Según el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, que entrará mañana en vigor
Mañana entra en vigor el decreto que regula el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, que contiene medidas como la disposición de puntos específicos de atención a estas mujeres dentro de las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) o un itinerario individualizado para facilitar la integración laboral de estae colectivo.
El decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), desarrolla la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 21 de noviembre.
Según esta iniciativa, las mujeres víctimas de la violencia machista podrán acceder a un programa formativo específico para favorecer su inserción laboral por cuenta ajena, así como a incentivos para favorecer el inicio de una actividad por cuenta propia.
El programa recoge igualmente subvenciones y ayudas para que estas mujeres puedan establecerse como trabajadoras autónomas o por cuenta propia, que se incrementarán hasta un diez por ciento respecto a las establecidas para las demás trabajadoras.
Además, se establecen incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género, como la modificación de la cuantía de la bonificación por la contratación indefinida a tiempo completo de estas mujeres, que queda establecida en la de 125 euros/mes (1.500 euros/año) durante cuatro años desde la contratación.
PUNTOS DE ATENCIÓN
Para desarrollar estas medidas, las Administraciones Públicas competentes en materia de empleo establecerán puntos de atención a las víctimas de la violencia de género, en los que el trato que se preste a dichas mujeres será especializado y confidencial.
Concretamente, en estos puntos se ofrecerá a las víctimas de violencia de género información sobre la existencia de este programa, sus derechos y las ayudas y subvenciones establecidas para su inserción en el mercado laboral por parte de personal con formación en igualdad y violencia de género.
Posteriormente, se derivará a las mujeres, cuando la situación así lo requiera, a los procesos de orientación para iniciar el itinerario de inserción sociolaboral.
El decreto publicado hoy en el BOE señala también que las medidas que regula serán compatibles entre sí, así como con las demás medidas de políticas activas de empleo para la inserción laboral de este colectivo y con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o ente público o privado.
Según los cálculos realizados por el Gobierno, teniendo en cuenta, por un lado, el número de participantes en el Programa de Renta Activa de Inserción por esta causa y, por otro, el de mujeres que cuentan con medidas cautelares, orden de protección y con sentencia, el colectivo teórico de posibles beneficiarias puede alcanzar las 8.324.
(SERVIMEDIA)
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Rosa María Peris, actual directora, cree que el Instituto seguirá siendo necesario. / EFE
Motor de cambio, abanderado de la igualdad, ariete contra la discriminación femenina cualquiera de estas muletillas le cuadra al Instituto de la Mujer después de 25 años como emblema institucional de la carrera en pos de la paridad real entre hombres y mujeres en España. La creación en abril pasado del Ministerio de la Igualdad le ha arrebatado el estandarte pero no el objetivo que es, como en 1983, cerrar la brecha de género. Durante el último trimestre de 2008 el Instituto de la Mujer ha celebrado sus bodas de plata. Tiempo de homenajes a las nueve mujeres que han regido el organismo durante cinco lustros, tiempo también de balance y de prospección futura. La historia sigue abierta.
En el Instituto de la Mujer los caminos de la memoria conducen a Carlota Bustelo, su primera responsable (1983-1988). Curtida en el feminismo militante, Bustelo puso los cimientos en tiempos difíciles. «El hecho de depender del ministerio de Cultura no ayudaba mucho porque no era ni el de Trabajo, ni el de Salud, ni el de Justicia había que hacer leyes, referirse a temas como la planificación familiar, el aborto, había que regular muchos aspectos del empleo y así era complicado», rememora.
La lista de tareas del Instituto se abría, entonces y hoy, con una prioridad absoluta, la violencia de género. En 1983 ni siquiera había estadísticas sobre el fenómeno. Ahora hay una ley integral que no ha frenado la sangría de asesinatos machistas pero sí ha movilizado a todos los poderes del Estado en la protección a las víctimas y la persecución de los maltratadores. Y, sobre todo, ha galvanizado a todo el cuerpo social.
Cifras
El respaldo de la estadística no bastó para sacar adelante todas las propuestas del Instituto en los 80 e incluso los 90. El primer Plan de Igualdad (1989-91) dinamitó los vetos legales que prohibían a las mujeres el acceso a determinados trabajos y el ingreso en las Fuerzas Armadas, pero otras encallaron antes de llegar al Consejo de Ministros. «Una de las cosas que no salió fue el cambio de la legislación para impago de pensiones de alimentos en los casos de separación o divorcio. Nosotras pedíamos que hubiera un fondo para adelantar en caso de impagos y que se persiguiera por ley a los maridos que no pagaban. El entonces ministro de Justicia, Enrique Múgica, nos miraba como diciendo 'pero qué cosas pedís tan absurdas», señala Martínez Ten. La creación de dicho fondo se aprobó en diciembre de 2007, casi dos décadas después.
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