Un punto de coordinación que controla las órdenes de protección de las víctimas

Desde hace un año, como parte del Servicio de Asistencia a la Víctima, funciona el denominado punto de coordinación.
«Su labor principal se centra en coordinar a las distintas administraciones para las órdenes de protección de las víctimas», explicó Manuel Ceba.
En su primer balance anual, al punto de coordinación le notificaron 995 resoluciones judiciales que establecían medidas de protección para víctimas de violencia de género, bien a través de orden de protección, bien a través de pena o medida cautelar de prohibición de comunicación y alejamiento de la víctima.

«Las actuaciones en este ámbito se centran en la recepción de notificaciones que en este primer año casi alcanzan el millar, asimismo se contactó con este casi millar de víctimas de las cuales a 161 se les realizó un seguimiento y asistencia integral», subrayó el delegado de Justicia en Almería.

Para que este punto de coordinación dé sus frutos, periódicamente, cada semana, Justicia y la Administración Pública están informadas de lo acontecido, al igual que la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Almería. Las notificaciones que han llegado a este punto de coordinación del SAVA provienen de los juzgados principalmente de la provincia. «Los juzgados establecen la pena o medida cautelar que notifican al punto de coordinación y principalmente el Juzgado de la Violencia sobre la Mujer número 1 de Almería es el que más resoluciones judiciales ha notificado», puntualizó Manuel Ceba. A éste le siguen el Juzgado de lo Penal número 2 de la capital y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Roquetas de Mar.

Analizan cómo mejorar las medidas de alejamiento

La violencia machista afecta a 350 riojanas

Integrantes de la Guardia Civil, Policía Nacional, del Centro Penitenciario de Logroño y de la Fiscalía en La Rioja participaron ayer en una jornada técnica para mejorar en la aplicación y seguimiento de las medidas de alejamiento y protección de las víctimas de la violencia machista, que en La Rioja afecta a 350 personas.

El delegado del Gobierno, José Antonio Ulecia, fue el encargado de inaugurar esta sesión informativa en el cuartel de la Guardia Civil de la capital riojana. En ella se informó sobre el Sistema de Seguimiento Integral (SSI), vigente en España desde julio de 2007 y con el que se pretende aumentar la seguridad de las mujeres amenazadas.

Este protocolo de actuación es utilizado en la actualidad por 26.000 usuarios en el conjunto del país para gestionar 104.000 casos de violencia machista. En el caso de La Rioja son todos los funcionarios policiales, de Instituciones Penitenciarias, Fiscalía y Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer los que tienen acceso a este sistema para coordinar un total de 767 casos de violencia hacia las mujeres. El objetivo de esta jornada fue recabar sugerencias y comentarios a este sistema con el fin de que el Ministerio del Interior pueda trabajar en la mejora de la protección de las víctimas.

www.adn.es

Un experto propone una alternativa para que la mujer maltratada denuncie sin que sea detenido su agresor

El médico forense y director del Instituto de Medicina Legal de Aragón, Juan Antonio Cobo, ha propuesto una medida complementaria a la actual denuncia que la mujer maltratada puede formular, que ha denominado 'denuncia puente', y que consiste en que la mujer denuncie, pero se retarde o suspenda la aplicación de la decisión judicial, de forma que se dé la oportunidad al agresor de rectificar su conducta.

Cobo explicó en declaraciones a Europa Press que esta propuesta pretende dar respuesta a ese 80 por ciento de mujeres que no denuncia la violencia de género porque quieren seguir manteniendo la relación con su marido o compañero sentimental, en muchas ocasiones por "la salud de la familia", convivencia que una denuncia normal rompe, lo que lleva a muchas mujeres a no denunciar.

Precisamente, la 'denuncia puente' no impide esa convivencia ya que si bien seguiría el mismo proceso que una denuncia habitual, relató Cobo, en vez de derivarse a la detención del marido, se le haría a éste una requisitoria para que fuera a declarar, y la decisión judicial posterior sólo se aplicaría si el hombre volviera a agredir a la mujer.

El objetivo es animar a denunciar a la mujer que quiere seguir conviviendo con su marido o compañero, pero, al mismo tiempo, poner remedio a las agresiones, permitiendo, además, la intervención o reeducación del agresor antes de su ingreso en prisión.

Juan Antonio Cobo explicó que la 'denuncia puente' otorgaría "una mayor capacidad de decisión a la mujer y de control de los efectos de su denuncia" y se podría aplicar sin reformar el Código Penal, aunque sí precisaría la reforma de los procedimientos, es decir, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El especialista recalcó que "la accesibilidad a la mujer" es la "clave" para actuar ante la violencia de género y subrayó la importancia de llegar a tiempo a ese 80 por ciento de víctimas mortales que actualmente no son accesibles y al 88 por ciento de agresiones no mortales que tampoco son accesibles.

ALGO MÁS HAY QUE HACER
Juan Antonio Cobo valoró positivamente lo que ya se hace, pero opinó que "algo complementario habrá que hacer" para "facilitar que la mujer maltratada denuncie" y se pueda intervenir a tiempo e incluso tratar el agresor porque si se les detecta a tiempo son personas que pueden mejorar su conducta.

En esta línea, Cobo señaló que un estudio coordinado por él y realizado en colaboración con el Justicia de Aragón, titulado 'Modelos de actuación en violencia de género', detecta seis "eslabones rotos" o caminos que llevan a la agresión o muerte de una mujer, cuyo conocimiento aporta "la posibilidad de poder poner una solución" al problema.

Además del silencio de la mujer, el estudio se refiere a que ésta desconozca el riesgo de agresión o muerte en que se encuentra. Para hacerle patente ese riesgo, Cobo recordó que se cuenta con el Manual de Autoprotección de las Mujeres Víctimas de Violencia, editado en español, inglés y macedonio, que puede descargarse de la web del Justicia de Aragón, 'www.eljusticiadearagon.es'.

Otro de esos 'eslabones' es la existencia de agresores cuya primera conducta violenta es la muerte de la pareja. El especialista comentó que en estos casos se produce durante años una acumulación de "tensión" y "ansiedad" hacia la pareja que se libera matándola y que incluso después lleva al suicidio del varón o a que se quede esperando la detención.

Juan Antonio Cobo precisó que en estos casos hay que intervenir consiguiendo que el agresor controle el problema que le provoca la ansiedad. Para detectar a estas personas, también la mujer es clave.

Según señaló el especialista, estos hombres viven interiormente un proceso largo, en el que desarrollan una creencia que acaba convirtiéndose en una obsesión, en la que como única salida encuentran la muerte de la mujer. Estas creencias son muy variadas, aunque en muchos casos están relacionadas con los celos o el temor a la pérdida o rechazo de la mujer.

El director del Instituto de Medicina Legal de Aragón apuntó que algunos elementos que suelen darse en estos hombres son una pérdida de competencias, que se plasman en dejar de desarrollar sus aficiones habituales, dejar de mostrar interés por el trabajo, caer en la depresión e incluso intentos de suicidio, circunstancias que le pueden servir a la mujer para ponerse en alerta.

OTROS ESLABONES ROTOS
Estos tres eslabones rotos en la cadena de detectar a tiempo la violencia de género --silencio de la mujer, desconocimiento del riesgo, agresores cuya primera conducta es la muerte de la mujer-- se refieren a factores actualmente no accesibles.
Por eso, Cobo remarcó la importancia de que la víctima "tome una posición activa de detección de la realidad y valore el riesgo y actúe" porque "no se puede trabajar sólo desde fuera".

En este sentido, alertó del riesgo que existe para la mujer en dos casos concretos, el del cuidador varón de mujer con un grave problema incapacitante o con una enfermedad sin expectativas, y el del varón mayor con deterioro cognitivo que reacciona con violencia.

En una y otra situación se han dado casos de muerte de la mujer, por lo que el especialista recomendó, en el primer caso, que junto a ese hombre haya un cuidador profesional, y en el segundo alejar del hombre cualquier objeto punzante o pesado que pueda ser utilizado para una agresión.

