17 de junio de 2009

La última muerta por violencia de género estaba separándose

No lo había denunciado jamás, pero se estaba separando de él. No le dio tiempo. La víctima número 26 de la violencia machista en España en lo que va de año murió apuñalada la noche del lunes, en unos aparcamientos de un centro comercial de Las Palmas de Gran Canaria. Tenía 55 años. El agresor, de 58, huyó en un coche donde la policía encontró el cuchillo con el que presuntamente la agredió y los papeles de divorcio, según la delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias.

El Instituto Canario de la Mujer prevé contactar con la familia para presentarse como acusación particular, ya que el agresor está detenido, después de haberse intentado quitar la vida ingiriendo unas pastillas, lo que, finalmente, no logró.

Instituciones y miembros del Foro Contra la Violencia de Género convocaron concentraciones silenciosas y movilizaciones para rechazar esta nueva muerte.

JUAN MANUEL PARDELLAS

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Nadie conoce el protocolo impulsado por el Gobierno contra los malos tratos

Pese a que las Consejerías de Justicia y Bienestar Social del Gobierno canario califican el documento como el mejor ejemplo de coordinación posible, los policías, los magistrados, los forenses, incluso los médicos de atención primaria o los servicios sociales no conocen su existencia ni saben que deben aplicarlo

El Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención de la Víctimas de Violencia de Género en Canarias, impulsado por la Consejería de Justicia del Gobierno canario, corre serio riesgo de quedarse en agua de borrajas, ya que si bien fue firmado en su día por la propia Consejería de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Servicio Canario de Salud, el Instituto Canario de la Mujer, el Consejo Canario de Colegios de Abogados, la Jefatura Superior de Policía, los centros de Asistencia a Víctimas del Delito, el Instituto de Medicina Legal y la Delegación del Gobierno, ni los forenses, ni los magistrados ni funcionarios de los Juzgados de Violencia de Género, ni los médicos de atención primaria u hospitalaria, ni los Cuerpos y Fuerzas del Estado especializados en malos tratos, ni siquiera las policías locales ni los Servicios Sociales Municipales tienen constancia de su aprobación, y mucho menos de que debe ser aplicado.

Este desconocimiento del citado protocolo contrasta con las declaraciones hechas tanto por el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, como por la titular de Bienestar Social, Inés Rojas, y la responsable del Instituto Canario de la Mujer, Isabel de Luis, que desde su aprobación el pasado 18 de marzo han insistido en que "Canarias es una dos las dos únicas comunidades autónomas de todo el Estado con un protocolo de este tipo que facilita la coordinación interadministrativa entre todos los agentes implicados en la lucha contra la violencia de género y redunda claramente en la mejora de la atención y la mayor agilidad".

Justicia la situación apuntando que "si los firmantes se comprometieron a cumplirlo y ahora no lo hacen, es algo que supera al Gobierno de Canarias, que lo que ha hecho es impulsar y sacar adelante este documento". No obstante, es la responsable de implementar este protocolo en el Instituto de Medicina Legal o entre el personal de Justicia.

Funcionarios y forenses.- Según ha podido comprobar EL DÍA, tanto los trabajadores de los Juzgados de Violencia de Género como los jueces y magistrados desconocen la existencia de este protocolo de coordinación. "Nosotros venimos trabajando igual desde hace años, y no sabemos nada de un protocolo nuevo", explican varios funcionarios, que afirman que "si se produce algún cambio es porque el juez o magistrado lo ordena, pero lo hace en base a su criterio personal, no a ningún protocolo".

Por su parte, los propios magistrados aseguran que "hay una gran ignorancia en este tema y si el Tribunal de Justicia de Canarias lo ha firmado, a nosotros no se nos ha informado de nada".

En el Instituto de Medicina Legal (IML), se da uno de los casos más curiosos, puesto que el profesional que participó en la elaboración del protocolo, dando sus aportaciones en las reuniones habidas en 2005, supo por este periódico que ya había sido aprobado y que las pautas que se recogen son, palabra por palabra, las que propuso.

