El Código Penal español distingue dos formas de homicidio intencional: el homicidio doloso, que consiste sin más en dar muerte a otra persona voluntariamente, y otra conocida como asesinato, en la que matar es especialmente grave: es el delito que marca el techo de gravedad del ordenamiento penal. Las circunstancias que convierten el homicidio en asesinato son tres: que el autor actuara con el propósito de hacer sufrir de modo cruel a su víctima y lo consiguiera (ensañamiento); que lo hiciera por dinero, mezclando la vida humana en una transacción económica (precio, recompensa o promesa), o que actuara con "alevosía".
Para que haya alevosía, es necesario que el agresor se aproveche, objetiva y subjetivamente, en la realidad de los hechos y en su intención, de una situación de especial debilidad de la víctima: el asesino juega con ventaja. Esta regulación hunde sus raíces en el derecho germánico, cuando matar a otro en "buena lid" era algo muy distinto (no necesariamente delictivo) que matar a alguien de modo cobarde. Trasladada a nuestra sociedad (por muy discutible que sea que permanezca en el Código), la alevosía es un abuso de... Seguir leyendo
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3 de febrero de 2010
18 de mayo de 2009
El PP pide que la Ley de Violencia de Género reconozca los malos tratos en las parejas homosexuales
El PP-A pedirá en el Parlamento andaluz instar al Gobierno central a reconocer en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género la realidad de los malos tratos en las parejas homosexuales, ampliando así su objeto de regulación con el fin de que las víctimas puedan acceder en condiciones de igualdad y sin discriminación a todos los derechos y coberturas que la ley prevé.
En una proposición no de ley, el PP-A también reclama al Ejecutivo andaluz que se amplíe el objeto de la Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, aprobada en el Parlamento de Andalucía, para que en caso de malos tratos y violencia entre parejas homosexuales las víctimas puedan acceder en condiciones de igualdad y sin discriminación a los derechos y coberturas de esta ley, independientemente de que víctima y agresor sean del mismo sexo.
En la exposición de motivos de la iniciativa, el PP-A recuerda que la Constitución española establece, en su artículo 14, que «todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». En este sentido, el PP-A destaca que esta Ley «contraviene los preceptos anteriormente mencionados, excluyendo de su amparo a toda víctima que no sea mujer y su agresor no sea hombre».
Tres mil consultas
Por otro lado, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) dio a conocer ayer que atendió un total de 2.938 consultas en la Comunidad relacionadas con asuntos de violencia de género durante el primer trimestre del año. Además, mediante su mecanismo de ayuda, el teléfono 900 200 999, dio cobertura a otras 2.716 consultas por violencia machista. A nivel general, el IAM ha atendido más de 21.000 consultas de mujeres, 7.400 a través del teléfono de ayuda y 13.700 mediante su servicio de información.
Por provincias, Sevilla, con 799 consultas, fue donde más mujeres acudieron por asuntos relacionados con malos tratos, le siguen Jaén y Málaga, cada una 387 consultas, todas ellas en el servicio de información.
En el teléfono 900 de ayuda hubo 774 consultas por violencia machista en Sevilla, 607 en Málaga, 306 en Granada, 280 en Cádiz, 200 en Jaén, 195 en Almería, 179 en Córdoba y 175 en Huelva.
Diariosur
20 de abril de 2009
El Juzgado de Violencia de Género, sin despacho para reconocimiento forense
Desde que comenzó a funcionar hace tres meses, ya han pasado por esta sede unos 140 asuntos
Lleva poco tiempo funcionando, pero el Juzgado de Violencia de Género en Cádiz que preside Carmen Fornell ya tiene carencias. La principal es la ausencia de un despacho para que el forense pueda realizar el reconocimiento con total discreción para la mujer que llega con un parte de lesiones.
Así, se da la circunstancia, como explicó Fornell, de que en caso de que alguna mujer llegue a la sede judicial para que le realicen un reconocimiento (para el que el forense se tiene que desplazar), tienen que alojarse en algún despacho que quede libre, ya sea el del fiscal o bien el de informática.
Otra de las quejas que llegan desde Violencia de Género es que muchos procedimientos judiciales han de ser revisados por parte de la Unidad de Valoración Integral de Género (UVIG), compuesta habitualmente por un médico forense y un psicólogo, como mínimo. Esta unidad funciona para toda la provincia y, en principio, el Juzgado de Violencia de Género tiene preferencia a la hora de realizar estas valoraciones. Pues bien, como explicó Carmen Fornell, hay casos en este juzgado gaditano de mujeres que han llegado con denuncia en el mes de febrero y esta unidad les ha dado cita para octubre. "Hay diligencias previas pendientes de la UVIG y eso retrasa los procedimientos", añadió.
Otro dato llamativo sobre el que incidió Fornell es que en la inmensa mayoría de los casos, el denunciado no se conforma con la sentencia en diligencias urgentes, al contrario de lo que ocurre en los juzgados de instrucción. En Violencia de Género, prefieren recurrir a lo Penal y así ganar tiempo y confiar en su absolución.
Desde que comenzó a funcionar este juzgado, se han tramitado ya alrededor de 140 asuntos, contando la diferente tipología de delitos. La inmensa mayoría de estos casos se reparten entre lesiones y amenazas. Casi todas son presentadas por familiares pero, cada vez más, la víctima mantiene su denuncia en lugar de rehusar.
F. Rufo
www.diariodecadiz.es
Lleva poco tiempo funcionando, pero el Juzgado de Violencia de Género en Cádiz que preside Carmen Fornell ya tiene carencias. La principal es la ausencia de un despacho para que el forense pueda realizar el reconocimiento con total discreción para la mujer que llega con un parte de lesiones.
Así, se da la circunstancia, como explicó Fornell, de que en caso de que alguna mujer llegue a la sede judicial para que le realicen un reconocimiento (para el que el forense se tiene que desplazar), tienen que alojarse en algún despacho que quede libre, ya sea el del fiscal o bien el de informática.
Otra de las quejas que llegan desde Violencia de Género es que muchos procedimientos judiciales han de ser revisados por parte de la Unidad de Valoración Integral de Género (UVIG), compuesta habitualmente por un médico forense y un psicólogo, como mínimo. Esta unidad funciona para toda la provincia y, en principio, el Juzgado de Violencia de Género tiene preferencia a la hora de realizar estas valoraciones. Pues bien, como explicó Carmen Fornell, hay casos en este juzgado gaditano de mujeres que han llegado con denuncia en el mes de febrero y esta unidad les ha dado cita para octubre. "Hay diligencias previas pendientes de la UVIG y eso retrasa los procedimientos", añadió.
Otro dato llamativo sobre el que incidió Fornell es que en la inmensa mayoría de los casos, el denunciado no se conforma con la sentencia en diligencias urgentes, al contrario de lo que ocurre en los juzgados de instrucción. En Violencia de Género, prefieren recurrir a lo Penal y así ganar tiempo y confiar en su absolución.
Desde que comenzó a funcionar este juzgado, se han tramitado ya alrededor de 140 asuntos, contando la diferente tipología de delitos. La inmensa mayoría de estos casos se reparten entre lesiones y amenazas. Casi todas son presentadas por familiares pero, cada vez más, la víctima mantiene su denuncia en lugar de rehusar.
F. Rufo
www.diariodecadiz.es
4 de abril de 2009
las mujeres sordas también quieren llamar al "016"
Se quejan de que este servicio aún no está adaptado para las personas con discapacidad auditiva
Las mujeres sordas quieren salir de la "invisibilidad" y que se las tenga en cuenta en el diseño de iniciativas como el "016", el teléfono de asistencia a víctimas de la violencia de género del Gobierno que, más de un año después de su puesta en marcha, sigue sin estar "adaptado" para el colectivo.
En una entrevista concedida a Servimedia, la coordinadora de la Comisión de Mujer de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), Carmen Cerezales, se quejó de que la mujer sorda parece ser "invisible" en el diseño de las políticas de la discapacidad.
"Nos meten a todos en el mismo saco. No se sabe qué nos afecta, somos invisibles", señaló Cerezales, que trabaja por los derechos de la mujer sorda desde hace más de una década.
El teléfono "016", por ejemplo, "no está adaptado". "Para las personas con discapacidad auditiva hay un número '900' específico, bastante largo y difícil de recordar pero, ¿cómo va a coger una persona sorda un teléfono normal?", se preguntó Cerezales.
Hace alrededor de un mes, la CNSE mantuvo una reunión con el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, quien propuso crear un convenio de colaboración para facilitar el acceso de estas mujeres a los recursos y servicios de información y asistencia a las víctimas de esta lacra.
La responsable de la Comisión de la Mujer de la CNSE "lo ve factible". "Nos dio la sensación de que estaba concienciado", añadió.
La CNSE pedirá que se eliminen las "barreras" de comunicación y que se adapten las campañas institucionales de sensibilización, incluyendo la lengua de signos en ellas y garantizando "que el subtitulado sea bueno".
(SERVIMEDIA)
8 de marzo de 2009
Las mujeres exigen «más esfuerzos» para atajar la inseguridad en las calles de Bilbao
El Ayuntamiento ha gastado tresmillones en mejorar la iluminación y este año invertirá otros cinco
Dos caras de un problema: sus víctimas y quienes tienen en su mano la mayoría de las herramientas para corregirlo. El problema del que hablamos es que las mujeres no puedan transitar de noche por determinadas zonas de Bilbao por temor a ser atacadas y a quien éstas reclaman que ponga en marcha todos sus mecanismos para paliar esta realidad es al Ayuntamiento, responsable de cualquier intervención urbanística y de algunas otras menos tangibles, más sociales y educativas.
