Un centenar de expertos internacionales se reúnen a partir de hoy en Valencia para elaborar un documento-guía que ayude a mejorar la información que los medios ofrecen sobre los casos de violencia contra la mujer.
Durante dos días se analizarán tanto las causas y el contexto social de la violencia de género, como el impacto social de la información, y se debatirá cómo se están dando las noticias relacionadas con agresiones a mujeres y si son necesarios los códigos éticos o una autorregulación.
Bajo el título «Violencia contra la Mujer. ¿Información o Espectáculo?», el congreso busca provocar una reflexión conjunta entre periodistas, sociólogos, juristas, políticos, agentes sociales y expertos del ámbito universitario y policial para definir propuestas que fomenten las buenas prácticas en la información sobre la violencia contra la mujer.
El I Congreso Internacional Mujer y Medios de Comunicación (CIMMCO) es una iniciativa de la Conselleria de Bienestar Social y entre los participantes destaca la presencia del vicesecretario de Europol, Borja Barbosa, la psiquiatra y profesora del Campus Biomédico de Roma y diputada de la República de Italia, Paola Binetti, la experta en Comunicación y Género en el Instituto Oficial de Radio y Televisión Pilar López Díez, el presidente de la Asociación de Periodistas de Madrid, Fernando González Urbaneja, el director del Centro Reina Sofía, José Sanmartín, y el delegado de ABC Comunidad Valenciana, Isaac Blasco.
Entre las propuestas que surgirán de este debate multidisciplinar se incluirá la creación de una sección especializada en la violencia contra la mujer en los medios de comunicación.
www.abc.es
27 de octubre de 2008
Seis mujeres víctimas de malos tratos participan en un programa
Seis mujeres del municipio, víctimas de violencia de género, se beneficiarán del programa 'Cualifica'. El Instituto Andaluz de la Mujer, en colaboración con la Consejería de Empleo, a través de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, pone en marcha esta iniciativa con el objetivo de ayudar a la formación a las mujeres andaluzas víctimas de malos tratos para que así puedan encontrar un puesto de trabajo.
Rosario García, concejal de Igualdad, indicó que el Ayuntamiento linense colabora con este programa. El objetivo es la inserción laboral de las mujeres mediante la mejora de sus competencias profesionales, a través de un proceso integral de cualificación con una duración de 700 horas que incluye orientación, formación y prácticas en empresas.
Desde el año 1999 se han desarrollado siete ediciones del programa 'Cualifica'. Hasta la fecha han participado un total de 1.260 mujeres víctimas de violencia de género de la comunidad autónoma. Este programa quiere dotar a las participantes de la autonomía laboral y económica necesarias que les permita la adquisición de una serie de recursos personales que constituyan una garantía de cara a su futuro laboral.
www.diariosur.es
Rosario García, concejal de Igualdad, indicó que el Ayuntamiento linense colabora con este programa. El objetivo es la inserción laboral de las mujeres mediante la mejora de sus competencias profesionales, a través de un proceso integral de cualificación con una duración de 700 horas que incluye orientación, formación y prácticas en empresas.
Desde el año 1999 se han desarrollado siete ediciones del programa 'Cualifica'. Hasta la fecha han participado un total de 1.260 mujeres víctimas de violencia de género de la comunidad autónoma. Este programa quiere dotar a las participantes de la autonomía laboral y económica necesarias que les permita la adquisición de una serie de recursos personales que constituyan una garantía de cara a su futuro laboral.
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Testimonio del titular de SEJUN en el jury a Taiana
También lo harán quienes fueran prosecretaria y jefa del despacho del juzgado: María Gabriela Sueldo y María Polanco.
El jurado de enjuiciamiento, que resolvió someter a la suspendida jueza laboral Elisabet Rivero de Taiana al proceso que puede culminar con su sobreseimiento o destitución por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, encabezará hoy una nueva rueda de testimonios.
Lo hará a las 14, en el recinto de la Legislatura Provincial, con las declaraciones del abogado Roberto Rodríguez Bello. El fiscal de Cámara de Cutral Co, Santiago Terán, que está a cargo de la acusación, anticipó que atestiguarán la abogada Elsa Ríos y el secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN), Edgardo Chervabaz.
Agregó que brindarán testimonio María Gabriela Sueldo, prosecretaria; Teresa Gómez, empleada judicial; Miriam Jara, oficial principal de Mandamientos y Notificaciones; y María Polanco, jefa de despacho, mientras se desempeñaban en el Juzgado Laboral Nº 4. Algunos, como Sueldo, fueron testigos del episodio del 31 de agosto de 2007, que precipitó la posterior suspensión de la jueza Taiana, según informó Terán.
El hecho que se le imputa, tiene su origen en el inicio de feria y se refiere a la publicación de un expediente que no estaba firmado, por lo que la magistrado habría ordenando la sanción a los responsables, sin hacer previo sumario.
En la primera audiencia pública, el jurado de enjuiciamiento resolvió algunas cuestiones preliminares, entre las cuales rechazó el pedido de nulidad que formuló la defensa sobre la acusación que se le atribuye a Taiana.
Luego, los testigos ratificaron los presuntos malos tratos que se le imputan. Las partes, además, solicitaron falso testimonio.
El fiscal Terán lo pidió tras declarar Mónica Barrutia y la jueza Taiana hizo lo propio con Gabriela Mattioni.
Ambas testigos, fueron ex secretarias de la acusada en el Juzgado Laboral Nº 4. Acusación La magistrada fue suspendida provisoriamente por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al declararse la admisibilidad de la denuncia efectuada por el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN).
“Es la primera vez que se somete a juicio a un juez por acoso moral o persecución laboral en Neuquén”, sostuvo Terán.
La denuncia, que fue presentada en diciembre del año pasado, acusa a la magistrada de ejercer malos tratos a su personal en el Juzgado Laboral Nº 4; desde comienzos de la década de 1990 a octubre de 2007.
También se la acusa de morosidad en los trámites judiciales, delirios místicos, falta de gerenciamiento en el organismo judicial, y conductas arbitrarias e inapropiadas, que provocaron el pase o traslado de una serie de empleados y contribuyeron a crear un ambiente de miedo e inseguridad.
El jurado es presidido por el defensor del TSJ Tomas Gavernet y se completa con Daniel Varessio y Luis Fernández por el Poder Judicial; Marcelo Inaudi y Darío Mattio por la Legislatura; y Rosalba Cruz Martínez y Omar Raimondo por el Colegio de Abogados.
La acusación, a cargo del fiscal Terán, propuso a la mayoría de los empleados y a todos los jueces de la Cámara Civil para prestar testimonio.
Mientras, la defensa, que integra la jueza Taiana y Antonio Barrera Nicholson, ofreció una lista que contempla mayoría de abogados.
www.lmneuquen.com.ar
El jurado de enjuiciamiento, que resolvió someter a la suspendida jueza laboral Elisabet Rivero de Taiana al proceso que puede culminar con su sobreseimiento o destitución por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, encabezará hoy una nueva rueda de testimonios.
Lo hará a las 14, en el recinto de la Legislatura Provincial, con las declaraciones del abogado Roberto Rodríguez Bello. El fiscal de Cámara de Cutral Co, Santiago Terán, que está a cargo de la acusación, anticipó que atestiguarán la abogada Elsa Ríos y el secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN), Edgardo Chervabaz.
Agregó que brindarán testimonio María Gabriela Sueldo, prosecretaria; Teresa Gómez, empleada judicial; Miriam Jara, oficial principal de Mandamientos y Notificaciones; y María Polanco, jefa de despacho, mientras se desempeñaban en el Juzgado Laboral Nº 4. Algunos, como Sueldo, fueron testigos del episodio del 31 de agosto de 2007, que precipitó la posterior suspensión de la jueza Taiana, según informó Terán.
El hecho que se le imputa, tiene su origen en el inicio de feria y se refiere a la publicación de un expediente que no estaba firmado, por lo que la magistrado habría ordenando la sanción a los responsables, sin hacer previo sumario.
En la primera audiencia pública, el jurado de enjuiciamiento resolvió algunas cuestiones preliminares, entre las cuales rechazó el pedido de nulidad que formuló la defensa sobre la acusación que se le atribuye a Taiana.
Luego, los testigos ratificaron los presuntos malos tratos que se le imputan. Las partes, además, solicitaron falso testimonio.
El fiscal Terán lo pidió tras declarar Mónica Barrutia y la jueza Taiana hizo lo propio con Gabriela Mattioni.
Ambas testigos, fueron ex secretarias de la acusada en el Juzgado Laboral Nº 4. Acusación La magistrada fue suspendida provisoriamente por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al declararse la admisibilidad de la denuncia efectuada por el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN).
“Es la primera vez que se somete a juicio a un juez por acoso moral o persecución laboral en Neuquén”, sostuvo Terán.
La denuncia, que fue presentada en diciembre del año pasado, acusa a la magistrada de ejercer malos tratos a su personal en el Juzgado Laboral Nº 4; desde comienzos de la década de 1990 a octubre de 2007.
También se la acusa de morosidad en los trámites judiciales, delirios místicos, falta de gerenciamiento en el organismo judicial, y conductas arbitrarias e inapropiadas, que provocaron el pase o traslado de una serie de empleados y contribuyeron a crear un ambiente de miedo e inseguridad.
El jurado es presidido por el defensor del TSJ Tomas Gavernet y se completa con Daniel Varessio y Luis Fernández por el Poder Judicial; Marcelo Inaudi y Darío Mattio por la Legislatura; y Rosalba Cruz Martínez y Omar Raimondo por el Colegio de Abogados.
La acusación, a cargo del fiscal Terán, propuso a la mayoría de los empleados y a todos los jueces de la Cámara Civil para prestar testimonio.
Mientras, la defensa, que integra la jueza Taiana y Antonio Barrera Nicholson, ofreció una lista que contempla mayoría de abogados.
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Atiende IEMUJERES la violencia familiar y de género en mujeres indígenas en Nuevo León
La violencia familiar y de género no distingue color, edad o nivel socioeconómico y afecta por igual a la población de las zonas urbanas como a la de origen indígena que habita en ellas.
Por tal razón, el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDI), lleva adelante el programa Módulos de atención a la violencia familiar y de género en las comunidades migrantes indígenas del Estado de Nuevo León, cuyo objetivo es detectar, prevenir y atender la violencia familiar y de género entre la población femenina migrante indígena del Estado de Nuevo León.
Las actividades que se están realizando dentro del programa 2008, son: asesoría, orientación y atención médica, legal, psicológica y social a mujeres víctimas de violencia familiar y de género en módulos de atención ubicados en la Alameda Mariano Escobedo, los sábados y domingos en horario de 12:00 a 20:00 hrs.
El servicio es gratuito y confidencial.
Por otra parte, se están realizando actividades preventivas en las escuelas con población indígena, a través de talleres con las niñas y niños, madres y padres de familia en el tema de violencia, su conceptualización, y medidas preventivas y derechos humanos.
El programa inició sus actividades el 6 de octubre del 2008 y brindará sus servicios hasta el 31 de diciembre del año en curso. Para mayores informes, las personas interesadas pueden llamar a los Tels. 2020 9773 al 76, del Instituto Estatal de las Mujeres.
Aumenta la población indígena La migración de poblaciones indígenas provenientes de otras entidades de la República a Nuevo León se ha incrementado en los últimos años.
Según datos que proporciona el Instituto Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2005) la población indígena en el estado se duplicó, pasando de 15 mil 446 en el año 2000 a 29 mil 538 en 2004. El 92 por ciento de estas personas habita en el área metropolitana de Monterrey.
Nuevo León destaca como la entidad federativa que tiene la mayor tasa de crecimiento promedio anual de población indígena en el país, con un 12.4 por ciento. El problema de la migración de grupos indígenas es complejo.
Estos grupos parecen ser invisibles para las instituciones públicas y privadas, los grupos académicos que estudian los movimientos poblacionales y la sociedad regiomontana en general.
Además, la estigmatización y la discriminación completan la violencia estructural de la que son víctimas, por lo que se convierten en grupos sociales vulnerables. (Sheridan y Durin, 2006).
Esta invisibilización y las actitudes discriminatorias constituyen uno de los problemas que deben solucionarse para la formación de sociedades más justas y equitativas.
La Policía protege a 250 mujeres en riesgo de sufrir violencia de género
Una unidad especial se encarga de valorar el riesgo y les ofrece medidas para garantizar su seguridad
"Aunque fueran diez, ya serían muchas, porque a la violencia no hay que darle amparo". El que habla es el inspector Manuel Molina, que dirige en Granada la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP) contra la violencia de género y lamenta profundamente el número de mujeres que se encuentran en riesgo de sufrir esta lacra.
Son unas 250, calcula, las que ahora mismo reciben la protección de la UPAP de Granada. Esta unidad, cuenta el inspector, "se creó con la idea de dar a estas mujeres un mejor apoyo".
La diferencia radica en que antes, en principio, se les atendía cuando tenían un problema, por ejemplo, si la mujer tenía una orden de alejamiento y denunciaba que su ex pareja no la cumplía.
Ahora se da un paso más allá, se intenta retroceder en el reloj y comenzar antes a actuar. Prevenir. "Cuando una persona denuncia malos tratos, el asunto pasa de inmediato a los juzgados de violencia de género, se ve sobre la marcha y el juez dicta unas medidas provisionales o, si hay acuerdo, una sentencia condenatoria y esta información pasa a nosotros", relata Molina.
Desde ese momento, se prestará una atención especial a la denunciante, o incluso desde el mismo momento en que presenta la denuncia, si se observa un riesgo.
Precisamente para la evaluación del peligro, estas unidades especializadas cuentan con un programa específico que en base a unos parámetros determina la valoración policial del riesgo.
En él se introducen todos los datos sobre el caso: las circunstancias de la denunciante, si ya ha habido agresión, las amenazas que pueda haber recibido y la actitud del acusado, entre otra información.
En base a esto, se determina si se aprecia riesgo y si éste es bajo, medio, alto o extremo, aunque el inspector señala que las mujeres que se encuentran en esta última situación no suelen superar en ningún momento la decena.
Este dato influye en la decisión de qué medidas policiales se deben tomar, aunque depende ante todo de lo que pida la víctima.
En los casos extremos, se la lleva a una casa de acogida y si no, "se le ofrece un teléfono de conexión directa con la sala del 091 y con el funcionario que se le ha asignado para su protección", cuenta el inspector Molina, "y a los grupos que operan en su zona se les informa para que tengan una especial atención".
Se le recomienda que ante cualquier atisbo de problema se ponga en contacto con ellos. Los efectivos y medios que componen estas unidades han sido criticados desde los sindicatos por escasos.
Molina no puede facilitar la información sobre la composición de la UPAP de Granada. "Cualquier jefe de unidad dirá que necesita más y quiere más medios y tenemos la expectativa de que vaya aumentando el personal y el material", señala el inspector, que valora no obstante muy positivamente el funcionamiento de la unidad. "Está dando un buen resultado.
El tiempo está avalando la idea.
Durante los cinco años que lleva funcionando, no ha habido ningún percance de gravedad en los casos que llevamos, incumplimientos sí, pero se han detectado y se ha procedido a la detención", afirma satisfecho. "Es un buen freno", sostiene, aunque el fin último es que un día no haya una sola mujer en riesgo.
Ester Araúzo
www.granadahoy.com
"Aunque fueran diez, ya serían muchas, porque a la violencia no hay que darle amparo". El que habla es el inspector Manuel Molina, que dirige en Granada la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP) contra la violencia de género y lamenta profundamente el número de mujeres que se encuentran en riesgo de sufrir esta lacra.
Son unas 250, calcula, las que ahora mismo reciben la protección de la UPAP de Granada. Esta unidad, cuenta el inspector, "se creó con la idea de dar a estas mujeres un mejor apoyo".
La diferencia radica en que antes, en principio, se les atendía cuando tenían un problema, por ejemplo, si la mujer tenía una orden de alejamiento y denunciaba que su ex pareja no la cumplía.
Ahora se da un paso más allá, se intenta retroceder en el reloj y comenzar antes a actuar. Prevenir. "Cuando una persona denuncia malos tratos, el asunto pasa de inmediato a los juzgados de violencia de género, se ve sobre la marcha y el juez dicta unas medidas provisionales o, si hay acuerdo, una sentencia condenatoria y esta información pasa a nosotros", relata Molina.
Desde ese momento, se prestará una atención especial a la denunciante, o incluso desde el mismo momento en que presenta la denuncia, si se observa un riesgo.
Precisamente para la evaluación del peligro, estas unidades especializadas cuentan con un programa específico que en base a unos parámetros determina la valoración policial del riesgo.
En él se introducen todos los datos sobre el caso: las circunstancias de la denunciante, si ya ha habido agresión, las amenazas que pueda haber recibido y la actitud del acusado, entre otra información.
