Una juez rebaja la pena al agresor de una mujer porque sólo se acostaban juntos

La magistrada falla que no es violencia de género y sólo le impone una multa

SYLVIA ESCRIBANO Una juez de Alicante ha rebajado la condena a hombre que golpeó a una mujer con la que mantenía encuentros sexuales ocasionalmente al estimar que la agresión no se puede considerar violencia de género y, por tanto, no se trata de un delito castigado con prisión, sino de una mera falta de lesiones sancionada con una multa. De esta forma, de los ocho meses de cárcel que solicitaba el fiscal, la pena se ha reducido a la obligación de efectuar un pago de 90 euros. La magistrada refleja en la sentencia sus dudas de que el vínculo sexual entre ambos pueda equivaler a una relación sentimental sin convivencia para que la agresión a la mujer pueda calificarse de malos tratos.

Los hechos sucedieron el pasado 28 de julio en el interior de un bar en el que se encontraba el hombre, vecino de El Campello. La mujer irrumpió en el establecimiento para reclamarle dinero con el fin de que contribuyera en los gastos por la inmovilización de su coche que el día anterior acordó la Policía. Según considera probado la juez, iniciaron una discusión durante la que el acusado le dio una patada y la agarró del cuello hasta causarle lesiones de las que tardó siete días en curarse. La magistrada no tiene dudas de que la agresión se produjo, pero sí acerca de si fue en el seno de una relación sentimental y si debe considerarse violencia de género o no.

En la resolución, la juez argumenta que el agresor manifestó en el juicio que la relación que mantenía con la víctima no trascendía de lo puramente sexual. Al respecto, recuerda sus palabras cuando afirmó que "sólo quedaban a veces para acostarse juntos, en ocasiones en casa de ella y otras en la de él, pero que nunca tuvieron ningún proyecto de vida en común ni hubo relación sentimental entre ambos".

Ante esta situación, la juez se plantea "si encuentros de carácter sexual con una misma persona" pueden "ser asimilables a una relación sentimental sin convivencia" a la que se refiere el Código Penal para enmarcar las agresiones dentro de la violencia machista. En el escrito, la magistrada incide en sus dudas sobre del tipo de vínculo que existía entre ambos y recuerda que el acusado ya tenía una relación sentimental con otra mujer con la que tiene hijos.

Finalmente, la sentencia concluye que no se puede considerar violencia machista y que la agresión debe penarse como una mera falta de lesiones. De esta forma, la condena al procesado, defendido por la letrada Mariana Ivanov, quedó rebajada a una multa de 90 euros.
El fallo es contradictorio al criterio aplicado por la Audiencia Provincial, que ya se ha pronunciado en alguna ocasión al respecto para afirmar que la violencia de género es toda agresión de un hombre a una mujer cuando exista una relación de pareja, aunque sólo sea sexual.

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Los expertos piden penas más severas y prisión provisional para casos de maltrato

La Asociación de Mujeres Juristas Themis considera que la víctima se siente «abandonada» al llegar al Juzgado

Penas más severas y prisión provisional para los acusados de malos tratos. Ésas fueron algunas de las fórmulas apuntadas ayer en El Entrego por los expertos para hacer frente a la violencia de género. La respuesta del sistema judicial en los casos de violencia ejercida contra las mujeres fue la ponencia inaugural de la IV Escuela de Verano de San Martín del Rey Aurelio.

Amalia Fernández Doyague, abogada y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, tildó las condenas actuales en materia de violencia de género de «irrisorias». «Las penas no superan los dos años si el agresor no le quita la vida a la mujer, así que no va a prisión. Además, no existe prisión provisional para lo acusados de este tipo de delitos cuando en otras infracciones, como el tráfico de drogas, sí se contempla; si se utilizará la prisión provisional habría más temor a la respuesta de la ley», indicó Fernández.

La abogada también alertó sobre el peligro del maltrato psicológico, «el que más cuesta curar», y de la sensación de culpabilidad de la víctima. «Se llega a un estado de deterioro psicológico en el que la víctima llega a justificar al agresor. Si el maltratador le grita a la mujer porque no le gusta la cena, ella llega a pensar que es culpa suya por no habérselo cocinado como él quería», apuntó Fernández, que también pidió una mayor cercanía de los operadores judiciales hacia las víctimas de maltrato: «Muchas veces, cuando la mujer maltratada llega al juzgado se siente abandonada».

Junto a Fernández, participó en la ponencia el jefe de la Policía Nacional en Gijón, Francisco López Canedo, que centró su exposición en la labor policial ante los casos de maltrato, como parte de una reacción más amplia. «La violencia de género es un problema con muchas aristas al que hay que dar una respuesta educativa, familiar, policial y legal», indicó.

La IV Escuela de Verano de San Martín se clausura hoy en el aula cultural «La plaza», en Sotrondio, con una ponencia de Anabel Santiago y Palmira Escobar sobre la realidad de la mujer saharaui. Por su parte, Socorro Suárez hablará sobre la evolución de las políticas de mujer en 30 años de ayuntamientos democráticos.

M. Á. G.

www.lne.es

Silencio por la mujer asesinada en Fuenlabrada por su pareja

Asociaciones de mujeres, sociales y ciudadanas convocaron una concentración silenciosa en repulsa por la última mujer asesinada víctima de la violencia machista.

Se trata de una joven de veintidós años, de nacionalidad dominicana, que ha muerto apuñala en Fuenlabrada. Con esta nueva víctima son ya 25 las mujeres asesinadas este año por sus parejas o ex parejas.

La concentración silenciosa pretende, una vez más, buscar la repulsa social hacia los crímenes machistas. 'No cedas, implícate' es el lema de las asociaciones integrantes del Pacto con el que se busca el compromiso social para avanzar hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres.

A la concentración de esta mañana han acudido el primer teniente Alcalde del Ayuntamiento, Marcelino García Domínguez, la concejala de la Mujer, Adela Otero y concejales y concejalas integrantes del Gobierno y de la Corporación Municipal.

