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2 de febrero de 2010

El juez decano denuncia la falta de medios del Juzgado de Violencia sobre la Mujer

Torres «está indignado» porque no se han cubierto cuatro plazas de gestor procesal y porque las víctimas no tienen intimidad y a veces declaran en presencia de sus agresores, de sus hijos y de otras maltratadas

El juez decano de Ibiza, Juan Carlos Torres, denunciará a Justicia la falta de medios materiales, y sobre todo humanos, del nuevo Juzgado de Violencia sobre la Mujer (VSM) de la isla, del que es titular. El nuevo órgano judicial comenzó a funcionar en la primera planta del edificio judicial de la avenida de Isidor Macabich de Vila el 30 de diciembre de 2009. La semana pasada se incorporó el juez Torres.

La Fiscalía de Ibiza ha destinado dos fiscales de forma específica para tramitar los casos de malos tratos que se detectan en la isla. El juez Torres esperaba contar con ocho funcionarios en su juzgado, cuatro tramitadores y cuatro gestores procesales. Sin embargo, de estos cuatro últimos no se ha incorporado ninguno.
«El año pasado la Gerencia de Ibiza recibió muchas candidaturas para trabajar como gestor procesal en el nuevo juzgado, sin embargo aún no han incorporado ninguno y están buscando en bolsas de otras demarcaciones judiciales», explicó ayer, indignado, el decano a la puerta del Juzgado de VSM. «Quiero destacar la buena disponibilidad para trabajar del personal ya nombrado», añadió Torres.
«Llevamos un mes sin cuatro gestores procesales, voy a denunciar esta situación ante la Gerencia de Ibiza, el Tribunal Superior de Justicia de Balears, el Observatorio de Violencia de Género y el Institut balear de la Dona», anunció el juez. Una de las funciones más importantes de un gestor procesal en la tramitación de los procedimientos judiciales.

Además, el decano quiso dejar patente su «malestar» por las nuevas instalaciones, ya que las víctimas están prestando declaración sin intimidad, muchas veces en presencia de sus agresores, de sus hijos y de otras mujeres maltratadas.

En diciembre de 2009 los Juzgado de Primera Instancia número 1 y 2 de Eivisssa se trasladaron al nuevo edificio del Cetis. El espacio que ocupaban en la primera planta de la sede judicial de la avenida de Isidor Macabich de Vila acogió a continuación al nuevo Juzgado de VSM.

Justicia renovó el mobiliario y los equipos informáticos, sin embargo no se tuvo en cuenta que las víctimas de malos tratos necesitan intimidad y que a veces se incumplen las órdenes de alejamiento en el juzgado, ya que en el mismo espacio declaran con frecuencia víctimas y agresores.
«Hay despachos acondicionados que no se están utilizando», denunció ayer en el Juzgado de VSM, en el mismo sentido que el juez Torres, una trabajadora del Institut Balear de la Dona. «Justicia anunció unas buenas instalaciones y ahora nos encontramos con que víctima y maltratadores declaran en el mismo espacio, sin ninguna intimidad», añadió.

Institut Balear de la Dona

El Institut Balear de la Dona (IBD) tiene dos trabajadoras en Ibiza para recibir las llamadas de las víctimas de malos tratos, acompañarlas y acogerlas en pisos si es necesario, según explicó ayer una de ellas, que atendió a la mujer magrebí maltratada por su marido en Sant Antoni, cuya hija recibió varios golpes con el mango de un cuchillo (ver página 3).

Esta mujer reside desde el sábado en un piso de acogida de los facilitados por el IBD. «La familia vivía de la ayuda de los servicios sociales y los niños iban al colegio sin libros», comentó ayer la trabajadora, que es psicóloga.

El IBD pone a disposición de las víctimas un servicio de atención las 24 horas del día los 365 días del año, en el teléfono de emergencias 112 o en el del propio Institut, 971178989.

Eureka Serveis Sociales se adjudicó el concurso convocado por el IBD, que, desde el 19 de enero, ha puesto a disposición de las víctimas dos trabajadoras en las Pitiusas, que están siempre de guardia. Acompañan a las víctimas en sus declaraciones, en sus menesteres diarios, las llevan en coche, reciben sus llamadas o, en los casos más conflictivos, las reubican en pisos de acogida, en los que hay en la actualidad varias mujeres en la isla. «Les proporcionamos todo lo que necesitan», destacó la trabajadora del IBD.

En el caso de que se produzca un caso de malos tratos en Formentera Serveis Sociales pone a disposición de la víctima una trabajadora social, que acompaña a la mujer hasta el barco. En el puerto de Ibiza le esperaría una de las dos trabajadoras que tiene el IBD actualmente en la isla.

Además, el Institut cuenta con otras dos trabajadoras en Menorca y cuatro en Mallorca, sin contar las asignadas a la ciudad de Palma, gestión efectuada por otra empresa diferente.

La Oficina de la Dona del Consell Insular de Ibiza también presta ayuda a las víctimas de malos tratos.

Fuente

5 de julio de 2009

El Cermi critica que la ley no es accesible para las mujeres maltratadas con discapacidad

La directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Pilar Villarino, criticó hoy que las comisarias, las casas de acogida para mujeres maltratadas, los servicios de emergencia y los sistemas de protección de las víctimas "no son accesibles" para personas con discapacidad.

En el marco del Seminario sobre la lucha contra la violencia de género, organizado por el Ministerio de la Presidencia y que se celebra en Madrid, Villarino aseguro que las mujeres con discapacidad que son maltratadas "no se pueden beneficiar de los derechos que le otorga la ley" en muchas ocasiones.

"Muchas mujeres desconocen que están siendo víctimas de violencia machista, dependen de su agresor, no tienen acceso a la información y, por falta de accesibilidad, ni siquiera pueden ir solas a comisaría, por lo que las posibilidades de denunciar son escasas", sentenció Villarino. Además lamentó que los Servicios Sociales desconozcan las múltiples especificidades de las personas con discapacidad y que los profesionales involucrados en la lucha contra la violencia de género no sepan cómo afrontarlo cuando las víctimas son de este colectivo.

