9 de septiembre de 2008

La Diputación de León aprueba una inversión de más de 462.000 euros para programas sociales

La Junta de Gobierno de la Diputación de León celebrada hoy ha aprobado diferentes partidas presupuestarias para programas sociales con una dotación económica que supera los 462.000 euros.

De esta manera, se aprobó el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres 2008-2011 con un presupuesto de 72.000 euros y cuyo objetivo es impulsar las acciones a favor de la igualdad y la equiparación de derechos y deberes entre mujeres y los hombres de la provincia, especialmente, la igualdad entre mujeres y hombres en el medio rural.

La finalidad de esta segunda edición del Plan es el desarrollo de un conjunto de medidas que favorezcan tanto la mejora de la calidad de vida de las mujeres como el incremento de su presencia y participación activa en los ámbitos social, económico, laboral, cultural y familiar, así como promover medidas para prevenir y erradicar la violencia de género, según informó la Diputación de León en una nota recogida por Europa Press.

Del mismo modo, se aprobó la convocatoria y las bases específicas de la concesión de subvenciones para el año 2008 a centros de asistencia mujeres víctimas de maltrato o abandono familiar, una iniciativa que cuenta con un presupuesto de 18.000 euros.

Estas ayudas están destinadas a casas de acogida ubicadas en la provincia de León incluidas en la Red de Asistencia a la Mujer, entendidas como centros destinados a dar alojamiento alternativo a las mujeres que se encuentren en una situación de desamparo por violencia o abandono familiar, así como a los menores a su cargo durante el tiempo determinado legalmente.

Además, se aprobó el Programa de Apoyo a Familia y Convivencia, cofinanciado por la Junta, con el fin de apoyar a familias con niños de protección; familias desfavorecidas, en situación de riesgo y monoparentales; embarazos de alto riesgo; familias en cuyo seno se produce violencia familiar; problemáticas de conflictividad o de ruptura familiar; familias inmigrantes en situación de vulnerabilidad o menores de edad infractores con medida de intervención en medio abierto.

Este programa, con una inversión de 372.368 euros, es atendido por psicólogos y otros técnicos especializados de atención familiar mediante proyectos individuales y adecuados de atención, con el objetivo de proporcionar a las familias que presentan dificultades de relación y convivencia o limitaciones en el desempeño de sus responsabilidades básicas, todos los apoyos o recursos necesarios para su completa integración personal y social.

Finalmente, la Diputación Provincial aprobó el convenio de colaboración con la Fundación Clínica San Francisco y la Universidad de León (ULE) por el que la institución provincial se compromete a financiar el coste de tres becas de formación de personal investigador con destino a la Cátedra Extraordinaria 'Manuel Elkin Patarroyo'.

Su objetivo es el desarrollo de estudios e investigación de las características y problemática de la actividad biomédica, con una duración máxima de cuatro años, por un importe de 30.157 euros para la primera anualidad.

www.europapress.es

La Oficina de Extranjería agilizará los trámites de las mujeres extranjeras víctimas de la violencia


La Oficina de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife dará prioridad y agilizará los trámites que precisen realizar las mujeres extranjeras víctimas de la violencia machista, colectivo que en lo que va de año ha registrado 294 denuncias por este tipo de agresiones, lo que supone casi el 30 por ciento del total.
El subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Batista, el alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo, y la consejera de Asuntos Sociales del Cabildo de Tenerife, Cristina Valido, firmaron hoy un protocolo de colaboración administrativa que recoge este trato especial hacia esas mujeres.
Batista recordó que las mujeres extranjeras son especialmente vulnerables y cada vez es mayor el número de casos de violencia machista género que se registran entre ese colectivo.
Apuntó que los más de dos millones de habitantes que tiene Canarias 281.004 son extranjeros, y de esta cantidad el 48,70 por ciento son mujeres.
Precisó José Antonio Batista que mientras que de los países centroeuropeos hay registrada más población masculina que femenina no ocurre así con los extranjeros procedentes de los países nórdicos o del este europeo, de donde son más mujeres que hombres.
En el caso de los extranjeros procedentes del continente americano, el porcentaje de mujeres que viven en Canarias alcanza el 54,22 por ciento.
Batista señaló que las mujeres inmigrantes pueden sufrir una triple discriminación por el simple hecho de ser inmigrantes, por proceder de sociedades donde al hombre se le valora más que a las mujeres y porque muchas de ellas proceden de grupos étnicos que pueden ocasionarles ciertos perjuicios por parte de algunos sectores sociales.
Por ello, el subdelegado consideró que es un colectivo que puede ser más vulnerable y al que hay que proteger con instrumentos como el protocolo firmado hoy, con el que se garantiza, además de la agilidad en los trámites que precisen, la confidencialidad.
En opinión de José Antonio Batista, este protocolo supone un avance en la igualdad de género y trata de ofrecer una alternativa y un trato especial para esas mujeres, a las cuales también se les informa sobre la legislación en materia de sus derechos ante la violencia machista.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, indicó que en una sociedad tan crispada y poco dada a la colaboración interadministrativa la firma de protocolos de este tipo es un ejemplo y una necesidad que cubre además un vacío legal.
La consejera de Servicios Sociales del Cabildo de Tenerife, Cristina Valido, indicó que se trata de un protocolo pionero, que además es de justicia dado que busca garantizar la protección de las mujeres víctimas de la violencia machista y además salvar vidas.
Según el texto del protocolo firmado hoy, su objetivo es habilitar un canal administrativo que guíe con especial sensibilidad las actuaciones de las mujeres extranjeras ante la administración y, en concreto, para la obtención de las autorizaciones de residencia por razón de violencia machista.
EFE

PULSERA ELECTRONICA CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA

El ministerio del Interior uruguayo suministrará a las víctimas de violencia doméstica una pulsera electrónica con sistema GPS de rastreo satelital y un "botón de alarma" que podrá ser pulsado por la persona cuando se sienta amenazada, para requerir ayuda policial.

