Los jueces rechazan especializar un juzgado penal en violencia machista para la provincia

Consideran «absolutamente inviable» la propuesta por la falta de órganos

Los magistrados reclaman cursos de especialización para los funcionarios

Los titulares de los Juzgados de lo Penal de Alicante han rechazado la propuesta lanzada desde el Consejo General del Poder Judicial para especializar uno de estos órganos, donde se dirimen delitos perseguibles hasta con cinco años de prisión y ejecutan todos los juicios rápidos, en violencia de género. Los magistrados, reunidos en una junta sectorial hace más de una semana, calificaron de «absolutamente inviable» el plan a menos que ese juzgado, que tendría carácter provincial, sea de nueva creación.

«El volumen de trabajo es tal que haría falta crear dos juzgados más para el partido judicial de Alicante y cuatro si abarcaran otras comarcas de la provincia», explica a este diario el decano de los magistrados, Juan Carlos Cerón, que presidió esa reunión.

El plan para especializar en violencia machista todos los escalafones judiciales del ámbito penal viene recogida en la Ley Orgánica 1/2004, la primera que aprobó el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La falta de inversión o escasez de recursos financieros de la Administración, según quién lo mire, ha ralentizado ese proceso.

Lo primero ha sido crear juzgados específicos de Violencia sobre la Mujer (JVSM). En la provincia ya existen en la capital, Benidorm, Dénia, Orihuela y Elche, y está previsto este año uno en Torrevieja. Se encargan tanto de tramitar delitos como las consecuencias civiles de los mismos en la pareja (divorcios, pensión alimenticia o custodia de menores, entre otros).

En los partidos judiciales donde no existen, un único órgano asume ese fenómeno delictivo. La especialización también ha llegado a la Audiencia Provincial, en este caso a su Sección Primera, que juzga incluso los malos tratos machistas que se registran en las comarcas del sur, Baix Vinalopó y Vega Baja, aunque éstas cuenten con un tribunal con exclusiva demarcación sobre ellas.

Cosa diferente son los Juzgados de lo Penal, donde todavía no se ha implantado la filosofía de la ley integral. Ahí se ha producido un agujero negro que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pretende ahora iluminar.

El principal problema reside en que la demarcación de Alicante, por ejemplo, cuenta con los mismos siete órganos de esta clase que unos años atrás y tiene miles de sentencias pendientes de ejecutar.

Funcionarios inexpertos

El colapso en este orden jurisdiccional, que una vez pasado el escándalo del caso Mari Luz la opinión pública parece haber olvidado para centrarse en los juzgados relacionados con el ámbito económico, se ha visto agravado por la llegada de funcionarios inexpertos para cubrir plazas que el Gobierno no saca a oposición.

Por esa razón, la junta de jueces de lo Penal hizo hincapié en la necesidad de reformar el sistema de bolsa de trabajo para que los interinos reciban un curso de formación antes de enrolarse en los intrincados vericuetos del mundo de los tribunales.

No puede ser, como argumentan muchos magistrados, que deban reforzar los juzgados profesionales de cualquier ramo, como operarios de la limpieza, que nunca han oído hablar de un auto o una providencia.

Laverdad.es

El Observatorio contra la Violencia de Género espera que se abra expediente disciplinario al forense de Asturias

La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Inmaculada Montalbán, dijo hoy esperar que el Ministerio de Justicia abra expediente disciplinario, si es que no lo ha hecho ya, sobre el forense que, con dos órdenes de alejamiento, reconoce a mujeres maltratadas en Asturias.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Montalbán hizo así referencia al hecho de que uno de los médicos forenses que evalúa a víctimas de violencia de género en Asturias tenga dictadas contra él dos órdenes de alejamiento por acoso telefónico y vejaciones injustas a dos mujeres en dos partes distintas de España.

Al respecto, la vocal del CGPJ afirmó desconocer el caso, pero sí reflexionó que "los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer exigen formación y preparación, tanto de jueces, fiscales y personal auxiliar". Manifestó que "evidentemente el médico forense es un personal muy importante porque es quien dictamina si hay lesiones físicas o psicológicas o si hay posible riesgo de agresión".

De este modo, consideró que "si un profesional que interviene en un juzgado de violencia está inmerso en un proceso penal por malos tratos contra la mujer, se generan dudas y se cuestiona la imparcialidad, la preparación y la objetividad de ese profesional". Explicó que en estos casos "la Ley prevé que el Ministerio de Justicia debe depurar si hay responsabilidad disciplinaria".

Por lo tanto, confió en que "abra expediente disciplinario, si no lo ha hecho ya, a efectos de determinar si esa imparcialidad o preparación está cuestionada" y en este caso ver "si procede la suspensión de funciones de las personas que incumplen con sus obligaciones". Inmaculada Montalbán se mostró convencida de que "se actuará con rigor en este tema" en base a la investigación de los hechos.

www.europapress.es

Justicia quebrantada

Más de 600 condenas rotas en violencia machista
En 2008 se incumplió un 40 % de las sentencias, el doble que la media de España

Una buena parte de los condenados por violencia machista en la Comunidad de Madrid no se sienten alcanzados por la justicia.

La región dobla el porcentaje de quebrantamientos de condenas impuestas por estos delitos respecto a la media nacional, según revela un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del CGPJ, constató en 2008 que mientras los jueces y magistrados imponían 1.583 condenas, se quebraban otras 645 (que podían datar de años anteriores). Esto significa que el 40,7 % de las sentencias se incumplió. En el conjunto de España, ese porcentaje se queda en el 22 %.

Los funcionarios, psicólogas y juristas consultados por ADN subrayan la estrecha relación entre el quebrantamiento y las nuevas agresiones. Sólo en un día de la semana pasada, este diario pudo constatar que de tres intervenciones de urgencia en uno de los Juzgados de Violencia contra las Mujeres situados en la calle de Manuel Tovar; en todos, las mujeres habían sido agredidas tras el quebrantamiento de una sentencia por parte de su pareja o ex pareja.

Los condenados pueden saltarse o bien una orden de alejamiento o eludir el pago de la renta de manutención de los hijos en común. La tendencia, además, es al alza. Los quebrantamientos de Madrid fueron el 15 % de todos los que se registraron en España (4.129). En 2007 el peso de la región había sido del 10 %.

"No hay casualidades"

La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, analizó para ADN la situación especial que vive Madrid. "Las cosas no pasan por casualidad", explicó. Y subrayó que este tipo de delitos "son un campo abonado para los quebrantamientos, ya que la idea de agredir una posesión no desaparece con la sentencia".

Gonzalo apunta que para atajar esta tendencia, la administración debería "ampliar la acción de la Unidad de Valoración Integral en los Juzgados de Violencia".

Esto supondría que tanto médicos, como psicólogas y trabajadoras sociales pudieran, según su criterio, orientar a los magistrados "en, por ejemplo, las medidas cautelares de cada caso".

MADRID NO VE LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL TAN NECESARIA

La Consejería de Justicia aún no ha incorporado los equipos psicosociales de los Juzgados de Violencia contra las Mujeres a los turnos de guardia que comenzaron el 1 de enero.

Los representantes de la administración consideran que su labor "no es tan imprescindible ni reciben tanta presión", según expresaron en una reunión con los sindicatos el pasado 30 de abril, y cuyo contenido trasladaron a ADN varios asistentes.