Por este motivo, Villarino reclamó que estos agentes reciban una formación específica y que las administraciones publicas financien a las organizaciones de la discapacidad para que realicen programas de atención, detección y prevención de violencia de genero en este colectivo. Asimismo, pidió que se realice un "gran estudio" para detectar estos casos en mujeres con discapacidad.



www.deminorias.com

3 de julio de 2009

Los jueces exigen la "urgente" creación del juzgado de Familia y cinco salas más

Los magistrados acordaron solicitar dos tribunales de Primera Instancia, uno de lo Social, uno Penal y otro de Instrucción ante el aumento de casos registrado en los últimos meses

Una postura unánime. Los magistrados vigueses exigieron ayer la “urgente creación” de seis nuevos juzgados en Vigo ante el elevado incremento de la carga de trabajo registrado en los últimos meses. Los jueces, que se reunieron en una junta general, acordaron demandar dos nuevas salas de Primera Instancia y una de lo Social –las más afectadas por la crisis–, así como un juzgado de lo Penal y otro de Instrucción. No obviaron tampoco solicitar la puesta en funcionamiento del tribunal especializado en Familia, del que la anterior Xunta prescindió a cambio de un Mercantil que aún está en el aire y sobre el que los magistrados también reivindicaron su creación en la ciudad olívica.
Casi una veintena de los 33 magistrados de Vigo –algunos de ellos mediante el uso del voto delegado– acudieron ayer a la junta de jueces, que estuvo presidida por el decano Jaime Bardají. Un encuentro vital, ya que se celebraba tras los últimos varapalos sufridos por la ciudad en materia judicial, al descartarse la creación de la sala de Familia comprometida para Vigo y por el temor a perder el Mercantil, un tribunal que está pendiente de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decida si lo ubica en la ciudad olívica o en Pontevedra.
Como era de esperar, el juzgado de Familia y el Mercantil ocuparon uno de los ocho puntos del orden del día. Sobre la sala especializada en divorcios y separaciones, los magistrados exigieron su puesta en marcha el próximo año 2010. “Y a ser posible ya en el primer o segundo trimestre”, concretó Bardají al término de la junta, que se prolongó durante más de una hora.
Pero hubo más demandas, porque la sobrecarga de asuntos que sufren los juzgados, por los casos derivados de la crisis o por la abundancia de otro tipo de causas, como las de tráfico o malos tratos, han llevado a la junta de jueces a plantear como “urgente” que se habiliten dos nuevos juzgados de Primera Instancia, otro de lo Social, uno de lo Penal y, finalmente, un nuevo tribunal de Instrucción. Sobre la cuarta sala Penal que se solicita, el juez decano explicó que el objetivo es acogerse al proyecto que pretende poner en marcha el CGPJ de especializar juzgados de este tipo para que traten casos de violencia sobre la mujer, tal y como ocurre en Instrucción. El año pasado, por ejemplo, los tres juzgados penales registraron en total 170 casos de malos tratos.

Negociaciones
Además de la creación de nuevos tribunales, en la junta de jueces también se abordó la actual situación de las negociaciones entre el Ministerio de Justicia y la Comisión Interasociativa Permanente (CIP), que reúne a las principales asociaciones judiciales. El decano mostró su esperanza de que la situación llegue a “buen fin” en relación a las reformas procesales que se necesitan, las retribuciones que plantean los magistrados y la nueva ley de planta judicial.

MARTA FONTÁN
www.farodevigo.es

15 de mayo de 2009

"La Ley está perjudicando a las verdaderas víctimas de género"

La fiscal delegada de Violencia de la Audiencia arremete contra una norma que trata como casos graves meras desavenencias al nivel "de la Guerra de los Rose"

Se puede decir más alto, no más claro. La fiscal delegada de Violencia de Género de la Audiencia Provincial de Cádiz, Lorena Montero, atisba demasiadas carencias en la Ley Integral de Violencia de Género. Una norma que, a su juicio, mete en el mismo saco "casos leves y casos graves". Una Ley que califica como violencia de género "típicas desavenencias que acaban en separaciones o divorcios".

Situaciones que muy gráficamente la fiscal define "al nivel de la Guerra de los Rose" ( la famosa película en la que un matrimonio se acaba matando) "que están llegando como violencia de género cuando son luchas por las propiedades".

Ella fue una de las ponentes más aclamadas en la jornada sobre Violencia de Género que organizó ayer en el Palacio de Congresos de Cádiz el Colegio Provincial de Abogados. Lorena Montero se explayó. Se quejó de que entre "la cortina de humo creada por su constitucionalidad, ninguno ha tenido la sutileza para empezar a separar los casos de violencia de los que no lo son por razón de materia".

"El problema es que el legislador ha metido en el mismo saco los casos leves y graves", coincidiría con ella el magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia, Manuel Grosso, también invitado a las jornadas. "Yo creo que nadie va a ser capaz de poner pie en pared", vaticinaría a renglón seguido la fiscal. Porque, alzó la voz, "Quién le dice ahora a esos sectores más duros, a las feministas, que esa Ley tiene fallos, que es demasiado amplia". "La Ley está perjudicando a las verdaderas víctimas de género" , sentenció.

Antes, defendió la necesidad de "ser más exquisitos" para determinar la prueba de pareja, si se trata de una relación estable para decidir si se merece la protección penal que establece la Ley Integral "o sólo la ordinaria". Y fue meridiana al desvelar su oposición frontal a la sustitución de penas por trabajos en beneficio de la comunidad. Habló de situaciones rocambolescas, de agresores que han dado palizas de muerte haciendo trabajos de jardinería. "Da sensación de impunidad".

www.diariodecadiz.es

12 de mayo de 2009

Investigación acerca de las guardias en Violencia

El Defensor del Pueblo investigará la falta de atención integral a las mujeres maltratadas en los juzgados de la Comunidad de Madrid.

Este organismo estudiará por qué las guardias que realizan desde el 1 de enero los diez juzgados de Violencia contra las Mujeres de la capital no cuentan con forenses psicológicas y sociales.

Estas profesionales están contempladas como equipo necesario en la Ley Integral contra la Violencia de Género y han sido reclamadas tanto por los magistrados como por el Consejo General del Poder Judicial.

Sin acuerdo

El propio consejero de Justicia, Francisco Granados, reconoció en la Asamblea regional la necesidad de estas profesionales, al tiempo que anunciaba un inminente "acuerdo económico" que las incorporaría.

