El Código Penal español distingue dos formas de homicidio intencional: el homicidio doloso, que consiste sin más en dar muerte a otra persona voluntariamente, y otra conocida como asesinato, en la que matar es especialmente grave: es el delito que marca el techo de gravedad del ordenamiento penal. Las circunstancias que convierten el homicidio en asesinato son tres: que el autor actuara con el propósito de hacer sufrir de modo cruel a su víctima y lo consiguiera (ensañamiento); que lo hiciera por dinero, mezclando la vida humana en una transacción económica (precio, recompensa o promesa), o que actuara con "alevosía".
Para que haya alevosía, es necesario que el agresor se aproveche, objetiva y subjetivamente, en la realidad de los hechos y en su intención, de una situación de especial debilidad de la víctima: el asesino juega con ventaja. Esta regulación hunde sus raíces en el derecho germánico, cuando matar a otro en "buena lid" era algo muy distinto (no necesariamente delictivo) que matar a alguien de modo cobarde. Trasladada a nuestra sociedad (por muy discutible que sea que permanezca en el Código), la alevosía es un abuso de... Seguir leyendo
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3 de febrero de 2010
1 de febrero de 2010
ONU indignada por violencia sexual
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, expresó su indignación ante líderes africanos por el empleo de la violación sexual como un arma de guerra.
Ban señaló ante la cumbre de la Unión Africana (UA) que se lleva cabo en Etiopía que había decidido nombrar a un representante especial para intensificar los esfuerzos y poner fin a la violencia sexual contra las mujeres y los niños en áreas de conflicto.
La ex vicepresidenta de la Comisión Europea, Margot Wallstrom, fue designada en el cargo.
Wallstrom dijo que la violación en conflictos armados -no sólo en África- son un crimen de guerra y que haría todo lo posible porque sea reconocido como tal.
"A pesar de las elocuentes declaraciones políticas e incluso del derecho internacional, este todavía es un problema en el terreno. No es un asunto de mujeres, se trata de un asunto sobre derechos humanos. Todos tenemos que oponernos a la violación y ponerle fin", agregó.
Cambios inconstitucionales
Se espera que los conflictos en Somalia, Sudán y especialmente en la República Democrática del Congo, donde se registran abusos en contra de la población más vulnerable, estén en el tope de la agenda de la cumbre de la UA que culmina este martes.
Según el corresponsal de la BBC Jack Izzard, el secretario general de la ONU también manifestó su preocupación en torno a lo que denominó el resurgimiento de cambios inconstitucionales de gobierno en África.
26 de junio de 2009
Las mujeres y la salud, los principales afectados por la violación a los DD.HH. en Costa Rica
La Defensora de los Habitantes de Costa Rica, Lisbeth Quesada, señaló hoy que las principales violaciones a los derechos humanos en el país se presentan en el servicio de salud, la protección del medio ambiente y en el aumento de la violencia contra las mujeres.
Quesada expuso hoy en conferencia de prensa el informe anual de labores (2008-2009) de la Defensoría de los Habitantes, el cual indica que los costarricenses interpusieron un total de 17.539 denuncias contra instituciones estatales en los últimos doce meses.
Una de las principales preocupaciones de Quesada es el creciente numero de denuncias por violencia de género, un flagelo que cobró la vida de unas 30 mujeres en 2008 a manos de sus parejas sentimentales.
La defensora dijo que las mujeres no cuentan con un acompañamiento legal adecuado para conocer sus derechos y afirmó que siguen "sin protección", pues dos artículos de la ley contra la violencia doméstica fueron declarados inconstitucionales y aún no se corrigen.
Aseguró que la violencia contra las mujeres se convierte en un problema público solo cuando mueren asesinadas y no antes, cuando, a su juicio, las autoridades no le dan la importancia necesaria porque los ven como "un asunto privado".
Una de las instituciones más denunciadas por los habitantes es la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) debido a las largas listas de espera para cirugías y citas con especialistas, que en ocasiones son programadas para dentro de meses e incluso años.
