3 de enero de 2009

Los juzgados recibieron más de 100.000 denuncias por violencia de género hasta septiembre de 2008

Ocho de cada diez enjuiciados en los juzgados de violencia sobre la mujer resultaron condenados

Los juzgados de violencia sobre la mujer (JVM), los juzgados de lo penal y las secciones especializadas de las audiencias provinciales recibieron en los tres primeros trimestres de 2008 un total de 108.261 denuncias, según datos actualizados a 30 de septiembre difundidos hoy por el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En concreto, el número de denuncias tendió al alza desde principios de 2008. Así, entre enero y marzo se registraron 33.950 denuncias; en el segundo trimestre fueron 37.072 y entre julio y septiembre, un total de 37.239, según las cifras del CGPJ. En todo 2007 se computaron 126.293.

En cuanto a los denunciantes, en el tercer trimestre de 2008 la gran mayoría fueron víctimas que acudieron directamente a la policía (23.832 denuncias) o a los juzgados (3.170). Además, el 1,1 por ciento de los denunciantes eran familiares de las partes implicadas y en un 12,3 por ciento de los casos, las actuaciones se iniciaron con un parte de lesiones.

Destaca asimismo la cifra de desistimientos: más del 11 por ciento de las denuncias presentadas entre julio y septiembre (4.246) acabaron retiradas por la negativa de la víctima a continuar con el procedimiento judicial. Durante los nueve primeros meses del año se paralizaron así un total de 11.748 procedimientos.

Entre los delitos instruidos por estos juzgados entre julio y septiembre del último año, la mayoría (72,7 por ciento) fueron lesiones, mientras que el 9,3 por ciento fueron contra la libertad, el 6,1 por ciento, contra la integridad moral, el 1,4 por ciento contra derechos y deberes familiares y, el 0,01 por ciento, delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Asimismo, los JVM instruyeron 27 causas de homicidio.

OCHO DE CADA DIEZ, CONDENADOS
Atendiendo a los enjuiciados en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, el CGPJ informa de que fueron 5.880 las personas encausadas entre julio y septiembre, de las que un 52,9 por ciento eran españoles. De las 5.157 sentencias dictadas, el 83 por ciento fueron condenatorias, mientras las absolutorias fueron el 17 por ciento.

En el mismo periodo, los JVM atendieron 54.592 asuntos penales, de los que un 48,9 fueron diligencias previas, mientras que el 28,48 por ciento fueron diligencias urgentes y el 4,37 por ciento, juicios de faltas, que ascendieron a 1.933 y en más de la mitad de los casos fueron juicios rápidos.

Por su parte, los juzgados de lo penal dictaron 6.465 sentencias de violencia de género, de las que un 48 por ciento fueron condenatorias. En las secciones especializadas de las audiencias provinciales la cifra de sentencias ascendió a 53 con un 75 por ciento de condenas.

MÁS DE 11.000 ÓRDENES DE PROTECCIÓN
Sobre las medidas adoptadas en el tercer trimestre del año, el informe del CGPJ señala que las víctimas solicitaron 11.141, de las que se acordó el 73,8 por ciento. De las solicitantes, el 64,1 por ciento eran mujeres españolas, mientras que las extranjeras sumaron el 35,6 por ciento, porcentaje similar al de inmigrantes denunciados por violencia de género: el 36,02 por ciento.
Además, entre julio y septiembre se adoptaron 24.664 medidas penales derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares, en ocho de cada diez casos, por instancia de la víctima, según el informe del CGPJ. De estas medidas, el 88 por ciento fueron órdenes de alejamiento y el 85,5 por ciento, prohibición de comunicación. Además, en un 6,5 por ciento de los casos, el juez decretó privación de libertad.

(EUROPA PRESS CASTILLA LA MANCHA)

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Más expedientes pese al parón

Los juzgados de violencia asumen las guardias inmersos en una huelga masiva

La resaca de fin de año ha alimentado los problemas que arrastran los cuatro juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla. Ayer ocho detenidos pasaron a disposición judicial en el Juzgado 3, cuyos cuatro funcionarios de guardia atendieron cinco órdenes de protección y 13 asuntos procedentes de un juzgado de instrucción. Desde el pasado 1 de enero, los cuatro juzgados especializados en violencia machista de Sevilla han asumido las guardias que hasta ahora realizaban los juzgados de instrucción. Pero los funcionarios llevan ya un mes de huelga y la situación se agrava cada día.

La decisión de la Consejería de Justicia para que cuatro funcionarios realicen las guardias ha provocado que desde hace un mes éstos lleven a cabo una huelga indefinida, ya que consideran que estos turnos deberían estar cubiertos con la plantilla al completo (10 funcionarios), como se ha dispuesto en Madrid y Barcelona. "No sé de dónde saca sus datos la Junta. Si uno piensa que a estos juzgados se les quiere dar más mimo y tenemos estas condiciones...", razona Luis Mohedas, secretario del Juzgado de Violencia 4.

La gran actividad que registró ayer el Juzgado 3 de guardia superó ampliamente los cinco detenidos y tres órdenes de protección del día anterior. "Los datos son una bofetada a la Junta y el volumen de trabajo justifica la ampliación de plantilla. Si en vez de 17 asuntos al mes son 17 al día, la Administración tendrá que reaccionar", alertó ayer José María Vico, delegado de Justicia en CC OO. En un mes de huelga se han suspendido, según los sindicatos, más de 450 actuaciones, entre ellas unos 50 juicios.

