11 de mayo de 2009

Su violencia humilla y anula a las mujeres, y hay comportamientos aún normalizados socialmente

Joaquín Prieto, coordinador del programa Abramos o Círculo, del Servizo Galego de Igualdade y el Colexio de Psicólogos, indica que «los maltratadores pueden pertenecer a cualquier grupo social y nivel educativo, edad, ocupación o religión. No son enfermos, no más de un 10% manifiestan algún tipo de psicopatología». Así, detalla que en sociedades nórdicas la violencia de género es aún una lacra y de hecho los primeros programas de reeducación se pusieron en marcha en los países nórdicos y en Gran Bretaña: «El alcohol solo actúa como disparador en hombres que agreden a sus parejas».

Este psicólogo resalta que el mayor porcentaje de maltratadores que ve son españoles, entre ellos jóvenes con nivel cultural alto. «Algunos de los comportamientos -señala- están aún normalizados, de forma que pasan desapercibidos, por eso es importante trabajar aspectos de los roles sexuales, pautas culturales y creencias que mantienen la condición inferior asignada a las mujeres en la familia, el trabajo y la sociedad».

«La violencia no es solo matar, dar una paliza o dar un tortazo. También es humillar, desvalorizar, controlar, intimidar, aislar y no permitir que la mujer tome decisiones. Es anular a la otra persona», indica Prieto.

lavozdegalicia.es

Payasos para educar a los niños contra la violencia de género

Los niños fueron los protagonistas de la jornada matinal de talleres y juegos celebrada ayer en la plaza 1º de Mayo por la Red Vecinal contra la Violencia Doméstica. Puede parecer que a ellos aún les pilla lejos esta problemática, pero no tanto es así cuando se trata de ir al fondo, «a la educación desde el principio y a la prevención, tanto para el futuro como para rechazar cualquier actitud violenta que vean en su casa».

Así lo explicaba Conrado Escobar, consejero de Administraciones Públicas del Gobierno regional, que forma parte de esta red, junto con la Federación de Asociaciones de Vecinos, y la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer). Ayer montaron esta jornada, con payasos, bailes, gymkhanas y juegos educativos y temáticos, «para divertirles, a la vez que enseñarles a distinguir entre los conceptos de paz y violencia, y rechazar estos últimos», apuntó Nuria Lázaro, coordinadora de la red.

Esta red realiza desde hace años una amplia actividad que va desde el apoyo psicológico y jurídico hasta labor de difusión y educación. Sus voluntarios las coordinan en toda La Rioja, incluidos pequeños pueblos, «donde es más difícil y los casos están más ocultos», explicaba Mari Cruz Ruiz, presidenta de Afammer. El Gobierno aporta además ayudas como la Oficina de la Víctima, un recurso parajudicial de apoyo a la persona que ya ha denunciado, y que atiende unos 600 casos al año.

El correo digital

«Juan Pablo volvería a hacerlo»

La mujer del irundarra que trató de salvar a Yasmín de su agresor arropa a la familia de la joven colombiana

«Volvería a hacerlo sin pensárselo». La mujer de Juan Pablo Urtizberea, el hombre que resultó apuñalado al intentar auxiliar a la joven asesinada por su ex pareja en Irún en la madrugada del sábado, aseguró ayer que su marido «no se ha arrepentido en ningún momento» de haberse enfrentado al agresor para tratar de salvar la vida de una inocente.

Conchi Miranda señaló que su esposo evoluciona bien de las dos puñaladas recibidas por el presunto asesino, una de ellas de quince centímetros de profundidad de la que tuvo que ser intervenido. «Se encuentra estable dentro de la gravedad, quizá mañana (por hoy) abandone la UCI y le pasen a planta», añadió.
La mujer de Urtizberea no quiso entrar en detalles de lo ocurrido la noche del homicidio por «respeto a la familia de la fallecida», tras expresar sus «condolencias» y su «más sentido pésame» a los allegados y amigos de Yasmín Rodríguez.