"Los ciudadanos nos dicen que no saben si estarán vivos" para cuando les llegue el turno de una cirugía o una cita, comentó Quesada.
La defensora también criticó "el doble discurso" del Gobierno en materia ambiental, pues "por un lado hablan de la protección de los recursos naturales y el turismo sostenible" y por otro "el Estado es uno de los principales violadores de la ley ambiental".
Según Quesada, el Estado está atentando contra el medioambiente al no aligerar la creación de una ley de recurso hídrico moderna y al conceder permisos de minería a cielo abierto y para construcciones en la zona marítimo terrestre.
El informe también denuncia deficiencias en la gestión municipal por al existencia de basureros al aire libre, aguas sin tratamiento, contaminación de fuentes de agua, la prestación deficiente de servicios y el otorgamiento de polémicos permisos de construcción en zonas cercanas al mar o montañas.
El texto también contiene denuncias sobre el transporte público, el maltrato contra los ancianos, el desempleo, la inseguridad y violencia.
www.que.es16 de abril de 2009
Mujeres afganas protestan contra una ley que permite la violación en el matrimonio
El texto, que el Gobierno ha accedido a revisar, dispone que "una mujer está obligada a satisfacer los deseos sexuales de su marido"
Alrededor de 300 personas, entre mujeres, abogados y defensores de los derechos humanos, han recorrido este miércoles las calles de la capital de Afganistán (Kabul) para protestar contra una ley de inspiración talibán que, entre otras cosas, permite la violación dentro del matrimonio. Una muchedumbre de casi 500 personas se ha enfrentado a los manifestantes y ha proferido gritos contra las mujeres.
Alrededor de 300 personas, entre mujeres, abogados y defensores de los derechos humanos, han recorrido este miércoles las calles de la capital de Afganistán (Kabul) para protestar contra una ley de inspiración talibán que, entre otras cosas, permite la violación dentro del matrimonio. Una muchedumbre de casi 500 personas se ha enfrentado a los manifestantes y ha proferido gritos contra las mujeres.
El diario The New York Times recoge en su web la siguiente conversación:
- "¡Iros de aquí, putas!", gritan varios hombres. "¡Iros!"
- "Queremos nuestros derechos", contesta una de las mujeres. "Queremos la igualdad".
La ley, aprobada por el Parlamento y sancionada por el presidente Hamid Karzai, pretende regular el derecho de familia de la minoría chií de Afganistán -alrededor de un 15 por ciento de la población- y otorga a los clérigos la autoridad sobre asuntos de la intimidad entre hombres y mujeres. Una de las provisiones ilegaliza que una mujer pueda resistir los acercamientos sexuales de su marido. Dice, literalmente, que "una mujer está obligada a satisfacer los deseos sexuales de su marido". Otra establece que una mujer que quiera trabajar fuera de su casa o estudiar, necesita el permiso de su cónyuge. Y una tercera obliga a las mujeres a "prepararse" o vestirse de una forma especial si su marido se lo pide.
Los manifestantes han repartido octavillas en frente de la Universidad de Kabul que denuncian la ley como un "insulto a la dignidad de las mujeres". "No queremos una ley talibán, queremos una ley democrática y que garantice la dignidad humana", han gritado las manifestantes.
"Da miedo estar aquí pero no puedo quedarme en casa sentada", ha dicho Halima Hosseini, una joven de 27 años que asistía a su primera manifestación. "Personalmente, no puedo permitir que alguien me represente y ponga en una ley artículos contrarios a mis derechos y a los derechos humanos, y que me considere, como una mujer, una persona de segunda clase", ha continuado la joven.
La controvertida ley fue adoptada en marzo pasado, pero aún no ha entrado en vigor. Los aliados occidentales del presidente afgano han puesto el grito en el cielo, entre ellos el presidente estadounidense Barack Obama, que ha calificado la ley de "aborrecible", lo que ha provocado que el Gobierno anuncie una revisión del texto.
