El 'caso Mari Luz' puso en el ojo del huracán la situación de los juzgados y fue el punto de arranque de las protestas de los jueces que denunciaron la escasez de medios con el que tienen que desarrollar su trabajo.
En Málaga, diez juzgados de lo Penal acumulaban hace un año unas 13.000 sentencias sin ejecutar, un campo abonado de minas que en cualquier momento podía explotar con otro caso similar al ocurrido con el presunto asesino de la niña onubense. Las primeras protestas de los jueces consiguieron que la Junta de Andalucía colocara personal de refuerzo: un total de 15 funcionarios para diez juzgados para ir dando salida así a las miles de sentencias pendientes de cumplir.
Un año después los apoyos con más personal se han revelado insuficientes para reducir la bolsa de resoluciones sin ejecutar de estos órganos judiciales, que ya alcanza la cifra de 15.000, debido, fundamentalmente, a que la litigiosidad no para de crecer y a la reforma de la Ley de Seguridad, que ha incorporado nuevos delitos que ahora deben tramitar. La guinda la ha puesto la Junta, que ha reducido ahora los quince funcionarios de apoyo a diez.
En Málaga, diez juzgados de lo Penal acumulaban hace un año unas 13.000 sentencias sin ejecutar, un campo abonado de minas que en cualquier momento podía explotar con otro caso similar al ocurrido con el presunto asesino de la niña onubense. Las primeras protestas de los jueces consiguieron que la Junta de Andalucía colocara personal de refuerzo: un total de 15 funcionarios para diez juzgados para ir dando salida así a las miles de sentencias pendientes de cumplir.
Un año después los apoyos con más personal se han revelado insuficientes para reducir la bolsa de resoluciones sin ejecutar de estos órganos judiciales, que ya alcanza la cifra de 15.000, debido, fundamentalmente, a que la litigiosidad no para de crecer y a la reforma de la Ley de Seguridad, que ha incorporado nuevos delitos que ahora deben tramitar. La guinda la ha puesto la Junta, que ha reducido ahora los quince funcionarios de apoyo a diez.
«Es como si estuviéramos ante una riada, y el agua estuviera a punto de llevárselo todo por delante, e intentamos ir conteniéndola colocando otro saco de arena». Con este gráfico ejemplo explica el magistrado Francisco Ontiveros el efecto que ha tenido en su juzgado el único trabajador de apoyo con el que cuenta para sacar adelante el trabajo. «No se ha notado en nada. Además en 2008, nos pusieron dos trabajadores de refuerzo y ahora nos han dejado sólo uno. Además durante enero y febrero no hemos tenido la plantilla completa porque ha habido traslados», añade.
Como media, cada uno de los diez juzgados de lo Penal recibe cada año un millar de sentencias que deben hacer ejecutar, que han sido dictadas por los jueces de instrucción de la capital y la provincia. Además tienen que hacer cumplir las resoluciones que ellos mismos dictan tras los juicios que celebran tres veces por semana (unos por el sistema rápido y otros por el ordinario).
El volumen de trabajo que soportan es tal que desde que se dicta una sentencia hasta que se ordena su ejecución puede mediar un año, con lo que ello supone para las víctimas de un delito, que, por ejemplo, están esperando una indemnización, o incluso -y eso sí es más grave- que los condenados no sean requeridos para ingresar en prisión y puedan seguir delinquiendo y desaparecer del mapa.
La mayoría de los jueces de lo Penal -motu proprio porque no es obligatorio- ha optado por dar preferencia en la ejecución, además de las causas con preso y los casos de violencia de género, a las sentencias por delitos sexuales y con pederastas como protagonistas. Temen encontrarse con otro 'caso Mari Luz'.
«Yo tengo la sensación de estar sobre un polvorín al que le pasamos por encima un mechero, porque esto es materialmente imposible poder controlarlo», dice el magistrado Ontiveros, que confiesa haber vivido una angustia parecida siendo juez de violencia de género en Vitoria.
Para Javier Soler, titular del Juzgado de lo Penal número 5, «existe una déficit estructural de plantillas y de juzgados que no se puede paliar con un simple refuerzo de un funcionario», asegura.
Recuerda que los jueces vienen reclamando desde el pasado año la creación como mínimo de cinco juzgados de lo Penal más para dar respuesta a las necesidades de Málaga. «Tengo 1.800 sentencias por ejectutar y los procesos no paran de crecer; para colmo, la reforma de la Ley de Seguridad Vial nos ha dado aún más trabajo y, mientras, seguimos con la misma plantilla. Yo ya estoy señalando juicios para febrero del año que viene», se lamenta.
Los abogados también se quejan. «Nuestros clientes siempre andan preguntando qué pasa. No entienden por qué una vez dictada una sentencia no se cumple inmediatamente», explica un letrado que representa a una mujer que denunció una estafa y está a la espera de la indemnización.
«La justicia no es justicia hasta que la sentencia es ejecutada», añade otro profesional que critica que a los jueces se les pague productividad por dictar sentencias y en cambio nadie se preocupe después por la ejecución de las mismas.
El juez decano, Manuel Caballero-Bonald, dice que «las necesidades de plantilla de los juzgados de lo Penal son estructurales y no coyunturales. No se puede pretender que en un año un juez celebre 800 juicios, dicte 600 sentencias y controle 1.500 más pendientes de ejecución», afirma.
Recorte presupuestario
Los refuerzos de 15 funcionarios que empezaron a trabajar para los diez juzgados de lo Penal de Málaga en mayo del año pasado al rebufo del 'caso Mari Luz' han quedado reducidos este ejercicio a diez, uno por oficina judicial, por mor de un recorte presupuestario en la Consejería de Justicia.
La Junta de Andalucía ha decidido volcar su esfuerzo económico en cubrir las bajas por enfermedad antes que en los trabajadores de apoyo, según la secretaria coordinadora, Trinidad Melgar. «Antes se tardaba hasta dos y tres meses en cubrirlas, ahora sólo uno», añade Melgar.
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