Lo anunció la titular de la cartera, Daisy Tourné, en un acto en Rocha, a unos 200 kilómetros de Montevideo, en el que además confirmó la instrumentación de un sistema sanitario penitenciario a cargo del ministerio de Salud Pública.

Tourné, cuestionada por la oposición que le achaca ineficiencia en el tema de la seguridad y un aumento en los delitos, salió al cruce de sus detractores al sostener que "los griteríos de los segurólogos (especialista en seguridad, ndr) no son representativos de lo que piensa la ciudadanía".

El año pasado Uruguay registró un aumento del 50 por ciento respecto de 2006 en las denuncias por violencia doméstica. Las personas muertas por esta causa pasaron de un promedio de 1 cada 9 días a 1 cada 13 días, según datos recientes oficiales. (ANSA). MRZ

www.ansa.it

Víctimas extranjeras, agresores nacionales: así crece la violencia de género en Tenerife

El 29% de las denuncias tramitadas las presentaron mujeres foráneas.
Sin embargo, el 68% de los acusados poseen la nacionalidad española.
Cabildo y Gobierno autónomo habilitan nuevos puntos de denuncia


De las 990 denuncias presentadas por violencia de género en Tenerife, 294 han sido tramitadas por mujeres extranjeras, lo que supone el 29,7 % de las mismas, según ha informado el subdelegado del Gobierno, José Antonio Batista. Por el contrario, añadió la misma fuente, el 67,68% de los agresores son de nacionalidad española.

En esta línea, Batista especificó que mientras entre los europeos que viven en las islas son mayoría los hombres, no ocurre así entre los procedentes de los países nórdicos, Europa del este y América. "El 54,2% de los americanos son mujeres", subrayó.

El subdelgado expuso que en Canarias hay 281.004 extranjeros, lo que supone el 13,6% de la población que residen en las islas y que de esta cantidad el 48,7% son féminas.

"Son más vulnerables a la violencia de género, aunque son víctimas de ella menos de lo que la gente piensa", añadió el subdelegado, que recordó que el 67,68% de los agresores son españoles.
Batista subrayó que a partir de ahora las víctimas de violencia de género extranjeras podrán denunciar en las unidades habilitadas por el Cabildo tinerfeño y por la Concejalía de la Mujer de Santa Cruz. "Ganarán autonomía para desvincularse de sus agresores", explicó el subdelegado.

www.20minutos.es:

El Consell de Mallorca crea un servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género en Andratx


La iniciativa pretende sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de detectar y prevenir las situaciones violentas
La consellera insular de Juventud e Igualdad, Josefina Ramis, y las regidoras de Asuntos Sociales y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Andratx, Amparo Barqueros y Antònia Enseñat, presentaron hoy el proyecto de sensibilización y atención a la violencia contra las mujeres, que ya se ha puesto en marcha en el citado municipio.
Concretamente, la iniciativa pretende, por una parte, sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de detectar y prevenir las situaciones violentas y, por otra, ofrecer un servicio de asistencia psicológica rápido para mujeres víctimas de violencia de género.
Asimismo, el servicio tiene como objetivo descentralizar y descongestionar el actual servicio que ofrece el Instituto Balear de la Mujer en Palma, Inca y Manacor. Esta atención, la llevarán a cabo dos psicólogas que cuentan con una gran experiencia en la atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia.
El proyecto, contará con dos programas paralelos: uno de sensibilización y otro de atención a las mujeres que sufren algún tipo de maltrato. Con respecto al primer caso, las acciones se dirigirán a los profesionales de los servicios sociales y de los centros de salud, a los mediadores culturales y a la población en general.

Despiden a dos mujeres policía por denunciar acoso sexual/Mexico

Dos mujeres policías del municipio de Coronango demandaron ante ministerio público que fueron motivo de acoso sexual por parte de su superior sin que el presidente municipal panista, Salvador Coyotecatl Xochimitl hiciera algo para poner orden.

A la par, denunciaron ante la Secretaría del Trabajo y Competitividad del Estado que por lo anterior fueron objeto de presunto despido injustificado e incluso amenazas de muerte.El comandante de esa policía municipal, Germán Amastal Zacatelco por separado, en entrevista con este medio, rechazó las denuncias por acoso sexual y amenazas en contra de mujeres uniformadas. “Son puras mentiras, son puras acusaciones falsas.

A todas las mujeres aquí se les respeta. Si ellas sostienen su dicho, está bien, pero que me lo comprueben también”, aseguró en forma textual.

Y es que dos policías municipales de Coronango que, por temor a represalias se omiten sus nombres, sostuvieron en Averiguación Previa ante el Ministerio Público de San Pedro Cholula, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado y, ante dos comisiones del Poder Legislativo Estatal que, dicho comandante las acosó de forma sexual: les tocó los senos y glúteos.

Este acoso sexual fue denunciado por las quejosas ante el presidente municipal, Salvador Coyotecatl. Sin embargo, a decir de las policías, el edil les dijo que ese asunto lo deberían de tratar de forma directa con su jefe, el mismo que las manoseó.

Según las declarantes, las mujeres policías ya sabían en lo que se metían, y que si querían continuar en la corporación policiaca “tendrían que acatar las ordenes de su superior”.

Julio Martínez en Puebla

www.cronica.com.mx

Intenta quemar a su ex mujer con un 'cóctel molotov'

El agresor, con orden de alejamiento, se entrega a la Guardia Civil en La Vila

Llegó a las 6.30 de la madrugada a la vivienda de su ex mujer con la finalidad de quemarla. Había fabricado una sencilla arma con sus propias manos: una botella de gasolina y unos trapos le bastaron. Un cóctel molotov que arrojó al balcón de la vivienda, en el número 2 de la calle de Barcelona en La Vila Joiosa. Cuando vio que varias prendas de ropa tendidas ardían, abandonó el lugar pensando que había cumplido su propósito, y minutos más tarde se presentó en las dependencias de la Guardia Civil para entregarse. Afortunadamente la mujer, M.G.G, de 50 años, pidió auxilio a los vecinos y pudo sofocar las llamas sin sufrir daños personales.

