29 de octubre de 2008

Un condenado a 8 años de prisión por malos tratos logra su total absolución

El Supremo anula una sentencia de Santiago aduciendo que vulneraba la presunción de inocencia del acusado

Era julio del 2007, viernes 13, cuando el mundo se le vino encima a Luis Antonio, un portugués que reside a las afueras de la capital gallega. Aquella mañana, el negociado de la Audiencia de A Coruña con sede en Santiago lo halló culpable de una falta de coacciones y de siete delitos: tres de violencia doméstica, dos de amenazas, uno de detención ilegal y otro de maltrato habitual en el ámbito familiar. Le cayeron en suma, amén de varios castigos menores, casi ocho años de prisión. Aunque ahora ya luce sonrisa de nuevo. Se la ha devuelto una abogada compostelana, Graciela Otero, quien acaba de lograr que la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), esgrimiendo como argumento una violación del derecho a la presunción de inocencia de su cliente, absuelva a este por completo.

El germen del asunto se remonta al 2006, cuando una brasileña de nombre Filomena denunció a Luis Antonio, con quien compartía un hijo y, según ella, también una relación formal de pareja. De acuerdo con su testimonio, entre noviembre del 2003 y abril del 2005 el acusado le había hecho pasar las de Caín. Quitarle el pasaporte, intentar asfixiarla con una almohada, encañonarla, golpearla en la cara y la barriga cuando ambos se encontraban en un club nocturno de Compostela, abofetearla y tirarle de los pelos por no responder a una llamada telefónica, encerrarla en un céntrico piso de Santiago... e incluso llevarla a un acantilado y, pistola en mano, advertirle: «Te voy a matar, vas a aprender a respetar a un hombre». A todo eso la había sometido, relató.

Entonces, el Juzgado de Instrucción número 4 de Santiago abrió una causa contra el aludido, si bien luego fue la sección de la instancia provincial radicada en Compostela, la sexta, la que asumió el expediente. Este último tribunal, tras el correspondiente juicio oral, condenó al luso a abonar una multa de 90 euros, pagar las costas del proceso, mantenerse alejado de Filomena por espacio de media década y no portar armas hasta el 2011. Además, le endosó siete penas de entre 4 y 24 meses de cárcel, 94 en conjunto.

Aunque entre rejas nunca llegó a estar, pues, en cuanto supo que iban a decretar su ingreso provisional en el recinto de Teixeiro, antes de agosto del 2007, Luis Antonio huyó a su país natal. Y así permaneció, en busca y captura, hasta que hace nada prosperó el recurso de casación que su representante legal había interpuesto en Madrid contra la sentencia dictada en Galicia.

En un fallo datado a 23 de septiembre que La Voz conoció ayer, el TS tumba el de la Audiencia alegando: «Nos encontramos ante una situación ciertamente singular. La única prueba de los hechos denunciados es el testimonio de la víctima, no existen corroboraciones, ni testigos siquiera referenciales [...]. No se practicó, ni se propuso, actividad probatoria que pudiera contribuir a la acreditación».

«El tribunal -agrega- funda su convicción condenatoria sobre la base del testimonio de la víctima. El recurrente destaca contradicciones en este, niega los hechos y señala la inexistencia de denuncias anteriores y la existencia de móviles espurios, desde la pretensión de recuperación del hijo común, que vivía con los padres del acusado, y sobre la posibilidad de obtener residencia legal en España por su consideración de víctima de violencia de género, que efectivamente postuló a los pocos días de la denuncia».

M. Cheda
www.lavozdegalicia.es

Nueve detenidos por violencia machista y por atentar contra la libertad sexual

Los arrestos se produjeron en Estella, Pamplona, Funes, Tudela y Berriozar

La Policía Foral ha detenido desde el viernes en Navarra a ocho hombres por maltratar presuntamente a sus parejas o ex parejas y a un noveno por un supuesto delito contra la libertad sexual de una menor.