Hace más de un año, un informe del Departamento de Mujer del Instituto de Promoción de Estudios Sociales puso la lupa sobre más de una treintena de puntos negros escondidos por todos los barrios de la villa, peligrosos para las mujeres. Para dibujar este mapa, veinte asociaciones, tanto vecinales como feministas, peinaron la ciudad al anochecer y analizaron la iluminación de cada zona, la visibilidad, la señalización para, en caso de ser agredida, identificar rápidamente el lugar y la posibilidad de conseguir ayuda, entre otros.
Un año después, el Ayuntamiento ha intervenido en más de la mitad de los 32 puntos sobre los que advirtió el informe. Ha eliminado muros, ha renovado zonas degradadas y en la mayoría de los casos ha aumentado y mejorado la iluminación. Dedicó tres millones de euros en 2008 a este capítulo y a lo largo de este año gastará otros 5. De hecho, en la concejalía de Obras y Servicios declaran la labor de corregir lugares inseguros como una prioridad.
Sin embargo, las asociaciones feministas afirman que el trabajo realizado está aún muy lejos de ser suficiente. Defienden que la villa sigue plagada de puntos críticos -algo a lo que no ayuda la propia fisionomía de la ciudad-, dudan de que el Ayuntamiento haya interiorizado la cuestión a la hora de construir los nuevos ensanches, donde puede partir de cero y diseñar lugares seguros, y sobre todo, preguntan qué porcentaje del presupuesto municipal se destina a programas sociales y educativos que hagan calar entre sus vecinos una conciencia de igualdad y no violencia hacia las mujeres.
«El mapa de la ciudad prohibida pretendía promover el debate de por qué seguimos andando por ahí con miedo. Y esto no es sólo una cuestión urbanística. Que digan cuánto gastan en prevenir la violencia hacia las mujeres», cuestiona Maitena Monroy, representante del Movimiento Feminista de Bilbao. «No nos podemos quedar en lo sintomático, en saber que hay espacios limitados para nosotras. El problema es la violencia sexista y debemos exigir a las instituciones esfuerzos en educación y valores. Mientras que no cambiemos eso no eliminaremos la desigualdad», insiste.
Estructura compleja
Las asociaciones comparten que la estructura de la villa es compleja, pero no encuentran excusa «para casos como el de Miribilla, un barrio nuevo en cuya construcción no han tenido en cuenta en ningún momento la seguridad de las mujeres», censura Monroy. Este nuevo ensanche de la villa, que no aparecía en el mapa de enclaves peligrosos, está ahora en el punto de mira de las asociaciones y el Ayuntamiento ha tomado nota. Desde el área de Obras y Servicios reconocen que en el boulevar Jardines de Gernika «hay una especie de laberinto en el que ha habido más de un susto. Los vecinos nos lo advirtieron y lo vamos a modificar».
¿Y qué hay de aquellos 32 puntos que pusieron en la palestra hace un año? «Probablemente, han tomado medidas, pero son insuficientes», subraya Monroy. Proponen darse una vuelta «por Ollerías, un ejemplo de barrio peligrosos para las mujeres, o por el espacio de ocio de la discoteca Fever en Bolueta, y también por La Peña, por sus problemas de comunicación». A juicio del Movimiento Feminista, éstos son algunos de los lugares de más riesgo, «pero si le preguntas a una mujer de cualquier barrio de Bilbao seguro que te dice dos o tres sitios». A ellos, la asociación Clara Campoamor añade otros dos: «la campa de Basarrate junto a la salida del metro y las dos escaleras de Iturribide», señala su presidenta, Blanca Estrella Ruiz. «Llevamos años pidiendo medidas de seguridad: más cámaras disuasorias, más patrullas policiales preventivas, iluminación. ¡Nunca hemos obtenido respuesta!», dice. «Las mujeres tenemos derecho a divertirnos y a salir de noche. Hay que poner todas las medidas para garantizar nuestra integridad física. Y si lo que han hecho no es suficiente, tendrán que poner más. Es una asignatura pendiente que nunca se aprueba», concluye.
ESTIBALIZ SANTAMARÍA
www.elcorreodigital.com
Dos caras de un problema: sus víctimas y quienes tienen en su mano la mayoría de las herramientas para corregirlo. El problema del que hablamos es que las mujeres no puedan transitar de noche por determinadas zonas de Bilbao por temor a ser atacadas y a quien éstas reclaman que ponga en marcha todos sus mecanismos para paliar esta realidad es al Ayuntamiento, responsable de cualquier intervención urbanística y de algunas otras menos tangibles, más sociales y educativas.
Hace más de un año, un informe del Departamento de Mujer del Instituto de Promoción de Estudios Sociales puso la lupa sobre más de una treintena de puntos negros escondidos por todos los barrios de la villa, peligrosos para las mujeres. Para dibujar este mapa, veinte asociaciones, tanto vecinales como feministas, peinaron la ciudad al anochecer y analizaron la iluminación de cada zona, la visibilidad, la señalización para, en caso de ser agredida, identificar rápidamente el lugar y la posibilidad de conseguir ayuda, entre otros.
Un año después, el Ayuntamiento ha intervenido en más de la mitad de los 32 puntos sobre los que advirtió el informe. Ha eliminado muros, ha renovado zonas degradadas y en la mayoría de los casos ha aumentado y mejorado la iluminación. Dedicó tres millones de euros en 2008 a este capítulo y a lo largo de este año gastará otros 5. De hecho, en la concejalía de Obras y Servicios declaran la labor de corregir lugares inseguros como una prioridad.
Sin embargo, las asociaciones feministas afirman que el trabajo realizado está aún muy lejos de ser suficiente. Defienden que la villa sigue plagada de puntos críticos -algo a lo que no ayuda la propia fisionomía de la ciudad-, dudan de que el Ayuntamiento haya interiorizado la cuestión a la hora de construir los nuevos ensanches, donde puede partir de cero y diseñar lugares seguros, y sobre todo, preguntan qué porcentaje del presupuesto municipal se destina a programas sociales y educativos que hagan calar entre sus vecinos una conciencia de igualdad y no violencia hacia las mujeres.
«El mapa de la ciudad prohibida pretendía promover el debate de por qué seguimos andando por ahí con miedo. Y esto no es sólo una cuestión urbanística. Que digan cuánto gastan en prevenir la violencia hacia las mujeres», cuestiona Maitena Monroy, representante del Movimiento Feminista de Bilbao. «No nos podemos quedar en lo sintomático, en saber que hay espacios limitados para nosotras. El problema es la violencia sexista y debemos exigir a las instituciones esfuerzos en educación y valores. Mientras que no cambiemos eso no eliminaremos la desigualdad», insiste.
Estructura compleja
Las asociaciones comparten que la estructura de la villa es compleja, pero no encuentran excusa «para casos como el de Miribilla, un barrio nuevo en cuya construcción no han tenido en cuenta en ningún momento la seguridad de las mujeres», censura Monroy. Este nuevo ensanche de la villa, que no aparecía en el mapa de enclaves peligrosos, está ahora en el punto de mira de las asociaciones y el Ayuntamiento ha tomado nota. Desde el área de Obras y Servicios reconocen que en el boulevar Jardines de Gernika «hay una especie de laberinto en el que ha habido más de un susto. Los vecinos nos lo advirtieron y lo vamos a modificar».
¿Y qué hay de aquellos 32 puntos que pusieron en la palestra hace un año? «Probablemente, han tomado medidas, pero son insuficientes», subraya Monroy. Proponen darse una vuelta «por Ollerías, un ejemplo de barrio peligrosos para las mujeres, o por el espacio de ocio de la discoteca Fever en Bolueta, y también por La Peña, por sus problemas de comunicación». A juicio del Movimiento Feminista, éstos son algunos de los lugares de más riesgo, «pero si le preguntas a una mujer de cualquier barrio de Bilbao seguro que te dice dos o tres sitios». A ellos, la asociación Clara Campoamor añade otros dos: «la campa de Basarrate junto a la salida del metro y las dos escaleras de Iturribide», señala su presidenta, Blanca Estrella Ruiz. «Llevamos años pidiendo medidas de seguridad: más cámaras disuasorias, más patrullas policiales preventivas, iluminación. ¡Nunca hemos obtenido respuesta!», dice. «Las mujeres tenemos derecho a divertirnos y a salir de noche. Hay que poner todas las medidas para garantizar nuestra integridad física. Y si lo que han hecho no es suficiente, tendrán que poner más. Es una asignatura pendiente que nunca se aprueba», concluye.
ESTIBALIZ SANTAMARÍA
www.elcorreodigital.com
26 de febrero de 2009
Las víctimas de violencia de género tienen más riesgo de padecer exclusión social y desempleo
Un estudio subraya que el maltrato tiene un "impacto global" sobre la vida de las mujeres.