Conchi abandonó durante unas horas el hospital en el que permanece ingresado su marido para participar en la multitudinaria concentración celebrada ayer a mediodía en la localidad guipuzcoana. Centenares de personas se reunieron en la plaza de San Juan para mostrar su rechazo a la violencia de género y solidarizarse con la familia de la mujer de 37 años asesinada horas antes por su ex marido, el también colombiano Enrique Sanclemente.

El llanto desconsolado de la madre, la hermana y la hija de Yasmín Rodríguez rompió por momentos el silencio de una concentración en la que se vivieron momentos muy emotivos. Conchi Miranda, que se fundió con ellas en un abrazo, señaló precisamente que «lo importante ahora es arropar a una madre y a una hija que han perdido a un ser querido. Por suerte -agregó-, mi marido está bien, pero me destroza el corazón pensar que Angie ya no volverá a ver a su madre».

Pancartas en las que se exigían políticas de prevención efectivas y de repulsa de la violencia se mezclaban con otras que recordaban a la joven irundarra asesinada el año pasado por un compañero de trabajo. Allegados y amigos de Nagore Lafagge no dudaron en acudir a la manifestación convocada frente al Ayuntamiento para mostrar su apoyo a los familiares de Yasmín. Amigos y compatriotas de la víctima mostraban su pesar arropados por una bandera colombiana, mientras decenas de miembros de la asociación multicultural Adiskidetuak -una agrupación muy arraigada entre los miembros de la comunidad latina bidasotarra- se concentraban tras una gran pancarta en la que denunciaban la lacra de la violencia machista.
Uno de los momentos más emotivos de la concentración se produjo cuando la esposa del motorista que trató de salvar la vida de Yasmín se abrazó con la madre la fallecida. Ambas rompieron a llorar en un gesto espontáneo que conmovió a los presentes. La concentración, que se prolongó durante un cuarto de hora, finalizó entre aplausos.

«No pueden ni hablar»
José Rodríguez, compañero sentimental de Rosa Elvira, la hermana de Yasmín, ejerció de portavoz de la familia una vez finalizado el acto. Tras excusar a los allegados directos por no hacer declaraciones -«prácticamente no pueden ni hablar», dijo-, explicó que tanto la madre como la hija y la hermana «están hechas polvo».
Rodríguez mostró su agradecimiento al pueblo de Irún, a las autoridades y a los medios de comunicación por las muestras de apoyo recibidas y expresó su deseo de que el presunto asesino «pague su culpa».
La presencia institucional estuvo encabezada por el delegado del Gobierno en Euskadi, Mikel Cabieces; tres consejeros del Gobierno vasco -la titular de Justicia y portavoz, Idoia Mendia, y los dos guipuzcoanos del gabinete, Iñaki Arriola (Vivienda, Obras Públicas y Transporte) y Gemma Zabaleta (Empleo y Asuntos Sociales)-; además de los concejales del Ayuntamiento de Irún, con el alcalde en funciones a la cabeza. Miguel Ángel Páez arropó en todo momento a Angie, la hija de la víctima. El edil ofreció a la familia la ayuda de los servicios sociales del Consistorio. También se pudo ver a la parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, y a la juntera de EB Arantza González.

Tras expresar «la más firme condena contra este asesinato tremendo», la consejera de Justicia recordó el compromiso adquirido por el nuevo Gobierno vasco de crear una Dirección para la Atención de las Víctimas de la Violencia de Género con el objetivo de «reforzar el impulso en la defensa de los derechos de las mujeres y tratar de coordinar mucho mejor de lo que se ha estado haciendo hasta ahora la política entre departamentos». Mendia también tuvo palabras para Urtizberea, a quien deseó «una pronta recuperación».

www.elcorreodigital.com

La barbarie machista

yasmín Zamira Rodríguez, de 37 años y nacionalidad colombiana, está muerta.