Agentes de la Comisaría de Estella detuvieron el viernes a un vecino de la localidad de 24 años, que cuenta con medidas de alejamiento de dos mujeres, denunciado por acosar a una menor, a quien presuntamente llamaba para incitarla a abandonar el domicilio y a la que seguía hasta el centro escolar, según ha informado hoy el Ejecutivo foral en un comunicado.

Además, ayer fue detenido en Pamplona un vecino de 29 años después de que Policía Foral recibiera el aviso de que se estaba produciendo un presunto caso de violencia de género, en el que la mujer presentaba heridas en el labio, la oreja, la barbilla y el tórax.

En Funes, fue arrestado el lunes un vecino del municipio de 40 años al que su ex mujer denunció, y que está acusado por malos tratos, amenazas y desobediencia grave a la autoridad judicial, al quebrantar una medida de alejamiento dictada por un juzgado de Palencia que le obliga a no acercarse a menos de 200 metros de su ex pareja.

También el lunes, agentes de la Policía Municipal de Tudela detuvieron y pusieron a disposición de la Policía Foral a un vecino de 41 años por agredir presuntamente a su pareja, quien manifestó haber sufrido agresiones durante las dos últimas noches.

El domingo en Pamplona fue arrestado un vecino de 34 años, después de que su ex mujer, que presentaba lesiones en el rostro, denunciara en la comisaría de la Policía Foral haber sido agredida.

El sábado fue arrestado en Tudela un vecino de 31 años después de que su ex pareja denunciara haber sido agredida en varias ocasiones, mientras que en Mendavia fue arrestado un vecino de Viana de 34 años por maltratar presuntamente a su ex pareja y en Villava detuvieron de oficio a un vecino de 43 años al que unos agentes de Policía Municipal vieron agredir a su mujer.

El viernes, agentes de la Policía Municipal de Berriozar detuvieron y entregaron a la Policía Foral a un vecino de 42 años que fue denunciado por su mujer por amenazas e insultos.

www.diariodenavarra.es

Una mujer denuncia haber vivido ‘semisecuestrada’ 22 años por su marido

Las administraciones, que se han volcado social y policialmente, abogan por la prudencia en un caso ya en manos de la justicia

Máxima discreción y prudencia rodean al caso, ayer difundido, sobre la denuncia presentada por una mujer mirandesa contra su marido, al que ha acusado de haberla sometido durante 22 años a un maltrato físico y psicológico hasta el punto de sólo dejarla ausentarse de su hogar en puntuales ocasiones y para trabajar (al parecer lo hacía algunas horas al día en la residencia de San Miguel).

Desde las administraciones tanto mirandesas como palentinas intervinientes en materia de servicios sociales y protección se aboga por dejar actuar a la justicia una vez que el caso ha sido denunciado y se han aplicado las herramientas y mecanismos existentes para la asistencia de víctimas de violencia de género. «Ha recibido apoyo por las administraciones y en materia de seguridad, está muy protegida en todos los ámbitos al igual que sus hijos menores», declaró ayer a este periódico su abogada, Teresa de Prado.

Un suceso en el que se impone la cautela, más, teniendo en cuenta el temor a posibles represalias por parte del entorno del acusado, que está en libertad provisional por orden de la jueza, y la tensa situación entre los clanes familiares de etnia gitana vinculados al matrimonio.Una tensión y un miedo que confirma la letrada de la denunciante: «No se solicitó prisión porque ella tiene miedo a las represalias y cuanto menos daño se le haga a él más en paz la va a dejar», explicó.

El procedimiento está ahora en el Juzgado de Instrucción número 6 de Palencia, donde una vez que se tomó declaración, la jueza resolvió acceder a la protección por medio de una orden de alejamiento hacia ella y sus hijos menores, de 7, 8 y 13 años de edad.

