4 de abril de 2009

C.VALENCIANA. CENTROS SANITARIOS Y CENTROS MUJER 24 HORAS ACTUARÁN COORDINADOS PARA LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

La Generalitat de la Comunidad Valenciana coordinará los hospitales, centros de atención primaria y de especialidades y las Unidades de Conductas Adictivas de la comunidad con los Centros Mujer 24 Horas y los Centros de Atención Integral, con el fin de agilizar la atención precoz de los casos de violencia machista.

La consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, y el consejero de Sanidad, Manuel Cervera, firmaron hoy un protocolo de colaboración para garantizar la atención integral a las víctimas de violencia de género, según informó hoy el ejecutivo valenciano.

La estadística de 2008 de la jurisdicción de violencia sobre la mujer en la Comunidad Valenciana recoge que los juzgados registraron un total de 20.069 delitos o faltas relacionados con esta materia, de los que 14.651 fueron lesiones, es decir, el 73% de los casos. Además se dictaron un total de 5.042 órdenes de protección para 3.044 mujeres de nacionalidad española y 1.998 de nacionalidad extranjera.

En virtud del Protocolo General de Colaboración en materia de violencia de género, la Consejería de Sanidad seguirá con el protocolo de detección de casos de violencia de género en el ámbito sanitario. Además, realizará actividades de formación y sensibilización dirigidas a los profesionales sanitarios.

Por su parte, la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas llevará a cabo cuantos protocolos de actuación sean necesarios para la atención a las víctimas de la violencia machista y organizará cursos de formación destinados a los profesionales de su ámbito de actuación, para garantizar la correcta atención de las víctimas, además de realizar actividades dirigidas a las mujeres para que conozcan todos los servicios disponibles a su alcance.

http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Noticias/Noticias_Actualidad/Detalle?id=166508

Protocolo garantizará la atención integral a víctimas violencia de género

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, y el conseller de Sanitat, Manuel Cervera, han firmado hoy un protocolo de colaboración para garantizar la atención integral a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

Según un comunicado de Generalitat, la Generalitat coordinará los hospitales, centros de atención primaria y de especialidades y las Unidades de Conductas Adictivas de la Comunitat Valenciana con los Centros Mujer 24 Horas y los Centros de Atención Integral con el fin de agilizar la atención precoz de los casos de violencia machista.

Según la estadística de 2008 de la jurisdicción de violencia sobre la mujer en la Comunitat Valenciana, los juzgados registraron un total de 20.069 delitos o faltas relacionados con esta materia, de los que 14.651 fueron lesiones, es decir, el 73% de los casos.

Además se dictaron un total de 5.042 órdenes de protección para 3.044 mujeres de nacionalidad española y 1.998 de nacionalidad extranjera.

Asimismo, la Conselleria de Sanidad ha recibido desde junio de 2005 un total de 5.504 informes médicos redactados a partir de presuntos casos de violencia doméstica.

Paula Sánchez de León ha destacado que la detección precoz "facilitará la ayuda psicosocial necesaria que proporcionan los recursos de la Conselleria de Justicia desde el origen del problema, al permitir atajar la violencia sufrida en una fase anterior y, por tanto, conseguir una recuperación integral más rápida y menos traumática de la víctima".

A este respecto, la consellera ha insistido en que la violencia de género "debe ser entendida como una actuación trasversal de todas las esferas sociales con el fin de maximizar los recursos existentes al servicio de la mujer víctima de la violencia machista".

A su juicio, esta colaboración interdepartamental "mejorará considerablemente la atención y ayuda a las mujeres que lo necesiten".

"Entre todos hemos de conseguir que los casos de violencia machista afloren para poder hacer frente a esta lacra social", ha agregado la titular de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.

La consellera ha señalado que a pesar de la "apuesta" de la Generalitat por los juzgados especializados, de los que creado 14, el Gobierno central "al postergar la creación de todas las unidades judiciales a finales de año, también difiere la creación de dos órganos de violencia sobre la mujer solicitados por el Consell, uno en Torrevieja y otro en Valencia".

Por su parte, Manuel Cervera ha destacado que la víctima de malos tratos "necesita una respuesta coordinada entre todos los agentes que velan por su seguridad, de modo que un modelo unitario y reconocido por todas las administraciones contribuye a garantizar sus derechos y agilizar el procedimiento".

En virtud del Protocolo General de Colaboración en materia de violencia de género, la Conselleria de Sanidad seguirá con el protocolo de detección de casos de violencia de género en el ámbito sanitario.