Fue asesinada por su ex pareja, de la misma edad y de nombre Enrique , que le asestó varias puñaladas por el simple hecho de que ella se quería separar de él. La pareja no compartía nada desde hace tiempo, aunque él trataba de recuperarla.

Los comportamientos absolutamente irracionales como los del asesino de Yasmín están en la calle, forman parte del corpus social en Euskadi y en todo el Estado.

En 2009 han sido asesinadas dos mujeres en el País Vasco. Demasiado recientemente, el 24 de marzo, Izaskun Jiménez falleció a manos de su marido en Gernika. Y los datos de esta lacra son escalofriantes. Entre 1999 y 2008 han fallecido 635 mujeres en el Estado.
Como en todo, la estadística siempre sirve para situar el asunto en su justa medida... pero para nada más.

Una vez conocidas las cifras toca actuar. Y, sobre todo, cambiar los parámetros de esta actuación. El nuevo Gobierno de Patxi López ya ha avanzado su intención de crear dentro del Departamento de Interior una sección que trabajará de forma específica contra la violencia de género. Una decisión acertada si se dota de todos los mecanismos para garantizar su operatividad máxima. Y eso significa bastantes más elementos que sólo un presupuesto económico. Porque López no tiene nada lejos el ejemplo del Ministerio de Igualdad que dirige su compañera Bibiana Aído , con escasa repercusión.

La violencia machista ofrece a los políticos una oportunidad de oro para poner en práctica una eficaz política transversal entre todas las consejerías. Porque todas deben tener voz en el objetivo de erradicar las actuaciones de estos hombres que ven en las mujeres sólo patrimonio. Tras las condenas, hay que pasar a la acción.

Como Juan Pablo Urtizberea , un vecino de Irun que hizo lo que debía hacer: socorrer a una mujer en peligro de muerte. Éste es el otro lado de la balanza, el que representa a esa parte de la sociedad concienciada, que es capaz de poner en peligro su propia integridad física con el loable fin de intentar salvar una vida. Que entiende la relación entre hombres y mujeres desde el respeto a las personas, más allá de su condición y género.

El debate sobre el incremento de las penas para estos supuestos penales se reabre. También el de la activación de medidas de protección para aquellas mujeres que ya han denunciado a sus ex parejas.
www.noticiasdegipuzkoa.com

Los menores quedan marcados por la violencia machista

La magistrada De Peñafort se muestra preocupada por la infancia de los niños de las víctimas. Solicita en el cierre de unas jornadas de la Uned más especialización

La magistrada Raimunda de Peñafort dice que no es una persona de tacos, pero en mitad de un juicio se le escapó uno. Pidió disculpas, pero no lo pudo remediar. Todos los que estaban en la sala lo comprendieron. Estaba enjuiciando un caso de violencia sexista y no pudo reprimir sus sensaciones mientras escuchaba las declaraciones. Con este ejemplo quiso poner de relieve ayer en la clausura de las jornadas de la Uned sobre Derechos Humanos la dureza de los cuatro años en los que estuvo como titular del número uno de Violencia de Género de Madrid. "Sabía que era un destino duro, pero no tanto. La realidad superaba la ficción", indicó.

Actualmente ejerce en el juzgado de Instrucción número 54 de Madrid, pero aún es capaz de recordar vivamente los rostros de aquellos niños, parte de los daños colaterales de aquellos conflictos. "Eran asustadizos. Me preocupa su presente porque se les está robando la infancia". Explicó que ha recibido a hombres marcados para siempre por las agresiones entre sus padres. "Estamos produciendo en los niños miedos e inseguridades".

Por eso cree firmemente en una ley específica a la de la violencia común. Sostiene que en esa diferenciación España ha sido pionera en dar una respuesta para proteger, enjuiciar y erradicar la violencia. No obstante, avisó que sólo son los primeros pasos, quizás los más importantes. Recordó que cuando hace cinco años nacieron los primeros juzgados específicos para la lucha contra la violencia machista había voces escépticas. "Hemos pasado de 17 a más de 80. Hay miles de mujeres protegidas. No sabemos cuántas vidas se han salvado, pero si es una la ley ya merece la pena".

