11 de agosto de 2008

El BNG pide al Gobierno que un mayor número de policías protejan a víctimas

El Bloque Nacionalista Vasco (BNG) ha reclamado hoy al Gobierno un aumento del número de policías para la protección de las víctimas de la violencia machista, debido al 'claro déficit de personal' que existe actualmente.

En una nota, la diputada del BNG Olalla Fernández Dávila recuerda que en el debate parlamentario de la ley integral contra la violencia de género 'se consideraron necesarios unos 5.000 policías para hacer efectivo su cumplimiento'.

Sin embargo, la 'Unidad de Protección de Mujeres Maltratadas sólo cuenta con 600 agentes para atender a las 36.000 órdenes de protección dictadas por los jueces'.

En este contexto, la diputada gallega denuncia que en las grandes ciudades cada policía dedicado a la protección de las víctimas tiene a su cargo más de veinte órdenes de protección, cuando los protocolos de instrucción (policiales) fijan un máximo de doce'.

Olalla subraya que 'en estos momentos existe un claro déficit de personal policial para proteger a las víctimas' de violencia machista, tal y como pusieron de manifiesto el 28 de julio último todos los sindicatos policiales.

Además, el Bloque Nacionalista Gallego demanda al Gobierno que en los Presupuestos Generales para 2009 se consignen las partidas necesarias para garantizar 'una aplicación eficaz' de dicha ley, sobre todo en lo referido a la creación de juzgados de violencia de género y el aumento del número de agentes policiales.

Terra Actualidad - EFE

Bermejo presentará una reforma penal para endurecer las penas por pederastia

El ministro aseguró que la propuesta evitará que los maltratadores "disfruten de bienes si tienen una condena que implica responsabilidades civiles"

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, afirmó hoy, durante su visita a los cursos de verano de la Universidad Complutense, que en otoño presentará al Parlamento una reforma del Código Penal centrada en el endurecimiento de las penas por pederastia y en el establecimiento de medidas post-delictuales. "Lo que nos preocupa es qué ocurre el día que cumplida totalmente la pena, que queremos que sea más dura, hay un pronóstico negativo de reinserción", aseguró.

Por ello, subrayó que "estamos trabajando en la articulación de una serie de medidas de control que permitan que se pueda vivir en libertad pero en régimen de limitación de libertad, no de privación". Como medidas para lograr estos objetivos citó "mecanismos de vigilancia que pueden ser directos, que se pueden articular a través de medidas electrónicas".

Bermejo habló también de las reformas centradas en el ámbito civil, una propuesta que perseguirá que "nadie disfrute de bienes si tiene una condena que implica responsabilidades civiles", en alusión a los casos de violencia de género.

Con estas medidas, el Ministerio de Justicia persigue "modificar las causas de indignidad para su sucesión, incluyendo la agresión" y "reformar la regulación de los contratos de seguro para que no puedan ser beneficiarios de seguros de vida u otros aquellas personas con condenas por delitos de violencia machista", afirmó Bermejo.

Bermejo no concretó las fechas en las que se producirá la reforma del Consejo General del Poder Judicial, puesto que, desde su punto de vista, "lo importante es que va a haber renovación por fin". El ministro mantuvo el secretismo asegurando que "tendremos renovación del Consejo en septiembre".

Por último, Bermejo aseveró que "el Estado de Derecho no va a permanecer impasible en absoluto ante cualquier alteración del Código Penal que se produjese", en relación al posible delito de enaltecimiento del terrorismo que la Fiscalía investiga al etarra José Ignacio De Juana Chaos. Bermejo dejó claro que en este caso "se actuará con toda contundencia".

EFE
Diario de Cádiz

El trabajo ataca la salud mental

A pesar del dicho, el trabajo no siempre es salud y si los problemas físicos derivados de accidentes laborales o enfermedades profesionales hacen mella en los trabajadores, su salud psicológica también se resiente. Más de 700.000 andaluces sufren acoso, amenazas o violencia directa y presiones que afectan a su bienestar mental.

En España, casi uno de cada cuatro trabajadores (el 24,9% de los ocupados)están expuestos a estos riesgos psicosociales. En Andalucía, la proporción es ligeramente inferior, el 22%, pero el problema afecta ya a 715.400 personas, según la última estadística del módulo de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente a 2007.

Hay tres factores principales que alteran el bienestar mental de los trabajadores:
el acoso o intimidación, la violencia o amenaza de agresión y las presiones de tiempo o sobrecarga de trabajo. Este último es el más extendido, pues lo padecen 553.200 andaluces (el 17,18%) y es más común entre los hombres.

