9 de octubre de 2008

Piden un código ético sobre el trato de la violencia machista en los medios al ser "mejorable"


La directora del Instituto Canario de la Mujer, Isabel de Luis, presentó hoy las jornadas regionales de sensibilización 'Medios de Comunicación y Violencia de Género', que se celebraran mañana y pasado en la Universidad de La Laguna.
El tratamiento de la violencia machista en los medios de comunicación canarios es satisfactorio "pero mejorable", dijo hoy la directora del Instituto Canario de la Mujer, Isabel de Luis, quien demandó un código deontológico para que se informe adecuadamente sobre este asunto.
Así lo manifestó Isabel de Luis en una rueda de prensa en la que presentó, junto a Gracia Rodríguez, vicerrectora de Relaciones y Sociedad de la Universidad de La Laguna, las jornadas regionales de sensibilización sobre los medios de comunicación y la violencia de género, que se celebrarán en Tenerife el 10 y 11 de octubre.
Isabel de Luis señaló que uno de los objetivos de esta jornada es fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y evitar la discriminación sexista en los medios de comunicación, de forma que no se difundan imágenes o informaciones que atenten contra los derechos humanos, la dignidad de las víctimas y sus hijos.
En las jornadas, en las que también se debatirá sobre las agencias de publicidad y el cine, se pretende además "visibilizar" la violencia contra las mujeres e implicar a los profesionales de la comunicación, así como al alumnado que se forma en este ámbito, por lo que se desarrollarán en la Facultad de Ciencias de la Información.
Isabel de Luis se refirió además a la importancia de lograr un adecuado tratamiento informativo de este problema y añadió que en las jornadas se analizará este asunto y se expondrán alternativas al modelo informativo, pues "el reto" está en cambiar una cultura basada "en una relación asimétrica de poder y sumisión por otra de igualdad".
Entre otros asuntos, se quiere destacar que la información debe ser rigurosa y seria y ocupar un espacio digno, no en los sucesos porque se trata "de un delito contra los derechos humanos", y por ello a la directora del Instituto Canario de la Mujer le "sorprende" que todavía aparezcan los casos de violencia machista en dicha sección.
Confió en que las jornadas "marquen un antes y un después y alumbren un código deontológico" para que no se banalice esta cuestión ni se trate como "algo anecdótico".
Se trata de que los medios de comunicación asuman "la carga moral" de esta cuestión, en lo que tiene que haber "mucho autoconvencimiento", añadió De Luis.
Apuntó además que ha hablado con la Universidad de La Laguna sobre la posibilidad de incorporar "la perspectiva de género" en el currículum de las carreras, y señaló que "quizás por la precipitación" en ocasiones las informaciones sobre la violencia machista "no son todo lo veraces que deberían ser".
Como ejemplo citó la frecuencia con la que se cogen afirmaciones de vecinos que hacen consideraciones sobre las mujeres fallecidas por malos tratos, y que no contribuyen a esclarecer por qué se produce la violencia machista.
La vicerrectora Gracia Rodríguez subrayó que "las puertas de la Universidad están abiertas" para esta cuestión y anunció que "el primer indicador del éxito" en la acogida de estas jornadas es que se han inscrito casi 160 alumnos, aunque la matrícula sigue abierta.
EFE

Las mujeres maltratadas y sus hijos menores de 18 años podrán recibir tratamiento y ser acogidos por el Ayuntamiento

Gracias a un convenio firmado con la Consejería de Política Social

El Ayuntamiento pondrá a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género todo lo necesario para superar su situación.

Gracias a un convenio firmado con la Consejería de Política Social, mediante el que el Ayuntamiento recibirá una subvención de 76.000 euros, se establecerá un recurso de acogida a víctimas de violencia de género y programas que favorezcan la igualdad de oportunidades.

Así, la principal finalidad es alojar y atender a las necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos menores de 18 años, proporcionándoles un tratamiento integral y favoreciendo los medios que les ayuden a rehacer su vida. De esta forma se les dará protección, alojamiento y manutención, atención psicológica y orientación laboral.

Además se garantizará al máximo la seguridad de las mujeres y sus hijos a través del contacto directo y continuo con la Unidad de Policía más cercana a su ubicación. El Ayuntamiento también se compromete a contratar a un agente de igualdad.

Asimismo el acuerdo incluye la realización de actividades que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, como el reparto de responsabilidades familiares compartidas, el asociacionismo y participación y la realización de encuentros y foros de debate sobre la situación actual de las mujeres en todos los ámbitos.