En base a esto, se determina si se aprecia riesgo y si éste es bajo, medio, alto o extremo, aunque el inspector señala que las mujeres que se encuentran en esta última situación no suelen superar en ningún momento la decena.
Este dato influye en la decisión de qué medidas policiales se deben tomar, aunque depende ante todo de lo que pida la víctima.
En los casos extremos, se la lleva a una casa de acogida y si no, "se le ofrece un teléfono de conexión directa con la sala del 091 y con el funcionario que se le ha asignado para su protección", cuenta el inspector Molina, "y a los grupos que operan en su zona se les informa para que tengan una especial atención".
Se le recomienda que ante cualquier atisbo de problema se ponga en contacto con ellos. Los efectivos y medios que componen estas unidades han sido criticados desde los sindicatos por escasos.
Molina no puede facilitar la información sobre la composición de la UPAP de Granada. "Cualquier jefe de unidad dirá que necesita más y quiere más medios y tenemos la expectativa de que vaya aumentando el personal y el material", señala el inspector, que valora no obstante muy positivamente el funcionamiento de la unidad. "Está dando un buen resultado.
El tiempo está avalando la idea.
Durante los cinco años que lleva funcionando, no ha habido ningún percance de gravedad en los casos que llevamos, incumplimientos sí, pero se han detectado y se ha procedido a la detención", afirma satisfecho. "Es un buen freno", sostiene, aunque el fin último es que un día no haya una sola mujer en riesgo.
Ester Araúzo
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25 de octubre de 2008
El Juzgado de Violencia de Género tendrá una competencia comarcal
El presidente del TSXG confirmó que el nuevo órgano de Primera Instancia se dedicará a Derecho de Familia
Además de Pontevedra, se ocupará de los partidos judiciales de Caldas, Marín, Cambados y Vilagarcía
El futuro juzgado específico para los casos de violencia de género de Pontevedra, una iniciativa que el Ministerio de Justicia tiene en proyecto, tendrá un ámbito de actuación comarcal. Antonio González Nieto, presidente en funciones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, explicó que este órgano además de tener jurisdicción en el partido judicial capitalino, también la tendrá sobre las causas que se originen en los distritos de Caldas, Marín, Cambados y Vilagarcía.González Nieto, que realizó estas declaraciones antes de presidir ayer el pleno de la sala de gobierno del TSXG en la Audiencia de Pontevedra, consideró que la creación de este órgano judicial «es muy importante». Al mismo tiempo, se mostró «partidario de que se creen en las principales ciudades de Galicia».
Si la existencia de este juzgado aún está en proyecto, no ocurre lo mismo con el de Primera Instancia número cinco de Pontevedra. Tras precisar que entrará en funcionamiento el próximo 30 de diciembre, confirmó que se especialice en Derecho de Familia. De este modo, abordará cuestiones referidas a las liquidaciones del regimen económico matrimonial, la protección de menores, el régimen de tutelas, los internamientos no voluntarios en centro psiquiátricos...
En este punto, el presidente en funciones del alto tribunal gallego se mostró convencido de que antes de que llegue esa fecha la Consellería de Presidencia habrán encontrado una solución ante la aparente escasez de espacio en el edifico de A Parda.
En este punto, el magistrado se mostró partidario de la especialización de los entes judiciales, porque «siempre será gente que ya domina más concretamente el tema». No obstante, no ocultó que no siempre ha tenido buenos resultados y, por el contrario, «ha producido un efecto perverso» derivando en el colapso del ámbito civil, mientras que el pena permanecía desahogado.
Es el caso, tal y como apuntó el propio Antonio González, de las secciones de la Audiencia de Pontevedra desplazadas a Vigo, «pero esto ha sido por falta de planificación en un primer momento cuando entraron en funcionamiento. Se han acumulado asuntos y ahora se está solucionando gracias a magistrados de refuerzo resolviendo este problema».
www.lavozdegalicia.es
La ciudad creará un observatorio de género para avanzar en igualdad
El cuarto plan específico de este área prevé también elaborar un mapa de puntos negros para la seguridad de las mujeres
Un nuevo observatorio vigilará las posibles desigualdades entre géneros en la ciudad y elaborará diagnósticos y análisis. El compromiso de crear este órgano en un plazo de un año se recoge en el IV Plan de Igualdad de Género, presentado ayer por la concejal del Ayuntamiento Ana López Andújar, un documento que se marca como objetivo impulsar la igualdad en el Ayuntamiento y en todas las políticas que desarrolle, así como facilitar la conciliación familiar.
López Andújar destacó, además, que se pretende elaborar un mapa de los puntos de la ciudad donde las mujeres manifiestan sentirse más inseguras con la intención de que se lleven a cabo actuaciones en esos lugares. Esta nueva iniciativa se refiere a todo tipo de inseguridad o de sentimiento de desprotección, aunque la concejala no especificó qué tipo de medidas se tomarán o cuáles serán los criterios para elaborar la lista.
No serán éstas las únicas novedades del plan. Este proyecto, que contará con una inversión de medio millón de euros, incidirá también en la conciliación familiar y laboral. La concejal señaló que las ocupaciones de las mujeres les dificultan en muchas ocasiones un aprovechamiento de su tiempo libre, por lo que es necesario ayudarlas. "Las mujeres nacemos con el tiempo expropiado", afirmó, y es imprescindible concienciar a la sociedad.
Para llevar a cabo éstas y otras actuaciones, el plan contará con otro nuevo instrumento además del observatorio: la unidad técnica de asesoramiento de género, que asistirá tanto a la concejalía de Igualdad como al resto de áreas municipales. Con esta unidad se pretende impulsar, coordinar y evaluar el desarrollo de la política municipal de igualdad, tanto en su vertiente transversal como las políticas específicas que se desarrollen desde las diferentes áreas municipales.
El nuevo plan tendrá una vigencia de seis años, dos más que los anteriories, y se hará un análisis y evaluación de las medidas que se adopten, los resultados de las mismas y el impacto que las nuevas políticas tengan sobre el conjunto de la sociedad granadina.
Además de concienciar a la sociedad, el plan pretende trascender al ámbito político, por lo que se ha contado para su elaboración con todas las áreas municipales para incorporar sus criterios en materia de igualdad de oportunidades. Asimismo, se ha pedido opinión a las distintas asociaciones de mujeres de la ciudad, que han aportado su visión sobre los problemas a los que se enfrentan cada día las granadinas.
Según la concejal, corregir las desigualdades sociales y laborales de las mujeres contribuye al desarrollo y afianzamiento de la democracia. "Aunque hemos avanzado mucho en los últimos años en la igualdad de oportunidades de las mujeres, aún nos queda mucho por hacer y muchos aspectos que mejorar". El plan ha sido elaborado analizando a las afectadas de todos los estratos socioeconómicos e incidirá en los colectivos con más dificultades.
www.granadahoy.com
Un nuevo observatorio vigilará las posibles desigualdades entre géneros en la ciudad y elaborará diagnósticos y análisis. El compromiso de crear este órgano en un plazo de un año se recoge en el IV Plan de Igualdad de Género, presentado ayer por la concejal del Ayuntamiento Ana López Andújar, un documento que se marca como objetivo impulsar la igualdad en el Ayuntamiento y en todas las políticas que desarrolle, así como facilitar la conciliación familiar.
López Andújar destacó, además, que se pretende elaborar un mapa de los puntos de la ciudad donde las mujeres manifiestan sentirse más inseguras con la intención de que se lleven a cabo actuaciones en esos lugares. Esta nueva iniciativa se refiere a todo tipo de inseguridad o de sentimiento de desprotección, aunque la concejala no especificó qué tipo de medidas se tomarán o cuáles serán los criterios para elaborar la lista.
No serán éstas las únicas novedades del plan. Este proyecto, que contará con una inversión de medio millón de euros, incidirá también en la conciliación familiar y laboral. La concejal señaló que las ocupaciones de las mujeres les dificultan en muchas ocasiones un aprovechamiento de su tiempo libre, por lo que es necesario ayudarlas. "Las mujeres nacemos con el tiempo expropiado", afirmó, y es imprescindible concienciar a la sociedad.
Para llevar a cabo éstas y otras actuaciones, el plan contará con otro nuevo instrumento además del observatorio: la unidad técnica de asesoramiento de género, que asistirá tanto a la concejalía de Igualdad como al resto de áreas municipales. Con esta unidad se pretende impulsar, coordinar y evaluar el desarrollo de la política municipal de igualdad, tanto en su vertiente transversal como las políticas específicas que se desarrollen desde las diferentes áreas municipales.
El nuevo plan tendrá una vigencia de seis años, dos más que los anteriories, y se hará un análisis y evaluación de las medidas que se adopten, los resultados de las mismas y el impacto que las nuevas políticas tengan sobre el conjunto de la sociedad granadina.
Además de concienciar a la sociedad, el plan pretende trascender al ámbito político, por lo que se ha contado para su elaboración con todas las áreas municipales para incorporar sus criterios en materia de igualdad de oportunidades. Asimismo, se ha pedido opinión a las distintas asociaciones de mujeres de la ciudad, que han aportado su visión sobre los problemas a los que se enfrentan cada día las granadinas.
Según la concejal, corregir las desigualdades sociales y laborales de las mujeres contribuye al desarrollo y afianzamiento de la democracia. "Aunque hemos avanzado mucho en los últimos años en la igualdad de oportunidades de las mujeres, aún nos queda mucho por hacer y muchos aspectos que mejorar". El plan ha sido elaborado analizando a las afectadas de todos los estratos socioeconómicos e incidirá en los colectivos con más dificultades.
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Recurren la absolución por maltrato del hombre que pegó a su mujer
VALENCIA. La Fiscalía de Valencia ha recurrido la sentencia del Juzgado de lo Penal número 12 que absuelve de un delito de maltrato a un hombre que dio un puñetazo a su mujer en el transcurso de una discusión.
El juez consideró probada la agresión, pero condenó al acusado por una falta de lesiones -180 euros de multa- y no por un delito de maltrato -el fiscal pedía un año de cárcel- porque entendió que el golpe del hombre a la mujer, en este caso, no era una manifestación de machismo ni de superioridad.
El Ministerio Público reprocha al magistrado que utilice la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para justificar la imposición de una sanción más leve al agresor, pese a que el espíritu de esa norma, que entró en vigor en 2004, era endurecer el reproche penal contra los maltratadores.
Recuerda que con anterioridad a esta ley el Código Penal, en su artículo 153, ya castigaba como delito «cualquier maltrato de obra, aunque no cause lesiones» entre parientes; que entonces no se exigía que el golpe, además de atentar contra la integridad física tuviera que suponer una manifestación de dominio para ser considerado delito y que, por tanto, «es inimaginable que el legislador pretendiera suavizar las sanciones contra los maltratadores» con la Ley contra la Violencia de Género.
Discriminación
Dice el fiscal que la interpretación del juez, «produce un efecto perverso contrario a la finalidad de protección a las mujeres frente a la violencia de género que propugna la Ley Orgánica». Y añade que de prosperar esta corriente, inaugurada por la Audiencia de Barcelona, se daría la paradoja de que las agresiones de mujeres a hombres serían consideradas siempre delito mientras que las de varones a mujeres lo serían sólo cuando existe situación de dominio de él sobre ella.
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Prevenir la violencia machista desde las aulas
Los alumnos del Instituto de Educación Secundaria Parquesol participaron ayer en un taller de prevención de violencia machista. Una actividad enmarcada dentro de la iniciativa que se ha desarrollado esta semana bajo el lema 'Conocer para cambiar la mirada' y que pretende incidir en que el conocimiento no sólo aporta información, sino que permite la reflexión y el cuestionamiento crítico como forma de estimular el cambio de aquellas creencias, actitudes, mitos y estereotipos culturales que sustentan la violencia contra las mujeres, abonan el terreno para las relaciones desiguales y fomentan actitudes violentas.
Los talleres proporcionan un conocimiento práctico que permite identificar cuáles son los principales indicadores de riesgo, las formas de aparición y la detección temprana de formas de abuso. La Concejalía de Bienestar Social, Empleo y Familia ha puesto en marcha un total de 15 talleres, dirigidos a alumnos de cuarto de ESO y Bachillerato, al igual que para las diferentes asociaciones que desarrollan programas de mujer en Valladolid, como actividad preparatoria para la celebración del 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género. Los centros que han participado en la iniciativa, además del IES Parquesol, han sido el Emilio Ferrari y Arca Real.
El pasado martes y el pasado jueves, fue el turno de los talleres dirigidos a las asociaciones que desarrollan programas de mujer. En ellos participaron la asociación La Rondilla, asociación La Acacia, la Fundación Secretariado Gitano y la Asociación El Candil, de Pajarillos. El proyecto ha contado con la colaboración de la Obra Social de Caja Mediterránea.
www.nortecastilla.es
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24 de octubre de 2008
Ramón Trecet: 'Me Están Haciendo Mobbing En RNE'
Ramón Trecet. (Foto: Alberto Di Lolli)
El periodista presenta espacios musicales en RNE desde 1974 La nueva directora de Radio 3 fue discípula suya
Radio Nacional ha dejado de ser la casa de Ramón Trecet. Después de 34 años, ya no tiene fuerzas para acudir a hacer 'Diálogos 3', el programa de música que presenta en Radio 3.
El motivo: "La nueva directora, Lara López, no cuenta conmigo y me están haciendo mobbing".
"Fue este lunes. Como siempre, me levanté a las 7.15 horas y me di cuenta de que no tenía fuerzas para ir a trabajar. No tengo palabras para expresar cómo me sentí".
Hasta mayo de este año, RNE era la casa de Ramón Trecet. Más que su casa, parte de su vida, a la que ha dedicado 34 años. Pero con el nombramiento de Lara López como nueva directora de Radio 3 todo cambió. "En mayo, López me dice que no ve mi programa en la nueva programación", relata Trecet. La dirección de Radio 3 trabajaba desde septiembre de 2007 en la nueva parrilla.
José Angel Esteban, director de programas de RNE, decide formar un equipo -en el que estaba incluida López- para cambiar la programación. Ocho meses después, "López me comunica que piensa que no debo seguir".
Trecet denuncia que éste ha sido todo el contacto que ha tenido con jefe alguno desde mayo del año pasado. "Nadie hablaba conmigo. Sí, había rumores, pero nadie se dirigía a mí".
Según el periodista, no ha vuelto a hablar con López desde el 25 de mayo. Se da la circunstancia de que la directora de Radio 3 fue discípula de Trecet desde 1987 hasta 1993.
Silencio absoluto hasta el pasado 25 de septiembre. Ese día, "por fin", Benigno Moreno, el actual director de programas de RNE, habla con él. "Moreno me dice que Lara López piensa que no debo seguir en la radio, pero que no se atreve a darme la noticia".¿Explicación? "Está convencida de que hablo mal de ella por los pasillos".
Trecet cogió vacaciones en RNE a mediados de julio para poder desarrollar su trabajo en 'Marca' durante los Juegos, hasta el 1 de septiembre.
Pero, según Trecet, ese "vacío" no se queda ahí: "López y el director adjunto de Radio 3, Diego A. Manrique, empiezan a contactar con las discográficas para que no me manden discos. Además, me amenazan de que si voy a la prensa y lo cuento, que me atenga a las consecuencias.
Es entonces cuando empiezo a pensar que me están haciendo mobbing". Desde este lunes, 'Diálogos 3' son reposiciones.
"Me llaman para decirme que tengo que ir tal día y tal hora a grabar el programa, pero nunca es López. Me llama su secretaria", cuenta Trecet, para quien no se trata más que de una maniobra para poder culparle a él de no hacer su trabajo.
"Para mí es una tragedia personal que a una persona a la que enseñé el oficio durante seis años llegue a esto".
RAÚL PIÑA
La violencia machista es la peor de las manifestaciones de la desigualdad
La violencia machista es la peor de las manifestaciones de la desigualdad, y a su vez contribuye a fomentarla, ya que hoy en día sin una no existiría la otra, ha afirmado hoy el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente.
Lorente ha lamentado que "siguen muriendo mujeres porque hay hombres que creen que pueden disponer de sus vidas", en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la inauguración del I Congreso Nacional de Hombres por la Igualdad, que se celebra hasta mañana en Zaragoza.
Los hombres, ha asegurado el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, tienen que implicarse de manera activa y entender que la igualdad también les compromete, ya que sin su participación sólo podría alcanzarse una "igualación".
Además, ha explicado que los avances que se producen en este campo provocan que los agresores utilicen y refuercen el lenguaje de la violencia, ya que los homicidios se producen actualmente "con más ira" que hace pocos años.