Sin fecha. Así las cosas ahora habrá que esperar a un señalamiento del juicio, momento en el que tanto la acusación como la defensa expondrán sus pruebas. Un caso que, en principio, se seguirá en la sede judicial palentina. «En casos de violencia la nueva regulación habla de unidad de defensa en todos los procedimientos que se deriven de ello, que tiene que llevarlos la misma letrada. Antiguamente, la jurisprudencia decía que tenía que denunciarse en el lugar donde se sucedían los hechos», añade la abogada de la mujer. No obstante, existe una circular de la Fiscalía que podría posibilitar el traslado del caso a la sede judicial burgalesa, algo que tardará en resolverse.

Alejamiento. Mientras eso llega, el deseo de la denunciante, de 41 años, es «alejarse al máximo y a todos los niveles» de la vida de maltrato que asegura haber llevado en Miranda durante 22 años, explica la abogada, lo que incluye a un entorno familiar muy complicado. Por ello cuenta con un agente especializado para su protección personal, que igualmente se extiende a sus tres hijos menores.
La letrada explica que en este tipo de casos de violencia de género el sometimiento de la mujer por parte del maltratador hace que éste «controle todo» en el ámbito familiar, hasta el punto que la denunciante relató que apenas ha podido salir de su hogar con libertad en 22 años. No obstante alaba su «valentía» por denunciar los hechos y dar el paso para salir de la situación a pesar del miedo que ella arrastra.

www.diariodeburgos.es

Las víctimas de violencia de género de Liétor tienen servicios gratuitos

El Ayuntamiento de la localidad ha acordado que las víctimas de violencia machista que vivan en la localidad estarán exentas del pago de la cuota de los servicios del Consistorio

Las mujeres que hayan pasado por el trance de ser víctimas de violencia de género y residan en la localidad albaceteña de Liétor estarán exentas del pago de todos los servicios públicos que presta el Ayuntamiento de Liétor en la actualidad. También se beneficiarán de esta medida de gratuidad, que ya se está haciendo efectiva, los hijos de las víctimas de la violencia machista, una de las mayores lacras de nuestro país que en lo que llevamos de año 2008 se ha cobrado la vida de 62 personas y en 2007 fueron 118 en toda España.

Esta medida,llevada a cabo por el Ayuntamiento, la ha explicado a La Tribuna de Albacete, Rafael Docon, teniente de alcalde del consistorio, quien considera que «en tiempos de crisis la alcaldesa de Liétor, Josefa Moreno (PSOE), se preocupa por establecer medidas sociales novedosas como ésta y con la que queremos mostrar nuestro apoyo a las víctimas que padecen la violencia de género.
Con respecto al resto de descuentos que vamos a aplicar intentamos que la crisis no impida a las familias más desfavorecidas participar en las actividades que el Ayuntamiento está llevando a cabo en Liétor».

Rafael Docon ha manifestado que hasta el momento «en Liétor sólo hay un caso de violencia de género a la que se le aplicará esta medida, ella ya sabe que está exenta del pago y se ha apuntado a los cursos de la Universidad Popular, esperemos que sea el único caso», apuntaba.

Esta medida, a la que Docon considera pionera en la provincia, se ha publicado, junto a otras, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), como una modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas de prestación de los servicios del Centro de Atención a la Infancia, de actividades en instalaciones deportivas, de enseñanza en la Escuela Municipal de Música y la Universidad Popular; y que consistirá en numerosos descuentos que se aplicarán sobre las cuotas reglamentadas.descuentos.
Así las cosas, se le aplicará un 25 por ciento de descuento a aquellos usuarios que tengan una discapacidad acreditada o superior al 33 por ciento; una reducción de un 25 por ciento para aquellos usuarios que sean hijos de familias monoparentales; también se beneficiará de la medida el segundo hijo del usuario matriculado, que tendrá un descuento de un 25 por ciento en la tarifa establecida.