Sin embargo, la última mesa de negociación entre la administración y los representantes de los trabajadores se cerró hace diez días sin acuerdo. La guardias siguen prestándose sin psicólogas ni trabajadoras sociales.

La oficina del Defensor del Pueblo iniciará sus investigaaciones tras aceptar la denuncia interpuesta por el sindicato CC OO que conoció la situación de los juzgados al ser publicada por ADN.

www.adn.es

4 de mayo de 2009

Los refuerzos no logran reducir las 15.000 sentencias sin ejecutar

El 'caso Mari Luz' puso en el ojo del huracán la situación de los juzgados y fue el punto de arranque de las protestas de los jueces que denunciaron la escasez de medios con el que tienen que desarrollar su trabajo.
En Málaga, diez juzgados de lo Penal acumulaban hace un año unas 13.000 sentencias sin ejecutar, un campo abonado de minas que en cualquier momento podía explotar con otro caso similar al ocurrido con el presunto asesino de la niña onubense. Las primeras protestas de los jueces consiguieron que la Junta de Andalucía colocara personal de refuerzo: un total de 15 funcionarios para diez juzgados para ir dando salida así a las miles de sentencias pendientes de cumplir.

Un año después los apoyos con más personal se han revelado insuficientes para reducir la bolsa de resoluciones sin ejecutar de estos órganos judiciales, que ya alcanza la cifra de 15.000, debido, fundamentalmente, a que la litigiosidad no para de crecer y a la reforma de la Ley de Seguridad, que ha incorporado nuevos delitos que ahora deben tramitar. La guinda la ha puesto la Junta, que ha reducido ahora los quince funcionarios de apoyo a diez.
«Es como si estuviéramos ante una riada, y el agua estuviera a punto de llevárselo todo por delante, e intentamos ir conteniéndola colocando otro saco de arena». Con este gráfico ejemplo explica el magistrado Francisco Ontiveros el efecto que ha tenido en su juzgado el único trabajador de apoyo con el que cuenta para sacar adelante el trabajo. «No se ha notado en nada. Además en 2008, nos pusieron dos trabajadores de refuerzo y ahora nos han dejado sólo uno. Además durante enero y febrero no hemos tenido la plantilla completa porque ha habido traslados», añade.

Como media, cada uno de los diez juzgados de lo Penal recibe cada año un millar de sentencias que deben hacer ejecutar, que han sido dictadas por los jueces de instrucción de la capital y la provincia. Además tienen que hacer cumplir las resoluciones que ellos mismos dictan tras los juicios que celebran tres veces por semana (unos por el sistema rápido y otros por el ordinario).

El volumen de trabajo que soportan es tal que desde que se dicta una sentencia hasta que se ordena su ejecución puede mediar un año, con lo que ello supone para las víctimas de un delito, que, por ejemplo, están esperando una indemnización, o incluso -y eso sí es más grave- que los condenados no sean requeridos para ingresar en prisión y puedan seguir delinquiendo y desaparecer del mapa.

La mayoría de los jueces de lo Penal -motu proprio porque no es obligatorio- ha optado por dar preferencia en la ejecución, además de las causas con preso y los casos de violencia de género, a las sentencias por delitos sexuales y con pederastas como protagonistas. Temen encontrarse con otro 'caso Mari Luz'.
«Yo tengo la sensación de estar sobre un polvorín al que le pasamos por encima un mechero, porque esto es materialmente imposible poder controlarlo», dice el magistrado Ontiveros, que confiesa haber vivido una angustia parecida siendo juez de violencia de género en Vitoria.
Para Javier Soler, titular del Juzgado de lo Penal número 5, «existe una déficit estructural de plantillas y de juzgados que no se puede paliar con un simple refuerzo de un funcionario», asegura.

Recuerda que los jueces vienen reclamando desde el pasado año la creación como mínimo de cinco juzgados de lo Penal más para dar respuesta a las necesidades de Málaga. «Tengo 1.800 sentencias por ejectutar y los procesos no paran de crecer; para colmo, la reforma de la Ley de Seguridad Vial nos ha dado aún más trabajo y, mientras, seguimos con la misma plantilla. Yo ya estoy señalando juicios para febrero del año que viene», se lamenta.

Los abogados también se quejan. «Nuestros clientes siempre andan preguntando qué pasa. No entienden por qué una vez dictada una sentencia no se cumple inmediatamente», explica un letrado que representa a una mujer que denunció una estafa y está a la espera de la indemnización.
«La justicia no es justicia hasta que la sentencia es ejecutada», añade otro profesional que critica que a los jueces se les pague productividad por dictar sentencias y en cambio nadie se preocupe después por la ejecución de las mismas.

El juez decano, Manuel Caballero-Bonald, dice que «las necesidades de plantilla de los juzgados de lo Penal son estructurales y no coyunturales. No se puede pretender que en un año un juez celebre 800 juicios, dicte 600 sentencias y controle 1.500 más pendientes de ejecución», afirma.

Recorte presupuestario
Los refuerzos de 15 funcionarios que empezaron a trabajar para los diez juzgados de lo Penal de Málaga en mayo del año pasado al rebufo del 'caso Mari Luz' han quedado reducidos este ejercicio a diez, uno por oficina judicial, por mor de un recorte presupuestario en la Consejería de Justicia.

La Junta de Andalucía ha decidido volcar su esfuerzo económico en cubrir las bajas por enfermedad antes que en los trabajadores de apoyo, según la secretaria coordinadora, Trinidad Melgar. «Antes se tardaba hasta dos y tres meses en cubrirlas, ahora sólo uno», añade Melgar.

La delegada de Justicia, Blanca Sillero, reconoce que hay un déficit estructural, pero que lo primero es contar con una relación de puestos de trabajo para acomodar las plantillas a las cargas de trabajo.





24 de abril de 2009

Granados admite la falta de recursos en Violencia

El consejero de Justicia, Francisco Granados, admitió ayer en la Asamblea que las guardias de los juzgados de Violencia sobre las Mujeres no cuentan con asistencia psicológica y social.