Junto a los tres "eslabones rotos" ya referidos, hay otros tres en los que sí hay una accesibilidad de la sociedad al problema, que son el de la víctima que denuncia, pero después se arrepiente y bloquea la respuesta social, "para lo que hay que trabajar haciéndole ser consciente del riesgo que sufre", señaló Cobo.

También, que la víctima denuncie, pero falle la protección, por lo que hay que trabajar para mejorar la respuesta; y que la víctima denuncie, pero falle la valoración del riesgo.

En relación con este último aspecto, Cobo puso de manifiesto que habitualmente en la valoración del riesgo sólo se tiene en cuenta la peligrosidad del individuo --si es agresivo dentro y fuera del hogar--, y no otros factores como la evolución de las ideas y obsesiones relacionadas con la pareja; desequilibrios y cambios vitales, y el consumo de drogas y alcohol.

DENUNCIAS INOMINADAS
Por otra parte, el especialista propuso las 'denuncias innominadas', especialmente útiles en el caso de la violencia sexual doméstica, dijo Cobo. Estas denuncias permitirían dejar a la mujer en el anonimato hasta que huya pruebas suficientes o válidas para conseguir inculpar al agresor.

El director del Instituto de Medicina Legal de Aragón puso de manifiesto la dificultad de demostrar las agresiones sexuales domésticas, lo que lleva en muchas ocasiones a dejar impune al agresor tras un juicio, realidad que tiene como efecto negativo dar mayor fuerza al agresor para futuras agresiones.

José Manuel Cobo manifestó que el objetivo fundamental en el conjunto de medidas propuestas es la "eficacia y eficiencia" y buscar opciones "que complementen las decisiones o respuestas actuales".

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El Juzgado tramitó más de cien órdenes de protección para mujeres en el 2008

66 víctimas pidieron teleasistencia y 150 recibieron ayuda económica o psicológica En los primeros meses de este año 15 maltratadas han solicitado algún apoyo

El Ayuntamiento pondrá en marcha un programa de voluntariado de atención a las víctimas
Las administraciones están preocupadas por reducir las agresiones entre adolescentes
Son muchos los esfuerzos que las administraciones y entidades sociales dedican a erradicar la lacra social de la violencia machista y apoyar a las mujeres que la sufren. Con este objetivo nació, en noviembre del año pasado, el Plan Integral contra la Violencia de Género del Ayuntamiento de Orihuela, que aglutina las iniciativas en este sentido de las 14 áreas de gobierno local de la localidad.

A pesar de que ésta y otras iniciativas sociales y legislativas dan sus frutos en cuanto a la prevención, sobre todo con adolescentes, lamentablemente han de dedicar aún la mayor parte de sus esfuerzos a proteger a las víctimas.

El Juzgado de Violencia de Género de Orihuela, según cifras que aportó ayer la alcaldesa de la localidad, Mónica Lorente, dictó el año pasado 102 órdenes de protección para mujeres maltratadas por sus parejas o ex parejas y, a partir de ellas, las administraciones locales, provinciales, autonómicas y estatales pusieron en marcha diferentes dispositivos para conseguir que esta protección fuese efectiva.

Es el caso del servicio de teleasistencia móvil que, mediante un dispositivo portátil, permite a las mujeres en riesgo establecer un contacto inmediato con la Policía cuando lo necesiten. El año pasado, 66 mujeres solicitaron este servicio y pasaron a ser usuarias del mismo en Orihuela.

Además, el Ayuntamiento prestó a 47 víctimas de malos tratos ayuda económica, «una de las más importantes para permitirles salir adelante y ser autónomas», indicó Lorente, y un centenar de mujeres recibió ayuda psicológica individual.

La alcaldesa destacó que el Consistorio ha puesto también en marcha diversas campañas de sensibilización y prevención, como los talleres de igualdad destinados a profesionales de diversos sectores y a mujeres maltratadas, la campaña Ni una más que lanzaron el Día Internacional contra la Violencia Ejercida sobre la Mujer, o el programa El amor no es la leche, destinado a adolescentes de tercero de Secundaria, que se puso en práctica en los IES Tháder, Gabriel Miró y Espeñetas y en el colegio Jesús María.

Los jóvenes, explicó Lorente, son uno de los colectivos en los que hay que hacer mayor hincapié, «porque casos como el de Marta del Castillo nos advierten de que las relaciones entre adolescentes pueden ser caldo de cultivo para la aparición de comportamientos machistas y violentos».
Además, este año el Ayuntamiento pondrá en marcha, como novedad, un programa de voluntariado de atención a las mujeres víctimas de la violencia machista, según anunció Lorente.

Unas medidas que son muy necesarias, a juzgar por la escalada de alarmantes cifras. En el 2009, es decir, en apenas mes y medio, 15 mujeres maltratadas ya han solicitado algún tipo de atención en Orihuela.

Ahora, el municipio ha sido el primero en sumarse a una campaña lanzada por la Diputación Provincial de Alicante bajo el lema Sal pitando, con la que, según la diputada de Igualdad, María Asunción Prieto, «pretendemos hacer ruido para que la sociedad se dé cuenta de que la violencia de género nos afecta a todos». Mediante protestas en las ocho comarcas y una campaña de publicidad, intentarán llamar la atención sobre esta lacra.
La diputada se mostró especialmente preocupada, al igual que Lorente, por los jóvenes, ya que, indicó, «una tercera parte de las denuncias por violencia de género del año pasado fueron interpuestas por adolescentes de entre 15 y 18 años».

E. M. LAHOZ
www.laverdad.es

Enero ha dejado 46 detenidos por delitos de violencia doméstica en Castellón

Por malos tratos o quebrantar órdenes de alejamiento.
En el mismo periodo de 2008 fueron detenidas 51 personas.

Un total de 45 hombres y una mujer han sido detenidos desde el 1 de enero en la provincia de Castellón como presuntos autores de los delitos de malos tratos en el ámbito familiar y quebrantamiento de medidas cautelares, según informa la Guardia Civil. La última detención se produjo el día 31 de enero, cuando la Guardia Civil de Oropesa del Mar arrestó a un vecino de la localidad, de 46 años, tras la denuncia presentada por su pareja, en la que comunicaba que había sufrido maltrato psicológico y una agresión por la que necesitó asistencia médica.

Órdenes de alejamiento
Así, en lo que va de año, la Guardia Civil de Castellón ha detenido a 37 hombres como presuntos autores de malos tratos en el ámbito familiar, así como a otros tres hombres y una mujer por quebrantar las órdenes de alejamiento que les impedía acercarse a las víctimas. Igualmente la Guardia Civil tramitó las diligencias de cinco detenidos por las policías locales de Burriana, Benicarló, Almassora, Benicàssim y Onda.
Los detenidos son la gran mayoría de nacionalidad española aunque también hay de Rumanía, Marruecos, Bulgaria, Colombia y Ecuador. El pasado año 2008, en el mismo periodo de tiempo, se detuvo a tres mujeres y 48 hombres por delitos relacionados con la violencia doméstica, según las mismas fuentes.

www.20minutos.es

Los cuatrocientos golpes

Entre enero y septiembre de 2008 se presentaron una media de 400 denuncias diarias por violencia doméstica y de género. Los datos del Observatorio del CGPJ relativos a ese periodo muestran que son cada vez las mujeres que piden ayuda


Pocas novedades ha deparado el último estudio de violencia doméstica y de género del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pocas, más allá del incremento de denuncias de las víctimas de delitos en el ámbito familiar.

Los juzgados de violencia sobre la mujer, de lo penal y las secciones especializadas de las audiencias provinciales acumularon en los tres primeros trimestres de 2008 un total de 108.261 denuncias, lo que se traduce en una media de 400 al día. Así se desprende de los datos del Observatorio del órgano de gobierno de los jueces actualizados a 30 de septiembre.