En este sentido, se ha referido a la opinión de que algunas mujeres utilizan las denuncias de forma abusiva para obtener ventajas en los juicios como "un falso mito", y ha aclarado que, aunque el 30 por ciento de las sentencias no son condenatorias, eso no quiere decir que los hechos denunciados no hayan existido, ya que en el ámbito privado a veces es difícil probarlos.
El presidente de la Asociación de Hombres por la Igualdad en Aragón, José María Galdo, que ha organizado el congreso, ha explicado que mientras los hombres no asuman que deben compartir la sobrecarga que lleva la mujer y ceder parte de unos privilegios recibidos por el mero hecho de ser hombre, la idea de igualdad entre sexos será inalcanzable.
Así, el modelo de masculinidad que se quiere presentar en este foro "no está basado en la agresividad, la competitividad y la negación de sentimientos, sino en la equidad, el respeto y la paz", ha destacado.
Uno de los colectivos con los que trabaja la Asociación de Hombres por la Igualdad es el de los jóvenes, y Galdo ha lamentado que en ellos no haya un cambio de mentalidad.
Las chicas están convencidas de que la igualdad se ha conseguido cuando lo que en realidad sucede es que se están "masculinizando", ya que han adoptado los valores negativos tradicionalmente incluidos en la masculinidad, como la mala utilización del lenguaje o las adicciones al alcohol y el tabaco, ha explicado.
Por su parte, la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, Rosa Borraz, que también participa en la organización del congreso, ha incidido en la idea de que la igualdad es cosa de ambos sexos.
Ha asegurado que, después del esfuerzo de las mujeres para incorporarse en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad, ahora les toca a ellos "dar un empujón" para ponerse al mismo ritmo.
Además, Borraz ha asegurado que "es fácil legislar", pero cambiar la mentalidad de los hombres para que comprendan que tienen que compartir "el trabajo, el poder y la casa" es un proceso sociológico lento, al que estas jornadas quieren contribuir.
EFE
www.soitu.es
Lorente ha lamentado que "siguen muriendo mujeres porque hay hombres que creen que pueden disponer de sus vidas", en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la inauguración del I Congreso Nacional de Hombres por la Igualdad, que se celebra hasta mañana en Zaragoza.
Los hombres, ha asegurado el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, tienen que implicarse de manera activa y entender que la igualdad también les compromete, ya que sin su participación sólo podría alcanzarse una "igualación".
Además, ha explicado que los avances que se producen en este campo provocan que los agresores utilicen y refuercen el lenguaje de la violencia, ya que los homicidios se producen actualmente "con más ira" que hace pocos años.
En este sentido, se ha referido a la opinión de que algunas mujeres utilizan las denuncias de forma abusiva para obtener ventajas en los juicios como "un falso mito", y ha aclarado que, aunque el 30 por ciento de las sentencias no son condenatorias, eso no quiere decir que los hechos denunciados no hayan existido, ya que en el ámbito privado a veces es difícil probarlos.
El presidente de la Asociación de Hombres por la Igualdad en Aragón, José María Galdo, que ha organizado el congreso, ha explicado que mientras los hombres no asuman que deben compartir la sobrecarga que lleva la mujer y ceder parte de unos privilegios recibidos por el mero hecho de ser hombre, la idea de igualdad entre sexos será inalcanzable.
Así, el modelo de masculinidad que se quiere presentar en este foro "no está basado en la agresividad, la competitividad y la negación de sentimientos, sino en la equidad, el respeto y la paz", ha destacado.
Uno de los colectivos con los que trabaja la Asociación de Hombres por la Igualdad es el de los jóvenes, y Galdo ha lamentado que en ellos no haya un cambio de mentalidad.
Las chicas están convencidas de que la igualdad se ha conseguido cuando lo que en realidad sucede es que se están "masculinizando", ya que han adoptado los valores negativos tradicionalmente incluidos en la masculinidad, como la mala utilización del lenguaje o las adicciones al alcohol y el tabaco, ha explicado.
Por su parte, la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, Rosa Borraz, que también participa en la organización del congreso, ha incidido en la idea de que la igualdad es cosa de ambos sexos.
Ha asegurado que, después del esfuerzo de las mujeres para incorporarse en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad, ahora les toca a ellos "dar un empujón" para ponerse al mismo ritmo.
Además, Borraz ha asegurado que "es fácil legislar", pero cambiar la mentalidad de los hombres para que comprendan que tienen que compartir "el trabajo, el poder y la casa" es un proceso sociológico lento, al que estas jornadas quieren contribuir.
EFE
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Audiencia de Lleida confirma condena por acoso laboral a ex jefa Carreteras
Lleida, 21 oct (EFE).- La Audiencia de Lleida ha dictado hoy una sentencia en la que ratifica la condena a la ex jefa del Servicio Territorial de Carreteras de la Generalitat en la demarcación leridana por acoso laboral a una subordinada.
Según ha explicado hoy el abogado de la defensa, Josep Miquel Moragues, la Audiencia de Lleida ha confirmado la falta de coacciones continuada contra Teresa C., la ex jefa de Carreteras denunciada, y la multa de 240 euros que le impuso el juzgado de lo penal número 2 de Lleida.
De esta manera, la Audiencia ha reafirmado la decisión emitida el pasado mes de febrero por el citado juzgado leridano, que se convirtió en la primera sentencia condenatoria por "mobbing" contra una administración pública de toda España.
La primera sentencia del caso también estableció que el gobierno catalán debería indemnizar a la funcionaria que sufrió el acoso laboral con 63.398 euros por ser responsable subsidiario.
Sin embargo, la Audiencia de Lleida establece que esta cantidad deberá ser valorada por el médico forense en función de las secuelas de los hechos que le hayan quedado a la acosada.
"Esta cantidad podrá incrementarse o disminuir, pero lo más normal es que baje un poco. Calculamos que se reducirá en unos 8.000 euros. Pero estamos muy contentos igual porque se ha confirmado la condena", ha explicado Moragues.
La trabajadora denunciante, B.S.M., acusó a Teresa C. de trato vejatorio entre 1996 y 2005. Durante el juicio aseguró que su superior la insultaba, le cronometraba cuando trabajaba, le encargaba tareas de conserje y le amenazó varias ocasiones con expulsarla.
La sentencia señala que los servicios territoriales de Carreteras podían haber evitado el caso de acoso laboral únicamente cambiando de sección a la funcionaria.
Tras la primera sentencia, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas (DPTOP) envió un comunicado destacando que a pesar de que la querella fue presentada por delito de coacciones y lesiones finalmente solamente se dictó una condena por falta de coacciones.
La Generalitat también anunció entonces el recurso contra el fallo del juzgado de lo penal, que ahora ha finalizado con la confirmación de la primera condena por parte de la Audiencia de Lleida. EFE.
www.finanzas.comMujeres en puestos de poder crean frente contra violencia
La alianza es conformada por ministras, diputadas y magistradas
Buscan fortalecer Ley contra violencia ante derogación de dos de sus artículos
Un grupo de mujeres que ocupan puestos de decisión se aliaron con el fin de proteger al género femenino de la agresión doméstica.
La iniciativa surgió luego de que la Sala Constitucional derogara la semana pasada dos artículos de la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres.
El grupo definió ayer una serie de acciones de índole técnico-jurídico e ideológicos para proteger a las mujeres.
Entre las participantes se destacan magistradas de la Corte Suprema, diputadas de distintos partidos, las ministras de Seguridad y de la Condición de la Mujer, la Defensora de los Habitantes y representantes del sector Salud, por ejemplo.
Estrategia.
Las funcionarias conformaron una Comisión Interinstitucional que elaborará un texto sustitutivo de los dos artículos derogados por la Sala IV.
Se trata de los artículos 22 y 25. El primero sancionaba el maltrato físico a las mujeres y el segundo castigaba la violencia emocional causada por insultos.
Además, las diputadas se comprometieron a impulsar el proyecto de reforma y procurar que su trámite se efectúe en forma expedita.
Todas las instituciones se comprometieron a lanzar una campaña de divulgación para aclarar a la ciudadanía que la Ley no fue derogada.
También destacarán que en el caso de la anulación del artículo 22, subsiste la protección de los delitos de lesiones leves que establece el Código Penal.
Lo anterior con la finalidad de que no se desestimule la denuncia de casos de violencia doméstica.
Otra posición acordada ayer por el grupo de mujeres organizadas es la de garantizar que todas las víctimas de violencia intrafamiliar cuenten con representación legal y asistencia psicológica durante el proceso.
Alonso Mata B. amata@nacion.com
www.nacion.com
Buscan fortalecer Ley contra violencia ante derogación de dos de sus artículos
Un grupo de mujeres que ocupan puestos de decisión se aliaron con el fin de proteger al género femenino de la agresión doméstica.
La iniciativa surgió luego de que la Sala Constitucional derogara la semana pasada dos artículos de la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres.
El grupo definió ayer una serie de acciones de índole técnico-jurídico e ideológicos para proteger a las mujeres.
Entre las participantes se destacan magistradas de la Corte Suprema, diputadas de distintos partidos, las ministras de Seguridad y de la Condición de la Mujer, la Defensora de los Habitantes y representantes del sector Salud, por ejemplo.
Estrategia.
Las funcionarias conformaron una Comisión Interinstitucional que elaborará un texto sustitutivo de los dos artículos derogados por la Sala IV.
Se trata de los artículos 22 y 25. El primero sancionaba el maltrato físico a las mujeres y el segundo castigaba la violencia emocional causada por insultos.
Además, las diputadas se comprometieron a impulsar el proyecto de reforma y procurar que su trámite se efectúe en forma expedita.
Todas las instituciones se comprometieron a lanzar una campaña de divulgación para aclarar a la ciudadanía que la Ley no fue derogada.
También destacarán que en el caso de la anulación del artículo 22, subsiste la protección de los delitos de lesiones leves que establece el Código Penal.
Lo anterior con la finalidad de que no se desestimule la denuncia de casos de violencia doméstica.
Otra posición acordada ayer por el grupo de mujeres organizadas es la de garantizar que todas las víctimas de violencia intrafamiliar cuenten con representación legal y asistencia psicológica durante el proceso.
Alonso Mata B. amata@nacion.com
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La Diputación ofrecerá asistencia legal previa a la denuncia a las víctimas de malos tratos
trece mujereshan sido atendidas en el nuevo centro de acogida de urgencia desde agosto 
Imagen de una campaña publicitaria de sensibilización contra la violencia de género.Foto: n.g.
El Plan Gipuzkoa integra y coordina los recursos de atención y asilo disponibles para casos de violencia de género
Las mujeres que sufran violencia de género contarán, en breve, con asistencia legal previa antes incluso de interponer una denuncia. La Diputación está a punto de firmar un acuerdo con el Colegio Oficial de Abogados de Gipuzkoa para ofrecer este servicio, después de constatar que muchas de las demandas que una mujer presenta contra su pareja o ex-pareja las retira ella misma. Así, el Departamento de Política Social pretende asesorar a las víctimas también antes de acudir al juzgado para que un letrado les explique exactamente cuál es el proceso que se sigue tras la denuncia y qué implica, antes de que la presenten (la asistencia jurídica posterior la garantiza ya el Gobierno Vasco).
Este acuerdo para ofrecer asistencia legal previa se integra en el Plan Gipuzkoa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, un programa que ha integrado los servicios de asistencia que, en colaboración con los servicios sociales de los ayuntamientos del territorio, ofrece la Diputación a las víctimas de la violencia machista. El objetivo del programa es establecer y coordinar un marco de actuación que permite reforzar y mejorar los recursos actuales y crear otros nuevos, desde la atención inmediata hasta la reinserción social. Entre esos recursos, destaca la inauguración del centro de acogida de urgencia para víctimas de malos tratos, por el que, en dos meses, han pasado ya trece mujeres y 16 niños, la mayoría menores de diez años.
"Se trataba de crear un programa que trasciende el nuevo recurso", explica la directora general de Inserción Social y Empleo de la Institución foral, Itziar Usabiaga, en referencia al nuevo centro de acogida de urgencia. Así, el plan articula la atención inmediata, la asistencia psicológica y jurídica, el propio centro de acogida y pisos puente en diversas comarcas.
El primer paso, la atención más inmediata, la suelen desarrollar los servicios sociales de los ayuntamientos o, en el caso de que haya agresiones, los servicios sanitarios, las policías locales o la Ertzaintza. A partir de ahí, se deriva a la víctima al programa establecido por la Diputación. En ese primer momento, gracias a un convenio con el Colegio Oficial de Psicólogos, hay un equipo de 87 profesionales repartidos por todas las comarcas del territorio y con formación específica relacionada con la violencia de género que acompañan a esas mujeres. "Esto ya estaba en marcha en Gipuzkoa, que es el único lugar donde funciona el servicio como tal", explica Usabiaga.
Al margen de la colaboración con este equipo de psicólogos, la Diputación ultima el citado acuerdo con el Colegio de Abogados de Gipuzkoa, para que las mujeres sean conscientes de todo lo que implica una denuncia cuando acudan a los tribunales.
centro de acogida
A partir de ese primer momento, los profesionales son los que valoran la situación junto con la propia víctima antes de decidir el siguiente paso. "Muchas veces pueden volver a casa porque los hombres suelen salir del hogar", explica la directora de Inserción Social y Empleo. Sin embargo, en los casos en los que la vuelta a casa no es posible, desde agosto hay un nuevo recurso disponible, el centro de acogida de urgencia.
En Donostia, el Ayuntamiento ya cuenta con un centro similar y la propia Diputación también tenía anteriormente pisos en los que poder alojar a las mujeres, aunque el nuevo centro, ubicado en un edificio céntrico de una localidad cuyo nombre no se desvelará para garantizar la privacidad de las usuarias, dispone de la atención de un equipo de profesionales las 24 horas y de pequeños apartamentos.
Las instalaciones, con capacidad para 19 mujeres, se abrieron el 18 de agosto y, desde entonces, siempre han acogido a alguna mujer, en la práctica totalidad de los casos con hijos a su cargo. Concretamente, con las trece mujeres que han acudido al centro, han llegado 16 niños, quince de ellos (ocho niñas y siete niños) menores de diez años. El objetivo de las instalaciones es la acogida inmediata por lo que, en su mayoría, han pasado sólo unos días allí. En ese tiempo, los educadores y psicólogos del centro ayudan a las mujeres a buscar soluciones más estables, que la mayoría de las veces pasan, si no se puede regresar al hogar, por acudir a casa de familiares. En caso de que no sea posible, se recurre a otro tipo de recursos disponibles tanto en la Diputación como en los ayuntamientos guipuzcoanos. Los pisos puente constituyen la última fase del programa de atención a víctimas de violencia de género, aunque el seguimiento a las mujeres continúa por parte de los asistentes sociales hasta su completa reinserción.
De cualquier modo, Usabiaga resalta que, en todo caso, la decisión de dónde acudir tras esos días en las nuevas instalaciones es de la propia mujer, que en esa situación suele estar bastante confundida y necesita ese apoyo profesional antes de tomar una decisión.
Tras estos dos primeros meses de funcionamiento, la directora foral hace una valoración positiva del funcionamiento del centro. El hecho de que, además de profesionales, las mujeres se encuentren en las instalaciones con otras personas en una situación similar, también les ayuda.
las cifras se mantienen
En los últimos dos años, las cifras de mujeres víctimas de violencia de género que acuden a los servicios de la Diputación se mantienen estables. Usabiaga concreta que en 2007 acudieron un total de 589 personas, aunque algo más de 200 eran víctimas que seguían en el programa desde el año anterior. Si bien la gran mayoría eran mujeres, también ha habido algunos hombres que han solicitado atención por violencia de género.
De todas esas personas, alrededor de una quinta parte serían extranjeras, un porcentaje muy alto si se considera que la población foránea no alcanza el 5% del total en Gipuzkoa. En esos casos, el hecho de carecer de un entorno familiar también dificulta su reinserción.
arantzazu zabaleta
Especialistas en violencia de género apuestan por el tratamiento asistencial y más recursos para la ley integral
Especialistas en violencia de género apostaron hoy por el tratamiento asistencial y más recursos económicos para la ley integral, que cumple casi cuatro años desde su aplicación, para hacer frente a las "múltiples causas" de su origen, "que tiene que ver con los procesos de socialización, la educación y los patrones de aprendizaje".
Así lo manifestaron durante el transcurso de las 'II Jornadas sobre Violencia de Género' para el análisis de la aplicación de la ley integral en la atención a las víctimas, los programas para maltratadores y las medidas educativo-preventivas, que iban a ser en un principio inauguradas por el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, que, finalmente, no pudo asistir por problemas de agenda.