Con respecto al tercer hijo de una persona que esté matriculada, se podrá realizar una reducción de hasta un 50 por ciento en el precio.
También obtendrán un descuento del 50 por ciento los pensionistas o jubilados.

www.latribunadealbacete.es

Burriana fomenta la prevención de la violencia de género entre estudiantes de Bachillerato

La concejala de Igualdad en Burriana, Consuelo Suay, se reunió el lunes en el ayuntamiento con representantes de los tres centros educativos que imparten Bachillerato en Burriana (IES Llombai, IES Jaume I y el colegio salesiano San Juan Bautista), con el fin de informarles sobre los talleres de igualdad y prevención de la violencia de género que la administración local promoverá entre el alumnado a partir del presente curso.

Desde los tres centros se ha acogido con un gran interés esta iniciativa municipal, que arrancará el próximo mes de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de la Mujer.

Según explicó Suay al término de la reunión, "la idea es comenzar este año con primero y segundo de Bachillerato y continuar más adelante con los alumnos de Secundaria y los últimos cursos de Primaria, así como con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), asociaciones y colectivos sociales y agentes de la Policía Local".

Los talleres, 13 en este curso, los impartirá una agente de igualdad, que contará con el respaldo de Policías Locales de Burriana especializados en la atención y seguimiento de los casos de violencia de género.

Las sesiones, con una duración de entre 60 y 90 minutos, tienen como objetivos favorecer la construcción de una identidad de género no sexista, estimular la adopción de una actitud crítica y reflexiva ante la realidad, facilitar la comprensión de la naturaleza y factores que influyen en la violencia en la pareja y sus consecuencias, provocar cambios de comportamiento y actitudes contrarias a la violencia y, por último, desarrollar habilidades para detectar las indicaciones de riesgo y de alerta ante la violencia.

www.levante-emv.com

Audiencia Provincial de Alicante pide unidades para evitar que el maltratador que sale de prisión se acerque a su víctima

La fiscal jefe de Valencia cree innecesario publicar en los medios el rostro de una mujer maltratada para saber la gravedad del problema

El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, abogó hoy por crear más unidades específicas de seguimiento del maltratador con el objetivo de evitar que éste se acerque a su víctima cuando ha cumplido condena y sale de prisión. En la actualidad, expuso que hay una unidad en Alicante que, dijo, se debería extender al resto de la Comunitat y también a nivel nacional.

Magro realizó estas declaraciones a los medios de comunicación tras intervenir en el I Congreso Internacional Mujer y Medios de Comunicación 'Violencia contra la mujer, ¿información o espectáculo?', que fue inaugurado hoy por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y por la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León.

En su intervención, Magro explicó que una de las medidas que se pueden adoptar para evitar que las mujeres sigan falleciendo víctimas de malos tratos es la potenciación de las unidades de seguimiento del maltratador, integradas por trabajadores sociales y por psicólogos, para controlar que cuando éste sale de la cárcel, vuelva a acercarse a su víctima. El objetivo, aseveró, no es "estar encima de él" ni "hacer una especie de acoso", sino "controlar que no se acerque a la víctima" porque en ese momento existe un riesgo muy elevado de que le busque para volver con ella, o bien para intentar matarle por haberle denunciado.

Estos es precisamente lo que hace la unidad de Alicante, pionera en España. Ésta dispone de dos listados, uno con el número de condenados en prisión, y otro con las víctimas para que, en el momento que un maltratador sale de la cárcel, llamar a la víctima y alertarle de su puesta en libertad. Seguidamente, se comunica este hecho a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por ello, insistió en que "sería interesante" que estas unidades sean arbitradas tanto a nivel de la Comunitat como a nivel nacional, para controlar si se produce algún acercamiento entre agresor y víctima, si éste va a visitarla o si convive con ella a pesar de las órdenes de alejamiento. Esta medida, dijo, "cuesta bastante dinero, pero con ella se podría saber mejor qué es lo que pasa en muchos hogares".

Al respecto, subrayó que "no se puede pensar" que "únicamente" con la existencia de una orden de protección, del Código Penal o de leyes "se va a evitar que haya más muertes", lo que hay que hacer, a su entender, "es controlar esa situación". "Con el Código Penal o la normativa existente --agregó-- no evitaremos las muertes, tenemos que ser más imaginativos, estar más encima de esta situación de maltrato, sentándonos, por ejemplo, en mesas de coordinación entre varios entes implicados".