Además, realizará actividades de formación y sensibilización dirigidas a los profesionales sanitarios para garantizar la identificación tanto de los casos de violencia de género como de aquellas situaciones de riesgo de aparición de este tipo de violencia y llevará a cabo iniciativas para que las mujeres conozcan los recursos disponibles en el ámbito sanitario.

Por su parte, Justicia llevará a cabo cuantos protocolos de actuación sean necesarios para la atención a las víctimas de la violencia machista y organizará cursos de formación destinados a los profesionales de su ámbito de actuación para garantizar la correcta atención de las víctimas.


www.adn.es

las mujeres sordas también quieren llamar al "016"

Se quejan de que este servicio aún no está adaptado para las personas con discapacidad auditiva

Las mujeres sordas quieren salir de la "invisibilidad" y que se las tenga en cuenta en el diseño de iniciativas como el "016", el teléfono de asistencia a víctimas de la violencia de género del Gobierno que, más de un año después de su puesta en marcha, sigue sin estar "adaptado" para el colectivo.

En una entrevista concedida a Servimedia, la coordinadora de la Comisión de Mujer de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), Carmen Cerezales, se quejó de que la mujer sorda parece ser "invisible" en el diseño de las políticas de la discapacidad.

"Nos meten a todos en el mismo saco. No se sabe qué nos afecta, somos invisibles", señaló Cerezales, que trabaja por los derechos de la mujer sorda desde hace más de una década.

El teléfono "016", por ejemplo, "no está adaptado". "Para las personas con discapacidad auditiva hay un número '900' específico, bastante largo y difícil de recordar pero, ¿cómo va a coger una persona sorda un teléfono normal?", se preguntó Cerezales.

Hace alrededor de un mes, la CNSE mantuvo una reunión con el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, quien propuso crear un convenio de colaboración para facilitar el acceso de estas mujeres a los recursos y servicios de información y asistencia a las víctimas de esta lacra.

La responsable de la Comisión de la Mujer de la CNSE "lo ve factible". "Nos dio la sensación de que estaba concienciado", añadió.

La CNSE pedirá que se eliminen las "barreras" de comunicación y que se adapten las campañas institucionales de sensibilización, incluyendo la lengua de signos en ellas y garantizando "que el subtitulado sea bueno".

(SERVIMEDIA)

http://ecodiario.eleconomista.es

La comarca registra 12 denuncias por violencia de género este año y los juzgados acumulan ya 60 casos

La mesa de atención a las víctimas impulsa la redacción de un protocolo local que determine las funciones de cada integrante

La mesa de coordinación para la mejora de la atención a las víctimas de violencia de género acordó ayer de forma unánime impulsar la redacción de un protocolo local. Fue una de las principales resoluciones adoptadas por los integrantes del órgano, en su primera reunión, celebrada ayer por la tarde en el consistorio lalinense, tras su constitución formal a finales del pasado mes de noviembre. El acuerdo deberá explicitar claramente las funciones que desempeñan y los recursos que tramitan todas las instituciones integradas en la mesa de coordinación.

En la reunión, que se prolongó durante dos horas, también se acordó incluir en la mesa a la oficina de I+B y se analizaron los casos de violencia sexista.
En el primer trimestre se registraron doce casos con denuncia en la comarca, si bien los casos abiertos en el juzgado ascienden a 60. De los doce casos de este año, nueve fueron atendidos en el Centro de Información á Muller (CIM), desde donde se tramitaron, además, cuatro altas en el programa de teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género, otras tantas solicitudes de ayudas periódicas de apoyo y tres de renta activa de inserción.

En el encuentro se abordaron otros puntos, como la coordinación del traslado de víctimas a casas de acogida, el aumento de la violencia de género en la adolescencia y la intensificación de la coordinación y colaboración entre el juzgado y los servicios sociales municipales.

La cita contó con los siguientes representantes: Las ediles Paz Pérez y Pilar López Carrón; la jueza Enriqueta Sanmartín; Celso Taboada, coordinador de Servicios Sociales; Teresa Rocha y Beatriz Alvarellos, del CIM; María Jesús Payo, de la Oficina de Igualdad; Mª Carmen Vázquez, de Atención Primaria; José Prieto, sargento de la Guardia Civil; Felipe López, cabo del equipo judicial de Lalín; Cecilia González, policía local; Lucía Muradás, jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno; José JavierValdés, del Colegio de abogados; y Mª Ángeles Hermida y Mª Pilar Cañas, de la Oficina de I+B.

www.farodevigo.es

Detenido por matar a su mujer a tiros en Granada

Miguel L. R., El Ico, acudió ayer a las 7.40 a casa de su amigo J.H., que regenta el bar Pepín, en Píñar (Granada), donde desayuna cada día. Faltaban 20 minutos para que abrieran, por eso tocó al timbre, y, cuando Huertas le abrió, dijo: "Llama a la Guardia Civil y a mi hijo, he matado a mi mujer". El hombre obedeció, luego bajaron al bar, le sirvió un café y un vaso de agua. Minutos después lo detuvo la Guardia Civil. Sólo entonces rompió a llorar. Con este caso ya son 10 las mujeres muertas por violencia de género en lo que va de año.

