La Mesa Coordinadora Sindical (MCS) denunció que trabajadores del Ministerio de Justicia y Trabajo son víctimas de persecuciones. Un comunicado público relata casos de funcionarios penitenciarios del Centro Educativo Itauguá y de la cárcel de mujeres Buen Pastor. La organización exige el cese de los despidos y el hostigamiento.
La MCS está integrada por varias organizaciones sindicales de instituciones públicas. Emitió un comunicado informando sobre denuncias de persecuciones en el Ministerio de Justicia y Trabajo.
La entidad indica que se trata, paradójicamente, de casos que involucran a autoridades de la cartera que tiene que velar por el derecho de los trabajadores.
Menciona por ejemplo el caso del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios del Centro Educativo Itauguá (Sintracei). El gremio dice que dos funcionarias de la entidad, María Pintos y Cristina Alarcón fueron “arbitrariamente” trasladadas. La entidad indica que esto busca “obstaculizar sus actividades sindicales”.
La MCS informó que María Pintos es secretaria de la Mujer y Cristina Alarcón secretaria de Relaciones de Sintracei.
Por otro lado, la entidad señala que las autoridades de la cárcel de mujeres Buen Pastor prohibieron el ingreso al recinto del dirigente sindical Vicente Ruiz Díaz. El representante, según el gremio, pretendió verificar las condiciones de trabajo de las guardiacárceles que trabajan en el lugar.
La MCS denuncia, en forma general, “despidos arbitrarios” en la cartera. Sin embargo, no proporciona detalles sobre la cantidad y las secciones afectadas.
“Es preocupante que todas estas flagrantes violaciones a los derechos laborales y sindicales de compañeras y compañeros trabajadores penitenciarios se registren justamente en el Ministerio de Justicia y Trabajo, que debería ser el encargado de velar por el respeto a la libertad de organización y a los derechos laborales”, afirma la MCS.
La entidad exige el cese inmediato de los despidos y el hostigamiento. Pide que los funcionarios despedidos sean restituidos en sus puestos de trabajo.
www.abc.com.py
22 de octubre de 2008
Los juzgados registraron en 3 meses 50 nuevos casos de violencia machista
Las salas de Carballo y Corcubión aprobaron 4 órdenes de protección y denegaron 5 entre abril y junio
Los juzgados de la Costa da Morte registraron medio centenar de nuevos casos de violencia machista entre los meses de abril y junio de este año, 35 de ellos en las salas de Carballo, y otros 15 en Corcubión. Estos tribunales resolvieron un total de 52 asuntos penales de este tipo en el mismo período. De estos procesos, 26 se tramitaron como diligencias urgentes, 17 mediante diligencias previas, 6 como procedimientos abreviados y uno como juicio de faltas.
En cuanto a los casos nuevos calificados de delitos, la mayoría son por lesiones (37), seguidos de los que atentan contra la libertad (4) y contra la integridad moral (2).
Por otro lado, el segundo trimestre de este año también ha sido especialmente prolífero en órdenes de protección en la Costa da Morte. En total, se registraron 9 incoadas. Se adoptaron cuatro y se denegaron cinco.
Además, de las órdenes de protección, en el citado período se tomaron también otro tipo de medidas judiciales de protección. Se dictaron 19 órdenes de alejamiento y otras 19 que prohíben cualquier tipo de comunicación.
Divorcios por malos tratos
Por otra parte, los asuntos de violencia machista terminan en ocasiones en un divorcio o separación. En el segundo trimestre del 2008, el juzgado de Carballo resolvió un divorcio consensuado. En cuanto a los divorcios sin acuerdo entre las partes, ingresó un nuevo caso en el tribunal bergantiñán y se resolvieron dos, pero aún quedaban pendientes tres.
Por otro lado, también se resolvió en las salas carballesas una separación sin consenso entre las partes.
Estas cifras son especialmente elevadas, si se comparan, por ejemplo, con las registradas a lo largo de todo el año pasado. En el 2007, los juzgados de la Costa da Morte tramitaron 120 procesos penales por delitos de violencia machista, 69 en Carballo y 51 en Corcubión. En la capital de Bergantiños se resolvieron 73, mientras que en Corcubión la cifra es de 56.
Laura López
www.lavozdegalicia.es
Los juzgados de la Costa da Morte registraron medio centenar de nuevos casos de violencia machista entre los meses de abril y junio de este año, 35 de ellos en las salas de Carballo, y otros 15 en Corcubión. Estos tribunales resolvieron un total de 52 asuntos penales de este tipo en el mismo período. De estos procesos, 26 se tramitaron como diligencias urgentes, 17 mediante diligencias previas, 6 como procedimientos abreviados y uno como juicio de faltas.
En cuanto a los casos nuevos calificados de delitos, la mayoría son por lesiones (37), seguidos de los que atentan contra la libertad (4) y contra la integridad moral (2).
Por otro lado, el segundo trimestre de este año también ha sido especialmente prolífero en órdenes de protección en la Costa da Morte. En total, se registraron 9 incoadas. Se adoptaron cuatro y se denegaron cinco.
Además, de las órdenes de protección, en el citado período se tomaron también otro tipo de medidas judiciales de protección. Se dictaron 19 órdenes de alejamiento y otras 19 que prohíben cualquier tipo de comunicación.
Divorcios por malos tratos
Por otra parte, los asuntos de violencia machista terminan en ocasiones en un divorcio o separación. En el segundo trimestre del 2008, el juzgado de Carballo resolvió un divorcio consensuado. En cuanto a los divorcios sin acuerdo entre las partes, ingresó un nuevo caso en el tribunal bergantiñán y se resolvieron dos, pero aún quedaban pendientes tres.
Por otro lado, también se resolvió en las salas carballesas una separación sin consenso entre las partes.
Estas cifras son especialmente elevadas, si se comparan, por ejemplo, con las registradas a lo largo de todo el año pasado. En el 2007, los juzgados de la Costa da Morte tramitaron 120 procesos penales por delitos de violencia machista, 69 en Carballo y 51 en Corcubión. En la capital de Bergantiños se resolvieron 73, mientras que en Corcubión la cifra es de 56.
Laura López
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Cuatro de cada diez mujeres asesinadas este año eran extranjeras
Igualdad diseña un plan específico para proteger a este colectivo
Cuatro de cada diez mujeres asesinadas en lo que va de año a manos de sus parejas o ex parejas eran extranjeras. La estadística total recoge a día de hoy 53 víctimas, cifra que aumentaría de confirmarse que la ciudadana china hallada muerta en Jerez de la Frontera se encuadra dentro de la misma. El total podría aumentar de confirmarse seis asesinatos que aún están siendo investigados.
De los siete asesinatos confirmados en 1999, se ha pasado a veinticuatro, dato que podría verse incrementado de confirmarse el caso acaecido en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera que se ha saldado con la muerte de una ciudadana china.
A finales del año pasado, el Informe anual de Violencia de Género 2006, elaborado por el Observatorio de Salud de la Mujer y la Comisión contra la Violencia de Género alertaba de que el riesgo de morir de una mujer inmigrante era 5,3 veces mayor comparado con el caso de una mujer española. El documento recogía “la necesidad de ahondar en los motivos por los que ser mujer e inmigrante incrementa el riesgo de padecer y morir” y concretaba que la diversidad de nacionalidades y las dificultades de acceso a los servicios sociales y sanitarios podrían ser las principales causas.
Dentro del grupo de mujeres inmigrantes asesinadas, las de origen latinoamericano destacan sobre las demás con 13 muertes sobre el total de 24, cifra que sorprende frente a las 8 mujeres europeas o las 2 mujeres africanas.
Igualdad diseña un plan específico para proteger a este colectivo
En septiembre de este año, el Ministerio de Igualdad se hacía cargo de las alarmantes cifras y anunciaba la creación de un paquete de medidas "específicas" para luchar "contra el creciente aumento de violencia en la población extranjera inmigrante" porque este ámbito requiere "respuestas específicas".
El objetivo del programa, que estaría vigente entre 2009 y 2012, sería crear las condiciones adecuadas para abordar el problema de la violencia de género atendiendo a las circunstancias específicas de la población extranjera inmigrante para mejorar la atención y la prevención desde una perspectiva global.
MÓNICA TRAGACETE FERNÁNDEZ
www.telecinco.es
Cuatro de cada diez mujeres asesinadas en lo que va de año a manos de sus parejas o ex parejas eran extranjeras. La estadística total recoge a día de hoy 53 víctimas, cifra que aumentaría de confirmarse que la ciudadana china hallada muerta en Jerez de la Frontera se encuadra dentro de la misma. El total podría aumentar de confirmarse seis asesinatos que aún están siendo investigados.
De los siete asesinatos confirmados en 1999, se ha pasado a veinticuatro, dato que podría verse incrementado de confirmarse el caso acaecido en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera que se ha saldado con la muerte de una ciudadana china.
A finales del año pasado, el Informe anual de Violencia de Género 2006, elaborado por el Observatorio de Salud de la Mujer y la Comisión contra la Violencia de Género alertaba de que el riesgo de morir de una mujer inmigrante era 5,3 veces mayor comparado con el caso de una mujer española. El documento recogía “la necesidad de ahondar en los motivos por los que ser mujer e inmigrante incrementa el riesgo de padecer y morir” y concretaba que la diversidad de nacionalidades y las dificultades de acceso a los servicios sociales y sanitarios podrían ser las principales causas.
Dentro del grupo de mujeres inmigrantes asesinadas, las de origen latinoamericano destacan sobre las demás con 13 muertes sobre el total de 24, cifra que sorprende frente a las 8 mujeres europeas o las 2 mujeres africanas.
Igualdad diseña un plan específico para proteger a este colectivo
En septiembre de este año, el Ministerio de Igualdad se hacía cargo de las alarmantes cifras y anunciaba la creación de un paquete de medidas "específicas" para luchar "contra el creciente aumento de violencia en la población extranjera inmigrante" porque este ámbito requiere "respuestas específicas".
El objetivo del programa, que estaría vigente entre 2009 y 2012, sería crear las condiciones adecuadas para abordar el problema de la violencia de género atendiendo a las circunstancias específicas de la población extranjera inmigrante para mejorar la atención y la prevención desde una perspectiva global.
MÓNICA TRAGACETE FERNÁNDEZ
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Audiencia de Lleida confirma condena por acoso laboral a ex jefa Carreteras
La Audiencia de Lleida ha dictado hoy una sentencia en la que ratifica la condena a la ex jefa del Servicio Territorial de Carreteras de la Generalitat en la demarcación leridana por acoso laboral a una subordinada.
Según ha explicado hoy el abogado de la defensa, Josep Miquel Moragues, la Audiencia de Lleida ha confirmado la falta de coacciones continuada contra Teresa C., la ex jefa de Carreteras denunciada, y la multa de 240 euros que le impuso el juzgado de lo penal número 2 de Lleida.
De esta manera, la Audiencia ha reafirmado la decisión emitida el pasado mes de febrero por el citado juzgado leridano, que se convirtió en la primera sentencia condenatoria por "mobbing" contra una administración pública de toda España.
La primera sentencia del caso también estableció que el gobierno catalán debería indemnizar a la funcionaria que sufrió el acoso laboral con 63.398 euros por ser responsable subsidiario.
Sin embargo, la Audiencia de Lleida establece que esta cantidad deberá ser valorada por el médico forense en función de las secuelas de los hechos que le hayan quedado a la acosada.
"Esta cantidad podrá incrementarse o disminuir, pero lo más normal es que baje un poco. Calculamos que se reducirá en unos 8.000 euros. Pero estamos muy contentos igual porque se ha confirmado la condena", ha explicado Moragues.
La trabajadora denunciante, B.S.M., acusó a Teresa C. de trato vejatorio entre 1996 y 2005.
Durante el juicio aseguró que su superior la insultaba, le cronometraba cuando trabajaba, le encargaba tareas de conserje y le amenazó varias ocasiones con expulsarla.
La sentencia señala que los servicios territoriales de Carreteras podían haber evitado el caso de acoso laboral únicamente cambiando de sección a la funcionaria.
Tras la primera sentencia, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas (DPTOP) envió un comunicado destacando que a pesar de que la querella fue presentada por delito de coacciones y lesiones finalmente solamente se dictó una condena por falta de coacciones.
La Generalitat también anunció entonces el recurso contra el fallo del juzgado de lo penal, que ahora ha finalizado con la confirmación de la primera condena por parte de la Audiencia de Lleida.
www.finanzas.com
Según ha explicado hoy el abogado de la defensa, Josep Miquel Moragues, la Audiencia de Lleida ha confirmado la falta de coacciones continuada contra Teresa C., la ex jefa de Carreteras denunciada, y la multa de 240 euros que le impuso el juzgado de lo penal número 2 de Lleida.
De esta manera, la Audiencia ha reafirmado la decisión emitida el pasado mes de febrero por el citado juzgado leridano, que se convirtió en la primera sentencia condenatoria por "mobbing" contra una administración pública de toda España.
La primera sentencia del caso también estableció que el gobierno catalán debería indemnizar a la funcionaria que sufrió el acoso laboral con 63.398 euros por ser responsable subsidiario.
Sin embargo, la Audiencia de Lleida establece que esta cantidad deberá ser valorada por el médico forense en función de las secuelas de los hechos que le hayan quedado a la acosada.
"Esta cantidad podrá incrementarse o disminuir, pero lo más normal es que baje un poco. Calculamos que se reducirá en unos 8.000 euros. Pero estamos muy contentos igual porque se ha confirmado la condena", ha explicado Moragues.
La trabajadora denunciante, B.S.M., acusó a Teresa C. de trato vejatorio entre 1996 y 2005.
Durante el juicio aseguró que su superior la insultaba, le cronometraba cuando trabajaba, le encargaba tareas de conserje y le amenazó varias ocasiones con expulsarla.
La sentencia señala que los servicios territoriales de Carreteras podían haber evitado el caso de acoso laboral únicamente cambiando de sección a la funcionaria.
Tras la primera sentencia, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas (DPTOP) envió un comunicado destacando que a pesar de que la querella fue presentada por delito de coacciones y lesiones finalmente solamente se dictó una condena por falta de coacciones.
La Generalitat también anunció entonces el recurso contra el fallo del juzgado de lo penal, que ahora ha finalizado con la confirmación de la primera condena por parte de la Audiencia de Lleida.
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Violencia machista y medio rural: el más difícil todavía
La falta de recursos próximos y el miedo al vacío social condicionan a la mujer maltratada que vive en núcleos pequeños, donde hay más violencia pero muchas menos denuncias.
La falta de recursos próximos y el miedo al vacío social condicionan a la mujer maltratada que vive en núcleos pequeños, donde hay más violencia pero muchas menos denuncias.
Cristina Domínguez Sahagún
Aunque la patada duele igual en un pueblo que en una ciudad, el proceso para terminar con los abusos y humillaciones que sufren las mujeres maltratadas se hace, en el medio rural, especialmente complicado, más dramático si cabe.
El imperio del machismo consentido, el miedo al qué dirán en el pueblo, o la falta de una red completa de apoyo, acaban por desanimar a la mujer maltratada que desea romper con este particular acto de terrorismo “y la mitad no llega a finalizar el proceso agobiada por la burocracia y el ambiente general”.
Aún así, según las estadísticas de la Junta, cuatro de cada diez denuncias de malos tratos proceden del ámbito rural. Un dato significativo, que deja muy claro que la violencia machista sigue presente en nuestros pueblos aunque, a veces, ni siquiera algunas mujeres maltratadas sepan que lo están siendo.
Según Teresa López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) la violencia de género la sufren por igual las mujeres rurales que las urbanas, pero “hay una menor percepción de las mujeres rurales de que son víctimas de la violencia, y por tanto, se producen menos denuncias”.
Las palabras de López desvelan el primer obstáculo para erradicar de los pueblos el terrorismo doméstico.
Las estadísticas muestran que hay algunos grupos de población femenina –en franjas de edad superiores– que no consideran un empujón o un insulto una forma de malos tratos, o no los relacionan con este delito, aceptando el mito de la superioridad del hombre “tal y como se lo inculcaron en casa donde, muy probablemente, también hubo malos tratos” pues la violencia se pude perpetuar hasta cuatro generaciones.
Pero, también las mujeres conscientes y decididas a actuar se tendrán que enfrentar en algunos casos a la crítica del medio en el que viven, a ese medio de patriarcado que permite y calla.
“Al ser sociedades más pequeñas, donde todo el mundo se conoce, hay cierto reparo a la hora de denunciar porque piensan que el pueblo se va a poner en su contra, el trauma se acentúa”, comentan desde la Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica (Adavas).
Decidida a informarse de sus derechos, a denunciar, o a solicitar la separación de la pareja,existen ciertas ventajas en función del pueblo, pero no muchas.