El País30 de marzo de 2009
Una ONG de defensa de derechos de la mujer en Latinoamérica recibirá mañana el premio de DDHH Rey de España
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) recibirá mañana el Premio Derechos Humanos Rey de España 2008, dotado con 30.000 euros, de manos de Su Majestad don Juan Carlos en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.
El jurado de esta tercera edición de los premios ha decidido por unanimidad homenajear la labor de esta organización sin ánimo de lucro que, desde Perú, coordina una extensa red de entidades regionales y de destacadas personalidades que trabajan en el ámbito iberoamericano en la defensa de los derechos de la mujer.
Entre las prioridades de CLADEM, nacida en 1987, figuran "la lucha contra la violencia sobre las mujeres, la promoción y vigencia de los derechos sexuales y derechos reproductivos, y los derechos económicos, sociales y culturales desde una perspectiva de género".
Así, presta asesoramiento jurídico a mujeres víctimas de violencia de género y procura el seguimiento de los estados latinoamericanos y del Caribe en el cumplimiento de la protección de los Derechos Humanos. Uno de los principales logros del Comité fue que, en 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena se declarara a la violencia de género como una violación de los Derechos Humanos.
Además, desde 1995 CLADEM tiene status consultivo ante las Naciones Unidas y desde 2005 puede participar de las reuniones de la Organización de Estados Americanos. Concretamente, la organización cuenta con oficinas nacionales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
La directora de CLADEM, Mónica de las Casas, explicó "es muy difícil trabajar en una región que ha vivido durante mucho tiempo con dictaduras o en conflictos armados, donde no hay ninguna institucionalidad democrática, ni una plena vigencia democrática".
Por ello, indicó que "esta situación hace que la cultura de los Derechos Humanos sea prácticamente inexistente entre las personas y muchas veces se identifica el trabajo en favor de un derecho como promoción o apología del delito".
El Premio Rey de España de Derechos Humanos se concede cada dos años y tiene por objeto reconocer y estimular a las organizaciones que se hayan distinguido en la defensa y promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos en Iberoamérica. Está instituido por el Defensor del Pueblo y la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá.
14 de marzo de 2009
‘Incumplen y simulan recomendaciones vs violencia de género’
El Gobierno del Estado y el Municipio de Juárez incumplen y simulan seguir las recomendaciones adoptadas por México en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) para frenar la violencia de género, reveló el informe realizado por el Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres.
Además, en el documento auspiciado por la Asociación Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), presentado ayer en la ciudad, se evidenció que en Chihuahua existe un patrón establecido de facto en delegar todos los asuntos relacionados con las mujeres a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), instancia que no está facultada jurídicamente para coordinar esta actividad.
La investigación se realizó a través de solicitudes de información pública que se hicieron por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información (Ichitaip) a 18 dependencias estatales y 13 municipales, quienes entregaron respuestas plagadas de irregularidades, incompletas, parciales y manipuladas para simular que cumplen con las recomendaciones del CEDAW, según se expuso.
Por lo que la consejera del Ichitaip, Claudia Alonso Pesado, aseguró que someterá el informe al Consejo General del Ichitaip para determinar si las dependencias que cometieron irregularidades en sus respuestas son sujetas a sanciones.
Las recomendaciones que el CEDAW hace a México son 20 y son medidas necesarias que se deben llevar a cabo desde el ámbito legislativo, administrativo, judicial y político para poner fin a la violencia contra las mujeres.
Una de ellas, por ejemplo, es armonizar las leyes y normas de los tres niveles de gobierno con la Convención CEDAW para poner fin a la violencia perpetrada contra las mujeres.
También propone tipificar en el Código Penal el feminicidio como delito y aplicar una estrategia eficaz para incorporar la perspectiva de género en todos los planes nacionales.
La metodología utilizada por el Observatorio Ciudadano en este informe consistió en hacer cuatro preguntas a las dependencias estatales y locales para conocer si la Secretaría de Relaciones Exteriores les informó de las recomendaciones; quién se encarga de dar seguimiento; qué área está encargada de hacer los informes correspondientes y qué acciones realiza a favor de las mujeres.