COLPISA. Barcelona
La violencia de género no sólo ocasiona problemas de seguridad o lesiones físicas y psicológicas a las víctimas. "Su efecto es global", afirma Mar Camarasa, autora de un informe que concluye que la población femenina que sufre la agresión machista tiene más riesgo de padecer exclusión social, precariedad económica y desempleo. "El impacto sobre la vida de las mujeres maltratadas es total", señala. El informe, financiado por la Unión Europea y realizado en España, Estonia, Italia y Finlandia, asegura que las políticas deben ir encaminadas a medir también el impacto laboral, económico y social de la violencia machista en las vidas de las mujeres. "Hasta ahora las acciones públicas se han centrado en aspectos como la salud o la atención penal, pero hay que ir más allá", añade Camarasa. "Con añadir algunas preguntas más a la Macroencuesta sobre violencia contra las mujeres que realiza el Instituto de la Mujer se facilitaría el conocimiento de la situación real, con cifras, en la que se encuentran muchas personas que padecen violencia machista, lo que permitiría tener una visión real del problema y ajustar las políticas públicas", mantiene. El estudio, presentado el miércoles en Barcelona, considera que la violencia de género provoca un sinfín de consecuencias socio-laborales a quien la padece, como ausencias del trabajo o baja laborales por los daños físicos y psicológicos, que muchas veces acaban en desempleo. "Las mujeres ya están en desigualdad en el mercado laboral, y las que sufren la violencia machista más aún", señala Fina Rubio, presidenta de la Fundación Surt, que es la entidad que ha coordinado el estudio. "Las políticas de empleo deberían contemplar medidas de sensibilización en las empresas, por la importancia que tiene para las mujeres maltratadas el mantenimiento de sus puestos de trabajo", añade. Además, esta investigación, elaborada en el marco del proyecto GVEI (Gender Violence Effects Indicators- Indicadores de los efectos de la violencia de género), señala que la violencia machista deja a las mujeres en situación de "exclusión social y de dependencia institucional". "Sin autonomía económica, muchas mujeres no dan el paso de denunciar a su pareja porque de lo contrario no pueden hacer frente a los gastos para ella y sus hijos", señala Rubio. Camarasa apunta que la mayoría de las mujeres maltratadas tiene trabajo e ingresos propios, aunque lo que suele ocurrir es que sus parejas les controlan el dinero. "Hacen falta políticas que garanticen las ayudas específicas a las mujeres que sufren la ira de sus parejas", propone Mar Camarasa. Y también "acciones públicas de vivienda", ya que el impacto de la violencia en este sentido "es enorme".
Estigma social
Los abandonos suelen ser forzados y la pérdida del domicilio habitual comporta afrontar la búsqueda de un nuevo espacio para la mujer y sus hijos e incluso los padres, con la dificultad añadida de asumir nuevos gastos de vivienda. En el plano social, las víctimas también sufren mucho, según el estudio. "La vergüenza y el estigma social aún están vigentes, lo que lleva a muchas mujeres al aislamiento e incluso a la exclusión", mantiene. Finalmente, la investigación detecta importantes obstáculos a la hora de acceder a los recursos legales para afrontar un proceso judicial. "¿Cómo denuncian a su pareja si las mujeres se sienten inseguras y avergonzadas por haber sido víctimas?", concluye el informe. Por eso, cree, "hacen falta mejoras en el ámbito jurídico, lo que aumentaría la motivación de las mujeres a la hora de iniciar un largo proceso que suele ser duro". Cada día, unas 400 mujeres en España denuncian actos de violencia machista, el primer paso para empezar a recuperar su vida.
http://www.heraldo.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idnoticia.40430/relcategoria.310
COLPISA. Barcelona
La violencia de género no sólo ocasiona problemas de seguridad o lesiones físicas y psicológicas a las víctimas. "Su efecto es global", afirma Mar Camarasa, autora de un informe que concluye que la población femenina que sufre la agresión machista tiene más riesgo de padecer exclusión social, precariedad económica y desempleo. "El impacto sobre la vida de las mujeres maltratadas es total", señala. El informe, financiado por la Unión Europea y realizado en España, Estonia, Italia y Finlandia, asegura que las políticas deben ir encaminadas a medir también el impacto laboral, económico y social de la violencia machista en las vidas de las mujeres. "Hasta ahora las acciones públicas se han centrado en aspectos como la salud o la atención penal, pero hay que ir más allá", añade Camarasa. "Con añadir algunas preguntas más a la Macroencuesta sobre violencia contra las mujeres que realiza el Instituto de la Mujer se facilitaría el conocimiento de la situación real, con cifras, en la que se encuentran muchas personas que padecen violencia machista, lo que permitiría tener una visión real del problema y ajustar las políticas públicas", mantiene. El estudio, presentado el miércoles en Barcelona, considera que la violencia de género provoca un sinfín de consecuencias socio-laborales a quien la padece, como ausencias del trabajo o baja laborales por los daños físicos y psicológicos, que muchas veces acaban en desempleo. "Las mujeres ya están en desigualdad en el mercado laboral, y las que sufren la violencia machista más aún", señala Fina Rubio, presidenta de la Fundación Surt, que es la entidad que ha coordinado el estudio. "Las políticas de empleo deberían contemplar medidas de sensibilización en las empresas, por la importancia que tiene para las mujeres maltratadas el mantenimiento de sus puestos de trabajo", añade. Además, esta investigación, elaborada en el marco del proyecto GVEI (Gender Violence Effects Indicators- Indicadores de los efectos de la violencia de género), señala que la violencia machista deja a las mujeres en situación de "exclusión social y de dependencia institucional". "Sin autonomía económica, muchas mujeres no dan el paso de denunciar a su pareja porque de lo contrario no pueden hacer frente a los gastos para ella y sus hijos", señala Rubio. Camarasa apunta que la mayoría de las mujeres maltratadas tiene trabajo e ingresos propios, aunque lo que suele ocurrir es que sus parejas les controlan el dinero. "Hacen falta políticas que garanticen las ayudas específicas a las mujeres que sufren la ira de sus parejas", propone Mar Camarasa. Y también "acciones públicas de vivienda", ya que el impacto de la violencia en este sentido "es enorme".
Estigma social
Los abandonos suelen ser forzados y la pérdida del domicilio habitual comporta afrontar la búsqueda de un nuevo espacio para la mujer y sus hijos e incluso los padres, con la dificultad añadida de asumir nuevos gastos de vivienda. En el plano social, las víctimas también sufren mucho, según el estudio. "La vergüenza y el estigma social aún están vigentes, lo que lleva a muchas mujeres al aislamiento e incluso a la exclusión", mantiene. Finalmente, la investigación detecta importantes obstáculos a la hora de acceder a los recursos legales para afrontar un proceso judicial. "¿Cómo denuncian a su pareja si las mujeres se sienten inseguras y avergonzadas por haber sido víctimas?", concluye el informe. Por eso, cree, "hacen falta mejoras en el ámbito jurídico, lo que aumentaría la motivación de las mujeres a la hora de iniciar un largo proceso que suele ser duro". Cada día, unas 400 mujeres en España denuncian actos de violencia machista, el primer paso para empezar a recuperar su vida.
http://www.heraldo.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idnoticia.40430/relcategoria.310
12 de febrero de 2009
Denuncian un recorte de plantilla en un Juzgado de Violencia Machista
Desvestir a un santo para vestir a otro. Eso es lo que pretende hacer, según fuentes sindicales, la Conselleria de Justicia en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer (JVM) número 2 de Alicante: detraer un funcionario de su plantilla para equipararla con la del JVM 1.
El asunto será abordado por la Administración en una reunión el próximo viernes. El JVM 1 se quedó hace poco con ocho funcionarios al cesar una interina. Su secretaria ha reclamado en infinidad de ocasiones la equiparación con el otro juzgado, que contaba con diez empleados. Según las fuentes consultadas por este diario, en lugar de contratar a más personal, Justicia quiere equilibrar las plantillas con el recorte de un funcionario en el JVM 2.
www.laverdad.es
El asunto será abordado por la Administración en una reunión el próximo viernes. El JVM 1 se quedó hace poco con ocho funcionarios al cesar una interina. Su secretaria ha reclamado en infinidad de ocasiones la equiparación con el otro juzgado, que contaba con diez empleados. Según las fuentes consultadas por este diario, en lugar de contratar a más personal, Justicia quiere equilibrar las plantillas con el recorte de un funcionario en el JVM 2.
www.laverdad.es
6 de febrero de 2009
Desaparece la Fiscalía de Violencia de Género
El portavoz adjunto PP, Luis Ángel Fernández, indicó ayer que la supresión por parte del Ministerio de Justicia de la Fiscalía del Juzgado de Violencia de Género en Algeciras «es una mala noticia» habida cuenta del triste protagonismo que siguen teniendo los casos de malos tratos en el ámbito familiar.
Esta decisión resulta del todo incomprensible, asegura el concejal popular, y es una prueba de que para el PSOE, que ha hecho de este asunto uno de sus principales ejes de su programa de gobierno, «este supuesto interés no es más que un gesto de cara a la galería».
Especialista
La eliminación de la Fiscalía se traduce en la supresión de un fiscal responsable y especializado en un tema tan delicado y de tanta sensibilidad social como es la Violencia Machista en el Ámbito Familiar.
El portavoz adjunto se refiere a que a partir de ahora los casos se presenten en este juzgado específico, «van a obligar a la rotación del resto de fiscales, que tendrán que cubrir estos asuntos».
De hecho, indica el letrado de profesión, «si ya existía una saturación en este juzgado con un fiscal específico debido al elevado número de asuntos que trata, esta decisión incomprensible va a provocar más retrasos en la toma de decisiones judiciales que por su naturaleza requieren de una gran urgencia».
Por ello espera que las altas instancias recapaciten y no supriman este servicio de las sedes judiciales algecireñas, para lo que también entiende necesaria la implicación de las instancias socialistas locales.
www.diariosur.es
Esta decisión resulta del todo incomprensible, asegura el concejal popular, y es una prueba de que para el PSOE, que ha hecho de este asunto uno de sus principales ejes de su programa de gobierno, «este supuesto interés no es más que un gesto de cara a la galería».
Especialista
La eliminación de la Fiscalía se traduce en la supresión de un fiscal responsable y especializado en un tema tan delicado y de tanta sensibilidad social como es la Violencia Machista en el Ámbito Familiar.