El suceso corrió de boca en boca en Píñar, una pequeña localidad a unos 40 kilómetros de la capital. Julio, el único hijo de la pareja que vive allí, acudió a casa de sus padres tras la llamada del dueño del bar, y se encontró con el cadáver de su madre.

Miguel L. R., de 76 años, disparó supuestamente con una pistola hasta en tres ocasiones a su mujer, María, de su misma edad. "Dos disparos en la cabeza y uno en el pecho", según relató él mismo a J.H El arma, una pistola para la que no tenía permiso, fue hallada en una nave agrícola propiedad del detenido.

María nunca había denunciado maltrato. Conocidos en el pueblo, su trabajo fue el campo. El presunto asesino, jubilado, padece desde hace unos meses un "trastorno delirante", pero había recibido tratamiento y sus hijos "no habían detectado conductas agresivas", dijo la alcaldesa del municipio, Inmaculada Oria. Era aficionado a la caza, y sus hijos habían intentado quitarle las escopetas. Juan recordaba ayer que le venía diciendo meses atrás que ella "le quería envenenar". Los hijos se habían turnado un tiempo para dormir con ella.

VALME CORTÉS
/www.elpais.com

La fiscalía pide nueve meses de cárcel para el juez decano de Barcelona

La fiscalía solicitó ayer nueve meses y un día de cárcel para el juez decano de Barcelona, J M R, por un supuesto delito de violencia de género a causa de una discusión mantenida horas antes con su esposa, M R. Ambos declararon ayer como denunciantes y denunciados en el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 3 de Barcelona. En esa comparecencia, la fiscal solicitó también siete meses y medio de cárcel para la esposa por un delito de violencia doméstica, así como una orden de alejamiento para ambos que la juez no concedió. Tampoco otorgó la orden de protección que reclamaron ambos.

R contrajo segundas nupcias con R hace unos meses, pero la juez explica en su auto que ambos estaban inmersos en un proceso de separación propuesto por él. La discusión se inició, prosigue la juez, porque la esposa descubrió que R le era infiel. Ella le siguió hasta el dormitorio y se negó a zanjar la discusión, y fue entonces cuando se produjo la presunta agresión mutua.

El forense reconoció ayer a ambos y apreció lesiones similares, que tardarán siete días en curar. En el caso de Re, los supuestos arañazos en el pómulo eran ayer visibles."Esto es una mera discusión conyugal que nunca debió llegar a la Administración de justicia. Yo no he maltratado a nadie y la prueba es que la juez ha denegado la orden de protección y alejamiento", proclamó Re al salir del juzado, donde había entrado cinco horas antes. Su todavía esposa, que ejerce como notaria en El Prat de Llobregat, fue escoltada por los Mossos d'Esquadra y salió como entró para esquivar a las cámaras: por el garaje destinado al furgón policial en el que se traslada a los detenidos.

Ayer mismo, la juez señaló para ambos juicio rápido, que, pese a esta denominación, se celebrará a finales de septiembre en un juzgado de lo penal de Barcelona, dado el colapso que sufre la agenda de señalamientos.

La discusión entre la pareja se produjo en el domicilio conyugal poco antes de la una de la madrugada y concluyó con una llamada de la mujer a los Mossos d'Esquadra. La policía autonómica acudió al lugar, como sucede siempre en estos casos, pero no procedió a la detención de Re, que es lo más habitual cuando ha existido violencia física, por leve que sea.

El delito del que se acusa a Re, tipificado en el artículo 153 del Código Penal, castiga con penas de seis meses a un año de cárcel el "menoscabo psíquico" o las lesiones producidas a la esposa, ex esposa o persona que "haya estado ligada" al acusado "por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia". La mayoría de los casos similares a éste en los que hay agresión mutua leve acaban reducidos a una condena de falta. Ése es el criterio que ha establecido la Sección 20 de la Audiencia de Barcelona, donde es muy probable que sea recurrida la sentencia que dicte. Ese mismo delito se castiga con penas de tres meses a un año de cárcel si lo comete la mujer, tal como ha avalado recientemente el Tribunal Constitucional. La Ley de Violencia de Género que reformó el Código Penal en este y otros artículos fue la ley estrella del primer Gobierno de Zapatero y la votaron por unanimidad todos los partidos políticos.

