11 de noviembre de 2008

Sólo el 2,7% de la sociedad considera "grave" la violencia machista

Sólo el 2,7 por ciento de la sociedad considera "grave" la violencia machista, ha asegurado hoy el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Llorente, quien ha reclamado que los medios de comunicación eviten difundir información que minimice la responsabilidad de los agresores.

Llorente ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras intervenir en la Primera Jornada sobre "Medios de comunicación y violencia de género", en la que también han participado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, y el subdelegado en Valladolid, Cecilio Vadillo. Llorente ha citado un estudio del CIS, basado en datos de la Unión Europea (UE), que refleja cómo el 95 por ciento de la sociedad conoce la violencia de género por los medios de comunicación, sobre todo por la televisión.

Ante esta situación, ha calificado de "clave" la forma en la que la prensa, tanto escrita como radiofónica y audiovisual, aborde las noticias acerca de esta lacra, de forma que los receptores se formen una visión crítica hacia la violencia de género. Para Llorente, hay dos grandes modelos en la manera de informar sobre la violencia de género, uno de carácter informativo, que contribuye a generar esa conciencia crítica, y uno de tipo social, centrado en el entretenimiento.

En este último modelo, se dan elementos de contextualización que parece que, en cada caso, puede llegar a justificar los hechos, y ha puesto como ejemplo las ocasiones en las que se habla del alcohol, las enfermedades mentales o los celos. "Parece" que esos elementos le sirven de justificación al homicida "y es al revés", ha destacado el delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Para evitar que se produzcan situaciones de este tipo, ha apelado a la profesionalidad y a las actuaciones responsables ya que sólo el 2,7 por ciento de la sociedad considera que es grave este tipo de delitos. Ante esta realidad, "hay que modificar esa percepción y evitar elementos que se han utilizado tradicionalmente", que "justifican o minimizan" la actuación del agresor, y ha alentado a buscar referencias nuevas.

Llorente ha subrayado además la importancia de que trascienda a la sociedad no sólo el suceso con respecto a la violencia de género, sino también la respuesta que proporciona la sociedad a sucesos de estas características, a través de las sentencias.

Ha basado su afirmación en que un estudio elaborado con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desvela que la media de condena a un homicida se sitúa en más de veinte años de prisión y en unas indemnizaciones que superan los 200.000 euros.

Preguntado acerca del juicio que se desarrolla en Ciudad Real, donde se sienta en el banquillo un hombre acusado de matar a su esposa, al hijo de ambos que ella gestaba y a una sobrina, Llorente ha reconocido que los agresores, muchas veces, no sólo dirigen la violencia contra la mujer, sino también contra su entorno más próximo para hacer "más daño".

Llorente ha resumido que la información divulgada a través de los medios de comunicación debe tender a descartar elementos anecdóticos o secundarios e incrementar los que tienen que ver con el rechazo, el conocimiento y la creación de conciencia crítica.

www.elcorreogallego.es

Un hombre apuñala a su ex mujer y se entrega en Cambre

La víctima, F. M. S., es de nacionalidad portuguesa y de 30 años. Los hechos se produjeron en la gasolinera de San Simón, en la AP-9, en las inmediaciones de Vigo.

Un hombre de 43 años ha apuñalado en las últimas horas a su ex pareja en el área de servicio de la AP-9 de Vilaboa, en Pontevedra en medio de una discusión por la hija que tenían en común, de 5 años.

El hombre, L. M. C. F., vecino de Cambre, había pasado el fin de semana con su hija. Cuando el plazo que le correspondía había terminado, el ahora detenido viajó a Oporto para buscar a la mujer, F. M. S., de 30 años, denacionalidad portuguesa para acordar el traslado de la pequeña.

Cuando la pareja se encontraba en el área de servicio de Vilaboa, en el kilómetro 135 de la AP-9, el hombre asestó dos puñaladas a su ex pareja, mientras discutían.

El hombre colocó el cuerpo de la víctima en el asiento trasero de su vehículo y viajó con él hasta Cambre. Allí aparcó el coche ante el cuartel de la Guardia Civil de la localidad y explicó a los agentes los hechos, tras los que fue detenido, en torno a las 22.30 horas.

El 061 envió al cuartel una ambulancia y un médico pero la mujer ya había fallecido.
El juez de guardia de A Coruña autorizó el levantamiento del cadáver e instruye las diligencias.

www.lavozdegalicia.es

Ordenan indemnizar con $200.000 a una empleada que fue “confinada” en su puesto de trabajo

La justicia laboral hizo lugar al reclamo efectuado por una empleada, quien denunció que la “confinaron” a una oficina pequeña, sin ventilación, en donde no le brindaron elementos de trabajo y aislada completamente del resto de sus compañeros.

