6 de enero de 2009

Siguen Multiplicándose Los Despidos Por Acoso Laboral

La cámara del Trabajo volvió a condenar un despido por mobbing y ordenó un resarcimiento “integral” al trabajador. El tribunal también sancionó a la ART por no controlar las condiciones en el ambiente de trabajo. Qué dijeron los jueces. Ver fallo completo

La cámara laboral hizo lugar a un reclamo promovido por dos trabajadores y condenó a una empresa a pagar las indemnizaciones por despido en razón del acoso laboral que ambos empleados denunciaron.
Este nuevo fallo de la cámara del trabajo ratifica la actual tendencia de los magistrados de condenar despidos por el hostigamiento, acoso y el trato degradante dispensados a los empleados en el ámbito laboral, prácticas que los propios jueces han bautizado como “mobbing”.

La multiplicidad de reclamos y denuncias que plantean los trabajadores hizo que en noviembre de 2007 la Cámara de Diputados aprobara con media sanción un proyecto de ley que regula la figura del “acoso laboral”, aunque de momento su discusión se encuentra “estancada” en la Cámara alta (ver proyecto completo aprobado por Diputados).

Los jueces sancionaron el trato degradante dispensado a los trabajadores en la causa “Cubo Julieta c/ FST S.A. s/ despido” (ver fallo completo provisto por elDial.com). Los detalles del caso Dos telemarketers se consideraron despedidos como consecuencia del “trato abusivo y discriminatorio" del que, denunciaron, fueron víctimas.

Los trabajadores manifestaron haber sufrido una “persecución permanente, acoso mediante el cambio constante de horarios, extensión del horario de trabajo e inexistencia de descansos”. “Los casos de mobbing generan un aumento en los costos laborales porque los jueces consagran una indemnización adicional a las tarifadas establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), en concepto de resarcimiento del daño moral”, advirtió Gustavo Gallo, titular de Gallo & Asociados.

Los jueces indicaron que los testigos acreditaron las tareas y el ambiente en los cuales los dependientes tuvieron que prestar servicios: “se refirieron a la presión con la que debían trabajar, presiones en el sistema de licencias por examen o enfermedad y que tenían tan sólo dos minutos para ir al baño”. También precisaron los magistrados que los sanitarios no estaban en condiciones de ser usados; “no tenían computadora fija asignada; compartían auriculares, micrófonos y no tenían descanso entre llamada y llamada”.

“La difusión que está alcanzando la problemática del mobbing o violencia laboral en el ámbito de la justicia debe llevar a las empresas empleadoras a revisar con cuidado los perfiles y estilos de sus mandos medios y niveles de supervisión”, advirtió Ignacio Capurro, socio de Funes de Rioja & Asociados.
El tribunal concluyó que “con estos elementos no cabe duda que las afecciones detectadas en los trabajadores tuvieron su raíz en la modalidad y condiciones en que prestaban tareas. Después de todo, el estrés en el entorno laboral es un problema creciente y con costos personales, sociales y económicos poderosos”. Capurro destacó que deberían generarse políticas y procedimientos, coordinarse actividades de información y formación que procuren unificar el lenguaje, estilo y prácticas que deben ser observadas, a efectos de evitar la generación de hechos susceptibles de provocar este tipo de reclamos por violencia en el ambiente laboral.

Condena a la ART Además, los jueces decidieron condenar a la Administradora de Riesgos del Trabajo (ART) que había sido contratada por la compañía, pese a que la afección padecida por los trabajadores (estrés laboral por la situación de hostigamiento) no se encontraba incluida en la cobertura a cargo de la ART. Los magistrados indicaron que en tanto se le impone al empleador una contratación obligatoria con una ART, no puede luego decirse que ésta no responderá por los daños sufridos por el empleado en determinadas circunstancias.
“Por ello, en los casos en que se concluyera que existe la relación causal entre las patologías padecidas por los trabajadores y el trabajo, sin dudas debe considerarse que la ART ha incumplido su deber de contralor respecto del cumplimiento del plan de mejoramiento de cada empresa, obligación que la ley pone en cabeza de las aseguradoras”, dijeron.
También recordaron que “las ART desempeñan un papel fundamental en materia de seguridad y es esta función la que genera responsabilidad”. Sostuvieron así, que las aseguradoras están obligadas a asesorar a los empleadores para prevenir y proteger y que “la conducta omisiva observada implica una negligencia en su obrar que trajo como consecuencia los daños en la salud de los trabajadores”.

