9 de diciembre de 2008

Ministerio de Trabajo difunde un folleto sobre derechos de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género

El Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales distribuye un folleto informativo titulado "Los derechos de las mujeres extranjeras víctimas de la violencia de género" en el que describen las leyes a las que se pueden acoger las afectadas. EFE

El Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales distribuye un folleto informativo titulado "Los derechos de las mujeres extranjeras víctimas de la violencia de género" en el que describen las leyes a las que se pueden acoger las afectadas.

El folleto informa que las mujeres tienen derecho a la información, a la asistencia social integral y a la jurídica gratuita y entre sus páginas describe cada una de las actuaciones que la mujer puede realizar si se encuentra en situación de violencia machista.

En el folleto, repartido en la Feria Integra Madrid 2008, también describe los derechos de las afectadas según su situación.

Entre ellos, por ejemplo, los derechos de las trabajadoras por cuenta propia, quienes no estarán obligadas a cotizar durante un período de 6 meses que serán considerados como de contribución efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social

Asimismo, su situación será considerada como asimilada a la de alta y se mantiene el derecho a la prestación de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, informan en el texto.

Además, entre otras acciones, y dependiendo de la situación de la víctima, se podrá llegar al desalojo del agresor del domicilio familiar, la prohibición de residir en determinada población, que el agresor se aproxime a la víctima y/o a sus familiares u otras personas que el Juez determine.

Dentro de las actuaciones de carácter civil, se incluyen derechos como el uso y disfrute de la vivienda, el mobiliario y el ajuar familiar, la atribución de la guarda y custodia de sus hijos menores, la suspensión del ejercicio de la patria potestad, entre otras.

Toda la información se puede consultar en los organismos de igualdad de las Comunidades Autónomas, en los centros de atención a la mujer autonómicos y locales, en las oficinas de atención a las víctimas del delito en las sedes de los juzgados, en los servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados y en las diferentes asociaciones de mujeres y de extranjeros.

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Encarcelados 30 maltratadores al reincidir antes de comenzar el curso de reeducación

Un juez de Alicante envía a prisión al primer agresor con la condena suspendida por no asistir a las jornadas de la Audiencia Los retrasos injustificados o el pasotismo durante las charlas que dan los psicólogos pueden derivar también en un informe negativo

Hasta treinta maltratadores que tenían suspendidas sus condenas bajo la condición de que asistieran a los cursos de reeducación que organiza la Audiencia se encuentran ya en prisión porque han reincidido antes de comenzar su formación, según fuentes de la Audiencia.
Además, el titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Alicante, Santiago Luis Hoyos, ha ordenado por primera vez el encarcelamiento de un condenado por violencia machista después de que incumpliera el requisito de asistir a uno de estos cursos, tal y como ha podido saber este diario a través de la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria.

La participación en esas 24 horas de charlas que tienen como objetivo la concienciación de los maltratadores sobre el daño causado y su reeducación es uno de las exigencias ineludibles para que los acusados con una condena firme no acaben entre rejas. Otras condiciones son que se trate de su primer delito, éste no revista excesiva gravedad y la pena que lleve aparejada sea inferior a los dos años.

Desde que entró en vigor la Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer, la asistencia al curso es obligatoria, de manera que quien la incumple sin motivo justificado se convierte en potencial carne de presidio.

Los jueces, según diversas fuentes jurídicas consultadas, se han mostrado hasta ahora reacios a encarcelar a los absentistas: «Casi siempre les dan una última oportunidad». El juez de lo Penal Santiago Hoyos podría haber roto esa tendencia de actitudes comprensivas con los reos al decretar por primera vez el inmediato ingreso en prisión de uno de ellos.

Los cursos de resocialización de condenados por malos tratos en el ámbito familiar consisten en una serie de charlas impartidas por juristas, psicólogos, criminólogos, sociólogos y trabajadores sociales.