El tribunal consideró que la actitud de la empresa fue humillante y degradante por lo que ordenó que se la indemnice con una cifra cercana a 200.000 pesos.Los reclamos por acoso laboral –también conocido como mobbing– siguen multiplicándose en los juzgados del trabajo.

Mientras los fallos se acumulan, sigue esperando en la Cámara de Senadores el proyecto de ley que pretende regular esta figura que actualmente no es contemplada por la Ley de Contrato de Trabajo, como tampoco el acoso sexual en el ámbito laboral. Este nuevo fallo de la Cámara del Trabajo ratifica la actual tendencia de los magistrados de condenar despidos por el hostigamiento, acoso y el trato degradante dispensados a los empleados en el ámbito laboral, prácticas que los propios jueces han bautizado como mobbing.

Dentro de este contexto, la multiplicidad de reclamos y denuncias que plantean los trabajadores hizo que, en noviembre pasado, la Cámara de Diputados aprobara con media sanción un proyecto de ley que regula la figura del “acoso laboral”, aunque de momento su discusión se encuentra “estancada” en la Cámara alta.

Los jueces censuraron el trato de la empresa, al que calificaron de “humillante”, y la condenaron a pagar una indemnización complementaria a la establecida en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en la causa “B.A.L. c./Italfina S.A. s./despido” (ver fallo completo provisto por elDial.com).La empleada en cuestión resolvió considerarse despedida luego de denunciar haber sufrido un virtual “confinamiento”.

Dijo haber sido trasladada a una oficina pequeña, sin adecuadas condiciones de higiene, ventilación ni calefacción, donde no podía interactuar con otros compañeros y en donde tampoco contaba con elementos de trabajo que le permitieran cumplir con las tareas asignadas.

Los jueces consideraron que “la arbitraria conducta empresarial constituyó, sin dudas, un medio de ejercicio de violencia psicológica en perjuicio de la trabajadora” y que estuvo “dirigido a degradarla dentro de la organización empresarial, mediante la humillación y el aislamiento”.

www.elargentino.com

Condenan a cinco maltratadores al día


Inmaculada Montalbán, en la imagen junto a Concepción Espejel.

Los jueces canarios han dictado en los últimos tres años 5.546 sentencias condenatorias por maltrato, lo que implica una media diaria de 5,06 hombres culpables de violencia machista, informó ayer en Las Palmas Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán Huertas, informó ayer en Las Palmas de que desde julio de 2005 –fecha en la que entró en vigor la Ley Integral contra la Violencia de Género– hasta junio de 2008 los órganos judiciales canarios con competencias en la materia han emitido un total de 7.923 sentencias, «el 70% condenatorias», expuso Montalbán.
El porcentaje implica que en las islas se han emitido en los últimos tres años 5.546 sentencias condenatorias por maltrato a la mujer, esto es, una media de 1.848 al año, 5.06 condenados por violencia machista cada día.
Montalbán ofreció estos datos en su primera visita oficial a las islas como vocal delegada para Canarias del Consejo General del Poder Judicial, cartera que comparte con la también vocal del CGPJ Concepción Espejel Jorquera. Ambos comenzaron ayer una minigira intensiva por las islas para conocer de primera mano los problemas del servicio público de la Justicia en el Archipiélago.
Aseguraron que el miércoles mismo, fecha en la que vuelven a Madrid comenzarán a trabajar para tratar de solucionar los múltiples problemas del servicio público en la comunidad autónoma. «Desde el Consejo vamos a hacer un gran esfuerzo por contribuir a mejorar la calidad del servicio en toda Canarias», anunció Montalbán.
Protegidas.
La sucesora de Montserrat Comas al frente del Observatorio contra la Violencia Doméstica se trajo en su cartera otros datos significativos sobre la magnitud del problema de la violencia machista en las islas: en estos tres años los órganos judiciales canarios han recibido 8.795 peticiones de protección por parte de mujeres que denuncian maltrato, y de éstas, los jueces han concedido el 72%, lo que implica que en tres años 6.332 mujeres canarias han tenido que ser tuteladas para evitar que sus parejas las maltrataran: 2.110 al año, 5,7 cada día.
Montalbán ofreció otro dato: en 2007 se registraron en los juzgados especializados una media de 741 denuncias mensuales por maltrato en las islas, y durante en el primer semestre de 2008, una media de 753. Un incremento del 2%. «Hay más confianza en la Justicia», aseveró.
Las víctimas de Telde tendrán que ir a la capital.
Espejel y Montalbán tomaron nota de las carencias denunciadas por la Sala de Gobierno: dispersión de sedes, saturación de trabajo, interinidad funcionarial, falta de gabinetes psicológicos y necesidad de refuerzos puntuales.
INmaculada Montalbán apuntó que el sistema de refuerzos (un magistrado de apoyo) ha demostrado su eficacia en los juzgados de lo contencioso administrativo y de lo Social, que han bajado sensiblemente su carga de trabajo pendiente, y dijo que próximamente se repetirá la experiencia en otras jurisdicciones. Apuntó también que el Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas contará en breve con un magistrado de apoyo.
También dieron cuenta las vocales de otra medida polémica del Ministerio de Justicia: la «comarcalización» de los juzgados de violencia de genero. El plan del Ministerio es crear un tercer juzgado de este tipo en Las Palmas de Gran Canaria para que atienda los casos de Telde, Guía y Arucas, y otro en San Bartolomé para los casos de Santa Lucía, «para que atienda a las víctimas personal especializado»
Antonio F. de la Gándara