A pesar de que la consejería venía informando de que el servicio se daba mediante localización telefónica de las profesionales -cosa desmentida tanto por las propias trabajadoras como por los magistrados que están realizando guardias desde el 1 de enero- Granados afirmó que espera "cerrar el acuerdo" para su incorporación esta semana.

Todo por 5.740 euros

El consejero respondió así a una pregunta de la diputada de Izquierda Unida Eulalia Vaquero, que criticó que cuando una mujer maltratada llega a los juzgados fuera del horario convencional se encuentra "desamparada" y no cuenta con la asistencia integral prevista por la Ley contra la Violencia de Género.

El Gobierno prevé ofrecer a las 20 psicólogas y trabajadoras sociales un plus de 287 euros mensuales. Toda la medida costaría entonces 5.740 euros. Los juzgados entran de guardia dos veces al mes durante tres días laborables seguidos (de tres a nueve de la noche) o en festivos y sábados 12 horas, de nueve de la mañana a nueve de la noche.


www.adn.es

4 de abril de 2009

las mujeres sordas también quieren llamar al "016"

Se quejan de que este servicio aún no está adaptado para las personas con discapacidad auditiva

Las mujeres sordas quieren salir de la "invisibilidad" y que se las tenga en cuenta en el diseño de iniciativas como el "016", el teléfono de asistencia a víctimas de la violencia de género del Gobierno que, más de un año después de su puesta en marcha, sigue sin estar "adaptado" para el colectivo.

En una entrevista concedida a Servimedia, la coordinadora de la Comisión de Mujer de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), Carmen Cerezales, se quejó de que la mujer sorda parece ser "invisible" en el diseño de las políticas de la discapacidad.

"Nos meten a todos en el mismo saco. No se sabe qué nos afecta, somos invisibles", señaló Cerezales, que trabaja por los derechos de la mujer sorda desde hace más de una década.

El teléfono "016", por ejemplo, "no está adaptado". "Para las personas con discapacidad auditiva hay un número '900' específico, bastante largo y difícil de recordar pero, ¿cómo va a coger una persona sorda un teléfono normal?", se preguntó Cerezales.

Hace alrededor de un mes, la CNSE mantuvo una reunión con el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, quien propuso crear un convenio de colaboración para facilitar el acceso de estas mujeres a los recursos y servicios de información y asistencia a las víctimas de esta lacra.

La responsable de la Comisión de la Mujer de la CNSE "lo ve factible". "Nos dio la sensación de que estaba concienciado", añadió.

La CNSE pedirá que se eliminen las "barreras" de comunicación y que se adapten las campañas institucionales de sensibilización, incluyendo la lengua de signos en ellas y garantizando "que el subtitulado sea bueno".

(SERVIMEDIA)

http://ecodiario.eleconomista.es

6 de marzo de 2009

Maltrato a mujeres rebasa a autoridades

La violencia que en México se ejerce contra la mujer en todas sus modalidades ha rebasado a las autoridades, pese a los esfuerzos por erradicarla: 67% de las mujeres mayores de 15 años en el país han sufrido algún tipo de maltrato y en los últimos cinco años los casos aumentaron 12%, según encuestas de la Secretaría de Salud; mientras que las autoridades federales sólo han consignado ante juzgados siete expedientes penales de 189 que se integraron en el último año.
No todos los casos se denuncian, pero es revelador que durante 2008, en la línea de emergencia del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se recibieron 22 mil llamadas, y sólo durante los dos primeros meses de este año, se atendieron tres mil 510 -un promedio de 60 al día-, de víctimas en busca de apoyo psicológico, jurídico o médico.

El más reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos -de febrero de este año-, sostiene que en México la violencia doméstica "se ha generalizado" y prevalece la impunidad; las leyes que sancionan estos ilícitos "son débiles" o inexistentes en algunos estados, y en la mayoría de los casos "hay desinterés de las autoridades en la persecución de estos delitos".

Aunque se han adoptado medidas contra este fenómeno, ya que en 2007 se promulgó la Ley General de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, que obliga a las autoridades federales y locales a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, aunque ésta "se ha aplicado en 23 de 31 estados del país", de acuerdo con el informe estadounidense.

Entre las acciones del gobierno federal, en 2008 se etiquetó un presupuesto de casi dos mil millones de pesos para acciones de reducción de la violencia de género en las dependencias de la Administración Pública Federal, así como para establecer la coordinación con entidades y municipios; además de que se han expedido 25 leyes locales contra la violencia.

Tan sólo el año pasado a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República, se le destinó un presupuesto inédito de 72 millones de pesos, que permitieron atender a 3 mil 839 usuarios y ofrecer 8 mil 770 servicios.

No obstante, de acuerdo con el primer informe de labores de la Fevimtra, entre febrero de 2008 y enero de 2009, sólo se tramitaron 189 averiguaciones previas por diferentes delitos relacionados con la violencia de género y la trata de personas.

En ese periodo, la Fiscalía conoció 213 casos de mujeres víctimas de la violencia en diferentes modalidades: violación, abuso sexual, hostigamiento sexual, abuso de autoridad, homicidio, tentativa de homicidio, amenazas, lesiones y tortura.

Destaca que en 58 casos los presuntos responsables son servidores públicos, por lo que la Fevimtra en sus investigaciones buscó la colaboración de las procuradurías de justicia estatal, de Justicia Militar y del área deservidores públicos de la PGR, "a fin de garantizar que el acceso a la justicia de las víctimas, no se viera obstaculizado por la posición de poder de los indiciados".

Respecto a las víctimas, la mayoría -40 casos- fueron menores entre los 9 y 17 años, en tanto que en 37 casos las agraviadas tenían entre 26 y 45 años.
Los probables responsables de estos delitos son 98 hombres y 16 mujeres, aunque sólo siete averiguaciones previas fueron enviadas a tribunales.

En contraste, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 reportó que 67% de las mujeres mayores de 15 años en el país han sufrido violencia familiar, patrimonial, comunitaria, escolar, laboral y de pareja.

Mientras que la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres 2003 indicó que dos de cada diez mujeres (21.5%) padeció alguna agresión de su pareja, el mismo ejercicio en 2008 apuntó que la cifra llegó al 33%, y que tres de cada 10 mujeres que acuden a los servicios públicos de salud, viven algún tipo de violencia, lo que de acuerdo con esta consulta de la Secretaría de Salud representa un incremento de 12% de estos casos.

