12 de noviembre de 2008

Unidades policiales especializadas en violencia de género

El "Grupo Gama" controla mil cuatrocientas órdenes de protección en Valencia.

Sólo el año pasado realizaron doscientas detenciones por violencia de género. Es el día a día de este grupo policial especializado.

Esta mujer acaba de dar un paso al frente contra los malos tratos en esta comisaría de Valencia. Entre sollozos, pone fin a ocho años de palizas y humillaciones: "unas veces me llama amenazándome, otras pidiéndome perdón que le dé otra oportunidad.

Ya he dado muchas, la primera vez que me levantó la mano yo acababa de salir del hospital embarazada de mi hijo yo con amenaza de aborto, y a partir de ahí un acoso constante", explica.

Su caso no es el único. Para Pilar Estévez, agente de Policía, "suelen llegar muy nerviosas. Y una vez que ponen la denuncia les informamos del proceso, de tipo de abogados, de la asistencia psicológica que pueden recibir".

María es otra de sus protegidas. No sale a la calle sin el teléfono de emergencia conectado directamente con la Policía. Por suerte, su presunto agresor ha dejado de molestarla: "Se aprende a vivir con miedo, pero ya salimos de todo aquello. Ahora mi niña es una niña feliz, vive tranquila, y yo, también".


Marta Herrera/Fernando de Dios
www.antena3noticias.com

Comienza El Juicio Político Por “acoso” A La Jueza Raggio

La jueza Marta Alicia Raggio, titular del Juzgado en lo Correccional Nº 1 del Departamento Judicial de Necochea, será sometida a juicio político por “acoso laboral” a partir del próximo 2 de diciembre. Luego de un proceso que comenzó en julio de 2006 por la acusación de la Procuradora General de Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, fueron convocados los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Funcionarios para el próximo martes 2 de diciembre con la idea de que en esa misma semana se tomen las declaraciones testimoniales estipuladas.

La magistrada, hoy suspendida, está acusada de atentar contra la integridad física, sexual, psicológica y social de la mayoría del personal que cumplía funciones en su juzgado, “valiéndose de su jerarquía” desde aproximadamente 1992. “Los hechos atribuidos constituyen groseros atropellos, menoscabos y avasallasamientos contra elementales derechos humanos”, reza acusación.

Los conjueces designados son Horacio Garaguso (M.del Plata), Javier Carbone (S. Isidro), Eduardo López Wesselhoefft (San Martín), Norberto Sánchez (San Martín) y Ricardo Cornaglia (Quilmes); mientras que los legisladores abogados elegidos son los diputados Marcelo Felliú, Carlos Bonicatto, Alberto Delgado, Raúl Pérez y el senador Diego Rodrigo.

Según la exposición de 36 empleados, la denuncia dice que “sometía a empleados y funcionarios a procederes tales como descalificación de su trabajo, cambio de lugar de tareas, y aislamiento como castigo, ridiculización, humillación, acoso sexual, exigencias desmesuradas, intromisión en la vida privada y discriminación”.
Y deduce que “propició un clima insoportable, en suma de hostigamiento permanente y constante que culminó con daños físicos y consecuencias sociales para aquellos”.

También se la acusa de hostilizar “de manera permanente, abuso de poder, utilizar agentes judiciales para provecho propio, prolongar horarios de trabajo, hostigar y mostrar desprecio con epítetos ridiculizantes, viles y groseros”.

Se detalla que utilizaba palabras tales como “inepta”, “corqui”, “no sabés nada”, “mentirosa”, “anoréxica”, “gorda”, “inútil”, “tarada”, así como muestras de discriminación racial. Un párrafo especial merece la denuncia realizada por Roberto José Diego, un empleado de 19 años que habría sido acosado sexualmente.

“En presencia de otros empleados se dirigía hacia él exhibiendo su ropa interior con frases de franco contenido sexual. En ocasiones se sentaba en su falda. En una oportunidad le tomó su mano derecha y se la hizo apoyar fuertemente en la parte media de sus nalgas”, cita el expediente.

Por su parte la doctora Raggio, con el patrocinio de los abogados defensores Carlos Irisarri, Flavio Gliemmo, Brian Alvarez y Juan José Losinno, consideró la acusación como “una maniobra en mi contra de algunos inferiores jerárquicos. Una verdadera exageración de situaciones de menor entidad”. No obstante reconoce que “siempre fui exigente con mis inferiores y creo que solo con exigencia el juzgado marcha”, jactándose de la efectividad del que tenía a su cargo.

Aunque entre sus argumentos de defensa rescata que “mi error fue el de no poner límites y trata a los empleados como amigos”. En otro de sus escritos, la jueza acusada contrapone: “o soy una inhábil mental o mis denunciantes son unos mentirosos sindicalizados”.

Pero también reclamó una pericia psiquiátrica debido a que “en tanto no me di cuenta del dolor que se dice provocaba con mis actitudes adolezco de alguna causal de inhabilidad mental, producto de un sostenido, arduo y permanente trabajo”, sostuvo y solicitó la indemnización correspondiente.