Además, se esgrimió que estos equipos (previstos en la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género, solicitados por el CGPJ y los propios magistrados) no fueron reclamados en los cuatro meses que se llevan haciendo guardias por lo que, dicen, "su trabajo es esporádico". No precisaron que ninguna psicóloga o trabajadora social estuvo disponible al no haberse dado orden de que lo estuvieran, ni comunicación oficial alguna a los magistrados de que podían disponer de sus servicios.

www.adn.es

El CGPJ sanciona con 3.000 euros por falta grave a la jueza que se burló de la Ley Integral y de las víctimas

Mª Jesús García Pérez

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sancionado con una multa de 3.000 euros a la ex titular del Juzgado de Violencia de Género número 1 de Santander, María Jesús García Pérez, por unas declaraciones por unas declaraciones realizadas en junio de 2008 en las que cuestionó la Ley Integral contra la Violencia de Género con expresiones de desprecio hacia las víctimas y burla del problema.

Las declaraciones por las que se le abrió expediente fueron realizadas en una entrevista publicada por el diario El Mundo, Hoy en Cantabria el 29 de junio de 2008.

En ella, la jueza García Pérez afirmaba “que optó voluntariamente” a ocupar la plaza del único juzgado exclusivo de Cantabria de Violencia sobre la Mujer, pese a no creer en la necesidad de estos juzgados especializados. “Yo lo cogí para tener experiencia y verlo por dentro”, además por estar estos Juzgados “tan de moda”, afirmó.

Fue la entonces presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Montserrat Comas, la que envió la copia de la entrevista al Servicio de Inspección por lo que consideró “una absoluta falta de sensibilidad” en esta materia.

“Tonterías” y “ridiculeces”

Según el escrito que presentó Comas, la juez de Santander se refería en la entrevista a “tanta denuncia falsa y tanta tontería“; señalaba que “el verdadero maltrato es algo raro” o, frente a denuncias por amenazas, hablaba de “ridiculeces” y de “mensajito en el móvil”, para lo que manifiesta sus preferencias por recomendar el cambio de aparato frente a la respuesta legal.

Montserrat Comas recogía también manifestaciones xenófobas en relación a los ciudadanos rumanos sobre los que decía que “si no pegan a la mujer, parece que les falta algo”, o cuando se refería a las mujeres lationoamericanas como colectivo “que toma el pelo a todo el mundo”.

La presidenta del Observatorio también acusaba a María Jesús García Pérez de minimizar la cifra de mujeres asesinadas en su comparación con el total de la población. Así, citaba estas declaraciones: “Si nos fijamos: 68, 69, 70 muertas en un año. Pero, ¿cuántos habitantes hay? Afortunadamente, la gente no se va matando por la calle”.

En la entrevista, la jueza explicaba así los orígenes de la violencia machista: “El maltrato no tiene un origen educacional ni cultural. Es psicológico, muchas mujeres se meten en el rol de maltratadas”.

Multa máxima

Estas declaraciones suponen, para la comisión disciplinaria del CGPJ, una falta grave del artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por desconsideración a los ciudadanos, las instituciones, los abogados e incluso a la doctrina del Tribunal Constitucional.

Aunque inicialmente la sanción propuesta por el instructor del expediente era de 300 euros y el fiscal consideró que sólo era una falta leve sancionable con una amonestación, la comisión entiende que en las declaraciones de la jueza hay suficientes razones como para imponer la multa máxima, de 3.000 euros.

www.violenciadegenero.info

El 27 por ciento de los juicios a maltratadores acaba en absolución

Casi tres de cada diez acusados de malos tratos quedaron absueltos en los juzgados cordobeses en 2008. Por segundo año consecutivo, las condenas por violencia sobre la mujer rozan el 70 por ciento, según el último informe referido a 2008 que ha facilitado a ABC el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto significa que el 27,3 por ciento de los presuntos maltratadores queda libre por falta de pruebas o porque realmente se constata su inocencia en el plenario.

Más condenas a extranjeros

En cifras, de los 436 acusados de malos tratos que fueron enjuiciados el pasado año, según el CGPJ, 289 eran españoles mientras que 147 eran extranjeros, es decir un 33 por ciento.

Sin embargo, el porcentaje de fallos absolutorios entre acusados nacionales es mucho mayor que entre los extranjeros, donde los seis primeros meses del año, todos los acusados que fueron a juicio terminaron con una sentencia condenatoria. Sólo en el tercer trimestre, cuando de cuatro casos de presuntos maltratadores extranjeros que fueron a juicio, dos de ellos quedaron absueltos y los otros dos condenados, se equilibró el porcentaje de absoluciones en un 50 por ciento. Sin embargo, el tercer trimestre del año, de los 14 extranjeros que se sentaron en el banquillo acusados de delitos relacionados con la violencia de género, sólo dos fueron absueltos, lo que representa un 85,7 por ciento de fallos absolutorios.

De todo ello se desprende que las absoluciones a acusados españoles están un punto por encima a las de los fallos absolutorios a extranjeros, donde la justicia parece encontrar menos inocentes.

Según diversos expertos, esta cifra de absoluciones se ha equilibrado, de lo que se trasluce que hay concienciación.

Por tanto, en materia de malos tratos, si algo se ha conseguido, además de que se reduzcan las muertes de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas un 8,1 por ciento es que, a nivel judicial, la cifra de absoluciones de maltratadores ha caído hasta el 30 por ciento y ésa es la tendencia. Así lo puso de manifiesto la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Monsterrat Comas, durante su última visita a Córdoba.

Las denuncias por maltrato el pasado año bajaron un 2,6 por ciento, situándose en 1.254 las mujeres víctimas de violencia de género en la provincia, casi la mitad de la capital.

El goteo de denuncias durante 2008 permite establecer una media de 104 denuncias mensuales y 3,4 al día en el pasado año. Y en contra de la tónica nacional en la que la violencia de género afecta de manera más virulenta en la población inmigrante (44 por ciento), de las denuncias en Córdoba sólo el 13,66 por ciento del total las presentaron personas foráneas.

Abc.es

El Poder Judicial aboga por la especialización de los juzgados de violencia de género en la Costa

Cuatro de cada diez mujeres que denuncian malos tratos son extranjeras

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es partidario de que algunos juzgados de la Costa del Sol, actualmente de jurisdicción mixta, se especialicen y lleven en exclusiva causas judiciales en materia de malos tratos a la mujer. Según explicó ayer la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y vocal del CGPJ, Inmaculada Montalbán, ello hará que las víctimas del maltrato obtengan «una respuesta eficaz y cercana».

Montalbán, que participó ayer en Málaga en las Jornadas Jurídicas 'Por el diálogo', aclaró que esta propuesta está en «fase de estudio», porque hay que perfilar aún qué juzgados se dedicarían en exclusiva a esta materia.
Según datos del Observatorio de Violencia de Género, en 2008 se presentaron en Málaga 6.740 denuncias, un 0,3% más que el año anterior, de las que sólo once fueron procedieron de las familias de las víctimas.

Montalbán indicó que cuatro de cada diez mujeres (el 37,5%) son ya de origen extranjero, incremento que justificó en un aumento, a su vez, de la población inmigrante en España. Asimismo informó de que se dictaron 10.340 sentencias, de las que un 80% fueron condenatorias, y que los juzgados malagueños concedieron el 85% de las 1.520 órdenes de protección solicitadas.

La vocal del CGPJ se mostró «preocupada» por la disminuición de la edad de agresores y víctimas, lo que pone de manifiesto, en su opinión, que hay que seguir trabajando en políticas educativas de igualdad, sobre todo, desde la escuela.