Proyecto de ley
El mobbing o acoso laboral no se encuentra regulado en la LCT y es por eso que, ante la cantidad de reclamos y denuncias, las empresas siguen con especial atención el trámite legislativo de un proyecto de ley que pretende regular esta figura. En noviembre pasado se cumplió un año de la media sanción de la Cámara de Diputados a ese proyecto de acoso laboral. Sin embargo, desde su elevación al Senado, la comisión de Trabajo y Previsión Social de ese cuerpo no consiguió avanzar en el tratamiento de esa iniciativa.
Desde que la iniciativa vino aprobada con media sanción en Diputados, la comisión lo intentó tratar durante el transcurso del 2007 en siete oportunidades. No obstante, en ninguna de ellas hubo quórum que permitiera discutir la iniciativa. Además, desde que comenzaron las sesiones el año pasado, el titular de la comisión, Gerardo Morales (Unión Cívica Radical) intentó tratar nuevamente el proyecto en comisión en cuatro oportunidades; sin embargo, todas fracasaron por falta de quórum.

Matías Debarbieri © iProfesional.com
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Una huelga parcial atascará aún más los juzgados de violencia sobre la mujer

Los funcionarios reclaman mejoras en su complemento salarial.
Los paros se realizarán todos los lunes, desde el día 19 de enero.


Los trabajadores de los juzgados de violencia sobre la mujer irán a la huelga todos lunes a partir del día 19 enero para protestar por la falta de acuerdo en la retribución de un complemento salarial que «debe pagar el Gobierno de Aragón». Esto provocará aún más retrasos en los juzgados, que se sumarán a los ya existentes debido al aumento de causas urgentes que se quedan sin tramitar.

Los 20 funcionarios de estos juzgados recurrirán a la huelga para presionar al Gobierno aragonés para cobrar este complemento adicional, según explicaron los trabajadores a 20 minutos. Hasta hace un año, las competencias de estos juzgados eran del Ministerio de Justicia, pero se transfirieron al Gobierno Aragonés. Con este traspaso, a falta de llegar de a un acuerdo, los funcionarios «dejaron de cobrar este complemento, que sí perciben en otras comunidades y otros tribunales».

Todo esto se suma a los problemas que acumulan los juzgados de la mujer desde hace varios meses. Arrastran en torno a 400 casos penales pendientes de finalizar con un ritmo de trabajo que es insuficiente para sacar adelante todos los asuntos.

Pero estos tribunales no sólo se ocupan de casos de violencia, sino también de causas de divorcio o la custodia de los hijos, por lo que los tiempo de espera repercutirán en otros ámbitos.

Los trabajadores esperan que la huelga tenga «la menor duración posible, ya que los máximos perjudicados son los ciudadanos». Estos retrasos llegan a provocar que las mujeres que sufren violencia machista esperen hasta dos horas en dependencias pequeñas y en ocasiones sin la intimidad debida.

www.20minutos.es

De­nun­ció Ma­los Tra­tos Y Aco­so

La jo­ven Ma­ría del Ro­sa­rio Ro­sa­les Ba­rra­za, in­ter­pu­so una de­man­da por su­pues­to aco­so se­xual

Una ex em­plea­da de una em­pre­sa de­di­ca­da a la ven­ta de pes­ca­dos y ma­ris­cos pre­pa­ra­dos, acu­dió a la re­dac­ción de TRI­BU­NA de San Luis pa­ra dar a co­no­cer el mal ac­tuar del pro­pie­ta­rio de es­te ne­go­cio que se lo­ca­li­za en la ave­ni­da Nue­vo León y ca­lle 41.

