9 de abril de 2009

Las policías Nacional y Local se reparten la protección a víctimas de maltrato desde 2006

La sargento García, cuyo departamento el Ayuntamientoniega ahora que existiese, participó en la coordinación

A lo mejor, como sostiene Agustín de Luis, «no existe y no ha existido nunca» un departamento dentro de la Policía Local encargado de la violencia de género y mandado por la sargento interina Mercedes García. A lo mejor, pero desde 2006, la Policía Nacional y la Local cooperan de forma regular en el control de las órdenes de alejamiento y protección a las víctimas, según confirmaron ayer fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Asturias. En las reuniones para coordinar la actividad de los dos cuerpos en este ámbito, por parte municipal acudía Mercedes García, señalaron las mismas fuentes.

De hecho, la calle del General Elorza marca la divisoria entre las demarcaciones de unos y otros. El mando, «la última palabra», la tiene siempre la UPAP, la unidad de la Policía Nacional que supervisa las 500 órdenes de alejamiento y 200 de protección que ahora hay en vigor en la ciudad. La colaboración ha sido «activa, participativa y cordial», concluyen las mismas fuentes, que no entran a definir la estructura de la Policía Local.

Mercedes García fue nombrada sargento interina por el anterior responsable de Seguridad Ciudadana y hoy coordinador de Protección Civil, José Manuel López, quien la puso al frente de la Policía Judicial, una de las dos unidades que se encargaba del control de las órdenes de protección. Como tal compareció junto a miembros del equipo de gobierno como responsable de Violencia de Género de la Policía Local.

De Luis lo niega al rechazar el recurso de la funcionaria contra su cambio de destino a Tráfico, bajo el mando de tres de los cinco compañeros a los que denunció por acoso en el trabajo. El nuevo jefe de la Policía insiste en que ser mujer no es necesario para mandar «la inexistente unidad de Violencia de Género». El jefe de la UPAP es un hombre, lo mismo que su segundo y su tercero al frente, destaca De Luis en su informe. Los tres mandos que cita son los mismos que se pusieron de acuerdo con García para compartir las tareas rutinarias de protección a las víctimas con una unidad de la Policía Local que «no existe ni ha existido nunca», insiste.
De Luis reconoce que la Policía Local controla órdenes de protección, pero elude precisar en todo momento quién o qué unidad lo hacía y quién estaba al mando.


El TSJR ratifica que se cambió de puesto a un funcionario para perjudicarle

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha estimado el recurso planteado por un funcionario de Vivienda, al que este mismo tribunal confirmó en su día haber sufrido el acoso de sus superiores, y se ha ratificado, por segunda vez, en que se le cambió de puesto con el ánimo de perjudicarle.

El nuevo pronunciamiento emitido por la Sala de lo Contencioso del TSJR, que revoca el fallo favorable al Gobierno dictado en primera instancia a finales de 2004, obedece a la resolución emitida a primeros de año por el Tribunal Constitucional. Resolución en la que el TC estimó el recurso de amparo de la Administración autonómica y resolvió retrotraer las actuaciones a este momento del proceso, por considerar que no se había dado traslado a las partes, y en concreto a la Administración regional, de una resolución que lesionaba su derecho de defensa.

Pues bien, la sentencia dictada ahora por el TSJR reproduce los mismos argumentos recogidos en la resolución de febrero de 2005. Y viene a decir, en síntesis, que «no existía ninguna justificación objetiva» para diseñar un nuevo organigrama de la Consejería a la que se halla adscrito el funcionario demandante y que a éste, en su nuevo puesto, se le habían impuesto tareas distintas a las que hasta ese momento realizaba.

En definitiva, la Sala llega a la conclusión de la «existencia de desviación de poder por parte de la Administración», así como que la nueva organización de la Consejería tiene «conexión directa con el mobbing padecido por el demandante».

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