La concentración responde a los compromisos del Pacto ciudadano contra la violencia hacia las mujeres de la ciudad de Alcorcón, firmado por el Ayuntamiento y 27 asociaciones y entidades de mujeres, ciudadanas, vecinales y políticas del municipio.

www.gentedigital.es

La violencia de género entre dos mujeres "es un error"

La Fiscalía podría recurrir el fallo, criticado por el Gobierno, que condena a una mujer por agredir a su esposa

La sentencia de un juzgado de Santander que condena a siete meses de cárcel por violencia de género a una mujer por agredir a su esposa es "un error judicial". Lo dijo este viernes el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, quien insistió en que este tipo de violencia es, por definición, la que ejerce el hombre hacia la mujer.

Para Lorente, el dictamen incurre en "una confusión continua" entre violencia doméstica y violencia de género. Por eso, "desde el punto de vista conceptual es un error", dijo a la agencia Efe. Lorente subrayó que la violencia de género nace de una "construcción cultural" basada en la desigualdad histórica entre hombres y mujeres por medio de la cual se considera que el varón es el garante de ese orden dentro de la relación.

A juicio del Delegado del Gobierno, "sorprende" que una persona que confunde violencia doméstica y violencia de género dicte una sentencia "basada en esa confusión".

Lorente sí admitió que se debe mejorar la asistencia y los recursos para afrontar nuevas situaciones como los matrimonios homosexuales. Pero recalcó que el Gobierno no contempla modificar la ley para incluir las relaciones de pareja entre gays y lesbianas, ya que sería "desnaturalizar el objetivo de la norma".

Criterio del fiscal

La sentencia ha aplicado directamente la calificación jurídica de los hechos que planteó la Fiscalía. En los antecedentes del dictamen, el juzgado reproduce en su integridad el escrito de cargos del Ministerio Fiscal, que encuadró los hechos en el artículo 153.1 del Código Penal.

Las dos mujeres estaban en trámites de separación después de 17 años de relación. El juez consideró "palmario" que la agresión constituyó un delito por violencia de género en la modalidad de maltrato físico. Lorente avanzó que "probablemente" la Fiscalía recurrirá el fallo, aunque ello supondría un cambio de criterio respecto a su propia postura en el juicio.

La sentencia ha dividido al colectivo feminista. Por un lado, la Confederación Española Colegas de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales la apoya porque creen que sienta un precedente que mejorará la protección de los homosexuales.

Mientras, la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, señaló que es de "una ignorancia supina" aplicar esta norma a las parejas de gays y lesbianas. Lo mismo opina Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, quien afirma que la interpretación del juez "no se corresponde" con el espíritu de la ley integral.

www.publico.es

Vecinos de Bilbo muestran su repulsa por la violación del sábado en Bolueta

Cientos de personas tomaron parte ayer en la manifestación que recorrió las calles de Santutxu en repulsa por la violación de una mujer el sábado en Bolueta.

Cientos de personas tomaron parte ayer por la tarde en la manifestación convocada por la Asamblea de Mujeres de Bizkaia en repulsa por la violación de una mujer el sábado en Bolueta. Los asistentes partieron desde la plaza de El Carmelo y recorrieron las calles del barrio de Santutxu para denunciar la agresión sexual y exigir "justicia, respeto y libertad" para las mujeres.

A su término, los convocantes leyeron un comunicado en el que exigieron al Ayuntamiento de Bilbo que "dé una respuesta acerca de su responsabilidad" en la violación, ya que "los vecinos han denunciado en más de una ocasión la peligrosidad de la zona". Asimismo, hicieron un llamamiento a la ciudadanía para que muestre su compromiso "frente a la violencia sexista".

Precisamente, el domingo por la noche ingresaron en prisión los dos presuntos autores de la violación por orden del juez encargado del caso tras haber sido detenidos en la tarde del mismo sábado. Se trata de dos jóvenes de 19 y 21 años que están acusados de haber agredido sexualmente a la mujer. Los hechos tuvieron lugar sobre las siete y media de la mañana del sábado en unos soportales de la calle Pintor Losada del barrio bilbaíno de Bolueta.

Tras ser objeto de la violación, la víctima quedó tendida en el suelo, tras lo que, entre sollozos, pidió ayuda a un vecino que pasaba por el lugar. La mujer fue trasladada al Hospital de Cruces, donde fue reconocida por un forense. Gracias a los datos que la víctima aportó sobre los agresores, permitieron a la Ertzaintza iniciar la búsqueda de los sospechosos, que fueron localizados sobre las dos de la tarde del mismo sábado en el barrio de Bilbao La Vieja.

Según informaron desde la Policía autonómica, en el momento de la detención los agentes comprobaron que ambos individuos presentaban arañazos en la cara, que les podría haber causado la mujer al tratar de defenderse de la agresión sexual. Tras llevar a cabo las correspondientes diligencias policiales en comisaría, los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial. Tras tomarles declaración durante la tarde de ayer, el magistrado decretó el ingreso de ambos en la cárcel de Basauri.

Indignación en el barrio

La agresión sexual ha causado gran conmoción e indignación entre los vecinos de Bolueta, que no comprenden cómo ha podido suceder algo así en su propio barrio. Asimismo, diferentes asociaciones, colectivos, partidos políticos e instituciones han querido mostrar públicamente su malestar y repulsa por la agresión sexual cometida en el barrio y ayer participaron en la manifestación.

De ese modo, desde la Asamblea de Mujeres de Bizkaia denunciaron que "en este comienzo del siglo XXI, ser mujer sigue suponiendo un riesgo vital" y alertaron de que "sufrimos una violación constante de nuestros derechos humanos, de una posibilidad real de ser en algún momento objeto de una agresión bien sea física, verbal o ambas". Señalaron que "es preciso abordar esta agresión sexual no como un hecho, sino enmarcada dentro de la estructura machista que la legitima".

Y, en ese sentido, desde la Asamblea abogaron por "construir nuestra propia autoridad desde la autodefensa feminista y la denuncia social".

www.gara.net

Justicia quebrantada

Más de 600 condenas rotas en violencia machista
En 2008 se incumplió un 40 % de las sentencias, el doble que la media de España

Una buena parte de los condenados por violencia machista en la Comunidad de Madrid no se sienten alcanzados por la justicia.