Por ejemplo, una vecina de Sahagún sí tendría a su alcance, acceso directo, al Centro de Acción Social (Ceas), al Centro de Salud, Juzgado, y el cuartel de la Guardia Civil de la villa, cuatro organismos donde tramitar, dar parte o recibir más información. Una vecina de Renedo de Valderaduey, sin embargo, necesitaría tarde o temprano un primer desplazamiento hasta Sahagún, cuando más cerca, ‘despertando sospechas’ en un tema que suele requerir la máxima confidencialidad.
Algo que, por otro lado, siempre garantizarán las instituciones a las que la víctima acuda. “Temen que alguien más del pueblo puedan enterarse, que salga a la luz, que no las crean.
Aunque les asegures que de estas cuatro paredes no saldrá nada, son reticentes. Muchas víctimas solicitan ayuda en otro pueblo.”, comenta la experta en prevención dela violencia de género, Chusa Dañobeitia García, trabajadora del Área de la Mujer de la Junta.
No obstante, los recursos en Sahagún ya quedarían limitados, una vez la víctima necesite, por ejemplo, apoyo psicológico u otra residencia temporal en casas de acogidas o pisos tutelados, servicios inexistentes en la comarca.
Más atenciónLas expertas consultadas coinciden en reclamar más atención al medio rural,“quien tiene la información tiene el poder, en este caso, de acabar con la lacra de los malos tratos. Se hace así imprescindible acercar la ciudad al pueblo. Facilitar las cosas a las mujeres que atraviesan por esta dramática situación”, comenta Dañobeitia .
“La sociedad rural tiene que apoyar a la víctima y no justificar al maltratador, no hay que sentir pudor por denunciar unos malos tratos, es un delito, ¿cómo es posible que todo un pueblo conozca un caso y nadie se atreve a denunciar?.
Tenemos que intervenir, involucrarnos, y eso, en los núcleos rurales todavía es una asignatura pendiente aunque nos duela reconocerlo”.
www.la-cronica.net
La falta de recursos próximos y el miedo al vacío social condicionan a la mujer maltratada que vive en núcleos pequeños, donde hay más violencia pero muchas menos denuncias.
Cristina Domínguez Sahagún
Aunque la patada duele igual en un pueblo que en una ciudad, el proceso para terminar con los abusos y humillaciones que sufren las mujeres maltratadas se hace, en el medio rural, especialmente complicado, más dramático si cabe.
El imperio del machismo consentido, el miedo al qué dirán en el pueblo, o la falta de una red completa de apoyo, acaban por desanimar a la mujer maltratada que desea romper con este particular acto de terrorismo “y la mitad no llega a finalizar el proceso agobiada por la burocracia y el ambiente general”.
Aún así, según las estadísticas de la Junta, cuatro de cada diez denuncias de malos tratos proceden del ámbito rural. Un dato significativo, que deja muy claro que la violencia machista sigue presente en nuestros pueblos aunque, a veces, ni siquiera algunas mujeres maltratadas sepan que lo están siendo.
Según Teresa López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) la violencia de género la sufren por igual las mujeres rurales que las urbanas, pero “hay una menor percepción de las mujeres rurales de que son víctimas de la violencia, y por tanto, se producen menos denuncias”.
Las palabras de López desvelan el primer obstáculo para erradicar de los pueblos el terrorismo doméstico.
Las estadísticas muestran que hay algunos grupos de población femenina –en franjas de edad superiores– que no consideran un empujón o un insulto una forma de malos tratos, o no los relacionan con este delito, aceptando el mito de la superioridad del hombre “tal y como se lo inculcaron en casa donde, muy probablemente, también hubo malos tratos” pues la violencia se pude perpetuar hasta cuatro generaciones.
Pero, también las mujeres conscientes y decididas a actuar se tendrán que enfrentar en algunos casos a la crítica del medio en el que viven, a ese medio de patriarcado que permite y calla.
“Al ser sociedades más pequeñas, donde todo el mundo se conoce, hay cierto reparo a la hora de denunciar porque piensan que el pueblo se va a poner en su contra, el trauma se acentúa”, comentan desde la Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica (Adavas).
Decidida a informarse de sus derechos, a denunciar, o a solicitar la separación de la pareja,existen ciertas ventajas en función del pueblo, pero no muchas.
Por ejemplo, una vecina de Sahagún sí tendría a su alcance, acceso directo, al Centro de Acción Social (Ceas), al Centro de Salud, Juzgado, y el cuartel de la Guardia Civil de la villa, cuatro organismos donde tramitar, dar parte o recibir más información. Una vecina de Renedo de Valderaduey, sin embargo, necesitaría tarde o temprano un primer desplazamiento hasta Sahagún, cuando más cerca, ‘despertando sospechas’ en un tema que suele requerir la máxima confidencialidad.
Algo que, por otro lado, siempre garantizarán las instituciones a las que la víctima acuda. “Temen que alguien más del pueblo puedan enterarse, que salga a la luz, que no las crean.
Aunque les asegures que de estas cuatro paredes no saldrá nada, son reticentes. Muchas víctimas solicitan ayuda en otro pueblo.”, comenta la experta en prevención dela violencia de género, Chusa Dañobeitia García, trabajadora del Área de la Mujer de la Junta.
No obstante, los recursos en Sahagún ya quedarían limitados, una vez la víctima necesite, por ejemplo, apoyo psicológico u otra residencia temporal en casas de acogidas o pisos tutelados, servicios inexistentes en la comarca.
Más atenciónLas expertas consultadas coinciden en reclamar más atención al medio rural,“quien tiene la información tiene el poder, en este caso, de acabar con la lacra de los malos tratos. Se hace así imprescindible acercar la ciudad al pueblo. Facilitar las cosas a las mujeres que atraviesan por esta dramática situación”, comenta Dañobeitia .
“La sociedad rural tiene que apoyar a la víctima y no justificar al maltratador, no hay que sentir pudor por denunciar unos malos tratos, es un delito, ¿cómo es posible que todo un pueblo conozca un caso y nadie se atreve a denunciar?.
Tenemos que intervenir, involucrarnos, y eso, en los núcleos rurales todavía es una asignatura pendiente aunque nos duela reconocerlo”.
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21 de octubre de 2008
Heridos cuatro policías por ayudar a una víctima de malos tratos
Cinco personas fueron detenidas y cuatro agentes de la Policía Foral resultaron heridos en unos incidentes registrados en Pamplona después de que los agentes trataran de auxiliar a una mujer que era agredida por un hombre.
Los detenidos fueron puestos ayer en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial.
Los sucesos tuvieron lugar a las 00.45 horas del domingo cuando una patrulla de la Policía Foral vio que, a la altura del Instituto Cuatro Vientos, en el barrio de la Rochapea, un hombre agredía a una mujer e intentaba arrastrarla en contra de su voluntad.
Los policías, que vestían el uniforme reglamentario, descendieron del vehículo y fueron a separar a la pareja, ambos de nacionalidad ecuatoriana, momento en el que comprobaron que se trataba de un caso de violencia machista, porque el agresor gritaba que se trataba de su mujer y aseguraba: «Yo hago lo que quiero».
Al ir a detenerlo, señala el Gobierno de Navarra, la propia mujer se revolvió contra los policías y los insultó y agredió para intentar evitar el arresto, por lo que se le comunicó que también iba a ser detenida, a lo que se resistió «con todas sus fuerzas».
El Gobierno de Navarra destaca que fue la propia mujer la que comenzó a gritar y a llamar a un grupo de personas, de la misma nacionalidad que la pareja, que se hallaban en la cancha del centro deportivo haciendo «botellón». Entonces, el grupo comenzó a acosar y a atacar a los policías.
EFE
www.ideal.es
Los detenidos fueron puestos ayer en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial.
Los sucesos tuvieron lugar a las 00.45 horas del domingo cuando una patrulla de la Policía Foral vio que, a la altura del Instituto Cuatro Vientos, en el barrio de la Rochapea, un hombre agredía a una mujer e intentaba arrastrarla en contra de su voluntad.
Los policías, que vestían el uniforme reglamentario, descendieron del vehículo y fueron a separar a la pareja, ambos de nacionalidad ecuatoriana, momento en el que comprobaron que se trataba de un caso de violencia machista, porque el agresor gritaba que se trataba de su mujer y aseguraba: «Yo hago lo que quiero».
Al ir a detenerlo, señala el Gobierno de Navarra, la propia mujer se revolvió contra los policías y los insultó y agredió para intentar evitar el arresto, por lo que se le comunicó que también iba a ser detenida, a lo que se resistió «con todas sus fuerzas».
El Gobierno de Navarra destaca que fue la propia mujer la que comenzó a gritar y a llamar a un grupo de personas, de la misma nacionalidad que la pareja, que se hallaban en la cancha del centro deportivo haciendo «botellón». Entonces, el grupo comenzó a acosar y a atacar a los policías.
EFE
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Chile propone fortalecer la igualdad para evitar la violencia contra la mujer
El Gobierno de Chile sostuvo hoy que debe fortalecerse la igualdad de género en América Latina y el Caribe para que se ponga fin a la violencia y la discriminación que afecta a la mujer.
La ministra de Servicio Nacional de la Mujer de Chile (Sernam), Laura Albornoz, señaló en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, que la violencia de género se funda básicamente en la desigualdad entre hombres y mujeres, construida culturalmente, y es legitimada y reproducida por la propia estructura social.
Según informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre violencia en el mundo, en el 70 por ciento de los casos de mujeres que mueren asesinadas, los homicidas son sus parejas o ex parejas.
En este contexto, la ministra recordó que en lo que va de este año, 53 mujeres han sido asesinadas en Chile y señaló que se trata de casos cuya principal expresión es la violencia en la relación de pareja.
Explicó que para tratar este tema, Santiago será sede de la XXXIV Asamblea de Ministras Delegadas de la Comisión Interamericana de la Mujer (CIM/OEA) y de la III Reunión de ministras o altas autoridades de la mujer de los Países Miembros (REMIN), entre el 10 y el 13 de noviembre próximo.
Albornoz, que postula este año a la presidencia de la CIM, explicó que éste lo conforman 34 delegadas titulares, una por cada Estado miembro, designadas por sus respectivos gobiernos y convoca además, como observadoras, a representantes de organizaciones civiles y de otros organismos multilaterales.
La CIM fue creada en 1928 y es un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo propósito es asegurar el reconocimiento de los derechos civiles y político de las mujeres.
"La igualdad de la mujer en todos los aspectos de la vida es una demanda sentida no solamente de Chile sino que de las mujeres de Uruguay, Bolivia, Perú, Brasil, México, en general de toda la región que están representadas por nosotras (las ministras) en estas instancias internacionales", añadió Albornoz.
Indicó que en la cita internacional en Santiago se debatirán temas como violencia basada en género, VIH, trata de mujeres y niños, género y justicia y el cambio climático y los desastres naturales.
Recordó que durante el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el Sernam ha implementado una sólida línea de cooperación Sur-Sur y se han suscrito Convenios de Cooperación con al menos diez mecanismos que favorecen a la mujer.
Agregó que se han realizado programas en Honduras, Guatemala, Perú, y en 2008 se materializarán iniciativas de cooperación en Haití, México, Bolivia, Paraná, Guatemala, entre otros.
"Además, se han abierto espacios de cooperación Sur-Sur con países del sur de África, Mozambique y Sudáfrica", añadió la ministra.
EFE
www.soitu.es
La ministra de Servicio Nacional de la Mujer de Chile (Sernam), Laura Albornoz, señaló en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, que la violencia de género se funda básicamente en la desigualdad entre hombres y mujeres, construida culturalmente, y es legitimada y reproducida por la propia estructura social.
Según informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre violencia en el mundo, en el 70 por ciento de los casos de mujeres que mueren asesinadas, los homicidas son sus parejas o ex parejas.
En este contexto, la ministra recordó que en lo que va de este año, 53 mujeres han sido asesinadas en Chile y señaló que se trata de casos cuya principal expresión es la violencia en la relación de pareja.
Explicó que para tratar este tema, Santiago será sede de la XXXIV Asamblea de Ministras Delegadas de la Comisión Interamericana de la Mujer (CIM/OEA) y de la III Reunión de ministras o altas autoridades de la mujer de los Países Miembros (REMIN), entre el 10 y el 13 de noviembre próximo.
Albornoz, que postula este año a la presidencia de la CIM, explicó que éste lo conforman 34 delegadas titulares, una por cada Estado miembro, designadas por sus respectivos gobiernos y convoca además, como observadoras, a representantes de organizaciones civiles y de otros organismos multilaterales.
La CIM fue creada en 1928 y es un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo propósito es asegurar el reconocimiento de los derechos civiles y político de las mujeres.
"La igualdad de la mujer en todos los aspectos de la vida es una demanda sentida no solamente de Chile sino que de las mujeres de Uruguay, Bolivia, Perú, Brasil, México, en general de toda la región que están representadas por nosotras (las ministras) en estas instancias internacionales", añadió Albornoz.
Indicó que en la cita internacional en Santiago se debatirán temas como violencia basada en género, VIH, trata de mujeres y niños, género y justicia y el cambio climático y los desastres naturales.
Recordó que durante el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el Sernam ha implementado una sólida línea de cooperación Sur-Sur y se han suscrito Convenios de Cooperación con al menos diez mecanismos que favorecen a la mujer.
Agregó que se han realizado programas en Honduras, Guatemala, Perú, y en 2008 se materializarán iniciativas de cooperación en Haití, México, Bolivia, Paraná, Guatemala, entre otros.
"Además, se han abierto espacios de cooperación Sur-Sur con países del sur de África, Mozambique y Sudáfrica", añadió la ministra.
EFE
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Muere una mujer embarazada a manos de su pareja en Jerez
Una mujer, de nacionalidad china y que se encontraba embarazada, ha muerto en su piso de Jerez de la Frontera (Cádiz) a manos de su pareja, también de origen chino.
Las seis personas que compartían la vivienda han sido detenidas, incluida el presunto autor de la muerte.
Un ciudadano de nacionalidad china, de 36 años de edad, mató presuntamente esta madrugada a su pareja, de 35 años, que se encontraba embarazada, en un piso en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Los seis ciudadanos que compartían vivienda con la fallecida, también de nacionalidad china, han sido detenidos.
Fuentes de la investigación indican que de momento todo apunta a que no existía denuncia por malos tratos por parte de la mujer.
www.cnnplus.com
Las seis personas que compartían la vivienda han sido detenidas, incluida el presunto autor de la muerte.
Un ciudadano de nacionalidad china, de 36 años de edad, mató presuntamente esta madrugada a su pareja, de 35 años, que se encontraba embarazada, en un piso en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Los seis ciudadanos que compartían vivienda con la fallecida, también de nacionalidad china, han sido detenidos.
Fuentes de la investigación indican que de momento todo apunta a que no existía denuncia por malos tratos por parte de la mujer.
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20 de octubre de 2008
Más 1.800 agentes estarán especializados a final de año en violencia machista
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha destacado que a finales de año 1.848 policías nacionales y guardias civiles estarán especializados en la lucha contra la violencia machista, a los que se sumarán los agentes de las policías autonómicas y locales.
Bibiana Aído ha inaugurado la III Jornada de Formación en Violencia de Género para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Policía Local, a la que asisten también representantes del Ministerio Fiscal y de la Abogacía, así como profesionales de atención a la víctimas.
La ministra se ha felicitado de que estas jornadas se planteen como "una cadena de intervenciones que refleja la necesidad de mantener una perspectiva global y la trascendencia de la coordinación entre las distintas actuaciones".
Ha destacado el incremento en el número de denuncias por violencia machista en un 71 por ciento entre los años 2002 y 2007, lo que, a su juicio, refleja la "confianza en el sistema" por parte de las mujeres, aunque ha reconocido que todavía existen muchos casos ocultos.
En ese sentido ha insistido en la importante labor que en este área desempeñan los policías y guardias civiles para que las mujeres denuncien, porque saben, ha dicho, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están para "informarlas, acompañarlas a ellas y a sus hijos hasta que el miedo se transforme en seguridad y las dudas e inquietudes, en tranquilidad".
Por ello, les ha instado a que "continúen avanzando por la senda del conocimiento que lleve a situar a las mujeres víctimas de la violencia en el centro de su actividad profesional".
Bibiana Aído ha resaltado los avances experimentados en estos tres años de desarrollo de la Ley Integral, aunque ha puntualizado que este tiempo aún es "demasiado corto" para ver su verdadero impacto.
Entre otros datos, ha indicado que el próximo mes de diciembre existirán en España un total de 458 juzgados especializados en violencia de género, de los cuales 366 tendrán carácter compatible y 92 serán exclusivos.
También ha hecho hincapié en que actualmente existen más de cien fiscales especializados y ha dicho que desde la entrada en vigor de la ley se han concedido más de 115.000 órdenes de protección y se han dictado casi 90.000 sentencias, de las que más del 70 por ciento fueron condenatorias.
La ministra de Igualdad ha indicado que, a pesar de los avances, "no podemos relajarnos un sólo momento, ya que aún queda mucho camino por recorrer, aunque sea mucho el camino andado", por lo que ha insistido en instar a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a seguir en la senda emprendida con "compromiso, responsabilidad y profesionalidad".
