5 de enero de 2009

Un 44% de los trabajadores madrileños sufre acoso psicológico y un 35,4% conflictos laborales, según UGT

El 44 por ciento de los trabajadores madrileños sufre acoso psicológico laboral y el 35,4 por ciento padece conflictos laborales, unas cifras obtenidas del análisis de diversos casos tratados por UGT.

Según los datos del sindicato, del total de casos analizados un 4,9 por ciento corresponden a la violencia laboral, un 4,2 por ciento constituye estrés, en 2,1 por ciento es ansiedad, un 1,4 por ciento es acoso sexual, un 0,7 por ciento es Síndrome del Burnout, un 0,7 por ciento es insatisfacción laboral, un 0,7 por ciento son casos de depresión laboral y un 5,5 por ciento son catalogados como Otros.

"Teniendo en cuenta la diferencia de género casi el 68 por ciento son mujeres, y el 32 por ciento varones, lo que confirma que aunque se da en ambos sexos, son las mujeres las que están más expuestas a estos riesgos", explica el sindicato.

UGT subraya que más de la tercera parte de los trabajadores atendidos vienen padeciendo esta situación durante un periodo de tiempo que oscila entre el año y los dos años, y el 43 por ciento lo sufren desde hace al más de 2 años. Además, resalta que casi el 55 por ciento de los casos atendidos se encontraba en situación de baja, y de ellos, la cuarta parte llevaba más de 6 meses en esta situación.

Haciendo un estudio más detallado de las bajas presentadas, casi la mitad tiene diagnosticada ansiedad (50,64 por ciento), ansiedad y depresión (16,46 por ciento), depresión (13,92 por ciento), estrés (5,06 por ciento) u otros (13,92 por ciento).

El sindicato advirtió de que cuando el trabajador afectado requiere los servicios de UGT, "ya ha tomado la decisión de actuar", aunque hay un 27 por ciento que no ha realizado ninguna actuación hasta que llegan a la central. Además, puntualizó que cuando el empleado accede a los servicios del sindicato, lo que pretende es mantener su puesto de trabajo (42 por ciento), mientras que en un 13 por ciento quiere irse de la empresa y en un 15 por ciento quiere denunciar la situación.

El sindicato también manifiesta que la empresa no actúa ante estos riesgos y cuando lo hace, "se producen errores de forma y de actuación". "La empresa suele considerar al trabajador afectado más como una molestia que como un problema derivado de la propia empresa, convirtiéndose así en parte activa del proceso", agregó, al tiempo que mantuvo que cuando se detecta el problema, la compañía suele plantear directamente la salida del empleado sin iniciar una investigación.

Finalmente, se quejó de que hay una falta de formación y de información de los profesionales sanitarios para poder identificar y tratar adecuadamente los daños derivados de la exposición a este tipo de riesgos de origen laboral.

Ante este panorama, UGT denunció que las empresas "son poca o nula importancia a los riesgos psicosociales que sufren los trabajadores y destacó que con la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, y al considerar en su concepto más amplio el término de salud laboral, se hace preceptivo evaluar la totalidad de los riesgos presentes en todas las situaciones de trabajo.

Sin embargo, el sindicato subrayó que en la práctica se hace caso omiso a esta normativa. "Es una cuestión escasamente presente cuando no inexistente en las evaluaciones de riesgos laborales. Además, los empresarios no reconocen, por lo general, la presencia de los factores de riesgo psicosocial o no lo consideran un problema que se dé en la relación laboral", afirmó. Asimismo, alertó de que esta problemática "crece de forma alarmante".

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Una de cada cinco mujeres víctima de violencia de género desconfía de las medidas de protección

Pese a que aproximadamente el 90% denuncia las situaciones de agresión, una de cada tres retira la denuncia por pena, cariño, presión social y amenazas, entre otros motivos

Una de cada cinco mujeres que ha sufrido violencia de género en Castilla y León desconfía de las medidas institucionales de protección y el 26,09 por ciento afirma que sufrió maltrato más de diez años. Además, el 81,5 por ciento indica que solicitó una orden de protección tras denunciar los hechos, medida que recibió el 96 por ciento del colectivo. Estas son las principales conclusiones de un trabajo sobre la ‘Influencia de las medidas de protección en las mujeres víctimas de violencia de género’, elaborado por Miguel Pérez Fernández y Luisa Velasco Riego, en el seno de la Comisión Regional contra la Violencia de Género, adscrita a la Consejería de Familia.

El estudio, consultado por Ical, se centra conocer cómo afectan a estas mujeres las medidas de protección acordadas por los órganos judiciales, es decir, las órdenes de protección, las medidas de alejamiento cautelares adoptadas, y cualquier otra acción de seguridad acordada para evitar nuevas agresiones a la víctima, como la protección policial personalizada o el servicio de tele-asistencia.

Por lo que respecta al contacto mantenido con el sistema judicial, policial, sanitario y servicios sociales, todas las mujeres encuestadas lo tuvieron en alguna ocasión con la Policía. En el caso de aquellas mujeres que residían en ámbito urbano, un 63,04 por ciento acudió al Cuerpo Nacional de Policía y un 54,35 por ciento, a la Policía Local. El 21,74 por ciento al residir en núcleos rurales acudió a la Guardia Civil.

Los datos del informe reseñan que el 90,22 por ciento de las mujeres encuestadas acudió al juzgado y, aunque todas disponen de alguna medida judicial, algunas no contactaron de forma personal, sino por medio de un abogado. Del 77,17 por ciento de las mujeres que solicitaron asistencia sanitaria, la menor parte lo hizo al médico de familia, el 33,8 por ciento. El 69,01 por ciento restante acudió a urgencias. Además, se comprobó que un porcentaje elevado de mujeres acude a los servicios sociales (76,09 por ciento) y un 7,61 por ciento a otras instituciones, entre las que se incluyen el psicólogo del Juzgado, asociaciones, oficina de asistencia a la mujer, unidades de salud mental y psicólogos particulares.

Además, se observó que un 40,22 por ciento de las mujeres denunció sólo en una ocasión; mientras que el 47,83 por ciento lo hizo entre dos y cinco veces. Sin embargo, un porcentaje importante de mujeres retiró la denuncia en alguna ocasión (36,96 por ciento). Entre los motivos alegados, arrepentimiento por parte del agresor, cariño, pena, pensar que puede cambiar, sentimientos hacia los hijos, miedo a que el agresor cumpla las amenazas y presión social y familiar, indica el estudio consultado por Ical.

Secuelas
Según las respuestas recibidas por las mujeres sobre su percepción de las secuelas, el 79,35 por ciento afirmó que sufre secuelas en general, de las que el 83,56 por ciento son de carácter psicológico (ansiedad, depresión, nerviosismo, insomnio, pesadillas, miedo, llanto, tristeza, sobresaltos, angustia, baja autoestima, trastornos alimenticios, inseguridad, inquietud, irritabilidad, desconfianza, pérdida de memoria, aislamiento, etc.), mientras que el 8,22 por ciento son físicas: dolor crónico de extremidades, costillas, cervicales, espalda, cabeza, fracturas, pérdida de fuerza en brazos, perforación de tímpano, lesión en el tabique nasal, funcionamiento anormal de los riñones, anemia, contracturas, heridas y cicatrices.

El 6,85 por ciento de las mujeres manifestó sufrir secuelas tanto físicas como psicológicas, mientras que en algunas mujeres (17,39 por ciento) los malos tratos parecen no haber dejado secuelas, aunque el estudio no puede concluir que las sufran, y el 3,26 por ciento no saben si realmente sufren secuelas o no.

Ical
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