Una juez desbordada por 600 casos de maltrato pide auxilio sin éxito

Es la segunda vez que niegan auxilio a una compañera.

Seis jueces de Torrejón de Ardoz (Madrid) han vuelto a negarse a ayudar a Gemma Poveda, titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer de esa localidad, a pesar de que el órgano que dirige tiene en sus archivos 609 casos de maltrato machista vivos.

La negativa se produce siete meses después de que, ese juzgado, completamente atascado, no llegara a conceder la protección solicitada por la argentina Sylvina Bassani, asesinada en Alovera (Guadalajara) por su ex marido, un sargento del Ejército, en abril.

Nueve meses antes de esa muerte, la anterior titular del juzgado ya pidió a sus compañeros que la relevaran de algunos asuntos ante la enorme sobrecarga de trabajo. La respuesta fue igualmente negativa.

En la junta de jueces de Torrejón (órgano que reúne a los siete magistrados del partido judicial) celebrada el pasado 16 de octubre, Gemma Poveda planteó a sus compañeros la necesidad de que la eximieran de determinados asuntos para poder centrarse en los de maltrato familiar que su juzgado, el número 5 de la localidad, tiene asignados en exclusividad.

Ese órgano es uno de los 375 juzgados de violencia sobre la mujer denominados "compatibles", es decir, que suman los casos de violencia machista a los asuntos generales civiles y penales de un juzgado de Primera Instancia e Instrucción.

Con el fin de aliviar su sobrecarga de trabajo, que según la juez, tuvo mucho que ver con que no se adoptaran las medidas suficientes para evitar el asesinato machista de la argentina, Poveda solicitó de sus compañeros que la eximieran de todos los asuntos penales que no fueran de maltrato y de gran parte de los casos civiles.

También solicitó que se la liberara de algunos casos con detenidos por supuesto maltrato un día a la semana y que, cuando, por cualquier razón, estuviera de baja y no se hubiera nombrado un juez sustituto, fuera el magistrado que estuviera de guardia el que ejerciera sus funciones.

La anterior titular del juzgado, Gemma Susana Fernández Díaz, pidió también ayuda a la junta de jueces a finales de 2007. Pintó un panorama desolador. Los funcionarios habían pedido el traslado ante la asunción por el órgano de las competencias de violencia y el exceso de trabajo que se avecinaba.

Sólo en 2006, el juzgado registró unos 2.800 casos penales, de los que 200 tenían que ver con el maltrato machista. "Sufrimos la tensión diaria de estar en funcionamiento de guardia hasta las 13.30 debido a la necesidad de atender casi a diario detenidos y solicitudes de órdenes de protección", afirmó la magistrada.

Pero, al igual que entonces, sus compañeros han vuelto a rechazar mayoritariamente las peticiones. Y lo hicieron, básicamente, argumentando que el trabajo del que ella fuera liberada iría a parar a sus respectivos órganos.

La titular del juzgado número 1, por ejemplo, aseguró que la tramitación de los casos de violencia y de las órdenes de protección que conllevan "es mucho menos compleja que la de otras diligencias penales" y sugirió a su colega que "pidiera funcionarios de refuerzo" si su juzgado no podía con el volumen de casos. Lo mismo propuso la titular del juzgado 3.

Otra de las jueces, la número 2, alegó que ya se había eximido a Poveda de algunos de los casos civiles y que esa exención "ya era muy amplia". Aseguró, además, que el juzgado de Violencia sobre la Mujer tenía "el privilegio" de que el fiscal acudiera preferentemente a ese órgano.

La magistrada del número 7, por su parte, se opuso a que se liberara a su compañera de gran parte de los casos civiles porque "supondría un perjuicio para el resto de juzgados por la elevada carga de trabajo que padecen". "La tramitación de juicios ordinarios es cada vez más complicada", afirmó la juez del número 6. "El volumen es elevadísimo y se producirá un incremento por la crisis económica", añadió el compañero del número 3.