Personal sanitario.- Si bien el documento fue firmado por dirigentes del Servicio Canario de Salud, este periódico ha tenido la oportunidad de hablar con cuatro médicos de atención primera de diferentes zonas de Tenerife y Gran Canaria que aseguran no tener siquiera idea de su elaboración. "Nosotros trabajamos con los partes de lesiones que se pusieron en funcionamiento cuando era consejera de Sanidad María del Mar Julios, y con esos seguimos trabajando, sin que nadie nos haya dicho que existen otros".

En este punto, el presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, además de confirmar que ni él ni ningún otro facultativo que él conozca están al tanto del citado protocolo, aseguró que "cuando se hacen este tipo de documentos y no se cuenta con todas las partes lo que sucede es precisamente lo que nos estamos encontrando, es decir, un cacao legal. Lo lógico es que el Gobierno nos informe y que disponga medidas formativas, porque si no, no sirve de nada".

Tampoco la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de Tenerife sabe de la existencia de este protocolo y su aplicación en ningún centro de salud o en alguno de los centros hospitalarios.

Servicios Sociales.- No son firmantes del acuerdo, si bien en el protocolo se reconoce su importancia por tratarse de un servicio cercano al ciudadano y se aboga por su integración.

Consultados tres concejales de Asuntos Sociales de ayuntamientos tinerfeños, ninguno de ellos tenía noticia alguna de la existencia de este protocolo ni de ningún otro, salvo los que se están informando desde hace poco más de un año en la Juntas Locales de Seguridad y en los que no participa el Gobierno de Canarias.

"Cuando tenemos constancia de algún caso de maltrato damos parte a la Policía, y si la víctima acude directamente a nosotros la derivamos al Dispositivo de Emergencia para la Mujer Agredida perteneciente al teléfono de emergencias 1-1-2", explica una edil que asegura no entender cómo se puede haber elaborado y aprobado un documento tan importante "y que quede en balde".

"Pedimos continuamente más medios porque este asunto es muy grave, y para algo que se hace, se hace mal", sentencia.

G. MAESTRE, S

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Abogadas para la Igualdad critica el archivo de los casos de malos tratos sin lesiones

El colectivo no quiere que quede impune ninguna actitud violenta contra la mujer

Si la pasada semana la fiscalía y la judicatura (a través de Gabriel Bernal y José Luis Niño, respectivamente) criticaban en Avilés la doctrina de la Audiencia Provincial de Asturias en ciertos casos de violencia machista, ayer se sumó el colectivo Abogadas para la Igualdad, del que la letrada avilesina Victoria Carbajal es secretaria. Ésta reprochó que el tribunal provincial dicte sentencias absolutorias en casos de agresión a mujeres por el mero hecho de no haber lesión. «Según buena parte de las sentencias de la Audiencia Provincial, la reforma de la ley integral de violencia de género no ha servido absolutamente para nada», señaló la letrada.

Carbajal, que también pertenece a la asociación Simone de Beauvoir, participó ayer en la última sesión del curso especializado para abogados de oficio del turno de violencia de género que organizó el Colegio de Abogados de Oviedo en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés y el Gobierno del Principado. La letrada explicó que la Audiencia archiva buen número de denuncias por una incorrecta interpretación del artículo 153 de la ley, que recoge como delito el maltrato de obra aún sin causar lesión. Sin parte de lesiones, según señalan los expertos, el tribunal asturiano suele absolver al maltratador. Algo que, añaden, choca con el principal objetivo de la última reforma de la ley que sanciona la violencia contra las mujeres: «Que no quede impune ningún comportamiento violento hacia las mujeres y que el hecho de propinar un bofetón o un tirón de pelos sea constitutivo de delito para que el comportamiento se frene en ese estadio y no avance el ciclo de la violencia».

Victoria Carbajal también se refirió al maltrato psicológico y destacó que hay que proteger a la mujer durante todo el procedimiento judicial. «Se debe mantener la orden de protección hasta que haya sentencia o, en caso de ser condenatoria, hasta que ésta se ejecute».

Además de Carbajal, la última sesión del curso contó con la participación de Noemí Arbesú Fernández, psicóloga del Centro Municipal de la Mujer del Ayuntamiento avilesino, y del letrado Alejandro Riera Fernández. Arbesú disertó sobre las causas y razones para la perdurabilidad de la mujer en las relaciones de violencia, mientras que el abogado se centró en los derechos laborales de las víctimas.

Amaya P.


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