Otros datos que revelan el panorama, es que de las tres mil 510 llamadas realizadas al teléfono de emergencia de Inmujeres, durante enero y febrero de este año, 73% fueron por víctimas de maltrato psicológico y físico; en dos mil 732 casos la violencia fue ejercida en el ámbito familiar.

En 68.5% el generador de la violencia fue el esposo o la pareja, y en 135 casos el novio. Una violencia que no distingue: 21% de las mujeres que llamaron en busca de apoyo eran profesionistas, 20% más -709 llamadas- las efectuaron amas de casa.

En este escenario, el Departamento de Estado estadounidense afirma que las leyes que castigan la violencia doméstica son débiles en México: en siete estados no se penaliza el delito, mientras que en otras 15 entidades se castiga la violencia familiar "sólo cuando se trata de un delito repetido".

Expertos de la propia fiscalia aseguran que la voluntad política para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres y los recursos económicos nunca serán suficientes si se mantienen ciertos patrones culturales que impiden avanzar en el combate a estas practicas.

Actitudes machistas en los propios ministerios públicos del fuero común en algunos estados, junto con estereotipos reproducidos por los medios masivos de comunicación, y la propia desigualdad de las legislaciones locales, son la raíz del problema.

2 de marzo de 2009

544 mujeres denunciaron maltrato en 2008, 87 más que en 2007

La mayoría de las maltratadas son españolas de entre 18 y 35 años


Un total de 544 mujeres ovetenses, 87 más que en 2007, denunciaron un caso de maltrato el año pasado. El dato no significa que los casos de violencia en el ámbito familiar hayan aumentado, sino que se denuncian más. Ésa es, al menos, la opinión de Luis Manuel Caballero, inspector jefe del Cuerpo de la Policía Nacional y jefe del Servicio de Atención a la Familia (SAF) en Oviedo, el lugar al que una mujer acude en la ciudad cuando se decide a denunciar. «No significa que hayan aumentado los malos tratos, sino que la mujer tiene más información y decide denunciar porque ve una solución al problema», explica. Aun así, según los datos que maneja el Instituto Asturiano de la Mujer, sólo se denuncia un quince por ciento de los casos de malos tratos.

El perfil de la mujer maltratada en Oviedo responde al de una española entre 18 y 35 años que denuncia en un 90 por ciento de los casos a su pareja. El diez por ciento restante son denuncias en el ámbito familiar. «Si a una mujer le cuesta denunciar a una pareja por pegarle, mucho más, a un hijo», explica Caballero. El SAF se hace cargo de todos los casos de violencia en el entorno de la familia. Las mujeres que denuncian malos tratos nunca lo hacen al primer incidente de violencia machista, sino que han sufrido episodios anteriores. El porcentaje de mujeres maltratadas que dependen económicamente del maltratador aún es relevante, aunque en muchos casos la dependencia sólo es emocional, según los datos que maneja el SAF.

En cuanto al perfil del maltratador, la mayoría son hombres celosos que tienen miedo a que la mujer los abandone y que niegan que su conducta sea violenta. «En algunas ocasiones influye la bebida: utilizan el alcohol como excusa, pero beben porque son violentos, porque no todos los borrachos son maltratadores», explica Caballero.

En el Servicio de Atención a la Familia de Oviedo trabaja un equipo de ocho personas: cinco mujeres policías, un oficial, una inspectora y el jefe, Luis Manuel Caballero, que explica que «lo ideal sería que el servicio fuera de 24 horas, pero la plantilla es insuficiente».

Todas las personas que trabajan en el SAF lo hacen de forma voluntaria. «El SAF es el destino más vocacional de la Policía. Estás en contacto diario y constante con el dolor humano y te vas a casa con parte del problema que has atendido», sostiene Caballero. «Tenemos la inmensa responsabilidad de ser la primera institución a la que se dirige una mujer cuando se decide a denunciar», señala. «No salen con la vida resulta, pero sí con lo necesario para no ser víctima otra vez», señala.

El SAF de Oviedo goza de gran prestigio en los ámbitos judicial y asistencial, y tiene una cifra récord que da idea del sentido vocacional de sus empleados: el 90 por ciento de las denuncias se tramitan como juicios rápidos.

www.lne.es

6 de febrero de 2009

Desaparece la Fiscalía de Violencia de Género

El portavoz adjunto PP, Luis Ángel Fernández, indicó ayer que la supresión por parte del Ministerio de Justicia de la Fiscalía del Juzgado de Violencia de Género en Algeciras «es una mala noticia» habida cuenta del triste protagonismo que siguen teniendo los casos de malos tratos en el ámbito familiar.

Esta decisión resulta del todo incomprensible, asegura el concejal popular, y es una prueba de que para el PSOE, que ha hecho de este asunto uno de sus principales ejes de su programa de gobierno, «este supuesto interés no es más que un gesto de cara a la galería».
Especialista
La eliminación de la Fiscalía se traduce en la supresión de un fiscal responsable y especializado en un tema tan delicado y de tanta sensibilidad social como es la Violencia Machista en el Ámbito Familiar.

El portavoz adjunto se refiere a que a partir de ahora los casos se presenten en este juzgado específico, «van a obligar a la rotación del resto de fiscales, que tendrán que cubrir estos asuntos».
De hecho, indica el letrado de profesión, «si ya existía una saturación en este juzgado con un fiscal específico debido al elevado número de asuntos que trata, esta decisión incomprensible va a provocar más retrasos en la toma de decisiones judiciales que por su naturaleza requieren de una gran urgencia».

Por ello espera que las altas instancias recapaciten y no supriman este servicio de las sedes judiciales algecireñas, para lo que también entiende necesaria la implicación de las instancias socialistas locales.
www.diariosur.es

4 de febrero de 2009

Estudio de género arroja falta de protección para la mujer

Angel Pichardo Almonte
Un estudio sobre violencia de género realizado por el Centro de Estudio de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), con los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), arroja que el Estado dominicano es incapaz de proteger y garantizar la seguridad de las víctimas de ese tipo de agresión.

El estudio, el cual será puesto en circulación hoy, resalta que existe desconexión entre los sectores llamados a atender el tema de la violencia de género.