Pidió la especialización de los profesionales que intervienen en en el proceso y defendió la diferenciación de la violencia sexista con respecto a otras por sus particularidades. Dijo que era tan antigua como la propia humanidad y la calificó como un delito invisible porque no se ha querido ver. "No es privada, es transversal y se da en todas las capas sociales. No tiene que ver con la violencia a la que la sociedad está acostumbrada. Es una violencia exagerada y que durante siglos ha sido tolerada al relacionarse con la hombría. El código penal estaba preparado para la violencia de la calle".

www.europasur.es

Incoherente atención a mujeres violentadas

Existe un retroceso en materia de los derechos de las mujeres, pese a que datos oficiales aseguran que la violencia intrafamiliar es uno de los delitos en incremento. A la fecha no hay una política de Estado en torno al tema, y los centros de atención a las víctimas de violencia, por ser asfixiados por las políticas de persecución a las organizaciones no gubernamentales, tienden a disminuir su atención.

Mientras en el país se habla de un aumento de la violencia intrafamiliar, a excepción del trabajo desde las Comisarías de la Mujer, los esfuerzos por combatir ese delito son aislados y no existe una política de Estado que oriente ese trabajo.

Hasta el momento el principal trabajo de atención y rehabilitación lo realizan los organismos no gubernamentales.

“¿Qué es lo que está sucediendo? que los centros trabajamos con las mujeres, el Estado por su lado propone diferentes alternativas y lo que hay es una incoherencia en el sistema”, estimó Martha Munguía, coordinadora ejecutiva de la comisión de Alianza de Centros de Mujeres.

Esto, según la directora de la Alianza de Centros de Mujeres, es demostrable por ejemplo, que en el año 2005, de 17 comisiones territoriales en las que trabajaba la Alianza, en 2007 cuando se dio el cambio de Gobierno sólo existían tres comisiones, y a la fecha sólo hay cinco comisiones territoriales, “pero ninguna tiene presupuesto ni planes para erradicar la violencia contra las mujeres”.

En cambio, instituciones como la Comisaría de la Mujer, que cuenta con planes y presupuesto, ya no tiene una coordinación con las organizaciones de mujeres.

Esta Alianza está integrada por 31 centros que atienden a mujeres violentadas y que únicamente reciben financiamiento de la cooperación internacional. Pese a que hubo un acuerdo en el 2006, de que estos centros serían incluidos en el presupuesto general de la República, para financiar ese modelo, igual que se incluye la pastoral de las iglesias y las universidades.

Munguía trabaja en un informe sobre la promoción de la equidad en la erradicación de la violencia contra la mujer, que la Alianza de Centros de Mujeres ha realizado entre 2006 y 2008. A través del mismo destaca un factor muy importante como es el modelo de intervención que se implementaba en Nicaragua.

Explicó Munguía que se trataba de un modelo compartido entre las instituciones del Estado y las organizaciones de mujeres, pero ahora cada quien lo está haciendo por su lado, debido a la exclusión por parte del Estado hacia las organizaciones de mujeres.

DESMANTELAN REDES TERRITORIALES

No obstante, “el modelo ya no está coordinado, ya no discutimos las acciones, ¿por qué razón? porque ya no hay plan nacional de lucha contra la violencia, ya no hay comisión nacional, ya se desmantelaron las redes territoriales”, dijo Munguía, quien señaló que esto incide porque la problemática de la violencia es tan compleja que requiere de múltiples actores para poderse resolver.

Las regulaciones establecidas por el Gobierno a las organizaciones no gubernamentales que intermedian fondos para estos centros también afectan la lucha contra este fenómeno, pues esto les puede llevar a que las organizaciones locales tengan restricciones para apoyar estos programas.