Sobre la posibilidad de que se la liberara de los detenidos por casos de maltrato sólo una vez a la semana -los presos, que se atienden casi a diario, es una de los factores que hacen que los juzgados de Violencia estén permanentemente en una situación similar a la guardia-, el resto de los jueces se negaron en redondo. La propuesta "es contraria a la legalidad, contraria al régimen actual de sustituciones y susceptible de crear un grave perjuicio al ciudadano", afirmó la titular del juzgado 7.

Al final, la juez logró únicamente que se la liberara de los asuntos penales. De todos excepto los relativos a accidentes de tráfico, una exención que, según vaticinó durante la reunión, "no surtirá efecto alguno en cuanto a la minoración de la carga de trabajo" que padece. "La violencia de género no es tan sencilla como se pretende", añadió. Y anunció que, entre sus 609 casos vivos de maltrato, seis investigaban delitos castigados con penas de más de nueve años de prisión.

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial aseguran que de los siete juzgados de Torrejón, el de Poveda es el más atascado, superando ampliamente el número de casos que le corresponderían al año, según los baremos del órgano de gobierno de los jueces.

El Observatorio sobre la Violencia Doméstica y de Género del Consejo ya advirtió tras la muerte de Sylvina al Tribunal Superior de Justicia de Madrid del colapso en que se encontraba el juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrejón para que, desde su Sala de Gobierno, se modificaran las normas de reparto con el fin de liberar a su titular del atasco de casos.

MANUEL ALTOZANO
http://www.elpais.com/

El ministerio de Igualdad destina 81.284 euros a un proyecto contra los malos tratos en Alcalá

Alcalá es uno de los cinco municipios madrileños que pondrán en marcha el proyecto para la asistencia a víctimas de violencia de género que acaba de poner en marcha el Ministerio de Igualdad.

El Ayuntamiento recibirá una ayuda de más de 81.000 euros de los 342.000 que se repartirán entre Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón, Madrid, además de la ciudad complutense.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares desarrollará una red informática y metodológica de intervención integral para atender a las mujeres víctimas de violencia de género y, también establecerá un programa específico de trabajo para tratar a las mujeres inmigrantes maltratadas. El proyecto, que fue presentado por el Consistorio complutense, recibirá una ayuda total de 81.284 euros procedentes del Ministerio de Igualdad.

Además de Alcalá se beneficiarán de las ayudas del ministerio, que alcanzan un total de 342.744 euros a la puesta en marcha de proyectos innovadores contra la violencia machista los ayuntamientos de Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón y Madrid. El proyecto presentado por Getafe recibirá 46.800 euros y tiene como objetivo que las mujeres maltratadas y sus hijos recuperen la "completa normalidad" en su vida diaria. La ayuda de 54.000 euros para Fuenlabrada permitirá incorporar a nuevos agentes en el programa municipal de atención a mujeres víctimas de violencia de género, mientras que en Alcorcón la inversión, que asciende a 67.840 euros, pondrá en marcha un proyecto para involucrar a la ciudadanía en la lucha contra esta lacra.

www.diariodealcala.es

Ayudas municipales para las mujeres maltratadas

Puesto en marcha hace un par de años, el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género tenía registradas desde su inicio hasta el pasado mes de agosto el paso por su sede de un total de 227 mujeres.

Han sido las valientes que se han acercado a esta oficina municipal para pedir información o asesorarse sobre qué hacer en casos de malos tratos.

Durante el año 2006 el centro atendió a 102 mujeres. El pasado ejercicio, pasaron por el centro un total de 70. Y este 2008, desde principios de año hasta el mes de agosto, han utilizado este servicio un total de 55 mujeres.

Existen también datos estadísticos consultados en este centro que muestran que el maltrato a la mujer no entiende de edad, posición social o raza.

Es un sitio donde poder encontrar ayuda de diversa índole, no sólo moral, sino también económica y jurídica.

En este centro se gestiona a estas mujeres la Renta Activa de Inserción (RAI), que se manda al Sexpe, realmente desde donde se concede.

También existen otras ayudas que provienen desde la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura, donde también se facilita la teleasistencia. Este es un sistema basado en un teléfono móvil que pueden activar cuando se encuentran en situación de riesgo ante su agresor.

Trámites jurídicosLos trámites jurídicos que se ofrecen a una mujer maltratada se inician a partir de que se haya interpuesto la denuncia ante la Policía o la Guardia Civil. Es en este momento cuando se pone en marcha el aparato judicial. Desde ese preciso instante se le asigna a la persona agredida un abogado de oficio y, en el caso de que haya lesiones, deberá presentar el parte médico.

También se le puede asesorar sobre cómo se va a desarrollar el procedimiento, que normalmente pasa por juicios rápidos con orden de alejamiento.

www.hoy.es