EQUIPOS DE ASISTENCIA
Junto a estas unidades, Magro apostó por incidir en la prevención, por tutelar a las mujeres que no están denunciando todavía y estudiar las causas de por qué no lo hacen, poner medios e intentar aislarlas cuando se deciden a denunciar, para que la víctima "no esté sola", puntualizó. En este punto, resaltó la importancia de la creación de equipos de asistencia psicológica, social y jurídica para que la víctima que ha dado el paso, "se sienta protegida y tutelada por la Administración".

Con estos equipos también se podría evitar otro problema, aseveró, y es que la víctima vuelva a convivir con el agresor, ya que se observa que tres de cada cuatro mujeres que fallecen lo hacen en situación de convivencia. "Hay que evitar que esto siga ocurriendo, hay que separarles y evitar que vuelvan a vivir juntos", destacó, y por ello abogó por darles trabajo, y ayudarles económica y socialmente.

Por otro lado, y en este contexto, Magro también resaltó la importancia de los medios de comunicación para erradicar esta lacra porque ejercen un "mecanismo fiscalizador" en la sociedad y plantea qué está pasando y qué se está haciendo.

Por su parte, la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, que también participó en las jornadas, opinó que "no hace falta" publicar en los medios de comunicación los rostros de mujeres maltratadas para saber la gravedad del problema que es la violencia de género, puesto que "una mala foto o una mala imagen puede causar mucho daño".

Tampoco consideró positivo que las mujeres víctimas de malos tratos denuncien su situación en programas de televisión, puesto que se "frivoliza" la "importancia" del problema. En su opinión, éstas deben acudir a pedir ayuda a otros organismos y a denunciar su situación. "La gravedad de la violencia sobre la mujer requiere un tratamiento mucho más cuidado que el tratamiento muchas veces superficial y morboso que se les da en algunos 'reality shows'".

Asimismo, calificó de "negativo" que en ocasiones "sólo se hable de las muertes" puesto que "hay más casos de malos tratos"; o que salga poca información de las consecuencias de estos actos y de las sentencias condenatorias; o las ayudas que se ofrecen a las víctimas.

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En Cuenca hay 295 órdenes de protección a mujeres

Hasta el pasado mes de septiembre se han contabilizado un total de 295 órdenes de protección a mujeres que han denunciado ser maltratadas por sus parejas o ex parejas. Además, en lo que llevamos de año se han presentado por este motivo 243 denuncias.

Estos son los últimos datos que dio a conocer ayer el subdelegado del Gobierno en Cuenca, Julio Magdalena, durante la presentación de la «Guía de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género» que ha editado el Ministerio de Igualdad. El objetivo de esta guía, de la que se distribuirán en Cuenca de momento unos 1.000 ejemplares, es dar información y sensibilizar a la sociedad sobre las consecuencias de la violencia machista y las acciones para prevenirla y reforzar la protección de las víctimas.

Aunque actualmente haya este número de órdenes de protección, precisó Magdalena, no todas han sido decretadas este 2008, sino que proceden también de años anteriores. Respecto a las denuncias por maltrato, se han incrementado respecto a 2007, aunque no supo precisar cuánto. Sí indicó su causa: «los colectivos se incrementan, la población se incrementa, los flujos de población también se incrementan, todo se incrementa, es decir todo va en proporción».

Mujeres inmigrantes
Durante la presentación, Magdalena estuvo acompañado de la jefa de la Unidad contra la Violencia de Género de la Provincia de Cuenca, Julia Marta Recuenco, que explicó que la guía también se ha editado en inglés, francés, rumano o árabe porque también está pensada para las mujeres inmigrantes. En la guía se recogen los derechos de las mujeres que están agrupados en cuatro apartados. El primero, «Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita»; el segundo, «Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social»; el tercero, «Derechos de las funcionarias públicas»; y el cuarto, «Derechos económicos».

ISABEL PACHECO
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