La coordinadora del encuentro y también profesora de Psicología de la Universidad de Granada (UGR), Francisca Expósito, abogó por "tener en cuenta" que la socialización y la educación para abordar la violencia sobre las mujeres, puesto que sólo una respuesta jurídica no es suficiente. De hecho, según incidió, la ley integral "por sí sola" no ha conseguido minimizar el número de muertes, por lo que la cuestión ha de ser planteada desde una perspectiva "más amplia", en la que la psicología y los campos asistenciales "tienen mucho que decir".
La directora de las jornadas y profesora de Derecho Penal, María José Jiménez, consideró que hay que dar una "base económica fuerte" para lograr los objetivos de la ley, puesto que sin ese soporte, según dijo, "por muy buenas ideas o medidas que se hayan plasmado" en la misma, éstas "no se pueden desarrollar como es debido".
Sin embargo, Jiménez señaló que "como cualquier instrumento jurídico" la ley necesita tiempo de "adaptación" y "rodaje", por lo que "no hay que ser excesivamente críticos con una ley que lo único que pretende es solucionar un problema".
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres contra la Violencia de Género Convive de Granada, Amparo de Píñar, criticó que las ayudas sociales que recoge la ley "no son lo que parecen", sino "meros parches", que "no ayudan a la independencia y a la economía de las mujeres". Según explicó, la inserción laboral de las víctimas es "anecdótica", de unas 20 mujeres al año, como es igualmente una "trampa" su acceso a la vivienda.
Para De Píñar lo necesario es preparar la "salida" de las mujeres, que, aunque adquieren tranquilidad al tomar esa iniciativa, de superar el "infierno" en el que viven, sufren un proceso "complejo" que no es "camino de rosas". "Me parece una imprudencia decir que no denuncien pero también me parece una imprudencia decir que denuncien, que ya veremos como sale", señaló.
Las jornadas, que continuarán mañana, son la continuación de las celebradas el año pasado sobre los aspectos jurídicos de la ley y son el "broche de oro" de un proyecto multidisciplinar con una duración de tres años en el que participan un total de 27 investigadores, entre ellos Miguel Lorente.
EUROPA PRESS
www.europapress.es
Así lo manifestaron durante el transcurso de las 'II Jornadas sobre Violencia de Género' para el análisis de la aplicación de la ley integral en la atención a las víctimas, los programas para maltratadores y las medidas educativo-preventivas, que iban a ser en un principio inauguradas por el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, que, finalmente, no pudo asistir por problemas de agenda.
La coordinadora del encuentro y también profesora de Psicología de la Universidad de Granada (UGR), Francisca Expósito, abogó por "tener en cuenta" que la socialización y la educación para abordar la violencia sobre las mujeres, puesto que sólo una respuesta jurídica no es suficiente. De hecho, según incidió, la ley integral "por sí sola" no ha conseguido minimizar el número de muertes, por lo que la cuestión ha de ser planteada desde una perspectiva "más amplia", en la que la psicología y los campos asistenciales "tienen mucho que decir".
La directora de las jornadas y profesora de Derecho Penal, María José Jiménez, consideró que hay que dar una "base económica fuerte" para lograr los objetivos de la ley, puesto que sin ese soporte, según dijo, "por muy buenas ideas o medidas que se hayan plasmado" en la misma, éstas "no se pueden desarrollar como es debido".
Sin embargo, Jiménez señaló que "como cualquier instrumento jurídico" la ley necesita tiempo de "adaptación" y "rodaje", por lo que "no hay que ser excesivamente críticos con una ley que lo único que pretende es solucionar un problema".
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres contra la Violencia de Género Convive de Granada, Amparo de Píñar, criticó que las ayudas sociales que recoge la ley "no son lo que parecen", sino "meros parches", que "no ayudan a la independencia y a la economía de las mujeres". Según explicó, la inserción laboral de las víctimas es "anecdótica", de unas 20 mujeres al año, como es igualmente una "trampa" su acceso a la vivienda.
Para De Píñar lo necesario es preparar la "salida" de las mujeres, que, aunque adquieren tranquilidad al tomar esa iniciativa, de superar el "infierno" en el que viven, sufren un proceso "complejo" que no es "camino de rosas". "Me parece una imprudencia decir que no denuncien pero también me parece una imprudencia decir que denuncien, que ya veremos como sale", señaló.
Las jornadas, que continuarán mañana, son la continuación de las celebradas el año pasado sobre los aspectos jurídicos de la ley y son el "broche de oro" de un proyecto multidisciplinar con una duración de tres años en el que participan un total de 27 investigadores, entre ellos Miguel Lorente.
EUROPA PRESS
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23 de octubre de 2008
Un juez no ve maltrato en el puñetazo de un hombre a su esposa porque no hay machismo
Llegó de madrugada a la casa que compartía con su esposa y que había abandonado dos semanas atrás. Había bebido. Ella quería dejarle. Discutieron.
Él, José Manuel M., «le pegó un golpe en la espalda».
El Juzgado de lo Penal número 12 de Valencia lo considera probado, pero afirma que éste no es un caso de maltrato -como sostenía el fiscal- porque la psicóloga «no apreció ansiedad en la mujer ni estrés postraumático y no aparecen datos para estimar que existen relaciones de poder por sexo entre ambas personas ni machismo claro».
Con este argumento, el juez absuelve al acusado del delito de violencia doméstica por el que el Ministerio Público pedía un año de prisión y dos de alejamiento, y le condena a 180 euros por una falta de lesiones.
Concluye el magistrado que «no queda probada la existencia de discriminación, situación de desigualdad y relación de poder del hombre sobre la mujer».
Los hechos ocurrieron en enero de 2006, en Benigánim (Valencia). El juicio se celebró el 9 de julio de 2007, pero la sentencia no se ha dictado hasta ahora porque, tras la vista, el juez presentó una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley Integral contra la Violencia de Género por entender que era discriminatoria para el varón.
Dice en su resolución que hay que «evitar el automatismo» en la aplicación de esta norma para preservar los principios de «igualdad y proporcionalidad» y que por eso sólo cabe hablar de delito de maltrato cuando los golpes a la mujer en el seno de la pareja sean «manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres».
Corriente catalana
El magistrado se adhiere así a una corriente inaugurada por la Audiencia de Barcelona. Pese a que el artículo 153 del Código Penal castiga como delito cualquier agresión de un hombre a su pareja, la Audiencia, en varias sentencias, mantiene que para hablar de delito, el golpe «deberá lesionar más allá de la integridad física y ser un instrumento de discriminación, dominación o subyugación».
Los críticos con esta corriente creen que se está torciendo la voluntad del legislador exigiendo requisitos que no están en la ley, y mantienen que un golpe de un hombre a una mujer siempre es expresión de machismo.
ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE
www.abc.es
Él, José Manuel M., «le pegó un golpe en la espalda».
El Juzgado de lo Penal número 12 de Valencia lo considera probado, pero afirma que éste no es un caso de maltrato -como sostenía el fiscal- porque la psicóloga «no apreció ansiedad en la mujer ni estrés postraumático y no aparecen datos para estimar que existen relaciones de poder por sexo entre ambas personas ni machismo claro».
Con este argumento, el juez absuelve al acusado del delito de violencia doméstica por el que el Ministerio Público pedía un año de prisión y dos de alejamiento, y le condena a 180 euros por una falta de lesiones.
Concluye el magistrado que «no queda probada la existencia de discriminación, situación de desigualdad y relación de poder del hombre sobre la mujer».
Los hechos ocurrieron en enero de 2006, en Benigánim (Valencia). El juicio se celebró el 9 de julio de 2007, pero la sentencia no se ha dictado hasta ahora porque, tras la vista, el juez presentó una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley Integral contra la Violencia de Género por entender que era discriminatoria para el varón.
Dice en su resolución que hay que «evitar el automatismo» en la aplicación de esta norma para preservar los principios de «igualdad y proporcionalidad» y que por eso sólo cabe hablar de delito de maltrato cuando los golpes a la mujer en el seno de la pareja sean «manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres».
Corriente catalana
El magistrado se adhiere así a una corriente inaugurada por la Audiencia de Barcelona. Pese a que el artículo 153 del Código Penal castiga como delito cualquier agresión de un hombre a su pareja, la Audiencia, en varias sentencias, mantiene que para hablar de delito, el golpe «deberá lesionar más allá de la integridad física y ser un instrumento de discriminación, dominación o subyugación».
Los críticos con esta corriente creen que se está torciendo la voluntad del legislador exigiendo requisitos que no están en la ley, y mantienen que un golpe de un hombre a una mujer siempre es expresión de machismo.
ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE
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Un total de 89.000 mujeres han sido víctimas de la violencia de género desde junio de 2007
Un total de 89.000 mujeres han sido víctimas de la violencia de género desde el mes de junio de 2007 en toda España y 4.000 usuarios son los que han pedido ayuda al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, según explicó este martes el subdelegado del Gobierno en Canarias, Vicente Oliva, en las jornadas sobre violencia que se celebran en la capital grancanaria.
Este Sistema de Violencia de Género (VDC) trata de intensificar la prevención de la posible víctima que pueda ser violentada físicamente. Concretamente, "lo que hace es detectar donde hay una posibilidad de violencia de género, a través de la coordinación de las fuerzas del estado y la fiscalía que determinan quienes son las que están en más alto riesgo de violencia", apuntó el subdelegado.
Por este motivo, las jornadas, que se celebran hasta el miércoles, van dirigidas a todas las personas relacionadas con la protección de las mujeres como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Instituciones Penitenciarias, fiscales y jueces de violencia de género y unidades contra la violencia sobre la mujer.
Además, Oliva añadió que "para conseguir mejores resultados en la prevención es necesaria la colaboración de las propias mujeres procediendo a denunciar cuando puedan ser objeto de violencia doméstica".
Según el subdelegado, estas jornadas suponen un "comienzo" para trabajar en la violencia de género porque "si hay un mal en la sociedad que ningún poder público puede tolerar es el de la violencia y la falta de respeto hacia otros seres humanos".
"La realidad de mujeres de todo el mundo sigue estando teñida de discriminación y desigualdad", aclaró el subdelegado, por eso propuso que "las diferencias de origen o cultura deben estar unidas porque las causas de desigualdad son las mismas y la determinación de luchar contra esa injusticia no conoce fronteras".
Para paliar estas cifras en la violencia de género en España, el portavoz de la Delegación del Gobierno en Canarias reivindicó que el trabajo de las administraciones "no se trata solo de reconocer y legislar, sino también de poner todos los medios que sean necesarios para la verdadera erradicación de la violencia contra las mujeres".
PROGRESOS IMPORTANTES PERO POCA APLICACIÓN
El Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer en su primer informe anual 2007, determinó que aunque los progresos han sido importantes, hay dificultades para su aplicación.
Por un lado se ha puesto el acento en las medidas de ámbito penal y judicial frente a la escasa implantación de las medidas de prevención sobre todo en el sistema educativo.
Por todos estos motivos, el próximo mes se celebrarán otras jornadas con motivo del Día Contra la Violencia Género con el objetivo de seguir "sensibilizando en este terreno a todas las personas, no sólo a las mujeres, sino también a las personas cercanas que pueden comprobar que se está produciendo un caso de violencia", concluyó el subdelegado.
Detenidos tres individuos por malos tratos en Chiclana, Chipiona y Arcos
La Guardia Civil ha detenido en las localidades gaditanas de Chiclana, Chipiona y Arcos a tres hombres acusados de malos tratos en el ámbito familiar, han informado a Efe fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
En Chiclana, la Guardia Civil acudió ayer por la noche a un domicilio en el que se estaba produciendo un altercado entre familiares.
Al llegar, los agentes, que encontraron la puerta abierta, comprobaron que un hombre era sujetado por sus familiares, ya que se encontraba en un estado bastante alterado, gritando y profiriendo insultos y amenazas de muerte contra su esposa.
Contra los agentes que intentaron calmarle también la emprendió a golpes, aunque finalmente fue reducido y detenido.
Una vez en dependencias policiales, la esposa declaró que recibía de forma continuada agresiones leves, insultos, menosprecios y amenazas de muerte, por lo que J.D.M. fue detenido y ha pasado a disposición judicial acusado de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.
Por otro lado, en la localidad de Chipiona, una mujer denunció ayer ante la Guardia Civil a su ex novio, quién presuntamente no cesaba de insultarla, agredirla y amenazarla de muerte desde que hace un mes y medio decidiera poner fin a la relación.
El sujeto, identificado como R.L.C., fue detenido y acusado de un presunto delito de malos tratos.
Por este mismo delito también ha sido detenido en Arcos de la Frontera J.F.M., a raíz de la denuncia de su mujer ante la Guardia Civil.
La víctima aseguró en su declaración que había sido víctima de malos tratos desde el comienzo de su relación y que su pareja se había llevado si permiso al hijo de ambos, de año y medio de edad.
www.lavozdigital.es
En Chiclana, la Guardia Civil acudió ayer por la noche a un domicilio en el que se estaba produciendo un altercado entre familiares.
Al llegar, los agentes, que encontraron la puerta abierta, comprobaron que un hombre era sujetado por sus familiares, ya que se encontraba en un estado bastante alterado, gritando y profiriendo insultos y amenazas de muerte contra su esposa.
Contra los agentes que intentaron calmarle también la emprendió a golpes, aunque finalmente fue reducido y detenido.
Una vez en dependencias policiales, la esposa declaró que recibía de forma continuada agresiones leves, insultos, menosprecios y amenazas de muerte, por lo que J.D.M. fue detenido y ha pasado a disposición judicial acusado de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.
Por otro lado, en la localidad de Chipiona, una mujer denunció ayer ante la Guardia Civil a su ex novio, quién presuntamente no cesaba de insultarla, agredirla y amenazarla de muerte desde que hace un mes y medio decidiera poner fin a la relación.
El sujeto, identificado como R.L.C., fue detenido y acusado de un presunto delito de malos tratos.
Por este mismo delito también ha sido detenido en Arcos de la Frontera J.F.M., a raíz de la denuncia de su mujer ante la Guardia Civil.
La víctima aseguró en su declaración que había sido víctima de malos tratos desde el comienzo de su relación y que su pareja se había llevado si permiso al hijo de ambos, de año y medio de edad.
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Mujeres Progresistas unidas por la igualdad
El 20 de octubre se realizó el acto de presentación de una nueva asociación en Pinto, la de Mujeres Progresistas. Su intención es luchar por la plena igualdad entre hombres y mujeres en la localidad y ayudar a los colectivos más frágiles.
"Creemos que la sociedad de Pinto está a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, pero hay un largo camino por recorrer y nuestro objetivo es hacerlo". Con esta declaración de intenciones se presentó el lunes la Asociación de Mujeres Progresistas de Pinto.
ZEROLO, PRESIDENTE DE HONOR
Tras el acto se celebró una ponencia sobre diversidad familiar en el que participó el concejal socialista de Madrid Pedro Zerolo, que fue nombrado presidente de honor de la asociación. "Le hemos elegido por su apoyo al feminismo y por su lucha a favor de la igualdad", explicó la presidenta, Maite Durán.
La intención de estas mujeres pinteñas es ayudar a todas las mujeres de la ciudad que puedan estar en una situación de desigualdad. Por ello centrarán sus esfuerzos en los colectivos más vulnerables, como las inmigrantes o las víctimas de la Violencia de Género. También se fijarán en las desigualdades laborales y en la formación a las jóvenes.
A LA ESPERA DE UNA SEDE
Sin embargo, para poder llevar a cabo todas las iniciativas necesitan una sede de la que aún carecen. Para tenerla primero tiene que formalizar su inscripción como asociación y después pedir al Ayuntamiento de Pinto que les facilite un local.
Jaime Domínguez
www.gentedigital.es
"Creemos que la sociedad de Pinto está a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, pero hay un largo camino por recorrer y nuestro objetivo es hacerlo". Con esta declaración de intenciones se presentó el lunes la Asociación de Mujeres Progresistas de Pinto.
ZEROLO, PRESIDENTE DE HONOR
Tras el acto se celebró una ponencia sobre diversidad familiar en el que participó el concejal socialista de Madrid Pedro Zerolo, que fue nombrado presidente de honor de la asociación. "Le hemos elegido por su apoyo al feminismo y por su lucha a favor de la igualdad", explicó la presidenta, Maite Durán.
La intención de estas mujeres pinteñas es ayudar a todas las mujeres de la ciudad que puedan estar en una situación de desigualdad. Por ello centrarán sus esfuerzos en los colectivos más vulnerables, como las inmigrantes o las víctimas de la Violencia de Género. También se fijarán en las desigualdades laborales y en la formación a las jóvenes.
A LA ESPERA DE UNA SEDE
Sin embargo, para poder llevar a cabo todas las iniciativas necesitan una sede de la que aún carecen. Para tenerla primero tiene que formalizar su inscripción como asociación y después pedir al Ayuntamiento de Pinto que les facilite un local.