La región dobla el porcentaje de quebrantamientos de condenas impuestas por estos delitos respecto a la media nacional, según revela un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del CGPJ, constató en 2008 que mientras los jueces y magistrados imponían 1.583 condenas, se quebraban otras 645 (que podían datar de años anteriores). Esto significa que el 40,7 % de las sentencias se incumplió. En el conjunto de España, ese porcentaje se queda en el 22 %.

Los funcionarios, psicólogas y juristas consultados por ADN subrayan la estrecha relación entre el quebrantamiento y las nuevas agresiones. Sólo en un día de la semana pasada, este diario pudo constatar que de tres intervenciones de urgencia en uno de los Juzgados de Violencia contra las Mujeres situados en la calle de Manuel Tovar; en todos, las mujeres habían sido agredidas tras el quebrantamiento de una sentencia por parte de su pareja o ex pareja.

Los condenados pueden saltarse o bien una orden de alejamiento o eludir el pago de la renta de manutención de los hijos en común. La tendencia, además, es al alza. Los quebrantamientos de Madrid fueron el 15 % de todos los que se registraron en España (4.129). En 2007 el peso de la región había sido del 10 %.

"No hay casualidades"

La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, analizó para ADN la situación especial que vive Madrid. "Las cosas no pasan por casualidad", explicó. Y subrayó que este tipo de delitos "son un campo abonado para los quebrantamientos, ya que la idea de agredir una posesión no desaparece con la sentencia".

Gonzalo apunta que para atajar esta tendencia, la administración debería "ampliar la acción de la Unidad de Valoración Integral en los Juzgados de Violencia".

Esto supondría que tanto médicos, como psicólogas y trabajadoras sociales pudieran, según su criterio, orientar a los magistrados "en, por ejemplo, las medidas cautelares de cada caso".

MADRID NO VE LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL TAN NECESARIA

La Consejería de Justicia aún no ha incorporado los equipos psicosociales de los Juzgados de Violencia contra las Mujeres a los turnos de guardia que comenzaron el 1 de enero.

Los representantes de la administración consideran que su labor "no es tan imprescindible ni reciben tanta presión", según expresaron en una reunión con los sindicatos el pasado 30 de abril, y cuyo contenido trasladaron a ADN varios asistentes.

Además, se esgrimió que estos equipos (previstos en la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género, solicitados por el CGPJ y los propios magistrados) no fueron reclamados en los cuatro meses que se llevan haciendo guardias por lo que, dicen, "su trabajo es esporádico". No precisaron que ninguna psicóloga o trabajadora social estuvo disponible al no haberse dado orden de que lo estuvieran, ni comunicación oficial alguna a los magistrados de que podían disponer de sus servicios.

www.adn.es

La provincia se vuelca para rechazar una nueva muerte violenta. Almeria

El silencio fue la respuesta a la tragedia de una nueva víctima de la violencia de género. Albox sigue sumida en la tristeza y sus habitantes siguen sin comprender cómo su vecina falleció presuntamente a manos de su marido. Como acto de repulsa, en torno a unas 200 personas, se concentraron ayer frente al Ayuntamiento de Albox durante cinco minutos, donde guardaron silencio en un acto de protesta por la muerte de María C.R., de 42 años, supuestamente por las heridas que le ocasionó con arma blanca su marido, Francisco Agustín G.T., de 49 años, durante la tarde del miércoles en el domicilio conyugal.

Durante el acto, que se mantuvo con las banderas del Consistorio albojense a media asta y con crespones negros, participaron los miembros de la familia de la víctima, quienes, por otra parte, esperaban la llegada del cuerpo de la fallecida para realizar su velatorio después de que el miércoles fuera trasladado a la capital. Hasta la concentración se desplazaron, además de los familiares, las compañeras de trabajo de la víctima, las cuales lucían en su mayoría sobre sus camisas un lazo de color negro como muestra de dolor.
El acto, que estuvo presidido por el alcalde de Albox, José García Navarro fue secundado también por todos los miembros de la corporación municipal con los que la víctima mantenía cierto contacto, especialmente con el área de Bienestar Social, debido a su trabajo en ayuda a domicilio para la dependencia.

Los hechos comenzaron a primera hora de la tarde cuando, según fuentes de la Comandancia, dos familiares de la víctima se acercaron al puesto de la Guardia Civil en Albox durante la tarde de ayer y comunicaron a los agentes que habían recibido una llamada del presunto autor de los hechos quien les dijo que «había cometido una locura». Los agentes se desplazaron hasta el domicilio de la pareja donde yacía el cuerpo sin vida de la mujer, cuyo esposo, quien se declaró autor confeso del crimen, permanecía a su lado con restos y manchas de sangre. Los efectivos sanitarios se desplazaron hasta el lugar del siniestro aunque la mujer, quien murió en su domicilio de la avenida Lepanto número 18, ya carecía de signos de vida, por lo que no pudo ser intervenida.

Trámites de separación

Fuentes cercanas a la pareja indicaron a Europa Press que el matrimonio, con dos hijas de 13 y 20 años de edad, no habían mostrado anteriormente conflicto de violencia de género en el ámbito familiar, por lo que no existían denuncias previas por malos tratos así como tampoco ningún tipo de orden de alejamiento. No obstante, la pareja se encontraba en trámites de separación. La Diputación Provincial de Almería guardó cinco minutos de silencio en las puertas del Palacio Provincial donde se congregó medio centenar de trabajadores de la institución como acto de repulsa hacia la violencia de género así como para homenajear a María C.R.

El presidente de la Diputación Provincial, Juan Carlos Usero, indicó que, mediante el acto se quiso mostrar el pesar tanto de la Diputación como de todos los ayuntamientos de la provincia, por lo que trasladó en nombre de todos su «más enérgica repulsa ante el crimen de violencia de género». De este modo, Usero señaló que de la pareja tan sólo se tenía constancia de que estuviera en trámites de separación, pero que no había «ningún tipo de denuncia, por lo que no había ninguna medida de protección» para la mujer.
En este sentido, el presidente de la Institución provincial hizo un llamamiento para que todas aquellas mujeres que se encuentren en situación de maltrato por parte de sus parejas denuncien su situación, un aspecto que extendió a los allegados y familiares de estas mujeres, ya que «es a partir de la denuncia cuando se pueden activar medidas de protección social». «La mujer cuando denuncia se hace más segura y está más protegida», aseguró Usero. En este mismo sentido se pronunció el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Miguel Corpas, quien participó en una concentración silenciosa convocada por la Plataforma contra la violencia de las mujeres y que se desarrolló en el mirador de la Rambla, en la capital. «En esta lucha todos tenemos que poner de nuestra parte y me gustaría hacer un llamamiento a la ciudadanía, para que todos colaboren y saquen a la luz cualquier tipo de indicio de violencia», manifestó Corpas.

