresado su gran preocupación ante la "situación crítica" que atraviesan los juzgados y que perjudica la atención a las mujeres maltratadas. La cuestión fundamental es el número de casos que los juzgados asumen de guardia. La batalla de cifras entre la Junta y los sindicatos finalizará en breve, tras el exhaustivo recuento que llevan ahora los cuatro juzgados. "Los picos son muy grandes y a lo mejor toda la plantilla es excesiva, pero cuatro funcionarios son muy pocos. No me parece serio", censuró el magistrado Cubero. A pesar de que la consejería de momento se niega a negociar el fin de la huelga, fuentes de la consejería afirman que los índices de casos que se registren en enero, podría acarrear la revisión de los cuatro funcionarios establecidos de guardia.

JAVIER MARTÍN-ARROYO
www.elpais.com

El PP expedienta al alcalde de Villalón por apoyar al condenado por violación

El alcalde de Villalón, Javier Mazariegos. / P. C.

El partido lamenta que llegara a decir que «la ley sobreprotege a las mujeres» para justificar su crítica

Las recientes declaraciones del alcalde de Villalón de Campos, Javier Mazariegos (PP) en defensa del alguacil del municipio condenado a 7 años de prisión por dos delitos de agresión sexual y otro de acoso sobre la limpiadora del Ayuntamiento podrían costarle caro al regidor.

Su partido anunció ayer que abrirá diligencias informativas contra el político después de que llegara a decir expresamente el 29 de diciembre que «nos encontramos ante una ley que ampara y sobreprotege a las mujeres» en alusión a la condena dictada, a su juicio, «sin pruebas».

Fuentes del partido señalaron que se decidió abrir el proceso de diligencias con objeto de trasladarlas a los órganos competentes de la Dirección del PP «por si tanto sus declaraciones como las actuaciones llevadas a cabo por él pudieran constituir algún tipo de infracción» contemplada en la regulación sancionadora interna.

Asimismo, el PP quiso dejar claro a través de un comunicado que no comparte las declaraciones realizadas por el alcalde de Villalón en las que aseguró que la actual Ley contra la Violencia de Género «sobreprotege» a las víctimas.

El PP vallisoletano subrayó que respalda de manera «total y absoluta» la Ley contra la Violencia de Género aprobada por el Parlamento español y añadió que, en su opinión, «esta ley constituye una de las herramientas más importantes de nuestro ordenamiento jurídico en la lucha contra la lacra social que supone, hoy en día, la violencia contra las mujeres».

De hecho, las mismas fuentes explicaron que, pese a que el regidor realizó las polémicas declaraciones a título personal, «fueron lo suficientemente significativas como para que el PP de Valladolid, a la vista del Reglamento de Organización y de los propios estatutos del partido», inicie un expediente informativo. Eso a pesar de que, matizaron, respetan la libertad de expresión del alcalde.

El partido, por ultimo, manifestó «de forma rotunda» su respeto por las decisiones judiciales y, de manera «contundente», su apoyo incondicional a las víctimas.

La condena del alguacil, cuya identidad responde a las iniciales M. G. A., fue dictada el 12 de diciembre del 2007 por la Audiencia Provincial, y ratificada después por el Tribunal Supremo, por hechos ocurridos entre 1997 y el 2001. En ese intervalo se produjeron las dos agresiones sexuales, además de un delito continuado de acoso, sobre la compañera de trabajo del ahora condenado.

Su testimonio, y el de la anterior secretaria del Consistorio -declaró en el juicio que ella también sufrió acoso-, fue suficiente para condenarle a la citada pena, la mitad de la solicitada inicialmente por el fiscal. La Asociación de Hombres Maltratados de Castilla y León, creada al efecto y presidida por el hermano del alguacil, ha solicitado el indulto del condenado a través del abogado Marcos García Montes.
www.nortecastilla.es

El teléfono 016 ha recibido más de 84.000 llamadas sobre malos tratos en sus 15 meses de funcionamiento

La Comunidad de Madrid recibe una cuarta parte de las consultas, seguida de Andalucía y Cataluña

El teléfono de asesoramiento a las mujeres víctimas de la violencia machista, el 016 (un número gratuito y que no deja pruebas de su utilización) ha recibido 84.663 llamadas sobre malos tratos en los 15 meses que lleva funcionando, lo que supone una media de 186 consultas al día, ocho cada hora, según el último informe de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, con datos desde el 3 de septiembre de 2007 hasta el 30 de noviembre de 2008.

Según el estudio, recogido por Europa Press, este servicio también ha respondido otras llamadas que resultaron no pertinentes, por tratarse de bromas, insultos o amenazas, así como de errores de marcado, llamadas de prensa o consultas sobre materias que no guardan relación con la violencia de género, entre ellas las de algunos hombres interesándose por recursos para ellos.

