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1 de febrero de 2010

ONU indignada por violencia sexual

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, expresó su indignación ante líderes africanos por el empleo de la violación sexual como un arma de guerra.

Ban señaló ante la cumbre de la Unión Africana (UA) que se lleva cabo en Etiopía que había decidido nombrar a un representante especial para intensificar los esfuerzos y poner fin a la violencia sexual contra las mujeres y los niños en áreas de conflicto.

La ex vicepresidenta de la Comisión Europea, Margot Wallstrom, fue designada en el cargo.

Wallstrom dijo que la violación en conflictos armados -no sólo en África- son un crimen de guerra y que haría todo lo posible porque sea reconocido como tal.

"A pesar de las elocuentes declaraciones políticas e incluso del derecho internacional, este todavía es un problema en el terreno. No es un asunto de mujeres, se trata de un asunto sobre derechos humanos. Todos tenemos que oponernos a la violación y ponerle fin", agregó.

Cambios inconstitucionales

Se espera que los conflictos en Somalia, Sudán y especialmente en la República Democrática del Congo, donde se registran abusos en contra de la población más vulnerable, estén en el tope de la agenda de la cumbre de la UA que culmina este martes.

Según el corresponsal de la BBC Jack Izzard, el secretario general de la ONU también manifestó su preocupación en torno a lo que denominó el resurgimiento de cambios inconstitucionales de gobierno en África.

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26 de abril de 2009

Denuncian que es alto el acoso laboral en comercios

Hay preocupación en el sindicato mercantil. El hostigamiento es psicológico pero también físico.

NEUQUÉN (AN).- El hostigamiento físico y psicológico se hace sentir dentro de la actividad comercial y son alrededor de 30 los empleados que mensualmente acuden a los consultorios de salud mental del Centro Empleados de Comercio (CEC) a denunciar estas situaciones. Sólo dos de cada diez trabajadores se anima a ir un paso más allá e iniciar una causa judicial por mobbing.

El dato salió a la luz de las estadísticas que lleva la dirigencia del CEC, que se mostró preocupada por el crecimiento que ha tenido esta modalidad que utilizan en su mayoría los hipermercados para que los empleados renuncien a sus puestos y así ahorrarse los costos indemnizatorios.

"Aproximadamente el 10% de los empleados de comercio padece acoso laboral", afirmó Ramón Fernández, secretario general del CEC, que estima que la población total de trabajadores asciende a 17.000 en el sector.

"Venimos notando un incremento de consultas de este tipo, de hecho tuvimos que pasar de un consultorio de asistencia en salud mental a cinco", graficó el gremialista.

Relevamientos

Desde el CEC no se muestran ajenos a la problemática que padecen los trabajadores y han comenzado, desde hace un tiempo, a relevar las consultas lo que les ha permitido tener una estadística bastante detallada.

"Por semana recibimos 30 nuevas consultas por casos de acoso laboral. El 80% son por problemas de hostigamiento que generan los empleadores o jefes directos. De ese total, el 65% se da en las grandes superficies comerciales, tanto híper como supermercados", explicó Fernández.

El sindicalista dijo que en las grandes superficies comerciales por lo general "los trabajadores se aguantan lo que venga durante los tres primeros meses y recién después algunos se animan a denunciar".

Las más afectadas por el hostigamiento son las mujeres, principalmente las que desarrollan sus tareas en las líneas de caja.

"Ante cualquier queja el supervisor del comercio responsabiliza a la cajera con eso de que el cliente tiene siempre la razón. Entonces ahí vienen las presiones psicológicas con los cambios de turno y demás", cuenta el titular del CEC.

En estructuras de hipermercados, la afluencia de gran cantidad de clientes es un ingrediente que provoca mayor tensión aún en el trabajador.

También el personal de reposición se ve afectado por el mobbing. "A estos empleados todo el plantel jerárquico le imparte ordenes y a veces contradictorias. El gerente le dice una cosa, el encargado de salón otra y el encargado de sector también le da ordenes y si el tipo no cumple con algo lo fastidian. ¡Es terrible!", asegura Fernández, de manera elocuente.

Es por todo esto que a los delegados gremiales del sindicato mercantil se les ha encomendado la misión de estar atento a estas situaciones para denunciarlas.