El pasado mes de abril la Junta de Gobierno ya aprobó el pliego de condiciones para contratar, mediante procedimiento abierto, el servicio de asesoría jurídica a víctimas de violencia de género del término municipal de Murcia.

Cabe recordar que en Murcia hay dos casas de acogida de titularidad municipal, la primera de ellas está en marcha desde el año 1985 y la otra se inauguró en 2005. Se trata de una fórmula de alojamiento temporal para la atención de mujeres y de sus hijos cuando sufren violencia doméstica, procurándoles protección, seguridad y un tratamiento para superar los efectos de esta situación.

Fuente: Ayuntamiento WEBMURCIA.COM
www.webmurcia.com

Aído gastará un millón de euros en el teléfono para hombres

Aunque aún no se ha puesto en funcionamiento -lo hará en lo que queda de año-, el futuro teléfono para informar y resolver las dudas de los hombres costará a las arcas del Ministerio de Igualdad 1,2 millones de euros. Con este servicio el Gobierno intentará aumentar la sensibilidad de los varones con «el ánimo de prevenir conductas violentas», como explicó ayer la secretaria de Políticas de Igualdad, Isabel Martínez, tras su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. El teléfono irá acompañado de seminarios, talleres, encuentros formativos y otras iniciativas que tendrán otro coste independiente y que pretenden «educar a los hombres en la nueva masculinidad».

También la ampliación de la línea 016, el servicio de atención a las mujeres víctimas de la violencia machista, contará con la misma partida presupuestaria para 2009, es decir, 1,2 millones de euros. Esta línea apenas ha cumplido un año desde su puesta en marcha y ha atendido 47.990 llamadas relacionadas exclusivamente con violencia de género, lo que significa que de media, cada hora, ha respondido a siete personas. Cabe plantearse si el servicio para los hombres también tendrá el mismo volumen de llamadas y, por tanto, cada sesenta minutos siete hombres pidan ayuda y apoyo para resolver dudas relacionadas con divorcios, separaciones, permisos de paternidad o excedencias por cuidado de hijos, entre otros, como en más de una ocasión ha explicado la propia ministra de Igualdad.

Tras exponer a grandes rasgos en qué gastará Bibiana Aído la partida de 80,9 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado que le ha sido asignada, la secretaria de Igualdad también anunció que se invertirán tres millones de euros en programas de reeducación para maltratadores condenados, un mandato al que obliga la ley integral contra la violencia de género.

El Ministerio invertirá en combatir la violencia machista poco más de 28,3 millones, pero el Gobierno en total y a través de diferentes políticas de otros departamentos gastará 300 millones.

M.J. PÉREZ-BARCO
www.abc.es

El jurado concluye que el parricida de Oviedo quiso matar a su mujer y abusó de su fuerza

El tribunal encuentra culpable de homicidio a José Ramón Tamargo, con la atenuante de confesión l La pena oscilará entre los 14 y los 15 años
El jurado encontró ayer culpable de homicidio, con la agravante de abuso de superioridad, a José Ramón Tamargo, el hombre que mató a cuchilladas a su mujer en el mes de febrero de 2007 en su casa de la calle Capitán Almeida de Oviedo. El tribunal popular considera que concurre además la atenuante de confesión, ya que Tamargo se entregó a la Policía y contó lo sucedido en la comisaría antes de que nadie hubiera descubierto el crimen. La cuantía de la pena, que se conocerá en los próximos días y que impondrá el magistrado presidente del tribunal, Javier Domínguez Begega, oscilará entre los 14 y los 15 años de cárcel. Begega también será el encargado de fijar la cuantía de la indemnización que recibirán cada uno de los hijos del acusado y la fallecida, para los que las acusaciones reclaman 57.879 euros.
José Ramón Tamargo escuchó de viva voz el veredicto del tribunal (no tiene obligación de hacerlo, por ley). Ninguno de sus hijos, representados por la abogada Sandra Mori, estaba presente. El jurado se ajustó exactamente a la tesis mantenida en el juicio por el fiscal coordinador de Violencia de Género, Gabriel Bernal.
Así, se concluye que Tamargo quiso acabar con la vida de su esposa y no sólo lesionarla y asustarla, tal y como él mantuvo en la vista. En su veredicto, el tribunal popular se opuso a una posible concesión de un indulto al acusado y también a que se le pueda aplicar una suspensión de la ejecución de la condena.
Los miembros del jurado descartaron la pretensión de la defensa de que se entendiera que el hombre había sido víctima de un «arrebato incontrolable». «Tenía pensado lo que iba a hacer», matizaron. Y para ello se basaron en las declaraciones de los hijos de la pareja, que aseguraron que, días antes del crimen, su padre les afirmó en más de una ocasión que ya sabía «lo que tenía que hacer». «Además -precisaron-, no tenía nada preparado para marcharse de casa», a pesar de que ese mismo día tenía que abandonar el domicilio por orden judicial, tras la sentencia de divorcio.
El jurado tampoco apreció la agravante de parentesco, como sostenía la acusación particular, ya que, a pesar de que la pareja aún convivía en la misma casa y tenía cuatro hijos en común, ya no existía un lazo afectivo entre ellos. Descartó también que Tamargo hubiera intentado reparar el daño que causó entregando a sus hijos su parte de la casa, ya que entendieron este gesto como una mera «estrategia de defensa».
Idoya RONZÓN

