18 de febrero de 2009

JSME alaba la labor de Igualdad en la lucha contra la violencia de género

Latifa Assbaa, secretaria de Igualdad y Movimientos Sociales de Juventudes Socialistas de Melilla (JSME), alabó ayer el "buen trabajo" que está realizando el Ministerio de Igualdad en la lucha contra la violencia de género. De hecho, la joven socialista destacó que 400 mujeres al día "decidieron romper con la violencia de género y confiar en las instituciones para recuperar su vida" en los tres primeros meses de 2008.

Además, destacó la partida de 66.000 euros que Igualdad va a destinar a nuestra ciudad para asistencia social integral a las víctimas de la violencia machista. La secretaria de Igualdad y Movimientos Sociales de Juventudes Socialistas de Melilla (JSME), Latifa Assbaa, reconoció ayer el "buen trabajo" que está llevando a cabo el Ministerio de Igualdad, una labor que, en su opinión, ha supuesto un "apoyo y un referente a todas las instituciones, asociaciones y colectivos sociales que luchan por acabar con la violencia machista".
De hecho, aseveró que "la violencia de género ha dejado de ser invisible, ha salido a la luz en toda su cruda e insoportable injusticia, y hemos dicho basta ya".

En este sentido, la joven socialista explicó que, desde la creación del Plan de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género del Gobierno central, las medidas integradas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, se están cumpliendo "con éxito", aunque, no obstante, "todavía falta mucho para conseguir el objetivo final que es acabar con esta lacra social".

Asimismo, Assbaa destacó la medida dirigida a garantizar la puesta en marcha del nuevo servicio telefónico de información y asesoramiento, el 016, para las víctimas de violencia de género en toda España, independientemente de su lugar de residencia.

Denuncias
Del mismo modo, la secretaria de Igualdad y Movimientos Sociales de JSME señaló que las políticas con las que trabaja el Ministerio que dirige Bibiana Aído han propiciado que 400 mujeres al día decidan denunciar la violencia de género y confiar en las instituciones para recuperar su vida. "Las denuncias en los primeros meses de 2008 alcanzaron la cifra de 108.261, lo que supuso un incremento del 15,6 por ciento respecto a 2007", explicó Latifa Assbaa, de forma que 400 mujeres al día "decidieron romper con la violencia de género y confiar en las instituciones para recuperar su vida".
Además, informó de que la tasa de homicidios por cada 10.000 denuncias ha sufrido un descenso de cinco puntos, pasando del 5,6 por ciento en 2007 al 4,6 en 2008.Para concluir, la Secretaria de Igualdad y Movimientos Sociales de JSME resaltó que la medida más reciente de 2009, procedente del Ministerio de Igualdad, es la inversión de 66.000 euros a Melilla en materia de asistencia social integral a las víctimas.

El fondo estatal irá dirigido a fortalecer los programas y las actuaciones realizadas por la Ciudad Autónoma. Es un proyecto que, bajo la denominación de 'Formación e Inserción laboral de Mujeres Víctimas de Violencia de Género con dificultades socioeconómicas e inmigrantes', tiene como objetivo la inserción laboral de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género.

África Vilches
www.melillahoy.es

Malos tratos cada vez menos ocultos

El rechazo y la intolerancia social a los malos tratos calan ya entre la población. / SUR

La Fiscalía detecta por primera vez un descenso de las agresiones que las mujeres no llegan a denunciar El Ministerio Público cree que existe más conciencia y mayor rechazo social

La Fiscalía considera que la Ley integral sobre Violencia de Género está consiguiendo sus primeros resultados positivos. Por primera vez en los cuatro años que lleva en vigor la normativa la bolsa de malos tratos ocultos, es decir las agresiones no denunciadas por las víctimas, ha descendido. Así, lo constatan los datos del Ministerio Público, en cuya memoria de 2008 se refleja que los casos investigados de los que no se tenían constancia en los juzgados descendieron un 21%.
«El mensaje está llegando y las mujeres y su entorno denuncian más y cada vez ocultan menos las situaciones de violencia», explica Flor de Torres, fiscal delegada contra los malos tratos. En estos términos se interpreta la disminución de los casos que han llegado hasta el Ministerio Público remitidos por los servicios sociales y sanitarios.