MONTSE MARTÍN
www.diariosur.es

La Rioja abre sus datos sobre violencia de género a los jueces

El Consejo General del Poder Judicial estudia extender el sistema por todo el país

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quiere extender por toda España el acuerdo con la Oficina de la Víctima de La Rioja para que los jueces accedan a las bases de datos de estas entidades, sobre todo en casos de violencia machista.

Así lo explicó ayer el vicepresidente del CGPJ, Fernando Rosa, tras reunirse con el presidente del Gobierno regional, Pedro Sanz, y acordar que ambas instituciones suscribirán un convenio, probablemente antes de mayo, para que los jueces riojanos accedan a la base de datos de gestión de la información relativa a las víctimas de cualquier delito y, más específicamente, a las de violencia doméstica o de género diseñada por la Consejería de Administraciones Públicas.

Sanz, que criticó la nula colaboración del Gobierno nacional, apuntó que ya en el 2007, el Gobierno de La Rioja puso en marcha esta herramienta informática, que permite un acceso compartido por las diferentes unidades que intervienen en la atención a la víctima. En la actualidad, todos los expedientes abiertos en esta oficina están volcados en la base de datos, que suma un total de 4.219 expedientes.

J. I. GASCO
www.larioja.com

Un Juzgado de violencia de género en Gijón

El Consejo General del Poder Judicial pedirá al Gobierno la implantación de este servicio en la villa de Jovellanos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobará en su próximo pleno la propuesta para crear en Gijón un Juzgado dedicado a la violencia de género. La creación de ese nuevo Juzgado supondrá la reordenación de los partidos judiciales, que ahora dependen del único Juzgado de violencia de género existente en Asturias, que está en Oviedo desde hace poco más de un año.

El CGPJ aprobará en su próxima reunión el proyecto de ley para la puesta en marcha de un Juzgado especializado en violencia de género para Gijón, que también daría cobertura a los partidos judiciales de Avilés, Pravia y Villaviciosa.
La propuesta del Consejo General del Poder Judicial deberá contar con la autorización del Ministerio de Justicia para que, a continuación, el Principado, que ya tiene las competencias en materia de justicia, proceda a la apertura del nuevo órgano judicial. La creación en Asturias de un segundo Juzgado especializado en violencia de género permitirá reordenar el mapa de los partidos judiciales que dependen del ya existente en Oviedo.

El Juzgado ovetense se quedará, cuando se produzca esa reordenación, con los partidos judiciales de Lena, Grado, Siero, Laviana, Mieres, Langreo y Piloña.

Manuel Almenar, vocal del Consejo General del Poder Judicial, confirmó ayer en su visita a Oviedo la intención del órgano de gobierno de los jueces de agilizar la creación del Juzgado de violencia de género en Gijón, si bien no precisó los plazos. Almenar reveló en presencia de Ignacio Vidau, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que el proyecto del segundo Juzgado de violencia de género en el Principado ha sido elaborado por la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial.

Fuentes judiciales indicaron que la creación de un Juzgado de violencia de género para Gijón figuró en el programa del PSOE y que la Administración asturiana ya había planteado en la anterior legislatura la conveniencia de que la ciudad con más habitantes de la región contara con dicho Juzgado.

www.lne.es

Los cuatrocientos golpes

Entre enero y septiembre de 2008 se presentaron una media de 400 denuncias diarias por violencia doméstica y de género. Los datos del Observatorio del CGPJ relativos a ese periodo muestran que son cada vez las mujeres que piden ayuda


Pocas novedades ha deparado el último estudio de violencia doméstica y de género del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pocas, más allá del incremento de denuncias de las víctimas de delitos en el ámbito familiar.

Los juzgados de violencia sobre la mujer, de lo penal y las secciones especializadas de las audiencias provinciales acumularon en los tres primeros trimestres de 2008 un total de 108.261 denuncias, lo que se traduce en una media de 400 al día. Así se desprende de los datos del Observatorio del órgano de gobierno de los jueces actualizados a 30 de septiembre.

A falta de conocer los datos relativos a los meses de octubre, noviembre y diciembre, se puede concluir que las denuncias relativas a violencia doméstica y de género se caracterizaron el pasado año por un crecimiento progresivo, de forma que si en el primer trimestre sumaron 33.608, y en el segundo 37.072, el tercero continuó esa tendencia al alza hasta alcanzar la cifra de 37.239, un quince por ciento más que en el mismo periodo de 2007.

Uno de los datos más llamativos que se desprende del nuevo informe del CGPJ es que si bien en anteriores estudios lo significativo era el incremento de denuncias por parte de la víctima, lo que destaca ahora es la participación de sus familiares en este proceso: cada vez son más los parientes que se deciden a poner en conocimiento de las autoridades las situaciones de abuso. Así, en el primer trimestre de 2008, 142 familiares se decidieron a dar ese paso, en el segundo 197 y en el tercero 412. Todas estas denuncias fueron presentadas directamente en el juzgado, por lo que a ellas hay que sumar otras 310 interpuestas en dependencias policiales. No obstante, la iniciativa de los familiares a denunciar estos hechos representa un porcentaje mínimo en relación con el grueso de las denuncias, que parten en la mayor parte de los casos de la propia víctima (cerca de 27.000).

En un 11,4 por ciento de los casos, las víctimas desistieron en sus denuncias, un porcentaje similar al registrado el pasado año (un 10 por ciento en todo 2007). El 54 por ciento de estas renuncias vinieron de la mano de mujeres españolas; el 46 por ciento, de extranjeras.

De los 54.592 asuntos penales acumulados en los distintos juzgados, la mayoría fueron tramitados como diligencias previas (26.690) o urgentes -juicio rápido- (5.547). Otra parte de ellos, 9.877, se tramitaron como procedimiento abreviado (seguido para el enjuiciamiento de delitos penados con pena privativa de libertad hasta nueve años) y sólo 85 como sumario (pena de libertad superior a nueve años).

El 72 por ciento de los delitos instruidos lo fueron por lesiones, seguidos muy de lejos por delitos contra la libertad (9,3 por ciento) y contra la integridad moral (6,1 por ciento).
En total se celebraron 1.933 juicios de faltas, de los que un 58 por ciento fueron rápidos.

Órdenes de protección
En este tercer trimestre de 2008 los tribunales españoles dictaron 11.675 sentencias relacionadas con violencia doméstica y de género. De ellas, un 64 por ciento fueron condenatorias. Respecto a las personas juzgadas, de nuevo se aprecia la importante presencia de extranjeros, de forma que uno de cada tres justiciables eran de fuera de España.

Respecto a las órdenes de protección solicitadas e incoadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, en el tercer trimestre de 2008 hubo un total de 11.141 peticiones, de las que se acordaron 8.174 -el 73,8 por ciento-. De las solicitantes, una de cada tres era extranjera, la misma proporción que los hombres denunciados: el 63 por ciento eran españoles frente al 36 por ciento de fuera de nuestras fronteras. Además, un 63 por ciento de los agresores convivía con sus víctimas, frente al 36 por ciento que eran ex parejas de ellas.

Dentro del ámbito de la orden de protección se adoptaron 19.138 medidas penales, a las que hay que sumar otras 5.526 medidas cautelares acordadas en el marco del procedimiento judicial. De todas, las órdenes de alejamiento y la prohibición de comunicación representaron el 80 por ciento de las medidas, seguidas por la prohibición de volver al lugar de los hechos y la salida del domicilio.

En cuanto a las medidas civiles adoptadas en el marco de la orden de protección, 1.902 se refirieron a la prestación de alimentos, 1.664 a la atribución de la vivienda y 262 a la suspensión del régimen de visitas.