A falta de conocer los datos relativos a los meses de octubre, noviembre y diciembre, se puede concluir que las denuncias relativas a violencia doméstica y de género se caracterizaron el pasado año por un crecimiento progresivo, de forma que si en el primer trimestre sumaron 33.608, y en el segundo 37.072, el tercero continuó esa tendencia al alza hasta alcanzar la cifra de 37.239, un quince por ciento más que en el mismo periodo de 2007.

Uno de los datos más llamativos que se desprende del nuevo informe del CGPJ es que si bien en anteriores estudios lo significativo era el incremento de denuncias por parte de la víctima, lo que destaca ahora es la participación de sus familiares en este proceso: cada vez son más los parientes que se deciden a poner en conocimiento de las autoridades las situaciones de abuso. Así, en el primer trimestre de 2008, 142 familiares se decidieron a dar ese paso, en el segundo 197 y en el tercero 412. Todas estas denuncias fueron presentadas directamente en el juzgado, por lo que a ellas hay que sumar otras 310 interpuestas en dependencias policiales. No obstante, la iniciativa de los familiares a denunciar estos hechos representa un porcentaje mínimo en relación con el grueso de las denuncias, que parten en la mayor parte de los casos de la propia víctima (cerca de 27.000).

En un 11,4 por ciento de los casos, las víctimas desistieron en sus denuncias, un porcentaje similar al registrado el pasado año (un 10 por ciento en todo 2007). El 54 por ciento de estas renuncias vinieron de la mano de mujeres españolas; el 46 por ciento, de extranjeras.

De los 54.592 asuntos penales acumulados en los distintos juzgados, la mayoría fueron tramitados como diligencias previas (26.690) o urgentes -juicio rápido- (5.547). Otra parte de ellos, 9.877, se tramitaron como procedimiento abreviado (seguido para el enjuiciamiento de delitos penados con pena privativa de libertad hasta nueve años) y sólo 85 como sumario (pena de libertad superior a nueve años).

El 72 por ciento de los delitos instruidos lo fueron por lesiones, seguidos muy de lejos por delitos contra la libertad (9,3 por ciento) y contra la integridad moral (6,1 por ciento).
En total se celebraron 1.933 juicios de faltas, de los que un 58 por ciento fueron rápidos.

Órdenes de protección
En este tercer trimestre de 2008 los tribunales españoles dictaron 11.675 sentencias relacionadas con violencia doméstica y de género. De ellas, un 64 por ciento fueron condenatorias. Respecto a las personas juzgadas, de nuevo se aprecia la importante presencia de extranjeros, de forma que uno de cada tres justiciables eran de fuera de España.

Respecto a las órdenes de protección solicitadas e incoadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, en el tercer trimestre de 2008 hubo un total de 11.141 peticiones, de las que se acordaron 8.174 -el 73,8 por ciento-. De las solicitantes, una de cada tres era extranjera, la misma proporción que los hombres denunciados: el 63 por ciento eran españoles frente al 36 por ciento de fuera de nuestras fronteras. Además, un 63 por ciento de los agresores convivía con sus víctimas, frente al 36 por ciento que eran ex parejas de ellas.

Dentro del ámbito de la orden de protección se adoptaron 19.138 medidas penales, a las que hay que sumar otras 5.526 medidas cautelares acordadas en el marco del procedimiento judicial. De todas, las órdenes de alejamiento y la prohibición de comunicación representaron el 80 por ciento de las medidas, seguidas por la prohibición de volver al lugar de los hechos y la salida del domicilio.

En cuanto a las medidas civiles adoptadas en el marco de la orden de protección, 1.902 se refirieron a la prestación de alimentos, 1.664 a la atribución de la vivienda y 262 a la suspensión del régimen de visitas.


N. VILLANUEVA
www.abc.es

Una de cada cinco mujeres víctima de violencia de género desconfía de las medidas de protección

Pese a que aproximadamente el 90% denuncia las situaciones de agresión, una de cada tres retira la denuncia por pena, cariño, presión social y amenazas, entre otros motivos

Una de cada cinco mujeres que ha sufrido violencia de género en Castilla y León desconfía de las medidas institucionales de protección y el 26,09 por ciento afirma que sufrió maltrato más de diez años. Además, el 81,5 por ciento indica que solicitó una orden de protección tras denunciar los hechos, medida que recibió el 96 por ciento del colectivo. Estas son las principales conclusiones de un trabajo sobre la ‘Influencia de las medidas de protección en las mujeres víctimas de violencia de género’, elaborado por Miguel Pérez Fernández y Luisa Velasco Riego, en el seno de la Comisión Regional contra la Violencia de Género, adscrita a la Consejería de Familia.

El estudio, consultado por Ical, se centra conocer cómo afectan a estas mujeres las medidas de protección acordadas por los órganos judiciales, es decir, las órdenes de protección, las medidas de alejamiento cautelares adoptadas, y cualquier otra acción de seguridad acordada para evitar nuevas agresiones a la víctima, como la protección policial personalizada o el servicio de tele-asistencia.

Por lo que respecta al contacto mantenido con el sistema judicial, policial, sanitario y servicios sociales, todas las mujeres encuestadas lo tuvieron en alguna ocasión con la Policía. En el caso de aquellas mujeres que residían en ámbito urbano, un 63,04 por ciento acudió al Cuerpo Nacional de Policía y un 54,35 por ciento, a la Policía Local. El 21,74 por ciento al residir en núcleos rurales acudió a la Guardia Civil.

Los datos del informe reseñan que el 90,22 por ciento de las mujeres encuestadas acudió al juzgado y, aunque todas disponen de alguna medida judicial, algunas no contactaron de forma personal, sino por medio de un abogado. Del 77,17 por ciento de las mujeres que solicitaron asistencia sanitaria, la menor parte lo hizo al médico de familia, el 33,8 por ciento. El 69,01 por ciento restante acudió a urgencias. Además, se comprobó que un porcentaje elevado de mujeres acude a los servicios sociales (76,09 por ciento) y un 7,61 por ciento a otras instituciones, entre las que se incluyen el psicólogo del Juzgado, asociaciones, oficina de asistencia a la mujer, unidades de salud mental y psicólogos particulares.

Además, se observó que un 40,22 por ciento de las mujeres denunció sólo en una ocasión; mientras que el 47,83 por ciento lo hizo entre dos y cinco veces. Sin embargo, un porcentaje importante de mujeres retiró la denuncia en alguna ocasión (36,96 por ciento). Entre los motivos alegados, arrepentimiento por parte del agresor, cariño, pena, pensar que puede cambiar, sentimientos hacia los hijos, miedo a que el agresor cumpla las amenazas y presión social y familiar, indica el estudio consultado por Ical.

Secuelas
Según las respuestas recibidas por las mujeres sobre su percepción de las secuelas, el 79,35 por ciento afirmó que sufre secuelas en general, de las que el 83,56 por ciento son de carácter psicológico (ansiedad, depresión, nerviosismo, insomnio, pesadillas, miedo, llanto, tristeza, sobresaltos, angustia, baja autoestima, trastornos alimenticios, inseguridad, inquietud, irritabilidad, desconfianza, pérdida de memoria, aislamiento, etc.), mientras que el 8,22 por ciento son físicas: dolor crónico de extremidades, costillas, cervicales, espalda, cabeza, fracturas, pérdida de fuerza en brazos, perforación de tímpano, lesión en el tabique nasal, funcionamiento anormal de los riñones, anemia, contracturas, heridas y cicatrices.

El 6,85 por ciento de las mujeres manifestó sufrir secuelas tanto físicas como psicológicas, mientras que en algunas mujeres (17,39 por ciento) los malos tratos parecen no haber dejado secuelas, aunque el estudio no puede concluir que las sufran, y el 3,26 por ciento no saben si realmente sufren secuelas o no.