Se trata de situaciones de violencia, agresiones físicas y psicológicas no denunciadas por las víctimas y detectadas por estos servicios públicos que trabajan en coordinación con la Fiscalía a la que comunican cualquier sospecha de maltrato para que proceda a investigarlo. El descenso de las agresiones ocultadas por las víctimas es notable. De los 990 casos detectados por el Ministerio Público en 2007 se ha pasado a 773 en 2008.
«Existe un mayor asentamiento de los postulados de la ley integral, es decir, se está transmitiendo la intolerancia social a la violencia de género y la educación en igualdad», añade de Torres.

Los casos de malos tratos ocultos se investigan con especial intensidad desde la constitución de la Fiscalía contra la Violencia de Género en 2005, coincidiendo con la entrada en vigor de la ley integral y de los juzgados especializados contra los malos tratos a la mujer. En ese año, llegaron hasta el Ministerio Público 812 casos en los que se abrió una investigación. En 2006 la cifra se mantuvo prácticamente igual, con 812 asuntos, mientras que en 2007 se elevó hasta 990.

La coordinación con los servicios sanitarios (centros de salud y hospitalarios), los servicios sociales municipales y los de atención de la mujer es primordial para perseguir las conductas violentas que no son denunciadas por las víctimas.
Desde 2005 se ha tejido una amplia red en la que están implicados todos los hospitales y centros de salud de la provincia, así como los ayuntamientos de las localidades más importantes de la provincia con los que la Fiscalía mantiene reuniones periódicas.

Aunque la mayoría de las fuentes de información del Ministerio Público continúa siendo los partes de esencia de los centros sanitarios, cada vez cobran mayor importancia y protagonismo las comunicaciones que evidencian situaciones objetivas de riesgo no denunciadas por las víctimas que proceden de los servicios a la mujer de la provincia. Por esta razón, se ha elaborado un protocolo de actuación en el que se valoran y se hacen llegar a la Fiscalía los casos en que se producen esas situaciones de riesgo. Así, además de la información básica sobre la vinculación del agresor con la víctima y si existen antecedentes judiciales, los profesionales de estos centros evaluan otros aspectos que pueden ser susceptibles de una urgente protección a la mujer como, por ejemplo, que ésta esté sometida a medicación, con voluntad disminuida, y cuando acuden los familiares a pedir ayuda en su nombre.

En los juzgados
Por otra parte, las denuncias presentadas por las víctimas en los tres juzgados de violencia de género de la capital crecieron en 2008 un 4,8% respecto al año anterior. En total estos órganos judiciales tramitaron 5.728 asuntos, de los que 495 se corresponden con sentencias de separación y divorcio derivadas de causas penales por maltrato.

MONTSE MARTÍN
www.diariosur.es

El Juzgado tramitó más de cien órdenes de protección para mujeres en el 2008

66 víctimas pidieron teleasistencia y 150 recibieron ayuda económica o psicológica En los primeros meses de este año 15 maltratadas han solicitado algún apoyo

El Ayuntamiento pondrá en marcha un programa de voluntariado de atención a las víctimas
Las administraciones están preocupadas por reducir las agresiones entre adolescentes
Son muchos los esfuerzos que las administraciones y entidades sociales dedican a erradicar la lacra social de la violencia machista y apoyar a las mujeres que la sufren. Con este objetivo nació, en noviembre del año pasado, el Plan Integral contra la Violencia de Género del Ayuntamiento de Orihuela, que aglutina las iniciativas en este sentido de las 14 áreas de gobierno local de la localidad.

A pesar de que ésta y otras iniciativas sociales y legislativas dan sus frutos en cuanto a la prevención, sobre todo con adolescentes, lamentablemente han de dedicar aún la mayor parte de sus esfuerzos a proteger a las víctimas.

El Juzgado de Violencia de Género de Orihuela, según cifras que aportó ayer la alcaldesa de la localidad, Mónica Lorente, dictó el año pasado 102 órdenes de protección para mujeres maltratadas por sus parejas o ex parejas y, a partir de ellas, las administraciones locales, provinciales, autonómicas y estatales pusieron en marcha diferentes dispositivos para conseguir que esta protección fuese efectiva.

Es el caso del servicio de teleasistencia móvil que, mediante un dispositivo portátil, permite a las mujeres en riesgo establecer un contacto inmediato con la Policía cuando lo necesiten. El año pasado, 66 mujeres solicitaron este servicio y pasaron a ser usuarias del mismo en Orihuela.