Estas marcaciones no procedentes representan en torno al 80 por ciento del total, cifra que, según fuentes de la Delegación del Gobierno, es habitual en cualquier servicio telefónico gratuito. Entre las llamadas pertinentes, la mayoría fueron realizadas por víctimas de la violencia machista (80,4%), seguidas de las efectuadas por familiares y amigos de agredidas (17%) y por profesionales y entidades públicas y privadas (2,6%).

LAS INMIGRANTES LLAMAN MENOS
De los datos obtenidos pro la delegación del Gobierno, se extrae que tanto en el caso de las víctimas como en el de los agresores, las tres cuartas partes eran españolas o españoles, mientras que el resto tenía nacionalidad extranjera. Este dato contrasta con el número de víctimas mortales por violencia de género en 2008, cuando el 43 por ciento de las mujeres asesinadas eran inmigrantes.

El informe destaca, asimismo, que no se puede obtener un perfil de la víctima porque muchas de las mujeres que llaman no facilitan datos personales. Pese a ello, y teniendo en cuenta la información que facilitaron algunas de las maltratadas, se concluye que la mayoría estaba casada (51%), tenía uno o más hijos, y una edad inferior a los 31 años (29,5%), de las que 30 de ellas eran menores de 18 años. Además, el núcleo principal de víctimas tiene estudios medios y trabaja a tiempo completo.

Sobre la tendencia que registra el número de llamadas, se observa que el mes con más consultas fue en agosto y marzo de 2008, con 7.062 y 7.040 llamadas respectivamente. Los últimos meses de los que se tienen datos se sitúan en la media de estos quince meses, con un total de 6.224 llamadas en septiembre, 5.587 en octubre y 5.658 en noviembre.

A LAS 12.00 HORAS Y ENTRE SEMANA
La mayoría de las llamadas se produce entre semana, especialmente el lunes, hecho que se demuestra porque durante el fin de semana hay un mayor tiempo de convivencia en pareja. La hora a la que más se llama es a las 12.00 del mediodía.

Por comunidades autónomas, las que más utilizan este telefono son Madrid con 21.104 llamadas, lo que representa el 25 por ciento del total, Andalucía (13.782 llamadas, el 16,3%), Cataluña (11.312 llamadas, el 13,4%) y la Comunidad Valenciana (8.690 llamadas, el 10,3%).

Las siguientes autonomías en la lista son: Canarias (4.708 llamadas, el 5,6%), Castilla y León (3.686 llamadas, 4,4%), Galicia (3.677 llamadas, el 4,4%), Castilla-La Mancha (2.981 llamadas, el 3,5%) y Murcia (2.618 llamadas, el 3,1%). El menor número de consultas procedían de La Rioja, Melilla y Ceuta con 429, 209 y 149 respectivamente.

http://www.europapress.es/

1.681 juicios por violencia machista en 2008/ Valencia

Nueve mujeres fueron asesinadas en 2008 en la Comunitat Valenciana por sus parejas o ex parejas

La ciudad de Valencia vuelve a terminar, otro año más, con números escalofriantes en lo referente a la violencia machista. Según datos de la Fiscalía de Valencia, en 2008 se realizaron en los juzgados especializados en esta materia 1.681 procedimientos, sin contar las diligencias previas todavía pendientes.

Para los tres juzgados hay cuatro fiscales. Ellas han tenido que repartirse no sólo esos 1.681 procedimientos, sino que además hay que sumar los desestimados o archivados que rondan los 300 y los procedimientos de Civil que suman unos 300 por juzgado.

Dentro de estos últimos se engloban desde los recursos a los cambios en las medidas cautelares de las víctimas.

En referencia a los archivados, es especialmente llamativo que en su mayoría se archivan porque la víctima decide retirar la denuncia sobre su agresor. Teniendo en cuenta este punto, las cifras reales de violencia machista podrían ser muy superiores a las oficiales que son las que sí que llegan a juicio. Este año, la violencia machista ha sido especialmente dura con la provincia de Valencia en cuanto a los feminicidios. En esta zona han muerto seis de las nueve mujeres asesinadas a manos de sus parejas en la Comuntitat hasta el 30 de diciembre de 2008, según datos obtenidos del Centro Reina Sofía. Las otras tres murieron en Alicante.

Así, y en comparación con los datos del año anterior, en la provincia alicantina disminuyen el número de muertes pasando de seis a tres, en la de Castellón se pasa de dos a ninguna y en la de Valencia se incrementan los feminicidios pasando de dos en 2007 a seis en 2008. Con respecto a las víctimas asesinadas, la media de edad de las mismas continúa estando entre los 35 y los 44 años como la que mayor número de casos recoge.