Consideran en el sindicato que en estas grandes cadenas comerciales "no hay gente capacitada para manejar personal por lo que se da mucho el maltrato", confía el dirigente.

¿Quién denuncia?

Desde el CEC aseguran que si bien son muchos los que anualmente le cuentan al profesional que los atiende sobre estas situaciones de hostigamiento, son pocos los que se animan a denunciar legalmente el mobbing.

"La mayoría prefiere mantener el tema en reserva por lo que nosotros vamos y hablamos con las empresas, en algunos casos hemos llegado a enviar cartas documento para que frenen estas situaciones", concluyó Fernández.

www.rionegro.com.ar

13 de marzo de 2009

El ‘mobbing’ se incrementa cada año pero las denuncias son escasas por un mal diagnóstico

Los expertos advierten de que el número de afectados supera ya el 15% y piden medidas preventivas

Las denuncias no lo evidencian pero las encuestas sí.El acoso moral en el trabajo sufre una tendencia al alza (pasó de un cinco por ciento de afectados en 2000 a un 15 por ciento en 2005) y se ha convertido ya en uno de los problemas más importantes dentro de las organizaciones labores, según el jefe de Sección de recoñecemento e análise del centro provincial del Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga). Habla de ‘situación preocupante’ y demanda medidas preventivas.

El término es reciente (1973) pero las conductas de ‘mobbing’ existen desde la época de Caín y Abel, ‘probablemente uno de los primeros casos’ que se registró al respecto. Así de contundente se mostró ayer el jefe de Sección de reconocimiento y análisis del centro provincial del Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga), Juan Manuel Rodríguez Lorenzo, en una jornada técnica en la que analizó la problemática del acoso moral en el trabajo, poniendo de relevancia que se trata en la actualidad de uno de los problemas más importantes dentro de las organizaciones laborales.

Pese a su larga existencia y a que los estudios -encuesta europea sobre las condiciones de trabajo- revelan una tendencia al alza de esta problemática en España (extrapolable a Galicia), pasando de un cinco por ciento de la población laboral con problemas de acoso psicológico en el año 2000 a un 15 por ciento en 2005, las denuncias de los afectados no reflejan la realidad de esta situación. Las denuncias, alegó, son muy pocas, porque el ‘mobbing’ está todavía mal diagnosticado. ‘Síntomas y signos de una persona que sufre acoso laboral son diagnosticados como otras enfermedades’, como depresión, ansiedad o estrés, dijo. A ello se une que el ‘mobbing’ como tal se define como una conducta de hostigamiento de una persona hacia otra de forma recurrente en el tiempo, por lo que ‘hasta ahora se creía que como se repetían formaban parte del sueldo o de la organización y se consideraban normales y banales’.

Para Rodríguez Lorenzo se trata de ‘una situación preocupante’ por lo que destacó la necesidad de tomar medidas preventivas y ‘no únicamente paliativas o punitivas sobre víctimas y acosadores’. Para ello debe trabajarse en cuestiones como fomentar la formación, integrar la prevención en la empresa o las propias denuncias.

Llevarse mal, una bronca o un jefe exigente no es ‘mobbing’.

El acoso moral en el trabajo es un comportamiento que lleva a cabo actuaciones recurrentes que hostigan al trabajador (también puede ser del trabajador al superior o entre compañeros).

El ‘mobbing’ no es una enfermedad sino un riesgo porque expone al que lo sufre a la posibilidad de enfermar, de ser dañado afectando a la calidad de su trabajo y a las relaciones laborales y personales. Con esta puntualizaciones, José Manuel Rodríguez, calificó el acoso psicológico en el trabajo como ‘el crimen perfecto’ o ‘la violencia en silencio’ porque la víctima es incapaz de hacer frente a sus acosadores dado que empieza a creer que es un empleado que no merece la pena que siga en la organización. ‘Me cargo a un trabajador pero lo hago con su consentimiento y participación’, explicó. Por lo general, el acosador suele ser una persona debil intelectual o profesionalmente y la víctima más brillante.

www.laregion.es

22 de enero de 2009

Un trabajador español demanda a un hospital de Londres por discriminación racista

Un electricista español en Londres ha presentado una demanda contra su antiguo empleador, el grupo de hospitales privados HCA, y dos de sus jefes por acoso y discriminación.