Ical
http://leonoticias.com

Los juzgados recibieron más de 100.000 denuncias por violencia de género hasta septiembre de 2008

Ocho de cada diez enjuiciados en los juzgados de violencia sobre la mujer resultaron condenados

Los juzgados de violencia sobre la mujer (JVM), los juzgados de lo penal y las secciones especializadas de las audiencias provinciales recibieron en los tres primeros trimestres de 2008 un total de 108.261 denuncias, según datos actualizados a 30 de septiembre difundidos hoy por el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En concreto, el número de denuncias tendió al alza desde principios de 2008. Así, entre enero y marzo se registraron 33.950 denuncias; en el segundo trimestre fueron 37.072 y entre julio y septiembre, un total de 37.239, según las cifras del CGPJ. En todo 2007 se computaron 126.293.

En cuanto a los denunciantes, en el tercer trimestre de 2008 la gran mayoría fueron víctimas que acudieron directamente a la policía (23.832 denuncias) o a los juzgados (3.170). Además, el 1,1 por ciento de los denunciantes eran familiares de las partes implicadas y en un 12,3 por ciento de los casos, las actuaciones se iniciaron con un parte de lesiones.

Destaca asimismo la cifra de desistimientos: más del 11 por ciento de las denuncias presentadas entre julio y septiembre (4.246) acabaron retiradas por la negativa de la víctima a continuar con el procedimiento judicial. Durante los nueve primeros meses del año se paralizaron así un total de 11.748 procedimientos.

Entre los delitos instruidos por estos juzgados entre julio y septiembre del último año, la mayoría (72,7 por ciento) fueron lesiones, mientras que el 9,3 por ciento fueron contra la libertad, el 6,1 por ciento, contra la integridad moral, el 1,4 por ciento contra derechos y deberes familiares y, el 0,01 por ciento, delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Asimismo, los JVM instruyeron 27 causas de homicidio.

OCHO DE CADA DIEZ, CONDENADOS
Atendiendo a los enjuiciados en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, el CGPJ informa de que fueron 5.880 las personas encausadas entre julio y septiembre, de las que un 52,9 por ciento eran españoles. De las 5.157 sentencias dictadas, el 83 por ciento fueron condenatorias, mientras las absolutorias fueron el 17 por ciento.

En el mismo periodo, los JVM atendieron 54.592 asuntos penales, de los que un 48,9 fueron diligencias previas, mientras que el 28,48 por ciento fueron diligencias urgentes y el 4,37 por ciento, juicios de faltas, que ascendieron a 1.933 y en más de la mitad de los casos fueron juicios rápidos.

Por su parte, los juzgados de lo penal dictaron 6.465 sentencias de violencia de género, de las que un 48 por ciento fueron condenatorias. En las secciones especializadas de las audiencias provinciales la cifra de sentencias ascendió a 53 con un 75 por ciento de condenas.

MÁS DE 11.000 ÓRDENES DE PROTECCIÓN
Sobre las medidas adoptadas en el tercer trimestre del año, el informe del CGPJ señala que las víctimas solicitaron 11.141, de las que se acordó el 73,8 por ciento. De las solicitantes, el 64,1 por ciento eran mujeres españolas, mientras que las extranjeras sumaron el 35,6 por ciento, porcentaje similar al de inmigrantes denunciados por violencia de género: el 36,02 por ciento.
Además, entre julio y septiembre se adoptaron 24.664 medidas penales derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares, en ocho de cada diez casos, por instancia de la víctima, según el informe del CGPJ. De estas medidas, el 88 por ciento fueron órdenes de alejamiento y el 85,5 por ciento, prohibición de comunicación. Además, en un 6,5 por ciento de los casos, el juez decretó privación de libertad.

(EUROPA PRESS CASTILLA LA MANCHA)

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En España sólo se denuncia el 10% de los casos de violencia de género

15 de cada 100 mujeres han sufrido violencia de género

La Asamblea de Madrid celebra hoy unas jornadas sobre la violencia de género con un claro objetivo, sensibilizar a la población sobre la idea de que la violencia de género es una corresponsabilidad de todos y todas.

En estas jornadas se ha destacado que los casos de violencia de género disminuyen cuando aumenta el conocimiento social sobre este asunto.

Además, la inauguración de este encuentro ha contado con la presencia del viceconsejero de Empleo y Mujer, José Ignacio Fernández que en declaraciones a la COPE ha asegurado que a pesar de la puesta en marcha de un nuevo juzgado en enero, los medios policiales y judiciales siguen siendo insuficientes.

Y como no podía ser de otra manera, en estas jornadas tampoco ha faltado una mención al profesor Jesús Neira. Victoria García Espejo, vicepresidenta de la Comisión de Violencia del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, ponía a Jesús Neira como ejemplo y aseguraba que debería haber más hombres como él.

Por otro lado, el delegado de Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, destacaba que 15 de cada 100 mujeres han sufrido en algún momento de su vida violencia de género y aún así, en España, sólo el 10% denuncia.

Laura Ignacio López

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Una de cada cinco solicitudes de medidas cautelares por violencia machista son denegadas

Un total de 1.066 sentencias condenatorias frente a 462 absolutorias y 507 casos de conformidad. Con el frío balance de las estadísticas, en este caso las recogidas en la memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del pasado año, las víctimas de violencia de género quedan sepultadas bajo los datos. Trasladando los números a las valoraciones, las agrupaciones que trabajan a favor de las víctimas censuran que todavía se aplican sentencias ''rebajadas'' o ''minimizadas'', tal como señalan desde la Federación de Mujeres Progresistas.

Avances insuficientes
Colectivos con amplia experiencia en la materia, como la Red Vecinal de Mujeres de Vigo, subrayan que se han producido avances, especialmente en lo relativo a la implicación de la Administración, pero lamentan que todavía es necesaria una labor destacada de ''formación y sensibilización'', según señala Rosa Fontaíña. ''Hay más ayudas'', reconoce, pero no se arriesga a bajar la guardia. ''Se ha evolucionado muy poco'', asegura, constatando un cierto frenazo tras el empujón en la visibilización registrado con la aprobación de la Ley integral contra la Violencia de Género, en diciembre de 2004.

El último caso de violencia machista, registrado esta misma semana, eleva ya a tres las víctimas mortales en la Comunidad gallega en lo que va de año, lo que representa de momento la mitad de los fallecimientos registrados en 2007, año en que murieron seis personas en el conjunto gallego.

Por tipología de delitos, el maltrato ocasional, las amenazas y coacciones, las lesiones y los quebrantamientos tanto de condenas como de las medidas cautelares son los más frecuentes. En el último caso, se contabilizaron un total de 130 casos (según el cómputo oficial, es decir, los incoados judicialmente) en las cuatro provincias gallegas. Los impagos de pensiones o incluso el allanamiento de morada y las agresiones sexuales también aparecen en el trágico cómputo.

Entre 31 y 50 años
Por lo que respecta a las edades de los maltratadores, y aunque se producen diferencias entre provincias, la franja de edad mayoritaria es la situada entre los 31 y los 50 años. La siguiente franja de edad mayoritaria es la situada entre los 18 y los 30 años, en una lectura que alerta de la presencia de la violencia machista entre los jóvenes. Así, la tercera franja de edad más reiterada es la de los mayores de 50 años.

En el otro lado de la balanza estadística, es decir, el de las víctimas, se producen diferencias más marcadas en función de la provincia. Aunque la franja que domina es la de entre 31 y 50 años; se producen variaciones llamativas en la siguiente. Así, por ejemplo, aparece ocupada por las mujeres de entre 18 y 30 años en el caso de la provincia de Ourense, mientras que son las mujeres de más de 50 años las que sufren más casos de violencia machista en la provincia de Pontevedra.

Circunstancias
Las circunstancias que modifican las sentencias judiciales constituyen uno de los puntos en el que los colectivos de mujeres ponen el foco. Según la estadística de la Fiscalía del TSXG (tras sumar el desagregado por provincias, ya que es imposible unificar en un cuadro único gallego porque las memorias provinciales utilizaron aplicaciones informáticas distintas), se contabilizaron 18 atenuantes por trastorno mental transitorio en Ourense y Pontevedra, mientras que se aplicó el agravante de parentesco en un total de 24 casos de las provincias del norte, A Coruña y Lugo.