EFE. Mérida
www.heraldo.es
Bibiana Aído ha inaugurado la III Jornada de Formación en Violencia de Género para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Policía Local, a la que asisten también representantes del Ministerio Fiscal y de la Abogacía, así como profesionales de atención a la víctimas.
La ministra se ha felicitado de que estas jornadas se planteen como "una cadena de intervenciones que refleja la necesidad de mantener una perspectiva global y la trascendencia de la coordinación entre las distintas actuaciones".
Ha destacado el incremento en el número de denuncias por violencia machista en un 71 por ciento entre los años 2002 y 2007, lo que, a su juicio, refleja la "confianza en el sistema" por parte de las mujeres, aunque ha reconocido que todavía existen muchos casos ocultos.
En ese sentido ha insistido en la importante labor que en este área desempeñan los policías y guardias civiles para que las mujeres denuncien, porque saben, ha dicho, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están para "informarlas, acompañarlas a ellas y a sus hijos hasta que el miedo se transforme en seguridad y las dudas e inquietudes, en tranquilidad".
Por ello, les ha instado a que "continúen avanzando por la senda del conocimiento que lleve a situar a las mujeres víctimas de la violencia en el centro de su actividad profesional".
Bibiana Aído ha resaltado los avances experimentados en estos tres años de desarrollo de la Ley Integral, aunque ha puntualizado que este tiempo aún es "demasiado corto" para ver su verdadero impacto.
Entre otros datos, ha indicado que el próximo mes de diciembre existirán en España un total de 458 juzgados especializados en violencia de género, de los cuales 366 tendrán carácter compatible y 92 serán exclusivos.
También ha hecho hincapié en que actualmente existen más de cien fiscales especializados y ha dicho que desde la entrada en vigor de la ley se han concedido más de 115.000 órdenes de protección y se han dictado casi 90.000 sentencias, de las que más del 70 por ciento fueron condenatorias.
La ministra de Igualdad ha indicado que, a pesar de los avances, "no podemos relajarnos un sólo momento, ya que aún queda mucho camino por recorrer, aunque sea mucho el camino andado", por lo que ha insistido en instar a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a seguir en la senda emprendida con "compromiso, responsabilidad y profesionalidad".
EFE. Mérida
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Detienen a un hombre en Bilbao tras intentar tirar a su mujer por la ventana
Un hombre de 46 años de edad fue detenido en Bilbao la madrugada del día de ayer por un presunto delito de violencia de género tras intentar tirar a su mujer por la ventana.
La víctima declaró posteriormente que en otra ocasión le llegó a colocar un arma de fuego en el pecho, según informó la Policía Municipal.
La detención de J.F.V.P se produjo sobre las tres de la madrugada en el grupo Remar. Su mujer, de 33 años, explicó que, por la tarde, había estado paseando con su marido y tomando algunas consumiciones.
Al parecer, al llegar a casa su marido se encontraba ebrio y se puso agresivo, empezando a insultarla y vejarla. En un momento determinado, intentó tirar por la ventana un ordenador portatil que había comprado la mujer, pero la víctima lo evitó y, por ello, trató de lanzarla a ella, agarrándola por la pechera.
Según la mujer, no era la primera vez que se producían episodios violentos, ya que, en su país de origen, le llegó a colocar un arma de fuego en el pecho.
EUROPA PRESS
www.laopinion.es
La víctima declaró posteriormente que en otra ocasión le llegó a colocar un arma de fuego en el pecho, según informó la Policía Municipal.
La detención de J.F.V.P se produjo sobre las tres de la madrugada en el grupo Remar. Su mujer, de 33 años, explicó que, por la tarde, había estado paseando con su marido y tomando algunas consumiciones.
Al parecer, al llegar a casa su marido se encontraba ebrio y se puso agresivo, empezando a insultarla y vejarla. En un momento determinado, intentó tirar por la ventana un ordenador portatil que había comprado la mujer, pero la víctima lo evitó y, por ello, trató de lanzarla a ella, agarrándola por la pechera.
Según la mujer, no era la primera vez que se producían episodios violentos, ya que, en su país de origen, le llegó a colocar un arma de fuego en el pecho.
EUROPA PRESS
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Cinco hospitales brindarán atención a víctimas de violencia intrafamiliar
Los hospitales Barrio Obrero, Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, Nacional de Itauguá, Centro de Salud Nº 5 (Bº San Pablo) y el Centro de Emergencias Médicas trabajarán para brindar atención integral a víctimas de violencia, de manera gratuita y unificar los protocolos de atención.
Estas son propuestas a las que apunta el MSP, de manera a efectivizar y optimizar los resultados en cada procedimiento, según indicó la Dra. Concepción Giménez, encargada de Violencia y Género.
Dentro del Plan de los 100 días, el Ministerio de Salud Pública dispuso el fortalecimiento de cinco hospitales de referencia del departamento Central y Capital, para la atención integral de víctimas de violencia.
Este proyecto involucra a otras instituciones como: el Ministerio Público, Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, y Secretaría de la Juventud.
En este marco, para las 11:00 de hoy está prevista la realización de un taller, con el objetivo de unificar los protocolos existentes para la atención de las víctimas que hayan sufrido violencia intrafamiliar o sexual. El encuentro se llevará a cabo en el Viceministerio de Salud.
La intención del mismo es, además, adiestrar a los prestadores de servicios de salud en el manejo de las pruebas; enseñar el modo de efectuar la toma de muestra, de ADN, secreción de semen y el procedimiento de cómo guardarlo.
En cuanto a violencia intrafamiliar, la profesional explicó que “el resultado de los diagnósticos se dará de forma inmediata, sin mucha demora, y se le brindará una atención integral donde incluya asistencia médica, psicológica y acompañamiento con profesional jurídico sin ningún costo”.
Según un informe de la organización Women Watch, dependiente de las Naciones Unidas, los principales afectados por la violencia intrafamiliar y sexual son las mujeres y niños.
www.abc.com.py
Estas son propuestas a las que apunta el MSP, de manera a efectivizar y optimizar los resultados en cada procedimiento, según indicó la Dra. Concepción Giménez, encargada de Violencia y Género.
Dentro del Plan de los 100 días, el Ministerio de Salud Pública dispuso el fortalecimiento de cinco hospitales de referencia del departamento Central y Capital, para la atención integral de víctimas de violencia.
Este proyecto involucra a otras instituciones como: el Ministerio Público, Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, y Secretaría de la Juventud.
En este marco, para las 11:00 de hoy está prevista la realización de un taller, con el objetivo de unificar los protocolos existentes para la atención de las víctimas que hayan sufrido violencia intrafamiliar o sexual. El encuentro se llevará a cabo en el Viceministerio de Salud.
La intención del mismo es, además, adiestrar a los prestadores de servicios de salud en el manejo de las pruebas; enseñar el modo de efectuar la toma de muestra, de ADN, secreción de semen y el procedimiento de cómo guardarlo.
En cuanto a violencia intrafamiliar, la profesional explicó que “el resultado de los diagnósticos se dará de forma inmediata, sin mucha demora, y se le brindará una atención integral donde incluya asistencia médica, psicológica y acompañamiento con profesional jurídico sin ningún costo”.
Según un informe de la organización Women Watch, dependiente de las Naciones Unidas, los principales afectados por la violencia intrafamiliar y sexual son las mujeres y niños.
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Un fichero con datos íntimos de reclusos determinará si pueden tener permisos
El Ministerio del Interior cree que el sistema informático será muy útil con los maltratadores y los pederastas
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha creado una gran base de datos con informaciones íntimas y confidenciales sobre los 62.000 reclusos internos dependientes del Ministerio del Interior. El objetivo es que este fichero sirva para evitar fallos en las excarcelaciones de presos que no están listos para salir en régimen abierto y, sobre todo, para que jueces y fiscales tengan datos actualizados y en tiempo real sobre el entorno y situación personal de estos individuos. De ese modo podrán decidir sobre la vuelta a la cárcel de un interno o sobre su puesta en libertad a la espera del proceso. En el punto de mira están los pederastas y los maltratadores de mujeres.
El fichero lleva el nombre de 'Sistema Informático Social Penitenciario' (SISPE) y comenzó a funcionar el pasado 11 de octubre, después de que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ordenara su creación el 26 de septiembre. El archivo contiene información tan sensible que la Agencia de Protección de Datos, que ha dado el visto bueno a este registro, ha pedido a la Administración que proteja el fichero con medidas de seguridad de nivel alto, habida cuenta de que «manejará información de carácter personal».
La orden interna que regula el SISPE da cuenta de la cantidad y calidad de la información sobre cada interno. Además de los datos ya habituales sobre condena, reincidencia y demás, el fichero recogerá el nivel educativo (incluso motivos por los que dejó los estudios), información sobre su ambiente familiar, situación de su entorno desde que fue encarcelado o información sobre su vivienda habitual y si residía en un ambiente marginal, urbano o rural.
Pero habrá mucho más. El SISPE incluirá todos los detalles relacionados con la vida laboral de los reclusos e información muy íntima, como las enfermedades contraídas (con especial atención al sida), salud mental, discapacidades, tratamientos médicos recibidos o personas con las que el preso se relaciona habitualmente. Y también recogerá un amplio historial sobre consumo de drogas: edad de inicio, tratamiento recibido, lugar del tratamiento, tiempo de consumo o tipo de sustancias.
Las veinticuatro horas
Instituciones Penitenciarias defiende la utilidad de la base de datos para decidir qué presos pueden cumplir medidas alternativas a la cárcel en la calle, o bien acceder a la libertad condicional o a un tercer grado. Pero el departamento que dirige Mercedes Gallizo insiste en que el SISPE podrá ser especialmente útil en los casos de abusos a menores o de agresionse machistas. A partir de ahora, cualquier juez, tribunal o fiscal podrá conocer no sólo los antecedentes del detenido o preso, sino todo su historial personal y determinar, por ejemplo, si se le puede conceder el tercer grado porque no existe riesgo de reincidencia.
El programa funcionará las 24 horas del día, todos los días del año. El Ministerio del Interior tiene especial interés en que se convierta en un instrumento de primer nivel contra la violencia sexista. De hecho, todos los datos estarán a disposición de las tres grandes instituciones que luchan en España contra los malos tratos machistas: el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, la delegación del gobierno contra la violencia de género y el Sistema de Seguimiento Integral de la Violencia de Género y Doméstica de la Secretaria de Estado de Seguridad.
MELCHOR SÁIZ-PARDO
www.elcorreodigital.com
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha creado una gran base de datos con informaciones íntimas y confidenciales sobre los 62.000 reclusos internos dependientes del Ministerio del Interior. El objetivo es que este fichero sirva para evitar fallos en las excarcelaciones de presos que no están listos para salir en régimen abierto y, sobre todo, para que jueces y fiscales tengan datos actualizados y en tiempo real sobre el entorno y situación personal de estos individuos. De ese modo podrán decidir sobre la vuelta a la cárcel de un interno o sobre su puesta en libertad a la espera del proceso. En el punto de mira están los pederastas y los maltratadores de mujeres.
El fichero lleva el nombre de 'Sistema Informático Social Penitenciario' (SISPE) y comenzó a funcionar el pasado 11 de octubre, después de que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ordenara su creación el 26 de septiembre. El archivo contiene información tan sensible que la Agencia de Protección de Datos, que ha dado el visto bueno a este registro, ha pedido a la Administración que proteja el fichero con medidas de seguridad de nivel alto, habida cuenta de que «manejará información de carácter personal».
La orden interna que regula el SISPE da cuenta de la cantidad y calidad de la información sobre cada interno. Además de los datos ya habituales sobre condena, reincidencia y demás, el fichero recogerá el nivel educativo (incluso motivos por los que dejó los estudios), información sobre su ambiente familiar, situación de su entorno desde que fue encarcelado o información sobre su vivienda habitual y si residía en un ambiente marginal, urbano o rural.
Pero habrá mucho más. El SISPE incluirá todos los detalles relacionados con la vida laboral de los reclusos e información muy íntima, como las enfermedades contraídas (con especial atención al sida), salud mental, discapacidades, tratamientos médicos recibidos o personas con las que el preso se relaciona habitualmente. Y también recogerá un amplio historial sobre consumo de drogas: edad de inicio, tratamiento recibido, lugar del tratamiento, tiempo de consumo o tipo de sustancias.
Las veinticuatro horas
Instituciones Penitenciarias defiende la utilidad de la base de datos para decidir qué presos pueden cumplir medidas alternativas a la cárcel en la calle, o bien acceder a la libertad condicional o a un tercer grado. Pero el departamento que dirige Mercedes Gallizo insiste en que el SISPE podrá ser especialmente útil en los casos de abusos a menores o de agresionse machistas. A partir de ahora, cualquier juez, tribunal o fiscal podrá conocer no sólo los antecedentes del detenido o preso, sino todo su historial personal y determinar, por ejemplo, si se le puede conceder el tercer grado porque no existe riesgo de reincidencia.
El programa funcionará las 24 horas del día, todos los días del año. El Ministerio del Interior tiene especial interés en que se convierta en un instrumento de primer nivel contra la violencia sexista. De hecho, todos los datos estarán a disposición de las tres grandes instituciones que luchan en España contra los malos tratos machistas: el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, la delegación del gobierno contra la violencia de género y el Sistema de Seguimiento Integral de la Violencia de Género y Doméstica de la Secretaria de Estado de Seguridad.
MELCHOR SÁIZ-PARDO
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Inseguridad y malos tratos reciben obreros
Trabajadores de Pemex del área de vigilancia adheridos al Sindicato Petrolero de la sección 22 el cual dirige Daniel Martínez González, se encuentran laborando en espacios indignos, debido que en las casetas en donde dan seguridad a los accesos de la paraestatal y campos petroleros no cuentan con sillas, luz y agua para el uso de los obreros quienes permanecen hasta por doble jornada de 24 horas, en plena violación a la cláusula 75 del contrato colectivo del trabajo.
El grupo de obreros quienes solicitaron el anonimato, refirieron que las 14 casetas de vigilancia se encuentran en condiciones insalubres, debido que presentan goteras y filtraciones por lo que en esta temporada de lluvias, los petroleros terminan mojados.
Abundaron que las casetas de vigilancias no cuentan con luz ni con agua, lo que obliga a los empleados a no poder hacer uso de los sanitarios por lo que tienen aguantar de hacer sus necesidades fisiológicas, provocándose daños a su salud.
Por lo que la falta de agua ha obligado a los mismos trabajadores para que de manera particular, acudan a la comisión de agua para realizar la contratación de este servicio para que las instalaciones federales de Pemex cuenten con agua, aunque los gastos por el líquido tiene que ser costeado por el trabajador.
Abundaron que solo cuentan con un pequeño foco doméstico, el que funcionarios de la paraestatal pretenden alumbran grandes dimensiones de los campos petroleros, por lo que la obscuridad es utilizado por los ladrones para que puedan llevarse algunos materiales que se encuentran en el lugar, sin que el vigilante pueda hacer algo, ya que no les proporcionan lámparas de mano y tampoco tienen línea telefónica para avisar a los llamados especiales de Pemex.
MIGUEL A. RODRÍGUEZ/AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO
www.diariodelistmo.com
El grupo de obreros quienes solicitaron el anonimato, refirieron que las 14 casetas de vigilancia se encuentran en condiciones insalubres, debido que presentan goteras y filtraciones por lo que en esta temporada de lluvias, los petroleros terminan mojados.
Abundaron que las casetas de vigilancias no cuentan con luz ni con agua, lo que obliga a los empleados a no poder hacer uso de los sanitarios por lo que tienen aguantar de hacer sus necesidades fisiológicas, provocándose daños a su salud.
Por lo que la falta de agua ha obligado a los mismos trabajadores para que de manera particular, acudan a la comisión de agua para realizar la contratación de este servicio para que las instalaciones federales de Pemex cuenten con agua, aunque los gastos por el líquido tiene que ser costeado por el trabajador.
Abundaron que solo cuentan con un pequeño foco doméstico, el que funcionarios de la paraestatal pretenden alumbran grandes dimensiones de los campos petroleros, por lo que la obscuridad es utilizado por los ladrones para que puedan llevarse algunos materiales que se encuentran en el lugar, sin que el vigilante pueda hacer algo, ya que no les proporcionan lámparas de mano y tampoco tienen línea telefónica para avisar a los llamados especiales de Pemex.
MIGUEL A. RODRÍGUEZ/AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO
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Los servicios de urgencias, en alerta ante cualquier indicio de malos tratos
Los centros sanitarios juegan un importante papel en la lucha contra la violencia machista al ser, en muchas ocasiones, los lugares donde las víctimas reciben una primera atención y evaluación de daños. Por eso, en el área de Urgencias de los hospitales y centros de salud de Balears disponen de un protocolo de actuación que se pone en marcha cuando existen indicios de un posible caso de malos tratos, ya sean confirmados por la víctima o no.