Juan Manuel D. O. tiene 54 años y ya había sido detenido en otras cuatro ocasiones anteriores por los mismos motivos: la violencia contra su ex pareja. De hecho, tenía una orden de alejamiento dictada por un juez de 500 metros de su pareja, según informaron ayer fuentes policiales. "Esta vez no lo he conseguido, pero a la próxima no fallaré", declaró a la Guardia Civil cuando le detuvieron, según fuentes de la investigación.

Durante la mañana, el presunto agresor fue trasladado al juzgado de instrucción número 1 de La Vila Joiosa, donde confesó los hechos. La juez encargó un examen forense que determinó que Juan Manuel era plenamente consciente de lo que había realizado. Posteriormente, se decretó el auto de prisión provisional comunicada y sin fianza, y fue trasladado a la prisión de Fontcalent (Alicante). El fiscal le acusa de un delito de tentativa de homicidio con quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Los vecinos de la calle de Barcelona, ubicada en el Pati Fosc, en el ensanche de La Vila, explicaron que los malos tratos "eran constantes", pero ella "no denunció nada hasta hace poco". Tanto la Guardia Civil como la Policía Local de La Vila estaban al corriente de la situación de amenazas en la que vivía, por eso le habían concedido un teléfono de contacto directo para avisar en caso de que quebrantara la orden dictada por el juez. Algunos vecinos apuntan a que el presunto agresor tiene las facultades mentales perturbadas. La pareja tiene tres hijas en común que, según los vecinos, "se fueron yendo poco a poco por los malos tratos". La víctima estaba al cuidado de una de sus nietas, pero los servicios sociales le retiraron la custodia por el "peligro" de los malos tratos que le infligía su ex marido.

SERGI CASTILL
www.elpais.com:80

Denuncia de acoso sexual pone a PGR bajo la lupa


Rosalba Villaseca no sabe si su caso avanza, pese a que llegó a tratarse incluso en el Congreso de la Unión. Pero no pierde la determinación. Foto: Luz Vázquez
Agente del MP federal habla del caso contra su jefe, el delegado en Jalisco de la Procuraduría General de la República
Denunciante dice que ha recibido diversas presiones, incluso la cesaron.