En cuanto al dictamen de medidas cautelares, la memoria del pasado ejercicio, revela que, de un total de 875 solicitudes, fueron denegadas 184, es decir, el 21% (una de cada cinco) de las solicitadas por las víctimas.

Ante estas situaciones, desde la Federación de Mujeres Progresistas advierten de que todavía es muy numeroso el porcentaje de sentencias que resultan absolutorias en ''agresiones domésticas'' (sitúan el porcentaje de las ''minimizadas'' en un 30%), aunque resaltan el buen papel de la Comunidad gallega, una de las más estrictas en la aplicación de la ley.

Acompañamiento
Una de las iniciativas impulsadas desde la Vicepresidencia de la Xunta es la puesta en marcha de una red en la que se integren diversas asociaciones –vecinales, profesionales…- que llevan a cabo tareas de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género. El ‘Rodela’, como se denomina, está actualmente implantado en las ciudades de Vigo, A Coruña, Ourense, Ferrol y Lugo, y acaba de dar un paso adelante para que puedan acogerse a él también colectivos que operan en municipios de más de 30.000 habitantes.

''En todo lo que necesiten, estamos con ellas'', explica una voluntaria del programa. ''Vamos con ellas al juzgado, a realizar cualquier asunto burocrático, las acompañamos además de la Policía el día que tienen que ir a recoger sus cosas a la casa del maltratador'', afirma. Incluso, realizan un seguimiento de la situación con ''insistencia'' ante los posibles abogados que ''no prestan mucha atención, que pasan''.

Esther Rodríguez. AGN.
http://elprogreso.galiciae.com

Unas 4.300 mujeres están bajo algún tipo de protección por violencia de género en la Región, una de ellas en riesgo extremo

Tovar asegura en un curso que en los dos últimos meses ha aumentado el porcentaje de españoles que cometen actos de violencia de género

Un total de 4.336 mujeres están en la Región de Murcia bajo algún tipo de protección y seguimiento por violencia de género, de las que a fecha de ayer (5 de noviembre) una tiene riesgo extremo, 59 riesgo alto, 535 riesgo medio, 1.390 riesgo bajo y 2.351 riesgo no apreciado.

Así lo aseguró el delegado de Gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, en la presentación de unas jornadas de formación sobre el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (Viogen) en la capital murciana, en compañía del coronel de la Guardia Civil, Benjamín Martín, el jefe superior de la Policía Nacional, Carlos Llorente y el director de la prisión de Sangonera, Guillermo Miranda.

En el mismo periodo, desde 1 de enero al 31 de octubre del presente año, se han registrado a través de este sistema un total de 2.354 denuncias por violencia de género, en las que en un 71,49 por ciento son del tipo "malos tratos en el ámbito familiar y habituales en el ámbito familiar".

Además el 53,52 por ciento de las víctimas son de nacionalidad española y el 46,47 por ciento extranjera; mientras el 53,31 por ciento de los agresores son de nacionalidad española y el 46,68 por ciento extranjera, "observándose que en los dos últimos meses ha aumentado en dos puntos el porcentaje de españoles que cometen actos de violencia de género sobre el de extranjeros", apuntó el delegado.

En lo que respecta a la relación entre víctima y agresor, el 32,79 por ciento de los casos son compañeros sentimentales, cónyuges en el 31,22 por ciento, ex compañeros sentimentales en el 21,36 por ciento, ex cónyuges en el 6,49 por ciento, ex novios en el 4,67 por ciento y novios en el 3,44 por ciento.

Tras lo que comentó González Tovar "en los dos últimos meses se produce un aumento de un punto en el caso de los cónyuges y disminuye en la misma proporción en el caso de los compañeros sentimentales".

Con relación a las franjas de edad, las mujeres que con mayor frecuencia denuncian malos tratos tienen entre los 21 y 30 años en el 35,13 por ciento; entre 31 y 40 años en el 34,23 por ciento y de 41 a 50 años un 17,07 por ciento. Respecto a los agresores, el 36,70 por ciento tiene entre 31 y 40 años; el 28,41 por ciento entre 21 y 30 años y el 20 por ciento entre 41 y 50 años.

En cuanto a los tipos de denuncia más habituales, en un 71,49 por ciento son los de "malos tratos habituales en el ámbito familiar", acompañados de violencia física y un 10,62 por ciento amenazas.

Por otra parte, durante este año han presentado lesiones un 5,09 por ciento de las mujeres denunciantes y en el 5 por ciento de los casos se ha producido "quebrantamientos de condena" con relación a la medida de alejamiento incluida en al Orden de Protección a la víctima.

En este sentido, el delegado del Gobierno indicó que "estos datos nos indican que existe aumento significativo de la presión sobre el agresor, debido al seguimiento periódico que se deriva de la aplicación del programa Viogen".

En cuanto a los niveles de riesgo derivados de la Valoración Policial que realizan los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que determinan los niveles de medidas de protección a aplicar a la víctima, en el 49,27 por ciento de los casos se ha determinado un nivel de riesgo bajo, en el 28,12 por ciento un nivel medio, alto en el 4,20 por ciento y extremo en el 1,48 por ciento, "concretamente hoy, tenemos 1 mujer con riesgo extremo", recordó el delegado.

Con relación a los encarcelamientos de agresores, desde enero han sido comunicados 187 permisos a las víctimas y/o excarcelamientos de penados por violencia de género.

González Tovar señaló que, "todos estos datos evidencian que, no podemos dejar de seguir trabajando, y mantenernos firmes en el compromiso que como políticos y ciudadanos hemos adquirido con las mujeres que sufren violencia".

"A la vez, se requieren altos niveles de coordinación institucional para garantizar que consigamos nuestros objetivos de sensibilizar, prevenir, atender y proteger a las personas, en este caso mujeres e hijos, que sufren las consecuencias de esta situación", añadió.

VIOGEN.
El delegado, que hizo estas declaraciones en la inauguración de un curso sobre Valoración Integral de Violencia de Género (Viogen) destinado a cien asistentes entre efectivos de Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía y funcionarios de la Administración de Justicia y de Instituciones Penitenciarias, es impartido por los máximos responsables del sistema Viogen, Jorge Zurita y Manuel Izquierdo, miembros ambos del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior del Ministerio de Interior.

Un sistema que "sirve como elemento de reflexión y mejor conocimiento de la realidad que vive la Región en materia de violencia de género". Y es que "se está haciendo un esfuerzo de coordinación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, policías locales, judiciales y penitenciarias".

González Tovar señaló que la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, "ha supuesto el mejor instrumento normativo de los hasta ahora elaborados en España para combatir esta lacra social".

También se ha referido a las múltiples medidas que se han puesto en marcha como desarrollo de esa norma, como son la teleasistencia domiciliaria, el teléfono de asistencia 016, las prestaciones económicas a las víctimas, los juzgados especializados, la formación de profesionales, el tratamiento a los agresores y la sensibilización, en general, de toda la sociedad.

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Igualdad pondrá pulseras en el 2009 a agresores con orden de alejamiento

El Gobierno implantará en el 2009 los sistemas telemáticos, tipo pulseras, para controlar las medidas de alejamiento impuestas a los maltratadores en los casos de violencia machista, según señaló Miguel Lorente durante su reciente visita a León.

La medida cuenta con una dotación presupuestaria de cinco millones de euros dentro del presupuesto de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Esta partida supone casi el 20 por ciento de los recursos destinados al departamento que dirige Lorente en los presupuestos del 2009.

El objetivo del Ministerio de Igualdad es implantar el sistema electrónico de pulseras que localizan a los agresores de violencia machista en todas las comunidades autónomas. Actualmente, las pulseras electrónicas se utilizan en Cataluña, Baleares y Madrid.