Herrera lidera una cumbre autonómica para luchar contra la violencia de género

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, anunció ayer en Bruselas que convocará a todas las comunidades autónomas a una cumbre en Castilla y León, que se celebrará a finales de noviembre o principios de diciembre, para debatir y «fijar una postura de Estado» sobre la violencia contra la mujer. El resultado del debate servirá para redactar el contenido del dictamen que Castilla y León está promoviendo en el seno del Comité de las Regiones (CdR), que se presentó el paso mes de abril y se encuentra en fase de tramitación.

«El principal objetivo es que el Comité de las Regiones emita su opinión sobre la violencia ejercida contra las mujeres, denuncie esta intolerable situación en el conjunto de regiones y ciudades de Europa, y promueva un debate sobre propuestas e intercambio de buenas prácticas realizadas en esta materia entre las regiones», afirmó el presidente en Bruselas antes de mantener su encuentro con la comisaria europea de Política Regional, Danuta Hübner.

La cumbre servirá para que los representantes designados por cada comunidad puedan aportar sus reflexiones y sus análisis para consensuar el contenido del dictamen.

El objetivo último es el de poner freno «a esta lacra contra la que sólo cabe la unidad y el rechazo de toda la sociedad y la aplicación estricta del Estado de Derecho para quienes vulneran la integridad física o psicológica de las mujeres».

Ponente, la directora de la Mujer
Herrera, que viajó ayer a Bruselas para participar en el pleno del CdR, también anunció el nombramiento de la directora general de la Mujer , Alicia García, como experta designada por la Junta para supervisar la tramitación del dictamen que ya está en la Comisión de Política Económica y Social (ECOS) del Comité, informa Ical.

En este sentido, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y la directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de Diego, mantuvieron ayer contactos con el responsable del dictamen en la Comisión ECOS para fijar la orientación del documento y para profundizar en la coordinación de los trabajos preparatorios y estudios necesarios además de perfilar el calendario previsto para la tramitación del dictamen, que se debatirá en sesión plenaria en abril del 2009.
El presidente de la Junta avanzó, además, que el texto también se consensuará con los tres grupos parlamentarios. «Queremos que el texto refleje una posición de Comunidad», subrayó Herrera.

ABC.es

Ley de violencia familiar / Entidades de mujeres realizan aportes

Este miércoles, la organización Mujeres tramando y el Foro por los derechos de las mujeres entregaron al ministerio de Salud y Acción social sus aportes con vista a la reglamentación de la ley 9.198 de Prevención y asistencia de la violencia familiar en Entre Ríos.

En un comunicado enviado a AIM, las organizaciones resumieron los aportes presentados:

1- Consideramos que la ley 9.198, a pesar de la necesidad de actualización de la misma, tiene una mirada integral del problema y abarca a todos y todas los/las integrantes del grupo familiar, y legisla específicamente para integrantes de la familia que son más vulnerables por edad (niño, niña, adolescente), discapacidad, alteraciones mentales , tercera edad.

En cambio en el proyecto de reglamentación que está en debate, advertimos que se trabaja casi exclusivamente sobre las situaciones de violencia intrafamiliar que sufren niñas, niños y adolescentes, con poca consideración al grupo que mayoritariamente está en riesgo porque es la principal destinataria de las agresiones en la familia, que son las mujeres.

Esta visión sesgada de la problemática ha llevado a que en el citado proyecto de reglamentación al que tuvimos acceso, esté desdibujada la actuación de la dirección provincial de la Mujer y las áreas de Mujer de los municipios.
La reglamentación debe basarse no solamente en la ley 26.061, sino también con las leyes 24.632 – (Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer) y la ley 24.417 de violencia familiar.

2- Señalamos, además que no corresponde introducir violencia social en esta reglamentación, porque la ley 9.198 contempla los caso de violencia familiar que se dan por abuso de poder entre sus miembros en forma cíclica y en el tiempo, y no es una ley que trabaja sobre la violencia social, que corresponde a otro fenómeno con otras características.