La jo­ven Ma­ría del Ro­sa­rio Ro­sa­les Ba­rra­za de 24 años de edad, se­ña­ló que la­bo­ró por es­pa­cio de dos me­ses en el res­tau­ran­te pro­pie­dad del se­ñor Je­sús Val­tie­rra.

Co­men­tó que al no ac­ce­der ella a pro­pues­tas in­de­co­ro­sas que le hi­zo el due­ño del lo­cal, és­te op­tó por des­pe­dir­la, no sin an­tes dar­le un mal tra­to, en­tre los que des­ta­can las hu­mi­lla­cio­nes ver­ba­les en­fren­te de otras em­plea­das.

Re­fi­rió la su­pues­ta afec­ta­da, que no es la pri­me­ra oca­sión en que el em­pre­sa­rio tra­ta de con­ven­cer a sus em­plea­das de ac­tos in­de­co­ro­sos, pe­ro mu­chas de ellas aguan­tan es­te ti­po de agre­sio­nes psi­co­ló­gi­cas por­que te­men per­der su tra­ba­jo, pues la ma­yo­ría son ma­dres sol­te­ras que ne­ce­si­tan lle­var el sus­ten­to dia­rio a sus ho­ga­res.

Se­ña­ló que al mo­men­to de ser des­pe­di­da de su tra­ba­jo le ase­gu­ró a su pa­trón que las co­sas no se que­da­rían así, que in­ter­pon­dría una de­man­da en la Ins­pec­to­ría del Tra­ba­jo pa­ra exi­gir­le que le pa­ga­ra su in­dem­ni­za­ción y otra más en la Agen­cia del Mi­nis­te­rio Pú­bli­co por aco­so se­xual.

El pro­pie­ta­rio del ne­go­cio de ven­ta de ma­ris­cos, le ase­gu­ró a Ro­sa­rio Ro­sa­les que na­da po­dría ha­cer en con con­tra, ya que prác­ti­ca­men­te to­do San Luis le per­te­ne­ce y que na­die le ha­ría na­da.

De­cla­ró la afec­ta­da que en es­te lu­gar en don­de se de­sem­pe­ñó co­mo me­se­ra, las em­plea­das no cuen­tan con se­gu­ri­dad so­cial y de­ben tra­ba­jar en un am­bien­te hos­til, re­ci­bien­do hu­mi­lla­cio­nes por par­te del due­ño, ade­más de que el lo­cal es­tá en ma­las con­di­cio­nes de hi­gie­ne, por lo me­nos la co­ci­na.
Con­fió Ro­sa­rio Ro­sa­les en que las au­to­ri­da­des co­rres­pon­dien­tes ha­rán al­go al res­pec­to a fin de no per­mi­tir que el se­ñor Val­tie­rra si­ga ex­plo­tan­do la­bo­ral­men­te a las em­plea­das y hos­ti­gán­do­las se­xual­men­te.

SE DE­FIEN­DE VAL­TIE­RRA
El pro­pie­ta­rio del es­ta­ble­ci­mien­to de ma­ris­cos, Je­sús Val­tie­rra, afir­mó ayer a TRI­BU­NA que lo di­cho por la tra­ba­ja­do­ra es par­te de su for­ma de ser y acla­ró que lo úni­co que hi­zo fue sus­pen­der­la por ha­ber es­ta­do in­gi­rien­do be­bi­das al­co­hó­li­cas y es­tá pro­hi­bi­do, por ser de ti­po fa­mi­liar.

Val­tie­rra mos­tró in­clu­so una ac­ta que fir­ma­ron tres tra­ba­ja­do­res al mo­men­to del in­ci­den­te el pa­sa­do día tres, to­dos son tes­ti­gos de que es fal­so lo que me acu­sa y que es ella quien tie­ne un com­por­ta­mien­to agre­si­vo y gro­se­ro, e in­clu­so los agen­tes de la pa­tru­lla 2019 que se pre­sen­ta­ron al lla­ma­do que ella mis­mo hi­zo a la Po­li­cía Pre­ven­ti­va, tam­bién cons­ta­ta­ron su for­ma de ser.