Lorente estima que para dar una mayor protección y seguridad a las víctimas, se deben establecer medidas de control de los agresores en lugar de obligar a la mujer a ocultarse o huir.

«No podemos permitir que aumente la victimización a través de una mayor tranquilidad del agresor a costa de la intranquilidad de la víctima», enfatizó.

Lorente también subrayó que el Ministerio de Igualdad realizará un seguimiento en el ámbito tecnológico para garantizar unos requisitos básicos en estas pulseras de control telemático, como la detección de cualquier intento de manipulación por parte del agresor.

Durante la presentación de los presupuestos del Ministerio de Igualdad para el 2009, Bibiana Aído, destacó otras partidas relevantes de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género como los ocho millones de euros que dedicará a las campañas de sensibilización y concienciación social, cuatro millones para el programa de colaboración con las comunidades autónomas en asistencia integral a las víctimas y otros tres millones para los programas de reeducación de los maltratadores.

En León, cerca de dos centenares de hombres condenados han pasado por los programas de rehabilitación que realizan la asociación Proyecto Hombre y el CIS Jesús Haddad del centro penitentenciario de León.

El Ministerio de Igualdad tiene un presupuesto de 113 millones de euros para el 2009, lo que supone un incremento de un 37,2 por ciento respecto al presupuesto que «heredó» en el 2008 tras su creación a partir de departamentos que anteriormente dependían del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

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Más de un centenar de alavesas víctimas de la violencia machista viven con medidas de protección

Simulación de una agresión machista.Foto: d.n.a.

de esas 133 mujeres, 97 son españolas y 36 de origen extranjero

Clara Campoamor advierte de que si no exigen a sus ex la pensión compensatoria no cobrarán paga por viudedad

Hay mujeres en Álava que siguen soportando insultos y palizas por miedo al qué pasará si dan el paso y denuncian a su agresor. La sensación de desamparo les persigue a todas, pero al menos hay víctimas de violencia machista en el territorio que pueden sentirse más seguras cuando suena el timbre de casa o bajan a la calle. Según datos ofrecidos por el Gobierno Central, 133 maltratadas de la provincia cuentan en la actualidad con medidas de protección, después de haber tenido la suficiente valentía para hacer pública su pesadilla. Y de todas ellas, la mayoría tiene acento autóctono: 97 son de nacionalidad española y 36 de origen extranjero.

A través de un rápido y sencillo procedimiento judicial, las mujeres pueden lograr las medidas restrictivas de la libertad de movimientos de sus maltratadores para impedir que se acerquen a ellas, así como las orientadas a proporcionarles seguridad, estabilidad y protección.

En Álava son ya más de un centenar las mujeres que han dado el paso y en Euskadi 943, aunque todavía la cifra no resulta tan llamativa como en otras comunidades, sobre todo por el número total de habitantes. En este triste ranking, se llevan la palma Andalucía, con 8.053 féminas con medidas de protección; Cataluña, con 6.917; y Madrid, con 6.711.

En cualquier caso, la violencia machista sigue maniatando a demasiadas mujeres. La presidenta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, explicó ayer que la mayoría de mujeres maltratadas o no solicitan la pensión compensatoria en los procesos de divorcio, o la piden pero no denuncian a su ex marido cuando no la paga. ¿El motivo? Por miedo, para garantizarse "su propia seguridad".

Sin embargo, este gesto puede conllevar una consecuencia poco deseable.

Ruiz advirtió de que, en la actualidad, se está ejecutando un decreto aprobado en la pasada legislatura que recoge que las mujeres separadas y divorciadas que no reclamen la pensión compensatoria no cobrarán pensión de viudas en caso de que se muera el ex marido.

"Por miedo las víctimas de violencia de género no lo denuncian y si se quedan viudas no cobran la pensión de viudedad. Encima de maltratadas, luego no son consideradas viudas", denunció Ruiz, quien recordó que las mujeres, al divorciarse, optan por "quedarse con los hijos y renuncian a la pensión sin saber las consecuencias finales".

Clara Campoamor solicitó al final de la anterior legislatura que el Gobierno central revisara este decreto por ser "contradictorio" a lo recogido en la Ley Integral de Violencia de Género y de Protección a las Mujeres.

"Para proteger sus vidas no las podemos obligar a que presenten denuncia por impago de pensión compensatoria", subrayó Ruiz.

d.n.a./efe

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Una treintena de mujeres ceutíes víctimas de la violencia machista cuentan con protección

De las 31 que tienen medidas para su seguridad, 26 son españolas

Madrid es la Comunidad con más mujeres extranjeras víctimas de violencia machista que cuentan órdenes de protección: 2.762, lo que representa el 41,16% del total de mujeres con medidas de protección en este ámbito territorial.

Y Ceuta es, proporcionalmente, la comunidad autónoma donde mens mujeres extranjeras reciben protección como vícxtimas de malos tratos por parte de sus parejas o ex parejas.

Así, de las 31 mujeres con órdenes de protección, 26 son españolas y cinco de nacionalidad extranjaera.Andalucía, Cataluña y Madrid encabezan, por ese orden, la estadística, mientras que el menor número de órdenes de protección o medidas cautelares (medidas activas de protección) se registran en La Rioja y en Cantabria, además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Del número total de mujeres -41.459- con órdenes de protección en España -41.459-, 29.756 son de nacionalidad española y 11.703 son extranjeras, lo que representa un 28,23 por ciento.Del número total de mujeres con órdenes de protección, 29.756 son de nacionalidad española y 11.703 son extranjeras, lo que representa un 28,23 por ciento.

Las comunidades con un mayor número de mujeres extranjeras con órdenes de protección son las Madrid, con 2.762 (un 41,16 por ciento), y Cataluña, con 2.242 (un 32,41 por ciento).

Estos datos son del Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica hasta el 31 de mayo de este año, según la respuesta escrita del Gobierno a una pregunta formulada por la diputada popular Susana Camarero.

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La fiscal de violencia de género cuestiona el alejamiento forzoso de los maltratadores

Tres años después de la entrada en vigor de la ley contra la violencia machista el alejamiento obligatorio del agresor cuando ha sido condenado sigue revelándose como uno de los puntos de posible modificación.

La fiscal para la violencia de género, Soledad Cazorla, criticó ayer que, en algunos casos, esta medida resulta "inoperante" y pidió que les concedan "un poco de margen" para que no siempre haya que recurrir a ello. "No estoy en contra de la medida, pero sí de que siempre sea obligatorio".

De modo parecido se expresó la magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid María Tardón, quien dijo haberse encontrado en varias ocasiones episodios esporádicos de violencia que luego se superan para los que sería más eficaz "emitir sentencias con ciertas condiciones que permitan a la pareja reanudar su convivencia".

Pero este asunto permanece atascado porque no se logra un acuerdo general. Altamira Gonzalo, la presidenta de la Fundación Themis, de mujeres juristas, no cree que sea el momento de rebajar la protección de las víctimas aun cuando ellas mismas consideren que están fuera de riesgo.

El alejamiento forzoso ha sido uno de los puntos centrales del debate generado durante dos días en Madrid en unas jornadas de reflexión organizadas por la Fundación Themis para analizar el funcionamiento de esta ley. Reflexiones se han escuchado muchas. En ellas, y de forma reiterada, sobre otro asunto polémico en los tribunales que juzgan las agresiones machistas: la dispensa a la que pueden acogerse las mujeres para no declarar contra su pareja a la que denunciaron días antes.

Cuando eso ocurre, el proceso pierde una prueba fundamental, que a veces es la única porque la agresión ha ocurrido en la intimidad, sin testigos. A Soledad Cazorla le resulta "incomprensible" que en estos delitos pueda utilizarse esta dispensa, porque la mujer es también la víctima. En este punto tampoco hay unanimidad.