Por su parte, Antonia Segura, portavoz de la Plataforma declaró que «hombres y mujeres todavía no son iguales». Hizo hincapié en que «todavía faltan recursos y apoyo, porque en muchos casos la mujer tiene dependencia emocional y económica y este conflicto lo que provoca es que se vea sometida al marido o compañero sentimental».

Jornada de duelo

Está previsto que el funeral por María C.R. comience a las once de la mañana en la parroquia la parroquia de La Concepción de La Loma, en Albox y den sepultura al cuerpo en Zurgena, su localidad natal mismo tiempo que Francisco Agustín G.T. pasará a disposición del juez en el Juzgado número 2 de Huércal Overa.

Ideal.es

Protesta en la Plaza Alta contra la violencia de género por las 17 muertes del año

La Plaza Alta fue escenario de la concentración contra la violencia de género que se celebra el último martes de cada mes, y en la que estaban presentes integrantes de la corporación municipal y de colectivos sociales de la ciudad.

Tras guardar cinco minutos de silencio, la delegada de Presidencia, Rocío Arrabal, recordó que en el presente año se han registrado diecisiete muertes de mujeres y un hombre a manos de su pareja, contabilizándose tres casos en este mes de abril «por lo que hay que rechazar este tipo de violencia, y animar a las mujeres a que denuncien a sus agresores».

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas 'Victoria Kent', Maribel García Revilla, indicó que «vamos a seguir luchando para intentar acabar con esta lacra social. Entre los últimos casos que se han registrado llama la atención el ocurrido en el seno de una pareja sueca, que se supone cuentan con una mentalidad más abierta, aunque se demuestra así que la violencia de género puede afectar a todos», apuntó la dirigente social en la céntrica plaza algecireña.

Diariosur.es

Españolas promoverán fin de violencia contra la mujer en Guatemala

Unas 80 artistas, activistas y funcionarias de España promoverán entre el 5 y 12 de mayo actividades contra los crímenes de mujeres y para fortalecer el trabajo de organizaciones contra la violencia de género en Guatemala, informó este viernes la prensa local.

La delegación es liderada por la Plataforma de Mujeres Artistas (PMA), de España, que también organizará actividades culturales durante su estancia en este país centroamericano, dijo al diario Prensa Libre Mercedes Hernández, guatemalteca e integrante de esa agrupación.

El grupo también se reunirá con representantes de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) y de organizaciones civiles, agregó.

El objetivo es crear un observatorio contra la violencia de género que coordine las políticas públicas para erradicar este flagelo.

Hernández dijo que la entidad escogió a Guatemala porque es uno de los países en el mundo donde ocurren más asesinatos de mujeres, incluso ha superado los feminicidios que registrados en Ciudad Juárez, México.

"Buscamos que se tomen acciones contra la violencia que sufren las mujeres en Guatemala, pero no se puede combatir este flagelo si no tenemos estudios y recursos, y para ello proponemos un intercambio de buenas prácticas", comentó.

Datos de la Policía Nacional Civil indican que en 2008 un total de 722 mujeres fueron asesinadas, mientras que a los juzgados llegaron 39.400 denuncias de violencia intrafamiliar; el 95% de los casos presentados por mujeres como víctimas.

Entre las actividades figura una presentación de cantantes españolas en Antigua Guatemala, 45 km al suroeste de la capital, y en el área maya Ixil, Quiché (norte), una de las zonas más afectadas por la pasada guerra (1960-1996).

Además, el 10 de mayo celebrarán del Día de la Madre en la Plaza de la Constitución.

La delegación española incluye alcaldesas, diputadas, activistas, cantantes, actrices, escritoras, periodistas y representantes de organismos internacionales europeos.

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El TSJR ratifica que se cambió de puesto a un funcionario para perjudicarle

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha estimado el recurso planteado por un funcionario de Vivienda, al que este mismo tribunal confirmó en su día haber sufrido el acoso de sus superiores, y se ha ratificado, por segunda vez, en que se le cambió de puesto con el ánimo de perjudicarle.

El nuevo pronunciamiento emitido por la Sala de lo Contencioso del TSJR, que revoca el fallo favorable al Gobierno dictado en primera instancia a finales de 2004, obedece a la resolución emitida a primeros de año por el Tribunal Constitucional. Resolución en la que el TC estimó el recurso de amparo de la Administración autonómica y resolvió retrotraer las actuaciones a este momento del proceso, por considerar que no se había dado traslado a las partes, y en concreto a la Administración regional, de una resolución que lesionaba su derecho de defensa.

Pues bien, la sentencia dictada ahora por el TSJR reproduce los mismos argumentos recogidos en la resolución de febrero de 2005. Y viene a decir, en síntesis, que «no existía ninguna justificación objetiva» para diseñar un nuevo organigrama de la Consejería a la que se halla adscrito el funcionario demandante y que a éste, en su nuevo puesto, se le habían impuesto tareas distintas a las que hasta ese momento realizaba.

En definitiva, la Sala llega a la conclusión de la «existencia de desviación de poder por parte de la Administración», así como que la nueva organización de la Consejería tiene «conexión directa con el mobbing padecido por el demandante».

Fuente

Mañana se celebra una nueva concentración en Pamplona contra la violencia sexista

Los promotores de la iniciativa de los 'lunes lila' volverán a concentrarse mañana, primer lunes de mes, en la Plaza del Castillo de Pamplona, a partir de las 20 horas, para mostrar su repulsa a la violencia sexista.