Fuentes del Ib-Salut explicaron que cuando una mujer llega al servicio de Urgencias y no manifesta haber sufrido agresión alguna pero el personal sanitario sospecha de ello, se informa a la trabajadora social de su centro de salud para que le realice un seguimiento una vez que haya sido dada de alta.
Por el contrario, si la mujer -que acude sola, acompañada por un policía o en ambulancia- afirma que ha padecido malos tratos, desde Urgencias realizan una actuación exhaustiva. El personal sanitario avisa al trabajador social del centro donde está siendo atendida para que le ofrezca la posibilidad de contactar con algún familiar o persona de confianza. Se elabora un parte de lesiones que será remitido al juzgado que se encuentre de guardia. Por último, se la deriva al recurso asistencial más adecuado -que podría incluir los servicios sociales, entre otros- y se realiza un seguimiento bien desde el citado recurso, bien desde su centro de salud.
Según las mismas fuentes, en el caso de que la paciente que denuncia un maltrato -cuya identidad siempre se mantiene oculta- permaneciera ingresada en el centro hospitalario tras la primera atención, se seguiría el citado procedimiento anterior pero con una valoración social del caso más profunda dada la supuesta gravedad de lo ocurrido.
EIVISSA N. G. G.
www.diariodeibiza.es
Fuentes del Ib-Salut explicaron que cuando una mujer llega al servicio de Urgencias y no manifesta haber sufrido agresión alguna pero el personal sanitario sospecha de ello, se informa a la trabajadora social de su centro de salud para que le realice un seguimiento una vez que haya sido dada de alta.
Por el contrario, si la mujer -que acude sola, acompañada por un policía o en ambulancia- afirma que ha padecido malos tratos, desde Urgencias realizan una actuación exhaustiva. El personal sanitario avisa al trabajador social del centro donde está siendo atendida para que le ofrezca la posibilidad de contactar con algún familiar o persona de confianza. Se elabora un parte de lesiones que será remitido al juzgado que se encuentre de guardia. Por último, se la deriva al recurso asistencial más adecuado -que podría incluir los servicios sociales, entre otros- y se realiza un seguimiento bien desde el citado recurso, bien desde su centro de salud.
Según las mismas fuentes, en el caso de que la paciente que denuncia un maltrato -cuya identidad siempre se mantiene oculta- permaneciera ingresada en el centro hospitalario tras la primera atención, se seguiría el citado procedimiento anterior pero con una valoración social del caso más profunda dada la supuesta gravedad de lo ocurrido.
EIVISSA N. G. G.
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Activados 15 teléfonos móviles para víctimas de malos tratos
Es la cifra de altas en lo que va de año en el municipio del servicio de teleasistencia
El servicio de teleasistencia móvil ha activado 15 teléfonos móviles para víctimas de la violencia sexista en lo que va de año. Así lo dio a conocer ayer la concejal de Políticas de Igualdad, Rosario García, que explicó que sólo dos teléfonos han sido dados de baja porque llevaban operativos unos dos años y el estudio de ambos casos ha determinado que no son casos de riesgo.
García explicó que el servicio de teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia sexista, con la tecnología adecuada, ofrece una atención inmediata y a distancia, asegurando una respuesta rápida a las eventualidades que les puedan sobrevenir las 24 horas del día los 365 días del año y sea cual sea el lugar en que se encuentren.
"Este servicio está basado en la utilización de tecnologías de comunicación telefónica móvil y de telelocalización, y permite que las mujeres en riesgo de sufrir violencia de género puedan entrar en contacto, ante situaciones de emergencia, con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos o movilizando otros recursos humanos y materiales propios del usuario o existentes en la comunidad", explicó en una nota.
La concejal añadió que el contacto con el centro de atención puede establecerse en todo momento y desde cualquier lugar tan sólo apretando un botón y en la modalidad de manos libres. Además, el servicio permite realizar un seguimiento de cada caso.
www.europasur.es
El servicio de teleasistencia móvil ha activado 15 teléfonos móviles para víctimas de la violencia sexista en lo que va de año. Así lo dio a conocer ayer la concejal de Políticas de Igualdad, Rosario García, que explicó que sólo dos teléfonos han sido dados de baja porque llevaban operativos unos dos años y el estudio de ambos casos ha determinado que no son casos de riesgo.
García explicó que el servicio de teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia sexista, con la tecnología adecuada, ofrece una atención inmediata y a distancia, asegurando una respuesta rápida a las eventualidades que les puedan sobrevenir las 24 horas del día los 365 días del año y sea cual sea el lugar en que se encuentren.
"Este servicio está basado en la utilización de tecnologías de comunicación telefónica móvil y de telelocalización, y permite que las mujeres en riesgo de sufrir violencia de género puedan entrar en contacto, ante situaciones de emergencia, con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos o movilizando otros recursos humanos y materiales propios del usuario o existentes en la comunidad", explicó en una nota.
La concejal añadió que el contacto con el centro de atención puede establecerse en todo momento y desde cualquier lugar tan sólo apretando un botón y en la modalidad de manos libres. Además, el servicio permite realizar un seguimiento de cada caso.
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19 de octubre de 2008
Arrestado por malos tratos psíquicos a una mujer en Granadilla de Abona
Funcionarios de la Policía Local de Granadilla de Abona detuvieron recientemente a un joven, de 21 años de edad, que está acusado de un presunto delito de violencia de género, después de que su pareja lo acusara de malos tratos psicológicos.
La situación fue denunciada por la víctima ante un agente de la Unidad de Diligencias de la Oficina del cuerpo de seguridad en San Isidro durante la tarde del pasado día 14.
El servicio fue desarrollado por miembros de la Unidad de Protección e Información (Uniproin), que es la encargada de llevar a cabo las indagaciones sobre los casos relacionados con violencia sobre la mujer.
El acusado fue localizado en la calle Montaña Clara, en el populoso núcleo de San Isidro, y quedó identificado como V.M.M.M., natural del municipio sureño de Arona.
El individuo fue puesto a disposición de la autoridad judicial, según las fuentes consultadas por este periódico en la jornada de ayer.
P.F., S/C de Tenerife
www.eldia.es
La situación fue denunciada por la víctima ante un agente de la Unidad de Diligencias de la Oficina del cuerpo de seguridad en San Isidro durante la tarde del pasado día 14.
El servicio fue desarrollado por miembros de la Unidad de Protección e Información (Uniproin), que es la encargada de llevar a cabo las indagaciones sobre los casos relacionados con violencia sobre la mujer.
El acusado fue localizado en la calle Montaña Clara, en el populoso núcleo de San Isidro, y quedó identificado como V.M.M.M., natural del municipio sureño de Arona.
El individuo fue puesto a disposición de la autoridad judicial, según las fuentes consultadas por este periódico en la jornada de ayer.
P.F., S/C de Tenerife
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18 de octubre de 2008
El 13% de los condenados por violencia doméstica en el País Vasco reincide en su conducta
«Existe una sobrerrepresentación de extranjeros en este tipo de delitos»
En el hogar se dan las mayores manifestaciones de amor... pero también de violencia, y mayoritariamente contra las mujeres. Y, al menos en el País Vasco, el 13% de los agresores son reincidentes, según un estudio del Instituto Vasco de Criminología, que ha analizado las medidas judiciales adoptadas contra los 4.948 infractores juzgados durante los últimos cuatro años.
El examen de la nacionalidad de los juzgados muestra que el 23% eran extranjeros, un porcentaje muy elevado si se considera que la población extranjera apenas supera el 5% del total en Euskadi. «Existe una sobrerrepresentación de imputados extranjeros en este tipo de delitos, y se da también una especial victimización de mujeres extranjeras», concluye el informe.
El consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, subrayó, no obstante, el elevado grado de reincidencia en la violencia dentro de las familias, que es «notablemente alto», pues nada menos que 642 personas reincidieron en sus conductas violentas, al acumular dos o más denuncias.
El consejero explicó que el estudio ha desglosado las 24.157 medidas judiciales incluidas en sentencias falladas en Euskadi por todo tipo de agresiones en el hogar, incluidas las machistas y también las que se producen entre padres, hijos, abuelos o hermanos. De hecho, en una de cada cinco denuncias la víctima no fue la mujer, y en el 57% de los casos la víctima y la persona denunciada no convivían.
Cuestión cultural
Azkarraga abundó en esta cuestión y resaltó que el 10% de las agresiones fueron perpetradas protagonizadas por ex novios, lo que a su juicio refleja que «estamos ante una cuestión que es más cultural y no tanto derivada del roce que produce la convivencia».
Las medidas penales más habituales que dictan los jueces son el alejamiento (36%) y la prohibición de comunicación (29%).
El estudio también mide el tiempo de respuesta judicial, que da una media de 263 días entre la comisión del delito y la sentencia, si bien una de cada cuatro denuncias se resuelve en menos de diez días y el 50% en menos de 6 meses.
En cuatro de cada diez casos, las víctimas solicitan medidas de protección, que son concedidas de forma inmediata en el 60-70% de las ocasiones.
El informe concluye que es necesario estudiar los motivos por los que un 12,5% de las renuncias son retiradas por las víctimas, un comportamiento que Azkarraga atribuyó «a la dependencia emocional y económica y al sentimiento de culpa por ser la causa de la ruptura de la familia, así como al miedo a las represalias». iurrutia
IÑIGO URRUTIA
www.diariovasco.com
En el hogar se dan las mayores manifestaciones de amor... pero también de violencia, y mayoritariamente contra las mujeres. Y, al menos en el País Vasco, el 13% de los agresores son reincidentes, según un estudio del Instituto Vasco de Criminología, que ha analizado las medidas judiciales adoptadas contra los 4.948 infractores juzgados durante los últimos cuatro años.
El examen de la nacionalidad de los juzgados muestra que el 23% eran extranjeros, un porcentaje muy elevado si se considera que la población extranjera apenas supera el 5% del total en Euskadi. «Existe una sobrerrepresentación de imputados extranjeros en este tipo de delitos, y se da también una especial victimización de mujeres extranjeras», concluye el informe.
El consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, subrayó, no obstante, el elevado grado de reincidencia en la violencia dentro de las familias, que es «notablemente alto», pues nada menos que 642 personas reincidieron en sus conductas violentas, al acumular dos o más denuncias.
El consejero explicó que el estudio ha desglosado las 24.157 medidas judiciales incluidas en sentencias falladas en Euskadi por todo tipo de agresiones en el hogar, incluidas las machistas y también las que se producen entre padres, hijos, abuelos o hermanos. De hecho, en una de cada cinco denuncias la víctima no fue la mujer, y en el 57% de los casos la víctima y la persona denunciada no convivían.
Cuestión cultural
Azkarraga abundó en esta cuestión y resaltó que el 10% de las agresiones fueron perpetradas protagonizadas por ex novios, lo que a su juicio refleja que «estamos ante una cuestión que es más cultural y no tanto derivada del roce que produce la convivencia».
Las medidas penales más habituales que dictan los jueces son el alejamiento (36%) y la prohibición de comunicación (29%).
El estudio también mide el tiempo de respuesta judicial, que da una media de 263 días entre la comisión del delito y la sentencia, si bien una de cada cuatro denuncias se resuelve en menos de diez días y el 50% en menos de 6 meses.
En cuatro de cada diez casos, las víctimas solicitan medidas de protección, que son concedidas de forma inmediata en el 60-70% de las ocasiones.
El informe concluye que es necesario estudiar los motivos por los que un 12,5% de las renuncias son retiradas por las víctimas, un comportamiento que Azkarraga atribuyó «a la dependencia emocional y económica y al sentimiento de culpa por ser la causa de la ruptura de la familia, así como al miedo a las represalias». iurrutia
IÑIGO URRUTIA
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Ministerio de Salud fortalecerá atención a víctimas de violencia en 5 hospitales
El Ministerio de Salud Pública anunció que fortalecerá la atención a víctimas de violencia en cinco hospitales de referencia de la capital y del departamento Central. La intención es brindar atención integral gratuita y unificar los protocolos de atención que son propuestas a las que apunta la cartera estatal de manera a efectivizar y optimizar los resultados en cada procedimiento
El Barrio Obrero; el Pediátrico “Niños de Acosta Ñú”; el Nacional de Itauguá; el Servicio de Salud Nº 5 (Bº Stroessner), y el Centro de Emergencias Médicas, son los cinco hospitales que trabajarán en la atención a mujeres violentadas, según lo indicó la Dra.
Concepción Giménez, encargada de Violencia y Género. Este proyecto involucra a otras instituciones como: el Ministerio Público, Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia; Secretaría de la Juventud.El lunes 20 de octubre, a las 11:00 hs., en la subsecretaría del Ministerio de Salud Pública, está prevista la realización de un taller, con el objetivo de unificar los protocolos existentes para la atención de las víctimas que hayan sufrido violencia intrafamiliar o sexual.
La intención del mismo es además, adiestrar a los prestadores de servicios de salud en el manejo de las pruebas; enseñar el modo de efectuar la toma de muestra, de ADN, secreción de semen y el procedimiento de cómo guardarlo.
En cuanto a violencia intrafamiliar, la profesional explicó que “el resultado de los diagnósticos se dará de forma inmediata, sin mucha demora, y se le brindará una atención integral donde incluya asistencia médica, psicológica y acompañamiento con profesional jurídico sin ningún costo”.
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El Barrio Obrero; el Pediátrico “Niños de Acosta Ñú”; el Nacional de Itauguá; el Servicio de Salud Nº 5 (Bº Stroessner), y el Centro de Emergencias Médicas, son los cinco hospitales que trabajarán en la atención a mujeres violentadas, según lo indicó la Dra.
Concepción Giménez, encargada de Violencia y Género. Este proyecto involucra a otras instituciones como: el Ministerio Público, Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia; Secretaría de la Juventud.El lunes 20 de octubre, a las 11:00 hs., en la subsecretaría del Ministerio de Salud Pública, está prevista la realización de un taller, con el objetivo de unificar los protocolos existentes para la atención de las víctimas que hayan sufrido violencia intrafamiliar o sexual.
La intención del mismo es además, adiestrar a los prestadores de servicios de salud en el manejo de las pruebas; enseñar el modo de efectuar la toma de muestra, de ADN, secreción de semen y el procedimiento de cómo guardarlo.
En cuanto a violencia intrafamiliar, la profesional explicó que “el resultado de los diagnósticos se dará de forma inmediata, sin mucha demora, y se le brindará una atención integral donde incluya asistencia médica, psicológica y acompañamiento con profesional jurídico sin ningún costo”.
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Cuatro detenidos por malos tratos en Alcoy
Funcionarios de la Comisaría de Alcoy han efectuado en las últimas horas hasta cuatro detenciones por casos de maltrato, tres de los cuales eran vecinos de la ciudad y el otro, de Muro.
Las detenciones han sido prácticamente consecutivas, según las fuentes consultadas, y una vez practicadas las correspondientes diligencias, los arrestados han pasado a disposición judicial.Las fuentes policiales consultadas por este diario han señalado que en ninguno de los casos la mujer afectada sufrió daños de gravedad, tratándose en algún incidente de "maltrato sicológico".
Las referidas fuentes han hecho hincapié en que las denuncias por daño sicológico se han incrementado en los últimos tiempos en Alcoy.
Colisión y fugaPor otro lado, la Policía Local está investigando el accidente de tráfico ocurrido en la calle Alfons el Magnànim, cuando un camión chocó contra tres turismos aparcados y se dio a la fuga posteriormente. De momento, el conductor que ocasionó el siniestro no ha sido localizado.
M. C.
www.diarioinformacion.com
Las detenciones han sido prácticamente consecutivas, según las fuentes consultadas, y una vez practicadas las correspondientes diligencias, los arrestados han pasado a disposición judicial.Las fuentes policiales consultadas por este diario han señalado que en ninguno de los casos la mujer afectada sufrió daños de gravedad, tratándose en algún incidente de "maltrato sicológico".
Las referidas fuentes han hecho hincapié en que las denuncias por daño sicológico se han incrementado en los últimos tiempos en Alcoy.
Colisión y fugaPor otro lado, la Policía Local está investigando el accidente de tráfico ocurrido en la calle Alfons el Magnànim, cuando un camión chocó contra tres turismos aparcados y se dio a la fuga posteriormente. De momento, el conductor que ocasionó el siniestro no ha sido localizado.
M. C.
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17 de octubre de 2008
Govern será acusación particular en juicios penales por violencia machista
El Consell de Govern de Baleares ha acordado que el ejecutivo balear se personará como acusación particular en los juicios penales por violencia machista en los que se haya producido la muerte de la víctima o lesiones graves.
La portavoz del Govern y consellera de Trabajo Formación, Joana Barceló, ha informado hoy, tras la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos alcanzados por el Consell de Govern, de esta decisión que se ha adoptado a propuesta de la Conselleria de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración.'Es un asunto de estado que nos obliga a las administraciones a poner todos los medios para poder proteger a las víctimas de la violencia de género', ha afirmado Barceló.