Las solicitudes de información se empezaron a procesar a partir de octubre de 2007.
Aunque las respuestas de las dependencias fueron variadas en su contenido, el Observatorio Ciudadano resumió que, en general, las instituciones revelan el incumplimiento para atender las recomendaciones.
Además, varias de las respuestas se hicieron fuera de tiempo y en algunos casos tuvieron que presentar recursos de revisión por negar la información. Exhibieron, por ejemplo, la respuesta del Instituto de la Vivienda (IVI), dependencia estatal que negó la información porque el recurrente carecía de derecho porque no residía en el estado, no contribuía al gasto público y no participa en los procesos electorales.
En las respuestas recibidas detectaron también que 13 dependencias estatales copiaron la contestación de la PGJE, quien envió un “machote” para que las adecuaran a sus marcos normativos y actividades.
En el caso de la PGJE señalaron que la dependencia insistió en conocer a quien formulaba la pregunta y al acudir un funcionario estatal a la oficina del Observatorio Ciudadano les manifestó que esperaban que el resultado no fuera negativo para la dependencia para no dañar la imagen de la institución.
En el caso del Municipio, ocho dependencias argumentaron inexistencia de la información, cuatro respondieron exactamente igual, en el sentido de que sí contaban con los datos, y una consideró que las preguntas no eran de su competencia.
Gloria Ramírez, presidenta del AMDH, indicó que este informe final será entregado al Poder Ejecutivo estatal, al Ichitaip y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se haga un análisis y cumpla con la obligación de dar seguimiento a las recomendaciones del CEDAW.
“Nuestro afán no solamente es denunciar, sino decir que el Estado tiene un gran potencial en mujeres y en propuestas, en organizaciones, poder tener una sinergia que rompa esos esquemas, porque no es con el silencio, sino con diálogo como se puede construir nuevas miradas sobre Chihuahua y Ciudad Juárez”, afirmó.
Agregó que la labor del Observatorio no termina con el informe, ya que ahora revisarán e incentivarán el cumplimiento de las recomendaciones.
Agregó que no descartan denunciar de manera formal ante el Ichitaip a las dependencias que respondieron de manera irregular, pero dijo que primero evaluarán jurídicamente esta posibilidad.
La derechohumanista manifestó que al igual que Chihuahua, la Federación también demostró ser omisa en el seguimiento y cumplimiento del protocolo internacional, ya que a ese nivel también se aplicó el mismo ejercicio y los resultados fueron similares.
El informe final se presentó ayer en el Colegio de la Frontera Norte ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y organizaciones de la sociedad civil.
www.diario.com.mx
Además, en el documento auspiciado por la Asociación Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), presentado ayer en la ciudad, se evidenció que en Chihuahua existe un patrón establecido de facto en delegar todos los asuntos relacionados con las mujeres a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), instancia que no está facultada jurídicamente para coordinar esta actividad.
La investigación se realizó a través de solicitudes de información pública que se hicieron por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información (Ichitaip) a 18 dependencias estatales y 13 municipales, quienes entregaron respuestas plagadas de irregularidades, incompletas, parciales y manipuladas para simular que cumplen con las recomendaciones del CEDAW, según se expuso.
Por lo que la consejera del Ichitaip, Claudia Alonso Pesado, aseguró que someterá el informe al Consejo General del Ichitaip para determinar si las dependencias que cometieron irregularidades en sus respuestas son sujetas a sanciones.
Las recomendaciones que el CEDAW hace a México son 20 y son medidas necesarias que se deben llevar a cabo desde el ámbito legislativo, administrativo, judicial y político para poner fin a la violencia contra las mujeres.
Una de ellas, por ejemplo, es armonizar las leyes y normas de los tres niveles de gobierno con la Convención CEDAW para poner fin a la violencia perpetrada contra las mujeres.
También propone tipificar en el Código Penal el feminicidio como delito y aplicar una estrategia eficaz para incorporar la perspectiva de género en todos los planes nacionales.