El grupo convocante, constituido por iniciativa de mujeres victimas de violencia sexista, familiares y asociaciones que trabajan directamente contra la violencia de género, demanda el desarrollo de las leyes y la creación de recursos "suficientes y eficaces" para la protección de las victimas y la prevención desde.

Según apuntaron los convocantes, las mujeres asesinadas en lo que va de año son ya doce. En la concentración habrá un recuerdo especial para María Izaskun Jiménez, asesinada en Guernica, y una demanda para continuar con la búsqueda de María Puy Pérez, la vecina de Estella desaparecida, y por un juicio "justo" por el asesinato de la joven Nagore Laffage los pasados Sanfermines

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Condenado a 21 años de prisión el asesino de la mujer rusa Svetlana

El tribunal considera probado que Ricardo Navarro es autor de un delito de asesinato con alevosía y maltrato habitual

La Audiencia de Alicante ha condenado a 21 años de cárcel a Ricardo Navarro por el asesinato de la joven rusa Svetlana Orlova. El agresor degolló a la víctima, de 30 años, cuatro días después de que la mujer se negara a retomar la relación en un programa de televisión. El tribunal, la Sección Primera de la Audiencia, considera a Navarro autor de un delito de asesinato por el que le impone 19 años de cárcel (el fiscal pedía 18) y autor de otro delito de malos tratos continuados por el que le impone una pena de otros dos años.

La sala también ha fijado una indemnización de 300.000 euros para el hijo de Svetlana y otros 30.000 para la madre de la víctima, Tamara Orlova.

En el apartado de hechos probados, el tribunal considera que la tarde del 18 de noviembre de 2007, Ricardo Navarro abordó a Svetlana en el domicilio de ésta, en el centro de la ciudad de Alicante. El hombre introdujo a la víctima en un ascensor y, tras una discusión, enarboló un cuchillo con el que le propinó un tajo en el cuello que le seccionó la carótida y la yugular. Tras la agresión, el hombre huyó del lugar y la mujer falleció a las pocas horas en el hospital.

La sala también cree probado que durante los dos años de relación entre Ricardo y Svetlana, el primero sometió a continuos malos tratos a su pareja. Por esos hechos fue condenado a dos años de cárcel y también contaba con una orden de alejamiento.

En la sentencia, la Sección Primera de la Audiencia de Alicante señala que el condenado actuó con alevosía "porque estuvo buscando a la víctima por todo el edificio en el que vivía, hasta que se encontró con ella en el portal, donde la acorraló inerme". La víctima, según la resolución judicial, no tuvo posibilidad de escapatoria "en el reducido espacio de la cabina del ascensor y en el angosto pasillo de acceso al mismo".

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Destacan primera condena por violencia de género en Guatemala

Entidades defensoras de los derechos de las mujeres destacaron hoy la importancia de la primera condena emitida por un tribunal en Guatemala bajo la ley contra el femicidio y otras formas de violencia de género.
Las agrupaciones consideran la pena de cinco años de prisión impuesta a Calixto Simón Cum por golpear a su esposa, como un hito en la historia de la reivindicación de las garantías de la población femenina.

Delia Castillo, representante del Organismo Judicial, explicó a Prensa Latina que la violencia de género es un fenómeno escalonado, el cual comienza por agresiones físicas o psicológicas y -de no tomar medidas- puede llevar hasta el asesinato.

Lamentablemente, dijo Castillo, muchas veces ellas no denuncian los golpes o, cuando lo hacen, las autoridades no accionan de manera correcta y eso trae graves consecuencias.
Durante 2008 se registraron en el país 722 asesinatos de mujeres y en muchos casos estuvieron precedidos por ataques de los convivientes o familiares de los cuales se hizo caso omiso, precisó la funcionaria.

La Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar destacó la importancia de esta condena por agresión física, porque demuestra la eficacia de las nuevas normas para que el Estado cumpla su función de proteger la vida y la seguridad.
Aunque no se logró la máxima sanción prevista por la legislación, este es un paso contra la impunidad en la cual permanecen los asesinatos de féminas, señaló Hilda Morales, de la Red de la

No Violencia contra la mujer.
La activista agregó que aún falta un largo camino por recorrer, como fortalecer las estructuras de administración de la justicia, sensibilizar a jueces y fiscales y lograr la participación activa de la sociedad civil.
“En la actual Guatemala, donde campean la impunidad y la dispersión institucional, este caso es pequeño, pero el mensaje es claro: la mujer sabe que puede denunciar y no estará sola”, precisó Morales.

mgt/car/mga
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El hombre que salvó a una mujer tiene antecedentes por maltrato

Wilson Rivera, el ecuatoriano que el martes evitó un crimen machista en Barcelona, no tiene ya cuentas pendientes con la justicia. Pero está fichado. Le constan seis antecedentes policiales. Uno de ellos, curiosamente, por violencia machista. Hace dos años, el hombre fue denunciado por una mujer que le acusó de maltratarla. Él lo niega. Pero la Generalitat estudia ahora si le concederá o no la medalla al mérito policial que le prometió tras su valiente actuación.

El héroe ecuatoriano, de 37 años, fue acusado por su pareja en un par de ocasiones. Según el relato de la mujer, le infligió malos tratos físicos y psíquicos. Vecinos del bloque de pisos donde Rivera y su mujer viven de alquiler explicaron ayer que las discusiones entre la pareja son constantes, y que a él "se le iba la mano" en alguna ocasión.
Un juez dictó incluso una orden de alejamiento, que Rivera quebrantó. Sin embargo, no llegó a ingresar en prisión. Fuentes judiciales no pudieron precisar ayer si llegó a ser condenado por aquellos hechos.

"Una cosa es que te denuncien, y otra que sea verdad. Aquello fue la venganza de una mujer", explicó Wilson, molesto porque se hayan aireado sus antecedentes.

El suceso que le ha hecho popular ocurrió el martes por la mañana. Wilson observó cómo Jesús María P. A. -que ayer ingresó en prisión provisional sin fianza- apuñalaba en plena calle, junto a la Sagrada Familia, a una mujer rusa que ya ha sido dada de alta. Le lanzó una barra de hierro y, junto a otros dos hombres, logró neutralizar al agresor.