Todas coincidieron, sin embargo, en que siguen faltando medios para aplicar esta ley. La fiscal afirmó que siguen teniendo "los mismos problemas jurídicos que tenían hace tres años" e insistió en la incidencia superior de esta violencia en la población inmigrante, la falta de formación de las distintas personas que intervienen en estos procesos y la necesidad de evaluar con precisión el riesgo que corre la víctima para protegerla adecuadamente. Gonzalo se empleó para desmontar la idea de que las mujeres presentan falsas denuncias. El 72% de las resoluciones han sido condenatorias y eso no significa que el resto fueran denuncias falsas, sino que no hubo suficientes pruebas.

CARMEN MORÁN
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Audiencia Provincial de Alicante pide unidades para evitar que el maltratador que sale de prisión se acerque a su víctima

La fiscal jefe de Valencia cree innecesario publicar en los medios el rostro de una mujer maltratada para saber la gravedad del problema

El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, abogó hoy por crear más unidades específicas de seguimiento del maltratador con el objetivo de evitar que éste se acerque a su víctima cuando ha cumplido condena y sale de prisión. En la actualidad, expuso que hay una unidad en Alicante que, dijo, se debería extender al resto de la Comunitat y también a nivel nacional.

Magro realizó estas declaraciones a los medios de comunicación tras intervenir en el I Congreso Internacional Mujer y Medios de Comunicación 'Violencia contra la mujer, ¿información o espectáculo?', que fue inaugurado hoy por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y por la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León.

En su intervención, Magro explicó que una de las medidas que se pueden adoptar para evitar que las mujeres sigan falleciendo víctimas de malos tratos es la potenciación de las unidades de seguimiento del maltratador, integradas por trabajadores sociales y por psicólogos, para controlar que cuando éste sale de la cárcel, vuelva a acercarse a su víctima. El objetivo, aseveró, no es "estar encima de él" ni "hacer una especie de acoso", sino "controlar que no se acerque a la víctima" porque en ese momento existe un riesgo muy elevado de que le busque para volver con ella, o bien para intentar matarle por haberle denunciado.

Estos es precisamente lo que hace la unidad de Alicante, pionera en España. Ésta dispone de dos listados, uno con el número de condenados en prisión, y otro con las víctimas para que, en el momento que un maltratador sale de la cárcel, llamar a la víctima y alertarle de su puesta en libertad. Seguidamente, se comunica este hecho a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por ello, insistió en que "sería interesante" que estas unidades sean arbitradas tanto a nivel de la Comunitat como a nivel nacional, para controlar si se produce algún acercamiento entre agresor y víctima, si éste va a visitarla o si convive con ella a pesar de las órdenes de alejamiento. Esta medida, dijo, "cuesta bastante dinero, pero con ella se podría saber mejor qué es lo que pasa en muchos hogares".

Al respecto, subrayó que "no se puede pensar" que "únicamente" con la existencia de una orden de protección, del Código Penal o de leyes "se va a evitar que haya más muertes", lo que hay que hacer, a su entender, "es controlar esa situación". "Con el Código Penal o la normativa existente --agregó-- no evitaremos las muertes, tenemos que ser más imaginativos, estar más encima de esta situación de maltrato, sentándonos, por ejemplo, en mesas de coordinación entre varios entes implicados".

EQUIPOS DE ASISTENCIA
Junto a estas unidades, Magro apostó por incidir en la prevención, por tutelar a las mujeres que no están denunciando todavía y estudiar las causas de por qué no lo hacen, poner medios e intentar aislarlas cuando se deciden a denunciar, para que la víctima "no esté sola", puntualizó. En este punto, resaltó la importancia de la creación de equipos de asistencia psicológica, social y jurídica para que la víctima que ha dado el paso, "se sienta protegida y tutelada por la Administración".

Con estos equipos también se podría evitar otro problema, aseveró, y es que la víctima vuelva a convivir con el agresor, ya que se observa que tres de cada cuatro mujeres que fallecen lo hacen en situación de convivencia. "Hay que evitar que esto siga ocurriendo, hay que separarles y evitar que vuelvan a vivir juntos", destacó, y por ello abogó por darles trabajo, y ayudarles económica y socialmente.

Por otro lado, y en este contexto, Magro también resaltó la importancia de los medios de comunicación para erradicar esta lacra porque ejercen un "mecanismo fiscalizador" en la sociedad y plantea qué está pasando y qué se está haciendo.

Por su parte, la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, que también participó en las jornadas, opinó que "no hace falta" publicar en los medios de comunicación los rostros de mujeres maltratadas para saber la gravedad del problema que es la violencia de género, puesto que "una mala foto o una mala imagen puede causar mucho daño".

Tampoco consideró positivo que las mujeres víctimas de malos tratos denuncien su situación en programas de televisión, puesto que se "frivoliza" la "importancia" del problema. En su opinión, éstas deben acudir a pedir ayuda a otros organismos y a denunciar su situación. "La gravedad de la violencia sobre la mujer requiere un tratamiento mucho más cuidado que el tratamiento muchas veces superficial y morboso que se les da en algunos 'reality shows'".

Asimismo, calificó de "negativo" que en ocasiones "sólo se hable de las muertes" puesto que "hay más casos de malos tratos"; o que salga poca información de las consecuencias de estos actos y de las sentencias condenatorias; o las ayudas que se ofrecen a las víctimas.

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En Cuenca hay 295 órdenes de protección a mujeres

Hasta el pasado mes de septiembre se han contabilizado un total de 295 órdenes de protección a mujeres que han denunciado ser maltratadas por sus parejas o ex parejas. Además, en lo que llevamos de año se han presentado por este motivo 243 denuncias.

Estos son los últimos datos que dio a conocer ayer el subdelegado del Gobierno en Cuenca, Julio Magdalena, durante la presentación de la «Guía de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género» que ha editado el Ministerio de Igualdad. El objetivo de esta guía, de la que se distribuirán en Cuenca de momento unos 1.000 ejemplares, es dar información y sensibilizar a la sociedad sobre las consecuencias de la violencia machista y las acciones para prevenirla y reforzar la protección de las víctimas.

Aunque actualmente haya este número de órdenes de protección, precisó Magdalena, no todas han sido decretadas este 2008, sino que proceden también de años anteriores. Respecto a las denuncias por maltrato, se han incrementado respecto a 2007, aunque no supo precisar cuánto. Sí indicó su causa: «los colectivos se incrementan, la población se incrementa, los flujos de población también se incrementan, todo se incrementa, es decir todo va en proporción».

Mujeres inmigrantes
Durante la presentación, Magdalena estuvo acompañado de la jefa de la Unidad contra la Violencia de Género de la Provincia de Cuenca, Julia Marta Recuenco, que explicó que la guía también se ha editado en inglés, francés, rumano o árabe porque también está pensada para las mujeres inmigrantes. En la guía se recogen los derechos de las mujeres que están agrupados en cuatro apartados. El primero, «Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita»; el segundo, «Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social»; el tercero, «Derechos de las funcionarias públicas»; y el cuarto, «Derechos económicos».

ISABEL PACHECO
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La Policía protege a 250 mujeres en riesgo de sufrir violencia de género

Una unidad especial se encarga de valorar el riesgo y les ofrece medidas para garantizar su seguridad

"Aunque fueran diez, ya serían muchas, porque a la violencia no hay que darle amparo". El que habla es el inspector Manuel Molina, que dirige en Granada la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP) contra la violencia de género y lamenta profundamente el número de mujeres que se encuentran en riesgo de sufrir esta lacra.
Son unas 250, calcula, las que ahora mismo reciben la protección de la UPAP de Granada. Esta unidad, cuenta el inspector, "se creó con la idea de dar a estas mujeres un mejor apoyo".

La diferencia radica en que antes, en principio, se les atendía cuando tenían un problema, por ejemplo, si la mujer tenía una orden de alejamiento y denunciaba que su ex pareja no la cumplía.

Ahora se da un paso más allá, se intenta retroceder en el reloj y comenzar antes a actuar. Prevenir. "Cuando una persona denuncia malos tratos, el asunto pasa de inmediato a los juzgados de violencia de género, se ve sobre la marcha y el juez dicta unas medidas provisionales o, si hay acuerdo, una sentencia condenatoria y esta información pasa a nosotros", relata Molina.