En un país donde los casos de acoso sexual abundan pero casi nunca son denunciados, brilla la acusación que hizo y sostiene Rosalba Villaseca Trejo. Primero, porque quien denuncia es una Ministerio Público federal y, segundo, porque el acusado es el delegado en Jalisco de la Procuraduría General de la República (PGR).
Fue el 12 de mayo cuando la abogada Rosalba Villaseca Trejo presentó denuncia formal y por escrito contra José Manuel Guevara Ortiz, delegado de la PGR en el estado, a quien acusó de acoso sexual, hostigamiento laboral, intimidación y demás delitos que resulten de acuerdo con el Código Penal del Estado.
Desde entonces, la funcionaria fue cesada y ha recibido diversas presiones que incluso le hacen temer por su seguridad, pero se mantiene firme en su propósito de que se castigue a su superior por su presunta conducta inapropiada.
Quien hasta el mes de mayo pasado fue la responsable del área de tramitación de los procedimientos administrativos en contra de agentes del Ministerio Público, peritos y elementos de la Agencia Federal de Investigaciones de la PGR en la entidad, incluye en su denuncia a otros tres funcionarios: Norma Leticia Martínez Herrera, encargada de la subdelegación de procedimientos penales B; Martín Trujillo Izquierdo, coordinador de la subdelegación; y Santiago Ordaz Rodríguez, secretario particular de Manuel Guevara.
En caso de comprobarse los presuntos delitos de su jefe, a estos últimos se les puede juzgar por omisión, reflejándose en la conducta ilegal de encubrimiento, así como por hostigamiento laboral.“Todo comenzó en septiembre del año pasado, tras la llegada del licenciado Guevara a la dependencia.
Me ofreció el puesto de subdelegada de procedimientos penales B, haciendo hincapié en que era la persona adecuada para manejar el área por mi trayectoria institucional, profesionalismo, capacidad y honradez, lo que acepté dado que representaba un ascenso justo y merecido luego de casi 20 años de laborar en la institución”, recuerda Rosalba, quien agrega que “en tanto llegaba el nombramiento oficial de la ciudad de México, Guevara me hizo responsable de la subdelegación, así dejándolo saber al personal en una reunión interna”.
Lo que no imaginaba, asegura, era el precio que se le exigiría por la promoción: “En un principio [el delegado] puso mucho interés en que supiera que su oficina sería para mí, de puertas abiertas; prosiguieron las insinuaciones fuera de lugar y de contexto laboral, hasta llegar al punto de invitaciones a comer, indicando que fuéramos solos: pero cuantas veces me negué, dejándole saber que era una mujer casada, fueron las mismas que me dijo que mi esposo no tenía por qué enterarse. Sus comentarios iban subiendo de tono al grado de que un día, en su afán insistente de acercarse a mí, se atrevió a rozarme el pecho con sus manos”.
El pasar de las palabras al contacto físico ameritó un reclamo de Rosalba a su jefe y una petición de que no la volviera a tocar, así como evitar el acercarse a él, pero sólo consiguió risas y desvío del tema como respuesta.
Debido al comportamiento del funcionario y a la falta de su nombramiento oficial por su ascenso laboral, solicitó ser reinstalada en su anterior puesto, lo cual sucedió, dentro de la delegación, no sin antes anunciarle a Guevara que denunciaría sus actitudes antijurídicas y el hostigamiento de que era objeto tanto por él como por sus funcionarios más cercanos.
Fue entonces, asegura, que la presión laboral se recrudeció, desde quitarle tareas y solicitarle expedientes bajo su mando, hasta ser cesada de su puesto y anunciarle que sería reubicada al Primer Juzgado de Distrito en Materia Penal.
“De una forma totalmente humillante, llega un compañero y me entrega el oficio de notificación de cambio de adscripción. La diligencia fue videograbada por personal interno de la dependencia. Desde luego no me negué a que se llevara a cabo, mas sí pedí explicaciones del por qué se me daba ese trato si no era una delincuente”.
En la grabación, de la cual Público tiene copia, se escucha cómo el funcionario al frente de la diligencia le explica que son instrucciones que tiene y que además ella ya sabe cómo se manejan ahí las cosas.
“Tras removerme de mi cargo y en tanto me reinstalaba en mi nuevo puesto, me negaron el acceso a las instalaciones de la PGR en Jalisco y luego me suspendieron bajo el argumento de haber abandonado mi trabajo por un lapso de cinco días, los mismos que no me dejaron entrar”.
Hasta el día de hoy sigue suspendida de su trabajo por tiempo indefinido, sin goce de sueldo. Ante las delicadas imputaciones, el funcionario federal ha evitado dar cualquier tipo de declaración pública.
Este diario lo buscó en repetidas ocasiones y como respuesta se indicó que José Manuel Guevara tenía una agenda muy apretada.
Recientemente la oficina de comunicación social de la delegación aceptó la existencia de una investigación interna respecto al caso, pero dejó en claro que no se tocará el tema en tanto no haya resultados.
Tras presentar la denuncia respectiva ante la Visitaduría General de la PGR y una más tres días después ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (Fevimtra), Rosalba Villaseca dice desconocer los avances en ambas averiguaciones previas o, en el mejor de los casos, si fueron consignadas, es decir, si se inició el ejercicio de acción penal contra Manuel Guevara y el expediente fue turnado a un juez.
“De hecho no se me informa nada; hay diligencias retrasadas, como las testimoniales que debieron haberse desahogado, mis testigos no se han retractado. Lo que sí sé es que mi caso forma parte de una profunda investigación que la PGR le realiza a Guevara, luego de una serie de denuncias anónimas en su contra, entre otras cosas, por presunto abuso de autoridad no sólo aquí, sino [también] en Veracruz, donde también fue delegado”.
Su caso incluso llegó hasta el Congreso de la Unión. A principios de julio pasado las diputadas federales Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez y Maricela Contreras Julián presentaron un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados, exhortando al procurador general de la república para que inicie una investigación en la delegación Jalisco y, en su caso, aplicar medidas para proteger a la denunciante.
El 10 de agosto venció el plazo para que Eduardo Medina Mora diera a conocer dicho informe y nada, lo que mantiene en la zozobra a Rebeca. “Sí, si tengo miedo de que algo me pase y por las represalias; en algún momento hasta me sentí vigilada.
Estoy dolida, afectada psicológicamente y en mi autoestima. Desde luego en mi economía, he dejado de percibir un salario.
Hay indignación, impotencia. Pero también me siento con mucho valor para denunciar, no tengo nada que esconder, mi desempeño ha sido limpio, estoy consciente que está en juego mi trabajo, mi libertad y peor aún, mi propia vida”.
En espera de algún avance a su denuncia, la mujer teme que le fabriquen pruebas de delitos graves, que en caso de consignar los hechos, no le permitirían enfrentar un juicio con libertad bajo caución.
Por eso interpuso una demanda de amparo en un juzgado de distrito en materia penal ante una posible orden de aprehensión: “Tengo entendido, porque así me lo han informado compañeros, que [Manuel] Guevara tiene todas las intenciones, si es que no lo ha hecho, de denunciarme por robo de equipo de cómputo, algo totalmente falso y absurdo”.
Tras acusar, a Rosalba Villaseca le corresponde la carga de la prueba y por el profundo conocimiento que tiene de la ley sabe que de no probar lo que dice, las consecuencias podrían ser mucho más severas que las acusaciones.
Amplia experienciaRosalba Villaseca Trejo egresó en 1988 de la entonces Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara y diez años después se graduó de la Maestría en Derecho Constitucional y AmparoLa mayor parte de su carrera la ha desempeñado en el servicio público federal, pues desde 1989 ingresó a la Procuraduría General de la República como agente del Ministerio PúblicoEn sus casi 20 años de trayectoria, ha trabajado en diversos juzgados de distrito y tribunales colegiados, preferentemente en materia penal y amparo, aunque también lo hizo en el ramo administrativo y laboralDesde hace doce años es profesora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG, división de Estudios Jurídicos.
Ahtziri Cárdenas Camarena

Un centenar de ceutíes han denunciado casos de violencia de género en el 016

El teléfono de información y asesoramiento jurídico a las mujeres víctimas de la violencia machista, el 016, registró 16.827 llamadas desde la región durante su primer año de funcionamiento, según un informe de la Delegación del gobierno para la Violencia de Género.

Tras Madrid se sitúa Andalucía, con 10.960 llamadas, y Cataluña, con 8.875 llamadas. Esta lista es seguida por la Comunidad Valenciana (6.868), Canarias (3.671), Castilla y León (2.954), Galicia (2.959) y Castilla-La Mancha (2.428).
Las regiones que menos usaron este servicio son La Rioja, Melilla, y Ceuta, con 312, 158 y 109 llamadas respectivamente.

En cómputos generales, el 016 registró 67.194 llamadas sobre malos tratos en su primer año de funcionamiento, lo que supone una media de 185 consultas al día.
Así, este servicio, que funciona 24 horas al día los 365 días del año, ha recibido una media de ocho llamadas a la hora desde que se puso en marcha, el 3 de septiembre de 2007, hasta el pasado 31 de agosto.