J. G. B.
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Un maltratador reincidente de sólo 16 años va a juicio por vejar a una niña durante meses

La víctima soportó un «trato degradante» a lo largo de un año

La Fiscalía pide que el menor no se pueda acercar a su ex novia durante dos años

El maltrato machista no tiene edad. Se da en la vejez y también en la más temprana adolescencia. Desde hace tiempo, los expertos vienen advirtiendo de que las víctimas son cada vez más jóvenes. Parece que es un fenómeno emergente. Esa alarma nacía de sondeos y estimaciones. Pero ya empiezan a llegar a los juzgados los expedientes con nombres y apellidos. Y la realidad es tan cruda como la pintaban los estudiosos de esta epidemia social. O más. Hay chavales, casi niños, que pegan a su parejas cotidianamente.

En Granada, ya ha habido tres menores condenados por delitos de violencia física contra la mujer. Por fortuna, son muy pocos. Tres sobre un total de 1.700 muchachos infractores no es un porcentaje que deba asustar. Por ahora. Porque el goteo continúa.

Libertad vigilada
Hay casos que sorprenden por su dureza. La Fiscalía de Menores acaba de acusar a un adolescente de la provincia de someter a un «trato degradante» a la niña de quince años con la que mantenía una relación sentimental. Las vejaciones se prolongaron durante unos diez meses. He aquí el primer detalle que añade una especial gravedad a esta historia.

Según los expertos en reforma de delincuentes infantiles consultados por este periódico, no es normal que los casos de violencia de género entre menores lleguen a juicio. La razón: antes de que los problemas crezcan, se produce la ruptura. No existen las ataduras que tienen las parejas adultas y es más fácil dar el portazo.
Por eso, llama la atención que una chiquilla de quince años aguante al lado de un maltratador durante diez meses.
Pero hay otro dato que, si cabe, genera más desasosiego todavía. El acusado, que tenía sólo 16 años cuando ocurrieron los hechos, era reincidente: ya había maltratado a una mujer con anterioridad.

La Fiscalía de Menores pide ahora para él penas que suman dos años y medio de libertad vigilada, un tiempo durante el que deberá someterse a un severo proceso de reeducación y a tratamiento para modificar sus impulsos violentos.
Los cargos que pesan sobre el procesado son los siguientes: un delito de malos tratos, otro de violencia física contra la mujer y una falta de injurias.

Los hechos
El Ministerio Público considera probado que el joven sometió a la víctima a «un trato degradante» durante casi un año, lo que supuso un menoscabo para la integridad física y psíquica de la menor.
Durante el tiempo que duró la relación, el acusado -siempre según la investigación desarrollada por la Fiscalía de Menores- agredió en varias ocasiones a la chica.

El último encontronazo tuvo lugar en el colegio en el que estudiaba la niña. El joven se llegó hasta el centro educativo y, tras proferir una serie de insultos, golpeó a la adolescente con una zapatilla. El incidente no fue a más porque los profesores se percataron de lo que estaba ocurriendo e intervinieron. El sospechoso se dio inmediatamente a la fuga.

Además de la pena de libertad vigilada, la Fiscalía exige que la sentencia que se dicte en su día impida que el encausado se acerque a menos de 200 metros de la víctima, una prohibición que se prolongaría durante dos años.

Según un estudio de la Universidad de Sevilla, el 6% de las mujeres sufre maltrato ya en la adolescencia. El problema se da más frecuentemente entre los 14 y los 16 años, y la mayoría de las chicas -el 70%- mantiene su amistad con el maltratador.

C. MORÁN
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Los juzgados de Santoña, San Vicente y Laredo condenan a todos los enjuiciados

Imagen de una de las últimas manifestaciones celebradas en Santander con motivo del Día contra la Violencia de Género. / DM

En 2007, en Cantabria, el 70% de los hombres que se sentaron en el banquillo acusados de violencia sobre la mujer fueron hallados culpables

En Cantabria, el 70% de los hombres juzgados por haber ejercido violencia contra las mujeres son hallados culpables. El porcentaje corresponde a 2007 y revela que ese año, en general, hubo un 16% menos de condenas que en el año precedente. Y en esta comunidad autónoma se da una circunstancia especial: hay tres partidos judiciales (los de Santoña, San Vicente de la Barquera y Laredo) en los que se castiga a todos los denunciados.

En estos tres juzgados, ingresaron 151 casos de violencia de género, (60 en Santoña, 24 en San Vicente y 67 en Laredo) del total de 1.197 que se vieron en los ocho partidos de la región. A diferencia de los anteriores, en los juzgados de Medio Cudeyo, Reinosa, Torrelavega y Castro Urdiales, se condena y se absuelve casi por igual: entre el 50% y el 60% de los hombres que se sientan en el banquillo acaban con sentencia en contra. Y en Santander, el partido judicial que más denuncias registra, se culpa a un 73%.

Esta información está recogida en el último informe en el que los Gobiernos de la nación y el regional hacen balance de la 'Ley Integral para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Protección de sus Víctimas', en el que también se evidencia que no se corresponde con la realidad la creencia de que la mayor parte de las maltratadores son extranjeros.

85% de españoles
En ese ejercicio, eran nacionales el 85% de los enjuiciados. Y existen grandes diferencias entre zonas judiciales: por ejemplo, en San Vicente de la Barquera, el 100% de los denunciados fueron españoles. Sin embargo, en Santander, Medio Cudeyo o Castro Urdiales más del 20% de ellos son foráneos.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial registró en la región un total de 1.197 delitos. El 64% de los mismos correspondió a asuntos de lesiones, que en todos los partidos judiciales es el más numeroso, seguido de los delitos contra la libertad. Aunque además se registran delitos contra la integridad moral de las mujeres, contra su libertad sexual y contra los deberes familiares.