En 2007, el 40 por ciento de las víctimas tenía esa edad. En 2008 ese porcentaje incluso se eleva, ya que seis de las nueve mujeres muertas tenían entre 35 y 44 años. En lo que los agresores se refiere, se ve una tendencia al alza en el número de agresores de menos de 34 años. En 2007, la media de estaba muy repartida ya que había dos por franja. Sin embargo en 2008, cuatro de los agresores tenían menos de 34 años y otros tres eran mayores de 45 años. En el balance total del año de los delitos de violencia machista se observa una disminución de las mujeres que murieron pese a que hubieran presentado algún tipo de denuncia.

En 2007, el 70 por ciento había denunciado, sin embargo, en 2008 sólo cuatro de los nueve asesinos tenía orden de alejamiento sobre su víctima. Pero ha habido otros cambios. Los métodos a la hora de cometer los crímenes también han variado, ya que en años anteriores el uso del arma blanca, ya fuera navaja o cuchillo, era el «modus operandi» más habitual del asesino. En 2007, el 80 por ciento de las muertes se produjeron de ese modo.

En 2008, sólo cuatro de las nueve muertes se produjeron por arma blanca. Para concluir el balance, es de especial relevancia que, en seis de las nueve muertes, la mujer vivía con su asesino, cuando en 2007, el 70 por ciento de las asesinadas eran ex pareja, ex cónyuge o ex conviviente.

Loreto Ochando

www.larazon.es

El teléfono 016 para víctimas de violencia de género ha recibido más de 1.000 llamadas cántabras desde su creación

El teléfono 016 de atención a víctimas de violencia de género ha recibido más de 1.000 llamadas procedentes de Cantabria desde su puesta en marcha en septiembre de 2007, la mayor parte realizadas por las propias víctimas y el resto por familiares, allegados u otras personas.

En toda España se contabilizan ya más de 84.600 llamadas a este servicio en poco más de un año de funcionamiento, según se constata en un informe del Gobierno central al que tuvo acceso Europa Press.

En total, desde el 3 de septiembre de 2007 al 30 de noviembre de 2008 este teléfono recibió 1.016 llamadas desde Cantabria. De ellas, 839 las realizaron las mujeres afectadas y otras 150 fueron de familiares o personas allegadas a las víctimas.

Salvo el primer mes de funcionamiento del servicio, en el que se registraron nueve llamadas cántabras, la cifra de usuarios ha sido siempre superior a 50 cada mes, con registros de entre 50 y 90 llamadas mensuales desde la región.

El mes que concentró mayor número de llamadas fue enero de 2008, con 94 consultas, seguido de diciembre de 2007 (con 86 llamadas), marzo de 2008 (con 84), julio de 2008 (con 83) y abril del mismo año (82 llamadas).

La comunidad autónoma que suma más llamadas desde la creación del servicio es Madrid, con el 25 por ciento de las 84.663 llamadas recibidas. A continuación se sitúan Andalucía (el 16%), Cataluña (13,4%) y Comunidad Valenciana (10,3%). En el lado opuesto están Ceuta y Melilla, con un 0,2 por ciento cada una, junto con La Rioja (0,5%), Navarra (1%) y Cantabria (1,2 por ciento).

En los meses que lleva en servicio el teléfono 016 ha recibido llamadas de mujeres de 80 nacionalidades diferentes. No obstante, el 75 por ciento de las víctimas y de los agresores eran españoles, según se desprende de la información facilitada por aquellas usuarias del teléfono que han aportado datos sobre su nacionalidad y la de su agresor.

www.europapress.es

La muerte de Clara Rangel reabre dudas sobre la seguridad y los presupuestos

La muerte de Clara Rangel a manos de su marido en Errenteria ha reabierto varios debates en relación con el modo de abordar la violencia machista. En primer lugar está el relacionado con la seguridad, tras saberse que la Ertzaintza ya había acudido al domicilio el día de Nochebuena. Por otro, el del dinero destinado a combatir esta lacra: ante las autoridades se colocó ayer una pancarta con el lema "Presupuesto municipal cero, ¿tolerancia cero?".

La lluvia de condenas que sigue a cada muerte por violencia machista se revela cada vez como más insuficiente. La concentración celebrada ayer en la plaza de Errenteria a iniciativa municipal reunió a múltiples autoridades, como es habitual en estos casos, pero también a ciudadanos que exigieron medidas concretas y eficaces.

Así, ante los responsables municipales se colocó una pancarta con el lema "Presupuesto municipal cero, ¿tolerancia cero?", una cuestión que ya había criticado la víspera la izquierda abertzale de la localidad.
En declaraciones posteriores a los medios, el alcalde del PSE, Juan Carlos Merino, aseguró que las instituciones "ponen medios y recursos para combatirla", y citó el Plan de Igualdad de su consistorio.
Adelantó además que estudian personarse como acusación popular en coordinación con otras instituciones como las Juntas Generales, que también han expresado interés.