Las llamadas sobre violencia machista fueron efectuadas por mujeres (81,3 por ciento del total), familiares y amigos de las víctimas de la violencia de género (16,2 por ciento) y entidades públicas y privadas (2,5).

actualidad.terra.es

Canelones, primero en maltrato


Violencia Doméstica. Sólo hay una dependencia especializada; planean abrir otras dos
Canelones es el departamento con más denuncias por violencia doméstica: 2.553 en 2007 de las 10.680 de todo el país. Superó a Montevideo, pese a que su población es 3 veces menor.
La tendencia se mantiene: al 31 de agosto ya hubo 1.693.
Las dos ciudades que se despegan en las estadísticas oficiales de los primeros ocho meses de 2008 son Paso Carrasco y Toledo, que recibieron 131 denuncias.
Ambas zonas tienen más casos que toda la Ciudad de la Costa junta, donde al igual que Barros Blancos, 105 personas fueron a asentar que eran víctimas de violencia intrafamiliar.
Luego le sigue Pando con 85 casos; Salinas con 58; Santa Lucía con 40; Sauce donde hubo 36, Canelones con 31 y el resto del departamento, que oscila entre los 21 y 0 casos.
La atención a este problema no es la deseable, reconocen las autoridades. Pese a que Canelones tiene cerca de medio millón de habitantes, sólo hay una "Oficina de Orientación y Derivación de Víctimas de Violencia doméstica", enclavada en la ciudad de Las Piedras.
Es la dependencia que más denuncias recibe (790 al 31 de agosto) por ser la única especializada y por abarcar al menos tres ciudades importantes: Las Piedras, La Paz y Progreso, más muchos de los casos del resto del departamento.
Por su importancia Jefatura elevó una solicitud para denominarla "comisaría". Si aumenta de categoría, tendrá más posibilidades de obtener recursos e independencia técnica en su trabajo, explicó el coordinador de Jefatura, Félix Riestra, a El País. Actualmente se hace allí desde la detención hasta la conducción al Juzgado. En ella hay gente especializada, con capacitación en el tema.
Pero el departamento tiene 27 seccionales y en cada una trabajan policías que no están entrenados para estos casos y que, basados fundamentalmente en su olfato y experiencia, orientan a las víctimas.
"A veces asesoran mal por desconocimiento", señaló Riestra.
Por eso cada vez se hace más necesario -y está proyectado- abrir dos oficinas similares en Pando y en Ciudad de la Costa. Para este último caso, el edil socialista Heber Vieytes ha trabajado intensamente e incluso obtuvo el mobiliario pero no hay local acorde a esa necesidad. Y una licitación que estuvo en marcha, cayó por vencimiento de plazos.
"No sólo es alhajar y conseguir un sitio; es importante que quienes estén a cargo, sepan del tema y participen en instancias para informarse", señaló el edil.
Víctimas y medidas.
La mujer es, por excelencia hacia quien se dirige el maltrato. De 1.755 víctimas registradas durante este año, 1.468 son mujeres, 119 hombres y 168 niños o niñas. El delito que por lejos se convierte en el más reiterado, es el de agresión: 613 casos intrafamiliares, 556 veces contra mujeres y el resto contra niños.
El que le sigue es el de amenazas entre parejas o cónyuges o de mayores a niños del que hubo 498 denuncias: 439 de las víctimas eran mujeres, 42 hombres y 20 menores de edad.
Sobre violencia doméstica -propiamente dicha que puede ser psicológica, sexual, económica y física- hubo 171 denuncias, 164 hacia mujeres. Además, 142 de 162 casos de lesiones denunciadas fueron contra ellas.
Por todo esto, la Justicia procesó 12 personas, seis con prisión e idéntica cantidad sin prisión, todos por el delito de violencia doméstica.
En el seguimiento de los casos y en el cumplimiento de las medidas dispuestas por la Justicia -la mayoría cautelares-, la Policía Comunitaria cumple un papel relevante: es la encargada de visitar a las familias y preguntar si todo se cumple de acuerdo a la disposición judicial.
Con el Instituto del Niño y Adolescente -INAU- se trabaja "muy poco" y con la Intendencia existe un vínculo principalmente en la sede pedrense donde hay un refugio para que las víctimas puedan quedarse, dijeron fuentes policiales.
En 2008 se decretaron 546 libertades y se aplicaron 428 de "otras resoluciones", la mayoría medidas cautelares, según datos oficiales.
Si bien las denuncias llegan a las comisarías, son varias las que detecta la Policía a través de organizaciones sociales, escuelas y parientes que dicen lo que las víctimas no se animan.
Cuando llega a la Policía, se da cuenta a la Justicia, que en general solicita actuaciones. Si el afectado es un menor de edad, se interviene con un mayor, en lo posible, de vínculo familiar directo. Y en esos casos, se trata con equipos técnicos integrados por psicólogo, médico y asistente social.
"La idea es que se pueda hacer el trámite de la forma menos traumática posible para el niño; darle las garantías y no causarle daños colaterales", señaló Riestra.
Poner en conocimiento a la Policía y a la Justicia casos de violencia doméstica es un derecho. Muchas personas no lo asumen como tal: se sienten culpables y levantan la denuncia. O temen ratificarla.
"Son situaciones muy íntimas y con gran efecto sobre el ánimo y la psiquis de las personas", dijo Riestra.
Entonces, se puede orientar pero no intentar persuadir a la persona, indicó.
Un detalle no menor es el incumplimiento a las medidas cautelares y por ende la violación de los derechos de las víctimas, informó a El País la oficial ayudante Analí Maipaicena encargada de la oficina de Las Piedras y abogada.
Según dijo, este año se dispararon las denuncias de abuso sexual tras la seguidilla de casos que se conocieron a principios del invierno, y varios abusos fueron confirmados.
Asistencia psicológica a policías por estrés de asistir a víctimas
En la oficina de Orientación y derivación a víctimas de violencia doméstica de Las Piedras, única en el departamento, se registraron 790 denuncias en los primeros ocho meses del año. Una veintena de oficiales y agentes mujeres tienen la tarea de recibir las denuncias, contener a la víctima y "ganar su confianza".
Pero aun cuando se propongan no involucrarse, las efectivas están estresadas. Al observar la situación, la encargada de la oficina, Analí Maipaicena, planteó al Comando la necesidad de tener asistencia psicológica. Un primer acercamiento con una profesional de la zona "confirmó" sus "sospechas". Había una gran necesidad de contención y ahora, tienen línea "abierta" con la psicóloga de Jefatura.

