2 de febrero de 2010

La traducción telefónica benefició a 27 mujeres inmigrantes

Un total de 27 mujeres inmigrantes han podido comunicarse en su idioma en León merced al servicio de traductores telefónico implantado hace un año en la comunidad, que ha supuesto un especial avance en la atención a las víctimas violencia de género que desconocen el castellano.

Según datos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, este servicio, que se ofrece en treinta idiomas, ha sido utilizado en toda la comunidad en su primer año de implantación por 53 mujeres. En el 92% de los casos el idioma demandado ha sido el árabe, seguido del rumano, en un 5,4%, y del inglés y búlgaro.

El objetivo es integrar a la mujer inmigrante en Castilla y León en condiciones de igualdad en cuanto al acceso a las prestaciones que se ofrecen, entre ellas las relativas a violencia machista.

Se trata de un servicio de traductores presencial y muy sencillo, que se ofrece en los cuatro centros de emergencia de Castilla y León, en Burgos, Ponferrada (León), Salamanca y Valladolid; en las 14 casas de acogida de atención a víctimas de violencia de género; en todos los departamentos territoriales de Familia e Igualdad de Oportunidades.


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El juez decano denuncia la falta de medios del Juzgado de Violencia sobre la Mujer

Torres «está indignado» porque no se han cubierto cuatro plazas de gestor procesal y porque las víctimas no tienen intimidad y a veces declaran en presencia de sus agresores, de sus hijos y de otras maltratadas

El juez decano de Ibiza, Juan Carlos Torres, denunciará a Justicia la falta de medios materiales, y sobre todo humanos, del nuevo Juzgado de Violencia sobre la Mujer (VSM) de la isla, del que es titular. El nuevo órgano judicial comenzó a funcionar en la primera planta del edificio judicial de la avenida de Isidor Macabich de Vila el 30 de diciembre de 2009. La semana pasada se incorporó el juez Torres.

La Fiscalía de Ibiza ha destinado dos fiscales de forma específica para tramitar los casos de malos tratos que se detectan en la isla. El juez Torres esperaba contar con ocho funcionarios en su juzgado, cuatro tramitadores y cuatro gestores procesales. Sin embargo, de estos cuatro últimos no se ha incorporado ninguno.
«El año pasado la Gerencia de Ibiza recibió muchas candidaturas para trabajar como gestor procesal en el nuevo juzgado, sin embargo aún no han incorporado ninguno y están buscando en bolsas de otras demarcaciones judiciales», explicó ayer, indignado, el decano a la puerta del Juzgado de VSM. «Quiero destacar la buena disponibilidad para trabajar del personal ya nombrado», añadió Torres.
«Llevamos un mes sin cuatro gestores procesales, voy a denunciar esta situación ante la Gerencia de Ibiza, el Tribunal Superior de Justicia de Balears, el Observatorio de Violencia de Género y el Institut balear de la Dona», anunció el juez. Una de las funciones más importantes de un gestor procesal en la tramitación de los procedimientos judiciales.

Además, el decano quiso dejar patente su «malestar» por las nuevas instalaciones, ya que las víctimas están prestando declaración sin intimidad, muchas veces en presencia de sus agresores, de sus hijos y de otras mujeres maltratadas.

En diciembre de 2009 los Juzgado de Primera Instancia número 1 y 2 de Eivisssa se trasladaron al nuevo edificio del Cetis. El espacio que ocupaban en la primera planta de la sede judicial de la avenida de Isidor Macabich de Vila acogió a continuación al nuevo Juzgado de VSM.

Justicia renovó el mobiliario y los equipos informáticos, sin embargo no se tuvo en cuenta que las víctimas de malos tratos necesitan intimidad y que a veces se incumplen las órdenes de alejamiento en el juzgado, ya que en el mismo espacio declaran con frecuencia víctimas y agresores.
«Hay despachos acondicionados que no se están utilizando», denunció ayer en el Juzgado de VSM, en el mismo sentido que el juez Torres, una trabajadora del Institut Balear de la Dona. «Justicia anunció unas buenas instalaciones y ahora nos encontramos con que víctima y maltratadores declaran en el mismo espacio, sin ninguna intimidad», añadió.

Institut Balear de la Dona

El Institut Balear de la Dona (IBD) tiene dos trabajadoras en Ibiza para recibir las llamadas de las víctimas de malos tratos, acompañarlas y acogerlas en pisos si es necesario, según explicó ayer una de ellas, que atendió a la mujer magrebí maltratada por su marido en Sant Antoni, cuya hija recibió varios golpes con el mango de un cuchillo (ver página 3).

Esta mujer reside desde el sábado en un piso de acogida de los facilitados por el IBD. «La familia vivía de la ayuda de los servicios sociales y los niños iban al colegio sin libros», comentó ayer la trabajadora, que es psicóloga.

El IBD pone a disposición de las víctimas un servicio de atención las 24 horas del día los 365 días del año, en el teléfono de emergencias 112 o en el del propio Institut, 971178989.