El trabajador, al que el vespertino "Evening Standard" identifica sólo como un barcelonés llamado Juan Ignacio, denunció ante el Tribunal Laboral del barrio londinense de Croydon que aquéllos se burlaban de su acento y se mofaban constantemente de él utilizando frases de un personaje catalán llamado "Manuel", de una conocida comedia de la TV británica.

"No sé nada" y "¿Qué?" eran frases repetidas una y otra vez a modo de excusa por el personaje de la serie de televisión "Fawlty Towers", popularizado por el actor Andrew Sachs.

Juan Ignacio, que tiene 33 años, afirma que los administradores del hospital se refirieron en su presencia a España como un "país del Tercer Mundo" y preguntaron si había allí electricidad. El trabajador barcelonés, que lleva cinco años viviendo en Gran Bretaña, denunció también haber sido objeto de insultos de tipo homofóbico aunque él no es homosexual.

En la demanda presentada ante el tribunal, el trabajador afirma que los catalanes vieron también en su día el programa "Fawlty Towers" en catalán y se rieron a gusto porque "tenemos sentido del humor". "Pero -agrega Juan Ignacio- la gente (del hospital) se excedió. Ya no se trataba de un chiste, sino de algo muy desagradable. Me hacían sentirme como un idiota. Resultaba ofensivo. No se puede juzgar a la gente por el país de origen. Yo era muy bueno en mi trabajo. Puedo aguantar un par de chistes, pero cuando se repiten sistemáticamente, duele".

El trabajador, que afirma que los insultos continuaron hasta su dimisión del centro hospitalario en diciembre de 2007, reclama una indemnización de 30.000 libras (32.100 euros). Otro trabajador del mismo hospital, un polaco llamado Marcin Likomski, de 30 años, también ha presentado una demanda contra el centro por insultos racistas.

El hospital y los dos jefes demandados niegan las acusaciones de los dos trabajadores. El tribunal laboral emitirá sentencia el mes próximo.

www.laopinion.es

19 de enero de 2009

Cinco docentes están de baja psicológica por amenazas recibidas de padres de alumnos /Albacete

Según el Defensor del Docente de Anpe, Albacete es una de las provincias con mayor incidencia de casos

La provincia de Albacete tiene una alta incidencia de casos profesores con estrés y ansiedad que acaban en bajas laborales de larga duración -es decir superiores a quince días- como consecuencia del acoso de los padres de los alumnos consistentes en amenazas de denuncias e inspecciones con el fin de amedrentar al profesorado tanto en Educación Infantil, Primaria y Secundaria, según ha recogido el Defensor del Docente en Albacete, servicio auspiciado y financiado por el sindicato Anpe de Castilla-La Mancha.

«En la provincia de Albacete, tenemos un número relevante de casos de profesores que están en situaciones de baja laboral por ansiedad y depresión como consecuencia de los acosos constantes que han padecido por los padres de los alumnos que se centran en amenazas de distinto tipo», explicó Javier González Lara, psicólogo del Defensor del Docente en el sindicato Anpe.

Inspecciones
González Lara apuntó que entre las amenazas que se incluyen incluso aparecen las relacionadas con denuncias «ante la inspección y críticas injustificadas sobre formas de dar la clase o mala aplicación del reglamento de normas del aula por citar algunos ejemplos recientes».
«Se unen los alumnos y los padres para hacer escritos con la intención de echar a los profesores de sus aulas», aseguró el psicólgo de Anpe.

Insistió en la idea de que desde hace un tiempo, especialmente tras la reforma de la Logse, el profesorado pierde la autoridad que tenía como especialista cualificado en organizar los aspectos pedagógicos de los colegios y se delega en la sociedad representada por los padres y los alumnos una parte importante, en concreto, un 40% de las decisiones de tipo pedagógica.

Con esta situación, dijo González Lara, la Administración equilibra la balanza para que el colegio pueda seguir enseñando, «pues en estos casos, si no existiera la actuación administrativa, se acabaría imponiendo el curriculum que les interesara a los padres.