El portavoz adjunto se refiere a que a partir de ahora los casos se presenten en este juzgado específico, «van a obligar a la rotación del resto de fiscales, que tendrán que cubrir estos asuntos».
De hecho, indica el letrado de profesión, «si ya existía una saturación en este juzgado con un fiscal específico debido al elevado número de asuntos que trata, esta decisión incomprensible va a provocar más retrasos en la toma de decisiones judiciales que por su naturaleza requieren de una gran urgencia».
Por ello espera que las altas instancias recapaciten y no supriman este servicio de las sedes judiciales algecireñas, para lo que también entiende necesaria la implicación de las instancias socialistas locales.
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18 de diciembre de 2008
Varapalo del TSJA a la Junta por la gran escasez de plantilla en la Justicia
La consejera de Justicia y el presidente del TSJA (a la derecha) antes de la reunión de los vocales territoriales del CGPJ en GranadaUn estudio elaborado a instancias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) revela un enorme déficit de personal en el ámbito de su competencia.
En concreto, la Consejería de Justicia únicamente cuenta con un 70,8% de funcionarios titulares para atender la totalidad de puestos de trabajo correspondientes a la planta de los juzgados y tribunales.
En términos globales, según denunció ayer el pleno del alto tribunal autonómico, faltan por cubrir por sus titulares 1.719 plazas, cifra susceptible de incrementarse si se suma la carencia de plantilla de los juzgados de paz, de la fiscalía y de los institutos de medicina legal.
Para cubrir el déficit las delegaciones provinciales de justicia sólo han contratado a 1.178 funcionarios de la bolsa de interinos y fue preciso acudir también a la contratación de 399 trabajadores demandantes de empleo que, «con nula experiencia y sin preparación previa» se convirtieron «de pronto» en funcionarios especializados «al frente de un ingente volumen de expedientes, incapaces de tramitar e incluso de comprender».
El germen de los problemas
La falta de personal es, en opinión del TSJA, el germen de la mayoría de los problemas del funcionamiento de la Justicia en la comunidad autónoma, donde en teoría trabajan 5.898 funcionarios y en la práctica sólo 4.179, que son las plazas ocupadas por sus titulares en los 617 órganos judiciales andaluces, donde, además, faltan por cubrir 142 plazas.
Ni siquiera hay interinos
El Alto Tribunal destaca que la Administración autonómica andaluza —aunque el problema en general afecta a toda España— padece un muy alarmante déficit en la plantilla de funcionarios de Justicia e incluso un menos justificado déficit en su bolsa de funcionarios interinos, «con singular y grave incidencia en las provincias de mayor número de puestos de trabajo, como son, por este orden, Sevilla, Málaga y Cádiz».
El TSJA estima que la Administración autonómica andaluza ha sido en los últimos años, y sobre todo de manera generalizada a partir del año 2006, incapaz de dotar de plantilla apropiada cada uno de los juzgados de nueva constitución. En concreto 28 Juzgados -12 de ellos de Violencia sobre la mujer- como complemento a una planta que inicia su andadura tras la entrada en vigor de la Ley de Violencia Integral a medidas de 2005.
El Alto Tribunal andaluz prevé que el problema volverá a reproducirse en breve con la entrada en funcionamiento de 26 nuevos juzgados y una sección de Audiencia, correspondientes al incremento en la planta Judicial del año 2008.
JAVIER LÓPEZ
30 de noviembre de 2008
Malos tratos. el sindicato policial spp critica el abandono que sufre la unidad que debe proteger a las mujeres
El Sindicato Profesional de Policial (SPP) criticó hoy el abandono que, a juicio de esta organización, sufre la unidad cuyos agentes deben proteger a las mujeres que sufren la violencia doméstica.
José Ángel Fuentes Gago, presidente del SPP, valoraba así, en declaraciones a Servimedia, el caso del preso de Pontevedra que ha asesinado a su novia y herido a tres personas durante un permiso carcelario. Además, se da la circunstancia de que el recluso llevaba una pulsera de localización telemática que, al parecer, no funcionó.
A este respecto, Gago sostuvo que "la Policía está dejada de la mano de Dios" en lo que se refiere a la protección de las mujeres víctimas de maltrato.
Este representante del SPP aseguró que el Ministerio del Interior se ha negado a articular medidas para aumentar el número de agentes de la llamada Unidad de Prevención Asistencia y Protección (UPAP), que protege a las maltratadas, Según Gago, esto hace que haya "poquísimos" agentes destinados a proteger a maltratadas. Asimismo, este representante policial señaló que sería "lamentable" que la pulsera de control telemático no hubiera funcionado en este caso del preso de Pontevedra.
(SERVIMEDIA)
http://ecodiario.eleconomista.es
José Ángel Fuentes Gago, presidente del SPP, valoraba así, en declaraciones a Servimedia, el caso del preso de Pontevedra que ha asesinado a su novia y herido a tres personas durante un permiso carcelario. Además, se da la circunstancia de que el recluso llevaba una pulsera de localización telemática que, al parecer, no funcionó.
A este respecto, Gago sostuvo que "la Policía está dejada de la mano de Dios" en lo que se refiere a la protección de las mujeres víctimas de maltrato.
Este representante del SPP aseguró que el Ministerio del Interior se ha negado a articular medidas para aumentar el número de agentes de la llamada Unidad de Prevención Asistencia y Protección (UPAP), que protege a las maltratadas, Según Gago, esto hace que haya "poquísimos" agentes destinados a proteger a maltratadas. Asimismo, este representante policial señaló que sería "lamentable" que la pulsera de control telemático no hubiera funcionado en este caso del preso de Pontevedra.
(SERVIMEDIA)
http://ecodiario.eleconomista.es
26 de noviembre de 2008
El titular de un juzgado de violencia machista pide el traslado por sobrecarga de asuntos
El magistrado Eduardo López-Palop- LUIS SEVILLANOEduardo López-Palop -el juez de Madrid que se ocupa en exclusiva de que los maltratadores de mujeres cumplan sus condenas- ha pedido al Poder Judicial su traslado a otro órgano judicial. La sobrecarga de trabajo que registra su juzgado (a finales de septiembre, 6.500 sentencias pendientes de ejecución) resultan inasumibles para un solo juez y un juzgado. "Y más cuando en él se tramitan asuntos tan delicados como la violencia machista", afirman fuentes de los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid. López-Palop ha pedido destino en uno de los nuevos juzgados de instrucción que se van a crear en Madrid.
Este magistrado denunció hace casi un año la descomunal carga de trabajo que soportaba su juzgado, el número 2 de ejecutorias de Madrid. "Estoy sentado sobre un polvorín", declaró entonces a EL PAÍS. Su trabajo, en una materia tan delicada como la violencia machista, lo describió así: "Cuando llego a casa por la noche y las noticias hablan de algún hombre que ha matado a su esposa, se me encoge el estómago. Ya no puedo dormir esa noche pensando si será de los míos". Casi un año después, su juzgado no ha sido reforzado, a pesar de las peticiones de ayuda que él hizo y que el Juzgado Decano de Madrid trasladó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. El Poder Judicial y el Ministerio de Justicia indicaron entonces que se analizaría la situación del juzgado de López-Palop y de los otros tres juzgados de ejecutorias penales de Madrid, que también tenían problemas de sobrecarga, y que se tomarían medidas.
López-Palop denunció entonces que tenía unas 7.000 sentencias pendientes de ejecución. Ahora, casi un año después, ha reducido las sentencias pendientes en más de 500. Tras la denuncia de López-Palop, se creó un quinto juzgado de ejecutorias penales para Madrid. Durante meses, el nuevo juzgado recibió todas las sentencias para ejecución que iban enviando los otros juzgados penales. Pero esa medida ha sido insuficiente. De hecho, los otros cuatro juzgados de ejecutorias tienen ahora acumuladas entre 7.000 y 8.000 sentencias pendientes de ejecución cada uno. Están invadidos de nuevos casos fruto de las leyes que castigan delitos relacionados con el tráfico y las alcoholemias. "Este Gobierno no ha parado de penalizar asuntos que antes eran de la esfera administrativa. Colapsa de trabajo a los juzgados, pero se olvida dotarlos de medios", protestaban ayer fuentes judiciales de la plaza de Castilla.
J. A. HERNÁNDEZ
13 de noviembre de 2008
El CGPJ pide al Gobierno que ayude a la juez con 609 casos de maltrato
Solicita un magistrado de apoyo mientras se crea un juzgado sólo para violencia
El apoyo que le negaron sus colegas se lo pueden dar el Poder Judicial y el Gobierno. El Observatorio de la Violencia de Género de los jueces ha solicitado al Ejecutivo que tome urgentemente medidas de apoyo para el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrejón de Ardoz (Madrid), el mismo que no logró evitar la muerte a tiros de la argentina Sylvina Bassani el pasado 10 de abril en Alovera, a pesar de que ésta había avisado repetidamente de que su asesino la rondaba, vulnerando su orden de protección. Su titular, Gemma Poveda, reclamó el pasado 16 de abril al resto de jueces de esa localidad que la liberaran de parte de sus casos civiles y penales para concentrarse en los 609 casos de maltrato machista que atascan su juzgado, pero sus compañeros se negaron.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el órgano que debía estudiar y, en su caso corregir, la decisión de los jueces de Torrejón de no prestar auxilio a su compañera, confirmó el acuerdo de éstos, aunque, al mismo tiempo, solicitó la creación de un nuevo juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer. El que dirige Poveda es de los denominados "compatibles", aquellos juzgados que, a sus competencias civiles y penales, sumaron las de violencia cuando en 2005 entró en vigor la Ley Integral.
Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial reflejan, sin embargo, que el juzgado de Poveda supera ampliamente en casos de maltrato a varios exclusivos que sólo se dedican a esa materia (sin tener que cargar con otros casos civiles y penales). Por esa razón, la presidenta del Observatorio contra la Violencia del Consejo, la vocal progresista Inmaculada Montalbán, ha solicitado de manera informal a Justicia -la competente para crear nuevos juzgados- que se dote de manera inmediata a ese órgano con un juez de apoyo que auxilie a Poveda con el atasco de casos. El ministerio, según fuentes del CGPJ se ha mostrado dispuesto a solucionar el problema lo antes posible. El Observatorio, como el TSJM, considera, además, que Torrejón debe contar con un juzgado exclusivo de violencia y así lo ha hecho saber al Gobierno, que se ha comprometido a estudiarlo.
Gemma Poveda es la segunda titular del Juzgado de Violencia de Torrejón que reclama ayuda a sus compañeros sin éxito. Su antecesora en el puesto, Gemma Susana Fernández, también pidió auxilio a sus colegas nueve meses antes del asesinato machista de Sylvina. Fernández explicó que, tras asumir las competencias de Violencia en 2005, todos los funcionarios del órgano pidieron el traslado. Sólo en 2006 registró 2.800 casos penales.
MANUEL ALTOZANO
www.elpais.com
El apoyo que le negaron sus colegas se lo pueden dar el Poder Judicial y el Gobierno. El Observatorio de la Violencia de Género de los jueces ha solicitado al Ejecutivo que tome urgentemente medidas de apoyo para el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrejón de Ardoz (Madrid), el mismo que no logró evitar la muerte a tiros de la argentina Sylvina Bassani el pasado 10 de abril en Alovera, a pesar de que ésta había avisado repetidamente de que su asesino la rondaba, vulnerando su orden de protección. Su titular, Gemma Poveda, reclamó el pasado 16 de abril al resto de jueces de esa localidad que la liberaran de parte de sus casos civiles y penales para concentrarse en los 609 casos de maltrato machista que atascan su juzgado, pero sus compañeros se negaron.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el órgano que debía estudiar y, en su caso corregir, la decisión de los jueces de Torrejón de no prestar auxilio a su compañera, confirmó el acuerdo de éstos, aunque, al mismo tiempo, solicitó la creación de un nuevo juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer. El que dirige Poveda es de los denominados "compatibles", aquellos juzgados que, a sus competencias civiles y penales, sumaron las de violencia cuando en 2005 entró en vigor la Ley Integral.
Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial reflejan, sin embargo, que el juzgado de Poveda supera ampliamente en casos de maltrato a varios exclusivos que sólo se dedican a esa materia (sin tener que cargar con otros casos civiles y penales). Por esa razón, la presidenta del Observatorio contra la Violencia del Consejo, la vocal progresista Inmaculada Montalbán, ha solicitado de manera informal a Justicia -la competente para crear nuevos juzgados- que se dote de manera inmediata a ese órgano con un juez de apoyo que auxilie a Poveda con el atasco de casos. El ministerio, según fuentes del CGPJ se ha mostrado dispuesto a solucionar el problema lo antes posible. El Observatorio, como el TSJM, considera, además, que Torrejón debe contar con un juzgado exclusivo de violencia y así lo ha hecho saber al Gobierno, que se ha comprometido a estudiarlo.
Gemma Poveda es la segunda titular del Juzgado de Violencia de Torrejón que reclama ayuda a sus compañeros sin éxito. Su antecesora en el puesto, Gemma Susana Fernández, también pidió auxilio a sus colegas nueve meses antes del asesinato machista de Sylvina. Fernández explicó que, tras asumir las competencias de Violencia en 2005, todos los funcionarios del órgano pidieron el traslado. Sólo en 2006 registró 2.800 casos penales.
MANUEL ALTOZANO
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11 de noviembre de 2008
Una juez desbordada por 600 casos de maltrato pide auxilio sin éxito
Es la segunda vez que niegan auxilio a una compañera.
Seis jueces de Torrejón de Ardoz (Madrid) han vuelto a negarse a ayudar a Gemma Poveda, titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer de esa localidad, a pesar de que el órgano que dirige tiene en sus archivos 609 casos de maltrato machista vivos.
La negativa se produce siete meses después de que, ese juzgado, completamente atascado, no llegara a conceder la protección solicitada por la argentina Sylvina Bassani, asesinada en Alovera (Guadalajara) por su ex marido, un sargento del Ejército, en abril.
Nueve meses antes de esa muerte, la anterior titular del juzgado ya pidió a sus compañeros que la relevaran de algunos asuntos ante la enorme sobrecarga de trabajo. La respuesta fue igualmente negativa.
En la junta de jueces de Torrejón (órgano que reúne a los siete magistrados del partido judicial) celebrada el pasado 16 de octubre, Gemma Poveda planteó a sus compañeros la necesidad de que la eximieran de determinados asuntos para poder centrarse en los de maltrato familiar que su juzgado, el número 5 de la localidad, tiene asignados en exclusividad.
Ese órgano es uno de los 375 juzgados de violencia sobre la mujer denominados "compatibles", es decir, que suman los casos de violencia machista a los asuntos generales civiles y penales de un juzgado de Primera Instancia e Instrucción.
Con el fin de aliviar su sobrecarga de trabajo, que según la juez, tuvo mucho que ver con que no se adoptaran las medidas suficientes para evitar el asesinato machista de la argentina, Poveda solicitó de sus compañeros que la eximieran de todos los asuntos penales que no fueran de maltrato y de gran parte de los casos civiles.
También solicitó que se la liberara de algunos casos con detenidos por supuesto maltrato un día a la semana y que, cuando, por cualquier razón, estuviera de baja y no se hubiera nombrado un juez sustituto, fuera el magistrado que estuviera de guardia el que ejerciera sus funciones.
La anterior titular del juzgado, Gemma Susana Fernández Díaz, pidió también ayuda a la junta de jueces a finales de 2007. Pintó un panorama desolador. Los funcionarios habían pedido el traslado ante la asunción por el órgano de las competencias de violencia y el exceso de trabajo que se avecinaba.
Sólo en 2006, el juzgado registró unos 2.800 casos penales, de los que 200 tenían que ver con el maltrato machista. "Sufrimos la tensión diaria de estar en funcionamiento de guardia hasta las 13.30 debido a la necesidad de atender casi a diario detenidos y solicitudes de órdenes de protección", afirmó la magistrada.
Pero, al igual que entonces, sus compañeros han vuelto a rechazar mayoritariamente las peticiones. Y lo hicieron, básicamente, argumentando que el trabajo del que ella fuera liberada iría a parar a sus respectivos órganos.
La titular del juzgado número 1, por ejemplo, aseguró que la tramitación de los casos de violencia y de las órdenes de protección que conllevan "es mucho menos compleja que la de otras diligencias penales" y sugirió a su colega que "pidiera funcionarios de refuerzo" si su juzgado no podía con el volumen de casos. Lo mismo propuso la titular del juzgado 3.
Otra de las jueces, la número 2, alegó que ya se había eximido a Poveda de algunos de los casos civiles y que esa exención "ya era muy amplia". Aseguró, además, que el juzgado de Violencia sobre la Mujer tenía "el privilegio" de que el fiscal acudiera preferentemente a ese órgano.
La magistrada del número 7, por su parte, se opuso a que se liberara a su compañera de gran parte de los casos civiles porque "supondría un perjuicio para el resto de juzgados por la elevada carga de trabajo que padecen". "La tramitación de juicios ordinarios es cada vez más complicada", afirmó la juez del número 6. "El volumen es elevadísimo y se producirá un incremento por la crisis económica", añadió el compañero del número 3.
Sobre la posibilidad de que se la liberara de los detenidos por casos de maltrato sólo una vez a la semana -los presos, que se atienden casi a diario, es una de los factores que hacen que los juzgados de Violencia estén permanentemente en una situación similar a la guardia-, el resto de los jueces se negaron en redondo. La propuesta "es contraria a la legalidad, contraria al régimen actual de sustituciones y susceptible de crear un grave perjuicio al ciudadano", afirmó la titular del juzgado 7.
Al final, la juez logró únicamente que se la liberara de los asuntos penales. De todos excepto los relativos a accidentes de tráfico, una exención que, según vaticinó durante la reunión, "no surtirá efecto alguno en cuanto a la minoración de la carga de trabajo" que padece. "La violencia de género no es tan sencilla como se pretende", añadió. Y anunció que, entre sus 609 casos vivos de maltrato, seis investigaban delitos castigados con penas de más de nueve años de prisión.
Fuentes del Consejo General del Poder Judicial aseguran que de los siete juzgados de Torrejón, el de Poveda es el más atascado, superando ampliamente el número de casos que le corresponderían al año, según los baremos del órgano de gobierno de los jueces.
El Observatorio sobre la Violencia Doméstica y de Género del Consejo ya advirtió tras la muerte de Sylvina al Tribunal Superior de Justicia de Madrid del colapso en que se encontraba el juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrejón para que, desde su Sala de Gobierno, se modificaran las normas de reparto con el fin de liberar a su titular del atasco de casos.
MANUEL ALTOZANO
http://www.elpais.com/
Seis jueces de Torrejón de Ardoz (Madrid) han vuelto a negarse a ayudar a Gemma Poveda, titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer de esa localidad, a pesar de que el órgano que dirige tiene en sus archivos 609 casos de maltrato machista vivos.