La metodología utilizada por el Observatorio Ciudadano en este informe consistió en hacer cuatro preguntas a las dependencias estatales y locales para conocer si la Secretaría de Relaciones Exteriores les informó de las recomendaciones; quién se encarga de dar seguimiento; qué área está encargada de hacer los informes correspondientes y qué acciones realiza a favor de las mujeres.
Las solicitudes de información se empezaron a procesar a partir de octubre de 2007.
Aunque las respuestas de las dependencias fueron variadas en su contenido, el Observatorio Ciudadano resumió que, en general, las instituciones revelan el incumplimiento para atender las recomendaciones.
Además, varias de las respuestas se hicieron fuera de tiempo y en algunos casos tuvieron que presentar recursos de revisión por negar la información. Exhibieron, por ejemplo, la respuesta del Instituto de la Vivienda (IVI), dependencia estatal que negó la información porque el recurrente carecía de derecho porque no residía en el estado, no contribuía al gasto público y no participa en los procesos electorales.
En las respuestas recibidas detectaron también que 13 dependencias estatales copiaron la contestación de la PGJE, quien envió un “machote” para que las adecuaran a sus marcos normativos y actividades.
En el caso de la PGJE señalaron que la dependencia insistió en conocer a quien formulaba la pregunta y al acudir un funcionario estatal a la oficina del Observatorio Ciudadano les manifestó que esperaban que el resultado no fuera negativo para la dependencia para no dañar la imagen de la institución.
En el caso del Municipio, ocho dependencias argumentaron inexistencia de la información, cuatro respondieron exactamente igual, en el sentido de que sí contaban con los datos, y una consideró que las preguntas no eran de su competencia.
Gloria Ramírez, presidenta del AMDH, indicó que este informe final será entregado al Poder Ejecutivo estatal, al Ichitaip y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se haga un análisis y cumpla con la obligación de dar seguimiento a las recomendaciones del CEDAW.
“Nuestro afán no solamente es denunciar, sino decir que el Estado tiene un gran potencial en mujeres y en propuestas, en organizaciones, poder tener una sinergia que rompa esos esquemas, porque no es con el silencio, sino con diálogo como se puede construir nuevas miradas sobre Chihuahua y Ciudad Juárez”, afirmó.
Agregó que la labor del Observatorio no termina con el informe, ya que ahora revisarán e incentivarán el cumplimiento de las recomendaciones.
Agregó que no descartan denunciar de manera formal ante el Ichitaip a las dependencias que respondieron de manera irregular, pero dijo que primero evaluarán jurídicamente esta posibilidad.
La derechohumanista manifestó que al igual que Chihuahua, la Federación también demostró ser omisa en el seguimiento y cumplimiento del protocolo internacional, ya que a ese nivel también se aplicó el mismo ejercicio y los resultados fueron similares.
El informe final se presentó ayer en el Colegio de la Frontera Norte ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y organizaciones de la sociedad civil.
www.diario.com.mx
15 de febrero de 2009
La CIDH juzgará por primera vez a México por los feminicidios de Ciudad Juárez del 27 al 30 de abril en Chile
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) juzgará por primera vez a México por el feminicidio de 8 mujeres en 2001 en Ciudad Juárez. La vista, que es la primera de estas características que la CIDH admite a trámite, se celebrará del 27 al 30 de abril en Santiago de Chile, según anunció a Europa Press el abogado Emilio Ginés, que junto a otros tres abogados defenderá el conocido como el caso del Campo Algodonero.
Según el abogado español, en la vista oral se solicitará que se declare "la responsabilidad internacional" del Estado mexicano por violación del derecho a la vida, derecho a al integridad personal y derecho a las garantías judiciales y exigirá a México que investigue los asesinatos de las víctimas, la destitución de funcionarios que en el año 2001 y subsiguientes permitieron y realizaron las señaladas violaciones.
Asimismo, añadió que se instará al país norteamericano que investigue las denuncias existentes de las familias de las víctimas, que sufren amenazas, hostigamiento y persecución, y que proceda a la dignificación de la memoria de las víctimas, no solo por los hechos ocurridos antes de 2004 sino por todos los subsiguientes.