Jaime Domínguez
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22 de octubre de 2008
Inédito: prisión para acosador sexual egipcio
Se trata de la primera sentencia conocida en Egipcio por una ofensa de ese tipo.
Un hombre egipcio fue sentenciado a tres años en prisión con trabajos forzados por acosar sexualmente a una mujer en la calle.
Shariff Gomma tendrá que pagar además unos US$895 en compensación por daños infringidos a Noha Rushdi Saleh, que fue acosada cuando caminaba por la calle en el barrio cairota de Helipolis, en junio de este año.
Gomma estaba acusado de haber manoseado repetidamente a Noha Rushdi Saleh mientras conducía lentamente su carro.
Los grupos egipcios de activistas por los derechos de la mujer recibieron la noticia con júbilo, afirmando que se trata de la primera sentencia conocida por una ofensa de ese tipo.
Aunque muchas mujeres egipcias y turistas extranjeras se quejan de la atención sexual indeseada en las calles del país, el tema apenas se toca en el debate político o mediático.
Este ataque, sin embargo, acaparó la atención de los medios de comunicación del país cuando la víctima, Noha Rushdi Saleh, cineasta de profesión, hizo público el caso.
La mujer, de 27 años de edad, le dijo a la BBC que se sintió conmocionada no sólo ante el comportamiento de su agresor sino también ante la actitud de los viandantes en el momento del ataque, que según ella le aconsejaron que no denunciara el hecho ante la policía e incluso la culparon de haber provocado el ataque.
Noha Rushdi Saleh, increpó a su atacante durante una hora hasta que consiguió llevarlo hasta una comisaría, sólo para encontrarse con la reticencia inicial de los policías a investigar el incidente.
El diario opositor Badeel publicó el caso y lanzó una serie de críticas en las que culpaba de lo ocurrido a la opresión del gobierno de Egipto, a "la mayoría de los ciudadanos que se identifican con el agresor" y a "décadas de incitación misógina" propagada desde algunas mezquitas del país.
Precedente ejemplar
Las activistas egipcias por los derechos de la mujer consideran el fallo del juez una sentencia dura y ejemplar.
A mediados de este año, el Centro Egipcio para los Derechos de la Mujer publicó una encuesta según la cual el 98% de las extranjeras y el 83% de las egipcias habían sufrido acoso sexual.
El sondeo mostraba además que casi dos tercios de los egipcios admitieron haber acosado a mujeres en público.
La organización describe el problema como un cáncer social y reitera la necesidad de que el gobierno introduzca nuevas legislaciones para atajarlo.
Engy Ghozlan, del centro autor de la encuesta, aseguró que muy pocos de los casos de acoso son denunciados porque hay una falta total de confianza en la policía y en el sistema judicial.
A principios de este mes hubo otro caso inusual en el que ocho hombres fueron arrestados en Cairo por supuestamente haber participado en el acoso sexual masivo de mujeres.
El ataque sucedió durante la fiesta de Eid, que marca el final del Ramadan, el mes musulmán de ayuno.
Un suceso similar ocurrió durante la misma festividad en 2006, las víctimas fueron violentamente manoseadas (algunas de sus ropas fueron rasgadas) por un grupo de hombres mientras caminaban por la calle.
En ambas ocasiones los testigos declararon que la policía estaba presente durante el suceso pero no actuó para proteger a las mujeres.
En ambas ocasiones los testigos declararon que la policía estaba presente durante el suceso pero no actuó para proteger a las mujeres.
Según Matías Zibell, hasta hace poco corresponsal de BBC Mundo en Egipto, aunque la condena de Shariff Gomma sienta un precedente legal que es una buena noticia para las mujeres egipcias, hay que recordar que el fenómeno del acoso sexual es tan común en las calles cairotas que hará falta mucho más que una sentencia judicial para terminar con el problema.
Redacción, BBC Mundo
CADA HORA, OCHO MUJERES PIDEN AYUDA AL 016
Cada hora, ocho mujeres que sufren malos tratos piden ayuda al 016, el servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, según un informe elaborado por el Ministerio de Igualdad.
Desde el 3 de septiembre de 2007, fecha en que se puso en funcionamiento este servicio, hasta el pasado 30 de septiembre el 016 había atendido 73.418 llamadas.
Agosto de 2008 fue el mes que más llamadas registró, con 7.062, aunque fue febrero el mes con mayor número medio de llamadas atendidas al día, 238, lo que supone 10 cada hora.
En este año de funcionamiento del 016 se ha constatado que el lunes es el día de la semana que registra un mayor número de consultas y que la mayoría de las llamadas relacionadas con casos de violencia de género se atendieroin entre las nueve de la mañana y las diez de la noche, aunque el pico más alto se registra entre las once de la mañana y las dos de la tarde.
Madrid es la comunidad con mayor número de llamadas, 18.359, seguida por Andalucía, 11.948; Cataluña, 9.746; Comunidad Valenciana, 7.529, y Canarias, con 4.020.
Las mujeres que viven en Ceuta, Melilla y Rioja son las que menos han usado el 016. El 81% de las llamadas de violencia de género atendidas por el 016 fueron efectuadas por mujeres, el 16% por familiares y amigos de las víctimas y el 2% por profesionales y entidades públicas y privadas.
El informe realizado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género sostiene que no existe un perfil de mujer maltratada.
El 51,6% manifestó estar casada, el 89% tenía hijos y un 22% dijo tener más de 50 años. El 35% informó de que tenía estudios medios.
Respecto a la nacionalidad de las víctimas, el 016 comenzó a recoger este dato a partir de marzo de este año.
El 74% de las víctimas que llamaron eran españolas y el 25,4% extranjeras.
Respecto a la nacionalidad de los agresores, el 75% eran españoles y el 25% extranjeros. El 92% de las españolas manifestaron que su agresor era español y el 7,9% que era extranjero, mientras que el 64% de las extranjeras manifestó que su agresor no había nacido en España.
SERVIMEDIA
www.discapnet.es
Desde el 3 de septiembre de 2007, fecha en que se puso en funcionamiento este servicio, hasta el pasado 30 de septiembre el 016 había atendido 73.418 llamadas.
Agosto de 2008 fue el mes que más llamadas registró, con 7.062, aunque fue febrero el mes con mayor número medio de llamadas atendidas al día, 238, lo que supone 10 cada hora.
En este año de funcionamiento del 016 se ha constatado que el lunes es el día de la semana que registra un mayor número de consultas y que la mayoría de las llamadas relacionadas con casos de violencia de género se atendieroin entre las nueve de la mañana y las diez de la noche, aunque el pico más alto se registra entre las once de la mañana y las dos de la tarde.
Madrid es la comunidad con mayor número de llamadas, 18.359, seguida por Andalucía, 11.948; Cataluña, 9.746; Comunidad Valenciana, 7.529, y Canarias, con 4.020.
Las mujeres que viven en Ceuta, Melilla y Rioja son las que menos han usado el 016. El 81% de las llamadas de violencia de género atendidas por el 016 fueron efectuadas por mujeres, el 16% por familiares y amigos de las víctimas y el 2% por profesionales y entidades públicas y privadas.
El informe realizado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género sostiene que no existe un perfil de mujer maltratada.
El 51,6% manifestó estar casada, el 89% tenía hijos y un 22% dijo tener más de 50 años. El 35% informó de que tenía estudios medios.
Respecto a la nacionalidad de las víctimas, el 016 comenzó a recoger este dato a partir de marzo de este año.
El 74% de las víctimas que llamaron eran españolas y el 25,4% extranjeras.
Respecto a la nacionalidad de los agresores, el 75% eran españoles y el 25% extranjeros. El 92% de las españolas manifestaron que su agresor era español y el 7,9% que era extranjero, mientras que el 64% de las extranjeras manifestó que su agresor no había nacido en España.
SERVIMEDIA
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Trabajadores Denuncian Persecución
La Mesa Coordinadora Sindical (MCS) denunció que trabajadores del Ministerio de Justicia y Trabajo son víctimas de persecuciones. Un comunicado público relata casos de funcionarios penitenciarios del Centro Educativo Itauguá y de la cárcel de mujeres Buen Pastor. La organización exige el cese de los despidos y el hostigamiento.
La MCS está integrada por varias organizaciones sindicales de instituciones públicas. Emitió un comunicado informando sobre denuncias de persecuciones en el Ministerio de Justicia y Trabajo.
La entidad indica que se trata, paradójicamente, de casos que involucran a autoridades de la cartera que tiene que velar por el derecho de los trabajadores.
Menciona por ejemplo el caso del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios del Centro Educativo Itauguá (Sintracei). El gremio dice que dos funcionarias de la entidad, María Pintos y Cristina Alarcón fueron “arbitrariamente” trasladadas. La entidad indica que esto busca “obstaculizar sus actividades sindicales”.
La MCS informó que María Pintos es secretaria de la Mujer y Cristina Alarcón secretaria de Relaciones de Sintracei.
Por otro lado, la entidad señala que las autoridades de la cárcel de mujeres Buen Pastor prohibieron el ingreso al recinto del dirigente sindical Vicente Ruiz Díaz. El representante, según el gremio, pretendió verificar las condiciones de trabajo de las guardiacárceles que trabajan en el lugar.
La MCS denuncia, en forma general, “despidos arbitrarios” en la cartera. Sin embargo, no proporciona detalles sobre la cantidad y las secciones afectadas.
“Es preocupante que todas estas flagrantes violaciones a los derechos laborales y sindicales de compañeras y compañeros trabajadores penitenciarios se registren justamente en el Ministerio de Justicia y Trabajo, que debería ser el encargado de velar por el respeto a la libertad de organización y a los derechos laborales”, afirma la MCS.
La entidad exige el cese inmediato de los despidos y el hostigamiento. Pide que los funcionarios despedidos sean restituidos en sus puestos de trabajo.
www.abc.com.py
La MCS está integrada por varias organizaciones sindicales de instituciones públicas. Emitió un comunicado informando sobre denuncias de persecuciones en el Ministerio de Justicia y Trabajo.
La entidad indica que se trata, paradójicamente, de casos que involucran a autoridades de la cartera que tiene que velar por el derecho de los trabajadores.
Menciona por ejemplo el caso del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios del Centro Educativo Itauguá (Sintracei). El gremio dice que dos funcionarias de la entidad, María Pintos y Cristina Alarcón fueron “arbitrariamente” trasladadas. La entidad indica que esto busca “obstaculizar sus actividades sindicales”.
La MCS informó que María Pintos es secretaria de la Mujer y Cristina Alarcón secretaria de Relaciones de Sintracei.
Por otro lado, la entidad señala que las autoridades de la cárcel de mujeres Buen Pastor prohibieron el ingreso al recinto del dirigente sindical Vicente Ruiz Díaz. El representante, según el gremio, pretendió verificar las condiciones de trabajo de las guardiacárceles que trabajan en el lugar.
La MCS denuncia, en forma general, “despidos arbitrarios” en la cartera. Sin embargo, no proporciona detalles sobre la cantidad y las secciones afectadas.
“Es preocupante que todas estas flagrantes violaciones a los derechos laborales y sindicales de compañeras y compañeros trabajadores penitenciarios se registren justamente en el Ministerio de Justicia y Trabajo, que debería ser el encargado de velar por el respeto a la libertad de organización y a los derechos laborales”, afirma la MCS.
La entidad exige el cese inmediato de los despidos y el hostigamiento. Pide que los funcionarios despedidos sean restituidos en sus puestos de trabajo.
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Los juzgados registraron en 3 meses 50 nuevos casos de violencia machista
Las salas de Carballo y Corcubión aprobaron 4 órdenes de protección y denegaron 5 entre abril y junio
Los juzgados de la Costa da Morte registraron medio centenar de nuevos casos de violencia machista entre los meses de abril y junio de este año, 35 de ellos en las salas de Carballo, y otros 15 en Corcubión. Estos tribunales resolvieron un total de 52 asuntos penales de este tipo en el mismo período. De estos procesos, 26 se tramitaron como diligencias urgentes, 17 mediante diligencias previas, 6 como procedimientos abreviados y uno como juicio de faltas.
En cuanto a los casos nuevos calificados de delitos, la mayoría son por lesiones (37), seguidos de los que atentan contra la libertad (4) y contra la integridad moral (2).
Por otro lado, el segundo trimestre de este año también ha sido especialmente prolífero en órdenes de protección en la Costa da Morte. En total, se registraron 9 incoadas. Se adoptaron cuatro y se denegaron cinco.
Además, de las órdenes de protección, en el citado período se tomaron también otro tipo de medidas judiciales de protección. Se dictaron 19 órdenes de alejamiento y otras 19 que prohíben cualquier tipo de comunicación.
Divorcios por malos tratos
Por otra parte, los asuntos de violencia machista terminan en ocasiones en un divorcio o separación. En el segundo trimestre del 2008, el juzgado de Carballo resolvió un divorcio consensuado. En cuanto a los divorcios sin acuerdo entre las partes, ingresó un nuevo caso en el tribunal bergantiñán y se resolvieron dos, pero aún quedaban pendientes tres.
Por otro lado, también se resolvió en las salas carballesas una separación sin consenso entre las partes.
Estas cifras son especialmente elevadas, si se comparan, por ejemplo, con las registradas a lo largo de todo el año pasado. En el 2007, los juzgados de la Costa da Morte tramitaron 120 procesos penales por delitos de violencia machista, 69 en Carballo y 51 en Corcubión. En la capital de Bergantiños se resolvieron 73, mientras que en Corcubión la cifra es de 56.
Laura López
www.lavozdegalicia.es
Los juzgados de la Costa da Morte registraron medio centenar de nuevos casos de violencia machista entre los meses de abril y junio de este año, 35 de ellos en las salas de Carballo, y otros 15 en Corcubión. Estos tribunales resolvieron un total de 52 asuntos penales de este tipo en el mismo período. De estos procesos, 26 se tramitaron como diligencias urgentes, 17 mediante diligencias previas, 6 como procedimientos abreviados y uno como juicio de faltas.
En cuanto a los casos nuevos calificados de delitos, la mayoría son por lesiones (37), seguidos de los que atentan contra la libertad (4) y contra la integridad moral (2).
Por otro lado, el segundo trimestre de este año también ha sido especialmente prolífero en órdenes de protección en la Costa da Morte. En total, se registraron 9 incoadas. Se adoptaron cuatro y se denegaron cinco.
Además, de las órdenes de protección, en el citado período se tomaron también otro tipo de medidas judiciales de protección. Se dictaron 19 órdenes de alejamiento y otras 19 que prohíben cualquier tipo de comunicación.
Divorcios por malos tratos
Por otra parte, los asuntos de violencia machista terminan en ocasiones en un divorcio o separación. En el segundo trimestre del 2008, el juzgado de Carballo resolvió un divorcio consensuado. En cuanto a los divorcios sin acuerdo entre las partes, ingresó un nuevo caso en el tribunal bergantiñán y se resolvieron dos, pero aún quedaban pendientes tres.
Por otro lado, también se resolvió en las salas carballesas una separación sin consenso entre las partes.
Estas cifras son especialmente elevadas, si se comparan, por ejemplo, con las registradas a lo largo de todo el año pasado. En el 2007, los juzgados de la Costa da Morte tramitaron 120 procesos penales por delitos de violencia machista, 69 en Carballo y 51 en Corcubión. En la capital de Bergantiños se resolvieron 73, mientras que en Corcubión la cifra es de 56.
Laura López
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Cuatro de cada diez mujeres asesinadas este año eran extranjeras
Igualdad diseña un plan específico para proteger a este colectivo
Cuatro de cada diez mujeres asesinadas en lo que va de año a manos de sus parejas o ex parejas eran extranjeras. La estadística total recoge a día de hoy 53 víctimas, cifra que aumentaría de confirmarse que la ciudadana china hallada muerta en Jerez de la Frontera se encuadra dentro de la misma. El total podría aumentar de confirmarse seis asesinatos que aún están siendo investigados.
De los siete asesinatos confirmados en 1999, se ha pasado a veinticuatro, dato que podría verse incrementado de confirmarse el caso acaecido en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera que se ha saldado con la muerte de una ciudadana china.
A finales del año pasado, el Informe anual de Violencia de Género 2006, elaborado por el Observatorio de Salud de la Mujer y la Comisión contra la Violencia de Género alertaba de que el riesgo de morir de una mujer inmigrante era 5,3 veces mayor comparado con el caso de una mujer española. El documento recogía “la necesidad de ahondar en los motivos por los que ser mujer e inmigrante incrementa el riesgo de padecer y morir” y concretaba que la diversidad de nacionalidades y las dificultades de acceso a los servicios sociales y sanitarios podrían ser las principales causas.