La negativa se produce siete meses después de que, ese juzgado, completamente atascado, no llegara a conceder la protección solicitada por la argentina Sylvina Bassani, asesinada en Alovera (Guadalajara) por su ex marido, un sargento del Ejército, en abril.
Nueve meses antes de esa muerte, la anterior titular del juzgado ya pidió a sus compañeros que la relevaran de algunos asuntos ante la enorme sobrecarga de trabajo. La respuesta fue igualmente negativa.
En la junta de jueces de Torrejón (órgano que reúne a los siete magistrados del partido judicial) celebrada el pasado 16 de octubre, Gemma Poveda planteó a sus compañeros la necesidad de que la eximieran de determinados asuntos para poder centrarse en los de maltrato familiar que su juzgado, el número 5 de la localidad, tiene asignados en exclusividad.
Ese órgano es uno de los 375 juzgados de violencia sobre la mujer denominados "compatibles", es decir, que suman los casos de violencia machista a los asuntos generales civiles y penales de un juzgado de Primera Instancia e Instrucción.
Con el fin de aliviar su sobrecarga de trabajo, que según la juez, tuvo mucho que ver con que no se adoptaran las medidas suficientes para evitar el asesinato machista de la argentina, Poveda solicitó de sus compañeros que la eximieran de todos los asuntos penales que no fueran de maltrato y de gran parte de los casos civiles.
También solicitó que se la liberara de algunos casos con detenidos por supuesto maltrato un día a la semana y que, cuando, por cualquier razón, estuviera de baja y no se hubiera nombrado un juez sustituto, fuera el magistrado que estuviera de guardia el que ejerciera sus funciones.
La anterior titular del juzgado, Gemma Susana Fernández Díaz, pidió también ayuda a la junta de jueces a finales de 2007. Pintó un panorama desolador. Los funcionarios habían pedido el traslado ante la asunción por el órgano de las competencias de violencia y el exceso de trabajo que se avecinaba.
Sólo en 2006, el juzgado registró unos 2.800 casos penales, de los que 200 tenían que ver con el maltrato machista. "Sufrimos la tensión diaria de estar en funcionamiento de guardia hasta las 13.30 debido a la necesidad de atender casi a diario detenidos y solicitudes de órdenes de protección", afirmó la magistrada.
Pero, al igual que entonces, sus compañeros han vuelto a rechazar mayoritariamente las peticiones. Y lo hicieron, básicamente, argumentando que el trabajo del que ella fuera liberada iría a parar a sus respectivos órganos.
La titular del juzgado número 1, por ejemplo, aseguró que la tramitación de los casos de violencia y de las órdenes de protección que conllevan "es mucho menos compleja que la de otras diligencias penales" y sugirió a su colega que "pidiera funcionarios de refuerzo" si su juzgado no podía con el volumen de casos. Lo mismo propuso la titular del juzgado 3.
Otra de las jueces, la número 2, alegó que ya se había eximido a Poveda de algunos de los casos civiles y que esa exención "ya era muy amplia". Aseguró, además, que el juzgado de Violencia sobre la Mujer tenía "el privilegio" de que el fiscal acudiera preferentemente a ese órgano.
La magistrada del número 7, por su parte, se opuso a que se liberara a su compañera de gran parte de los casos civiles porque "supondría un perjuicio para el resto de juzgados por la elevada carga de trabajo que padecen". "La tramitación de juicios ordinarios es cada vez más complicada", afirmó la juez del número 6. "El volumen es elevadísimo y se producirá un incremento por la crisis económica", añadió el compañero del número 3.
Sobre la posibilidad de que se la liberara de los detenidos por casos de maltrato sólo una vez a la semana -los presos, que se atienden casi a diario, es una de los factores que hacen que los juzgados de Violencia estén permanentemente en una situación similar a la guardia-, el resto de los jueces se negaron en redondo. La propuesta "es contraria a la legalidad, contraria al régimen actual de sustituciones y susceptible de crear un grave perjuicio al ciudadano", afirmó la titular del juzgado 7.
Al final, la juez logró únicamente que se la liberara de los asuntos penales. De todos excepto los relativos a accidentes de tráfico, una exención que, según vaticinó durante la reunión, "no surtirá efecto alguno en cuanto a la minoración de la carga de trabajo" que padece. "La violencia de género no es tan sencilla como se pretende", añadió. Y anunció que, entre sus 609 casos vivos de maltrato, seis investigaban delitos castigados con penas de más de nueve años de prisión.
Fuentes del Consejo General del Poder Judicial aseguran que de los siete juzgados de Torrejón, el de Poveda es el más atascado, superando ampliamente el número de casos que le corresponderían al año, según los baremos del órgano de gobierno de los jueces.
El Observatorio sobre la Violencia Doméstica y de Género del Consejo ya advirtió tras la muerte de Sylvina al Tribunal Superior de Justicia de Madrid del colapso en que se encontraba el juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrejón para que, desde su Sala de Gobierno, se modificaran las normas de reparto con el fin de liberar a su titular del atasco de casos.
MANUEL ALTOZANO
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10 de noviembre de 2008
Alicante sólo tiene 78 agentes especializados en malos tratos pese al incremento de casos
Dos guardias civiles acompañan al coche patrulla a un presunto maltratador tras ser detenido TIPOS
La provincia sufre la segunda peor tasa de maltrato de toda España, pero es una de las más infradotadas en la protección de las víctimas
Alicante sólo dispone de 78 agentes especializados en violencia de género pese a que el Ministerio del Interior ha valorado en el último año y medio a más de 3.200 maltratadas en la provincia. Estos datos, extraídos de sendas respuestas parlamentarias del Gobierno central, sacan a la luz que Alicante cuenta con un policía por cada 41 víctimas, mientras que a nivel nacional la media se sitúa en uno por cada 29.
Es decir, que la provincia está a la cola en cuanto a la protección.Los datos cobran mayor relevancia aún si se compara el número de mujeres que figuran en el "Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género" -implantado por el Ejecutivo en junio de 2007 para valorar a las maltratadas- y el número de mujeres que residen en cada una de las provincias españolas, según los últimos datos del INE.
Al hacer el cálculo se deduce que Alicante sufre la segunda peor tasa de maltrato de todo el país, con 3,51 maltratadas por cada 1.000 mujeres.
Sólo Almería, con 4,72, se sitúa por delante. Muy atrás quedan Barcelona (0,3), Sevilla (1,63), Valencia (2,61) o Madrid (2,7), entre otras.
En paralelo al sistema de seguimiento está también el número de denuncias presentadas este año en la provincia.
Y los datos, una vez más, no vuelven a ser alentadores. Según las cifras facilitadas por la Subdelegación del Gobierno, en los nueve primeros meses de 2008 -hasta septiembre- se han presentado 3.122 denuncias-, lo que representa una media de más de 11 al día.
Se trata de la cifra más alta de la historia, según fuentes oficiales, y supone un incremento del 8,86% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 2.868 denuncias.
La nueva secretaria general de CC OO en l'Alacantí-Les Marines, Consuelo Navarro, prefirió ver estos últimos datos con optimismo: "El número de denuncias ha aumentado, y eso significa que las maltratadas tienen cada vez más seguridad.
Saben que hay un sistema y unos recursos a su disposición". Con todo, Navarro pidió un "esfuerzo" a las autoridades para aumentar el número de agentes especializados.
A. FERNÁNDEZ
7 de noviembre de 2008
Justicia niega a Eivissa un juzgado de violencia machista para 2009
Ninguno de los tres nuevos órganos judiciales que el Ministerio de Justicia tiene previsto poner en marcha en Balears a lo largo de 2009 será para Eivissa, confirmaron ayer desde el TSJ. Los tres serán para Palma: un nuevo Registro Civil y dos juzgados de Primera Instancia. Los juzgados de Eivissa se quedan, pues, sin el anhelado juzgado de violencia doméstica y tendrá que seguir siendo el Juzgado de Instrucción número 4 el que se encargue de los centenares de casos de presuntos malos tratos que se denuncian cada año. No obstante, desde Justicia dijeron que aún queda pendiente «una confirmación».
El Ministerio anunció el pasado 21 de julio en la Conferencia Sectorial de Justicia de Zaragoza que crearía en 2009 tres nuevos órganos judiciales en Balear, pero no dijeron qué partidos judiciales serían los beneficiados. Desde el TSJ aseguraron ayer que el único beneficiario será el de Palma, aunque admitieron que es el de Eivissa el más necesitado sobre todo en infraestructuras, pero también en lo referente a juzgados y personal.
«Enorme decepción»
Al conocer la noticia a través de este diario de que Eivissa no contará tampoco en 2009 con un juzgado dedicado en exclusiva a los casos de presunta violencia doméstica, el juez titular el Juzgado de Instrucción número 4, Santiago Pinsachs, mostró su «enorme decepción», ya que se trata de «una petición apoyada por la Sala de Gobierno» que, a su juicio, es «evidente y necesaria». El juez, además, dijo que «se ignoran los criterios tan injustos que se aplican, porque desde luego no se basan en las estadísticas judiciales».
Pinsachs se refiere a que la petición del juzgado de violencia doméstica para Eivissa «se comunicó con datos objetivos».
En estos datos quedaba patente la saturación que se sufre en Instrucción 4, que cada año tramita más denuncias por presuntos malos tratos machistas. En lo que va de año ya se han tramitado en este juzgado más de medio millar de denuncias de este tipo.
Parte de éstas denuncias se resuelven en el mismo juzgado y otras, las más graves, se elevan a algunos de los dos juzgados de lo Penal.