Por otro lado, el 97% de las órdenes de protección fueron dictadas judicialmente a instancias de las propias víctimas, si bien se dan diferencias entre partidos: en Santoña, sólo el 83% de las maltratadas pidió protección, frente al 94% que lo hizo en Torrelavega o el 99% que lo hizo en Santander. Cuando los juzgados resuelven a favor de la demandante, algo que sucede en el 82% de los casos, casi la mitad de las medidas que se adoptan son de alejamiento del agresor, mientras que otro 30% se centra en prohibir la comunicación. En 2007, estaban vigentes en la región un total de 901 medidas de protección de tipo penal. Ese año, se encarceló a cinco hombres, a otros 143 fueron sentenciados a no volver al lugar donde cometieron el delito y a seis se les suspendió el derecho a tener armas.

Relación con el agresor
Los datos establecen que el 61% de las víctimas mantenía una relación con el denunciado cuando se produjeron los hechos motivo de juicio. El 39% restante había roto ya la relación. Y, de nuevo, se ven grandes diferencias entre partidos judiciales. En el de Castro Urdiales, sólo un 53% de las víctimas se relaciona con el denunciado en el momento de hacer público su caso, mientras en Reinosa, el 93% de las mujeres mantiene la relación .

Mujer que pide ayuda
El informe radiografía el sistema de asistencia y acogimiento para víctimas, en el cual entre abril de 2007 y marzo de 2008 se asesoró a 372 nuevas mujeres, además de que se continuó el seguimiento de 734 que ya utilizaban estos servicios en años anteriores.

La edad media de la usuaria es de 39 años, uno menos que en el informe anterior, y los únicos intervalos de edad que se incrementan son los que corresponden a las mujeres menores de 30 años, que en 2007 representaban un 28% del total y que hace cuatro años sólo suponían el 20%. Más de la mitad de las usuarias está entre 31 y 50 años.

Por otro lado, se ha visto que el 81% de las féminas que piden ayuda vive en los 11 municipios con mayor número de habitantes de Cantabria. Se observa, también, un incremento de las mujeres de municipios rurales: han pasado de representar el 4% a ser el 7%.
Finalmente, las destinatarias tienen un mayor nivel de estudios que las de años anteriores y el 57% de las usuarias está trabajando cuando acuden a pedir ayuda.

VIOLETA SANTIAGO

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Tribunales de violencia a la mujer ya dictaron su primera condena/Caracas

Cuatro meses le tomó a una juez condenar a Marco A. Martínez por violar a una joven

Menos de seis meses después de su puesta en funcionamiento, los tribunales especializados en violencia de género de Caracas ya dictaron su primera sentencia condenatoria contra un agresor de mujeres. Marco Antonio Martínez, de 39 años de edad y nacido en Caracas, fue hallado culpable de violar a una muchacha de 19 años de edad, oriunda de Boconó (Trujillo), y se le aplicó la pena máxima que contempla la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo cual deberá pasar los próximos 15 años en la cárcel de El Rodeo II.

La decisión la adoptó el pasado 20 de noviembre la juez 2° de Juicio en materia de Violencia contra la Mujer de la ciudad capital, Dougeli Antonieta Wagner, quien también lo inhabilitó políticamente y le ordenó participar, durante cinco años, en un programa de reorientación dirigido a modificar su conducta y a evitar que en el futuro reincida.

La información la suministró la vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, quien encabeza la Comisión encargada de poner en marcha los juzgados especiales creados por la Ley contra la Violencia de Género. "Esta decisión es muy importante, pues se ve de manera ostensible la aplicación de la ley. Se están dando los primeros pasos para erradicar este flagelo", afirmó la miembro del máximo juzgado en entrevista con El Universal.

Justicia rápida
La magistrada destacó la celeridad con la que se tramitó el caso: Cuatro meses demoró el Poder Judicial en dictar su condena desde el momento en que se formuló la denuncia. Los hechos ocurrieron el 20 de mayo pasado, cuando la víctima fue abordada por Martínez, quien se hizo pasar por un directivo de una empresa en la que ella estaba buscando trabajo y le dijo que la iba a entrevistar fuera de la sede de la compañía, ubicada en el bulevar de Sabana Grande.
Según se lee en el fallo de la juez Wagner, el condenado consiguió que la joven lo siguiera hasta un bar, donde le ofreció una bebida que contenía escopolamina (burundanga, droga que hace que la persona pierda su conciencia y haga todo lo que le manden). Acto seguido Martínez se llevó a su víctima hasta un hotel, donde abusó sexualmente de ella durante horas.

Ocurridos los hechos, la joven acudió el 21 de mayo hasta la División de Investigaciones de Protección en materia de Niño, Adolescente, Mujer y Familia de la policía científica, en compañía de una amiga, donde puso la denuncia y le practicaron las respectivas pruebas y exámenes psicológicos y toxicológicos.
Tras dos meses de investigaciones por parte de la policía y el Ministerio Público, el caso fue remitido a los tribunales en julio pasado. En entrevista concedida a principios de este mes a este mismo diario, la magistrada Jaimes aseguró que el tiempo promedio que deberían durar los juicios por malos tratos contra las mujeres es de un año. Aunque se mostró satisfecha con la manera como se tramitó esta causa, la miembro del TSJ admitió que los 29 juzgados especializados en violencia de género existentes son insuficientes y prometió que en 2009 se abrirán otros 20 en seis entidades del país.

jalonso@eluniversal.com
Juan Francisco Alonso

www.eluniversal.com

Condenan por acoso laboral a la Generalitat de Cataluña

El juzgado de lo penal número 2 de Lleida ha condenado a una funcionaria de la Generalitat de Cataluña a 20 días de multa y 63.398,65 euros de indemnización por mobbing contra una de sus subordinadas, en un proceso en el que la Administración autonómica ha sido declarada responsable civil subsidiaria.

La jueza ha considerado que “la situación conflictiva hubiere podido atajarse con un simple cambio de sección” de la víctima.

La responsabilidad se produce, además, porque “se trata de una funcionaria pública que depende de la misma [Generalitat]”.

La sentencia acaba de ser ratificada por la Audiencia Provincial de Lleida –aunque ha rebajado la indemnización a 55.434,45 euros– y se trata de una de las primeras en España en que se impone la responsabilidad civil subsidiaria a una Administración pública. La infracción penada –ya que el acoso laboral no está tipificado como tal en el Código Penal– es una falta continuada de coacciones.