N. VILLANUEVA
www.abc.es

El CGPJ pide al Gobierno que ayude a la juez con 609 casos de maltrato

Solicita un magistrado de apoyo mientras se crea un juzgado sólo para violencia

El apoyo que le negaron sus colegas se lo pueden dar el Poder Judicial y el Gobierno. El Observatorio de la Violencia de Género de los jueces ha solicitado al Ejecutivo que tome urgentemente medidas de apoyo para el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrejón de Ardoz (Madrid), el mismo que no logró evitar la muerte a tiros de la argentina Sylvina Bassani el pasado 10 de abril en Alovera, a pesar de que ésta había avisado repetidamente de que su asesino la rondaba, vulnerando su orden de protección. Su titular, Gemma Poveda, reclamó el pasado 16 de abril al resto de jueces de esa localidad que la liberaran de parte de sus casos civiles y penales para concentrarse en los 609 casos de maltrato machista que atascan su juzgado, pero sus compañeros se negaron.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el órgano que debía estudiar y, en su caso corregir, la decisión de los jueces de Torrejón de no prestar auxilio a su compañera, confirmó el acuerdo de éstos, aunque, al mismo tiempo, solicitó la creación de un nuevo juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer. El que dirige Poveda es de los denominados "compatibles", aquellos juzgados que, a sus competencias civiles y penales, sumaron las de violencia cuando en 2005 entró en vigor la Ley Integral.

Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial reflejan, sin embargo, que el juzgado de Poveda supera ampliamente en casos de maltrato a varios exclusivos que sólo se dedican a esa materia (sin tener que cargar con otros casos civiles y penales). Por esa razón, la presidenta del Observatorio contra la Violencia del Consejo, la vocal progresista Inmaculada Montalbán, ha solicitado de manera informal a Justicia -la competente para crear nuevos juzgados- que se dote de manera inmediata a ese órgano con un juez de apoyo que auxilie a Poveda con el atasco de casos. El ministerio, según fuentes del CGPJ se ha mostrado dispuesto a solucionar el problema lo antes posible. El Observatorio, como el TSJM, considera, además, que Torrejón debe contar con un juzgado exclusivo de violencia y así lo ha hecho saber al Gobierno, que se ha comprometido a estudiarlo.

Gemma Poveda es la segunda titular del Juzgado de Violencia de Torrejón que reclama ayuda a sus compañeros sin éxito. Su antecesora en el puesto, Gemma Susana Fernández, también pidió auxilio a sus colegas nueve meses antes del asesinato machista de Sylvina. Fernández explicó que, tras asumir las competencias de Violencia en 2005, todos los funcionarios del órgano pidieron el traslado. Sólo en 2006 registró 2.800 casos penales.

MANUEL ALTOZANO
www.elpais.com

Las inmigrantes, víctimas de violencia de género, no denuncian por "miedo y desinformación"

Así lo informa el CGPJ, que señala que este colectivo ya representa el 50% del total de casos en España
Aumentan las denuncias y las condenas

Las mujeres inmigrantes, víctimas de violencia de género, no denuncian por miedo y desinformación, según explicó la miembro del Observatorio contra la Violencia de Género y del grupo de expertos del Consejo General del Poder Judicial, María Tardón, en declaraciones a Radio Nacional de España, recogidas por Europa Press.

Tardón condenó la "brutal" agresión sufrida por la última víctima de este tipo de violencia, una mujer de 40 años y de nacionalidad hondureña, con la que, según afirmó, se engrosa el número de víctimas inmigrantes agredidas por sus parejas, que ya alcanza el 50 por ciento del total de casos en España.

A pesar de ello, la experta defendió la "eficacia" de las leyes actuales para proteger a las víctimas, pero criticó la falta de información que llega al colectivo de mujeres inmigrantes y que según ella, es "el punto principal que hay que mejorar". "Las mujeres extranjeras no saben a dónde acudir ni cómo actuar, especialmente las que están en situación irregular, que tienen miedo de ser expulsadas y por eso no denuncian las agresiones", sentenció.

En ese sentido, la experta en violencia doméstica recordó que "la Ley de extranjería, desde la Ley integral, estipula que a partir del momento en que hay una denuncia por malos tratos se paraliza cualquier posible proceso de expulsión que se esté llevando a cabo"; y añadió que "incluso si hay una sentencia condenatoria, la víctima tiene posibilidad de regularizar su situación y de encontrar un trabajo estable".

Finalmente, Tardón manifestó su deseo de que se ponga en marcha un proceso de concienciación y sensibilización de la sociedad, desde los colegios, debido a la edad, cada vez más temprana de las parejas que protagonizan este tipo de episodios.

"La sensibilización social es el aspecto de la ley menos desarrollado, siempre se pone el énfasis en detalles como el número de denuncias u órdenes de alejamiento que hay detrás, cuando lo realmente importante es que se eduque en la igualdad y el respeto", concluyó.

Aumentan las denuncias y las condenasLas denuncias presentadas por las mujeres que sufren maltrato por parte de sus maridos o ex parejas siguen aumentando, en lo que va de año han sido 71.022, y también las condenas, que en los tres años de aplicación de la Ley Integral fueron 80.000, según el Observatorio de Violencia de Género.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Moltalbán, ha presentado hoy el balance judicial de la aplicación de la ley integral, que, a su juicio, ha permitido una respuesta judicial "más eficaz y rápida" y una mejor coordinación institucional.

El observatorio también ha constatado el incremento paulatino de mujeres extranjeras que solicitan órdenes de protección, que ha pasado de un 30% en el tercer trimestre de 2005, al 36,9 por ciento en el segundo trimestre de 2008.

Más educación para los jóvenesMontalbán, ha expresad su preocupación por que los jóvenes "sigan reproduciendo patrones de dominación" machista y ha destacado la importancia de la educación para acabar con estas situaciones.

En conferencia de prensa, Montalbán ha respondido así al ser preguntada por el asesinato de una chica de 14 años supuestamente a manos de dos menores de edad, ocurrido el pasado fin de semana en Ripollet (Barcelona).

"Debemos preocuparnos por que los jóvenes sigan reproduciendo patrones de situaciones de dominación y sumisión", ha subrayado Montalbán, quien ha apostado por "poner encima de la mesa la importancia no sólo de las leyes, sino también de los mensajes que enviamos".

"Para acabar con estos patrones es muy importante el trabajo desde las escuelas y las asignaturas como la de Educación para la Ciudadanía son necesarias para ayudar en la resolución de conflictos y en las relaciones entre hombres y mujeres", ha afirmado.

EUROPA PRESS
www.lavanguardia.es

La fiscal de violencia de género cuestiona el alejamiento forzoso de los maltratadores

Tres años después de la entrada en vigor de la ley contra la violencia machista el alejamiento obligatorio del agresor cuando ha sido condenado sigue revelándose como uno de los puntos de posible modificación.

La fiscal para la violencia de género, Soledad Cazorla, criticó ayer que, en algunos casos, esta medida resulta "inoperante" y pidió que les concedan "un poco de margen" para que no siempre haya que recurrir a ello. "No estoy en contra de la medida, pero sí de que siempre sea obligatorio".

De modo parecido se expresó la magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid María Tardón, quien dijo haberse encontrado en varias ocasiones episodios esporádicos de violencia que luego se superan para los que sería más eficaz "emitir sentencias con ciertas condiciones que permitan a la pareja reanudar su convivencia".