Por otro lado, los cuatro abogados pedirán la creación de un Comité Internacional "competente" en Derechos Humanos que realice una "evaluación objetiva" de la situación de violencia, especialmente de la violencia de género.
"Los crímenes cometidos en Ciudad Juárez, el feminicidio, la violencia de género, la tortura son crímenes que no solo afectan a México, sino que constituyen lo que se denomina Crímenes contra la Humanidad, por eso la sentencia de la Corte Interamericana, significará un caso paradigmático que tendrá una repercusión que afectará y sentará un precedente jurídico, afectando a toda la sociedad internacional y a sus tribunales", explicó Ginés.
El abogado señaló que la CIDH le comunicó este viernes la decisión de celebrar el juicio en Chile y no en San José de Costa Rica, donde está su sede, puesto que el organismo puede decidir el país de América donde se celebre el juicio.
DOS MEXICANOS CONTRA MÉXICO
El equipo de la defensa del caso del Campo Algodonero está formado además de por el Emilio Ginés, a su vez miembro del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), está formado por Héctor Fáundez --conocedor de la CIDH-- y por los jóvenes abogados mexicanos Karla Micheel Salas y David Peña, que serán quienes defiendan la causa en la vista.
Salas y Peña representan a las ocho víctimas del feminicidio del Campo Algodonero, que se produjo en 2001 en Ciudad Juárez, donde se hallaron los cuerpos desfigurados de forma ritual de ocho jóvenes mujeres.
Emilio Ginés relató que ante el incremento de la violencia y asesinatos a lo largo de 2008 en Ciudad Juárez, fue invitado el pasado mes de agosto como experto a participar en una misión internacional de la Organización Mundial contra la Tortura. Las conclusiones de la misión fueron presentadas el pasado mes de septiembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington (Estados Unidos).
De acuerdo con estas conclusiones, en Ciudad Juárez se ha reanudado el feminicidio casi ritual que asoló la ciudad en años precedentes. Se calcula que más de 1.000 mujeres fueron violadas, torturadas, asesinadas y hechas desaparecer.
Finalmente, indicó que se ha realizado una invitación extensa por la que se prevé que "un gran número" de organizaciones internacionales de Derechos Humanos y de la Abogacía Española "estén presentes como 'amicus curiae' en la vista oral".
www.europapress.es
Según el abogado español, en la vista oral se solicitará que se declare "la responsabilidad internacional" del Estado mexicano por violación del derecho a la vida, derecho a al integridad personal y derecho a las garantías judiciales y exigirá a México que investigue los asesinatos de las víctimas, la destitución de funcionarios que en el año 2001 y subsiguientes permitieron y realizaron las señaladas violaciones.
Asimismo, añadió que se instará al país norteamericano que investigue las denuncias existentes de las familias de las víctimas, que sufren amenazas, hostigamiento y persecución, y que proceda a la dignificación de la memoria de las víctimas, no solo por los hechos ocurridos antes de 2004 sino por todos los subsiguientes.
Por otro lado, los cuatro abogados pedirán la creación de un Comité Internacional "competente" en Derechos Humanos que realice una "evaluación objetiva" de la situación de violencia, especialmente de la violencia de género.
"Los crímenes cometidos en Ciudad Juárez, el feminicidio, la violencia de género, la tortura son crímenes que no solo afectan a México, sino que constituyen lo que se denomina Crímenes contra la Humanidad, por eso la sentencia de la Corte Interamericana, significará un caso paradigmático que tendrá una repercusión que afectará y sentará un precedente jurídico, afectando a toda la sociedad internacional y a sus tribunales", explicó Ginés.
El abogado señaló que la CIDH le comunicó este viernes la decisión de celebrar el juicio en Chile y no en San José de Costa Rica, donde está su sede, puesto que el organismo puede decidir el país de América donde se celebre el juicio.