Los datos fueron ofrecidos en el programa Uno + Uno, que se transmite por Teleantillas, por la encargada de género del PNUD, Raisa Crespo, y el investigador del Centro de Estudio de Géneros de Intec, Angel Pichardo Almonte.
Otro hallazgo fue que hay resistencia de diferentes sectores a aceptar que la violencia de género es un problema de poder, y que la violencia contra la mujer es un problema que tiene que ver con la forma en cómo hombres y mujeres son socializados a partir del poder.
Los investigadores dijeron que un elemento que se deriva de estos datos contenidos en el estudio es la atención diferenciada a las víctimas y al agresor. En ese sentido, Pichardo Almonte, resaltó el ejemplo de una mujer agredida en la propia fiscalía y su caso fue reenviado en los tribunales nueve veces.

Fallas
Raisa Crespo dijo que hay fallas en el sistema de protección, y que existe una desconexión entre una situación y otra en el seguimiento de los casos de reiteradas agresiones. Sostiene que igualmente, hay falta de información para las referencias de las denuncias de una institución a otra, de las que trabajan en el problema.

Escrito por: ALEIDA PLASENCIA
www.hoy.com.do/el-pais

22 de enero de 2009

Amnistía denuncia la falta de coherencia en la lucha contra el maltrato a las mujeres

Amnistía Internacional (AI) denunció hoy la falta de coherencia entre comunidades autónomas en la lucha contra los malos tratos a las mujeres.
AI hace esta denuncia en una nota de prensa con motivo de la celebración hoy de la segunda Conferencia Sectorial de la Mujer, convocada hoy por el Ministerio de Igualdad.
La organización aclara que las víctimas de violencia de género son tratadas de distinta manera y tienen acceso a los recursos en distinto grado dependiendo de la comunidad autónoma en la residen.

A juicio de AI, los participantes en esa conferencia, en las que están representadas las comunidades autónomas, deben alcanzar acuerdos para dar una atención mínima a estas mujeres en todas los lugares de España.

Finalmente, AI subraya que un 44% de las 70 mujeres víctimas de homicidio de género en 2008 era extranjeras, por lo que exigen al Gobierno que éstas, incluidas las irregulares, accedan a todas las ayudas económicas previstas en la Ley Integral contra la Violencia de Género.

(SERVIMEDIA)
http://ecodiario.eleconomista.es

14 de enero de 2009

mujeres progresistas cree que los juzgados de violencia de género no deberían hacer huelga

- Compara los malos tratos con una enfermedad grave y como tal, dice, no deben desatenderse

La Federación Española de Mujeres Progresistas considera que los juzgados de violencia de género no deberían sumarse a la huelga que han anunciado los jueces españoles para el próximo mes de junio si el Gobierno no atiende antes sus reivindicaciones para mejorar la justicia en España.

Los juzgados que atienden casos de violencia de género "no deberían ponerse en huelga", declaró a Servimedia la presidenta de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, quien comparó los malos tratos a las mujeres con una enfermedad grave que los médicos nunca dejan de atender.

"Hay temas similares a una enfermedad grave" y uno de ellos es el de la violencia de género, agregó Besteiro, que consideró que en la huelga que preparan los magistrados entrarán en conflicto dos derechos: el de los ciudadanos a la justicia, en especial el de las mujeres víctimas de malos tratos, con el de los jueces a hacer huelga.

Entre estos dos derechos, aseguró, ha de prevalecer el de las víctimas a ser atendidas, como prevalecería el de los enfermos graves en caso de que los médicos hicieran huelga.

Aunque la presidenta de Mujeres Progresistas se mostró partidaria de que los juzgados que atienden casos de violencia de género no vayan a la huelga, señaló que si finalmente la secundan, deberán tener en cuenta la importancia de los casos que abordan cada día a la hora de fijar los servicios mínimos.

Los jueces han anunciado que protagonizarán una huelga en junio si antes el Gobierno no atiende sus reivindicaciones para mejorar la justicia en España, que pasan por instalar más tecnologías en los juzgados y modernizar, en general, sus instalaciones. Como paso previo a este posible paro, los magistrados han preparado actos de protesta para el próximo 18 de febrero.

(SERVIMEDIA)
http://ecodiario.eleconomista.es

6 de enero de 2009

Una huelga parcial atascará aún más los juzgados de violencia sobre la mujer

Los funcionarios reclaman mejoras en su complemento salarial.
Los paros se realizarán todos los lunes, desde el día 19 de enero.


Los trabajadores de los juzgados de violencia sobre la mujer irán a la huelga todos lunes a partir del día 19 enero para protestar por la falta de acuerdo en la retribución de un complemento salarial que «debe pagar el Gobierno de Aragón». Esto provocará aún más retrasos en los juzgados, que se sumarán a los ya existentes debido al aumento de causas urgentes que se quedan sin tramitar.

Los 20 funcionarios de estos juzgados recurrirán a la huelga para presionar al Gobierno aragonés para cobrar este complemento adicional, según explicaron los trabajadores a 20 minutos. Hasta hace un año, las competencias de estos juzgados eran del Ministerio de Justicia, pero se transfirieron al Gobierno Aragonés. Con este traspaso, a falta de llegar de a un acuerdo, los funcionarios «dejaron de cobrar este complemento, que sí perciben en otras comunidades y otros tribunales».

Todo esto se suma a los problemas que acumulan los juzgados de la mujer desde hace varios meses. Arrastran en torno a 400 casos penales pendientes de finalizar con un ritmo de trabajo que es insuficiente para sacar adelante todos los asuntos.

Pero estos tribunales no sólo se ocupan de casos de violencia, sino también de causas de divorcio o la custodia de los hijos, por lo que los tiempo de espera repercutirán en otros ámbitos.

Los trabajadores esperan que la huelga tenga «la menor duración posible, ya que los máximos perjudicados son los ciudadanos». Estos retrasos llegan a provocar que las mujeres que sufren violencia machista esperen hasta dos horas en dependencias pequeñas y en ocasiones sin la intimidad debida.

www.20minutos.es

31 de diciembre de 2008

La muerte de Clara Rangel reabre dudas sobre la seguridad y los presupuestos

La muerte de Clara Rangel a manos de su marido en Errenteria ha reabierto varios debates en relación con el modo de abordar la violencia machista. En primer lugar está el relacionado con la seguridad, tras saberse que la Ertzaintza ya había acudido al domicilio el día de Nochebuena. Por otro, el del dinero destinado a combatir esta lacra: ante las autoridades se colocó ayer una pancarta con el lema "Presupuesto municipal cero, ¿tolerancia cero?".