El acoso y la violencia, sin embargo, son más frecuentes entre las mujeres, aunque más minoritarios que las presiones de tiempo y sobrecarga de trabajo. Pero resulta llamativo que la incidencia de la violencia –efectiva o en forma de amenaza– duplica la del acoso y la intimidación (106.800 trabajadores víctimas de violencia y 55.300 acosados o intimidados).

El acoso laboral provoca alteraciones psicopatólogicas que pueden provocar síntomas físicos, desde trastornos del sueño, alteraciones del sistema nervioso en forma de palpitaciones, sudoración o sensación de ahogo, hasta síntomas psicosomáticos como vómitos, pesadillas, mareos, falta de apetito e incluso dolores musculares. No está regulado en el Código Penal, pero es denunciable, pues puede vulnerar artículos de la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Procedimiento Laboral y ya existe jurisprudencia al respecto.

Jurídicamente hay que demostrar tres elementos: que existe una finalidad o plan –explícito o implícito– contra el trabajador, que tal conducta se produce en el entorno laboral y que se ejerce una presión, entendida como ataque, que provoca daños psíquicos al trabajador.

enfermedad profesional. El año pasado se actualizó el catálogo de enfermedades profesionales, que permanecía inalterable desde 1978. Sin embargo, los efectos psíquicos y físicos derivados de los riesgos psicosociales no aparecen en este catálogo.

Los datos de la EPA hablan de enfermedades laborales, que incluyen desde problemas respiratorios, articulares o musculares hasta enfermedades infecciosas o cardíacas, pero también estrés, depresión y ansiedad.

Un 34% de los andaluces ocupados –1.096.700 personas– han padecido o padecen una enfermedad directamente provocada por el trabajo o agravada por éste. La incidencia se reparte de manera equitativa entre hombres y mujeres.

En todo el país, las enfermedades provocadas o empeoradas por el trabajo afectan a casi seis millones de ocupados. Las más comunes son las respiratorias o pulmonares (28,2%), seguidas de los problemas óseos, articulares y musculares (un 17,3% en las caderas, piernas o pies y un 17,2% en la espalda) y la fatiga ocular y cefaleas (13,9%). El estrés, la depresión o la ansiedad afectan al 0,9%, igual que los problemas auditivos y más que los de cuello, hombres, brazos y manos.

Laura Blanco
www.elcorreodeandalucia.es

El Gobierno estrecha el cerco contra los maltratadores

Quienes agredan a familiares o no paguen las pensiones no podrán heredar

Un hombre condenado por haber agredido a su pareja no podrá heredar de ésta. Tampoco lo podrá hacer de sus hijos o de sus padres, si éstos fueron los maltratados. El mismo castigo se aplicará a quienes incurran en "delitos contra la libertad, la integridad moral, sexual" o incumplan los "deberes familiares", como pasar la pensión por alimentos después de una separación. Estas medidas, que implican una modificación del Código Civil, serán adoptadas por el Gobierno a instancias del Grupo Parlamentario Socialista, según ha sabido este periódico.

La nueva normativa supondrá la modificación de la llamada "indignidad sucesoria", la parte de la legislación que especifica los motivos por los que una persona puede ser desheredada (lo normal es que un tercio de los bienes que deja un difunto sean para su pareja, ascendientes o descendientes, lo que se conoce como "la legítima").

Con la medida se intenta estrechar el cerco alrededor de los maltratadores, y se complementa la Ley contra la Violencia de Género que fue aprobada en diciembre de 2004. En este caso se recurre a la vía civil y no la penal. Los socialistas consideran que hay que poner coto a la posibilidad de que los maltratadores puedan heredar de la persona a la que han maltratado, porque la posibilidad de que la esposa, el padre, la madre o el hijo del maltratador fallezca antes que el agresor existe, y entonces se da la paradoja de que el culpable puede beneficiarse de los bienes que éste pudiera disponer.

Pero a diferencia de la ley, en esta propuesta -al menos de momento- no se ha incluido un tratamiento diferente para hombres y mujeres, aunque en la práctica los agresores sean casi siempre varones.

Para aquilatar bien estos cambios y que cuente con las aportaciones de los demás grupos parlamentarios, el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, ha decidido que la reforma empiece por una proposición no de ley que ha elaborado el portavoz de Justicia de su grupo, Julio Villarrubia, que es la forma parlamentaria más abierta para el consenso.

No obstante, desde el Gobierno se trabajará para aportar contenidos al Grupo Socialista desde los ministerios de Igualdad y Justicia. La medida no parte de la nada. El Código Civil, en su artículo 756, señala que "son incapaces de suceder por causa de indignidad el que fuere condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador, de su cónyuge, descendientes y ascendientes". Lo que los socialistas quieren es que este artículo sea modificado en dos aspectos. Por un lado, con la ampliación del círculo de personas potencialmente afectadas por un supuesto de indignidad, como los "ex cónyuges o personas con quienes el agresor estuviere o hubiese estado ligado de forma estable por análoga relación de afectividad".