DOS MEXICANOS CONTRA MÉXICO
El equipo de la defensa del caso del Campo Algodonero está formado además de por el Emilio Ginés, a su vez miembro del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), está formado por Héctor Fáundez --conocedor de la CIDH-- y por los jóvenes abogados mexicanos Karla Micheel Salas y David Peña, que serán quienes defiendan la causa en la vista.
Salas y Peña representan a las ocho víctimas del feminicidio del Campo Algodonero, que se produjo en 2001 en Ciudad Juárez, donde se hallaron los cuerpos desfigurados de forma ritual de ocho jóvenes mujeres.
Emilio Ginés relató que ante el incremento de la violencia y asesinatos a lo largo de 2008 en Ciudad Juárez, fue invitado el pasado mes de agosto como experto a participar en una misión internacional de la Organización Mundial contra la Tortura. Las conclusiones de la misión fueron presentadas el pasado mes de septiembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington (Estados Unidos).
De acuerdo con estas conclusiones, en Ciudad Juárez se ha reanudado el feminicidio casi ritual que asoló la ciudad en años precedentes. Se calcula que más de 1.000 mujeres fueron violadas, torturadas, asesinadas y hechas desaparecer.
Finalmente, indicó que se ha realizado una invitación extensa por la que se prevé que "un gran número" de organizaciones internacionales de Derechos Humanos y de la Abogacía Española "estén presentes como 'amicus curiae' en la vista oral".
www.europapress.es
14 de febrero de 2009
Armonizar leyes y defender a mujeres, principales recomendaciones a México
La armonización de las normas nacionales con la legislación internacional y la protección de las mujeres, fueron dos de las principales recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hizo a México tras su Examen Periódico Universal (EPU).
El pasado martes, México fue sometido al EPU, la evaluación sobre el estado de los derechos humanos en los países, al que todos las naciones miembros de la ONU deben someterse.
Tras la presentación del informe elaborado por la ONU, y el presentado por México, los miembros del Consejo han elaborado un texto con conclusiones y recomendaciones para ser aplicadas por el país norteamericano.
Entre ellas, destacan las que se refieren a la necesidad de que el país latinoamericano armonice su legislación con las leyes internacionales para que los tratados que ha suscrito, sean verdaderamente efectivos.
'Que México complete sus esfuerzos institucionales para asegurar que las normas internacionales sobre derechos humanos adoptadas por México tienen estatus constitucional y se aplican como leyes supremas en los procedimientos judiciales', reza una conclusión redactada por España.
Otras 8 conclusiones similares fueron presentadas por Brasil, Marruecos, Azerbaiyán, Bolivia, Guatemala, Turquía, Uruguay, Canadá, y Suiza.No obstante, el tema más reiterado fue la solicitud para que México luche para erradicar la violencia contra las mujeres, sea violencia machista, trata de blancas, pornografía infantil, violaciones, asesinatos y toda la gama de vejaciones e injusticias contra las féminas.
'Implementar efectivamente en todo el territorio y lo antes posible un programa para prevenir, atajar, castigar y eliminar la violencia contra las mujeres', afirma una de las conclusiones presentada por Turquía y Japón.Trece conclusiones fueron presentadas apoyadas por Pakistán, Nueva Zelanda, Japón, Turquía, Chile, Irlanda, Argelia, Indonesia, Suecia, Finlandia, Azerbaiyán y Ucrania.
Italia hizo mención especial a la tragedia de Ciudad Juárez:'México debe asegurarse que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez sean totalmente clarificados, que los responsables y sus cómplices, incluidos funcionarios que no han llevado a cabo las investigaciones necesarias, sean enjuiciados y que se tomen medidas para prevenir más crímenes'.
Cuba solicitó a México que haga todo lo necesario para reducir las desigualdades entre las diferentes clases sociales y entre zonas geográficas.
La prevención de la tortura y los secuestros y la necesidad de mejorar las condiciones en las cárceles también fueron destacadas.Otro de los temas señalados por los miembros del Consejo fue la necesidad de 'eliminar la corrupción y la impunidad del sistema judicial, policial, y sus ramas ejecutivas', según solicitó Pakistán.