Nada de ello, sin embargo, podrá reparar ya la muerte de Clara Rangel, de 35 años. Tampoco lo hará la concentración de ayer, en la que aparecieron lemas críticos hacia los políticos como éste: "Menos fotos y más responsabilidad"
La implicación de Policía y judicatura también vuelve a quedar en entredicho ante los detalles que se van conociendo. No consta que la mujer hubiera denunciado nunca maltratos, lo que hizo que el juez Jaime Tapia, que participó en la concentración, argumentara que "desgraciadamente éste es uno de los tantos casos en que la Justicia no tenía conocimiento".

Sin embargo, por varios medios de difusión ha trascendido que la Ertzaintza ya tuvo que acudir al domicilio el día de Nochebuena para acompañar a los servicios sanitarios, después de que el autor de la muerte de Clara Rangel mostrara una actitud violenta.

La Policía autonómica confirmó este extremo, aunque dijo que no se trató de un altercado sino de una situación de nerviosismo que habría derivado en el traslado del hombre a un centro hospitalario para un examen siquiátrico. Su nombre, por cierto, no se ha dado a conocer oficialmente.

Prioridad a inmigrantes
La familia había llegado a Euskal Herria procedente de Venezuela. Tres de las seis víctimas mortales de la violencia machista durante este año eran inmigrantes, lo que confirma que este colectivo está especialmente desprotegido. Desde Cádiz, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, se refirió a este hecho. Indicó que el número de víctimas inmigrantes "ha crecido de forma alarmante, ya que estábamos en el 22% y ahora estamos en el 45%".

El Gobierno de Lakua anuncia también que retocará su plan de lucha contra la violencia machista para atender especialmente a estos colectivos.

www.gara.net

Aído pide más compromiso contra la violencia de género

Concentración en Rentería, ayer, tras el asesinato de una mujer. / EFE

El Poder Judicial reclama para los juzgados alarmas que protejan mejor a las víctimas

Tres mujeres asesinadas presuntamente por sus parejas o ex parejas y otras dos heridas de gravedad en las mismas circunstancias en las últimas 24 horas completan un diciembre negro, con ocho muertes por violencia de género en todo el país.

El cómputo de 2008 se eleva a 71 víctimas mortales, según el Ministerio de Igualdad. La cifra podría llegar a las 77 ó 78, a falta de aclarar otras muertes de mujeres en circunstancias dudosas.

Bibiana Aído admitió ayer que éste ha sido un mes «especialmente trágico y duro» en la lucha contra la violencia de género.

La ministra de Igualdad reclamó mayor implicación de todas las instituciones y de la ciudadanía en general en la lucha contra esta lacra.
Ayer, la Policía detuvo a Ángel M. L., de 60 años, presunto agresor de su ex esposa, a la que hirió el domingo de un fuerte golpe en la cabeza en la localidad madrileña de Arroyomolinos. La mujer está grave, pero no se teme por su vida.

En Barcelona se entregó, en un centro penitenciario, el ciudadano bosnio al que los Mossos d'Esquadra buscaban tras la muerte de su compañera sentimental, de la misma nacionalidad, el lunes en Cornellá. Y sigue en estado crítico la joven nigeriana de 26 años arrojada desde un segundo piso en Oviedo, al parecer por su compañero sentimental, ingresado ya en prisión. En la localidad guipuzcoana de Rentería, una concentración silenciosa clamó contra el fenómeno a raíz del asesinato de Clara, este domingo, a manos de su pareja.

En la inauguración en Cádiz de un juzgado de violencia de género, la titular de Igualdad quiso entresacar algún dato positivo, como el descenso por tercer año consecutivo del porcentaje de mujeres con una orden de protección vigente -de un 23 a un 14%- en el momento de su asesinato. Algo que, según Aído, es a la vez esperanzador y desasosegante, porque obliga a plantearse «qué hay que hacer para llegar a ese 85% de mujeres a las que no estamos llegando».

Detección precoz
La ministra reconoció que debe mejorar de forma sustancial la detección precoz, la información, y la coordinación entre todas las administraciones e instancias encargadas de ofrecer atención integral de las mujeres víctimas de maltrato machista. Para activar todo este mecanismo es necesario que la mujer denuncie a su agresor. «Tienen que denunciar, ya que están corriendo un peligro real de muerte», subrayó la ministra.

El número de mujeres extranjeras muertas se ha disparado «de forma alarmante», a juicio de la ministra: hace un lustro «estábamos en el 22% y ahora estamos en el 45% del total de las víctimas».