Las policías deben lidiar con la escasez de recursos. Por ejemplo, buscar adónde llevar a las denunciantes es un problema ya que sólo hay un refugio nocturno en toda la ciudad.
Las cifras
1.693 Es la cantidad de denuncias por violencia doméstica que hubo entre enero y agosto en todo el departamento de Canelones.
12 Son los procesados por violencia doméstica entre enero y agosto. Se dictaron 428 resoluciones, la mayoría medidas cautelares.
Un delito que crece cada año
Si bien la ley 17.514 de violencia doméstica es definida en el marco de una "relación de noviazgo o con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de hecho", no necesariamente tiene que enmarcase en el hogar. Refiere a situaciones de abuso dentro de vínculos afectivos.
Esta ley establece cuatro tipos de violencia doméstica: la física, la psicológica o emocional, la sexual y la patrimonial. Para la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, implica un "patrón de conducta", es decir, "no son actuaciones violentas ocasionales, sino que es una forma repetida de actuar".
Según el Observatorio Nacional sobre Criminalidad y Violencia, en 2007 hubo 10.680 denuncias de violencia doméstica en el país, o sea, casi un 50% más que las registradas en 2006 (7.151). No obstante, en el caso de Montevideo, la variación entre ambos años es de 7,4%. Distinto es el caso de Maldonado, por ejemplo, donde las denuncias aumentaron un 34,6%.
Los departamentos con más denuncias por este delito son Canelones con 2.553 y Montevideo con 2.377. Les siguen Soriano recién con 922, Río Negro con 842 y Rivera con 840. Por el contrario, los que tienen menos cantidad de denuncias son Lavalleja (44), Rocha (97) y Cerro Largo (101).
Familiar: "Lo negó y aleccionó a su hija para que no declarara"
Varias hermanas y primas, de entre 9 y 13 años, sufrieron abusos de parte de un tío abuelo.
El hombre decía que les hacía un favor prestándoles su casa, que tiene calefón y otras comodidades de las que ellas carecen, y les hacía ver películas de alto contenido erótico.
También se comprobó que las manoseaba", contó Analí Maipaicena, encargada de la oficina de violencia doméstica de Las Piedras. Las niñas declararon en el Juzgado y mencionaron la presencia de otra menor, pero la madre de esa niña negó el hecho y aleccionó a su hija para que no declarara. Igual el abusador fue procesado con prisión por atentado violento al pudor.
Medidas cautelares: "Estaba atrincherado en la vivienda"
Un hombre se encerró en su casa y la Policía estuvo toda una noche y parte del día siguiente intentando sacarlo, por no respetar la prohibición de acercarse. Su esposa y sus hijos, uno de ellos asistido con tubo de oxígeno, tuvieron que pasar la noche afuera", contó la oficial Maipacena. "La mujer llevó a sus hijos a un refugio por la noche y el niño enfermo debió ser asistido en la calle, mientras su padre estaba atrincherado en la vivienda".
El incumplimiento de medidas cautelares es una situación recurrente en la oficina de Las Piedras, donde hay un número similar de casos primarios y de violación reiterada de las disposiciones judiciales.
Anciana:
"Una hija la echó, la otra se negó a darle albergue"
Llegó una anciana a la que ninguna de sus hijas quería cuidar. La que vivía aquí la echó de la casa; la otra, que vivía en Montevideo, se negó a darle albergue", contó la encargada de la oficina de Las Piedras. La anciana durmió tres noches en un refugio y pasó tres días en la oficina sin poder siquiera bañarse.
La Policía le daba alimentos y agua.
Tras gestiones en lugares donde no había espacio (Piñeiro del Campo, Hogar de Ancianos, etcétera), se consiguió que una comunidad religiosa le diera cobijo. Si bien se suele asociar a las víctimas de violencia doméstica con mujeres y niños, los adultos mayores también son otro grupo recurrentemente maltratado.
i Denuncia y orientación. Oficina de Orientación a víctimas de Las Piedras, teléfono 3651733 o al 0800-4141 para todo el país.
PATRICIA MANGO

«Ha salido la mayor masa oculta de malos tratos»