El respeto por los periodistas y la importancia de la libertad de expresión fue destacada en siete resoluciones.Asimismo, se destacó la necesidad de respetar los derechos de los indígenas y protegerlos de la violencia ejercida tanto por las fuerzas de seguridad del estado como por individuos con intereses privados.
Finalmente, el informe hizo especial hincapié en lo impropio de mantener el ejército ejerciendo funciones policiales y en la necesidad de que la legislación civil impere sobre la militar.'Hay que asegurar la primacía del sistema judicial civil por encima del militar en todo el territorio -indicó Bangladesh- y México debe extender la jurisdicción de las cortes civiles en los casos de violaciones de derechos humanos perpetradas por militares -señaló Irlanda'.
Terra Actualidad - EFE
El pasado martes, México fue sometido al EPU, la evaluación sobre el estado de los derechos humanos en los países, al que todos las naciones miembros de la ONU deben someterse.
Tras la presentación del informe elaborado por la ONU, y el presentado por México, los miembros del Consejo han elaborado un texto con conclusiones y recomendaciones para ser aplicadas por el país norteamericano.
Entre ellas, destacan las que se refieren a la necesidad de que el país latinoamericano armonice su legislación con las leyes internacionales para que los tratados que ha suscrito, sean verdaderamente efectivos.
'Que México complete sus esfuerzos institucionales para asegurar que las normas internacionales sobre derechos humanos adoptadas por México tienen estatus constitucional y se aplican como leyes supremas en los procedimientos judiciales', reza una conclusión redactada por España.
Otras 8 conclusiones similares fueron presentadas por Brasil, Marruecos, Azerbaiyán, Bolivia, Guatemala, Turquía, Uruguay, Canadá, y Suiza.No obstante, el tema más reiterado fue la solicitud para que México luche para erradicar la violencia contra las mujeres, sea violencia machista, trata de blancas, pornografía infantil, violaciones, asesinatos y toda la gama de vejaciones e injusticias contra las féminas.
'Implementar efectivamente en todo el territorio y lo antes posible un programa para prevenir, atajar, castigar y eliminar la violencia contra las mujeres', afirma una de las conclusiones presentada por Turquía y Japón.Trece conclusiones fueron presentadas apoyadas por Pakistán, Nueva Zelanda, Japón, Turquía, Chile, Irlanda, Argelia, Indonesia, Suecia, Finlandia, Azerbaiyán y Ucrania.
Italia hizo mención especial a la tragedia de Ciudad Juárez:'México debe asegurarse que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez sean totalmente clarificados, que los responsables y sus cómplices, incluidos funcionarios que no han llevado a cabo las investigaciones necesarias, sean enjuiciados y que se tomen medidas para prevenir más crímenes'.
Cuba solicitó a México que haga todo lo necesario para reducir las desigualdades entre las diferentes clases sociales y entre zonas geográficas.
La prevención de la tortura y los secuestros y la necesidad de mejorar las condiciones en las cárceles también fueron destacadas.Otro de los temas señalados por los miembros del Consejo fue la necesidad de 'eliminar la corrupción y la impunidad del sistema judicial, policial, y sus ramas ejecutivas', según solicitó Pakistán.
El respeto por los periodistas y la importancia de la libertad de expresión fue destacada en siete resoluciones.Asimismo, se destacó la necesidad de respetar los derechos de los indígenas y protegerlos de la violencia ejercida tanto por las fuerzas de seguridad del estado como por individuos con intereses privados.
Finalmente, el informe hizo especial hincapié en lo impropio de mantener el ejército ejerciendo funciones policiales y en la necesidad de que la legislación civil impere sobre la militar.'Hay que asegurar la primacía del sistema judicial civil por encima del militar en todo el territorio -indicó Bangladesh- y México debe extender la jurisdicción de las cortes civiles en los casos de violaciones de derechos humanos perpetradas por militares -señaló Irlanda'.
Terra Actualidad - EFE
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