Como parte de los retoques necesarios para mejorar la protección de las mujeres, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidió ayer un sistema de alertas informáticas en los juzgados de violencia de género que permitiría comunicar a las víctimas cualquier circunstancia que pudiera afectar a su situación.

El CGPJ aconseja, además, que esas alertas bloqueen los ordenadores de los juzgados y no permitan pasar a la siguiente aplicación informática hasta que no conste como realizado el acto de aviso a las víctimas, para evitar olvidos o dilaciones indebidas.

CECILIA CUERDO

www.larioja.com

La violencia machista se ceba en las inmigrantes

Aído prepara medidas específicas por su "vulnerabilidad"

Diciembre ha sido "largo, duro y difícil" para la violencia de género, según la ministra de Igualdad, Bibiana Aído. En el último mes del año ocho mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o ex parejas. Seis de ellas la última semana. La ministra señaló que, según los expertos, los periodos vacacionales suelen ir acompañados de un incremento del número de casos de agresiones machistas. Aído destacó además la "mayor vulnerabilidad" de las mujeres inmigrantes en este sentido. El número de víctimas ha crecido entre ellas "de forma alarmante".

El aumento de víctimas extranjeras es considerable. Una cifra que no se ha reducido a menos de un 14% desde 2003. En 2008 representan ya casi el 50% del total, aunque son sólo el 12% de las mujeres. Como declaraba ayer Aído, son una población más vulnerable hacia estas agresiones, sobre todo porque muchas carecen de red social en España algo que, según explicaba recientemente el delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, facilita uno de los objetivos que busca el agresor: "aislar a su víctima". Pero según Lorente esa vulnerabilidad no sólo obedece a esto: "También entran factores culturales de sus países de origen -en muchos el hombre es la figura de referencia-, que las mujeres se integran antes que los hombres, y que en el caso de los extranjeros el ámbito de relación es más reducido".

Además, entre la población inmigrante hay, según Lorente, más hombres en las edades predominantes de este tipo de violencia (de 21 a 45). Igualdad trabaja en un plan específico para mujeres inmigrantes.
Según Aído, la reforma de la ley de extranjería tiene previsto que las mujeres que tengan alguna medida cautelar puedan tener papeles separados de los de agresor.

Dos de las fallecidas ayer a manos de sus parejas eran extranjeras. El compañero de una de ellas, que estaba siendo buscado por los Mossos d'Esquadra se entregó ayer en una cárcel de Barcelona. Vejsil F., de 59 años, fue detenido como supuesto autor de un delito de homicidio y trasladado a la comisaría de Cornellà.
El cadáver de su compañera, de 50 años, fue encontrado en medio de un charco de sangre por uno de los diez hijos de la pareja. El supuesto homicida ya había estado en prisión por agresiones a su pareja, informa Pere Ríos.

El agresor de otra de las víctimas, Clara Rangel, venezolana de 35 años, permanece ingresado en el hospital con pronóstico reservado ya que tras el crimen se autolesionó. Ayer varios cientos de personas se concentraron ante el Ayuntamiento de Rentería para condenar el asesinato, informa Yolanda Montero.

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El atasco de los juzgados de violencia aumenta pese a los refuerzos de 2008

Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla- JAVIER BARBANCHO

Los siete nuevos juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer que empezaron a funcionar en enero de este año no han conseguido aliviar el colapso que arrastran estos órganos.

Los juzgados andaluces de violencia machista acumulan más de 11.000 casos pendientes de resolución, casi 2.000 más de los que había hace ahora un año.

Como vaticinaban muchos expertos, los nuevos órganos se han quedado pequeños y, por ahora, no han conseguido acabar con el atasco de los juzgados de violencia de género.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y la consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo, inauguraron ayer el primer Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cádiz, la única capital de provincia andaluza que no contaba hasta ahora con un juzgado exclusivo para esta tarea.

Con éste, ya son 19 los órganos de estas características existentes en la comunidad, pero lo cierto es que el primer semestre del año se cerró con más casos pendientes de resolución de los que había un año antes, cuando Andalucía sólo contaba con 10 juzgados con competencias exclusivas en violencia machista.

El 30 de junio de 2008 (últimos datos disponibles) los juzgados andaluces de Violencia sobre la Mujer tenían pendientes 11.174 asuntos (9.333 penales y 1.841 civiles). La razón principal para explicar este lastre es que, después de que el año pasado se consiguiera por primera vez resolver más casos de los que entraban cada año, en 2008 la tendencia vuelve a ser la contraria: a los juzgados exclusivos de violencia llegaron 24.083 asuntos, entre penales (22.036) y civiles (2.047), pero estos órganos sólo pudieron resolver 23.498. Es decir, entre enero y junio el atasco se incrementó en 585 casos (la diferencia entre los que ingresaron y los que se resolvieron).
Sevilla sigue siendo la provincia con más asuntos pendientes, a pesar de que en enero entró en funcionamiento el Juzgado de Violencia 4 de la capital.