La Oficina de Medidas Alternativas a la Prisión (OMAP) de la Audiencia celebra actualmente varias sesiones al mes, algunas de ellas también vespertinas, para grupos de unas cuarenta personas cada una. La ejecución de las penas de los participantes está suspendida bajo la condición de participar activamente en esta iniciativa, que no amortizada, por lo que el pasotismo o los retrasos también pueden ser objeto de un informe negativo.

Treinta de los condenados que debían asistir al curso ni siquiera han dado pie a que la sociedad intente reinsertarlos, ya que han delinquido en el periodo de espera, según los casos constatados por la Unidad Administrativa de Coordinación Penitenciaria, que recibe las solicitudes y confecciona los grupos. O han vulnerado la orden de alejamiento respecto a la víctima, delito de quebrantamiento por el que la Fiscalía ya está pidiendo el ingreso en la cárcel, o han ido más allá al reincidir en la agresión.

El gran número de condenas que están dictando los jueces ha colapsado desde hace tiempo los cursos, subvencionados por la Generalitat y la Diputación. A finales de septiembre del pasado año, Instituciones Penitenciarias ya estaba dando citas para octubre del 2008, lo que equivale a una lista de espera de aproximadamente medio millar de personas.

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El personal de cinco ambulatorios aprende a detectar signos de maltrato en pacientes

Un estudio nacional pretende sensibilizar a los sanitarios de Atención Primaria. El Colegio de Médicos provincial cree que pueden convertirse en observadores en cada municipio

Para una mujer maltratada decir en voz alta que su agresor es su pareja es un paso difícil. Tiene el teléfono 016 a su disposición, servicios sociales y asociaciones, pero ante una situación tan complicada, muchas optan por el silencio. Hay otro confidente al que pueden acudir porque siempre ha estado ahí, lo conocen y confían en él. Se trata de su médico de cabecera. Así lo demuestra un estudio en el que han participado 200 centros de salud de toda España y que revela que la Atención Primaria puede ser un apoyo más en la detección de casos de violencia de género. Cinco de esos centros pioneros son de Badajoz.

Se trata de los ambulatorios de La Paz, Valdepasillas, Ciudad Jardín, San Roque y San Fernando. Hace tres años, parte de su plantilla recibió cursos de formación y sensibilización para mejorar la detección de la violencia de género dentro de un programa llamado ISFVIDAP, financiado por el Ministerio de Sanidad. Otro porcentaje de sus plantilla, en cambio, no acudió a estos seminarios. Una vez trascurrido este tiempo se comparan los resultados y la primera conclusión es que los sanitarios, tanto médicos como enfermeras, que recibieron los cursos detectan mejor los casos de maltrato.

Francisco Buitrago, coordinador de esta iniciativa en Badajoz, califica los malos tratos como un problema sanitario, tal y como lo reconoció la Organización Mundial de la Salud. Por esta razón, Buitrago cree que los sanitarios son responsables de detectarlo. «Aunque sea un problema con profundas raíces sociales, también es un problema médico y fuera de la familia, el médico puede ser la única persona a la que pueda comunicárselo. Tenemos una relación durante años con la paciente y con la familia, es una posición estratégica importantísima».

La prueba de que este médico tiene razón está en el estudio en el que ha participado. Las datos revelan que el 97% de las mujeres que han confesado ser maltratadas habían acudido, al menos una vez, al ambulatorio en el año anterior. El 46% había estado más de diez veces y un 40% había sufrido una baja laboral, lo que demuestra que los sanitarios tienen una oportunidad única para detectar este problema.

En los últimos dos años, Francisco Buitrago confiesa que ha tenido siete casos de violencia entre sus pacientes. «Es duro y en muchos casos sorprendente porque los malos tratos no están limitados a determinadas clases sociales como se cree». Al igual que este médico, muchos de sus compañeros se han enfrentado a sospechas de violencia de género en sus pacientes. Para este sanitario, la clave es recibir formación para saber enfrentarse al problema.

El presidente del Colegio de Médicos de la provincia, Pedro Hidalgo, está de acuerdo en buscar herramientas para su profesión. Hidalgo reconoce que para los sanitarios no será fácil afrontar esa responsabilidad porque en su mente hay muchas dudas. «El reto es bucear en lo que el paciente quiere decirnos para detectar esa patología. Hay que mandar un mensaje: ante la duda, no dudes, consulta a tu médico, es tu ayuda».