FRANCISCA MUNUERA JEFA UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
Las denuncias por violencia de género se reducen por primera vez en la Región desde la aprobación de la ley en 2004
Francisca Munuera tiene la mirada de una mujer fuerte y sus ojos no engañan. Coraje es el principal ingrediente en la lucha contra la violencia de género que ella encabeza en la Región.
Satisfecha ante la estabilización en el número de denuncias por malos tratos, la jefa de la unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer ofrece, en esta entrevistam su visión sobre esta lacra.-
¿Es el descenso de denuncias una buena noticia?
-Hay que ser cauteloso con los datos. Está clarísimo que la denuncia es el único método eficaz de garantizar la protección y que la ley ha venido a permitir que las mujeres denuncien más. El hecho de que haya descendido el número de denuncias supone que, quizás, el sustrato de malos tratos que arrastrábamos de años está llegando a su tope.
Ha salido, gracias a la potenciación de las denuncias, la mayor masa oculta de malos tratos. Estamos satisfechos con los datos pero ahora tenemos que ver que evolución se sigue.
- Sin embargo, el hecho de que no descienda el número de muertes revela que tendremos que seguir haciendo frente a este problema.
-Sí, está claro que tendremos que seguir haciéndole frente, pero no es cierto que no ha descendido el número de muertes. El peor año fue el 2004, que precisamente fue el año en el que todos los partidos hicieron el esfuerzo de promulgar la ley.
Fue el peor año en toda España y también en la Región.
Es cierto que, desde 2004, ha habido un descenso muy fuerte en el número de mujeres muertas.
Ese descenso no ha sido igual todos los años pero no hemos llegado nunca a los datos de 2004. En 2004 hubo 4 muertes en Murcia; en 2005, 2; En 2006, 3 y en 2007, 2 . En 2008 llevamos dos en la Región.-¿Cree que la mujer está más segura con la nueva ley?
-Sí, eso es lo que pretende la ley, que la mujer se sienta más segura. Habría que preguntarle a cada una de ellas, pero sí.
-El porcentaje de violencia de género dentro del colectivo inmigrante resulta preocupante, ¿es un problema cultural?
-Efectivamente, como nos ha pasado a nosotros. Todos tenemos recuerdos de nuestros abuelos en situaciones que, con nuestra mentalidad de ahora, no entenderíamos, ni toleraríamos. Es un cambio en las actitudes y los valores que cada sociedad genera. Ahora están en una sociedad que defiende a la mujer y es bueno que entren en esa dinámica. Las mujeres inmigrantes están haciendo lo mismo que hicieron las españolas en 2004, cuando surgió la ley. No es una cuestión de nacionalidad, sino de pautas culturales.
-Ahora ponen en marcha unas guías, en varios idiomas, para que las mujeres conozcan sus derechos ante la violencia, ¿son más vulnerables las que no los conocen?
-Claro, la mujer que conoce sus derechos y sabe como utilizarlos siempre tendrá más posibilidades de que se la escuche. Lo primero que una persona tiene que saber es qué derechos tiene.

ALICIA NEGRE

Sufren 221 mil mujeres violencia en Tabasco


Da a conocer el INEGI que la entidad se ubica dentro de los 10 estados donde más se maltrata a la mujer.
Mientras las autoridades estatales afirman que en Tabasco la violencia contra las mujeres ha disminuido en los últimos años; la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del 2006, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), reveló que el 52.7 por ciento de las 421 mil mujeres casadas o que viven en unión libre, reconocieron que han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja en algún momento de su relación.
La dependencia federal explicó que a finales del 2006 realizó en Tabasco un estudio para conocer la situación de violencia que se registra en las parejas chocas y la forma en cómo se presenta, de tal forma que de las 421 mil mujeres casadas o unidas de 15 y más años, al rededor de 221 mil habían sufrido algún tipo de violencia de parte de su pareja en algún momento de su relación; es decir poco más del 52.7 por ciento; sin embargo, 189 mil de ellas habían sido violentadas en el último año.
En el caso de las mujeres solteras, la ENDIREH 2006 indicó que el 24.9 por ciento había experimentado algún tipo de violencia ya sea de parte de su novio o pareja, por lo que la mayor incidencia se observó en las mujeres que alguna vez estuvieron unidas en matrimonio, pues 7 de cada 10 habían sido violentadas por sus parejas.
El estudio del INEGI arrojó además, que los tipos de agresiones registrados por las mujeres tabasqueñas fueron de cuatro formas: emocional, económica, física y sexual; por lo que del total de las mujeres que reportaron algún tipo de violencia, el 94 por ciento de las mujeres solteras mencionó que había sido de tipo emocional; al igual que el 91.8 por ciento de las que estuvieron casadas en algún momento y el 84.3 por ciento de las que actualmente están casadas o que viven en unión libre.
En las que han sido agredidas físicamente, el 47.1 por ciento de las féminas declararon que su cónyuge las han empujado o les ha jalado el cabello; en el caso de la violencia de tipo económica el principal motivo ha sido, de acuerdo al 31.9 por ciento a que les ha reclamado en la forma en la que gastan el dinero que les dan y en cuando a la violencia de tipo sexual el 13.2 por ciento de las mujeres que sus parejas las obligaron a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad.
Otro de los aspectos que investigó la ENDIREH 2006, es conocer si durante su infancia las parejas habían sufrido algún tipo de violencia durante su infancia o dentro de su familia de origen, lo cual podrían determinar que esta situación podría ser el detonante de la violencia actual; por lo que el 46.3 por ciento de las mujeres tabasqueñas aseguró que tanto ella como su esposo o pareja provienen de familias con dinámicas donde en algún momento hubo violencia; el 25.6 por ciento fueron de mujeres que informaron tanto ella como su pareja jamás habían experimentado violencia en sus hogares de origen.
En cuanto a la violencia que se presenta en el ámbito comunitario es decir, en los espacios públicos como parques, jardines, plazas comerciales, en la calle, las mujeres tabasqueñas sostuvieron que es de dos tipos de agresión: intimidación y abuso sexual; por lo que 215 mil 890 mujeres mencionaron haber sufrido violencia comunitaria, de las cuales 201 mil 795 fueron con actos de intimidación y 65 mil 375 habían sido abusadas sexualmente; de los cuales 82.4 por ciento fueron con personas desconocidas; 11.9 por ciento por familiares y 8.9 por ciento por amigos y conocidos.
La ENDIREH 2006 agregó que en el caso del ámbito laboral las dos principales formas de agresión fueron por discriminación laboral y acoso laboral; por lo que en Tabasco 72 de cada 100 mujeres ocupadas han vivido algún incidente de discriminación laboral y 45 de cada 100 han sido acosadas laboralmente.
Viven maltrato
Los índices de violencia a las mujeres son preocupantes tanto para las que trabajan, estudian o se encuentran en espacios comunitarios.
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES QUE TRABAJAN
Ranking Promedio nacional:
30.1%Estados más violentos1.
- Queretaro 37.6%2.- Puebla
37.3%3.- Chihuahua
36.5%4.- Jalisco
36.1%5.- Quintana Roo
33.7%10.- Tabasco
30.6%Estados menos violentos29.-
Sinaloa 24.7%30.-
Yucatán 24.4%31.-
Chiapas 24.1%32.-
Baja California Sur 19.7%
En Tabasco46 mil 915 mujeres reportaron violencia laboral
72% fue discriminación
44% fue acoso laboral A nivel nacional
79% fue discriminación
41% fue acoso laboral Por situaciones de discriminación
41.6% porque les pidieron prueba de embarazo para darles el trabajo
31.7% les pagan menos o reciben menos prestaciones por ser mujeres
22.5% tienen menos oportunidades de ascender por su condición de mujer
7.7% fueron despedidas Por situaciones de acoso
37.9% fueron humilladas o denigradas por ser mujeres
20.9% fueron victimas de agresiones físicas o sexuales VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LAS ESCUELAS
Ranking Promedio nacional:
15.7%Estados más violentos1.-
Oaxaca 22.9%2.-
Jalisco 20.7%3.-
Durango 18.6%4.-
Colima 18.2%20.-
Tabasco 13.1%
Estados menos violentos28.-
Nuevo León 11.0%29.-
Tamaulipas 11.0%30.-
Campeche 10.9%31.-
Coahuila 10.7%32.-
Yucatán 9.9%81 mil 602 mujeres declararon haber sufrido algún tipo de violencia durante su vida escolar53.7% padecieron humillaciones o fueron denigradas 45.0% fueron ignoradas o las hicieron menos por ser mujer19.0% fueron víctimas de acoso sexual por parte de sus maestros
VIOLENCIA EN ESPACIOS COMUNITARIOS
Ranking Promedio nacional:
39.7%Estados más violentos1.-
Distrito Federal 59.7%2.-
Estado de México 55.2%3.-
Jalisco 48.4%4.-
Aguascalientes 42.0%11.-
Tabasco 32.0%
Estados menos violentos28.-
Guerrero 25.4%29.-
Hidalgo 24.9%30.-
Oaxaca 23.9%31.-
Zacatecas 23.8%32.-
Chiapas 17.7%
215 mil 890 mujeres manifestaron haber sufrido violencia comunitaria
65 mil 375 manifestaron que fue abuso sexual
201 mil 795 manifestaron que fueron actos de intimidació
Christian Solorio