Jueces y secretarios de los cuatro juzgados comparten la indignación de los funcionarios. Censuran la imprevisión y falta de diligencia de las administraciones, ya que la orden ministerial aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "Debe existir una comunicación formal para empezar la guardia con cuatro funcionarios. Lo sé porque leo la prensa, pero la consejería ni siquiera ha tenido la deferencia de mandar un fax", se lamentó ayer el juez de Violencia 4, Antonio Cubero.

Los funcionarios reclaman una mejora de su situación laboral y que diez funcionarios atienden las guardias. Pero la Consejería de Justicia se niega a aumentar la plantilla porque alega que los asuntos tramitados fuera del horario actual de atención al público ascienden a 2,4 al día, cifra que los sindicatos multiplican por tres. "En febrero cobraré 500 euros porque llevo 13 días de huelga. Y si quieren no nos pagan estas guardias porque estamos de guardia sin regulación legal, al no haberse publicado en el BOE. La situación es aún más tensa por el vacío legal", replica el funcionario Emilio Moreno.

Las paredes del Juzgado de Violencia 3 estaban ayer empapeladas con carteles sobre la huelga, en pugna por el espacio junto a los numerosos expedientes que tramitan. En la puerta, este cartel da la bienvenida: "Hasta el momento el Ministerio y la Comunidad Autónoma han incumplido la ley orgánica del Poder Judicial. Pese a ello, quienes trabajamos en este juzgado prestaremos el servicio para no perjudicar a los ciudadanos".

Los magistrados de los jueces de Sevilla han expresado su gran preocupación ante la "situación crítica" que atraviesan los juzgados y que perjudica la atención a las mujeres maltratadas. La cuestión fundamental es el número de casos que los juzgados asumen de guardia. La batalla de cifras entre la Junta y los sindicatos finalizará en breve, tras el exhaustivo recuento que llevan ahora los cuatro juzgados. "Los picos son muy grandes y a lo mejor toda la plantilla es excesiva, pero cuatro funcionarios son muy pocos. No me parece serio", censuró el magistrado Cubero. A pesar de que la consejería de momento se niega a negociar el fin de la huelga, fuentes de la consejería afirman que los índices de casos que se registren en enero, podría acarrear la revisión de los cuatro funcionarios establecidos de guardia.

JAVIER MARTÍN-ARROYO
www.elpais.com

El PP expedienta al alcalde de Villalón por apoyar al condenado por violación

El alcalde de Villalón, Javier Mazariegos. / P. C.

El partido lamenta que llegara a decir que «la ley sobreprotege a las mujeres» para justificar su crítica


Las recientes declaraciones del alcalde de Villalón de Campos, Javier Mazariegos (PP) en defensa del alguacil del municipio condenado a 7 años de prisión por dos delitos de agresión sexual y otro de acoso sobre la limpiadora del Ayuntamiento podrían costarle caro al regidor.

Su partido anunció ayer que abrirá diligencias informativas contra el político después de que llegara a decir expresamente el 29 de diciembre que «nos encontramos ante una ley que ampara y sobreprotege a las mujeres» en alusión a la condena dictada, a su juicio, «sin pruebas».

Fuentes del partido señalaron que se decidió abrir el proceso de diligencias con objeto de trasladarlas a los órganos competentes de la Dirección del PP «por si tanto sus declaraciones como las actuaciones llevadas a cabo por él pudieran constituir algún tipo de infracción» contemplada en la regulación sancionadora interna.

Asimismo, el PP quiso dejar claro a través de un comunicado que no comparte las declaraciones realizadas por el alcalde de Villalón en las que aseguró que la actual Ley contra la Violencia de Género «sobreprotege» a las víctimas.

El PP vallisoletano subrayó que respalda de manera «total y absoluta» la Ley contra la Violencia de Género aprobada por el Parlamento español y añadió que, en su opinión, «esta ley constituye una de las herramientas más importantes de nuestro ordenamiento jurídico en la lucha contra la lacra social que supone, hoy en día, la violencia contra las mujeres».

De hecho, las mismas fuentes explicaron que, pese a que el regidor realizó las polémicas declaraciones a título personal, «fueron lo suficientemente significativas como para que el PP de Valladolid, a la vista del Reglamento de Organización y de los propios estatutos del partido», inicie un expediente informativo. Eso a pesar de que, matizaron, respetan la libertad de expresión del alcalde.

El partido, por ultimo, manifestó «de forma rotunda» su respeto por las decisiones judiciales y, de manera «contundente», su apoyo incondicional a las víctimas.

La condena del alguacil, cuya identidad responde a las iniciales M. G. A., fue dictada el 12 de diciembre del 2007 por la Audiencia Provincial, y ratificada después por el Tribunal Supremo, por hechos ocurridos entre 1997 y el 2001. En ese intervalo se produjeron las dos agresiones sexuales, además de un delito continuado de acoso, sobre la compañera de trabajo del ahora condenado.

Su testimonio, y el de la anterior secretaria del Consistorio -declaró en el juicio que ella también sufrió acoso-, fue suficiente para condenarle a la citada pena, la mitad de la solicitada inicialmente por el fiscal. La Asociación de Hombres Maltratados de Castilla y León, creada al efecto y presidida por el hermano del alguacil, ha solicitado el indulto del condenado a través del abogado Marcos García Montes.
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