El co­no­ci­do co­mer­cian­te ad­vir­tió que se­ña­la­mien­tos in­fun­da­dos le pue­den afec­tar y po­dría en­ta­blar una de­man­da le­gal de­pen­dien­do de lo que de­cla­re la tra­ba­ja­do­ra, quien di­jo no fue co­rri­da si­no sus­pen­di­da por to­mar al­co­hol en ho­ras de tra­ba­jo.

Ya me ha­bían ad­ver­ti­do de que es una mu­cha­cha muy con­flic­ti­va y re­bel­de, me lo di­je­ron sus mis­mas com­pa­ñe­ras, pe­ro no le to­mé la se­rie­dad al ca­so, cuan­do lo del in­ci­den­te sí le­van­ta­mos un ac­ta y la po­li­cía fue tes­ti­go, an­te quie­nes le cu­brí el as­pec­to sa­la­rial pa­ra que que­da­ra con­for­me.

Nun­ca he si­do gen­te que re­cu­rra a ac­ti­tu­des in­mo­ra­les y tan­to mi per­so­nal co­mo clien­tes sa­ben co­mo soy y que es fal­so que ha­ya asu­mi­do una ac­ti­tud in­de­bi­da en con­tra de es­ta tra­ba­ja­do­ra.

Val­tie­rra ex­pre­só que en­te­ra­ría a las au­to­ri­da­des la­bo­ra­les de la si­tua­ción aun­que des­co­no­ce si la tra­ba­ja­do­ra pre­sen­tó al­gu­na de­man­da.
Ro­sa­rio te­nía diez días tra­ba­ja­dos du­ran­te tres se­ma­nas, y no la co­rrí, la sus­pen­dí, re­cal­có. Por

Glo­ria NE­GRE­TE y Juan Car­los CAM­PA
www.oem.com.mx

Cualquier mujer tiene su plaza garantizada en la región

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha reitera que toda mujer víctima de violencia de género de la región que lo precise, así como sus menores, tienen garantizada una plaza en cualquier Casa de Acogida y Centro de Urgencias de nuestra Comunidad Autónoma.

Del mismo modo, este organismo insiste en que los recursos de acogimiento disponibles son de ámbito regional y disponen de mayor número de plazas ofertadas que la demanda existente.Ante las informaciones surgidas por el cierre temporal de la Casa de Acogida y Centro de Urgencias de Guadalajara, el Instituto de la Mujer regional subraya que la entidad gestora de dichos recursos, "Aeduca", no comunicó oficialmente hasta el mes de noviembre de 2008 su intención de no continuar con la gestión de los mismos.

De este modo, una vez conocida esta decisión en el Instituto de la Mujer, se procedió a resolver la situación y se contactó con otra asociación especializada dispuesta a continuar con la gestión de estos recursos de acogimiento y asumir a todo el personal que allí se encontraba trabajando.

Debido a los obstáculos interpuestos por UGT en la negociación, al Instituto de la Mujer no le fue posible continuar con el nuevo proceso en el que esta asociación se encargaría de gestionar los recursos.

En los próximos días, se publicará una nueva orden para adjudicar la gestión de la Casa de Acogida y el Centro de Urgencias de Guadalajara a una nueva entidad.Asimismo, el Instituto de la Mujer resalta la importancia de que las mujeres de Castilla-La Mancha sepan que todos los recursos de atención a la violencia de género continúan estando disponibles y actuando de la forma tan profesional y especializada como lo han venido haciendo hasta el momento.

Toda la información sobre estos recursos, así como de Centros de la Mujer, programas de asistencia jurídica y psicológica gratuita o ayudas económicas disponibles pueden consultarse en la Línea de Atención Permanente 900 100 114 o en las delegaciones provinciales del Instituto de la Mujer.

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