La lluvia de condenas que sigue a cada muerte por violencia machista se revela cada vez como más insuficiente. La concentración celebrada ayer en la plaza de Errenteria a iniciativa municipal reunió a múltiples autoridades, como es habitual en estos casos, pero también a ciudadanos que exigieron medidas concretas y eficaces.

Así, ante los responsables municipales se colocó una pancarta con el lema "Presupuesto municipal cero, ¿tolerancia cero?", una cuestión que ya había criticado la víspera la izquierda abertzale de la localidad.
En declaraciones posteriores a los medios, el alcalde del PSE, Juan Carlos Merino, aseguró que las instituciones "ponen medios y recursos para combatirla", y citó el Plan de Igualdad de su consistorio.
Adelantó además que estudian personarse como acusación popular en coordinación con otras instituciones como las Juntas Generales, que también han expresado interés.

Nada de ello, sin embargo, podrá reparar ya la muerte de Clara Rangel, de 35 años. Tampoco lo hará la concentración de ayer, en la que aparecieron lemas críticos hacia los políticos como éste: "Menos fotos y más responsabilidad"
La implicación de Policía y judicatura también vuelve a quedar en entredicho ante los detalles que se van conociendo. No consta que la mujer hubiera denunciado nunca maltratos, lo que hizo que el juez Jaime Tapia, que participó en la concentración, argumentara que "desgraciadamente éste es uno de los tantos casos en que la Justicia no tenía conocimiento".

Sin embargo, por varios medios de difusión ha trascendido que la Ertzaintza ya tuvo que acudir al domicilio el día de Nochebuena para acompañar a los servicios sanitarios, después de que el autor de la muerte de Clara Rangel mostrara una actitud violenta.

La Policía autonómica confirmó este extremo, aunque dijo que no se trató de un altercado sino de una situación de nerviosismo que habría derivado en el traslado del hombre a un centro hospitalario para un examen siquiátrico. Su nombre, por cierto, no se ha dado a conocer oficialmente.

Prioridad a inmigrantes
La familia había llegado a Euskal Herria procedente de Venezuela. Tres de las seis víctimas mortales de la violencia machista durante este año eran inmigrantes, lo que confirma que este colectivo está especialmente desprotegido. Desde Cádiz, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, se refirió a este hecho. Indicó que el número de víctimas inmigrantes "ha crecido de forma alarmante, ya que estábamos en el 22% y ahora estamos en el 45%".

El Gobierno de Lakua anuncia también que retocará su plan de lucha contra la violencia machista para atender especialmente a estos colectivos.

www.gara.net

18 de diciembre de 2008

Varapalo del TSJA a la Junta por la gran escasez de plantilla en la Justicia

La consejera de Justicia y el presidente del TSJA (a la derecha) antes de la reunión de los vocales territoriales del CGPJ en Granada

Un estudio elaborado a instancias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) revela un enorme déficit de personal en el ámbito de su competencia.
En concreto, la Consejería de Justicia únicamente cuenta con un 70,8% de funcionarios titulares para atender la totalidad de puestos de trabajo correspondientes a la planta de los juzgados y tribunales.

En términos globales, según denunció ayer el pleno del alto tribunal autonómico, faltan por cubrir por sus titulares 1.719 plazas, cifra susceptible de incrementarse si se suma la carencia de plantilla de los juzgados de paz, de la fiscalía y de los institutos de medicina legal.
Para cubrir el déficit las delegaciones provinciales de justicia sólo han contratado a 1.178 funcionarios de la bolsa de interinos y fue preciso acudir también a la contratación de 399 trabajadores demandantes de empleo que, «con nula experiencia y sin preparación previa» se convirtieron «de pronto» en funcionarios especializados «al frente de un ingente volumen de expedientes, incapaces de tramitar e incluso de comprender».

El germen de los problemas
La falta de personal es, en opinión del TSJA, el germen de la mayoría de los problemas del funcionamiento de la Justicia en la comunidad autónoma, donde en teoría trabajan 5.898 funcionarios y en la práctica sólo 4.179, que son las plazas ocupadas por sus titulares en los 617 órganos judiciales andaluces, donde, además, faltan por cubrir 142 plazas.

Ni siquiera hay interinos
El Alto Tribunal destaca que la Administración autonómica andaluza —aunque el problema en general afecta a toda España— padece un muy alarmante déficit en la plantilla de funcionarios de Justicia e incluso un menos justificado déficit en su bolsa de funcionarios interinos, «con singular y grave incidencia en las provincias de mayor número de puestos de trabajo, como son, por este orden, Sevilla, Málaga y Cádiz».

El TSJA estima que la Administración autonómica andaluza ha sido en los últimos años, y sobre todo de manera generalizada a partir del año 2006, incapaz de dotar de plantilla apropiada cada uno de los juzgados de nueva constitución. En concreto 28 Juzgados -12 de ellos de Violencia sobre la mujer- como complemento a una planta que inicia su andadura tras la entrada en vigor de la Ley de Violencia Integral a medidas de 2005.

El Alto Tribunal andaluz prevé que el problema volverá a reproducirse en breve con la entrada en funcionamiento de 26 nuevos juzgados y una sección de Audiencia, correspondientes al incremento en la planta Judicial del año 2008.