J.M.A.
www.ultimahora.es
El Ministerio anunció el pasado 21 de julio en la Conferencia Sectorial de Justicia de Zaragoza que crearía en 2009 tres nuevos órganos judiciales en Balear, pero no dijeron qué partidos judiciales serían los beneficiados. Desde el TSJ aseguraron ayer que el único beneficiario será el de Palma, aunque admitieron que es el de Eivissa el más necesitado sobre todo en infraestructuras, pero también en lo referente a juzgados y personal.
«Enorme decepción»
Al conocer la noticia a través de este diario de que Eivissa no contará tampoco en 2009 con un juzgado dedicado en exclusiva a los casos de presunta violencia doméstica, el juez titular el Juzgado de Instrucción número 4, Santiago Pinsachs, mostró su «enorme decepción», ya que se trata de «una petición apoyada por la Sala de Gobierno» que, a su juicio, es «evidente y necesaria». El juez, además, dijo que «se ignoran los criterios tan injustos que se aplican, porque desde luego no se basan en las estadísticas judiciales».
Pinsachs se refiere a que la petición del juzgado de violencia doméstica para Eivissa «se comunicó con datos objetivos».
En estos datos quedaba patente la saturación que se sufre en Instrucción 4, que cada año tramita más denuncias por presuntos malos tratos machistas. En lo que va de año ya se han tramitado en este juzgado más de medio millar de denuncias de este tipo.
Parte de éstas denuncias se resuelven en el mismo juzgado y otras, las más graves, se elevan a algunos de los dos juzgados de lo Penal.
J.M.A.
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8 de octubre de 2008
Albacete ha registrado este año 26 denuncias por agresión sexual
La delegada del Instituto de la Mujer en la provincia de Albacete, Selia Puñal, presidió, en la sede de la Delegación de la Junta, una reunión con sus homólogas en el resto de provincias de Castilla-La Mancha, con el objetivo de conocer de primera mano los programas regionales que se desarrollan con entidades que tienen su sede en Albacete.
En concreto, estas actuaciones, de ámbito regional, pero coordinados desde Albacete, son el Centro de Atención a Víctimas Afectivo Sexuales (CAVAS), desarrollado por la Asociación Prodefensa y Ayuda a la Mujer (ADAM), y el programa Vitrubio, de intervención con hombres que ejercen la violencia, desarrollado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha.
Así, las delegadas analizaron los resultados de estos programas, con el objetivo de avanzar en el desarrollo de medidas que ayuden a acabar con la violencia de género.
En concreto, a través del Centro de Atención a Víctimas Afectivo Sexuales, se persigue ofrecer asistencia jurídica a las mujeres, asesoramiento jurídico y asistencia psicológica.
Según los datos de la asociación ADAM, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2008, en Castilla-La Mancha ha habido 92 nuevas víctimas, de las que 26 corresponden a la provincia de Albacete, 14 a Ciudad Real, 8 a cuenca, 16 a Guadalajara y 28 a Toledo.
Perfil
El perfil de estas víctimas de malos tratos responde a mujeres menores de 18 años, en la mayoría de los casos, con una relación familiar con su agresor y el tipo de agresión más frecuente es el abuso sexual.
En la mayoría de las ocasiones las mujeres accedieron al Servicio a través de la Red de Centros de la Mujer, seguidas por la Oficina de Atención a las Víctimas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por Servicios Sociales.Además de la atención directa a usuarias, el Servicio presta asesoramiento a profesionales de Centros de Mujer y otros profesionales implicados y realizan Talleres de Prevención de la Violencia Sexual dirigidas a jóvenes de Institutos de Enseñanza Secundaria.
Respecto al programa Vitrubio, de intervención con hombres que ejercen la violencia, los objetivos generales que se persiguen pasan por lograr que los hombres dejen de utilizar la violencia hacia las mujeres, a nivel físico, psicológico, sexual, económico, etc.
www.laverdad.es
En concreto, estas actuaciones, de ámbito regional, pero coordinados desde Albacete, son el Centro de Atención a Víctimas Afectivo Sexuales (CAVAS), desarrollado por la Asociación Prodefensa y Ayuda a la Mujer (ADAM), y el programa Vitrubio, de intervención con hombres que ejercen la violencia, desarrollado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha.
Así, las delegadas analizaron los resultados de estos programas, con el objetivo de avanzar en el desarrollo de medidas que ayuden a acabar con la violencia de género.
En concreto, a través del Centro de Atención a Víctimas Afectivo Sexuales, se persigue ofrecer asistencia jurídica a las mujeres, asesoramiento jurídico y asistencia psicológica.
Según los datos de la asociación ADAM, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2008, en Castilla-La Mancha ha habido 92 nuevas víctimas, de las que 26 corresponden a la provincia de Albacete, 14 a Ciudad Real, 8 a cuenca, 16 a Guadalajara y 28 a Toledo.
Perfil
El perfil de estas víctimas de malos tratos responde a mujeres menores de 18 años, en la mayoría de los casos, con una relación familiar con su agresor y el tipo de agresión más frecuente es el abuso sexual.
En la mayoría de las ocasiones las mujeres accedieron al Servicio a través de la Red de Centros de la Mujer, seguidas por la Oficina de Atención a las Víctimas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por Servicios Sociales.Además de la atención directa a usuarias, el Servicio presta asesoramiento a profesionales de Centros de Mujer y otros profesionales implicados y realizan Talleres de Prevención de la Violencia Sexual dirigidas a jóvenes de Institutos de Enseñanza Secundaria.
Respecto al programa Vitrubio, de intervención con hombres que ejercen la violencia, los objetivos generales que se persiguen pasan por lograr que los hombres dejen de utilizar la violencia hacia las mujeres, a nivel físico, psicológico, sexual, económico, etc.
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De maltrato a "broma de mal gusto"
Absuelto un hombre que humilló a su mujer quitándole la ropa en público
El Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén ha absuelto a un hombre de La Carolina, J. M. R. R., de 43 años, acusado de un delito continuado de malos tratos y al que su esposa había denunciado por bajarle la ropa interior en público en reiteradas ocasiones. A pesar de que la mujer declaró en el juicio que vivió un infierno y fue humillada y maltratada psicológicamente, el juez concluye que esa acción no es delito, sino "una broma de mal gusto".
Sorprendentemente, ni la Fiscalía -que pedía tres años de prisión y 18.000 euros de indemnización a su mujer para el acusado- ni la acusación particular han recurrido la sentencia porque el plazo legal ha expirado y el fallo ya es firme.
"La zafiedad, la chabacanería, la ordinariez, la falta de educación, la vulgaridad, lo soez y burdo, la insolencia, no constituyen infracción penal, sobre todo cuando el interesado no conoce que puede estar humillando a la persona receptora y, en especial, cuando ésta parece tolerar la situación y no le dice lo contrario", indica el magistrado en la argumentación de la sentencia, que ayer avanzó Diario Jaén.
El juez establece como únicos hechos probados que la mujer acudió al cuartel de la Guardia Civil de La Carolina para denunciar a su marido, al que acusó de malos tratos habituales. Ya durante su declaración ante el juez, la mujer expuso que su marido, "para hacerse el gracioso", le subía la falda y le bajaba las bragas delante de sus amigos.
El hombre se defendió alegando que su comportamiento había sido "perfecto" durante los nueve años de conveniencia. Negó haber insultado, pegado o amenazado a su mujer. Sólo reconoció alguna broma "fuera de tono". Entre ellas, subir la falda a su esposa cuando estaban con los amigos en la casa de campo.
La Fiscalía acusó a J. M. R. R. de "disfrutar al someter a tratos degradantes a su mujer en presencia de otras personas". Varios testigos declararon que no presenciaron insultos, amenazas o vejaciones. Sobre la bajada de las bragas, aseguraron que el acusado lo hacía "por gracia", no para humillar a su esposa.
Aunque el magistrado admite que los hechos no revelan "precisamente, una situación de delicadeza, respeto y consideración del acusado con su mujer", sostiene que esa conducta no puede ser considerada delito. Añade además que en declaraciones ante la Guardia Civil y el juzgado, la mujer no hizo mención a ninguno de estos hechos que "se han querido multiplicar y magnificar", sobre todo a raíz de la separación de la pareja.
G. D.
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El Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén ha absuelto a un hombre de La Carolina, J. M. R. R., de 43 años, acusado de un delito continuado de malos tratos y al que su esposa había denunciado por bajarle la ropa interior en público en reiteradas ocasiones. A pesar de que la mujer declaró en el juicio que vivió un infierno y fue humillada y maltratada psicológicamente, el juez concluye que esa acción no es delito, sino "una broma de mal gusto".
Sorprendentemente, ni la Fiscalía -que pedía tres años de prisión y 18.000 euros de indemnización a su mujer para el acusado- ni la acusación particular han recurrido la sentencia porque el plazo legal ha expirado y el fallo ya es firme.
"La zafiedad, la chabacanería, la ordinariez, la falta de educación, la vulgaridad, lo soez y burdo, la insolencia, no constituyen infracción penal, sobre todo cuando el interesado no conoce que puede estar humillando a la persona receptora y, en especial, cuando ésta parece tolerar la situación y no le dice lo contrario", indica el magistrado en la argumentación de la sentencia, que ayer avanzó Diario Jaén.
El juez establece como únicos hechos probados que la mujer acudió al cuartel de la Guardia Civil de La Carolina para denunciar a su marido, al que acusó de malos tratos habituales. Ya durante su declaración ante el juez, la mujer expuso que su marido, "para hacerse el gracioso", le subía la falda y le bajaba las bragas delante de sus amigos.
El hombre se defendió alegando que su comportamiento había sido "perfecto" durante los nueve años de conveniencia. Negó haber insultado, pegado o amenazado a su mujer. Sólo reconoció alguna broma "fuera de tono". Entre ellas, subir la falda a su esposa cuando estaban con los amigos en la casa de campo.