Pero este asunto permanece atascado porque no se logra un acuerdo general. Altamira Gonzalo, la presidenta de la Fundación Themis, de mujeres juristas, no cree que sea el momento de rebajar la protección de las víctimas aun cuando ellas mismas consideren que están fuera de riesgo.

El alejamiento forzoso ha sido uno de los puntos centrales del debate generado durante dos días en Madrid en unas jornadas de reflexión organizadas por la Fundación Themis para analizar el funcionamiento de esta ley. Reflexiones se han escuchado muchas. En ellas, y de forma reiterada, sobre otro asunto polémico en los tribunales que juzgan las agresiones machistas: la dispensa a la que pueden acogerse las mujeres para no declarar contra su pareja a la que denunciaron días antes.

Cuando eso ocurre, el proceso pierde una prueba fundamental, que a veces es la única porque la agresión ha ocurrido en la intimidad, sin testigos. A Soledad Cazorla le resulta "incomprensible" que en estos delitos pueda utilizarse esta dispensa, porque la mujer es también la víctima. En este punto tampoco hay unanimidad.

Todas coincidieron, sin embargo, en que siguen faltando medios para aplicar esta ley. La fiscal afirmó que siguen teniendo "los mismos problemas jurídicos que tenían hace tres años" e insistió en la incidencia superior de esta violencia en la población inmigrante, la falta de formación de las distintas personas que intervienen en estos procesos y la necesidad de evaluar con precisión el riesgo que corre la víctima para protegerla adecuadamente. Gonzalo se empleó para desmontar la idea de que las mujeres presentan falsas denuncias. El 72% de las resoluciones han sido condenatorias y eso no significa que el resto fueran denuncias falsas, sino que no hubo suficientes pruebas.

CARMEN MORÁN
www.elpais.com

CGPJ nombrará mañana a Montalbán presidenta Observatorio Violencia de Género

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrará mañana a la vocal Inmaculada Montalbán presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

Montalbán, propuesta para dicho cargo por el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, sustituye a Monserrat Comas.

De 49 años, es juez desde 1985 y estaba destinada en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Terra Actualidad - EFE

Los casos judiciales de malos tratos aumentan un 11% respecto a 2006

La apertura del Año Judicial celebrada ayer en Las Palmas sirvió para dejar patente que la prisión de Tenerife II está saturada, que los procedimientos penales se incrementaron un 6% respecto a 2006, y que hacen falta más medios para los casos de violencia doméstica, según apuntó Vicente Garrido, fiscal jefe.

El Año Judicial se inauguraba ayer en Las Palmas de la mano de Antonio Castro Feliciano, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el cual reclamó que "se apoye decididamente la independencia y eficacia del trabajo" de jueces y magistrados españoles, "independencia que a veces se ve perturbada por la injerencia de otros poderes e instituciones". Por otra parte, se congratuló de la renovación y constitución del nuevo CGPJ.

Al acto también asistió Vicente Garrido, fiscal jefe del TSJC, el cual destacó que son las figuras relacionadas con el maltrato en el ámbito familiar las que siguen aumentado y generando, en consecuencia, una mayor preocupación, según el fiscal jefe, que destacó que "las mujeres son las que de forma reiterada y frecuente se convierten en víctimas en los entornos familiares y domésticos".

Así, el número de diligencias previas incoadas por los órganos judiciales de Canarias referidas al maltrato familiar fue de 4.974, reflejando un incremento del 10,93 por ciento siendo necesarios más medios.

Por otra parte, el volumen más importante de diligencias previas incoadas corresponde "como cada año" a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. El número total de diligencias previas incoadas por todos los juzgados de la Comunidad Autónoma de Canarias catalogables en esta categoría delictiva fue de 94.976, reflejando un notable incremento del 8,79 por 100. "Si el año pasado por estas mismas fechas hablábamos de una esperanzadora estabilidad en la comisión de estos delitos en referencia a los datos del año 2006, hoy el frío dato de las cifras referidas y su desmesurado incremento nos devuelve a otra realidad diferente", añadió. En todo caso, precisó que, entre los distintos tipos penales, las conductas más graves, aquellas que suponen el empleo de violencia o intimidación en las personas para obtener un beneficio patrimonial, generaron 4.584 diligencias previas, representando el 4,82 por ciento de los delitos contra el patrimonio.

El ejercicio de la acción penal por parte de los fiscales se concretó en el año 2007 en la presentación ante los diferentes órganos judiciales de un total de 15.095 escritos de acusación. Esta cifra representa un aumento del 4,74 por ciento en relación con las acusaciones formuladas en el anterior periodo anual.

La cifra más elevada, al igual que en el año precedente, corresponde a los escritos de acusación presentados en procedimientos abreviados, 8.228 entre las dos fiscalías provinciales. Igualmente, es significativo el número de escritos de acusación correspondientes a diligencias urgentes de enjuiciamiento rápido, que suman un total de 6.708.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano, apuntó que el número de inmigrantes llegados a Canarias disminuyó en 21.381 personas en relación al año anterior.

Castro Feliciano aseguró que "el número de inmigrantes irregulares llegados a las Islas Canarias en el Año 2007, en cayucos y pateras, descendió de forma significativa. Por los datos proporcionados por los distintos secretarios judiciales del territorio, los inmigrantes llegados a nuestras costas ascendieron un total de 11.493, disminuyendo en 21.381 personas con relación al año anterior, con la incidencia que ello determinó en los juzgados de instrucción afectados", fundamentalmente los juzgados de Arona, San Bartolomé de Tirajana y Valverde, en El Hierro, que vieron sensiblemente aliviada la carga de trabajo, descenso que se traduce en la mejora del rendimiento de dichos juzgados en otras materias.

Alta tasa de resolución
En relación a los archivos de la Administración de Justicia en Canarias estos son, "sin lugar a dudas, una de las mayores preocupaciones", aunque se ha mejorado en este apartado "al haberse destinado importantes recursos económicos y personales para solventar un problema que podríamos definir hace tres años de caótico y lamentable", dijo el presidente del TSJC.

Castro Feliciano resaltó que los órganos judiciales canarios alcanzaron en el último año una tasa de resolución solamente superada por las comunidades de Asturias, Andalucía y Cataluña, y ello pese a la movilidad, ya endémica, de jueces y magistrados (se produjeron 34 ceses en el año 2007), lo que ha hecho descender el número de asuntos pendientes de resolver, de tal modo que de los 407.839 registrados fueron resueltos 404.003, "pero la alta litigiosidad de nuestro territorio (el cuarto en el conjunto nacional) nos obliga a un esfuerzo importante para ir mejorando en el servicio a los ciudadanos", manifestó.

AGENCIAS, Las Palmas
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El Gobierno dice que el 94% de los españoles asocia los casos de violencia de género con el consumo de alcohol y drogas

La jefa de la sección de Violencia del CGPJ dice que "tan sólo" el 2,8% de los españoles cree que la violencia es "un problema grave"

El delegado del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, Miguel Lorente, aseguró que la sociedad tiene un conocimiento "parcial" y "distorsionado" del "problema" de la violencia machista, y que, de hecho, el 94 por ciento de los españoles relaciona la aparición de los casos con el consumo de alcohol y de drogas.

Lorente realizó estas declaraciones durante su intervención en un seminario que se celebra desde ayer y hasta el jueves en el Colegio Mayor Rector Peset de Valencia y que lleva por título 'Los retos de los medios de comunicación ante la violencia de género'. En la jornada de hoy participaron, además, la magistrada y jefa de la sección del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Paloma Marín; la fiscal de violencia de género y portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia; y el vicepresidente del Consejo de Administración de RTVV, José Ignacio Pastor.