El fiscal se reafirma y pide 11 años para un hombre acusado de abusar de su ex pareja


El acusado, A.J.M., durante su fugaz paso camino de la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Logroño. / JUAN MARÍN
El presunto agresor quebrantó una orden de alejamiento de la víctima, que había sido declarada «incapaz» por esquizofrenia
Once años. Ni uno más ni uno menos. El fiscal se reafirmó ayer y pidió, definitivamente y tras haberse expuesto en la vista oral todas las pruebas requeridas por el tribunal, 11 años de cárcel para A.J.M., acusado como presunto autor de un delito continuado de abuso sexual cometido contra su ex pareja el pasado 2007, de quien tenía una orden de alejamiento por maltrato habitual. Se da la circunstancia de que la víctima padece un trastorno esquizoide de la personalidad por el que fue declarada «incapaz» legalmente en 2003 pasando a ser custodiada por la Fundación Tutelar de La Rioja.
Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, el acusado, de nacionalidad portuguesa, mantuvo desde 2001 hasta 2004 una relación de pareja con la víctima «basada en el dominio ejercido sobre su compañera mediante el maltrato físico y psicológico, importando poco lo que ella opinara o quisiera porque él siempre acababa imponiéndose dado el miedo que la inspiraba».
Ya en 2004, y siempre según el citado escrito, un Juzgado de la capital dictaba un auto de medidas cautelares que impedía al imputado acercarse a menos de 200 metros de la mujer y comunicarse con ella. Sin embargo, en junio de 2007, ésta, tras optar por no acudir al centro ocupacional de Arfes en el que trabajaba y quedarse en un bar cercano, se encontró con su ex pareja pese a que la orden de alejamiento seguía en vigor. En lugar de marcharse, A.J.M. se acercó dándole conversación. El fiscal precisa que el acusado le propuso ir a dar un paseo, pero ella se negó, aunque como insistió, finalmente accedió por el «miedo» que la infundía.
El hombre la sujetó con fuerza por el brazo y la obligó a ir con él hasta el Parque del Ebro, donde la obligó a hacerle una felación y después la penetró en el suelo -«no impidiéndolo por la carencia de medios personales para rebelarse ante este tipo de órdenes» y por temor-, ya que le dijo que «había sido su cumpleaños y le tenía que hacer un regalo consistente en acostarse con él y que era bueno para los dos». Por este medio, concluye, el hombre había conseguido mantener relaciones sexuales con la mujer en al menos tres ocasiones más en meses anteriores.

Comienzan los programas formativos para condenados por violencia doméstica

La XIV Edición de los programas contra la Violencia de Género organizados por la Audiencia Provincial de Alicante, a través de la Oficina Judicial de Coordinación Institucional de la Audiencia Provincial (Ojci), comenzó este lunes con un total de 40 inscritos, según informaron fuentes de la Audiencia Provincial alicantina.

El objetivo de estos cursos, que están dirigidos a todos los condenados por algún delito relacionado con la Violencia de Género y Doméstica, es "defender el estado de derecho y a las víctimas de la Violencia de Género incidiendo directamente sobre las modificaciones de conducta y del sistema de valores y creencias de los maltratadores primarios", es decir, "los que han sido condenados a penas leves cuya ejecución ha sido suspendida", indicó este lunes el psicólogo de Ojci, Carmelo Hernández.

A través de estos cursos, que se desarrollarán hasta el próximo miércoles, 15 de septiembre, se ha constatado que a nivel estadístico ha incrementado la presencia de personas procedentes de Latinoamérica y ciudades no comunitarias.

Respecto a estos programas, en el que intervienen juristas, criminólogos, sociólogos y trabajadores, y que son de carácter obligatorio conforme a la Ley Integral, cabe resaltar que aún no están implantados en toda España, por ello la Audiencia Provincial de Alicante "es pionera en esta iniciativa, realizada desde la propia administración", recordaron las mismas fuentes.

www.panorama-actual.es