En esta situación, la Administración tiene que dar y ceder, pues no puede negar todo a los padres y dejar al margen a los profesores». «Con todo se está generando situaciones en las que hay que retirar a los profesores del aula para que los padres no presenten denuncias por barbaridades cuando la actuación pedagógica de este profesor es la correcta», expuso González Lara.

En cuanto al servicio que ofrece el sindicato Anpe del Defensor del Docente hay que destacar que se creó en marzo de 2006, auspiciado y financiado por el Sindicato Anpe-Castilla la Mancha, tras comprobar la existencia de un problema grave de agresiones hacia el profesorado en los centros educativos de la región relacionado con el deterioro de la convivencia. Es un servicio totalmente gratuito y confidencial dirigido a los docentes de todos los niveles educativos y de toda la región que han sido víctimas de agresiones, amenazas y acoso en su puesto de trabajo.

Personal
Los servicios que presta el Defensor del Docente son atendidos por un abogado y un psicólogo e integran varios recursos que se ponen a disposición del profesorado que los requiere como teléfono de primera asistencia con funcionamiento 8 horas al día, orientación y asesoramiento legal, orientación y asesoramiento psicológico e intervención terapéutica en los casos en que resulta necesario, formación del profesorado.

Esta actuación se fundamenta desde su inicio en las bases de servicio integral (asesoramiento, apoyo e intervención), servicio personalizado y servicio confidencial.
Según el Defensor del Docente, en la actualidad hay cinco profesores de baja psicológica en la provincia por amenazas de padres de alumnos.
SÁNCHEZ ROBLES

22 de octubre de 2008

Trabajadores Denuncian Persecución

La Mesa Coordinadora Sindical (MCS) denunció que trabajadores del Ministerio de Justicia y Trabajo son víctimas de persecuciones. Un comunicado público relata casos de funcionarios penitenciarios del Centro Educativo Itauguá y de la cárcel de mujeres Buen Pastor. La organización exige el cese de los despidos y el hostigamiento.

La MCS está integrada por varias organizaciones sindicales de instituciones públicas. Emitió un comunicado informando sobre denuncias de persecuciones en el Ministerio de Justicia y Trabajo.

La entidad indica que se trata, paradójicamente, de casos que involucran a autoridades de la cartera que tiene que velar por el derecho de los trabajadores.
Menciona por ejemplo el caso del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios del Centro Educativo Itauguá (Sintracei). El gremio dice que dos funcionarias de la entidad, María Pintos y Cristina Alarcón fueron “arbitrariamente” trasladadas. La entidad indica que esto busca “obstaculizar sus actividades sindicales”.

La MCS informó que María Pintos es secretaria de la Mujer y Cristina Alarcón secretaria de Relaciones de Sintracei.

Por otro lado, la entidad señala que las autoridades de la cárcel de mujeres Buen Pastor prohibieron el ingreso al recinto del dirigente sindical Vicente Ruiz Díaz. El representante, según el gremio, pretendió verificar las condiciones de trabajo de las guardiacárceles que trabajan en el lugar.

La MCS denuncia, en forma general, “despidos arbitrarios” en la cartera. Sin embargo, no proporciona detalles sobre la cantidad y las secciones afectadas.

“Es preocupante que todas estas flagrantes violaciones a los derechos laborales y sindicales de compañeras y compañeros trabajadores penitenciarios se registren justamente en el Ministerio de Justicia y Trabajo, que debería ser el encargado de velar por el respeto a la libertad de organización y a los derechos laborales”, afirma la MCS.

La entidad exige el cese inmediato de los despidos y el hostigamiento. Pide que los funcionarios despedidos sean restituidos en sus puestos de trabajo.

www.abc.com.py

15 de octubre de 2008

PGR suspende de sus funciones a agente del Ministerio Público

Rosalba Villaseca acusó al delegado Manuel Guevara Ortiz de hostigamiento sexual y laboral, situación que no se pudo demostrar

La PGR determinó suspender de sus labores a la agente del Ministerio Público Federal, Rosalba Villaseca Trejo, por incumplimiento en el ejercicio de sus funciones


La Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) determinó suspender de sus labores a la agente del Ministerio Público Federal, Rosalba Villaseca Trejo, por incumplimiento en el ejercicio de sus funciones.Ella se encargaba de integrar procedimientos administrativos instaurados, en contra de servidores públicos de la Delegación Estatal en Jalisco de la PGR.