"Se ha incrementado mucho la carga de trabajo, cada vez entran más casos y es imposible ponerse al día", advierte un funcionario del Juzgado de Violencia 2. "Esto no para nunca", insiste mientras señala un taco de papeles que acaba de llegar a la oficina.

Son los casos de violencia machista que ha tramitado durante el último fin de semana el Juzgado de Instrucción que estaba de guardia, y que luego tienen que pasar a manos de los juzgados específicos. El pasado lunes fueron 12 los nuevos asuntos que llegaron a los Juzgados de Violencia por esta vía. Todos fueron a parar al número 2, en funciones de guardia.

A los juzgados en Sevilla llegan diariamente una media de algo más de cinco nuevos casos (tanto de forma directa como procedentes de los Juzgados de Instrucción). Demasiados, según coinciden jueces, secretarios y funcionarios. "Hay días en los que se mantiene la media y otros con picos de ocho o diez detenidos", apunta el juez de Violencia 4, Antonio Cubero. "Aquí nunca se sabe", advierte.

REYES RINCÓN

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El año 2008 puede convertirse en el más sangriento del siglo en violencia de género

A falta de 6 casos en investigación

La cifra de mujeres muertas por violencia de género podría ya superar la registrada en 2007 y ser la más alta de los últimos ocho años, si el Ministerio de Igualdad confirma que alguno de los seis crímenes que mantiene bajo investigación tuvo una motivación machista. En todo el año se han confirmado 70 de estos casos, el último, este lunes en la localidad guipuzcoana de Rentería.

Desde el año 2000 han muerto 576 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas según las cifras del Gobierno. El año más negro hasta ahora fue 2004, con un total de 72 feminicidios y si bien en 2005 el número de víctimas se redujo hasta las 57, el año pasado se recuperaron los niveles previos con 71 víctimas mortales de la violencia de género.

Del total de fallecidas este año, menos de la cuarta parte (15 mujeres) había presentado denuncia. Además, 10 de ellas tenían dictada una orden de protección a su favor (el 15 por ciento) frente a las 13 que la habían solicitado. En el 60,9 por ciento de los casos, seguían manteniendo una relación con su asesino.

En cuanto a la procedencia de las víctimas, son en su mayoría españolas, con un porcentaje que ronda el 57 por ciento. Cuando se trata de los agresores la proporción es mayor: cerca del 63 por ciento nacieron en España, según las cifras de Igualdad. Por edades, el grupo más numeroso es el de las que tenían entre 21 y 30 años en el momento del asesinato.

CASOS POR CONFIRMAR
El Ministerio de Igualdad recibe informes de las autoridades competentes tras cada asesinato de una mujer y los estudia para poder confirmar que efectivamente están relacionados con la violencia de género. En esta situación se encuentran los casos registrados este año en Alahurín de la Torre (Málaga), Carnota (A Coruña), Gandía (Valencia), Sigüenza (Guadalajara) y Telde (Gran Canaria).

En Alhaurín de la Torre, una mujer de 35 años apareció el pasado 1 de mayo muerta en la piscina de su domicilio con signos de violencia, según informó entonces la Guardia Civil. Su ex pareja prestó declaración poco después ante la autoridad y quedó en libertad sin que se le imputaran cargos, tal como confirmaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

En cuanto al caso de Carnota, donde el cadáver de la mujer apareció flotando junto a la playa, la autopsia reveló que la muerte se produjo por ahogamiento. Por otra parte, el caso de Gandía, fue el de una mujer también de 35 años que apareció calcinada en un parque. Las autoridades detuvieron a su pareja hace dos semanas y el pasado 15 de diciembre ingresó en prisión como autor material de los hechos.

La víctima mortal de Telde fue una mujer de 80 años, a quien encontraron muerta en su domicilio, con golpes y contusiones en la cabeza. El marido fue encontrado junto a ella, malherido y fue ingresado en el hospital. Aún no se ha esclarecido lo ocurrido.

Por último, en Sigüenza, el pasado 10 de diciembre apareció el cadáver de una mujer de 27 años y su pareja, que había huído, fue detenida poco después en Burdeos (Francia).

www.europapress.es

La violencia machista se ceba en 2008 con las mujeres extranjeras y las chicas jóvenes

2008 puede cerrar con 71 asesinadas por sus parejas, igual que 2007.
La mitad de las mujeres muertas son de origen extranjero.
Las veinteañeras son las principales víctimas de la violencia de género.
Teléfono de ayuda contra los malos tratos: 016.