“De esa manera es que vivimos bajo esa amenaza. Y luego la persecución a las líderes de estos movimientos de mujeres no descarta la posibilidad de que te impide hacer tus actividades con normalidad y también te puede impedir en un momento dado de que la cooperación ante la persecución política sienta inseguridad para poder invertir su dinero en estos centros”, dijo Munguía.

El pasado 23 de abril la jefa de las Comisarías de la Mujer, comisionada general Mercedes Ampié, confirmó que el año pasado hubo un incremento de los casos denunciados a causa de violencia intrafamiliar, al atender el año pasado 27 mil casos, mientras en el 2007 fue de 23 mil.

Sin embargo, Ampié disiente en que Nicaragua ocupe la mayor tasa en Latinoamérica, como denunció Martha Munguía, directora de uno de los albergues que atiende a mujeres violentadas.

Munguía sostiene que en el país existe una tasa de 190 por cada 100 mil habitantes, en cuanto a mujeres violentadas. La defensora de derechos humanos de las mujeres dijo que basa sus apreciaciones en un estudio realizado en el 2008 por el Instituto de Medicina Legal.

“Es más que una epidemia”, sostuvo Munguía, quien recordó que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay epidemias cuando ocurren 10 casos por cada cien mil habitantes.

En ese momento, Ampié no negó ni confirmó lo del informe, pero alegó que “nuestras estadísticas comparadas con las de otros países son inferiores”.

URGEN COMISIÓN NACIONAL

Por su parte Darling Munguía, de la Red de Mujeres contra la Violencia, demandó del Gobierno la reactivación de manera inmediata de la Comisión Nacional de lucha contra la violencia.

“Necesitamos sentarnos con todas las instituciones que intervienen en estas situaciones para crear un plan de prevención, de atención, un plan de sensibilización para evitar que estas muertes sigan aumentando”, dijo Darling Munguía.

Hasta en el 2006, la Comisión de Lucha contra la Violencia por lo menos se había puesto de acuerdo en la aplicación de un modelo, el cual estaba basado en el respeto de los derechos humanos y sobre todo en el principio de no revictimización de las mujeres.

Esta comisión permitía un diálogo permanente con las instituciones de Gobierno y del Estado para poder ir viendo cómo estaba avanzando y qué podían hacer para luchar contra esta epidemia, dijo Darling Munguía.

“Definitivamente el hecho que ya no esté esta comisión y se la haya llevado al traste el Gobierno actual significa un retroceso en materia de los derechos de las mujeres, sobre todo cuando se trata de esas coordinaciones interinstitucionales que tanto necesitamos en este país”, expresó.

En dicha comisión estaba la Comisaría de la Mujer, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Red de Mujeres contra la Violencia, el Instituto de la Mujer, Ministerio de la Familia y otras.

ABUSO SEXUAL, UNO DE LOS MÁS FRECUENTES

Tanto la Red de Mujeres contra la Violencia como la Alianza de Centros de Mujeres estiman que una de las formas de violencia más frecuente es el abuso sexual, aunque no cuentan con un dato concreto, pues no tienen información oficial.

Martha Munguía dijo que las mujeres llegan a los centros con mayor frecuencia por violencia psicológica sexual, la que se ha incrementado casi en un 30 por ciento.

La atención brindada en los centros les ha llevado a determinar también, que hay mucha presencia de violencia física en relaciones de pareja de mujeres que van de los 25 a los 45 años de edad, y se mantiene la peligrosidad de los agresores en edades comprendidas en un promedio de 30 a 40 años .

Según el análisis que prepara Martha Munguía, en tres años se ha incrementado la peligrosidad de la violencia, porque el asesinato en situaciones de violencia de género ha aumentado por parte de las parejas; sobre todo aquellos hechos que suceden en una relación de desigualdad de poderes y además el grado de impunidad que se ha elevado.