Trasciende que la visitaduría de la dependencia habría encontrado irregularidades en su trabajo, como el hecho de que la funcionaria, siendo subdelegada, habilitara una oficina para su esposo, al que proporcionaba expedientes para que le litigara, incluso contra la propia institución.

La suspensión se dio mientras se resuelve en definitiva su remoción, con base en lo previsto en el Artículo 44 Fracción III de la Ley Orgánica de la Institución, según informó la dependencia.

Lo anterior está motivado en aspectos fundamentalmente laborales, luego de que la funcionaria incumplió con responsabilidades propias de su encomienda en mayo del año en curso, ocasionando con esto retraso en la procuración de justicia, por lo que se le levantaron las actas administrativas correspondientes.

Asimismo, la funcionaria incurrió en el uso indebido de expedientes bajo su cargo y responsabilidad, aunado a que se negó a acudir a desempeñar sus funciones como agente del Ministerio Público Federal, adscrita a un Juzgado de Distrito en Materia Penal, lo que motivó llamadas de atención por su comportamiento y, además, al hecho de haberle proporcionado un área de oficina dentro de la Subdelegación a su cargo, a su esposo Raúl Rivera Rivera, ex agente del Ministerio Público de la Federación, quien litigaba asuntos en contra de la Institución, dentro de la misma sede delegacional.

Se hace notar que el procedimiento instaurado para la suspensión está sustentado en motivos laborales, previstos y regulados por el marco legal y reglamentario establecido por la PGR para el desempeño profesional y ético de sus miembros, apegado plenamente a Derecho y a las disposiciones legales, según informó el comunicado de la dependencia.

Cabe mencionar que Rosalba Villaseca acusó al delegado Manuel Guevara Ortiz de hostigamiento sexual y laboral, situación que no se pudo demostrar. Por lo que contra la ahora ex agente del Ministerio Público de la Federación hay una averiguación previa vigente.

www.informador.com.mx

10 de octubre de 2008

Unisemplosur toma inspectoría y Sural denuncia hostigamiento a trabajadores

Ambas partes manifiestan estar abiertas al diálogo, pero hasta los momentos no se han puesto de acuerdo acerca del reclamos que hace la masa laboral

En horas de la mañana de ayer, un grupo de trabajadores de Sural tomaron las instalaciones de la Inspectoría del Trabajo ante el incumplimiento de este organismo que se comprometió a entregarle el auto que les concede el inicio de las 120 previas al derecho a huelga, además del retiro de la solvencia laboral a la empresa. El sindicato ha tomado de manera intermitente la sede del organismo ministerial y cada vez se les prometió la entrega del documento para una nueva fecha, lo que hasta el día de ayer no se había cumplido, por lo que decidieron instalarse de manera indefinida en la inspectoría.

Ya son ocho meses desde que iniciaron los trámites ante la inspectoría y hasta los momentos no ha dado respuestas. El coordinador del trabajo, Arwin Pérez, se reunió en horas de la tarde con los trabajadores de Sural y reconoció que se comprometió a entregar el auto el martes. Les explicó que había dado las órdenes correspondientes, aunque finalmente estas no se cumplieron.

Entretanto, los trabajadores mantienen que se mantendrán en la inspectoría hasta que se cumpla con el compromiso, puesto que ellos ya han cumplido con todos los requisitos que debían para que se efectúe el proceso.

Denunciaron además amedrentamiento por parte de la empresa que mantuvo a efectivos de la Guardia Nacional dentro de la planta durante la tarde del martes, aun cuando no se había generado ningún tipo de conflicto.

Hostigamiento
La gerente de Sural, María De Solo, se pronunció a través de una nota de prensa, manifestando que el sindicato está obligando a los trabajadores a que mantengan una “operación morrocoy” dentro de la planta y esto se ha reflejado en el ritmo de las operaciones, aunque hasta los momentos han cumplido con sus compromisos comerciales y laborales.