El año 2008 se va a cerrar con una cifra trágica de mujeres víctimas de la violencia machista. Durante todo el año han sido asesinadas 69 mujeres y otras 8 muertes están siendo investigadas, según los datos confirmados por el Ministerio de Igualdad. Sin embargo, dos de los casos en investigación (la mujer hallada muerta en su casa de Cornellà y la acuchillada en Rentería) son "bastante evidentes", según fuentes de Igualdad, lo que elevaría el número de víctimas mortales de violencia de género a 71.

Esa cifra confirma que la lucha contra el maltrato a las mujeres no ha dado resultados este año, ya que se han registrado las mismas muertes que en 2007. Además, es uno de las datos más elevados de toda la década: sólo 2004 fue más dramático, con 72 fallecidas a manos de sus parejas.
El balance del Ministerio muestra las asignaturas pendientes en la persecución contra los hombres que agreden a sus compañeras: la concienciación de las propias mujeres y la extensión de la vigilancia para evitar que los violentos consumen sus agresiones. Según la estadística de Igualdad, sólo el 21,7% de las asesinadas había denunciado los malos tratos a los que las sometían sus parejas y únicamente el 14,5% tenían una medida de protección en vigor para evitar el maltrato.

Latinoamericanas y balcánicas
A la vista de los datos, el Gobierno quiere centrar sus campañas de prevención en las mujeres de origen extranjero. El 43,5% de las asesinadas eran inmigrantes (de confirmarse los dos últimos casos, serían el 45,1%), pese a que la población extranjera en España no supera el 10% del total. Tres de las muertes registradas este fin de semana estuvieron protagonizados por mujeres de este colectivo: la de Las Palmas era latinoamericana, la de Rentería era de Venezuela y la de Cornellà, de Bosnia.

Las chicas jóvenes están entre los grupos de mayor riesgo. La franja de edad entre 21 y 30 años registra el mayor número de víctimas mortales por violencia de género (20 casos, un 29%), seguidos por las mujeres entre 41 y 50 años (17 casos, un 24,6%). Entre los agresores, la edad más común está entre 31 y 40 años (20 casos, un 29%).

Por comunidades, Madrid se lleva la peor parte, con 11 muertes, seguida de Cataluña y Andalucía (ambas con 9 casos mortales) y de la Comunidad Valenciana (8 fallecidas). En el otro lado de la balanza están las regiones de Cantabria y Extremadura, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde no se ha registrado ninguna muerte en todo el año.

www.20minutos.es

Otros dos detenidos por violencia machista

Uno ha sido arrestado en Móstoles, acusado de causarle un traumatismo cranoencefálico a su ex pareja, y el otro en Murcia por agredir y retener a su pareja.

La Policía Nacional ha detenido en la localidad madrileña de Móstoles al hombre de 60 años que en la noche del domingo agredió en la cercana población de Arroyomolinos a su ex pareja, de 44 años, con un martillo en la cabeza provocándole un traumatismo craneoencefálico severo, según fuentes de la Guardia Civil, que desde ayer buscaba al presunto agresor.

El hombre, que residía en Moraleja de Enmedio, también en la Comunidad de Madrid, tenía una orden de alejamiento de la víctima, que le había denunciado por maltrato. La mujer se encuentra en estado grave, aunque no se teme por su vida, según fuentes del Hospital 12 de Octubre.

El suceso se produjo en la noche del domingo cuando, hacia las 22.00 horas, el 112 recibió una llamada que avisaba de que una mujer se encontraba inconsciente en en el interior de su chalé, ubicado en la calle Camino del Bosque, 24 de Arroyomolinos.

Al lugar de los hechos se desplazó la Guardia Civil y una UVI móvil del Summa, que se encontró a la víctima inconsciente a causa de un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que tuvo que ser trasladada en estado grave, tras estabilizarla e intubarla, al Hospital 12 de Octubre, informó Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Retenida en un coche
Por otra parte, agentes de la Policía Local de Murcia detuvieron ayer en la pedanía de La Arboleja a un individuo acusado de agredir, presuntamente, a su pareja sentimental y llevársela contra su voluntad de un turismo, según informaron fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron sobre las 22.50 horas, en el carril de la Iglesia de dicha pedanía, cuando el padre de la víctima alertó al 092 de que su yerno había agredido en su domicilio a su hija y que, tras la agresión, se la había llevado contra su voluntad en un turismo.