JAVIER LÓPEZ

www.abcdesevilla.es

26 de noviembre de 2008

El titular de un juzgado de violencia machista pide el traslado por sobrecarga de asuntos

El magistrado Eduardo López-Palop- LUIS SEVILLANO
Eduardo López-Palop -el juez de Madrid que se ocupa en exclusiva de que los maltratadores de mujeres cumplan sus condenas- ha pedido al Poder Judicial su traslado a otro órgano judicial. La sobrecarga de trabajo que registra su juzgado (a finales de septiembre, 6.500 sentencias pendientes de ejecución) resultan inasumibles para un solo juez y un juzgado. "Y más cuando en él se tramitan asuntos tan delicados como la violencia machista", afirman fuentes de los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid. López-Palop ha pedido destino en uno de los nuevos juzgados de instrucción que se van a crear en Madrid.
Este magistrado denunció hace casi un año la descomunal carga de trabajo que soportaba su juzgado, el número 2 de ejecutorias de Madrid. "Estoy sentado sobre un polvorín", declaró entonces a EL PAÍS. Su trabajo, en una materia tan delicada como la violencia machista, lo describió así: "Cuando llego a casa por la noche y las noticias hablan de algún hombre que ha matado a su esposa, se me encoge el estómago. Ya no puedo dormir esa noche pensando si será de los míos". Casi un año después, su juzgado no ha sido reforzado, a pesar de las peticiones de ayuda que él hizo y que el Juzgado Decano de Madrid trasladó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. El Poder Judicial y el Ministerio de Justicia indicaron entonces que se analizaría la situación del juzgado de López-Palop y de los otros tres juzgados de ejecutorias penales de Madrid, que también tenían problemas de sobrecarga, y que se tomarían medidas.
López-Palop denunció entonces que tenía unas 7.000 sentencias pendientes de ejecución. Ahora, casi un año después, ha reducido las sentencias pendientes en más de 500. Tras la denuncia de López-Palop, se creó un quinto juzgado de ejecutorias penales para Madrid. Durante meses, el nuevo juzgado recibió todas las sentencias para ejecución que iban enviando los otros juzgados penales. Pero esa medida ha sido insuficiente. De hecho, los otros cuatro juzgados de ejecutorias tienen ahora acumuladas entre 7.000 y 8.000 sentencias pendientes de ejecución cada uno. Están invadidos de nuevos casos fruto de las leyes que castigan delitos relacionados con el tráfico y las alcoholemias. "Este Gobierno no ha parado de penalizar asuntos que antes eran de la esfera administrativa. Colapsa de trabajo a los juzgados, pero se olvida dotarlos de medios", protestaban ayer fuentes judiciales de la plaza de Castilla.
J. A. HERNÁNDEZ

26 de septiembre de 2008

El PP pide más medios para la unidad policial de violencia de género

Diario de Cádiz

El Grupo Municipal Popular presenta hoy en el pleno una moción para reclamar a los ministerios de Interior y Justicia un aumento de los medios materiales y humanos de la Unidad de Prevención, Asesoramiento y Protección de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía Nacional para atender a las víctimas de violencia de género.

Su portavoz, María del Carmen Pedemonte, considera "lamentable" que la unidad cuenta con un solo funcionario, cuando se trata de "un problema que por desgracia es una lacra en nuestra sociedad".

La dirigente popular asegura que es "incongruente" que lo que antiguamente era el Servicio de Atención a la Familia que tenía a varios funcionarios adscritos no sólo no haya visto incrementado sus medios materiales ni humanos, sino que se ha reducido el personal, "cuando los casos de violencia de género son más numerosos en la actualidad".

El aumento de la frecuencia de paso de los trenes de Cercanías o la reforma urgente de la financiación local son otras de las mociones que lleva el PP al pleno, a la que se suma la propuesta andalucista para terminar con el debate partidista de la cuantificación y pago de la deuda histórica.

Por su parte, el PSOE pedirá que el consejo local de Participación Ciudadana estudie la idoneidad de la celebración del próximo Floridance en la ciudad. Sus otras dos mociones versan sobre la implantación de la línea de autobús interurbano a Cádiz por el eje León Herrero-Parque Almirante Laulhé y sobre la creación de un parking en la plaza del Rey.

http://www.diariodecadiz.es/article/sanfernando/238269/pp/pide/mas/medios/para/la/unidad/policial/violencia/genero.html

25 de septiembre de 2008

UFP critica que la unidad contra los malos tratos carece de medios

Una pareja de agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Algeciras pasea por la calle San Antonio.
El sindicato policial informa que el personal es insuficiente para atender al medio millar de órdenes de protección de los juzgados y que no tiene vehículo propio
La Unión Federal de Policía (UFP) ha denunciado que la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección contra los malos tratos a la mujer de Algeciras (UPAP) no dispone de suficientes medios humanos y materiales para cubrir la demanda. Califica la situación de límite debido a que cerca de medio millar son las órdenes de protección comunicadas por los distintos juzgados y que no todas se pueden atender.
El sindicato advierte que algunas de ellas están catalogadas como de riesgo extremo, que contempla como medidas obligatorias la vigilancia permanente de la víctima hasta que las circunstancias del agresor dejen de ser una amenaza inminente, el control intensivo de los movimientos del agresor hasta que deje de ser una amenaza inminente para la víctima y, en caso de que se necesitara, la vigilancia de la entrada y salida de los centros escolares de los hijos.
Este colectivo recuerda que hace menos de un año se creó oficialmente esta unidad que en un principio contó con un subinspector hasta la incorporación de un policía.
"Como toda unidad que comenzaba su andadura, observamos con paciencia las carencias de dotación con las que había sido creada. Entendíamos que el jefe local actuaría con diligencia para adscribir unos medios materiales mínimos e imprescindibles para la potenciación de una unidad con contenidos tan sensibles e importantes".
Sostiene que ese margen ya ha concluido y ahora pide que se actúe en carencias como el transporte. "Los funcionarios que tratan de dar protección a las mujeres víctimas de los malos tratos han estado utilizando sus vehículos particulares para conducir a las víctimas a lugares como los juzgados".
Es por eso por lo que UFP cree que la administración debería de introducir mejoras en el servicio y dotarle al menos de un vehículo camuflado. Esta unidad se encarga de realizar un seguimiento a cada una de las víctimas maltratadas, cataloga la situación y realiza una valoración evolutiva del riesgo.
También asesora a las afectadas abriéndole otras vías para ayuda psicológica o por ejemplo el uso de casas de acogidas. Hasta el dos de enero, la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección contra los malos tratos tenía cuantificadas 380 órdenes, en las que la Justicia solicita las medidas necesarias para que se cumplan.
Las cifras han ido creciendo en los últimos años en la ciudad. A uno de diciembre había registradas 374 órdenes; la media de los últimos meses está en la treintena.