Desde ese momento, se prestará una atención especial a la denunciante, o incluso desde el mismo momento en que presenta la denuncia, si se observa un riesgo.

Precisamente para la evaluación del peligro, estas unidades especializadas cuentan con un programa específico que en base a unos parámetros determina la valoración policial del riesgo.

En él se introducen todos los datos sobre el caso: las circunstancias de la denunciante, si ya ha habido agresión, las amenazas que pueda haber recibido y la actitud del acusado, entre otra información.

En base a esto, se determina si se aprecia riesgo y si éste es bajo, medio, alto o extremo, aunque el inspector señala que las mujeres que se encuentran en esta última situación no suelen superar en ningún momento la decena.

Este dato influye en la decisión de qué medidas policiales se deben tomar, aunque depende ante todo de lo que pida la víctima.

En los casos extremos, se la lleva a una casa de acogida y si no, "se le ofrece un teléfono de conexión directa con la sala del 091 y con el funcionario que se le ha asignado para su protección", cuenta el inspector Molina, "y a los grupos que operan en su zona se les informa para que tengan una especial atención".

Se le recomienda que ante cualquier atisbo de problema se ponga en contacto con ellos. Los efectivos y medios que componen estas unidades han sido criticados desde los sindicatos por escasos.

Molina no puede facilitar la información sobre la composición de la UPAP de Granada. "Cualquier jefe de unidad dirá que necesita más y quiere más medios y tenemos la expectativa de que vaya aumentando el personal y el material", señala el inspector, que valora no obstante muy positivamente el funcionamiento de la unidad. "Está dando un buen resultado.

El tiempo está avalando la idea.
Durante los cinco años que lleva funcionando, no ha habido ningún percance de gravedad en los casos que llevamos, incumplimientos sí, pero se han detectado y se ha procedido a la detención", afirma satisfecho. "Es un buen freno", sostiene, aunque el fin último es que un día no haya una sola mujer en riesgo.

Ester Araúzo
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El CGPJ investiga posibles anomalías en el Juzgado de Violencia de Género

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una investigación al titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Huelva por posibles anomalías en su funcionamiento.

El juez Francisco Ramírez Herves ya fue investigado cuando ejerció su carrera profesional en Mellilla y Ayamonte.

Según ha podido saber ODIEL Información de Huelva, hasta tres inspectores del CGPJ se desplazaron el jueves hasta el Palacio de Justicia de Huelva para analizar la situación de este juzgado específico de violencia de género, que se puso en funcionamiento hace un año.

El CGPJ ha detectado que su titular puede ser el responsable de la pérdida de expedientes sobre casos de violencia de pareja o del retraso en el dictamen de sentencias en juicios de faltas.

Estos retrasos se habrían prolongado hasta seis meses en el tiempo.

Además, los inspectores del órgano de los jueces también investigan el trabajo que este juez desempeñó en el Juzgado de Instrucción 4, que llevaba, entre otros, los casos de violencia de género hasta que se creó el órgano específico.

En este otro juzgado, Ramírez Herves y dos funcionarios, podrían haber cometido las mismas faltas de pérdida de expedientes o retrasos injustificados en el dictamen de las sentencias.

El titular de Violencia sobre la Mujer ya fue investigado en ciudades como Melilla o Ayamonte, donde comenzó a ejercer su carrera profesional.

En Melilla, Ramírez Herves fue investigado por perder un expediente sobre un importante caso de tráfico de drogas.

En Ayamonte, donde fue titular del el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, el juez recibió al menos dos denuncias de los propios funcionarios por el mal funcionamiento del mismo. Quienes lo conocen y han trabajado con él codo con codo lo tachan de déspota.

Los tres inspectores del CGPJ estuvieron en el despacho del magistrado hasta poco antes de las dos de la tarde. Ramírez Herves tuvo que retrasar la única vista oral prevista en la mañana de ayer.

¿Juez y parte?

Los asuntos del juez Francisco Ramírez Herves, según ha podido saber este periódico, van más allá de supuestas irregularidades que investiga la Comisión Disciplinaria del CGPJ. Al parecer, según diversas fuentes, la mujer del magistrado, Susana Duque Mora, y el juez habrían incurrido en una serie de incompatibilidades judiciales que podrían ser objeto de investigación judicial.

Duque Mora, según las fuentes, ejerció de abogada en el mismo juzgado en que su marido era juez, algo que, según las mismas fuentes, sería incompatible para el ejercicio de ambas actividades, sobre todo para la del juez, aunque éste no haya firmado ninguna sentencia en la que su esposa figurara como letrada. En este punto, las fuentes consultadas señalan a un compañero del juez, otro magistrado, que habría firmado sentencias favorables a Susana Duque, conociendo la relación matrimonial entre ésta y Ramírez Herves.

El titular de Violencia sobre la Mujer de Huelva fue el encargado de estrenar este juzgado desde que se separara del Instrucción 4, donde Ramírez Herves había trabajado, y por el que se le investiga por supuestas pérdidas de expedientes. El mismo magistrado solicitó su traslado voluntario al juzgado de nueva creación, dejando, según diversas fuentes, el juzgado de salida “colapsado”. Ramírez Herves acabó la carrera de Derecho en la Universidad de Huelva en el año 1992.

Lorena Correa / M. Luque

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Un ex guardia civil mata a su mujer y se suicida en un cortijo de Motril

El cuerpo de la mujer presenta cuatro cortes profundos hechos con una herramienta eléctrica.- El hombre tenía una orden de alejamiento por maltrato

Un día más, el horror de la violencia machista. Como se temía desde que esta mañana se hallaron dos cadáveres con signos de violencia en un cortijo de Puntalón, cerca de la localidad granadina de Motril, se trata de un uxoricidio. La mujer ya había denunciado a su marido por maltrato, por lo que éste tenía una orden de alejamiento. Hoy el hombre, un ex guardia civil de 51 años, presuntamente acuchilló en cuatro ocasiones a su pareja, de 41, antes de suicidarse. Ambos murieron desangrados. Ella tenía los pies atados con cinta aislante.

Tras doce horas de investigación, los agentes de la Brigada de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía han descartado la participación de una tercera persona en el suceso y han concluido que se trata con toda probabilidad de un nuevo caso de violencia machista.

El cadáver de la mujer, Rosario G.R., natural de Láujar (Almería) y celadora de profesión, presentaba al menos cuatro cortes de gran profundidad producidos por una herramienta eléctrica en el cuello, un hombro, un brazo y una pierna. Se cree que esta última herida, la más grande, pudo ocasionarle la muerte, que presentaba una cinta aislante atada a los pies.

Cadáver con arañazos y golpes
El cadáver de Manuel H.M. tiene arañazos y golpes que problablemente le propinó la mujer para defenderse de la agresión. El ex guardia civil se encontraba de baja por tratamiento psicológico y trabajaba en la actualidad de vigilante de seguridad en Almería. Rosario era la segunda mujer de Manuel, ambos tenían tres hijos, todos menores de edad.

El padre del ex agente, Antonio H., es quien ha encontrado los cadáveres. El hombre se desplazó al cortijo pero lo encontró cerrado por lo que avisó a la policía. Antonio H. ha manifestado a los periodistas que un Juzgado de El Ejido, localidad almeriense donde residía la pareja, había decretado una orden de alejamiento contra su hijo tras la denuncia de su nuera y que se habían separado temporalmente pero volvieron a vivir juntos porque "últimamente se llevaban bien". De hecho, la pareja pasó el lunes en una reunión familiar en el cortijo del Puntalón a la que asistieron buena parte de sus allegados y, aunque por la tarde regresaron a su domicilio en El Ejido, horas después volvieron al lugar, al parecer en busca de un móvil que habían olvidado. Antonio mantiene que su hijo no era capaz de hacer "algo así" y que mantenían "la relación de un matrimonio normal".

EFE
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