El acuerdo otorga a la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, la autorización, previo informe del Institut Balear de la Dona, para notificar a la Abogacía de la Comunidad Autónoma los juicios penales por violencia contra las mujeres en los que se debe personar como acusación particular en representación del Govern.
Con este acuerdo, la posibilidad de que el Govern decidiera personarse en los procesos judiciales relativos a violencia machista se convierte en obligación siempre que se trate de malos tratos contra mujeres que tengan como resultado la muerte o lesiones graves para la víctima.
Terra Actualidad - EFE
La portavoz del Govern y consellera de Trabajo Formación, Joana Barceló, ha informado hoy, tras la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos alcanzados por el Consell de Govern, de esta decisión que se ha adoptado a propuesta de la Conselleria de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración.'Es un asunto de estado que nos obliga a las administraciones a poner todos los medios para poder proteger a las víctimas de la violencia de género', ha afirmado Barceló.
El acuerdo otorga a la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, la autorización, previo informe del Institut Balear de la Dona, para notificar a la Abogacía de la Comunidad Autónoma los juicios penales por violencia contra las mujeres en los que se debe personar como acusación particular en representación del Govern.
Con este acuerdo, la posibilidad de que el Govern decidiera personarse en los procesos judiciales relativos a violencia machista se convierte en obligación siempre que se trate de malos tratos contra mujeres que tengan como resultado la muerte o lesiones graves para la víctima.
Terra Actualidad - EFE
Dos detenidos en Murcia por sendos casos de violencia machista
Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas en el municipio de Murcia por agresiones a sus compañeras sentimentales, una en Espinardo esta madrugada, informó a EFE un portavoz de la Policía Local.
En el caso de Espinardo, los agentes fueron requeridos por la mujer a las 1,38 horas, ya que su ex marido había acudido a su domicilio para llevarse a su hijo, menor de edad, a lo que ésta se negó, por lo que "la insultó y la agarró el cuello fuertemente con ambas manos", agregó la fuente.
El agresor, que responde a las iniciales Jose Luis G.R., de 43 años, fue detenido.
En la tarde de ayer tuvo lugar otra agresión machista por otra discusión entre una pareja, tras lo que fue detenido Carlos Francisco G.M., de 42 años, ya que la mujer presentaba signos de enrojecimiento en el cuello fruto de que la había ejercido presión en el cuello con ambas manos.
Los citados hechos tuvieron lugar a las 18 horas en el carril de la Condomina, cuando una patrulla policial se cruzó con un turismo y la mujer que ocupaba el asiento del acompañante hizo gestos de necesitar auxilio.
EFE
www.murcia.com
En el caso de Espinardo, los agentes fueron requeridos por la mujer a las 1,38 horas, ya que su ex marido había acudido a su domicilio para llevarse a su hijo, menor de edad, a lo que ésta se negó, por lo que "la insultó y la agarró el cuello fuertemente con ambas manos", agregó la fuente.
El agresor, que responde a las iniciales Jose Luis G.R., de 43 años, fue detenido.
En la tarde de ayer tuvo lugar otra agresión machista por otra discusión entre una pareja, tras lo que fue detenido Carlos Francisco G.M., de 42 años, ya que la mujer presentaba signos de enrojecimiento en el cuello fruto de que la había ejercido presión en el cuello con ambas manos.
Los citados hechos tuvieron lugar a las 18 horas en el carril de la Condomina, cuando una patrulla policial se cruzó con un turismo y la mujer que ocupaba el asiento del acompañante hizo gestos de necesitar auxilio.
EFE
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Fiscalía de Cataluña pide reformas legislativas para obligar a las mujeres maltratadas a declarar contra sus agresores
La Fiscalía Superior de Cataluña pide "una reflexión profunda" sobre la necesidad de modificar el Código Penal para obligar a las mujeres maltratadas a declarar contra sus agresores para evitar que los agresores actúen con impunidad y el alto número de sentencias absolutorias.
Según explica en su memoria anual relativa a 2007, difundida hoy, el Ministerio Público catalán considera que la dispensa a no declarar como testigo al que pueden acogerse las víctimas que siguen unidas por vínculos conyugales a su agresor, "se ha convertido en un obstáculo legal para la persecución y castigo" de los maltratadores, lo que repercute negativamente en la efectividad de la Ley integral contra la violencia de género.
Los jueces de la provincia de Barcelona dictaron el año pasado 4.699 sentencias por delitos de violencia doméstica, de las que 1.976 fueron absolutorias, porque, en muchos casos, las víctimas se retractaron en el momento del juicio, bien por miedo, bien porque siguen unidas sentimentalmente a sus agresores, según avanzó hoy 'El Periódico'.
La "no aceptación de la conveniencia" de las penas de alejamiento e incomunicación genera un "elevado número" de delitos de quebrantamiento de condena, la mayoría de ellos "producido con el consentimiento e, incluso en ocasiones, a instancia de la propia víctima".
Por eso, la Fiscalía aboga por modificar el Código Penal para establecer las penas de alejamiento e incomunicación "de manera imperativa" sólo en los casos más graves que revelen una situación de riesgo futuro, y con "carácter protestativo", en los casos más leves y ocasionales.
También apuesta por que sean los Juzgados de Violencia Doméstica (VIDO) los que se hagan cargo de los quebrantamientos de condena, cuando se hayan establecido este tipo de medidas cautelares en casos de violencia doméstica, porque conocen mejor la situación y el eventual riesgo que puede correr la víctima.
Por otra parte, el Ministerio Público lamenta que la Sección Vigésima de la Audiencia de Barcelona castigue como falta las agresiones mutuas entre los miembros de una pareja y no como un delito de violencia de género al entender que no se da ninguna situación de discriminación, sumisión o desigualdad.
Los Juzgados VSM barceloneses ya han empezado a recoger esa "jurisprudencia un tanto peculiar" en agresiones mútuas de carácter leve, y la Fiscalía recurre dichas resoluciones judiciales que la Sección Vigésima desestima en base a su propia jurisprudencia.
También lamenta que la larga jornada laboral de los fiscales especializados en este tipo de delitos desanime a los fiscales a unirse voluntariamente a este servicio, "que se ha convertido en el más gravoso" y que está cubierto, en su mayor parte, por sustitutos.
www.europapress.es
Según explica en su memoria anual relativa a 2007, difundida hoy, el Ministerio Público catalán considera que la dispensa a no declarar como testigo al que pueden acogerse las víctimas que siguen unidas por vínculos conyugales a su agresor, "se ha convertido en un obstáculo legal para la persecución y castigo" de los maltratadores, lo que repercute negativamente en la efectividad de la Ley integral contra la violencia de género.
Los jueces de la provincia de Barcelona dictaron el año pasado 4.699 sentencias por delitos de violencia doméstica, de las que 1.976 fueron absolutorias, porque, en muchos casos, las víctimas se retractaron en el momento del juicio, bien por miedo, bien porque siguen unidas sentimentalmente a sus agresores, según avanzó hoy 'El Periódico'.
La "no aceptación de la conveniencia" de las penas de alejamiento e incomunicación genera un "elevado número" de delitos de quebrantamiento de condena, la mayoría de ellos "producido con el consentimiento e, incluso en ocasiones, a instancia de la propia víctima".
Por eso, la Fiscalía aboga por modificar el Código Penal para establecer las penas de alejamiento e incomunicación "de manera imperativa" sólo en los casos más graves que revelen una situación de riesgo futuro, y con "carácter protestativo", en los casos más leves y ocasionales.
También apuesta por que sean los Juzgados de Violencia Doméstica (VIDO) los que se hagan cargo de los quebrantamientos de condena, cuando se hayan establecido este tipo de medidas cautelares en casos de violencia doméstica, porque conocen mejor la situación y el eventual riesgo que puede correr la víctima.
Por otra parte, el Ministerio Público lamenta que la Sección Vigésima de la Audiencia de Barcelona castigue como falta las agresiones mutuas entre los miembros de una pareja y no como un delito de violencia de género al entender que no se da ninguna situación de discriminación, sumisión o desigualdad.
Los Juzgados VSM barceloneses ya han empezado a recoger esa "jurisprudencia un tanto peculiar" en agresiones mútuas de carácter leve, y la Fiscalía recurre dichas resoluciones judiciales que la Sección Vigésima desestima en base a su propia jurisprudencia.
También lamenta que la larga jornada laboral de los fiscales especializados en este tipo de delitos desanime a los fiscales a unirse voluntariamente a este servicio, "que se ha convertido en el más gravoso" y que está cubierto, en su mayor parte, por sustitutos.
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El CGPJ investiga posibles anomalías en el Juzgado de Violencia de Género
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una investigación al titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Huelva por posibles anomalías en su funcionamiento.
El juez Francisco Ramírez Herves ya fue investigado cuando ejerció su carrera profesional en Mellilla y Ayamonte.
Según ha podido saber ODIEL Información de Huelva, hasta tres inspectores del CGPJ se desplazaron el jueves hasta el Palacio de Justicia de Huelva para analizar la situación de este juzgado específico de violencia de género, que se puso en funcionamiento hace un año.
El CGPJ ha detectado que su titular puede ser el responsable de la pérdida de expedientes sobre casos de violencia de pareja o del retraso en el dictamen de sentencias en juicios de faltas.
Estos retrasos se habrían prolongado hasta seis meses en el tiempo.
Además, los inspectores del órgano de los jueces también investigan el trabajo que este juez desempeñó en el Juzgado de Instrucción 4, que llevaba, entre otros, los casos de violencia de género hasta que se creó el órgano específico.
En este otro juzgado, Ramírez Herves y dos funcionarios, podrían haber cometido las mismas faltas de pérdida de expedientes o retrasos injustificados en el dictamen de las sentencias.
El titular de Violencia sobre la Mujer ya fue investigado en ciudades como Melilla o Ayamonte, donde comenzó a ejercer su carrera profesional.
En Melilla, Ramírez Herves fue investigado por perder un expediente sobre un importante caso de tráfico de drogas.
En Ayamonte, donde fue titular del el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, el juez recibió al menos dos denuncias de los propios funcionarios por el mal funcionamiento del mismo. Quienes lo conocen y han trabajado con él codo con codo lo tachan de déspota.
Los tres inspectores del CGPJ estuvieron en el despacho del magistrado hasta poco antes de las dos de la tarde. Ramírez Herves tuvo que retrasar la única vista oral prevista en la mañana de ayer.
¿Juez y parte?
Los asuntos del juez Francisco Ramírez Herves, según ha podido saber este periódico, van más allá de supuestas irregularidades que investiga la Comisión Disciplinaria del CGPJ. Al parecer, según diversas fuentes, la mujer del magistrado, Susana Duque Mora, y el juez habrían incurrido en una serie de incompatibilidades judiciales que podrían ser objeto de investigación judicial.
Duque Mora, según las fuentes, ejerció de abogada en el mismo juzgado en que su marido era juez, algo que, según las mismas fuentes, sería incompatible para el ejercicio de ambas actividades, sobre todo para la del juez, aunque éste no haya firmado ninguna sentencia en la que su esposa figurara como letrada. En este punto, las fuentes consultadas señalan a un compañero del juez, otro magistrado, que habría firmado sentencias favorables a Susana Duque, conociendo la relación matrimonial entre ésta y Ramírez Herves.
El titular de Violencia sobre la Mujer de Huelva fue el encargado de estrenar este juzgado desde que se separara del Instrucción 4, donde Ramírez Herves había trabajado, y por el que se le investiga por supuestas pérdidas de expedientes. El mismo magistrado solicitó su traslado voluntario al juzgado de nueva creación, dejando, según diversas fuentes, el juzgado de salida “colapsado”. Ramírez Herves acabó la carrera de Derecho en la Universidad de Huelva en el año 1992.
Lorena Correa / M. Luque
Los subinspectores de Tributos clausuran hoy su XIV Congreso
Denuncian que Hacienda es un terreno "abonado" para los casos de 'mobbing' laboral
El presidente de la asociación de subinspectores de Tributos de España, Laureano Antolín, aprovechó el final de la intervención del presidente de la Sala de los Contencioso Administrativo del TSJA, Antonio Moreno Andrade, durante su XIV Congreso para hablar de la figura del acosador, "un auténtico psicópata".
Antolín afirmó al respecto que está probado que Hacienda, "por su estructura organizativa", es terreno abonado para el mobbing laboral. Además, quiso dejar claro que considera que ciertos colectivos del cuerpo de subinspectores "no se muestran dispuestos a modificar esas estructuras para así no perder su situación de privilegio".
Laureano Antolín dijo también que "siempre los subinspectores desarrollan un trabajo que no se nos reconoce, que se nos malpaga, lo que genera un caldo de cultivo ideal para la aparición de los casos de mobbing".
Pero antes de la intervención de Antolín, Antonio Moreno fue el introductor del tema del mobbing, no sin antes hablar sobre Derecho sancionador Tributario.Sobre el acoso laboral, Moreno Andrade definió el mobbing como el "recurso a la fuerza con resultados degradantes para el trabajador" y no dudó en afirmar que la incorporación de los políticos a cargos dentro de la administración de Justicia ha sido "un factor de riesgo para el acoso laboral".
Además manifestó que este tipo de acoso laboral tiene normalmente como fundamento la "aniquilación y sometimiento y salida forzada de la organización del propio trabajador víctima del mobbing".
Posteriormente, Salvador Viada Bardaji, fiscal del Tribunal Supremo, protagonizó una "suprema" intervención, como la calificó posteriormente Luis do Campo, del comité organizador del congreso, que versó sobre el papel del perito en procedimientos penales de inspección de tributos, que debe ser un profesional "didáctico, rápido y con coraje".
En su apasionada conferencia habló de la "crisis de credibilidad que viven a día de hoy los órganos judiciales". Su intervención la inició hablando de un dato: el 96 por ciento de las empresa españolas no son objeto de inspección "por defecto de la agencia tributaria".
En su discurso, el fiscal Viada sacó a la palestra varios casos de sentencias relacionadas con presuntos delitos económicos que han quedado impunes. Para definir la actual situación que vive la administración de justicia, la comparó con una cadena en la que es necesario que no se afloje ninguno de sus eslabones.
"En cuanto uno se afloja, se rompe la cadena".
Pero en la intervención de Salvador Viada fue el perito el auténtico protagonista y "os lo digo a vosotros, subinspectores de Hacienda, que sois potenciales peritos judiciales".Habló sobre sus deberes y de cómo debe ser un buen perito porque "el trabajo del fiscal depende de su buen trabajo por lo que debe esforzarse por ser didáctico y realizar el informe a su tiempo".
Por otra parte, hoy tendrá lugar la asamblea que reúne en Cádiz a los subinspectores de Tributos de España y la clausura del congreso que contará con la presencia, en Diputación, de destacadas autoridades de la provincia de Cádiz.
Joaquín Benítez
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/255464/los/subinspectores/tributos/clausuran/hoy/su/xiv/congreso.html
El presidente de la asociación de subinspectores de Tributos de España, Laureano Antolín, aprovechó el final de la intervención del presidente de la Sala de los Contencioso Administrativo del TSJA, Antonio Moreno Andrade, durante su XIV Congreso para hablar de la figura del acosador, "un auténtico psicópata".
Antolín afirmó al respecto que está probado que Hacienda, "por su estructura organizativa", es terreno abonado para el mobbing laboral. Además, quiso dejar claro que considera que ciertos colectivos del cuerpo de subinspectores "no se muestran dispuestos a modificar esas estructuras para así no perder su situación de privilegio".
Laureano Antolín dijo también que "siempre los subinspectores desarrollan un trabajo que no se nos reconoce, que se nos malpaga, lo que genera un caldo de cultivo ideal para la aparición de los casos de mobbing".
Pero antes de la intervención de Antolín, Antonio Moreno fue el introductor del tema del mobbing, no sin antes hablar sobre Derecho sancionador Tributario.Sobre el acoso laboral, Moreno Andrade definió el mobbing como el "recurso a la fuerza con resultados degradantes para el trabajador" y no dudó en afirmar que la incorporación de los políticos a cargos dentro de la administración de Justicia ha sido "un factor de riesgo para el acoso laboral".
Además manifestó que este tipo de acoso laboral tiene normalmente como fundamento la "aniquilación y sometimiento y salida forzada de la organización del propio trabajador víctima del mobbing".
Posteriormente, Salvador Viada Bardaji, fiscal del Tribunal Supremo, protagonizó una "suprema" intervención, como la calificó posteriormente Luis do Campo, del comité organizador del congreso, que versó sobre el papel del perito en procedimientos penales de inspección de tributos, que debe ser un profesional "didáctico, rápido y con coraje".
En su apasionada conferencia habló de la "crisis de credibilidad que viven a día de hoy los órganos judiciales". Su intervención la inició hablando de un dato: el 96 por ciento de las empresa españolas no son objeto de inspección "por defecto de la agencia tributaria".
En su discurso, el fiscal Viada sacó a la palestra varios casos de sentencias relacionadas con presuntos delitos económicos que han quedado impunes. Para definir la actual situación que vive la administración de justicia, la comparó con una cadena en la que es necesario que no se afloje ninguno de sus eslabones.