Sostiene que el sindicato pretende que se calculen utilidades sobre utilidades, lo que no está permitido en la Ley Orgánica del Trabajo.

De acuerdo con De Solo, la organización gremial tiene una persecución, no solo hacia los trabajadores para que no cumplan con los niveles de producción, sino hacia los mismos directivos de la empresa, generando un alto nivel de malestar dentro de la planta.

Proponen mesa de diálogo
Los trabajadores de Sural lograron comunicare con el director nacional de la Inspectoría del Trabajo, Wilmer Núñez, quien les manifestó el interés por instalar una mesa de trabajo para buscarle una solución a sus reclamos. Así lo hizo saber el secretario general del sindicato, Isaic López.

No obstante, Núñez les advirtió que no trabajaría “bajo presión” y que podían enviarles a los funcionarios del orden público para que desalojaran las instalaciones, acotó el dirigente.

Ante la posición del director, López sostuvo que están dispuestos al diálogo, pero no se moverán de la inspectoría hasta que se les entregue el auto.

Marelys Torres
www.eldiariodeguayana.com

Denuncia sindicato de Tornel maniobra de la CTM para retomar el control del gremio

Inválida, convocatoria a asamblea para el próximo día 17, alerta el dirigente Rodríguez Morales

Dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) realizarán –el próximo 17 de octubre– una asamblea para destituir al comité ejecutivo del Sindicato Nacional Trabajadores de la Compañía Hulera Tornel, con lo cual pretenden reinstalar el dominio cetemista en este gremio, denunció Alfredo Rodríguez Morales, secretario general de dicho sindicato, quien aseguró que no habrá respuesta de los trabajadores al intento por terminar con la organización independiente.

En entrevista, puntualizó que desde el pasado 18 de mayo, cuando determinaron dejar la CTM, han padecido hostigamiento constante de líderes cetemistas, quienes “estarían siendo apoyados por la empresa, pues los desestabilizadores, que son alrededor de 100 trabajadores, encabezados por Ariel Nieto Colín, ex secretario general del sindicato, y Jesús del Olmo, un dirigente de la central obrera, reciben una paga semanal que oscila entre 300 y mil pesos”.

Rodríguez Morales aseguró que la convocatoria para la asamblea, lanzada por la CTM, “no tiene validez”, lo que incluso confirmaron ayer en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), donde nos dijeron que la emitían sólo 13 trabajadores, cuando las convocatorias con esa finalidad deben estar avaladas al menos por 33 por ciento de los afiliados al gremio, y pueden tener respaldo cuando las asambleas establecidas en los estatutos no han sido hechas por la directiva sindical, lo cual no aplica en esta ocasión, porque siempre hemos hecho todo conforme a los lineamientos”, afirmó.

Asimismo, apuntó que a las asambleas citadas por el gremio han acudido inspectores de la STPS, por lo cual existe registro de que se han realizado en tiempo y forma. Precisó que el viernes 17 de octubre, cuando está convocada la asamblea, más de 90 por ciento” de los trabajadores de Tornel estarán laborando, por lo que no acudirán al llamado, al cual sólo responderán “algunos incondicionales y acarreados, entre ellos ex trabajadores a los que les están pagando para dividir al gremio”, indicó. Precisó que dicha asamblea se llevará a cabo en el edificio central de la CTM.

Ante esta situación, Rodríguez Morales llamó tanto a la STPS como a los nuevos dueños de la empresa, Hari Shankar Shingania y Radupathi Shingania, accionistas mayoritarios del grupo indio JK Tires Industries, a que no avalen esta acción de la CTM y a que se acerquen al gremio que dirige, porque “lo que más importa es fortalecer la fuente laboral”, para que eso redunde tanto en beneficio de los trabajadores como de la empresa.

Asimismo, dijo lamentar que “detrás de todo esté Óscar Martín Romero Aldaco, gerente de relaciones industriales de la empresa”, y llamó a los accionistas de Tornel a “entablar un diálogo más directo”, pues ambos están por fortalecer la empresa, lo cual no se logrará imponiendo un “sindicato de protección, como pretende la gente de la CTM”.

Carolina Gómez Mena
www.jornada.unam.mx