"La Generalitat pudo hacer más por evitarlo"El texto de la jueza explica que la Generalitat pudo hacer más por evitar las penalidades de la víctima: “El jefe del Departamento o bien no quiso o no pudo o delegó tal decisión en la acusada, lo que conllevó que el problema no sólo continuara, sino que se agravara notablemente. Y si bien cabe decir en favor de la Generalitat que otros funcionarios intentaron un cambio de departamento, la víctima no pudo acceder al mismo por cuanto los especialistas que la trataban consideraron que un cambio a otro departamento distinto hubiera agravado el ya deteriorado estado psíquico de la paciente”.

En los hechos probados de la resolución, se deja constancia del calvario que sufrió la empleada pública: su jefa, desde 1996 hasta 2005, la insultaba “gritándole ‘tonta, inútil, que no sirves para nada’” delante de sus compañeros de trabajo; la dejaba sin tareas o le asignaba aquellas propias de puestos de inferior categoría; y le hacía sentarse en la mesa del “conserje”. La víctima sufrió “estrés” y “lesiones psíquicas” como consecuencia de estos hechos, lo que llevó a estar de baja por enfermedad casi un año, entre 2005 y 2006.

-[Sentencias del Juzgado de lo Penal nº2 de Lleida del 13/02/08 y de la Audiencia Provincial de Lleida del 20/10/08, apelación 52/08].

Diego Torres

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Más de un centenar de personas opinan en la encuesta del CMIM

Un 30% de las personas encuestadas durante la Feria de Muestras de Vícar, están a favor del endurecimiento de penas a los maltratadores


El Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) ha llevado a cabo una encuesta para conocer la opinión de la ciudadanía vicaria sobre el problema de la violencia hacia la mujer. Para ello ha aprovechado la reciente celebración de la Expovícar 2008 en la que llevó a cabo la distribución entre sus visitantes de su expositor un cuestionario que fue rellenado por 126 personas, en su inmensa mayoría vecinos del municipio.
Tres han sido las cuestiones planteadas con el fin d conocer la valoración de la población sobre esta lacra social como es la violencia hacia la mujer y las propuesta para evitar el problema. Un 24 % de los encuestados fueron hombres,y de ellos más de la mitad se sitúa entre los 30 y 50 años.
Según revela la encuesta un 98% de los encuestados considera un problema grave de la sociedad la violencia hacia la mujer. En cuanto a la gravedad de dicho problema el 73% lo califica de muy grave, otorgándole el nivel 10, por stand solo un 1% que lo sitúa en el nivel 1. La proporción de personas encuestadas que conocen algún caso de violencia de género, que era otra de las cuestiones planteadas , coinciden con las que no conocen ningún caso.
Dentro de las que conocen algún caso , la relación que las une con la mujer víctima de violencia es de un 16% familiar y de un 17% de amistad. En cuanto así han hecho algo para evitar este problema el 64% de contestaron afirmativamente.
Por último sobre las posibles medidas para la solución al problema, un 30% se los encuestados se inclina por el endurecimiento de las penas para los maltratadores y un 16% apuestan por una mayor vigilancia de los casos que se conocen y protección.

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Encarcelados 30 maltratadores al reincidir antes de comenzar el curso de reeducación

Un juez de Alicante envía a prisión al primer agresor con la condena suspendida por no asistir a las jornadas de la Audiencia Los retrasos injustificados o el pasotismo durante las charlas que dan los psicólogos pueden derivar también en un informe negativo

Hasta treinta maltratadores que tenían suspendidas sus condenas bajo la condición de que asistieran a los cursos de reeducación que organiza la Audiencia se encuentran ya en prisión porque han reincidido antes de comenzar su formación, según fuentes de la Audiencia.

Además, el titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Alicante, Santiago Luis Hoyos, ha ordenado por primera vez el encarcelamiento de un condenado por violencia machista después de que incumpliera el requisito de asistir a uno de estos cursos, tal y como ha podido saber este diario a través de la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria.

La participación en esas 24 horas de charlas que tienen como objetivo la concienciación de los maltratadores sobre el daño causado y su reeducación es uno de las exigencias ineludibles para que los acusados con una condena firme no acaben entre rejas. Otras condiciones son que se trate de su primer delito, éste no revista excesiva gravedad y la pena que lleve aparejada sea inferior a los dos años.

Desde que entró en vigor la Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer, la asistencia al curso es obligatoria, de manera que quien la incumple sin motivo justificado se convierte en potencial carne de presidio.

Los jueces, según diversas fuentes jurídicas consultadas, se han mostrado hasta ahora reacios a encarcelar a los absentistas: «Casi siempre les dan una última oportunidad». El juez de lo Penal Santiago Hoyos podría haber roto esa tendencia de actitudes comprensivas con los reos al decretar por primera vez el inmediato ingreso en prisión de uno de ellos.

Los cursos de resocialización de condenados por malos tratos en el ámbito familiar consisten en una serie de charlas impartidas por juristas, psicólogos, criminólogos, sociólogos y trabajadores sociales.

La Oficina de Medidas Alternativas a la Prisión (OMAP) de la Audiencia celebra actualmente varias sesiones al mes, algunas de ellas también vespertinas, para grupos de unas cuarenta personas cada una. La ejecución de las penas de los participantes está suspendida bajo la condición de participar activamente en esta iniciativa, que no amortizada, por lo que el pasotismo o los retrasos también pueden ser objeto de un informe negativo.

Treinta de los condenados que debían asistir al curso ni siquiera han dado pie a que la sociedad intente reinsertarlos, ya que han delinquido en el periodo de espera, según los casos constatados por la Unidad Administrativa de Coordinación Penitenciaria, que recibe las solicitudes y confecciona los grupos. O han vulnerado la orden de alejamiento respecto a la víctima, delito de quebrantamiento por el que la Fiscalía ya está pidiendo el ingreso en la cárcel, o han ido más allá al reincidir en la agresión.

El gran número de condenas que están dictando los jueces ha colapsado desde hace tiempo los cursos, subvencionados por la Generalitat y la Diputación. A finales de septiembre del pasado año, Instituciones Penitenciarias ya estaba dando citas para octubre del 2008, lo que equivale a una lista de espera de aproximadamente medio millar de personas.

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