Eureka Serveis Sociales se adjudicó el concurso convocado por el IBD, que, desde el 19 de enero, ha puesto a disposición de las víctimas dos trabajadoras en las Pitiusas, que están siempre de guardia. Acompañan a las víctimas en sus declaraciones, en sus menesteres diarios, las llevan en coche, reciben sus llamadas o, en los casos más conflictivos, las reubican en pisos de acogida, en los que hay en la actualidad varias mujeres en la isla. «Les proporcionamos todo lo que necesitan», destacó la trabajadora del IBD.

En el caso de que se produzca un caso de malos tratos en Formentera Serveis Sociales pone a disposición de la víctima una trabajadora social, que acompaña a la mujer hasta el barco. En el puerto de Ibiza le esperaría una de las dos trabajadoras que tiene el IBD actualmente en la isla.

Además, el Institut cuenta con otras dos trabajadoras en Menorca y cuatro en Mallorca, sin contar las asignadas a la ciudad de Palma, gestión efectuada por otra empresa diferente.

La Oficina de la Dona del Consell Insular de Ibiza también presta ayuda a las víctimas de malos tratos.

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´Violencia económica´, nueva forma de violencia de género

El Govern quiere que el impago de la pensión sea equiparable al maltrato físico o psíquico contra la mujer

El impago de la pensión a las mujeres con hijos a cargo aparece recogido en el anteproyecto de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres que prepara el Govern como una forma de "violencia económica", equiparable a la violencia física o psicológica, hecho que permitirá a las mujeres víctimas de esta situación acceder a las mismas prestaciones y ayudas establecidas para las mujeres que sufren violencia de género.

Ésta es una de las medidas que incluye el borrador de esta normativa autonómica, que presentó hoy la consellera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, Fina Santiago, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por la directora del Instituto balear de la Mujer, Lila Thomàs.

La nueva ley recogerá el concepto de "violencia económica" como la "privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijos e hijas". Así, las mujeres que padezcan esta situación tendrán acceso a las mismas ayudas que la administración proporciona a las víctimas de agresiones.

Además, las mujeres que no perciban la pensión podrán acceder a estas ayudas presentando un informe social que acredite que padecen una situación de violencia de género, mientras que hasta ahora debían presentar una denuncia y esperar a la sentencia.

Otro de los aspectos importantes que recoge el anteproyecto de la Ley de Igualdad es la obligación de que todos los órganos de la administración pública tengan una representación paritaria, con una representación del 60 por ciento hombres y del 40 por ciento mujeres. Así, el Govern exigirá que haya equilibrio de sexos en los órganos de dirección y selección de personal.

La Conselleria llevará el anteproyecto al Consell de Govern en el mes de abril, y espera que sea aprobado en el Parlament a finales de este año o principios de 2011. Esta normativa autonómica derogará la vigente, aprobada el año 2006 sin el consenso de los partidos que forman actualmente el Govern. La nueva ley también que las empresas adscritas al Govern balear no podrán contratar a ninguna empresa que tenga antecedentes en discriminación por sexo contra las mujeres.

Asimismo, el anteproyecto plantea que se realizarán estudios económicos para conocer el valor social que tiene el trabajo doméstico que realizan las mujeres en sus domicilios, así como la atención a otras personas que hacen en el mismo.

Otros capítulos destacados por la consellera fueron el de la reafirmación de la necesidad del Instituto de la Mujer o el de la igualdad a la hora de otorgar becas deportivas. También se incorporará temario con contenido en igualdad en pruebas de selección y se incrementará de tres a cuatro semanas el permiso por paternidad de todos los trabajadores de las administraciones.

Santiago destacó otro de los temas clave en los que incide esta nueva normativa, que es el que especifica los mínimos en temas de cobertura de servicios de las mujeres víctimas de la violencia de género. Así, se establece que por cada 3.500 mujeres habrá una plaza en un centro de acogida de víctimas de este tipo de violencia y que por cada 100.000 mujeres habrá un centro de información.

SÍNDIC DE IGUALDAD
Otra de las novedades es que se creará un Síndic de Igualdad entre hombres y mujeres que dependerá del Síndic de Greuges y al que se entregarán las quejas que se reciban procedentes del ámbito privado. Esta iniciativa es producto de una normativa europea ya existente y que en España, por el momento, únicamente aplica el gobierno vasco.

La consellera comentó que se trata de una ley "bastante completa que no pretende ser una declaración de intenciones sino que establece toda una normativa", la cual incluye, además, un capítulo de sanciones e infracciones que penalizarán aquellas acciones que no cumplan con esta ley. Así, por ejemplo, una infracción grave podrá llevar aparejada una sanción de entre 30.000 y 90.000 euros.

Santiago, señaló que el anteproyecto ya ha sido entregado al Consell de la Dona, a las diferentes Consellerias y al grupo parlamentario 'popular' para que pueda ser iniciado su debate. Asimismo, el borrador de la ley será colgado en la página web de la Conselleria a partir de la próxima semana para que esté al alcance de todos los ciudadanos.

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