Más de 1.500 observadores

Si este mensaje de confianza calase en la población, según Hidalgo, cada médico, especialmente en los centros de salud, se convertiría en un observador contra los malos tratos. En la provincia de Badajoz hay 3.007 médicos colegiados, 1.540 de ellos en Atención Primaria.

Ya hay convenio

La buena noticia para estos médicos es que ya hay un convenio que pretende apoyar su formación en torno a la violencia de género. El 30 de octubre, la Consejería de Sanidad y Dependencia lo suscribió con el Ministerio de Sanidad. El objetivo, según el texto de este documento, es «promover e impulsar actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección precoz de la violencia de género». Entre las medidas que propone destaca la formación de los sanitarios mediante un programa de sensibilización. En esta iniciativa no sólo se incluirá a los médicos y enfermeras de Atención Primaria sino también a los de Urgencias, el 061, las Unidades de Salud Mental y los Centros de Planificación, Obstetricia y Ginecología. Es decir, todos los trabajadores que pueden tener más contacto directo con un caso de malos tratos. El convenio de colaboración cuenta con un presupuesto de 120.128 euros que será asumido por las dos administraciones.

La directora de Instituto de la Mujer de Extremadura, María José Pulido, acoge con optimismo esta nueva herramienta en la lucha contra la violencia de género. «Aunque nos duela, sabemos que aún hay una parte de las víctimas que no acuden a los servicios sociales porque considera que pueden quedar estigmatizadas. Muchas creen que el maltrato es puntual o que la relación es normal porque no conocen otra cosa».

Por estas razones, Pulido cree que los médicos pueden ser importante aliados. «Nuestro objetivo es llegar a todas las mujeres sea donde sea y el centro de salud puede ser un referente para ellas».

El IMEX ya ha buscado la coordinación y colaboración en muchos ámbitos como la educación o los profesionales del derecho. De hecho, una de las ambiciones de futuro es que la violencia de género se incluya en los planes de estudios de las universidades.

Por el momento, María José Pulido cree que la formación de los sanitarios es un paso fundamental. Hay cinco Casas de la Mujer en la provincia de Badajoz y en 2009 se coordinarán con numerosos centros de salud. Incluyendo la colaboración de los sanitarios de Atención Primaria, la responsable del IMEX cree que «cada vez estamos más cerca de cualquier mujer que nos necesite».

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Escasez de efectivos para proteger a las víctimas de malos tratos

LA POLICÍA DE EXTREMADURA RECLAMA MÁS RECURSOS

Llama la atención que con tanta sensibilidad como dicen mostrar el Ministerio del Interior como la Delegación de Extremadura con las víctimas de malos tratos, sólo haya catorce policías especializados en esta área para atender a las mujeres que sufren en la región violencia machista.

Al menos así lo denuncia la Confederación Española de Policía de Extremadura, CEP, que solicita tanto al Gobierno central, como a la delegada Extremeña, Carmen Pereira, como al jefe superior policial en la zona, que no escatimen esfuerzos y se comprometan a asignar un máximo de diez mujeres maltratadas por funcionario de policía, tal y como establece la legislación, para que puedan ser correctamente protegidas.

No es de extrañar que se quejen de estar desbordados porque según los datos oficiales que dan tanto el propio Gobierno central como la Administración de Justicia sólo en los primeros seis meses de 2008 las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección Contra Malos Tratos a la Mujer, UPAP, de las comisarías extremeñas, han recibido 438 nuevas órdenes de protección de mujeres maltratadas. O sea, que haciendo cuentas resulta que toca a 31,2 mujeres por policía, lejos de la ratio recomendada para garantizar una protección adecuada a quienes están expuestas a la violencia desatada de seres irracionales.