"En cuanto uno se afloja, se rompe la cadena".
Pero en la intervención de Salvador Viada fue el perito el auténtico protagonista y "os lo digo a vosotros, subinspectores de Hacienda, que sois potenciales peritos judiciales".Habló sobre sus deberes y de cómo debe ser un buen perito porque "el trabajo del fiscal depende de su buen trabajo por lo que debe esforzarse por ser didáctico y realizar el informe a su tiempo".
Por otra parte, hoy tendrá lugar la asamblea que reúne en Cádiz a los subinspectores de Tributos de España y la clausura del congreso que contará con la presencia, en Diputación, de destacadas autoridades de la provincia de Cádiz.
Joaquín Benítez
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Un hombre se enfrenta a 16 años por malos tratos y quema su vivienda
El encartado le propinó dos puñetazos en la cara a su mujer y le rompió la nariz
Un individuo se sentará hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia para responder de un presunto delito de violencia doméstica a su mujer durante cinco años.
Además, la Fiscalía Provincial de Córdoba acusa a M C. V. de impedir el acceso de la víctima al domicilio, al que prendió fuego el 10 de agosto del año pasado.
Según el fiscal, el deterioro de la convivencia provocó "frecuentes discusiones" entre la pareja, en el transcurso de las cuales le gritó expresiones como "puta, perra" o "te voy a matar".
Otras veces, le propinó bofetadas y puñetazos, aunque ella nunca se atrevió a denunciar.
La mayoría de estos episodios tenían lugar estando presentes los hijos de ambos, menores de edad.
A principios de agosto del año pasado, el procesado propinó dos puñetazos en la cara a su pareja, a consecuencia de lo cual le causó fractura de los huesos de la nariz. Días más tarde, atrancó la puerta de la vivienda y, aprovechando que la víctima no estaba en casa, apiló los muebles en las habitaciones y les prendió fuego.
Como consecuencia del incendio, el piso que habitaba el procesado y su familia quedó completamente calcinado. La reparación costó 19.600 euros.
Á. R.
www.eldiadecordoba.es
Un individuo se sentará hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia para responder de un presunto delito de violencia doméstica a su mujer durante cinco años.
Además, la Fiscalía Provincial de Córdoba acusa a M C. V. de impedir el acceso de la víctima al domicilio, al que prendió fuego el 10 de agosto del año pasado.
Según el fiscal, el deterioro de la convivencia provocó "frecuentes discusiones" entre la pareja, en el transcurso de las cuales le gritó expresiones como "puta, perra" o "te voy a matar".
Otras veces, le propinó bofetadas y puñetazos, aunque ella nunca se atrevió a denunciar.
La mayoría de estos episodios tenían lugar estando presentes los hijos de ambos, menores de edad.
A principios de agosto del año pasado, el procesado propinó dos puñetazos en la cara a su pareja, a consecuencia de lo cual le causó fractura de los huesos de la nariz. Días más tarde, atrancó la puerta de la vivienda y, aprovechando que la víctima no estaba en casa, apiló los muebles en las habitaciones y les prendió fuego.
Como consecuencia del incendio, el piso que habitaba el procesado y su familia quedó completamente calcinado. La reparación costó 19.600 euros.
Á. R.
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Miedo a denunciar
Los trabajadores panameños muy poco presentan las quejas contra sus empleadores al sentirse hostigados. El obrero puede renunciar justificadamente y luego ir a los tribunales a defender su caso.
El temor, la falta de información y el proceso legal luego de presentada la queja son los factores que contribuyen a que el trabajador panameño no denuncie el acoso laboral.
En Estados Unidos y Europa este tema se plantea en los niveles normativo y doctrinal solo desde hace 15 años. Mientras que en Panamá, las denuncias se pueden presentar ante los tribunales laborales.
En Estados Unidos y Europa este tema se plantea en los niveles normativo y doctrinal solo desde hace 15 años. Mientras que en Panamá, las denuncias se pueden presentar ante los tribunales laborales.
“El acoso laboral o el mobbing no es más lo que los panameños hemos denominado ‘velártela’. Esta discriminación puede surgir por la raza, el sexo, las condiciones sociales y gremiales”, explicó Carlos Ayala Montero, director ejecutivo de la Academia Panameña de Derecho al Trabajo.
Ayala enfatizó que en Panamá, debido a que casi no se ha tratado este problema –ni individualmente ni colectivamente–, simplemente se dejaba pasar, no hay jurisprudencia.
LEGALIDAD
“Hay muy poca jurisprudencia en Panamá sobre este asunto, es decir, que los trabajadores no tienen la costumbre de denunciar y tampoco existen los canales legales ni las instituciones adecuadas para plantear las quejas”, reiteró.
“Hay muy poca jurisprudencia en Panamá sobre este asunto, es decir, que los trabajadores no tienen la costumbre de denunciar y tampoco existen los canales legales ni las instituciones adecuadas para plantear las quejas”, reiteró.
Luego de consultar en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) se comprobó que efectivamente casi no se presentan las denuncias sobre acoso laboral.
Rodolfo Stanziola, director general de Trabajo del Mitradel, dijo que en sus oficinas muy poco se presentan este tipo de acusaciones contra el empleador.
Rodolfo Stanziola, director general de Trabajo del Mitradel, dijo que en sus oficinas muy poco se presentan este tipo de acusaciones contra el empleador.
RENUNCIA
Stanziola explicó que los trabajadores, víctimas del mobbing, pueden presentar una renuncia justificada y posteriormente presentar una demanda por acoso laboral en los tribunales laborales.
“Con tu renuncia justificada no quedas indefenso, es como el primer paso para ir a los tribunales”, añadió.
Stanziola explicó que los trabajadores, víctimas del mobbing, pueden presentar una renuncia justificada y posteriormente presentar una demanda por acoso laboral en los tribunales laborales.
“Con tu renuncia justificada no quedas indefenso, es como el primer paso para ir a los tribunales”, añadió.
En este proceso le corresponderá al obrero comprobar que fue hostigado y menospreciado mediante la presentación de testigos.
En tanto, Julia Suira, secretaria del Sindicato de la Industria Textil, recordó que en Panamá se ha avanzado un poco en proteger a los panameños contra el acoso laboral, sobre todo a la hora de negociar las convenciones colectivas. “El obrero vive temeroso y esto le causa estrés y problemas familiares”, dijo.
Manuel Vega Loo
16 de octubre de 2008
Detenido un joven de 25 años por un delito de malos tratos a su pareja en Zamora
Un joven de 25 años de edad, L.R.P., fue detenido ayer por un presunto delito de malos tratos a su pareja, con la que vivía desde hacía año y medio.
Según las declaraciones de la víctima, de 20 años, había sido objeto de malos tratos y lesiones durante su convivencia en cuatro ocasiones.
La Policía Nacional en Zamora informó que estos malos tratos consistían en bofetadas y puñetazos, además de intentos de ahogamiento.
www.icalnews.com
Según las declaraciones de la víctima, de 20 años, había sido objeto de malos tratos y lesiones durante su convivencia en cuatro ocasiones.
La Policía Nacional en Zamora informó que estos malos tratos consistían en bofetadas y puñetazos, además de intentos de ahogamiento.
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El Gobierno destinará más de 300 millones al combatir la violencia machista
El ministerio de Igualdad ha recibido un incremento del 37,19%, "significativo" teniendo en cuenta la austeridad de los Presupuestos Generales del Estado´´
El ministerio de Igualdad invertirá 28,3 millones de euros en el combate contra la violencia machista, a los que se sumarán otros 300 millones del resto de las carteras, ha informado en rueda de prensa la ministra Bibiana Aído.
En la presentación de los presupuestos de Igualdad, Aído ha detallado que la cuantía global de su ministerio ascenderá a 113,1 millones de euros, lo que representa un incremento del 37,19 por ciento con respecto a 2008.Ha recalcado, en este sentido, el incremento presupuestario "significativo" teniendo en cuenta la austeridad de los Presupuestos Generales del Estado confeccionados para el próximo año.
Por áreas, la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género tendrá 28,3 millones, un 83,7 por ciento más con relación al año anterior; el organismo autónomo del Instituto de la Mujer dispondrá de 25 millones y el de Juventud de 34,8 millones.
Dentro de este mismo capítulo, 8 millones se destinarán a campañas de sensibilización y protección de las víctimas de maltrato; 3 millones a programas de reeducación de los maltratadores y 5 millones a la adquisición de dispositivos electrónicos de control telemático para las medidas de alejamiento impuestas a los maltratadores. El resto de los ministerios aportarán 300 millones de euros a la lucha contra la violencia machista.
De esta última cuantía, Interior aportará 144 millones para la seguridad y protección de las mujeres; Trabajo invertirá 64 millones para la formación y acceso laboral de las mujeres, y Justicia gastará 42 millones en los juzgados especializados en violencia sobre la mujer.
Acompañada por la secretaria general de Políticas de Igualdad, Isabel Martínez, y el subsecretario del ministerio, Antonio Hidalgo, Aído ha informado asimismo de que la cantidad global para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres superará los 1.100 millones de euros.
En el ámbito laboral "se seguirá apoyando a las mujeres trabajadoras y emprendedoras, apostando por promocionar el acceso y la consolidación de las mujeres en el mercado laboral y en la empresa". Con ese objetivo, se invertirán cinco millones de euros en la incentivación de empleo y autoempleo de mujeres, dirigido sobre todo a las mujeres de entre 45 y 55 años, así como un millón de euros a la creación y puesta en marcha del distintivo empresarial en materia de igualdad.
EFE
El polémico proyecto de mobbing y acoso laboral sigue “durmiendo” en el Senado
A casi un año de haber logrado media sanción en Diputados, la iniciativa está “congelada” y sin tratamiento en la Cámara alta. Ante la cantidad de reclamos judiciales, especialistas afirman que resultaría conveniente regular esa figura. ¿Por qué se demora su discusión? ¿Qué dice el proyecto?
El próximo mes se cumplirá un año de la media sanción de la Cámara de Diputados al proyecto de acoso laboral y mobbing. Sin embargo, desde su elevación al Senado, la comisión de Trabajo y Previsión Social de ese cuerpo no consiguió avanzar en el tratamiento de esa iniciativa.
Las figuras de “mobbing”, acoso o violencia laboral son recientes en la Justicia argentina y surgieron de la propia doctrina de los jueces, ya que no están reguladas por ley.
Los especialistas definen el mobbing como una forma de violencia psicológica en el lugar de trabajo. Explican que un ambiente de trabajo hostil puede hacer imposible la continuación de la relación laboral.
Las empresas están siguiendo con suma atención el trámite legislativo de esta iniciativa, debido a que en los últimos tiempos vienen padeciendo en la Justicia innumerables reclamos de los trabajadores fundados en este instituto.
El proyecto en el Senado
Desde que el proyecto vino aprobado con media sanción en Diputados, la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado lo intentó tratar durante el transcurso del año pasado en siete oportunidades, de acuerdo a lo que informó a iProesional.com una fuente de la Cámara alta que pidió estricta reserva.
Sin embargo, en ninguna de ellas hubo quórum que permitiera discutir la iniciativa. Recién en la octava sesión -y con un quórum reducido de cinco senadores- la comisión logró un dictamen, pero se trató de otra iniciativa sobre mobbing proveniente de la Cámara de Senadores. Ese dictamen también incluyó al proyecto aprobado con media sanción en Diputados.
Luego, esa iniciativa dictaminada pasó a la comisión de Justicia donde nunca logró avanzar; “no hay interés” confió la misma fuente del Senado.
El tratamiento en 2008
Con el inicio del nuevo año legislativo el dictamen del proyecto caducó debido al cambio de autoridades de la comisión.
La misma fuente del Senado confió a este medio que desde que comenzaron las sesiones este año, el titular de la comisión, Gerardo Morales (UCR) intentó tratar nuevamente el proyecto en comisión en cuatro oportunidades; “sin embargo, todas fracasaron por falta de quórum”.
La fuente confió que en la última reunión de comisión, los legisladores del Frente para la Victoria indicaron que no aprobarían ningún proyecto laboral sin el “guiño” del ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
Desde el Senado indican que la parálisis es total y que alcanza no sólo a la iniciativa que pretende regular el acoso laboral, sino también a todo el paquete de reforma laboral impulsado desde Diputados por el legislador oficialista y asesor de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Recalde.
De esta forma, la iniciativa que regula las figuras de acoso y violencia laboral se encuentra en un indefinido impasse, a la espera de que el Gobierno otorgue luz verde.
Por una reglamentación
Fernando Cortes, integrante de De Diego & Asociados, indicó que resulta fundamental que el Congreso establezca qué tipo de situaciones pueden ser consideradas como mobbing o acoso moral.
El abogado indicó que, frente a la multiplicidad de reclamos judiciales originados en esta figura, las empresas necesitan un marco legal que les diga por qué se es responsable y de qué se es responsable.
No obstante, advirtió que las iniciativas deberían reforzar las potestades disciplinarias y de dirección del empleador ante el acosador: “frente a una situación de acoso, la ley debería facultar a que las empresas pudieran extinguir la relación de trabajo que las vincula con el empleado acosador por pérdida de confianza”.
De esta manera, los empleadores podrían contar con herramientas no sólo para proteger a los dependientes acosados sino también para velar por buenas condiciones en el entorno de trabajo.
Carlos Chiesa, abogado especialista en derecho laboral, destacó que el acoso y la discriminación son conductas reprochables que merecen sanción.
Sin embargo, el experto concluyó que en el proyecto en estudio en el Congreso "se acentúa la aplicación de normas de derecho común extrañas a las relaciones laborales".
Indemnidad absoluta
La mayoría de los profesionales se muestran de acuerdo en que se reglamente la figura del acoso moral en las relaciones del trabajo, aunque advierten que los términos de la iniciativa otorgan una suerte de “indemnidad o estabilidad laboral absoluta” a favor de aquellos trabajadores víctimas de una situación de acoso, que puede prestarse a abusos en detrimento de las empresas.
Así, advierten que el proyecto establece que “ningún trabajador podrá ver modificadas sus condiciones de trabajo, ni ser despedido, por denunciar ser víctima de acoso sexual o de violencia laboral”.
También enfatizan que la iniciativa detalla que “se presume, salvo prueba en contrario, que el despido o la modificación de las condiciones de trabajo del empleado, obedece a su denuncia (de acoso), cuando ocurra dentro del año subsiguiente a su denuncia”.
Además de las indemnizaciones propias de la Ley de Contrato de Trabajo, el proyecto también establece que la víctima de una situación de acoso laboral podrá cobrar indemnizaciones extratarifarias al habilitarlo a “obtener una reparación por los daños y perjuicios padecidos, de conformidad con las reglas del Código Civil”.
Excepto para el caso que el empleador acredite fehacientemente que tomó una acción inmediata y apropiada para corregir la situación, es aplicable el criterio de "solidaridad del empleador" notificado de la situación de violencia laboral o acoso sexual.
Matías Debarbieri
www.infobaeprofesional.com
El próximo mes se cumplirá un año de la media sanción de la Cámara de Diputados al proyecto de acoso laboral y mobbing. Sin embargo, desde su elevación al Senado, la comisión de Trabajo y Previsión Social de ese cuerpo no consiguió avanzar en el tratamiento de esa iniciativa.
Las figuras de “mobbing”, acoso o violencia laboral son recientes en la Justicia argentina y surgieron de la propia doctrina de los jueces, ya que no están reguladas por ley.
Los especialistas definen el mobbing como una forma de violencia psicológica en el lugar de trabajo. Explican que un ambiente de trabajo hostil puede hacer imposible la continuación de la relación laboral.
Las empresas están siguiendo con suma atención el trámite legislativo de esta iniciativa, debido a que en los últimos tiempos vienen padeciendo en la Justicia innumerables reclamos de los trabajadores fundados en este instituto.
El proyecto en el Senado
Desde que el proyecto vino aprobado con media sanción en Diputados, la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado lo intentó tratar durante el transcurso del año pasado en siete oportunidades, de acuerdo a lo que informó a iProesional.com una fuente de la Cámara alta que pidió estricta reserva.
Sin embargo, en ninguna de ellas hubo quórum que permitiera discutir la iniciativa. Recién en la octava sesión -y con un quórum reducido de cinco senadores- la comisión logró un dictamen, pero se trató de otra iniciativa sobre mobbing proveniente de la Cámara de Senadores. Ese dictamen también incluyó al proyecto aprobado con media sanción en Diputados.
Luego, esa iniciativa dictaminada pasó a la comisión de Justicia donde nunca logró avanzar; “no hay interés” confió la misma fuente del Senado.
El tratamiento en 2008
Con el inicio del nuevo año legislativo el dictamen del proyecto caducó debido al cambio de autoridades de la comisión.
La misma fuente del Senado confió a este medio que desde que comenzaron las sesiones este año, el titular de la comisión, Gerardo Morales (UCR) intentó tratar nuevamente el proyecto en comisión en cuatro oportunidades; “sin embargo, todas fracasaron por falta de quórum”.