Finalmente Raggio pidió Junta Médica a los efectos jubilatorios pero fue denegada por estar suspendida en el ejercicio de sus funciones. Ahora será el Jurado de Enjuiciamiento quien después de recoger los testimonios que empezarán a brindar a partir del 2 de diciembre, resuelva o no destituir a la jueza Marta Raggio.

www.aninoticias.com

Quintana llama a la sociedad a implicarse en la lucha contra la violencia machista

El vicepresidente da Igualdade e do Benestar, Anxo Quintana, realizó hoy un llamamiento al "conjunto de la sociedad" para combatir la violencia machista tras la muerte ayer en Vilaboa (Pontevedra) de una mujer de nacionalidad portuguesa a manos de su ex pareja, natural de Cambre (A Coruña).

En declaraciones a los medios tras una concentración silenciosa en las dependencias de la Xunta en San Caetano, Anxo Quintana aseguró que "el final" de la violencia machista estará "más cerca" en la medida en que "todos" los agentes sociales se impliquen. "Nos afecta a todos", aseveró.

Por ello, insistió en que constituye una "obligación moral apoyar y hacer visible este problema" para que "no quede reducido a las cuatro paredes" de la vivienda. "En la medida en que lo hagamos sensible estaremos dando respuesta al problema y no sólo a sus consecuencias", proclamó y precisó "lo que hay que hacer es evitar estas consecuencias".

En este sentido, indicó la existencia de un estudio de la Secretaría Xeral da Igualdade, de 2006, que revela que "más del 75 por ciento de la sociedad entiende como repudiable y condenable la violencia machista".

No obstante, este mismo informe dice que "sólo un porcentaje muy bajo, que no llega al 20 por ciento" admitió que "si conociese un caso de maltrato estaría dispuesto a denunciarlo y hacerlo visible para intentar remediarlo". "Hay un camino a recorrer", evidenció mandatario autonómico.

"PROTEGER A LA MENOR"
Por otro lado, se refirió a la hija menor de la víctima y aseguró que "es objeto de las instituciones protegerla y que Vicepresidencia usa sus competencias" para hacerlo, pero pidió "un esfuerzo para retirarla de la actualidad informativa, porque tendrá que construir su vida desde un punto de vista diferente", reclamó.

Anxo Quintana incidió que esta nueva muerte "recuerda a todos" que, a pesar del "mucho camino andado, aún queda mucho por hacer" y advirtió de que lo "peor" que podrían hacer los dirigentes "es caer en la autocomplacencia".

"Somos conscientes de que hemos dado pasos adelante", aseguró el responsable autonómico, y puso como ejemplo el nuevo marco legal que constituye la Ley contra la Violencia de Género de Galicia para "prevenir esta lacra".

Además del vicepresidente de la Xunta, acudieron a la concentración otras autoridades, entre las que se encontraron la secretaria xeral de Igualdade, Carme Adán; el conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco; el secretario xeral de Relacións Institucionais, Xoán Antón Pérez Lema; el director xeral de Xuventude, Rubén Cela; la directora xeral de Calidade e Fomento da Vivenda, Encarna Otero.

www.europapress.es

Ella denunció malos tratos psicológicos

Elena fue atendida, a principios del año pasado, por el personal del Centro de Atención a las Víctimas de Violencia de Género de Caravaca de la Cruz, donde manifestó estar divorciada y ser víctima de maltrato psicológico, según datos facilitados por el Ayuntamiento de la localidad.

Según fuentes de la familia de Elena, Juan Pedro habría intentado suicidarse en otras ocasiones.

Cortándose las venas, en un caso, y saltando a las vías del tren en Valencia, en otro, tras haber repartido en un bar próximo al lugar del salto todo el dinero que llevaba encima.
Amigos de Elena en Caravaca no pudieron asegurar que Juan Pedro hubiese maltratado físicamente a Elena. Sin embargo, aseguraron que «no estaba bien de la cabeza».

Vecinos de los padres de ella, con quienes vivía, afirmaron que al ex marido rara vez se le veía por allí y que nunca notaron que entre ellos hubiese violencia física, aunque sí sabían que la relación no era buena.

www.laverdad.es

Conceden el traslado al fiscal acusado de violencia machista

La Fiscalía General del Estado ha concedido al coordinador del Ministerio Público de Dénia, Vicente L.F., que será juzgado en diciembre por maltratar presuntamente a su ex mujer, su traslado al partido judicial de Gandía, donde trabaja precisamente la víctima como funcionaria, según informó ayer el fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero.

No obstante, el propio imputado ha solicitado a su superior que congele dicho traslado hasta enero, cuando se haya dictado sentencia en relación a su caso, y aquél lo ha aceptado.

Los hechos ocurrieron en el domicilio de la víctima, en Gandía, cuando el acusado acudió a ver a una de sus hijas en cumplimiento del régimen de visitas.

En el transcurso de una discusión cogió presuntamente a su ex mujer de un brazo y al soltarla bruscamente ella cayó por unas escaleras.

La Fiscalía pide provisionalmente para él una pena de siete meses de prisión o 40 días de trabajos en beneficio para la comunidad, mientras que la defensa reclama su absolución y la acusación particular un año de cárcel.

El coordinador de la acusación pública en Dénia verá a diario a su ex esposa en los juzgados después de que se haya aprobado su traslado, a menos que sea encontrado culpable y suspendido de sus funciones, como matizó ayer Romero.

www.laverdad.es