El delegado del Gobierno en esta materia expuso, en la mesa de debate '¿Qué papel le asigna la legislación actual a los medios de comunicación de masas en la erradicación de la violencia de género?', que, en general, la sociedad tiene un conocimiento "parcial" y "cargado de mitos" de este fenómeno, y que, de hecho, el 94 por ciento de españoles lo asocia a la ingesta de alcohol y drogas. Además, expuso que casi la mitad de los europeos cree que las mujeres provocan el maltrato.

Así, resaltó que la "clave" para resolver el "problema" está en la sociedad, ya que los profesionales no tienen la "fórmula magistral" ni la "varita mágica". En este sentido explicó que conforme aumente la sensibilidad a este fenómeno, disminuirán los homicidios. "La clave es la sensibilidad", reiteró.

Lorente abogó por esta idea y recordó que en el año 2004 se incrementó la sensibilidad hacia este fenómeno en cuatro puntos, al pasar del dos al seis por ciento, con la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género; mientras que también aumenta el 8 de marzo, Día de la Mujer; y el 25 de noviembre, cuando se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género.

CONCENTRACIÓN DE CASOS

En este ámbito, resaltó el papel que tienen los medios de comunicación en la difusión de informaciones relacionadas con la violencia de género, ya que "tienen la capacidad de modificar o influir en la opinión pública". Al respecto, alertó de que existe, en ocasiones, una concentración de casos alrededor de un caso previo.

Esto es que, según dijo, cuando aparece un caso de violencia de género en las noticias, hay probabilidades de que en los tres primeros días siguientes surjan nuevos. Puso el ejemplo de un caso de violencia que se registró en Jerez a primera hora de la mañana y que, tras difundirlo continuamente en los medios de comunicación, hubo otro caso en Zamora. En ambas situaciones la víctima había sido degollada.

Por ello, Lorente, que recordó que este año ha habido 42 mujeres asesinadas, y que hay otros seis casos en investigación, insistió en la importancia de un tratamiento "adecuado" de la información y subrayó que la creación de una opinión crítica "ayudará a desmontar cualquier tipo de justificación".

Por su parte, la jefa de la sección del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Paloma Marín, lamentó que, según los datos de algunas encuestas, "tan sólo" el 2,8 por ciento de la sociedad española considera la violencia de género como un problema grave, mientras que este porcentaje se redujo en julio hasta alcanzar el 2,1 por ciento, con hasta 15 problemas más importantes por delante.

Junto a ello, lamentó que la Ley Integral de Violencia de Género podría incorporar algunas mejoras ya que, según expuso, está circunscrita "sólo" a un ámbito, el de la pareja, y "sólo" hace referencia a la publicidad y no a los medios de comunicación. Respecto a este último punto, recordó que el papel de los medios debe ser el de facilitar el conocimiento a la sociedad, y resaltó que la conceptualización "influirá en la percepción de la ciudadanía de este gravísimo problema".

EP Social

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«En esta etapa hay que trabajar en favor de la independencia judicial»

La magistrada posa en la Real Chancillería, donde ha trabajado hasta ahora en la sala de Lo Contencioso. /RAMÓN L. PÉREZ

INMACULADA MONTALBÁN: MAGISTRADA DEL TJSA Y PROPUESTA COMO VOCAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

A Inmaculada Montalbán (Iznalloz, 1959) le gusta denominarse jueza. «El uso del lenguaje es también ideológico», ha dicho alguna vez. Miembro de la asociación progresista Jueces para la Democracia, luchadora por la igualdad de la mujer y miembro activo del Observatorio para la Violencia de Género, esta granadina ha sido propuesta como vocal para el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En sus 23 años al servicio del ciudadano desde la administración de Justicia, Montalbán ha conocido casi todas sus caras: desde los 'infiernos' de Instrucción en sus inicios hasta la labor desde la sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada. Ahora abandona esta última tarea para centrarse en la otra faceta más: la de la gestión y la política judicial. Algo que, dice, le llena de «satisfacción».

-Abandona la labor diaria de juez para dedicarse a un trabajo más político. ¿Cómo afronta el cambio?

-Temporalmente dejo la actividad de la jurisdicción -el dictado de sentencias- y comienzo una nueva etapa donde predomina la gestión. Diseñar proyectos, controlar que se lleven a cabo y estar atenta a los problemas que puede plantear el funcionamiento de la Justicia y hacer propuestas de mejora. Para mí es un reto importante, una nueva etapa dedicada a la política judicial.

Estoy contenta con el nombramiento porque tengo la oportunidad de trabajar para mejorar el servicio de la Justicia y son muchas las áreas que necesitan tomar impulso en el Consejo.

-¿La más importante para usted?

-Aún es muy pronto para pronunciarme en ese sentido. Aún el Consejo tiene que ser nombrado por el Congreso de los Diputados y el Senado, luego hay que reunirse, constituirse, nombrar presidente y llegar a un reparto de tareas. Habrá que esperar.

-Ejerce desde 1985. Habrá visto muchas carencias de esta administración. ¿Cuáles destacaría?

-También he visto las mejoras en su larga evolución: cómo el ordenador ha llegado a los juzgados (antes no teníamos ordenadores), por ejemplo. Pero he visto también cómo ha crecido la demanda de Justicia y por ello creo que es necesario reorganizarse para dar un mejor servicio al ciudadano.

Las relaciones de la sociedad están reguladas por leyes, la ciudadanía pide que se reconozca su derecho y acude a la Justicia. La demanda está ahí y hay que atenderla.

-¿Que haya más demanda es un buen síntoma o al contrario?

-Es bueno. Esto significa que las personas son conscientes de sus derechos y tienen conciencia de que pueden exigirlo. Es síntoma un nivel de civilización, afortunadamente, muy avanzado.

-El Consejo se pronunció recientemente sobre el caso de la niña Mari Luz, provocado por el atasco de los juzgados. ¿Es una prioridad el cambio y en qué sentido debe hacerse para acabar con esta lacra?

-En el tema del atasco judicial hay que distinguir también distintos campos de la Jurisdicción. Porque hay campos, como el Social donde se ventilan los temas de trabajo, que funcionan muy bien, con respuestas en tiempo razonable. Pero hay otros donde hay bolsas de pendencia de asuntos que tienen un tremendo retraso, como en el Contencioso-Administrativo.

Tiene que ser una prioridad del Consejo detectar los lugares donde hay una especial pendencia y poner medidas de refuerzo para intentar sacar adelante los asuntos pendientes.

-¿Sólo medidas de refuerzo?

-No, a la vez hay que introducir un sistema moderno de organización, de gestión y de tramitación, así como adaptarse a las nuevas demandas utilizando los nuevos medios técnicos que afortunadamente tenemos a nuestro alcance. Eso va a ser, y tiene que serlo, una de las primeras tareas a abordar por el CGPJ de forma inmediata.

-Méndez de Lugo dijo recientemente que la Justicia no servía. ¿Qué le pareció aquella 'sentencia'?

-Evidentemente, la Justicia que tarda no es una Justicia eficaz. Hay caso en los que, cuando llega la sentencia, probablemente no resuelva ningún aspecto. Por eso es importante que los procedimientos se sucedan en un plazo razonable y de una forma adecuada. -Volvamos al Consejo.

Después de la publicación de la lista han llovido las críticas sobre la politización y polarización de este órgano.