Por otro lado, el Gobierno quiere ampliar los hechos delictivos que permiten fundar la indignidad sucesoria, de manera que se contemplen la comisión de delitos "contra la vida, delitos de lesiones graves, de torturas o contra la integridad moral o contra la libertad y la indemnidad sexual, y delitos contra los derechos y deberes familiares".

De esta manera se trata de que la exclusión de la herencia se fundamente en todo un conjunto de comportamientos tipificados penalmente, que suelen producirse en el marco de las relaciones familiares, de convivencia o afectivas de todo tipo. La panoplia de situaciones puede ir desde la violencia contra la mujer, en todas sus manifestaciones, hasta el incumplimiento de deberes familiares, como es el caso del impago de las prestaciones alimentarias a los descendientes en supuestos de separación o divorcio.

Precisamente al ser una proposición no de ley se abre la puerta a que los grupos precisen hasta dónde se pueden limitar y delimitar los casos. Por ejemplo, que se desherede a aquel que mantenga un abandono continuado de sus hijos, pero no a quien sólo se retrase o no cumpla con el pago dos o tres meses.

Esta reforma también fijará que el declarado "indigno para suceder" quede excluido como beneficiario de los seguros de vida, "con la finalidad de abarcar todas las posibilidades" de recibir dinero o bienes de aquéllos a quienes se ha maltratado. Los juristas del PSOE resumen así la reforma que pretenden: "Aumentar el castigo al agresor y proteger a las víctimas".


ANABEL DÍEZ
ELPAIS.com

La lucha contra la violencia de género busca el respaldo social

ICAL
Antón y Alicia García presiden una de las comisiones regionales contra la Violencia hacia la Mujer


El pasado jueves una joven moría en Salamanca a manos de su novio, de 18 y 19 años de edad respectivamente. Con ésta son cinco las mujeres que han perdido la vida víctimas de la violencia de género en la Comunidad. Luchar contra esta lacra y «erradicar los comportamientos violentos y discriminatorios que sufren algunas mujeres» es el objetivo del Pacto Social contra la Violencia de Género que promueve la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y cuyo plazo plazo para presentar adhesiones se cerró el pasado 30 de junio. La elaboración de este pacto es una de las prioridades del Gobierno de Juan Vicente Herrera para esta legislatura, que además se ha propuesto llevar esta particular «lucha» hasta Europa mientras esté al frente del Comité de las Regiones.

El objetivo es que el documento, en cuya elaboración se ha vinculado a todos los representantes de los municipios y diputaciones, medios de comunicación, universidades y asociaciones y entidades que trabajan en la prevención y atención a las víctimas, esté listo para el último trimestre del año. «Queremos vincular a la sociedad para conseguir un rechazo a la violencia de género y fomentar modelos alternativos de convivencia, basados en el respeto y en la igualdad», explica la directora general de la Mujer, Alicia García. El nuevo instrumento forma parte del II Plan contra la Violencia de Género, dentro del cual está previsto también la elaboración de una ley, que verá la luz en los próximos meses.

Ochenta y dos medidas

Un total de 82 medidas componen este plan que se estructura en cuatro áreas de actuación -prevención y sensibilización, formación, atención integral y coordinación institucional- con nueve objetivos. El plan incide en la importancia de la educación en las generaciones más jóvenes para evitar en un futuro comportamientos violentos; la formación específica de los operadores sociales, sanitarios, policiales y jurídicos; la coordinación entre instituciones -de ahí la puesta en marcha de la Comisión Interconsejerías para la Igualdad- y los servicios y recursos para las mujeres afectadas por la violencia machista.Así, en esta última área destacan programas como el Fénix, un servicio de tratamiento psicológico para maltratadores y el Plan Dike, que proporciona un incentivo económico a empresas que contraten a mujeres que hayan sido víctimas. Asimismo el Sacyl prioriza su atención sanitaria y permite que estas mujeres, así como sus hijos, que son considerados «víctimas a todos los efectos» reciban, aún cuando no hayan denunciado a su agresor, asesoramiento jurídico y atención personalizada.

Mayor asistencia jurídica

«La Junta está trabajando en estas cuatro áreas con gran profundidad», destaca Alicia García, no obstante insiste en la necesidad de perfeccionar algunas herramientas tales como la asistencia jurídica y aumentar el número de juzgados especializados en violencia, del que hoy sólo dispone Valladolid. Y es que, sólo durante los primeros meses del año se computaron un total de 2417 denuncias.

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