La Fiscalía acusó a J. M. R. R. de "disfrutar al someter a tratos degradantes a su mujer en presencia de otras personas". Varios testigos declararon que no presenciaron insultos, amenazas o vejaciones. Sobre la bajada de las bragas, aseguraron que el acusado lo hacía "por gracia", no para humillar a su esposa.
Aunque el magistrado admite que los hechos no revelan "precisamente, una situación de delicadeza, respeto y consideración del acusado con su mujer", sostiene que esa conducta no puede ser considerada delito. Añade además que en declaraciones ante la Guardia Civil y el juzgado, la mujer no hizo mención a ninguno de estos hechos que "se han querido multiplicar y magnificar", sobre todo a raíz de la separación de la pareja.
G. D.
www.elpais.com
29 de septiembre de 2008
Inmigrantes y maltratadas: el eslabón más frágil
De las 49 mujeres asesinadas en 2008 a manos de sus parejas 23 eran inmigrantes
PILAR BERNAL / BERNI VILA
A Benito Domínguez se le pone la piel de gallina cada vez que piensa en algunas de las mujeres que protege. Tiene miedo por ellas: "hablas tanto sobre sus problemas, lo que han pasado, lo que están pasando y lo que les queda por delante que sufres mucho, aunque más sufren ellas". El contacto es tan estrecho entre protector y protegida que este agente de la Guardia Civil, uno de los dos que hay en la localidad murciana de Torre Pacheco especializados en violencia de género, es, a menudo, más psicólogo que policía: "No desconectas nunca. Estás en casa y piensas en un caso o en otro. No paras de darle vueltas y te preguntas si estará bien esa a la que no has podido localizar; si la habrá llamado su agresor y, lo peor, si se está planteando volver con él".
El verdadero drama del maltrato entre las inmigrantes está en las que no lo denuncian.
Video: Informativos Telecinco * Cuarenta y nueve mujeres asesinadas en 2008
http://www.telecinco.es/informativos/reporteros/noticia/48272/Mujeres+inmigrantes+y+maltratadas+el+eslabon+mas+fragil
Najat por fin tiene claro que no volverá con su maltratador. Tiene 26 años y hace uno que su marido la abandonó en medio de una carretera en Marruecos y le quitó a su hijo, gracias a la policía marroquí y al consulado español pudo recuperar a su niño y volver a España, donde vivía desde hacía siete años y donde ahora se plantea empezar de cero: "Quiero mi vida con mi hijo. Tener un trabajo, una casa, estar tranquila. Aunque mi hijo está muy nervioso desde que no tiene a su padre". El pequeño Mohamed, de cuatro años, todavía sufre las secuelas de las palizas que sufrió su madre estando embarazada: "Él siempre me pegaba, también cuando tenía a mi hijo dentro por eso nació a los cinco meses pero yo nunca me quejé. Pensaba que mi hijo necesitaba a su padre y no quería que creciera sin padre".
Cati no se resignaba al maltrato aunque pasó cuatro años sufriéndolo: "siembre tomaba y después me pegaba. Era muy agresivo y ya al final no lo aguantaba más, sobre todo cuando me enteré de que tenía otra mujer". Ahora está sola y en paz: "No tengo que cocinar para nadie, ni lavar para nadie, ni que nadie me mande ni me ordene".
Ester Soto, psicóloga del Centro de Atención a la Mujer Maltratada de Torre Pacheco, tiene claro que la cultura y la educación son el gran impedimento para que estas mujeres denuncien y acudan a los recursos que tienen a su disposición: "El problema es que la mayoría no se plantean que están sufriendo maltrato".
Para ellas es normal que su marido les pegue, lo han visto siempre y asumen "que es así". Por eso insiste en que hay que trabajar mucho para llegar a ellas con las campañas de concienciación y a través de las asociaciones de inmigrantes: "Deben entender que en España no es así, que el maltrato condenado por la sociedad y por la ley". Al miedo de cualquier mujer maltratada se une, en el caso de las inmigrantes, el miedo a la expulsión: "A mi me caducaron los papeles y después de denunciar me denegaron los papeles. Ahora he tenido que pagar una abogada para que me los componga. A ver si puede porque si no tendré que volver a Ecuador y allí sacar adelante a mis cuatro hijos", explica Cati. Mabel, la trabajadora social del CAVI (Centro Atención Mujer Maltratada) insiste ante las mujeres que acuden a pedir información que denunciar no significa expulsión: "Les decimos que les atendemos desde tres ámbitos. Tenemos una psicóloga, una trabajadora social y una abogada y precisamente la abogada les ayuda a buscar la manera de poder quedarse. Siempre hay alternativas pero para encontrarlas tienen que pedir ayuda".
Pero el verdadero drama del maltrato entre las inmigrantes no son las mujeres que denuncian sino sobre todo las que no lo hacen. Es un colectivo que sufre un maltrato silencioso, explica la psicóloga Ester Soto. "A las que no llegan al sistema es imposible ayudarlas", añade el agente Benito Domínguez. Detrás de las puertas, en el interior de las casas donde se hacinan familias, se reproduce el infierno más íntimo. "A mi me ha llegado a decir un agresor que él estaba haciendo lo que debía, que no estaba haciendo nada malo, que era su mujer y por eso la agredía..."
Informativos Tele5
PILAR BERNAL / BERNI VILA
A Benito Domínguez se le pone la piel de gallina cada vez que piensa en algunas de las mujeres que protege. Tiene miedo por ellas: "hablas tanto sobre sus problemas, lo que han pasado, lo que están pasando y lo que les queda por delante que sufres mucho, aunque más sufren ellas". El contacto es tan estrecho entre protector y protegida que este agente de la Guardia Civil, uno de los dos que hay en la localidad murciana de Torre Pacheco especializados en violencia de género, es, a menudo, más psicólogo que policía: "No desconectas nunca. Estás en casa y piensas en un caso o en otro. No paras de darle vueltas y te preguntas si estará bien esa a la que no has podido localizar; si la habrá llamado su agresor y, lo peor, si se está planteando volver con él".
El verdadero drama del maltrato entre las inmigrantes está en las que no lo denuncian.
Video: Informativos Telecinco * Cuarenta y nueve mujeres asesinadas en 2008
http://www.telecinco.es/informativos/reporteros/noticia/48272/Mujeres+inmigrantes+y+maltratadas+el+eslabon+mas+fragil
Najat por fin tiene claro que no volverá con su maltratador. Tiene 26 años y hace uno que su marido la abandonó en medio de una carretera en Marruecos y le quitó a su hijo, gracias a la policía marroquí y al consulado español pudo recuperar a su niño y volver a España, donde vivía desde hacía siete años y donde ahora se plantea empezar de cero: "Quiero mi vida con mi hijo. Tener un trabajo, una casa, estar tranquila. Aunque mi hijo está muy nervioso desde que no tiene a su padre". El pequeño Mohamed, de cuatro años, todavía sufre las secuelas de las palizas que sufrió su madre estando embarazada: "Él siempre me pegaba, también cuando tenía a mi hijo dentro por eso nació a los cinco meses pero yo nunca me quejé. Pensaba que mi hijo necesitaba a su padre y no quería que creciera sin padre".
Cati no se resignaba al maltrato aunque pasó cuatro años sufriéndolo: "siembre tomaba y después me pegaba. Era muy agresivo y ya al final no lo aguantaba más, sobre todo cuando me enteré de que tenía otra mujer". Ahora está sola y en paz: "No tengo que cocinar para nadie, ni lavar para nadie, ni que nadie me mande ni me ordene".
Ester Soto, psicóloga del Centro de Atención a la Mujer Maltratada de Torre Pacheco, tiene claro que la cultura y la educación son el gran impedimento para que estas mujeres denuncien y acudan a los recursos que tienen a su disposición: "El problema es que la mayoría no se plantean que están sufriendo maltrato".
Para ellas es normal que su marido les pegue, lo han visto siempre y asumen "que es así". Por eso insiste en que hay que trabajar mucho para llegar a ellas con las campañas de concienciación y a través de las asociaciones de inmigrantes: "Deben entender que en España no es así, que el maltrato condenado por la sociedad y por la ley". Al miedo de cualquier mujer maltratada se une, en el caso de las inmigrantes, el miedo a la expulsión: "A mi me caducaron los papeles y después de denunciar me denegaron los papeles. Ahora he tenido que pagar una abogada para que me los componga. A ver si puede porque si no tendré que volver a Ecuador y allí sacar adelante a mis cuatro hijos", explica Cati. Mabel, la trabajadora social del CAVI (Centro Atención Mujer Maltratada) insiste ante las mujeres que acuden a pedir información que denunciar no significa expulsión: "Les decimos que les atendemos desde tres ámbitos. Tenemos una psicóloga, una trabajadora social y una abogada y precisamente la abogada les ayuda a buscar la manera de poder quedarse. Siempre hay alternativas pero para encontrarlas tienen que pedir ayuda".
Pero el verdadero drama del maltrato entre las inmigrantes no son las mujeres que denuncian sino sobre todo las que no lo hacen. Es un colectivo que sufre un maltrato silencioso, explica la psicóloga Ester Soto. "A las que no llegan al sistema es imposible ayudarlas", añade el agente Benito Domínguez. Detrás de las puertas, en el interior de las casas donde se hacinan familias, se reproduce el infierno más íntimo. "A mi me ha llegado a decir un agresor que él estaba haciendo lo que debía, que no estaba haciendo nada malo, que era su mujer y por eso la agredía..."
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