¿Qué tiene que decir al respecto?

-Yo soy optimista en este sentido. Creo que las personas que van a componer el CGPJ del futuro -basta ver su currículum- tienen los méritos y la capacidad suficiente para afrontar una nueva etapa que es necesaria. Hay que terminar con la confrontación, con esa imagen de partidismo o de polarización y hay que intentar trabajar de común acuerdo, con consenso, en favor de los valores constitucionales y en favor de la independencia judicial, que es el objetivo que perseguía la Constitución cuando creó este órgano, garantizar que los jueces y magistrados trabajen con independencia y también, por supuesto, trabajar para mejorar la Justicia como servicio público. Y las personas que están propuestas pueden responder a esas necesidades.

-El CGPJ ha aumentado la presencia de mujeres, pero no se alcanza la paridad. ¿Suficiente o aboga por la paridad total?

-Lo cierto es que el porcentaje sí que se aproxima lo que es una presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de decisión. Yo creo que sí se cumple con uno de los objetivos de la Ley de Igualdad, que es precisamente que exista esa presencia equilibrada de hombres y mujeres en aras del bien de la sociedad.

-Le importan estos asuntos...

-Sí, por supuesto. Creo que hay que procurar que haya una presencia paritaria en los órganos de decisión. No podemos olvidar que las mujeres somos la mitad de la ciudadanía y también tenemos que participar en la gestión de los asuntos públicos.

-Es pronto para rumores, pero ya se habla de que su destino sea liderar el Observatorio para la Violencia de Género. ¿Le gustaría?

-Yo estoy a disposición del Consejo. En el área en el que decidan emplearme trabajaré y me entregaré con todo el esfuerzo.

-Pero juega con ventaja porque ya conoce el área muy bien...

-Sí, la conozco muy bien. (sonríe) Colaboro en el Observatorio desde su creación en 2002 y efectivamente he tenido el placer de colaborar con Monserrat Comas, que me parece que ha hecho una labor importantísima. De hecho, el Observatorio y los estudios que hemos desarrollado en él son un referente en otros países. Y eso es muy importante.

-El Consejo es el órgano de gobierno de los jueces. ¿Considera que es necesario un sistema de control más allá del que existe después de casos tan sonados como el juez Tirado o el de Adelina Entrena?

-La responsabilidad de los jueces está claramente definida por las leyes. Y hay plena garantía de que la responsabilidad de los jueces se puede exigir. En ese sentido no creo que haya ninguna necesidad de dar cobertura extra. Tenemos la responsabilidad y se nos puede exigir como corresponde. La legislación ofrece medios suficientes cuando ha habido funcionamiento anormal de la administración de Justicia o algún comportamiento no idóneo.

-Y en su relación con el ciudadano: ¿Cómo debe cambiar la Justicia actual?

-Hay que conseguir que dé respuesta en un tiempo razonable, en que haya una Justicia amable con el ciudadano y fundamentalmente que resuelva problemas. Y que Justifique su razón de ser que no es otra que resolver conflictos.

-En su nueva etapa, de la que se declara tan satisfecha, se habrá impuesto algún reto personal.

-Mi reto es responder a las expectativas y a la confianza que se ha depositado en mi persona. Mis esfuerzos van a ir encaminados en ese sentido. Es una gran responsabilidad y espero responder a esa confianza que se ha depositado en mí.

ROCÍO MENDOZA

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El CGPJ aboga por un seguimiento de los delincuentes sexuales después de la cárcel

El portavoz y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, abogó hoy por establecer medidas de seguridad para los delincuentes sexuales cuando abandonan la prisión una vez cumplidas sus condenas.

Así, tras conocerse la detención del conocido como 'pederasta de Astillero' por una supuesta agresión sexual a una niña de seis años sólo tres días después de dejar la cárcel por otra condena similar, López consideró necesario que se pueda actuar sobre los delincuentes sexuales una vez hayan finalizado su condena.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, el portavoz del CGPJ señaló que resulta primordial "una legislación nueva" y "medidas de seguridad postdelictuales" para evitar casos como el del 'pederasta de Astillero' o el caso de Mari Luz.

Copiar otras legislaciones europeas
En este sentido, López comparó el sistema judicial español con el alemán y afirmó que lo que hace falta en nuestro país es "salir, cruzar las fronteras y estudiar y copiar los códigos de democracias tan asentadas como son la alemana, la inglesa o la francesa".

"En Alemania cuando alguien es condenado a dos o más delitos en el ámbito de la libertad sexual, se le impone lo llamado 'custodia de seguridad' que sirve para que puedan permanecer en un centro de internamiento durante 10 años más después de haber cumplido condena", hasta que cuente con "un juicio científico, técnico, jurídico, de reinserción y de curación", explicó, al tiempo que recalcó que si se hubiera realizado esto en España "hubiera sido absolutamente paradigmático".

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El CGPJ obliga a los jueces de guardia a asumir casos de malos tratos urgentes

El acuerdo pone fin a cuatro años de conflictos de competencias para aclarar si estos juzgados debían intervenir si el de Violencia sobre la Mujer está cerrado

El Consejo General del Poder Judicial ha acordado que los jueces de guardia tengan que asumir los casos urgentes de violencia doméstica que se registren cuando el juzgado de malos tratos esté cerrado, según la resolución a la que ha tenido acceso este diario.

Esta decisión pone fin a los problemas de competencias que se habían planteado entre ambos juzgados desde que entró en vigor hace casi cuatro años la Ley de Violencia sobre la Mujer. En este periodo se han dado conflictos entre ambos órganos, dado que no estaba claro a qué juez le tocaba intervenir cuando el juzgado de malos tratos ya no estaba abierto al público.

Este acuerdo entrará en vigor el 1 de noviembre. Se estima que cada día pasan una media de ocho detenidos por malos tratos en los juzgados de la provincia. La Guardia Civil arrestó durante el pasado fin de semana a 14 personas en la provincia por violencia de género.

El acuerdo es consecuencia de la regulación de servicios de guardias para los juzgados de Violencia Sobre la Mujer, una medida de la que está excluida la provincia de Alicante. Este servicio sólo estará vigente para las ciudades que tengan más de cuatro juzgados de Violencia sobre la Mujer. Alicante tiene tan sólo dos, que podrían ser tres si acaba asumiendo los casos de malos tratos de San Vicente del Raspeig, por lo que aún está muy lejos de alcanzar esta cifra. Las únicas capitales que cumplen con este requisito son Madrid, Barcelona y Sevilla. Este servicio se prestará durante tres días consecutivos, con la presencia de un equipo de guardia entre las 9 y las 21 horas. En el resto de ciudades, la jornada acaba a las 14.00 horas.

El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, explicó que "como Alicante no va a tener todavía servicios de guardia para los malos tratos, lo que el Consejo ha resuelto es potenciar la colaboración entre estos órganos judiciales". Según el acuerdo del CGPJ, el juzgado de guardia tendrá que atender a los detenidos que sean presentados fuera de las horas de trabajo de Violencia sobre la Mujer, así como las solicitudes de órdenes de protección. Una vez resueltas las comparecencias urgentes, el juez de guardia remitirá todo lo acordado a Violencia sobre la Mujer para que prosiga la instrucción.