Además, el Ayuntamiento prestó a 47 víctimas de malos tratos ayuda económica, «una de las más importantes para permitirles salir adelante y ser autónomas», indicó Lorente, y un centenar de mujeres recibió ayuda psicológica individual.

La alcaldesa destacó que el Consistorio ha puesto también en marcha diversas campañas de sensibilización y prevención, como los talleres de igualdad destinados a profesionales de diversos sectores y a mujeres maltratadas, la campaña Ni una más que lanzaron el Día Internacional contra la Violencia Ejercida sobre la Mujer, o el programa El amor no es la leche, destinado a adolescentes de tercero de Secundaria, que se puso en práctica en los IES Tháder, Gabriel Miró y Espeñetas y en el colegio Jesús María.

Los jóvenes, explicó Lorente, son uno de los colectivos en los que hay que hacer mayor hincapié, «porque casos como el de Marta del Castillo nos advierten de que las relaciones entre adolescentes pueden ser caldo de cultivo para la aparición de comportamientos machistas y violentos».
Además, este año el Ayuntamiento pondrá en marcha, como novedad, un programa de voluntariado de atención a las mujeres víctimas de la violencia machista, según anunció Lorente.

Unas medidas que son muy necesarias, a juzgar por la escalada de alarmantes cifras. En el 2009, es decir, en apenas mes y medio, 15 mujeres maltratadas ya han solicitado algún tipo de atención en Orihuela.

Ahora, el municipio ha sido el primero en sumarse a una campaña lanzada por la Diputación Provincial de Alicante bajo el lema Sal pitando, con la que, según la diputada de Igualdad, María Asunción Prieto, «pretendemos hacer ruido para que la sociedad se dé cuenta de que la violencia de género nos afecta a todos». Mediante protestas en las ocho comarcas y una campaña de publicidad, intentarán llamar la atención sobre esta lacra.
La diputada se mostró especialmente preocupada, al igual que Lorente, por los jóvenes, ya que, indicó, «una tercera parte de las denuncias por violencia de género del año pasado fueron interpuestas por adolescentes de entre 15 y 18 años».

E. M. LAHOZ
www.laverdad.es

El juez rechaza el recurso de la mujer que denunció a Mortera


Resta veracidad a su relato y dice que las supuestas lesiones no son atribuibles al edil

El juez ha rechazado el recurso de la mujer que había denunciado al concejal del PP Alberto Mortera por una supuesta agresión en su vivienda en Luanco.
Tras quedar sobreseída una primera denuncia por falta de pruebas, la afectada recurrió el archivo e intentó que el edil fuera procesado por un delito y no por una falta.
Sin embargo, el titular del juzgado número 6 de Primera Instancia e Instrucción de Avilés ha frenado sus aspiraciones. Por un lado, ante la falta de indicio alguno, es decir, de lesiones que corroboren que hubo un maltrato. Si bien constata la realidad de unas lesiones en los partes médicos de los días 26, 27 y 31 de enero, explica en su auto que «no hay nexo de causalidad alguno que permita atribuírselas» a Mortera.
En la asistencia inicial del día 25, tras la supuesta discusión, el único diagnóstico es el de «ansiedad», sin apreciarse ningún signo de violencia. «Lo que contradice el relato de los hechos, haciendo dudar de su veracidad», concluye el juez,
La mujer llegó a decir que las agresiones de las que fue objeto duraron «entre una y dos horas». Según el titular del juzgado de Instrucción número 6 de Avilés, de ser cierto este hecho, los «bofetones» que recibió «alguna marca o signo tenían que dejar, sin apreciarse, por el contrario, la más mínima».
Relación esporádica
Tras el archivo de la denuncia, la denunciante había tratado de llevarla a través del Juzgado de Instrucción número 5, competente en materia de violencia de género, al entender que entre ella y el denunciado existía una relación de pareja. Pero el juez desmonta su tesis y el primer motivo del recurso.
Se fundamenta en la declaración de la mujer, que dijo que conocía al concejal «desde hace unos dos o tres meses y que se han visto en varias ocasiones, manteniendo una relación esporádica». De hecho, llegó a manifestar que «había sido agredida 'por un amigo'», el mismo calificativo que aplica a la relación Alberto Mortera al declarar en las dependencias de la Guardia Civil de Luanco, la localidad donde tuvieron lugar los hechos y la discusión entre ambos.
Finalmente, el juez desestima los recursos presentados y confirma el sobreseimiento del caso, aunque, concluye, la resolución dictada con fecha 13 de febrero es susceptible de apelación en un plazo de cinco días.