Ejemplos de violencia social: adolescentes que queman autos en las calles, merece otro análisis y políticas diferentes.

3- Esta reglamentación es una oportunidad para aggiornar la definición de violencia familiar, sin caer en el error legal de modificar la ley 9.198, tarea que corresponde a la legislatura, por lo que, en el articulo 1º, se debería clarificar la definición de violencia familiar para contemplar: violencia de género, maltrato infantil, abuso sexual infantil, violencia sexual, teniendo especial cuidado para que no queden desprotegidas las situaciones de los noviazgos violentos.

Ante ello, las entidades propusieron:
Definición de violencia familiar: “Para los efectos de esta ley se entenderá como violencia familiar todas las formas de abuso de poder por acción u omisión, directa o indirecta que causare daño o sufrimiento físico, sexual, económico, ambiental y/o psicológico en forma permanente o cíclica, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra con la que tenga o haya tenido una relación de noviazgo o con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de hecho, que constituya o no delito”.

Otro aspecto que preocupa a las organizaciones sociales, es lo relacionado con la atención terapéutica y la asistencia social, para lo cual en el artículo 14º de la ley que habla de las incumbencias, consideraron que “primero se debería establecer en este artículo la relación interinstitucional e inter ministerial para el abordaje de las situaciones de violencia, y a continuación si especificar el rol del Consejo provincial del niño, el adolescente y la familia”.

Por lo tanto, propusieron que dicho artículo quede redactado de la siguiente manera: “A los fines de dar cumplimiento con el articulo 14º de la ley se establece la Mesa provincial para la atención integral de la violencia familiar y violencia sexual, cuyo objeto será planificar y ejecutar la política social y protección a las víctimas de violencia familiar y violencia sexual. Dependerá directamente del ministerio de Salud y Acción social y del Cpnaf en forma conjunta y estará integrada por representantes de los sectores públicos y de entidades no gubernamentales, dedicadas a la atención de la problemática”.

El rol del Consejo
Respecto del rol del Consejo provincial del niño, el adolescente y la familia (Cpnaf), teniendo en cuenta su carácter de órgano técnico administrativo de protección de derechos de la infancia, adolescencia y familia, se señaló “la necesidad que el Cpnaf también articule con las áreas de mujer municipales y se la incluya expresamente en las mesa locales”.
Se advirtió también que “es incorrecto que en el tratamiento se desmembre la familia, y que la derivación terapéutica recaiga casi exclusivamente en el sector salud cuando observamos que los servicios de salud actuales no están en condiciones de absorber correctamente la demanda”.

Ante esto, propusieron que en el artículo 16, en relación a lo asistencial y terapéutico los organismo de aplicación establecidos en el articulo 14 deberán poner en funcionamiento Centros de atención integral de la violencia familiar y violencia sexual que serán unidades efectoras de acciones asistenciales y preventivo-promociónales y que funcionarán a nivel local o provincial, siendo su dependencia municipal, provincial, o bien como organismos no gubernamentales autorizados”.

Los Centros de atención integral de la violencia familiar y violencia sexual actuarán a través de un equipo interdisciplinario integrado por un psicólogo, un trabajador social, un abogado y/o operador social, que cumplirá las siguientes funciones:

Violencia familiar
1- Intervenir en los casos que se presenten espontáneamente en el centro, y particularmente en los requeridos por la justicia de la provincia de Entre Ríos u otro órgano de aplicación.

2- Brindar atención legal, asistencial y terapéutica, a la víctima y al grupo familiar en general.

3- Brindar atención terapéutica para su rehabilitación al autor de actos de violencia.

Violencia sexual
1- Establecer un servicio de asesoramiento para acompañar al superviviente de violencia sexual y a la familia en las primeras acciones en el sistema médico y denuncia en la justicia.

2- Desarrollar grupos de apoyo terapéuticos para supervivientes de agresión sexual y de incesto.
3- Desarrollar grupos de apoyo a padres y madres y/o familiar que no cometieron el delito, con el objetivo de brindar apoyo emocional.

www.aimdigital.com.ar

Herrera anuncia que CyL acogerá una cumbre autonómica sobre violencia contra las mujeres