Por tanto, no son quejas gratuitas sino necesidades reales las que demanda este colectivo y muy serias, ya que en juego está la vida de mujeres que corren a diario un riesgo, el de perecer a manos de sus parejas, algo tan trágico que no debería permitir anteponer presupuestos ni números, más cuando a veces se demuestra que medios policiales, judiciales y sociales fracasan, por insuficientes, en el intento de erradicar una lacra social con más víctimas en su historia que el terrorismo de ETA.

Y a la petición de aumento de efectivos se añade la de sumar medios materiales como son más vehículos exclusivos para que se dote a esta unidades especiales de medios de transporte con el fin de facilitar la tarea a los policías encargados de hacer el seguimiento diario a las víctimas o acampañarlas a cualquier requerimiento judicial o policial, sin depender de que haya vehículos policiales disponibles de otras brigadas.

No basta con buenas palabras, ni con campañas publicitarias de sensibilización social, sino que hacen falta más medios reales para acabar con la violencia de género, porque las mujeres sin protección son blanco fácil de sus agresores. Y si la propia policía reclama más dotación humana y material es porque la necesidad es imperiosa. Ojalá esta petición no caiga en saco rato y en los próximos meses se vea compensada con más efectivos y vehículos en Extremadura. Cuando hay vidas en juego no se puede escatimar en recursos.

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El Instituto de la Mujer ha cumplido 25 años de lucha en favor de la igualdad

La violencia de género es, hoy como en 1983, el principal problema planteado

El Instituto de la Mujer ha cumplido 25 años de lucha en favor de la igualdad

Rosa María Peris, actual directora, cree que el Instituto seguirá siendo necesario. / EFE
Motor de cambio, abanderado de la igualdad, ariete contra la discriminación femenina cualquiera de estas muletillas le cuadra al Instituto de la Mujer después de 25 años como emblema institucional de la carrera en pos de la paridad real entre hombres y mujeres en España. La creación en abril pasado del Ministerio de la Igualdad le ha arrebatado el estandarte pero no el objetivo que es, como en 1983, cerrar la brecha de género. Durante el último trimestre de 2008 el Instituto de la Mujer ha celebrado sus bodas de plata. Tiempo de homenajes a las nueve mujeres que han regido el organismo durante cinco lustros, tiempo también de balance y de prospección futura. La historia sigue abierta.

En el Instituto de la Mujer los caminos de la memoria conducen a Carlota Bustelo, su primera responsable (1983-1988). Curtida en el feminismo militante, Bustelo puso los cimientos en tiempos difíciles. «El hecho de depender del ministerio de Cultura no ayudaba mucho porque no era ni el de Trabajo, ni el de Salud, ni el de Justicia había que hacer leyes, referirse a temas como la planificación familiar, el aborto, había que regular muchos aspectos del empleo y así era complicado», rememora.

La lista de tareas del Instituto se abría, entonces y hoy, con una prioridad absoluta, la violencia de género. En 1983 ni siquiera había estadísticas sobre el fenómeno. Ahora hay una ley integral que no ha frenado la sangría de asesinatos machistas pero sí ha movilizado a todos los poderes del Estado en la protección a las víctimas y la persecución de los maltratadores. Y, sobre todo, ha galvanizado a todo el cuerpo social.

Cifras

El respaldo de la estadística no bastó para sacar adelante todas las propuestas del Instituto en los 80 e incluso los 90. El primer Plan de Igualdad (1989-91) dinamitó los vetos legales que prohibían a las mujeres el acceso a determinados trabajos y el ingreso en las Fuerzas Armadas, pero otras encallaron antes de llegar al Consejo de Ministros. «Una de las cosas que no salió fue el cambio de la legislación para impago de pensiones de alimentos en los casos de separación o divorcio. Nosotras pedíamos que hubiera un fondo para adelantar en caso de impagos y que se persiguiera por ley a los maridos que no pagaban. El entonces ministro de Justicia, Enrique Múgica, nos miraba como diciendo 'pero qué cosas pedís tan absurdas», señala Martínez Ten. La creación de dicho fondo se aprobó en diciembre de 2007, casi dos décadas después.

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