“Ese divorcio entre la sociedad civil organizada, como somos estos 31 centros y la institución del Estado repercute negativamente en la calidad de la atención y en el grado de resolución que pueda tener”, este tipo de delito, manifestó la coordinadora ejecutiva de la comisión de Alianza de Centros de Mujeres.

Y aunque expresó que los centros han buscado cambiar a un modelo de empoderamiento personal, esto no es suficiente.

Munguía vislumbró que “en la medida que no hay una respuesta del sistema de justicia que sea comparable con la demanda (...) las mujeres no van a seguir yendo a estas instituciones y la impunidad va a crecer, y la peligrosidad de la violencia se va a incrementar, porque todos los casos mal atendidos o no atendidos suficientemente se convierten en situaciones de violencia de mayor riesgo”.

POCA JUSTICIA

En el análisis que realiza sobre la atención proporcionada por los centros de la Alianza durante los tres últimos años, Martha Munguía ha determinado que hay poca justicia para las mujeres que interponen denuncia. A su criterio en esto intervienen varios factores: una desatención de parte de las instituciones del Estado, los cambios tanto en las leyes como en la partidarización y la situación de inestabilidad en el sistema judicial.

También considera que han afectado los procedimientos como las mediaciones, por considerar estos hechos como delitos menos graves, lo que lleva a que no lleguen a una sentencia condenatoria, y no hay sanción para los agresores. Esto provoca que las mujeres se sientan decepcionadas respecto al sistema judicial, porque sus casos caen en impunidad.

En el análisis aún no concluido por Munguía, ésta destaca que la respuesta judicial va del 2.7 por ciento de sentencias alcanzadas en el año 2005, hasta un 10.2 por ciento en el 2007. Actualmente presenta un descenso del 2 por ciento de sentencias obtenidas en delitos de violencia intrafamiliar y sexual, con relación al total de mujeres que iniciaron dichos procesos, o sea un 8.2 por ciento alcanzó sentencias en el 2008.

“Es decir, si ocho mil mujeres se presentaron y sólo 600 obtuvieron una respuesta, lo que está en la percepción y en la práctica de las mujeres es una situación de impunidad, de no sanción a los delitos de violencia”, expresó Martha Munguía.

El análisis detalla que un poco más de 22 mil casos fueron tipificados por la autoridad correspondiente como “delitos menos graves”, de acuerdo con lo establecido por el Código Penal, por lo que son desestimados por el Ministerio Público o resueltos por mediación.

RECRUDECE VIOLENCIA

Las mujeres identifican esta falta de justicia en el que no se sanciona a los agresores, en la cantidad de casos que no proceden y se quedan en la impunidad; también se refieren a los que van a mediación y como consecuencia se recrudece la violencia.

“Se consideran situaciones graves aquéllas que se quedan sin acceso al sistema judicial. Todos estos casos constituyen un 91 por ciento del total de causas presentadas ante el Ministerio Público y el Judicial”, refiere Martha Munguía en su análisis.

En lo que va del año, 23 mujeres ya han sido asesinadas, lo que indica que se aproxima a la mitad de la cifra registrada el año pasado a causa de los hechos de violencia intrafamiliar. El año pasado cerró con 69 casos de mujeres asesinadas a manos de novios, cónyuges o ex compañeros de vida entre otros.

La valoración del proyecto de atención de la Alianza de Centros de Mujeres, que realiza Munguía, indica que entre 2006 y 2007; 4,100 mujeres que llegaron a esos albergues lograron salir de la violencia y 5,507 lo hicieron el año pasado.

“Estas mujeres que resolvieron su situación de violencia son parte de nueve mil familias, que con ellas transforman en alguna medida sus relaciones”, dijo Martha Munguía.

De esta manera estimó el proyecto sobrepasó la meta de captación al pasar de veinte mil mujeres integradas a un poco más de 24 mil; lo que representó un 120 por ciento de cumplimiento en el período de ejecución del mismo. Además lograron mayor participación de la comunidad.

Elízabeth Romero
laprensa.com.ni