Dentro del grupo de mujeres inmigrantes asesinadas, las de origen latinoamericano destacan sobre las demás con 13 muertes sobre el total de 24, cifra que sorprende frente a las 8 mujeres europeas o las 2 mujeres africanas.
Igualdad diseña un plan específico para proteger a este colectivo
En septiembre de este año, el Ministerio de Igualdad se hacía cargo de las alarmantes cifras y anunciaba la creación de un paquete de medidas "específicas" para luchar "contra el creciente aumento de violencia en la población extranjera inmigrante" porque este ámbito requiere "respuestas específicas".
El objetivo del programa, que estaría vigente entre 2009 y 2012, sería crear las condiciones adecuadas para abordar el problema de la violencia de género atendiendo a las circunstancias específicas de la población extranjera inmigrante para mejorar la atención y la prevención desde una perspectiva global.
MÓNICA TRAGACETE FERNÁNDEZ
www.telecinco.es
Cuatro de cada diez mujeres asesinadas en lo que va de año a manos de sus parejas o ex parejas eran extranjeras. La estadística total recoge a día de hoy 53 víctimas, cifra que aumentaría de confirmarse que la ciudadana china hallada muerta en Jerez de la Frontera se encuadra dentro de la misma. El total podría aumentar de confirmarse seis asesinatos que aún están siendo investigados.
De los siete asesinatos confirmados en 1999, se ha pasado a veinticuatro, dato que podría verse incrementado de confirmarse el caso acaecido en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera que se ha saldado con la muerte de una ciudadana china.
A finales del año pasado, el Informe anual de Violencia de Género 2006, elaborado por el Observatorio de Salud de la Mujer y la Comisión contra la Violencia de Género alertaba de que el riesgo de morir de una mujer inmigrante era 5,3 veces mayor comparado con el caso de una mujer española. El documento recogía “la necesidad de ahondar en los motivos por los que ser mujer e inmigrante incrementa el riesgo de padecer y morir” y concretaba que la diversidad de nacionalidades y las dificultades de acceso a los servicios sociales y sanitarios podrían ser las principales causas.
Dentro del grupo de mujeres inmigrantes asesinadas, las de origen latinoamericano destacan sobre las demás con 13 muertes sobre el total de 24, cifra que sorprende frente a las 8 mujeres europeas o las 2 mujeres africanas.
Igualdad diseña un plan específico para proteger a este colectivo
En septiembre de este año, el Ministerio de Igualdad se hacía cargo de las alarmantes cifras y anunciaba la creación de un paquete de medidas "específicas" para luchar "contra el creciente aumento de violencia en la población extranjera inmigrante" porque este ámbito requiere "respuestas específicas".
El objetivo del programa, que estaría vigente entre 2009 y 2012, sería crear las condiciones adecuadas para abordar el problema de la violencia de género atendiendo a las circunstancias específicas de la población extranjera inmigrante para mejorar la atención y la prevención desde una perspectiva global.
MÓNICA TRAGACETE FERNÁNDEZ
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Audiencia de Lleida confirma condena por acoso laboral a ex jefa Carreteras
La Audiencia de Lleida ha dictado hoy una sentencia en la que ratifica la condena a la ex jefa del Servicio Territorial de Carreteras de la Generalitat en la demarcación leridana por acoso laboral a una subordinada.
Según ha explicado hoy el abogado de la defensa, Josep Miquel Moragues, la Audiencia de Lleida ha confirmado la falta de coacciones continuada contra Teresa C., la ex jefa de Carreteras denunciada, y la multa de 240 euros que le impuso el juzgado de lo penal número 2 de Lleida.
De esta manera, la Audiencia ha reafirmado la decisión emitida el pasado mes de febrero por el citado juzgado leridano, que se convirtió en la primera sentencia condenatoria por "mobbing" contra una administración pública de toda España.
La primera sentencia del caso también estableció que el gobierno catalán debería indemnizar a la funcionaria que sufrió el acoso laboral con 63.398 euros por ser responsable subsidiario.
Sin embargo, la Audiencia de Lleida establece que esta cantidad deberá ser valorada por el médico forense en función de las secuelas de los hechos que le hayan quedado a la acosada.
"Esta cantidad podrá incrementarse o disminuir, pero lo más normal es que baje un poco. Calculamos que se reducirá en unos 8.000 euros. Pero estamos muy contentos igual porque se ha confirmado la condena", ha explicado Moragues.
La trabajadora denunciante, B.S.M., acusó a Teresa C. de trato vejatorio entre 1996 y 2005.
Durante el juicio aseguró que su superior la insultaba, le cronometraba cuando trabajaba, le encargaba tareas de conserje y le amenazó varias ocasiones con expulsarla.
La sentencia señala que los servicios territoriales de Carreteras podían haber evitado el caso de acoso laboral únicamente cambiando de sección a la funcionaria.
Tras la primera sentencia, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas (DPTOP) envió un comunicado destacando que a pesar de que la querella fue presentada por delito de coacciones y lesiones finalmente solamente se dictó una condena por falta de coacciones.
La Generalitat también anunció entonces el recurso contra el fallo del juzgado de lo penal, que ahora ha finalizado con la confirmación de la primera condena por parte de la Audiencia de Lleida.
www.finanzas.com
Según ha explicado hoy el abogado de la defensa, Josep Miquel Moragues, la Audiencia de Lleida ha confirmado la falta de coacciones continuada contra Teresa C., la ex jefa de Carreteras denunciada, y la multa de 240 euros que le impuso el juzgado de lo penal número 2 de Lleida.
De esta manera, la Audiencia ha reafirmado la decisión emitida el pasado mes de febrero por el citado juzgado leridano, que se convirtió en la primera sentencia condenatoria por "mobbing" contra una administración pública de toda España.
La primera sentencia del caso también estableció que el gobierno catalán debería indemnizar a la funcionaria que sufrió el acoso laboral con 63.398 euros por ser responsable subsidiario.
Sin embargo, la Audiencia de Lleida establece que esta cantidad deberá ser valorada por el médico forense en función de las secuelas de los hechos que le hayan quedado a la acosada.
"Esta cantidad podrá incrementarse o disminuir, pero lo más normal es que baje un poco. Calculamos que se reducirá en unos 8.000 euros. Pero estamos muy contentos igual porque se ha confirmado la condena", ha explicado Moragues.
La trabajadora denunciante, B.S.M., acusó a Teresa C. de trato vejatorio entre 1996 y 2005.
Durante el juicio aseguró que su superior la insultaba, le cronometraba cuando trabajaba, le encargaba tareas de conserje y le amenazó varias ocasiones con expulsarla.
La sentencia señala que los servicios territoriales de Carreteras podían haber evitado el caso de acoso laboral únicamente cambiando de sección a la funcionaria.
Tras la primera sentencia, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas (DPTOP) envió un comunicado destacando que a pesar de que la querella fue presentada por delito de coacciones y lesiones finalmente solamente se dictó una condena por falta de coacciones.
La Generalitat también anunció entonces el recurso contra el fallo del juzgado de lo penal, que ahora ha finalizado con la confirmación de la primera condena por parte de la Audiencia de Lleida.
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Violencia machista y medio rural: el más difícil todavía
La falta de recursos próximos y el miedo al vacío social condicionan a la mujer maltratada que vive en núcleos pequeños, donde hay más violencia pero muchas menos denuncias.
La falta de recursos próximos y el miedo al vacío social condicionan a la mujer maltratada que vive en núcleos pequeños, donde hay más violencia pero muchas menos denuncias.
Cristina Domínguez Sahagún
Aunque la patada duele igual en un pueblo que en una ciudad, el proceso para terminar con los abusos y humillaciones que sufren las mujeres maltratadas se hace, en el medio rural, especialmente complicado, más dramático si cabe.
El imperio del machismo consentido, el miedo al qué dirán en el pueblo, o la falta de una red completa de apoyo, acaban por desanimar a la mujer maltratada que desea romper con este particular acto de terrorismo “y la mitad no llega a finalizar el proceso agobiada por la burocracia y el ambiente general”.
Aún así, según las estadísticas de la Junta, cuatro de cada diez denuncias de malos tratos proceden del ámbito rural. Un dato significativo, que deja muy claro que la violencia machista sigue presente en nuestros pueblos aunque, a veces, ni siquiera algunas mujeres maltratadas sepan que lo están siendo.
Según Teresa López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) la violencia de género la sufren por igual las mujeres rurales que las urbanas, pero “hay una menor percepción de las mujeres rurales de que son víctimas de la violencia, y por tanto, se producen menos denuncias”.
Las palabras de López desvelan el primer obstáculo para erradicar de los pueblos el terrorismo doméstico.
Las estadísticas muestran que hay algunos grupos de población femenina –en franjas de edad superiores– que no consideran un empujón o un insulto una forma de malos tratos, o no los relacionan con este delito, aceptando el mito de la superioridad del hombre “tal y como se lo inculcaron en casa donde, muy probablemente, también hubo malos tratos” pues la violencia se pude perpetuar hasta cuatro generaciones.
Pero, también las mujeres conscientes y decididas a actuar se tendrán que enfrentar en algunos casos a la crítica del medio en el que viven, a ese medio de patriarcado que permite y calla.
“Al ser sociedades más pequeñas, donde todo el mundo se conoce, hay cierto reparo a la hora de denunciar porque piensan que el pueblo se va a poner en su contra, el trauma se acentúa”, comentan desde la Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica (Adavas).
Decidida a informarse de sus derechos, a denunciar, o a solicitar la separación de la pareja,existen ciertas ventajas en función del pueblo, pero no muchas.
Por ejemplo, una vecina de Sahagún sí tendría a su alcance, acceso directo, al Centro de Acción Social (Ceas), al Centro de Salud, Juzgado, y el cuartel de la Guardia Civil de la villa, cuatro organismos donde tramitar, dar parte o recibir más información. Una vecina de Renedo de Valderaduey, sin embargo, necesitaría tarde o temprano un primer desplazamiento hasta Sahagún, cuando más cerca, ‘despertando sospechas’ en un tema que suele requerir la máxima confidencialidad.
Algo que, por otro lado, siempre garantizarán las instituciones a las que la víctima acuda. “Temen que alguien más del pueblo puedan enterarse, que salga a la luz, que no las crean.
Aunque les asegures que de estas cuatro paredes no saldrá nada, son reticentes. Muchas víctimas solicitan ayuda en otro pueblo.”, comenta la experta en prevención dela violencia de género, Chusa Dañobeitia García, trabajadora del Área de la Mujer de la Junta.
No obstante, los recursos en Sahagún ya quedarían limitados, una vez la víctima necesite, por ejemplo, apoyo psicológico u otra residencia temporal en casas de acogidas o pisos tutelados, servicios inexistentes en la comarca.
Más atenciónLas expertas consultadas coinciden en reclamar más atención al medio rural,“quien tiene la información tiene el poder, en este caso, de acabar con la lacra de los malos tratos. Se hace así imprescindible acercar la ciudad al pueblo. Facilitar las cosas a las mujeres que atraviesan por esta dramática situación”, comenta Dañobeitia .
“La sociedad rural tiene que apoyar a la víctima y no justificar al maltratador, no hay que sentir pudor por denunciar unos malos tratos, es un delito, ¿cómo es posible que todo un pueblo conozca un caso y nadie se atreve a denunciar?.
Tenemos que intervenir, involucrarnos, y eso, en los núcleos rurales todavía es una asignatura pendiente aunque nos duela reconocerlo”.
www.la-cronica.net
La falta de recursos próximos y el miedo al vacío social condicionan a la mujer maltratada que vive en núcleos pequeños, donde hay más violencia pero muchas menos denuncias.
Cristina Domínguez Sahagún
Aunque la patada duele igual en un pueblo que en una ciudad, el proceso para terminar con los abusos y humillaciones que sufren las mujeres maltratadas se hace, en el medio rural, especialmente complicado, más dramático si cabe.
El imperio del machismo consentido, el miedo al qué dirán en el pueblo, o la falta de una red completa de apoyo, acaban por desanimar a la mujer maltratada que desea romper con este particular acto de terrorismo “y la mitad no llega a finalizar el proceso agobiada por la burocracia y el ambiente general”.
Aún así, según las estadísticas de la Junta, cuatro de cada diez denuncias de malos tratos proceden del ámbito rural. Un dato significativo, que deja muy claro que la violencia machista sigue presente en nuestros pueblos aunque, a veces, ni siquiera algunas mujeres maltratadas sepan que lo están siendo.
Según Teresa López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) la violencia de género la sufren por igual las mujeres rurales que las urbanas, pero “hay una menor percepción de las mujeres rurales de que son víctimas de la violencia, y por tanto, se producen menos denuncias”.
Las palabras de López desvelan el primer obstáculo para erradicar de los pueblos el terrorismo doméstico.
Las estadísticas muestran que hay algunos grupos de población femenina –en franjas de edad superiores– que no consideran un empujón o un insulto una forma de malos tratos, o no los relacionan con este delito, aceptando el mito de la superioridad del hombre “tal y como se lo inculcaron en casa donde, muy probablemente, también hubo malos tratos” pues la violencia se pude perpetuar hasta cuatro generaciones.
Pero, también las mujeres conscientes y decididas a actuar se tendrán que enfrentar en algunos casos a la crítica del medio en el que viven, a ese medio de patriarcado que permite y calla.
“Al ser sociedades más pequeñas, donde todo el mundo se conoce, hay cierto reparo a la hora de denunciar porque piensan que el pueblo se va a poner en su contra, el trauma se acentúa”, comentan desde la Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica (Adavas).
Decidida a informarse de sus derechos, a denunciar, o a solicitar la separación de la pareja,existen ciertas ventajas en función del pueblo, pero no muchas.
Por ejemplo, una vecina de Sahagún sí tendría a su alcance, acceso directo, al Centro de Acción Social (Ceas), al Centro de Salud, Juzgado, y el cuartel de la Guardia Civil de la villa, cuatro organismos donde tramitar, dar parte o recibir más información. Una vecina de Renedo de Valderaduey, sin embargo, necesitaría tarde o temprano un primer desplazamiento hasta Sahagún, cuando más cerca, ‘despertando sospechas’ en un tema que suele requerir la máxima confidencialidad.
Algo que, por otro lado, siempre garantizarán las instituciones a las que la víctima acuda. “Temen que alguien más del pueblo puedan enterarse, que salga a la luz, que no las crean.
Aunque les asegures que de estas cuatro paredes no saldrá nada, son reticentes. Muchas víctimas solicitan ayuda en otro pueblo.”, comenta la experta en prevención dela violencia de género, Chusa Dañobeitia García, trabajadora del Área de la Mujer de la Junta.
No obstante, los recursos en Sahagún ya quedarían limitados, una vez la víctima necesite, por ejemplo, apoyo psicológico u otra residencia temporal en casas de acogidas o pisos tutelados, servicios inexistentes en la comarca.
Más atenciónLas expertas consultadas coinciden en reclamar más atención al medio rural,“quien tiene la información tiene el poder, en este caso, de acabar con la lacra de los malos tratos. Se hace así imprescindible acercar la ciudad al pueblo. Facilitar las cosas a las mujeres que atraviesan por esta dramática situación”, comenta Dañobeitia .
“La sociedad rural tiene que apoyar a la víctima y no justificar al maltratador, no hay que sentir pudor por denunciar unos malos tratos, es un delito, ¿cómo es posible que todo un pueblo conozca un caso y nadie se atreve a denunciar?.
Tenemos que intervenir, involucrarnos, y eso, en los núcleos rurales todavía es una asignatura pendiente aunque nos duela reconocerlo”.
www.la-cronica.net
21 de octubre de 2008
Heridos cuatro policías por ayudar a una víctima de malos tratos
Cinco personas fueron detenidas y cuatro agentes de la Policía Foral resultaron heridos en unos incidentes registrados en Pamplona después de que los agentes trataran de auxiliar a una mujer que era agredida por un hombre.
Los detenidos fueron puestos ayer en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial.
Los sucesos tuvieron lugar a las 00.45 horas del domingo cuando una patrulla de la Policía Foral vio que, a la altura del Instituto Cuatro Vientos, en el barrio de la Rochapea, un hombre agredía a una mujer e intentaba arrastrarla en contra de su voluntad.
Los policías, que vestían el uniforme reglamentario, descendieron del vehículo y fueron a separar a la pareja, ambos de nacionalidad ecuatoriana, momento en el que comprobaron que se trataba de un caso de violencia machista, porque el agresor gritaba que se trataba de su mujer y aseguraba: «Yo hago lo que quiero».
Al ir a detenerlo, señala el Gobierno de Navarra, la propia mujer se revolvió contra los policías y los insultó y agredió para intentar evitar el arresto, por lo que se le comunicó que también iba a ser detenida, a lo que se resistió «con todas sus fuerzas».