Al lugar acudió una unidad de la Policía Local de Murcia que, tras tomarle declaración al padre de la víctima, de 30 años, realizó una batida por la zona en busca del vehículo del agresor, que fue encontrado con su pareja en las inmediaciones de la zona.
Finalmente, los agentes trasladaron al agresor, J.G.S., de 31 años y vecino de Murcia, a la Jefatura Superior de Policía acusado de un presunto delito de violencia doméstica, mientras que la agredida manifestó su voluntad de acudir por sus propios medios a un centro de salud para que fuera atendida sus heridas.

www.lasextanoticias.com

Las denuncias por violencia machista bajarán por primera vez en 2008

La tendencia creciente de los últimos años retrocederá en torno a un 14% ·
La Junta ve lógico el descenso ·
Un protocolo de actuación, pulseras GPS y cursos para maltratadores, novedades para 2009

Cada año, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado venían recibiendo un mayor número de denuncias de mujeres que declaraban ser maltratadas por sus parejas o ex parejas.

Esa tendencia se frenará en 2008. Hasta el 20 de octubre, se habían registrado en la comunidad 9.721 denuncias y lejos quedará la barrera de las 14.977 del pasado año.

La denuncia permite a la Administración conocer la situación de violencia y activar los mecanismos de protección. El retroceso oscilará en torno a un 14% y no supone una buena noticia: no existe menos violencia, sino más oculta

."Sabíamos que esto iba a pasar, lo veníamos diciendo desde antes de la legislación", tranquiliza Soledad Ruiz, directora general de Violencia de Género de la Junta, nuevo departamento en la Consejería de Igualdad y Bienestar Social creado este año. Desde la aprobación de una ley específica en 2005, los registros de denuncias han ido creciendo año tras año. "Afloró lo que se tarda tanto tiempo en presentar, la primera denuncia, pero sabíamos que llegaría un momento en que se estancaría; de lo contrario, no estaríamos haciendo las cosas bien", afirma Ruiz, que vaticina: en unos años volverá a incrementarse. Los primeros años de la ley han alentado a muchas mujeres a denunciar la violencia que sufrían.

Las víctimas, hace unos años, padecían 15 años de malos tratos antes de presentar una denuncia, quien lo hacía, y ahora los plazos se han reducido a unos seis o siete años. Hay que seguir trabajando. El Ministerio de Igualdad y la Junta estrenarán en 2009 nuevas medidas para luchar contra esta lacra social. En el primer trimestre del año, se acordará el convenio para implantar en Andalucía las pulseras con GPS para maltratadores con órdenes de alejamiento, tras la experiencia piloto en algunas comunidades como Cataluña, Madrid o Baleares.

La Junta es partidaria de no generalizar este instrumento, sino usarlo para riesgos muy graves. Un juez decide su implantación y atiende a los datos sobre el nivel de riesgo para la víctima que le ofrece la Policía.

El procedimiento, que ya pertenece al ámbito cotidiano de las fuerzas de seguridad, no ha sido muy divulgado. La instrucción policial dictamina si el riesgo para la mujer es extremo, alto, medio o bajo y, en los casos más peligrosos, decide el acompañamiento 24 horas de una patrulla, relata Ruiz. "Se han duplicado los policías y guardias civiles asignados a la protección de las mujeres y se han triplicado los que estaban a punto de jubilarse y han decidido ampliar su periodo en estas unidades", se felicita Ruiz, que desecha opciones como la vigilancia privada que demanda el PP.

El esfuerzo del Gobierno debe ir acompañado, señal Ruiz, por los ayuntamientos, "muchos desconocedores" de que sus policías locales pueden participar en la protección de las mujeres. Éste es un ejemplo de lo que intenta explicar la directora general: en todos estos años, incluso antes de la ley, se ha trabajado bien en la protección pero quizá de forma descoordinada. La Junta ha impulsado medidas exitosas, caso del teléfono para asistencia o la inicativa remitida al Gobierno para que realice cursos para maltratadores no sólo en la cárcel.

Una medida de "reeducación", no sustitutiva de la pena, para conseguir que esa persona pueda volver a emparejarse sin conductas violentas. Se ha trabajado bien, subraya Ruiz, pero ha llegado el momento de hacerlo mejor y más coordinados para evitar la doble "victimización" de la mujer, primero en su relación sentimental y luego en la burocracia, "que tenga la sensación de que nadie la escucha".

El reto pasa por conseguir que la primera intervención a realizar con la mujer sea "muy profesionalizada", con todos los actores bien coordinados, desde empleo a atención primaria, para dar una respuesta integral a la mujer. "Es una iniciativa de nuestra Consejería y ha llegado el momento de que sumemos todas las fuerzas, cada uno en su ámbito y todos con un protocolo común", desea Ruiz.

Lejos quedan aquellas estadísticas de hace un par de años en las que el 83% de los juicios por violencia de género se saldaban con una multa, en el 72% de los casos de menos de 25.000 pesetas. "Ha aumentado la concienciación y hay que aprovecharlo", concluye Ruiz.

Antonio Fuentes


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