El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, anunció hoy que Castilla y León acogerá antes de finales de año una cumbre autonómica sobre violencia contra las mujeres en la que se procurará fijar una postura de Estado ante este "drama social".
La idea es que los representantes designados por cada comunidad puedan aportar sus reflexiones y sus análisis para consensuar el contenido del Dictamen. El objetivo último es el de poner freno a esta lacra contra la que sólo cabe la unidad y el rechazo de toda la sociedad y la aplicación estricta del Estado de Derecho para quienes vulneran la integridad física o psicológica de las mujeres.
Además, Herrera adelantó que la directora general de la Mujer, Alicia García, será la experta designada por la Junta de Castilla y León para supervisar la tramitación del Dictamen sobre Violencia de Genero que el mismo presentó al Comité de las Regiones y que que ya se encuentra en la Comisión de Política Económica y Social (ECOS) del Comité.
En este sentido, en las últimas horas se han producido contactos entre el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y la directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de Diego, con el responsable del Dictamen en la Comisión ECOS para fijar la orientación del documento y para profundizar en la coordinación de los trabajos preparatorios y estudios necesarios además de perfilar el calendario previsto para la tramitación del Dictamen.
ALMUERZO DE LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA
Por otro lado, el presidente de la Junta asistió hoy en Bruselas a un almuerzo organizado por el Gobierno de Castilla y León en el marco de la jefatura de la Delegación Española del Comité de las Regiones y en el que participaron la comisaria de Política Regional, Danuta Hübner, el embajador Representante Permanente de España ante la UE, Carlos Basterreche, los presidentes autonómicos de Asturias, Canarias, Murcia y La Rioja y consejeros del resto de comunidades.
El objetivo del almuerzo es que la comisaria Hübner pueda trasladar a la Delegación Española su visión de la política de cohesión así como fomentar un debate con los representantes de la Delegación.
Esa visión, como ella misma ya ha señalado en otras ocasiones, consiste en la necesidad de que los fondos estructurales sigan existiendo, pese a la oposición que presentan algunos países miembros.
El futuro de los fondos está condicionado por las posiciones legítimas de algunos países, quienes consideran que de mantenerse la política de cohesión, ésta ha de concentrarse sólo en los países incluidos en el objetivo de Convergencia (PIB menor al 75 por ciento de la media de la Unión).
Por ello, el debate que Castilla y León quiere generar en torno al futuro de los fondos estructurales y las políticas de cohesión llega en un momento oportuno ya que el pasado lunes fue presentado el 'Libro Verde' sobre la cohesión territorial.
Dentro de su intensa agenda en la capital comunitaria, Herrera también ha mantenido una entrevista con el Embajador Representante Permanente de España ante la Unión Europea, Carlos Basterreche. En ese encuentro, el presidente de la Junta trasladó al Embajador la situación existente tras el anuncio de un procedimiento por posible infracción del derecho comunitario en las minas a cielo abierto del Valle de Laciana, en León.
El presidente de la Junta solicitó el apoyo de Basterreche para que el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, reciba a la vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, y al vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva.
Con este encuentro, ya solicitado formalmente por Ruiz y Villanueva, la Junta quiere llegar a una solución favorable y definitiva para los intereses de la Comunidad y, sobre todo, del sector minero en el Valle de Laciana, donde esta actividad supone un eje económico fundamental.
Herrera recordó que la Junta de Castilla y León ha atendido todas las peticiones de información e incluso ha propuesto una metodología de trabajo que contempla la elaboración de un plan de actuación hasta 2020 que permitiría anticipar posibles conflictos en el futuro.
Este planteamiento del Gobierno castellano y leonés se sustenta en el compromiso del respeto más escrupuloso a la normativa europea relativa al impacto ambiental y la Directiva de Hábitats. Es necesario recordar que estamos ante un asunto con implicaciones medioambientales pero con importantes consecuencias económicas y sociales.

Destituyen al teniente de alcalde de San Roque por acoso laboral a una funcionaria

El caso fue denunciado el pasado mes de septiembre por el PP.
La acusó de favoritismo en la selección de personal.

El alcalde de San Roque (Cádiz), José Vázquez (PSOE), ha destituido hoy al teniente de alcalde y edil de Hacienda, Juan Carlos Ruiz Boix, por un presunto acoso laboral a una funcionara municipal.

En un comunicado, Vázquez ha indicado que ha tomado esta decisión tras aprobarse en pleno esta semana una reprobación al edil socialista por un presunto acoso laboral a una funcionaria del Consistorio, denunciado el pasado mes de septiembre por el PP.

Ruiz Boix ha sido destituido de todas sus responsabilidades en el Ayuntamiento sanroqueño, entre las que se incluyen las concejalías de Hacienda, Patrimonio, Contratación y Medios de Comunicación.

El pasado 30 de septiembre el PP de San Roque informó de que una funcionaria municipal había denunciado al edil socialista por presunto acoso laboral, ya que, según la afectada, la acusó de favorecer a determinadas personas en los procesos selectivos de personal.

www.20minutos.es