El Gobierno de Navarra destaca que fue la propia mujer la que comenzó a gritar y a llamar a un grupo de personas, de la misma nacionalidad que la pareja, que se hallaban en la cancha del centro deportivo haciendo «botellón». Entonces, el grupo comenzó a acosar y a atacar a los policías.
EFE
www.ideal.es
Los detenidos fueron puestos ayer en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial.
Los sucesos tuvieron lugar a las 00.45 horas del domingo cuando una patrulla de la Policía Foral vio que, a la altura del Instituto Cuatro Vientos, en el barrio de la Rochapea, un hombre agredía a una mujer e intentaba arrastrarla en contra de su voluntad.
Los policías, que vestían el uniforme reglamentario, descendieron del vehículo y fueron a separar a la pareja, ambos de nacionalidad ecuatoriana, momento en el que comprobaron que se trataba de un caso de violencia machista, porque el agresor gritaba que se trataba de su mujer y aseguraba: «Yo hago lo que quiero».
Al ir a detenerlo, señala el Gobierno de Navarra, la propia mujer se revolvió contra los policías y los insultó y agredió para intentar evitar el arresto, por lo que se le comunicó que también iba a ser detenida, a lo que se resistió «con todas sus fuerzas».
El Gobierno de Navarra destaca que fue la propia mujer la que comenzó a gritar y a llamar a un grupo de personas, de la misma nacionalidad que la pareja, que se hallaban en la cancha del centro deportivo haciendo «botellón». Entonces, el grupo comenzó a acosar y a atacar a los policías.
EFE
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Chile propone fortalecer la igualdad para evitar la violencia contra la mujer
El Gobierno de Chile sostuvo hoy que debe fortalecerse la igualdad de género en América Latina y el Caribe para que se ponga fin a la violencia y la discriminación que afecta a la mujer.
La ministra de Servicio Nacional de la Mujer de Chile (Sernam), Laura Albornoz, señaló en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, que la violencia de género se funda básicamente en la desigualdad entre hombres y mujeres, construida culturalmente, y es legitimada y reproducida por la propia estructura social.
Según informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre violencia en el mundo, en el 70 por ciento de los casos de mujeres que mueren asesinadas, los homicidas son sus parejas o ex parejas.
En este contexto, la ministra recordó que en lo que va de este año, 53 mujeres han sido asesinadas en Chile y señaló que se trata de casos cuya principal expresión es la violencia en la relación de pareja.
Explicó que para tratar este tema, Santiago será sede de la XXXIV Asamblea de Ministras Delegadas de la Comisión Interamericana de la Mujer (CIM/OEA) y de la III Reunión de ministras o altas autoridades de la mujer de los Países Miembros (REMIN), entre el 10 y el 13 de noviembre próximo.
Albornoz, que postula este año a la presidencia de la CIM, explicó que éste lo conforman 34 delegadas titulares, una por cada Estado miembro, designadas por sus respectivos gobiernos y convoca además, como observadoras, a representantes de organizaciones civiles y de otros organismos multilaterales.
La CIM fue creada en 1928 y es un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo propósito es asegurar el reconocimiento de los derechos civiles y político de las mujeres.
"La igualdad de la mujer en todos los aspectos de la vida es una demanda sentida no solamente de Chile sino que de las mujeres de Uruguay, Bolivia, Perú, Brasil, México, en general de toda la región que están representadas por nosotras (las ministras) en estas instancias internacionales", añadió Albornoz.
Indicó que en la cita internacional en Santiago se debatirán temas como violencia basada en género, VIH, trata de mujeres y niños, género y justicia y el cambio climático y los desastres naturales.
Recordó que durante el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el Sernam ha implementado una sólida línea de cooperación Sur-Sur y se han suscrito Convenios de Cooperación con al menos diez mecanismos que favorecen a la mujer.
Agregó que se han realizado programas en Honduras, Guatemala, Perú, y en 2008 se materializarán iniciativas de cooperación en Haití, México, Bolivia, Paraná, Guatemala, entre otros.
"Además, se han abierto espacios de cooperación Sur-Sur con países del sur de África, Mozambique y Sudáfrica", añadió la ministra.
EFE
www.soitu.es
La ministra de Servicio Nacional de la Mujer de Chile (Sernam), Laura Albornoz, señaló en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, que la violencia de género se funda básicamente en la desigualdad entre hombres y mujeres, construida culturalmente, y es legitimada y reproducida por la propia estructura social.
Según informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre violencia en el mundo, en el 70 por ciento de los casos de mujeres que mueren asesinadas, los homicidas son sus parejas o ex parejas.
En este contexto, la ministra recordó que en lo que va de este año, 53 mujeres han sido asesinadas en Chile y señaló que se trata de casos cuya principal expresión es la violencia en la relación de pareja.
Explicó que para tratar este tema, Santiago será sede de la XXXIV Asamblea de Ministras Delegadas de la Comisión Interamericana de la Mujer (CIM/OEA) y de la III Reunión de ministras o altas autoridades de la mujer de los Países Miembros (REMIN), entre el 10 y el 13 de noviembre próximo.
Albornoz, que postula este año a la presidencia de la CIM, explicó que éste lo conforman 34 delegadas titulares, una por cada Estado miembro, designadas por sus respectivos gobiernos y convoca además, como observadoras, a representantes de organizaciones civiles y de otros organismos multilaterales.
La CIM fue creada en 1928 y es un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo propósito es asegurar el reconocimiento de los derechos civiles y político de las mujeres.
"La igualdad de la mujer en todos los aspectos de la vida es una demanda sentida no solamente de Chile sino que de las mujeres de Uruguay, Bolivia, Perú, Brasil, México, en general de toda la región que están representadas por nosotras (las ministras) en estas instancias internacionales", añadió Albornoz.
Indicó que en la cita internacional en Santiago se debatirán temas como violencia basada en género, VIH, trata de mujeres y niños, género y justicia y el cambio climático y los desastres naturales.
Recordó que durante el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el Sernam ha implementado una sólida línea de cooperación Sur-Sur y se han suscrito Convenios de Cooperación con al menos diez mecanismos que favorecen a la mujer.
Agregó que se han realizado programas en Honduras, Guatemala, Perú, y en 2008 se materializarán iniciativas de cooperación en Haití, México, Bolivia, Paraná, Guatemala, entre otros.
"Además, se han abierto espacios de cooperación Sur-Sur con países del sur de África, Mozambique y Sudáfrica", añadió la ministra.
EFE
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Muere una mujer embarazada a manos de su pareja en Jerez
Una mujer, de nacionalidad china y que se encontraba embarazada, ha muerto en su piso de Jerez de la Frontera (Cádiz) a manos de su pareja, también de origen chino.
Las seis personas que compartían la vivienda han sido detenidas, incluida el presunto autor de la muerte.
Un ciudadano de nacionalidad china, de 36 años de edad, mató presuntamente esta madrugada a su pareja, de 35 años, que se encontraba embarazada, en un piso en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Los seis ciudadanos que compartían vivienda con la fallecida, también de nacionalidad china, han sido detenidos.
Fuentes de la investigación indican que de momento todo apunta a que no existía denuncia por malos tratos por parte de la mujer.
www.cnnplus.com
Las seis personas que compartían la vivienda han sido detenidas, incluida el presunto autor de la muerte.
Un ciudadano de nacionalidad china, de 36 años de edad, mató presuntamente esta madrugada a su pareja, de 35 años, que se encontraba embarazada, en un piso en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Los seis ciudadanos que compartían vivienda con la fallecida, también de nacionalidad china, han sido detenidos.
Fuentes de la investigación indican que de momento todo apunta a que no existía denuncia por malos tratos por parte de la mujer.
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20 de octubre de 2008
Más 1.800 agentes estarán especializados a final de año en violencia machista
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha destacado que a finales de año 1.848 policías nacionales y guardias civiles estarán especializados en la lucha contra la violencia machista, a los que se sumarán los agentes de las policías autonómicas y locales.
Bibiana Aído ha inaugurado la III Jornada de Formación en Violencia de Género para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Policía Local, a la que asisten también representantes del Ministerio Fiscal y de la Abogacía, así como profesionales de atención a la víctimas.
La ministra se ha felicitado de que estas jornadas se planteen como "una cadena de intervenciones que refleja la necesidad de mantener una perspectiva global y la trascendencia de la coordinación entre las distintas actuaciones".
Ha destacado el incremento en el número de denuncias por violencia machista en un 71 por ciento entre los años 2002 y 2007, lo que, a su juicio, refleja la "confianza en el sistema" por parte de las mujeres, aunque ha reconocido que todavía existen muchos casos ocultos.
En ese sentido ha insistido en la importante labor que en este área desempeñan los policías y guardias civiles para que las mujeres denuncien, porque saben, ha dicho, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están para "informarlas, acompañarlas a ellas y a sus hijos hasta que el miedo se transforme en seguridad y las dudas e inquietudes, en tranquilidad".
Por ello, les ha instado a que "continúen avanzando por la senda del conocimiento que lleve a situar a las mujeres víctimas de la violencia en el centro de su actividad profesional".
Bibiana Aído ha resaltado los avances experimentados en estos tres años de desarrollo de la Ley Integral, aunque ha puntualizado que este tiempo aún es "demasiado corto" para ver su verdadero impacto.
Entre otros datos, ha indicado que el próximo mes de diciembre existirán en España un total de 458 juzgados especializados en violencia de género, de los cuales 366 tendrán carácter compatible y 92 serán exclusivos.
También ha hecho hincapié en que actualmente existen más de cien fiscales especializados y ha dicho que desde la entrada en vigor de la ley se han concedido más de 115.000 órdenes de protección y se han dictado casi 90.000 sentencias, de las que más del 70 por ciento fueron condenatorias.
La ministra de Igualdad ha indicado que, a pesar de los avances, "no podemos relajarnos un sólo momento, ya que aún queda mucho camino por recorrer, aunque sea mucho el camino andado", por lo que ha insistido en instar a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a seguir en la senda emprendida con "compromiso, responsabilidad y profesionalidad".
EFE. Mérida
www.heraldo.es
Bibiana Aído ha inaugurado la III Jornada de Formación en Violencia de Género para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Policía Local, a la que asisten también representantes del Ministerio Fiscal y de la Abogacía, así como profesionales de atención a la víctimas.
La ministra se ha felicitado de que estas jornadas se planteen como "una cadena de intervenciones que refleja la necesidad de mantener una perspectiva global y la trascendencia de la coordinación entre las distintas actuaciones".
Ha destacado el incremento en el número de denuncias por violencia machista en un 71 por ciento entre los años 2002 y 2007, lo que, a su juicio, refleja la "confianza en el sistema" por parte de las mujeres, aunque ha reconocido que todavía existen muchos casos ocultos.
En ese sentido ha insistido en la importante labor que en este área desempeñan los policías y guardias civiles para que las mujeres denuncien, porque saben, ha dicho, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están para "informarlas, acompañarlas a ellas y a sus hijos hasta que el miedo se transforme en seguridad y las dudas e inquietudes, en tranquilidad".
Por ello, les ha instado a que "continúen avanzando por la senda del conocimiento que lleve a situar a las mujeres víctimas de la violencia en el centro de su actividad profesional".
Bibiana Aído ha resaltado los avances experimentados en estos tres años de desarrollo de la Ley Integral, aunque ha puntualizado que este tiempo aún es "demasiado corto" para ver su verdadero impacto.
Entre otros datos, ha indicado que el próximo mes de diciembre existirán en España un total de 458 juzgados especializados en violencia de género, de los cuales 366 tendrán carácter compatible y 92 serán exclusivos.
También ha hecho hincapié en que actualmente existen más de cien fiscales especializados y ha dicho que desde la entrada en vigor de la ley se han concedido más de 115.000 órdenes de protección y se han dictado casi 90.000 sentencias, de las que más del 70 por ciento fueron condenatorias.
La ministra de Igualdad ha indicado que, a pesar de los avances, "no podemos relajarnos un sólo momento, ya que aún queda mucho camino por recorrer, aunque sea mucho el camino andado", por lo que ha insistido en instar a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a seguir en la senda emprendida con "compromiso, responsabilidad y profesionalidad".
EFE. Mérida
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Detienen a un hombre en Bilbao tras intentar tirar a su mujer por la ventana
Un hombre de 46 años de edad fue detenido en Bilbao la madrugada del día de ayer por un presunto delito de violencia de género tras intentar tirar a su mujer por la ventana.
La víctima declaró posteriormente que en otra ocasión le llegó a colocar un arma de fuego en el pecho, según informó la Policía Municipal.
La detención de J.F.V.P se produjo sobre las tres de la madrugada en el grupo Remar. Su mujer, de 33 años, explicó que, por la tarde, había estado paseando con su marido y tomando algunas consumiciones.
Al parecer, al llegar a casa su marido se encontraba ebrio y se puso agresivo, empezando a insultarla y vejarla. En un momento determinado, intentó tirar por la ventana un ordenador portatil que había comprado la mujer, pero la víctima lo evitó y, por ello, trató de lanzarla a ella, agarrándola por la pechera.
Según la mujer, no era la primera vez que se producían episodios violentos, ya que, en su país de origen, le llegó a colocar un arma de fuego en el pecho.
EUROPA PRESS
www.laopinion.es
La víctima declaró posteriormente que en otra ocasión le llegó a colocar un arma de fuego en el pecho, según informó la Policía Municipal.
La detención de J.F.V.P se produjo sobre las tres de la madrugada en el grupo Remar. Su mujer, de 33 años, explicó que, por la tarde, había estado paseando con su marido y tomando algunas consumiciones.
Al parecer, al llegar a casa su marido se encontraba ebrio y se puso agresivo, empezando a insultarla y vejarla. En un momento determinado, intentó tirar por la ventana un ordenador portatil que había comprado la mujer, pero la víctima lo evitó y, por ello, trató de lanzarla a ella, agarrándola por la pechera.
Según la mujer, no era la primera vez que se producían episodios violentos, ya que, en su país de origen, le llegó a colocar un arma de fuego en el pecho.
EUROPA PRESS
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Cinco hospitales brindarán atención a víctimas de violencia intrafamiliar
Los hospitales Barrio Obrero, Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, Nacional de Itauguá, Centro de Salud Nº 5 (Bº San Pablo) y el Centro de Emergencias Médicas trabajarán para brindar atención integral a víctimas de violencia, de manera gratuita y unificar los protocolos de atención.
Estas son propuestas a las que apunta el MSP, de manera a efectivizar y optimizar los resultados en cada procedimiento, según indicó la Dra. Concepción Giménez, encargada de Violencia y Género.
Dentro del Plan de los 100 días, el Ministerio de Salud Pública dispuso el fortalecimiento de cinco hospitales de referencia del departamento Central y Capital, para la atención integral de víctimas de violencia.
Este proyecto involucra a otras instituciones como: el Ministerio Público, Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, y Secretaría de la Juventud.
En este marco, para las 11:00 de hoy está prevista la realización de un taller, con el objetivo de unificar los protocolos existentes para la atención de las víctimas que hayan sufrido violencia intrafamiliar o sexual. El encuentro se llevará a cabo en el Viceministerio de Salud.
La intención del mismo es, además, adiestrar a los prestadores de servicios de salud en el manejo de las pruebas; enseñar el modo de efectuar la toma de muestra, de ADN, secreción de semen y el procedimiento de cómo guardarlo.
En cuanto a violencia intrafamiliar, la profesional explicó que “el resultado de los diagnósticos se dará de forma inmediata, sin mucha demora, y se le brindará una atención integral donde incluya asistencia médica, psicológica y acompañamiento con profesional jurídico sin ningún costo”.
Según un informe de la organización Women Watch, dependiente de las Naciones Unidas, los principales afectados por la violencia intrafamiliar y sexual son las mujeres y niños.
www.abc.com.py
Estas son propuestas a las que apunta el MSP, de manera a efectivizar y optimizar los resultados en cada procedimiento, según indicó la Dra. Concepción Giménez, encargada de Violencia y Género.
Dentro del Plan de los 100 días, el Ministerio de Salud Pública dispuso el fortalecimiento de cinco hospitales de referencia del departamento Central y Capital, para la atención integral de víctimas de violencia.
Este proyecto involucra a otras instituciones como: el Ministerio Público, Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, y Secretaría de la Juventud.
En este marco, para las 11:00 de hoy está prevista la realización de un taller, con el objetivo de unificar los protocolos existentes para la atención de las víctimas que hayan sufrido violencia intrafamiliar o sexual. El encuentro se llevará a cabo en el Viceministerio de Salud.
La intención del mismo es, además, adiestrar a los prestadores de servicios de salud en el manejo de las pruebas; enseñar el modo de efectuar la toma de muestra, de ADN, secreción de semen y el procedimiento de cómo guardarlo.