Re, asociado a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, se negó ayer a responder si pensaba dimitir del cargo de decano, que ocupa desde hace poco más de un año, aunque diversas fuentes judiciales consideraron inevitable su renuncia.

La puntual discusión conyugal de Re, que puede afectar a su carrera profesional y que motivó la intervención de los Mossos d'Esquadra trascendió ayer con inusual rapidez y el origen de la filtración no cabe atribuirlo precisamente a fuentes judiciales. La policía autonómica lo negó, pero no es descartable que se trate de una reacción a la durísima carta que el decano remitió el pasado 27 de noviembre al hasta hace poco director general de la policía, Rafael Olmos. En ella se acusaba a los Mossos d'Esquadra de "sembrar la duda y el desprestigio personal" de los jueces por haber filtrado que una magistrada de instrucción de Barcelona fue sorprendida ebria y supuestamente amenazó a los agentes para intentar eludir un control de alcoholemia.

PERE RÍOS
www.elpais.com

Organizaciones buscan crear más conciencia sobre acoso sexual en campesinas

Más de una decena de organizaciones de derechos civiles realizan hoy actividades en más de 40 ciudades para crear más conciencia sobre el acoso sexual entre trabajadoras del campo en Estados Unidos.

La iniciativa, denominada Bandana Project , hace alusión a los pañuelos (bandana en inglés) con los que las campesinas cubren su rostro mientras trabajan en el campo y es impulsada por el Southern Poverty Law Center (SPLC, por sus siglas en inglés) en las ciudades de Atlanta, Los Ángeles, Nueva York, Boston y Chicago, entre otras.

Como parte de las actividades, se pintarán pañuelos que luego serán expuestos en museos, centros comunitarios y escuelas durante todo el mes de abril con el fin de llamar la atención sobre el acoso y explotación sexual que aseguran sufren las mujeres campesinas.

Mediante este proyecto, tratamos de dar un sentido de esperanza, confianza y habilidad de ser valientes. Es nuestro deseo que estas mujeres vean nuestro ánimo como un señal de no tener que sufrir en silencio , señaló Mónica Ramírez, directora del proyecto Esperanza: La Iniciativa Legal para Mujeres Inmigrantes del SPLC.

El 3 de abril se conmemora el Día de Acción Nacional sobre Acoso Sexual y marca el inicio del Mes Nacional de Conciencia sobre Acoso Sexual , que este año se centra en el que ocurre en el ámbito laboral.

Muchas veces en estas situaciones precarias, las trabajadoras campesinas sienten vergüenza de si mismas y por sus familias, y tienen miedo de que perderán su trabajo , agregó la activista.

De acuerdo con las organizaciones participantes, el acoso sexual de trabajadoras campesinas es un tema que ha recibido muy poca atención pública y sobre el que muchas de las víctimas guardan silencio por temor a perder el empleo o ser deportadas debido a su estatus migratorio.

Muchas de estas mujeres tienen mucho miedo porque el que las está acosando además les está diciendo que la van a reportar a la policía, que la van a deportar , dijo hoy a Efe Arlene Lamorena, representante del Southern Poverty Law Center en Atlanta.

Según la organización, una encuesta entre trabajadoras campesinas en California halló que al menos el 90 por ciento de las entrevistadas consideraban el acoso sexual como uno de los mayores problemas.

En general es difícil tener un porcentaje exacto (de los casos) porque las mujeres tienen miedo a reportar la violencia sexual por temor a la policía, a ser deportadas, recibir represalias de parte de sus supervisores o temor a perder su trabajo con el cual en muchos casos sostienen el hogar , aseguró Lamorena.

Lo más importante es hacerles saber a estas mujeres cuáles son sus derechos y dónde solicitar la ayuda para reportar el acoso , agregó.

Entre las organizaciones que participaron en el proyecto se encuentran la Alianza de Mujeres Activas, Dolores Huerta Foundation , Farmworker Legal Services of New York , National Sexual Violence Resource Center , la Oficina del Fiscal General de Oregon, Oregon Coalition Against Domestic and Sexual Violence , Purdue Latino Faculty and Staff Association , Redlands Christian Migrant Association y Southeast Georgia Communities Project .

EFE

http://www.terra.com.mx/articulo.aspx?articuloId=809404&ref=1