Asimismo, el acuerdo incluye la actuación del juez de guardia en otras situaciones urgentes como las intervenciones telefónicas o el levantamiento del cadáver."El caso clásico es el de una mujer que va a denunciar que durante la hora de la comida su marido le ha llegado a amenazar con un cuchillo. La orden de protección o la situación del detenido no puede estar esperando a que el juzgado abra al día siguiente, cuando ya existe uno de guardia durante las 24 horas del día", explicaron fuentes judiciales. A lo largo de estos años, varios han sido los conflictos de competencias entre los juzgados de malos tratos y los de guardia a cuenta de este tipo de situaciones, que incluso han tenido que ser resueltas por la Audiencia.

Las fuentes explicadas por este diario señalaron que se trata de situaciones urgentes y que paradójicamente con este tipo de conflictos los que se consigue es ralentizar los procedimientos, lo que va en detrimento de las víctimas.

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ
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El portavoz del CGPJ no cree poder sancionar a la jueza de Familia de Santander

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, no cree que este órgano pueda sancionar a la titular del Juzgado de Familia de Santander, María Jesús García, investigada por declarar en un periódico local que no cree en la Ley de Violencia de Género y que las mujeres "fingen sus agresiones".

En rueda de prensa con motivo de su participación en el encuentro 'Medios de comunicación, administraciones públicas y violencia de género' que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), López calificó las afirmaciones de la jueza como "deleznables" e "impropias de un ciudadano y menos de un juez".

"Es deleznable que un juez, y más uno que voluntariamente está en violencia de género, realice declaraciones comparando las muertes por violencia de género con las muertes de tráfico; es impresentable", subrayó, si bien apuntó que "otra cosa" es que la magistrada haya incurrido en una infracción, pues estaba haciendo uso de la libertad de expresión.

"Creo que no la podremos sancionar pero me produce vergüenza personal que haya otros miembros del Poder Judicial que digan semejante barbaridad", declaró López.

Publicado el 14/08/2008, por Expansión.com
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López (CGPJ) aboga por reformar la Ley contra la Violencia de Género para hacerla "más perceptible y eficaz"

El portavoz del CGPJ defiende la creación de juzgados comarcalizados de violencia que atiendan a más de un partido judicial

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, afirmó hoy que España es el país que "más está luchando en Europa y en el mundo" contra la violencia de género, pero consideró que "ha llegado el momento" de "hacer reformas" en la Ley Integral contra la Violencia de Género, pues aunque su "buena voluntad es indudable" y ha aportado "elementos esenciales", es necesario dotarla de instrumentos que la hagan "más perceptible y eficaz".

López recordó que el CGPJ advirtió desde su aprobación hace tres años que la ley estaba "cargada de muy buena voluntad" pero "no había acertado en algunos de los instrumentos que había creado". Al respecto, señaló que si bien los juzgados de violencia de género alcanzan "su máximo rendimiento" en partidos judiciales con muchos juzgados, en los que tienen pocos se produce "el problema".

Según dijo, un estudio de 2007 revela que la mayor parte de las muertes por violencia de género se producen entre las 20.00 y las 00.00 horas, pero sin embargo, la ley creó "una especie de UVI con un horario de ambulatorio, con un juzgado especializado de 8 a 15.00 horas, pero que no podía atender la violencia de género de 15.00 a 8.00 horas, porque para eso estaba el juzgado de guardia".

En rueda de prensa, con motivo de su participación en el encuentro 'Medios de comunicación, administraciones públicas y violencia de género', de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el portavoz del CGPJ recordó que el Poder Judicial ya advirtió que estos juzgados "no iban a funcionar en estos partidos judiciales". "Y no están funcionando: comparten materias penales y civiles que hacen inviable una especialización", sentenció.

Para "paliar" la necesidad de conciliar la existencia de juzgados de violencia de género con partidos judiciales pequeños, López abogó por la creación de juzgados comarcalizados de violencia que atiendan a más de un partido judicoal. "En Cantabria, por ejemplo, el juzgado de Marina de Cudeyo no puede atender la violencia de género; la tendría que atender un juzgado más amplio, como el de Torrelavega o Santander", apuntó.

Además, señaló que hacen falta medios personales y equipos de valoración del riesgo que padece cada mujer, "que la ley plantea pero que no se han previsto". En opinión de López se cometería un "error" si a cada mujer en riesgo de ser maltratada se le diera la misma protección, y por ello subrayó la necesidad de realizar valoraciones "específicas" de cada mujer por parte de psicólogos y criminólogos que trabajen para el juzgado.

El CGPJ también cree "un error" que estos juzgados lleven asuntos civiles. "No tiene sentido que en Santander haya un Juzgado de Familia y los asuntos de violencia de género, que son de familia, los lleve otro juzgado", afirmó. Por ello, consideró que "no pasa nada por rectificar" la Ley de Violencia de Género, pues "se cometieron algunos errores".

Igualmente, dijo que son necesarios más dinero y recursos, como los que invierte la Comunidad de Madrid, que atiende las urgencias de violencia de género con un juzgado especializado.

EL ALCOHOL COMO AGRAVANTE

Por otra parte, el portavoz del CGPJ se mostró de acuerdo con la propuesta de la Comunidad de Madrid de que el alcohol se considere agravante en lugar de atenuante y también defendió que debería dejar de ser atenuante poner en conocimiento de la justicia el hecho criminal, pues en "la inmensa mayoría" de los casos de violencia de género el agresor, que suele ser la pareja, se entrega "y eso no puede servir para atenuar una pena".

En otro orden, López consideró un "dato revelador" que España tenga un 9 por ciento de población extranjera mientras que la delincuencia de este colectivo supere el 30 por ciento, por lo que subrayó la necesidad de "hacer un esfuerzo" en prevenir la violencia entre los inmigrantes.

"El problema es que el inmigrante viene a España con su mochila cultural, y eso hace necesaria una política activa de comunicación, de respeto a la igualdad y de tolerancia cero en la agresión a la mujer", declaró.

CASO NEIRA

En relación con el caso del profesor Jesús Neira, que se encuentra en coma tras recibir una paliza por defender a una mujer de las agresiones de su pareja, López opinó que "recoge lo más negativo de la violencia de género", que es "un maltratador y una víctima que se niega a reconocer que está siendo maltratada".

López no reprocha nada a la mujer, que ha dicho que su pareja, Antonio Puertas, no la maltrató y que es "una bellísima persona", porque "bastante está sufriendo ya". En su opinión, la mujer "no dice esto porque realmente lo sienta, sino porque está dentro de esa espiral de violencia que hace que asuma la violencia como algo consustancial a su relación". Por ello, la animó a que "rompa ese círculo y denuncie".

El portavoz del CGPJ explicó que la justicia deberá analizar la relación de causalidad entre el maltrato físico que produjo el agresor a Neira y el "resultado fatal", porque "a lo mejor la relación de causalidad no explica ese resultado fatal".

EL GOBIERNO INCUMPLE LA LEY

Por otro lado, Cristina Alberdi, consejera del Consejo Consultivo para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, denunció que el Gobierno incumple la ley al permitir la publicidad "ilícita" de anuncios de contactos y prostitución en los periódicos.

"El Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de cesar los anuncios de prostitución en los grandes periódicos porque la Ley de Violencia de Género prevé que la Delegación del Gobierno pueda cesar la publicidad ilícita", señaló, al tiempo que se preguntó por qué el Ejecutivo "incumple la ley de la que hace tanta propaganda" y si lo hace por "miedo" a los grandes periódicos.

Para Alberdi, es una "vergüenza colectiva abrir esas páginas en las que se veja a las mujeres". Además, subrayó que estos medios de comunicación "están contribuyendo a la violencia de género, aunque luego hacen editoriales abogando por el fin de ésta".

SANTANDER, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -
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