En cuanto a violencia intrafamiliar, la profesional explicó que “el resultado de los diagnósticos se dará de forma inmediata, sin mucha demora, y se le brindará una atención integral donde incluya asistencia médica, psicológica y acompañamiento con profesional jurídico sin ningún costo”.
Según un informe de la organización Women Watch, dependiente de las Naciones Unidas, los principales afectados por la violencia intrafamiliar y sexual son las mujeres y niños.
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Un fichero con datos íntimos de reclusos determinará si pueden tener permisos
El Ministerio del Interior cree que el sistema informático será muy útil con los maltratadores y los pederastas
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha creado una gran base de datos con informaciones íntimas y confidenciales sobre los 62.000 reclusos internos dependientes del Ministerio del Interior. El objetivo es que este fichero sirva para evitar fallos en las excarcelaciones de presos que no están listos para salir en régimen abierto y, sobre todo, para que jueces y fiscales tengan datos actualizados y en tiempo real sobre el entorno y situación personal de estos individuos. De ese modo podrán decidir sobre la vuelta a la cárcel de un interno o sobre su puesta en libertad a la espera del proceso. En el punto de mira están los pederastas y los maltratadores de mujeres.
El fichero lleva el nombre de 'Sistema Informático Social Penitenciario' (SISPE) y comenzó a funcionar el pasado 11 de octubre, después de que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ordenara su creación el 26 de septiembre. El archivo contiene información tan sensible que la Agencia de Protección de Datos, que ha dado el visto bueno a este registro, ha pedido a la Administración que proteja el fichero con medidas de seguridad de nivel alto, habida cuenta de que «manejará información de carácter personal».
La orden interna que regula el SISPE da cuenta de la cantidad y calidad de la información sobre cada interno. Además de los datos ya habituales sobre condena, reincidencia y demás, el fichero recogerá el nivel educativo (incluso motivos por los que dejó los estudios), información sobre su ambiente familiar, situación de su entorno desde que fue encarcelado o información sobre su vivienda habitual y si residía en un ambiente marginal, urbano o rural.
Pero habrá mucho más. El SISPE incluirá todos los detalles relacionados con la vida laboral de los reclusos e información muy íntima, como las enfermedades contraídas (con especial atención al sida), salud mental, discapacidades, tratamientos médicos recibidos o personas con las que el preso se relaciona habitualmente. Y también recogerá un amplio historial sobre consumo de drogas: edad de inicio, tratamiento recibido, lugar del tratamiento, tiempo de consumo o tipo de sustancias.
Las veinticuatro horas
Instituciones Penitenciarias defiende la utilidad de la base de datos para decidir qué presos pueden cumplir medidas alternativas a la cárcel en la calle, o bien acceder a la libertad condicional o a un tercer grado. Pero el departamento que dirige Mercedes Gallizo insiste en que el SISPE podrá ser especialmente útil en los casos de abusos a menores o de agresionse machistas. A partir de ahora, cualquier juez, tribunal o fiscal podrá conocer no sólo los antecedentes del detenido o preso, sino todo su historial personal y determinar, por ejemplo, si se le puede conceder el tercer grado porque no existe riesgo de reincidencia.
El programa funcionará las 24 horas del día, todos los días del año. El Ministerio del Interior tiene especial interés en que se convierta en un instrumento de primer nivel contra la violencia sexista. De hecho, todos los datos estarán a disposición de las tres grandes instituciones que luchan en España contra los malos tratos machistas: el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, la delegación del gobierno contra la violencia de género y el Sistema de Seguimiento Integral de la Violencia de Género y Doméstica de la Secretaria de Estado de Seguridad.
MELCHOR SÁIZ-PARDO
www.elcorreodigital.com
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha creado una gran base de datos con informaciones íntimas y confidenciales sobre los 62.000 reclusos internos dependientes del Ministerio del Interior. El objetivo es que este fichero sirva para evitar fallos en las excarcelaciones de presos que no están listos para salir en régimen abierto y, sobre todo, para que jueces y fiscales tengan datos actualizados y en tiempo real sobre el entorno y situación personal de estos individuos. De ese modo podrán decidir sobre la vuelta a la cárcel de un interno o sobre su puesta en libertad a la espera del proceso. En el punto de mira están los pederastas y los maltratadores de mujeres.
El fichero lleva el nombre de 'Sistema Informático Social Penitenciario' (SISPE) y comenzó a funcionar el pasado 11 de octubre, después de que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ordenara su creación el 26 de septiembre. El archivo contiene información tan sensible que la Agencia de Protección de Datos, que ha dado el visto bueno a este registro, ha pedido a la Administración que proteja el fichero con medidas de seguridad de nivel alto, habida cuenta de que «manejará información de carácter personal».
La orden interna que regula el SISPE da cuenta de la cantidad y calidad de la información sobre cada interno. Además de los datos ya habituales sobre condena, reincidencia y demás, el fichero recogerá el nivel educativo (incluso motivos por los que dejó los estudios), información sobre su ambiente familiar, situación de su entorno desde que fue encarcelado o información sobre su vivienda habitual y si residía en un ambiente marginal, urbano o rural.
Pero habrá mucho más. El SISPE incluirá todos los detalles relacionados con la vida laboral de los reclusos e información muy íntima, como las enfermedades contraídas (con especial atención al sida), salud mental, discapacidades, tratamientos médicos recibidos o personas con las que el preso se relaciona habitualmente. Y también recogerá un amplio historial sobre consumo de drogas: edad de inicio, tratamiento recibido, lugar del tratamiento, tiempo de consumo o tipo de sustancias.
Las veinticuatro horas
Instituciones Penitenciarias defiende la utilidad de la base de datos para decidir qué presos pueden cumplir medidas alternativas a la cárcel en la calle, o bien acceder a la libertad condicional o a un tercer grado. Pero el departamento que dirige Mercedes Gallizo insiste en que el SISPE podrá ser especialmente útil en los casos de abusos a menores o de agresionse machistas. A partir de ahora, cualquier juez, tribunal o fiscal podrá conocer no sólo los antecedentes del detenido o preso, sino todo su historial personal y determinar, por ejemplo, si se le puede conceder el tercer grado porque no existe riesgo de reincidencia.
El programa funcionará las 24 horas del día, todos los días del año. El Ministerio del Interior tiene especial interés en que se convierta en un instrumento de primer nivel contra la violencia sexista. De hecho, todos los datos estarán a disposición de las tres grandes instituciones que luchan en España contra los malos tratos machistas: el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, la delegación del gobierno contra la violencia de género y el Sistema de Seguimiento Integral de la Violencia de Género y Doméstica de la Secretaria de Estado de Seguridad.
MELCHOR SÁIZ-PARDO
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Inseguridad y malos tratos reciben obreros
Trabajadores de Pemex del área de vigilancia adheridos al Sindicato Petrolero de la sección 22 el cual dirige Daniel Martínez González, se encuentran laborando en espacios indignos, debido que en las casetas en donde dan seguridad a los accesos de la paraestatal y campos petroleros no cuentan con sillas, luz y agua para el uso de los obreros quienes permanecen hasta por doble jornada de 24 horas, en plena violación a la cláusula 75 del contrato colectivo del trabajo.
El grupo de obreros quienes solicitaron el anonimato, refirieron que las 14 casetas de vigilancia se encuentran en condiciones insalubres, debido que presentan goteras y filtraciones por lo que en esta temporada de lluvias, los petroleros terminan mojados.
Abundaron que las casetas de vigilancias no cuentan con luz ni con agua, lo que obliga a los empleados a no poder hacer uso de los sanitarios por lo que tienen aguantar de hacer sus necesidades fisiológicas, provocándose daños a su salud.
Por lo que la falta de agua ha obligado a los mismos trabajadores para que de manera particular, acudan a la comisión de agua para realizar la contratación de este servicio para que las instalaciones federales de Pemex cuenten con agua, aunque los gastos por el líquido tiene que ser costeado por el trabajador.
Abundaron que solo cuentan con un pequeño foco doméstico, el que funcionarios de la paraestatal pretenden alumbran grandes dimensiones de los campos petroleros, por lo que la obscuridad es utilizado por los ladrones para que puedan llevarse algunos materiales que se encuentran en el lugar, sin que el vigilante pueda hacer algo, ya que no les proporcionan lámparas de mano y tampoco tienen línea telefónica para avisar a los llamados especiales de Pemex.
MIGUEL A. RODRÍGUEZ/AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO
www.diariodelistmo.com
El grupo de obreros quienes solicitaron el anonimato, refirieron que las 14 casetas de vigilancia se encuentran en condiciones insalubres, debido que presentan goteras y filtraciones por lo que en esta temporada de lluvias, los petroleros terminan mojados.
Abundaron que las casetas de vigilancias no cuentan con luz ni con agua, lo que obliga a los empleados a no poder hacer uso de los sanitarios por lo que tienen aguantar de hacer sus necesidades fisiológicas, provocándose daños a su salud.
Por lo que la falta de agua ha obligado a los mismos trabajadores para que de manera particular, acudan a la comisión de agua para realizar la contratación de este servicio para que las instalaciones federales de Pemex cuenten con agua, aunque los gastos por el líquido tiene que ser costeado por el trabajador.
Abundaron que solo cuentan con un pequeño foco doméstico, el que funcionarios de la paraestatal pretenden alumbran grandes dimensiones de los campos petroleros, por lo que la obscuridad es utilizado por los ladrones para que puedan llevarse algunos materiales que se encuentran en el lugar, sin que el vigilante pueda hacer algo, ya que no les proporcionan lámparas de mano y tampoco tienen línea telefónica para avisar a los llamados especiales de Pemex.
MIGUEL A. RODRÍGUEZ/AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO
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Los servicios de urgencias, en alerta ante cualquier indicio de malos tratos
Los centros sanitarios juegan un importante papel en la lucha contra la violencia machista al ser, en muchas ocasiones, los lugares donde las víctimas reciben una primera atención y evaluación de daños. Por eso, en el área de Urgencias de los hospitales y centros de salud de Balears disponen de un protocolo de actuación que se pone en marcha cuando existen indicios de un posible caso de malos tratos, ya sean confirmados por la víctima o no.
Fuentes del Ib-Salut explicaron que cuando una mujer llega al servicio de Urgencias y no manifesta haber sufrido agresión alguna pero el personal sanitario sospecha de ello, se informa a la trabajadora social de su centro de salud para que le realice un seguimiento una vez que haya sido dada de alta.
Por el contrario, si la mujer -que acude sola, acompañada por un policía o en ambulancia- afirma que ha padecido malos tratos, desde Urgencias realizan una actuación exhaustiva. El personal sanitario avisa al trabajador social del centro donde está siendo atendida para que le ofrezca la posibilidad de contactar con algún familiar o persona de confianza. Se elabora un parte de lesiones que será remitido al juzgado que se encuentre de guardia. Por último, se la deriva al recurso asistencial más adecuado -que podría incluir los servicios sociales, entre otros- y se realiza un seguimiento bien desde el citado recurso, bien desde su centro de salud.
Según las mismas fuentes, en el caso de que la paciente que denuncia un maltrato -cuya identidad siempre se mantiene oculta- permaneciera ingresada en el centro hospitalario tras la primera atención, se seguiría el citado procedimiento anterior pero con una valoración social del caso más profunda dada la supuesta gravedad de lo ocurrido.
EIVISSA N. G. G.
www.diariodeibiza.es
Fuentes del Ib-Salut explicaron que cuando una mujer llega al servicio de Urgencias y no manifesta haber sufrido agresión alguna pero el personal sanitario sospecha de ello, se informa a la trabajadora social de su centro de salud para que le realice un seguimiento una vez que haya sido dada de alta.
Por el contrario, si la mujer -que acude sola, acompañada por un policía o en ambulancia- afirma que ha padecido malos tratos, desde Urgencias realizan una actuación exhaustiva. El personal sanitario avisa al trabajador social del centro donde está siendo atendida para que le ofrezca la posibilidad de contactar con algún familiar o persona de confianza. Se elabora un parte de lesiones que será remitido al juzgado que se encuentre de guardia. Por último, se la deriva al recurso asistencial más adecuado -que podría incluir los servicios sociales, entre otros- y se realiza un seguimiento bien desde el citado recurso, bien desde su centro de salud.
Según las mismas fuentes, en el caso de que la paciente que denuncia un maltrato -cuya identidad siempre se mantiene oculta- permaneciera ingresada en el centro hospitalario tras la primera atención, se seguiría el citado procedimiento anterior pero con una valoración social del caso más profunda dada la supuesta gravedad de lo ocurrido.
EIVISSA N. G. G.
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Activados 15 teléfonos móviles para víctimas de malos tratos
Es la cifra de altas en lo que va de año en el municipio del servicio de teleasistencia
El servicio de teleasistencia móvil ha activado 15 teléfonos móviles para víctimas de la violencia sexista en lo que va de año. Así lo dio a conocer ayer la concejal de Políticas de Igualdad, Rosario García, que explicó que sólo dos teléfonos han sido dados de baja porque llevaban operativos unos dos años y el estudio de ambos casos ha determinado que no son casos de riesgo.
García explicó que el servicio de teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia sexista, con la tecnología adecuada, ofrece una atención inmediata y a distancia, asegurando una respuesta rápida a las eventualidades que les puedan sobrevenir las 24 horas del día los 365 días del año y sea cual sea el lugar en que se encuentren.
"Este servicio está basado en la utilización de tecnologías de comunicación telefónica móvil y de telelocalización, y permite que las mujeres en riesgo de sufrir violencia de género puedan entrar en contacto, ante situaciones de emergencia, con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos o movilizando otros recursos humanos y materiales propios del usuario o existentes en la comunidad", explicó en una nota.
La concejal añadió que el contacto con el centro de atención puede establecerse en todo momento y desde cualquier lugar tan sólo apretando un botón y en la modalidad de manos libres. Además, el servicio permite realizar un seguimiento de cada caso.
www.europasur.es
El servicio de teleasistencia móvil ha activado 15 teléfonos móviles para víctimas de la violencia sexista en lo que va de año. Así lo dio a conocer ayer la concejal de Políticas de Igualdad, Rosario García, que explicó que sólo dos teléfonos han sido dados de baja porque llevaban operativos unos dos años y el estudio de ambos casos ha determinado que no son casos de riesgo.
García explicó que el servicio de teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia sexista, con la tecnología adecuada, ofrece una atención inmediata y a distancia, asegurando una respuesta rápida a las eventualidades que les puedan sobrevenir las 24 horas del día los 365 días del año y sea cual sea el lugar en que se encuentren.
"Este servicio está basado en la utilización de tecnologías de comunicación telefónica móvil y de telelocalización, y permite que las mujeres en riesgo de sufrir violencia de género puedan entrar en contacto, ante situaciones de emergencia, con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos o movilizando otros recursos humanos y materiales propios del usuario o existentes en la comunidad", explicó en una nota.
La concejal añadió que el contacto con el centro de atención puede establecerse en todo momento y desde cualquier lugar tan sólo apretando un botón y en la modalidad de manos libres. Además, el servicio permite realizar un seguimiento de cada caso.
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19 de octubre de 2008
Arrestado por malos tratos psíquicos a una mujer en Granadilla de Abona
Funcionarios de la Policía Local de Granadilla de Abona detuvieron recientemente a un joven, de 21 años de edad, que está acusado de un presunto delito de violencia de género, después de que su pareja lo acusara de malos tratos psicológicos.
La situación fue denunciada por la víctima ante un agente de la Unidad de Diligencias de la Oficina del cuerpo de seguridad en San Isidro durante la tarde del pasado día 14.
El servicio fue desarrollado por miembros de la Unidad de Protección e Información (Uniproin), que es la encargada de llevar a cabo las indagaciones sobre los casos relacionados con violencia sobre la mujer.
El acusado fue localizado en la calle Montaña Clara, en el populoso núcleo de San Isidro, y quedó identificado como V.M.M.M., natural del municipio sureño de Arona.
El individuo fue puesto a disposición de la autoridad judicial, según las fuentes consultadas por este periódico en la jornada de ayer.
P.F., S/C de Tenerife
www.eldia.es
La situación fue denunciada por la víctima ante un agente de la Unidad de Diligencias de la Oficina del cuerpo de seguridad en San Isidro durante la tarde del pasado día 14.
El servicio fue desarrollado por miembros de la Unidad de Protección e Información (Uniproin), que es la encargada de llevar a cabo las indagaciones sobre los casos relacionados con violencia sobre la mujer.
El acusado fue localizado en la calle Montaña Clara, en el populoso núcleo de San Isidro, y quedó identificado como V.M.M.M., natural del municipio sureño de Arona.
El individuo fue puesto a disposición de la autoridad judicial, según las fuentes consultadas por este periódico en la jornada de ayer.
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