La Fiscalía pide 6 meses de cárcel para un empresario por presunto acoso sexual a una empleada

La fiscalía ha pedido a un Juzgado de San Vicente del Raspeig que decrete la apertura de un juicio oral contra un empresario al que acusa de acosar sexualmente a su asistenta doméstica en la vivienda familiar y en una panadería que regentaba.

La mujer estuvo de baja como consecuencia de esta situación durante dos meses en el año 2005, aunque el procesado, J.C.P., le dio de baja en la Seguridad Social antes de que se reincorporara a su puesto de trabajo.

Según fuentes de la acusación pública, los casos de supuesto acoso sexual en el trabajo rara vez llegan a juicio, bien porque las víctimas renuncian a denunciar los hechos por miedo a perder el empleo o bien por la dificultad de reunir pruebas suficientes contra los sospechosos.

Según la Fiscalía, la trabajadora presuntamente acosada por J.C.P. comenzó a trabajar para él el 13 de diciembre del 2004 como empleada de hogar. Desde entonces, y en repetidas ocasiones, el hombre se le insinuó, le puso «caras lascivas» y se desnudó delante de ella.
Incluso, siempre según la Fiscalía, le ponía «sobres llenos de dinero encima de la tabla de planchar». En febrero del 2005 llegó a decirle: «Pase usted a la habitación y acuéstese conmigo si quiere». Situaciones similares se dieron cuando la trabajadora comenzó a limpiar en un horno de Mutxamel.

La víctima fue indemnizada por su despido improcedente, pero sufre un «trastorno adaptativo, ansiedad y depresión» que han requerido tratamiento psiquiátrico.

www.laverdad.es

Mujer policía denuncia acoso sexual de superior

PARAGUARI (Catalino Ibarra, corresponsal) Un grave caso de persecución y acoso sexual fue denunciado por una suboficial de policía que forma parte de la seguridad policial de la circunscripción judicial local. Acusa del hecho a un superior, a cuyo cargo está en dicha dependencia judicial. El jefe de Policía está enterado del tema, al igual que las autoridades judiciales, pero todos hacen caso omiso a la denuncia.

La víctima del hecho es Johana Benítez, suboficial 2º de orden y seguridad, al servicio de la Jefatura de Policía del 9º departamento.

La denunciante refiere que viene sufriendo desde hace más de un mes sistemático acoso sexual por parte del suboficial principal Juan Silvino Iriarte Rodas, jefe de seguridad de la X Circunscripción Judicial, con sede en esta capital departamental.
La agente refiere que el supuesto acosador le llama a cualquier hora en su teléfono celular para verse y respondiendo con negativa le ordena que se presente inmediatamente junto a él.

“El 6 de febrero pasado, cerca de las 22:00, me llamó para comer con él un asadito con vino en la sede del juzgado. Cuando apagué mi teléfono, llama al celular de mi hermana Liz Benítez (también policía) y me ordena ir junto a él. Cuando llegué con mi hermana por poco le echó del lugar. Estaba tomando vino en su puesto de guardia. Tengo testigos del acontecimiento”, se quejó la agente. Informó que comunicó el hecho al jefe de policía regional, comisario principal Nicodemus Méndez, pero este hace caso omiso a su denuncia, pues aparentemente el salario “extra” que ganan los agentes en el juzgado es parte de la “recaudación” mensual de su superior.

Dijo también que hoy llegará hasta la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, como también al Departamento de Bienestar Familiar de la Policía, para denunciar el hecho. Por su parte, el suboficial Rubén Benítez, otro agente destinado en el juzgado dijo que el jefe de seguridad del juzgado le obliga llevar diariamente comida de su casa, supuestamente para los camaristas Rodrigo Escobar y Antonio Alvarez. Es para congraciarse con los jueces, quienes son sus protectores, señaló.
El suboficial dijo que en la víspera presentó solicitud para trasladarse del lugar. Fue ante el comisario Méndez, afirmó. Para conocer la versión de Iriarte Rodas hemos llamado al teléfono celular Nº 0971 283576, que supuestamente le corresponde, pero daba el tono de apagado. Por su parte, Méndez dijo que la agente debería presentar denuncia formal a la comisaría jurisdiccional o la fiscalía. Dijo que él tampoco recibió denuncia por escrito.

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