La fuente confió que en la última reunión de comisión, los legisladores del Frente para la Victoria indicaron que no aprobarían ningún proyecto laboral sin el “guiño” del ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
Desde el Senado indican que la parálisis es total y que alcanza no sólo a la iniciativa que pretende regular el acoso laboral, sino también a todo el paquete de reforma laboral impulsado desde Diputados por el legislador oficialista y asesor de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Recalde.
De esta forma, la iniciativa que regula las figuras de acoso y violencia laboral se encuentra en un indefinido impasse, a la espera de que el Gobierno otorgue luz verde.
Por una reglamentación
Fernando Cortes, integrante de De Diego & Asociados, indicó que resulta fundamental que el Congreso establezca qué tipo de situaciones pueden ser consideradas como mobbing o acoso moral.
El abogado indicó que, frente a la multiplicidad de reclamos judiciales originados en esta figura, las empresas necesitan un marco legal que les diga por qué se es responsable y de qué se es responsable.
No obstante, advirtió que las iniciativas deberían reforzar las potestades disciplinarias y de dirección del empleador ante el acosador: “frente a una situación de acoso, la ley debería facultar a que las empresas pudieran extinguir la relación de trabajo que las vincula con el empleado acosador por pérdida de confianza”.
De esta manera, los empleadores podrían contar con herramientas no sólo para proteger a los dependientes acosados sino también para velar por buenas condiciones en el entorno de trabajo.
Carlos Chiesa, abogado especialista en derecho laboral, destacó que el acoso y la discriminación son conductas reprochables que merecen sanción.
Sin embargo, el experto concluyó que en el proyecto en estudio en el Congreso "se acentúa la aplicación de normas de derecho común extrañas a las relaciones laborales".
Indemnidad absoluta
La mayoría de los profesionales se muestran de acuerdo en que se reglamente la figura del acoso moral en las relaciones del trabajo, aunque advierten que los términos de la iniciativa otorgan una suerte de “indemnidad o estabilidad laboral absoluta” a favor de aquellos trabajadores víctimas de una situación de acoso, que puede prestarse a abusos en detrimento de las empresas.
Así, advierten que el proyecto establece que “ningún trabajador podrá ver modificadas sus condiciones de trabajo, ni ser despedido, por denunciar ser víctima de acoso sexual o de violencia laboral”.
También enfatizan que la iniciativa detalla que “se presume, salvo prueba en contrario, que el despido o la modificación de las condiciones de trabajo del empleado, obedece a su denuncia (de acoso), cuando ocurra dentro del año subsiguiente a su denuncia”.
Además de las indemnizaciones propias de la Ley de Contrato de Trabajo, el proyecto también establece que la víctima de una situación de acoso laboral podrá cobrar indemnizaciones extratarifarias al habilitarlo a “obtener una reparación por los daños y perjuicios padecidos, de conformidad con las reglas del Código Civil”.
Excepto para el caso que el empleador acredite fehacientemente que tomó una acción inmediata y apropiada para corregir la situación, es aplicable el criterio de "solidaridad del empleador" notificado de la situación de violencia laboral o acoso sexual.
Matías Debarbieri
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Detenidas dos personas en La Línea por malos tratos, uno contra la madre y otro contra su pareja
Agentes de la Policía Nacional detuvieron en La Línea de la Concepción (Cádiz) a dos personas por un presunto delito de malos tratos, uno de ellos con 50 años por presuntamente maltratar a su madre de 82 años y otro de 21 por hacerlo contra su pareja, según informó la Comisaría en un comunicado.
El primero de los detenidos fue S.Y.P., de 50 años, que fue denunciado por maltratar constantemente a sus padres con el fin de exigirles dinero para adquirir sustancias estupefacientes, de las que es adicto.
Así, dado que en esta ocasión se encontraba extremadamente violento, su hermana llamó a la Policía, que al llegar observó como se encontraba en la acera con su madre y, al ver el patrullero, dio un fuerte empujón a la anciana que cayó sobre un conche estacionado. Posteriormente, al intentar detenerlo, interpuso a su madre entre él y los agentes, logrando por fin reducirlo y trasladarlo a Comisaría donde quedó detenido hasta ser pasado a disposición judicial.
Por otra parte, los agentes de la Policía también detuvieron a M.C.N., de 21 años, como presunto autor de un delito de malos tratos en ámbito familiar.
Según una denuncia presentada, el detenido golpeaba con frecuencia a su pareja sentimental, por lo que tras denunciarlo la mujer, los funcionarios del Servicio de Atención a la Familia procedieron a su detención.
www.europapress.es
El primero de los detenidos fue S.Y.P., de 50 años, que fue denunciado por maltratar constantemente a sus padres con el fin de exigirles dinero para adquirir sustancias estupefacientes, de las que es adicto.
Así, dado que en esta ocasión se encontraba extremadamente violento, su hermana llamó a la Policía, que al llegar observó como se encontraba en la acera con su madre y, al ver el patrullero, dio un fuerte empujón a la anciana que cayó sobre un conche estacionado. Posteriormente, al intentar detenerlo, interpuso a su madre entre él y los agentes, logrando por fin reducirlo y trasladarlo a Comisaría donde quedó detenido hasta ser pasado a disposición judicial.
Por otra parte, los agentes de la Policía también detuvieron a M.C.N., de 21 años, como presunto autor de un delito de malos tratos en ámbito familiar.
Según una denuncia presentada, el detenido golpeaba con frecuencia a su pareja sentimental, por lo que tras denunciarlo la mujer, los funcionarios del Servicio de Atención a la Familia procedieron a su detención.
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El Congreso insta al Gobierno a crear más juzgados especializados en violencia machista
La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad una iniciativa del BNG que insta al Gobierno a intensificar, en coordinación con las comunidades autónomas, la creación de juzgados especializados en violencia machista en función de las necesidades que se detecten.
La proposición, presentada por la diputada Olaia Fernández, insistía en la necesidad de crear más juzgados especializados, «como en el caso de Galicia, que está muy justificado», según afirmó. También aborda la formación del personal jurídico dedicado a este asunto y la coordinación entre estos juzgados y los cuerpos de seguridad del Estado.
Esta aprobación se produjo un día después de que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, rechazara en el Senado la creación de nuevos juzgados de violencia doméstica en Ourense, Lugo y Ferrol.
A. Posilio
www.lavozdegalicia.es
La proposición, presentada por la diputada Olaia Fernández, insistía en la necesidad de crear más juzgados especializados, «como en el caso de Galicia, que está muy justificado», según afirmó. También aborda la formación del personal jurídico dedicado a este asunto y la coordinación entre estos juzgados y los cuerpos de seguridad del Estado.
Esta aprobación se produjo un día después de que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, rechazara en el Senado la creación de nuevos juzgados de violencia doméstica en Ourense, Lugo y Ferrol.
A. Posilio
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La fiscalía aboga por obligar a las víctimas de malos tratos a declarar
*Sugiere que en los casos de agresión se suspenda el derecho de no testificar contra la propia pareja
*La memoria del ministerio público destaca que muchas afectadas rompen la orden de alejamiento
Cinco mujeres murieron en la provincia de Barcelona en el 2007 a manos de su pareja. 72 en toda España. Es un problema (lacra, dicen a menudo los medios de comunicación) en el que la cadena de contramedidas adoptadas (campañas institucionales, órdenes de alejamiento, etcétera...) ha resultado inesperadamente ineficaz. La última edición de la memoria de la Fiscalía Superior de Catalunya, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, repasa desde ángulos inéditos y extrapolables al conjunto de España la violencia sexista en la provincia de Barcelona.
Retrata, como es obvio, al maltratador, pero, por sorprendente, destaca el hecho de que analiza la responsabilidad de muchas mujeres en la absolución judicial de sus agresores. Por ello, sugiere una reforma legal que impida a las maltratadas acogerse a la actual dispensa de no declarar contra su pareja en caso de agresión.
En cifras, la situación es la siguiente. Murieron en la provincia de Barcelona cinco mujeres. Son la punta del iceberg de las 4.776 detenciones que a lo largo de ese año se practicaron por violencia sexista. Lo singular del caso es que de las 4.699 sentencias que se dictaron en el 2007, 1.976 fueron absolutorias. ¿Casos sin fundamento? No. La memoria de la fiscalía subraya que la retractación de la víctima está detrás de muchos de esos juicios sin sentencia condenatoria.
El miedo puede ser, claro, una causa de peso para retractarse. Pero da a entender la fiscalía que no es la única. Basta con echar un ojo al capítulo dedicado a la desobediencia de las órdenes de alejamiento impuestas a los agresores. La cifra es importante. "La no aceptación por parte de las víctimas de la conveniencia de esta pena ha generado la comisión de un elevado número de delitos de ruptura (desobediencia de una orden judicial), la mayoría de ellos producidos con el consentimiento y, en ocasiones, a instancias de la propia víctima", afirma la memoria presentada en el Parlament.
A raíz de esa constatación, la fiscalía catalana consideran que sería oportuno replantear en qué supuestos se debe aplicar una orden de alejamiento. Debería reservase --entienden-- "solo a los supuestos de violencia grave que revelen la existencia de una verdadera situación de riesgo en el futuro".
El conflicto radica, por lo tanto, en determinar cuándo una riña doméstica cruza la línea de la violencia sexista. No define la memoria esa imprecisa línea, pero sí subraya, en cualquier caso, la sorpresa que le ocasiona la "jurisprudencia un tanto particular" que practica la sección número 20 de la Audiencia de Barcelona, que se resiste a ver delito en las agresiones mutuas entre los miembros de una pareja, al entender que no existe una situación de "discriminación, sumisión o desigualdad".
REFLEXIÓN PROFUNDA
La conclusión final de la fiscalía es que el problema de la violencia sexista sigue enquistado en la sociedad española y que, en consecuencia, alguna reforma legal podría tal vez mejorar la situación.
"Requiere una reflexión profunda el mantenimiento de la dispensa en la obligación de declarar como testigo a las víctimas unidas por vínculos conyugales con el agresor, que se ha convertido en un obstáculo legal para la persecución y castigo de numerosas conductas", afirma. El servicio permanente de Santa Coloma de Gramenet alerta, sin embargo, del abuso de elevar a categoría de delito "ciertos hechos de escasa gravedad".
En cualquier caso, sería equivocado dar a entender que la memoria de la fiscalía pone el foco solo en las víctimas como culpables y no en los agresores. Sobre estos, presenta una interesante radiografía. Ni el consumo de alcohol, ni el abuso de drogas ni una dolencia mental que altere la personalidad está detrás de la mayoría de las agresiones. Los agresores --destaca la memoria-- "consideran a la mujer como un ser sujeto a la sumisión al hombre".La mitad (49%) son españoles. El 31% proceden de Latinoamérica, el 9% del Magreb, un 4% de países del Este, un 3% son comunitarios y solo el restante 4% proceden del África subsahariana o de Oriente. Las edades es otro aspecto en el que hace hincapié el balance anual. La mayoría de los agresores tiene entre 30 y 40 años, Apenas los hay de más de 60 y, en cambio, "hay que hacer mención a un cierto número de agresores menores de 20 años".
JESÚS G. ALBALAT
www.elperiodico.com
*La memoria del ministerio público destaca que muchas afectadas rompen la orden de alejamiento
Cinco mujeres murieron en la provincia de Barcelona en el 2007 a manos de su pareja. 72 en toda España. Es un problema (lacra, dicen a menudo los medios de comunicación) en el que la cadena de contramedidas adoptadas (campañas institucionales, órdenes de alejamiento, etcétera...) ha resultado inesperadamente ineficaz. La última edición de la memoria de la Fiscalía Superior de Catalunya, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, repasa desde ángulos inéditos y extrapolables al conjunto de España la violencia sexista en la provincia de Barcelona.
Retrata, como es obvio, al maltratador, pero, por sorprendente, destaca el hecho de que analiza la responsabilidad de muchas mujeres en la absolución judicial de sus agresores. Por ello, sugiere una reforma legal que impida a las maltratadas acogerse a la actual dispensa de no declarar contra su pareja en caso de agresión.
En cifras, la situación es la siguiente. Murieron en la provincia de Barcelona cinco mujeres. Son la punta del iceberg de las 4.776 detenciones que a lo largo de ese año se practicaron por violencia sexista. Lo singular del caso es que de las 4.699 sentencias que se dictaron en el 2007, 1.976 fueron absolutorias. ¿Casos sin fundamento? No. La memoria de la fiscalía subraya que la retractación de la víctima está detrás de muchos de esos juicios sin sentencia condenatoria.
El miedo puede ser, claro, una causa de peso para retractarse. Pero da a entender la fiscalía que no es la única. Basta con echar un ojo al capítulo dedicado a la desobediencia de las órdenes de alejamiento impuestas a los agresores. La cifra es importante. "La no aceptación por parte de las víctimas de la conveniencia de esta pena ha generado la comisión de un elevado número de delitos de ruptura (desobediencia de una orden judicial), la mayoría de ellos producidos con el consentimiento y, en ocasiones, a instancias de la propia víctima", afirma la memoria presentada en el Parlament.
A raíz de esa constatación, la fiscalía catalana consideran que sería oportuno replantear en qué supuestos se debe aplicar una orden de alejamiento. Debería reservase --entienden-- "solo a los supuestos de violencia grave que revelen la existencia de una verdadera situación de riesgo en el futuro".
El conflicto radica, por lo tanto, en determinar cuándo una riña doméstica cruza la línea de la violencia sexista. No define la memoria esa imprecisa línea, pero sí subraya, en cualquier caso, la sorpresa que le ocasiona la "jurisprudencia un tanto particular" que practica la sección número 20 de la Audiencia de Barcelona, que se resiste a ver delito en las agresiones mutuas entre los miembros de una pareja, al entender que no existe una situación de "discriminación, sumisión o desigualdad".
REFLEXIÓN PROFUNDA
La conclusión final de la fiscalía es que el problema de la violencia sexista sigue enquistado en la sociedad española y que, en consecuencia, alguna reforma legal podría tal vez mejorar la situación.
"Requiere una reflexión profunda el mantenimiento de la dispensa en la obligación de declarar como testigo a las víctimas unidas por vínculos conyugales con el agresor, que se ha convertido en un obstáculo legal para la persecución y castigo de numerosas conductas", afirma. El servicio permanente de Santa Coloma de Gramenet alerta, sin embargo, del abuso de elevar a categoría de delito "ciertos hechos de escasa gravedad".
En cualquier caso, sería equivocado dar a entender que la memoria de la fiscalía pone el foco solo en las víctimas como culpables y no en los agresores. Sobre estos, presenta una interesante radiografía. Ni el consumo de alcohol, ni el abuso de drogas ni una dolencia mental que altere la personalidad está detrás de la mayoría de las agresiones. Los agresores --destaca la memoria-- "consideran a la mujer como un ser sujeto a la sumisión al hombre".La mitad (49%) son españoles. El 31% proceden de Latinoamérica, el 9% del Magreb, un 4% de países del Este, un 3% son comunitarios y solo el restante 4% proceden del África subsahariana o de Oriente. Las edades es otro aspecto en el que hace hincapié el balance anual. La mayoría de los agresores tiene entre 30 y 40 años, Apenas los hay de más de 60 y, en cambio, "hay que hacer mención a un cierto número de agresores menores de 20 años".
JESÚS G. ALBALAT
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Abren juicio oral contra el agresor del profesor Neira por malos tratos
La jueza Sara Carrión de Castro, titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Aranjuez, especializado en violencia contra la mujer, ha abierto juicio oral contra Antonio Puerta por un presunto delito de maltrato contra Violeta Santander, la mujer a la que defendió el profesor Jesús Neira el pasado 2 de agosto.
El procedimiento judicial contra Puerta se inició a instancias de la Fiscalía de Madrid y de la Abogacía del Estado. El agresor de Neira cumple prisión preventiva desde el pasado 13 de agosto por un delito de intento de homicidio.
En el auto de apertura de juicio oral, la magistrada da traslado a las partes personadas para que en el plazo de diez días informen sobre su escrito de acusación. Una vez que lleguen las conclusiones provisionales, la jueza derivará el caso a un juzgado de lo Penal de Getafe, para que enjuicie los hechos.
«Saluda con los labios»
Mientras tanto, la mejoría del profesor Jesús Neira Rodríguez sigue adelante. Si el pasado lunes salió del coma, ayer, se encontraba un poco mejor, según explicó a ABC su esposa, María Isabel Cepeda.
Mientras tanto, la mejoría del profesor Jesús Neira Rodríguez sigue adelante. Si el pasado lunes salió del coma, ayer, se encontraba un poco mejor, según explicó a ABC su esposa, María Isabel Cepeda.
«Está más reactivo. Con los labios les daba los buenos días a los médicos, llamándoles por su nombre», indicó Cepeda. «Esta mañana [por ayer por la mañana] ha estado un par de horas sin el respirador, sólo con el oxígeno».
Incluso ha habido algún momento para una anécdota. «Cuando estaba con él, le he dicho: «Anda, no me ha dado tiempo a traerte la prensa, porque has salido en la prensa». Y ha puesto cara de estupor», señaló María Isabel Cepeda.
La situación médica de Jesús Neira sigue siendo grave, hospitalizado en la Unidad de Cuidados Posquirúrgicos del nuevo Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda. El lunes por la tarde recibió por la tarde la visita de sus dos hijos y de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.
EP / C.H
Aumenta violencia contra las mujeres
La violencia en contra de las mujeres va en aumento en la entidad: Norma Alicia Popoca Sotelo. Foto: Froylán Trujillo / El Sol de Cuernavaca
Inicia Instituto de la Mujer campaña de protección
La violencia en contra de las mujeres va en aumento en la entidad, luego de reconocer que 5 de cada 10 mujeres son víctimas de algún tipo de agresión, ya sea física, sexual, laboral, familiar y hasta social, reconoció la directora del Instituto de la Mujer, Norma Alícia Popoca Sotelo, quien al presentar la campaña para erradicar estas conductas ilícitas exhortó a la Procuraduría General de Justicia a aclarar los 15 feminicidios que faltan por resolver, de los 28 perpetrados en lo que va del año.
De forma conjunta con Martha Patricia Frranco Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Equidad y Género en el Congreso Local y quien participará en la difusión de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se presentaron las estadísticas en las cuales se basará dicha campaña preventiva en los 33 municipios.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones entre los Hogares 2006, se revela que la violencia contra las mujeres perpetrada por la pareja alcanzó un 42.3 por ciento a nivel nacional, con porcentajes que van del 54.1 en el Estado de México; 33.7 por ciento en Coahuila y 45.4 por ciento en Morelos.
Y es que se dijo, hasta hace tres años y de acuerdo con las estadísticas aplicadas en ese entonces, 6 de cada 10 mujeres eran víctimas de algún tipo de violencia, situación que hoy día ha cambiado, al ser sólo 4.5 de cada 10, situación que no satisface a nadie, por lo que se sigue trabajando para avanzar cada vez más en la disminución de los porcentajes.
Por cuanto hace al ámbito laboral, se dijo que el porcentaje de mujeres que refirió haber sido víctima de algún tipo de acoso, hostigamiento laboral o abuso sexual, es del 29.9 por ciento, de tal suerte que Morelos registra un 30.1 por ciento, es decir, que está por arriba de la media nacional.
La funcionaria exhortó a las mujeres que trabajan a que denuncien cualquier tipo de situación irregular, para lo cual exhortó a diferenciar entre lo que es el acoso y el hostigamiento sexual, del que dijo, el primero se da entre los compañeros que hacen igual función y el segundo es el que sucede de un jefe hacia un subordinado.
Respecto al ámbito de la escuela, la directora del Instituto de la Mujer citó que aquí se registra un 15.6 por ciento de afectación entre las féminas, ya sea por discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexual en los colegios a nivel nacional, en tanto en el estado se tiene un 17.1 por ciento, otra vez con indicadores de tipo superior.
En el noviazgo y de acuerdo con la encuesta que realizó el Instituto Mexicano de la Juventud, se refleja un 15.7 por ciento de personas víctimas de violencia, es decir, arañazos, empujones y otros, entre jóvenes de 15 a 24 años, siendo los hombres los más afectados en este aspecto.El 75.8 por ciento sufrió de agresiones psicológicas, siendo las mujeres las más afectadas en este tenor, en tanto que en materia de violencia física se dio a conocer que los porcentajes pasaron del 48 por ciento que se tenía al 32.1 por ciento, donde los problemas más comunes son las bofetadas, golpes con objeto y otros, incluyendo hasta el estrangulamiento y el homicidio.
Sobre el tema de los feminicidios, la directora del organismo refirió que de acuerdo con cifras de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexales de la PGJ, durante el 2008 se tienen reportadas 28 muertes, de las cuales sólo han sido resueltas 15, en tanto que en un panorama general, del 2001 al 2008 se registraron 82 homicidios, quedando por resolver sólo 20.
Ante ello, se hizo un llamado a las autoridades de procuración de justicia, a fin de que las mismas no desatiendan estos casos y den con los responsables de haber lastimado al sector femenino en la entidad.
Si bien se dijo que hay cifras interesantes y muchas más en aumento en materia de violencia, también se indicó que ello obedece a que hay más conocimiento de las personas para denunciar, sumado a que no se ha logrado de fondo un cambio cultural que incida en la participación de toda la familia para prevenir este tipo de conductas antisociales.
Mónica González
Los protocolos contra la violencia de género se adaptan a las comarcas
La primera sesión del curso tuvo lugar ayer en la Escuela de Enfermería de Huesca. víctor ibáñez
Personal sanitario, jurídico y policial participa en un curso en la Escuela de Enfermería de Huesca
El Instituto Aragonés de Administración Pública, el Instituto Aragonés de la Mujer y el Servicio Aragonés de Salud colaboran en la organización del curso `Prevención, detección y atención a las mujeres víctimas de violencia en los ámbitos sanitario, social, jurídico y de protección`. Las sesiones comenzaron ayer en la Escuela de Enfermería de Huesca y continúan hoy y el próximo 27 de octubre.
Asunción Cisneros, responsable de Formación en Violencia de Género de la Dirección-Gerencia del Salud, explicó a este periódico que `el curso va dirigido por un lado a profesionales del sistema sanitario, a Servicios Sociales de Base, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y también a los Juzgados y a alguna asociación que trabaje el tema de mujer`.
El Instituto Aragonés de Administración Pública tiene una oferta continuada, según la que se adjudica una serie de cursos a los distintos departamentos del Gobierno de Aragón. Junto con el Salud y el IAM ofertan una serie de programas descentralizados que trabajan el tema de la violencia de género.
Un primer curso, de sensibilización, se dirige a todos los colectivos que tienen algo que decir en este problema. Terminado este programa, se invita a que dos miembros de cada colectivo participante se unan voluntariamente a un grupo de trabajo que se crea para elaborar un protocolo de actuación en la comarca o zona donde se ha dado el curso. Este plan `no es otra cosa que aplicar los distintos protocolos que tienen las instituciones a la realidad de Huesca`, manifestó Cisneros. Cuando el grupo se forma, el sistema sanitario oferta a los centros de salud ubicados en la zona de trabajo un curso para todo su personal. El objetivo es `que los profesionales que tienen algo que aportar trabajen para que las mujeres que sufren violencia de género estén bien atendidas, tengan a su disposición un protocolo de actuación común y con todos los profesionales de la zona formados`, añadió.
El sistema se conoce como `de la comarcalización a la atención integral`, y se adecúa a la organización de la Comunidad. `Puesto que en Aragón tenemos una estructura avalada por los sistemas políticos y la estructura regional de lo que son las comarcas, queremos que los protocolos de actuación también sean comarcales, es decir, que se adapten a la realidad de la comarca, y si surge una serie de necesidades, haya pactos entre las instituciones`.
Algo tan sencillo como conseguir que un taxista se implique en el programa para trasladar a las mujeres fuera de su comarca puede resultar crucial para que éste sea operativo. `Se trata de acercar unos recursos que a veces no son los más caros, sino mecanismos sencillos de coordinación`.
EL EJEMPLO DE FUENLABRADA
Los profesores que imparten el curso, coordinado por Lucía Henar, componen un equipo multidisciplinar. `Contamos sobre todo con sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales y del sistema sanitario`, explica la responsable de formación. Algunos de ellos emplean como ejemplo el llamado `Modelo de Fuenlabrada`, una experiencia pionera que lleva años funcionando con éxito.
En esta ocasión no estará presente el jefe de Policía de esta localidad. En su lugar participarán una trabajadora social y la responsable municipal del protocolo de esta ciudad madrileña. `Procuramos que el personal, además de multidisciplinar, tenga reconocido prestigio, esté formado en un modelo adecuado al mensaje que lanzamos`, aclara Cisneros. El curso está acreditado por la Comisión de Formación Continuada, que considera que se ajusta a los objetivos marcados y a la realidad.
El contenido no es nuevo. Sus precedentes son los programas promovidos por los Servicios Sociales de Base, pero en este caso el objetivo inmediato es crear un grupo de trabajo que arranque el protocolo de actuación. `Se trata de que distintos departamentos se pongan de acuerdo para facilitar que los profesionales acudan, y sobre todo, las propias fuerzas de seguridad del estado, que son los que muchas veces se encuentran con la llamada los primeros`.
Veinticuatro personas participan en la convocatoria. `Que los profesionales se esfuercen para asistir a las clases, sacrificando su tiempo, es algo que hay que valorar`, destaca Cisneros. El programa tiene mucho que ver con las actitudes. `Lo primero que se trabaja es el concepto de género, por qué se producen los machismos, por qué hay mujeres que aguantan y por qué hay hombres que consideran que pegar a su mujer es lo normal`, concluye.
Sara CIRIA
707 vallisoletanas piden ayuda en el 016 en un año
La provincia se sitúa lejos de Madrid, Barcelona o Valencia.
Es la que más llamadas registró en Castilla y León, donde hubo 2.954.
Es la que más llamadas registró en Castilla y León, donde hubo 2.954.
Dos vallisoletanas al día pidieron ayuda en el teléfono de asistencia para víctimas de malos tratos, 016, desde septiembre de 2007 hasta el pasado mes de agosto. Puede parecer poco, pero el total, 707, es el número más alto de todas las provincias de Castilla y León. También se sitúa por encima de otras provincias como Huelva, Jaén, Ciudad Real oGirona aunque lejos de Madrid y Barcelona.
La mayoría de estas llamadas las realiza la propia víctima, en un 80% de los casos (572 llamadas), aunque también cogen el teléfono para denunciar o solicitar consejo familiares y personas allegadas, en un 15%.
La mayoría de estas llamadas las realiza la propia víctima, en un 80% de los casos (572 llamadas), aunque también cogen el teléfono para denunciar o solicitar consejo familiares y personas allegadas, en un 15%.
Por meses, el que más movimiento registró desde que comenzó este servicio fue marzo, con 79 llamadas, más de dos al día, seguido de abril y julio del mismo año.
Sin embargo, cuando se habla de la Comunidad, en la que hubo 2.954 llamadas en el mismo periodo de tiempo, el mes con más actividad es diciembre de 2007, con 299 conversaciones telefónicas.
Sin embargo, cuando se habla de la Comunidad, en la que hubo 2.954 llamadas en el mismo periodo de tiempo, el mes con más actividad es diciembre de 2007, con 299 conversaciones telefónicas.
Detenidos
En lo que va de año, 54 hombres han sido detenidos en la provincia acusados de un delito de violencia de género. Los dos últimos ocurrieron el martes en Tordesillas y Peñafiel. Además, muchos se atrevían a pegar a sus parejas en plena calle.
En el mismo tiempo, tres mujeres han muerto a manos de sus parejas. La primera falleció tras ser disparada por su ex marido en Huerta del Rey el 6 de febrero. Las otras dos muertes se han registrado en septiembre en Parquesol y en Pedrajas de San Esteban.
Rocío Mielgo. Presidenta de la Asociación de Víctimas de malos tratos
1 ¿Cuántas mujeres se han acercado a su asociación?
En lo que va de año hemos abierto 150 expedientes nuevos. Si hablamos de llamadas, la cifra se multiplica por cinco.
2 ¿Cuál es la pregunta más común?
Muchas tienen dudas sobre lo que es violencia de género y no saben identificar qué les pasa. Hay que tener en cuenta que en muchos casos la violencia es psicológica, y esa es más difícil de aceptar, demostrar y ver. El maltratador trabaja con su víctima para someterla y al final hacerla creer que todo es culpa suya.
3 ¿Se trabaja diferente si el maltrato es psicológico o físico?
Las dos cosas son lo mismo porque buscan un mismo fin, dominar. Hay casos en los que el maltrato psicológico es tan fuerte que no hace falta pasar a la violencia física. El peligro para su vida puede ser muy real en ambas situaciones y cuando es mayor es en el momento en el que la mujer decide romper con el maltrato.
4 ¿Ha aumentado la concienciación social con el problema?
Hay una evolución, todos saben que hay que poner un granito de arena, pero no hay rechazo al maltratador, sobre todo por sus personas cercanas. Muchas veces la familia en lugar de ayudar a la víctima se convierte en maltratadora.
5 ¿Hay suficiente protección de las víctimas?
No, es insuficiente. Los policías que trabajan con ellas están con varias a la vez y nunca se sabe dónde puede estar el peligro.
MÓNICA G. PÉREZ
El PSE tramita la expulsión de su grupo en Iurreta del edil acusado de acoso
El PSE de Iurreta ha registrado ya en el Ayuntamiento de esa localidad vizcaína una instancia para expulsar de su grupo municipal al edil Fernando Borja Ulibarri, en libertad con cargos tras haber sido detenido el pasado domingo por la Ertzaintza acusado de un supuesto acoso sexual a una escolta femenina, a la que intentó besar cuando entraba en el portal de su casa en Iurreta. El edil niega las acusaciones.
La portavoz socialista en esa población del Duranguesado, María Ángeles Muñoz, precisó ayer a la agencia Efe que la documentación ha sido presentada a requerimiento del partido, que ya el pasado domingo solicitó al corporativo la entrega inmediata de su acta de concejal. Para que se haga efectiva la salida del grupo municipal socialista, el escrito deberá ser puesto primero en conocimiento del pleno del consistorio.
El PSE cuenta con tres de los once concejales que forman la corporación de Iurreta. La expulsión del grupo socialista no implica que Ulibarri deba abandonar el consistorio, ya que si no devuelve su acta de concejal podría permanecer el resto del mandato como edil no adscrito.
Muñoz ha explicado personalmente a Ulibarri la situación, aun reconociendo que la decisión de dejar el cargo de corporativo "es suya".
No entregará el acta
Ulibarri, de 57 años y padre de cuatro hijos, adelantó ayer que no piensa entregar su acta de concejal, ya que entiende que no ha hecho "nada". El concejal, quien desde el mismo domingo viene sosteniendo que la denuncia que propició su detención es "falsa" y fruto de un "montaje" de sus escoltas, mostró ayer su "confianza en la justicia" y lamentó ser objeto de un "juicio paralelo" en la calle.
El PSE y el concejal mantienen versiones enfrentadas sobre la situación de Ulibarri en el partido. Los socialistas aseguran que acudió a las elecciones municipales de mayo del año pasado como independiente en sus listas, mientras que el edil acusado de acoso sostiene que se afilió seis meses antes de esos comicios.
Ulibarri se quejó ayer de que, tras su arresto, ningún representante de la dirección socialista le haya telefoneado para conocer su versión de los hechos o incluso para pedirle que entregue el acta de edil. "Todos los partidos actúan de la misma forma: cuando ven una cosa rara, se desentienden", dijo.
"Quienes me conocen saben que lo que tengo en esta vida es el honor, el honor de pertenecer al partido socialista y, como obrero que soy, también al sindicato UGT", concluyó.
ELPAIS.com
La portavoz socialista en esa población del Duranguesado, María Ángeles Muñoz, precisó ayer a la agencia Efe que la documentación ha sido presentada a requerimiento del partido, que ya el pasado domingo solicitó al corporativo la entrega inmediata de su acta de concejal. Para que se haga efectiva la salida del grupo municipal socialista, el escrito deberá ser puesto primero en conocimiento del pleno del consistorio.
El PSE cuenta con tres de los once concejales que forman la corporación de Iurreta. La expulsión del grupo socialista no implica que Ulibarri deba abandonar el consistorio, ya que si no devuelve su acta de concejal podría permanecer el resto del mandato como edil no adscrito.
Muñoz ha explicado personalmente a Ulibarri la situación, aun reconociendo que la decisión de dejar el cargo de corporativo "es suya".
No entregará el acta
Ulibarri, de 57 años y padre de cuatro hijos, adelantó ayer que no piensa entregar su acta de concejal, ya que entiende que no ha hecho "nada". El concejal, quien desde el mismo domingo viene sosteniendo que la denuncia que propició su detención es "falsa" y fruto de un "montaje" de sus escoltas, mostró ayer su "confianza en la justicia" y lamentó ser objeto de un "juicio paralelo" en la calle.
El PSE y el concejal mantienen versiones enfrentadas sobre la situación de Ulibarri en el partido. Los socialistas aseguran que acudió a las elecciones municipales de mayo del año pasado como independiente en sus listas, mientras que el edil acusado de acoso sostiene que se afilió seis meses antes de esos comicios.
Ulibarri se quejó ayer de que, tras su arresto, ningún representante de la dirección socialista le haya telefoneado para conocer su versión de los hechos o incluso para pedirle que entregue el acta de edil. "Todos los partidos actúan de la misma forma: cuando ven una cosa rara, se desentienden", dijo.
"Quienes me conocen saben que lo que tengo en esta vida es el honor, el honor de pertenecer al partido socialista y, como obrero que soy, también al sindicato UGT", concluyó.
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