21 de febrero de 2009

«He matado a mi mujer», confiesa antes de entregarse a la Policía

«He matado a mi mujer». La frase dejó helado ayer al portero de la finca número 25 de la calle Corral de Almaguer, en el Ensanche de Vallecas. El hombre que pronunciaba estas palabras le estaba entregando, además, las llaves de su casa y, con restos de sangre en su ropa, salía por el portal camino de la comisaría.

Eran las cuatro de la tarde de ayer. El portero, atónito, llama a Emergencias 112 y cuenta lo que le acaba de suceder. Desde Emergencias se da aviso inmediato a la Policía Nacional que envía un coche patrulla al lugar de los hechos denunciados.

Discusión que «sube de tono»
Cuando los agentes policiales y el personal sanitario madrileño llegan y acceden al piso, se encuentra a una mujer con evidentes signos de violencia tendida boca abajo en el suelo de la cocina. Era María Nieves M. G., de 35 años, que presentaba puñaladas en varias partes del cuerpo, alguna en zonas vitales. Su marido, Jaime María G.F., de 36, se declaraba autor de ese crimen.
El presunto asesino se dirigió a la comisaría de Moratalaz, más cerca de su casa que la de Villa de Vallecas, a la pertenece. La teoría es que «salió despistado y se fue a la que más cerca tenía». Lo cierto es que hasta allí llegó, con la ropa ensangrentada, y confesó haber acabado con la vida de su esposa. La pareja tenía una hija pequeña que no se encontraba en casa en el momento del crimen.
Aunque todo se descubrió hacia las cuatro de la tarde, la tragedia se habría producido hacia el mediodía. Por las primeras declaraciones de Jaime María, él y su mujer habían mantenido una discusión que «fue subiendo de tono» hasta que el presunto agresor agarró un cuchillo de cocina y la emprendió a puñaladas con la víctima. La Policía recuperó el arma homicida en el mismo lugar de los hechos.

Fuentes de la investigación han llegado a comentar que este crimen ha tenido amplias dosis de frialdad. Desde la muerte de María Nieves hasta que Jaime María decidió autoinculparse del crimen pasaron casi cuatro horas. «Es raro también que decida dar las llaves de la vivienda al portero y que sea éste el que avise a la Policía. Luego va a la comisaría a contar que acaba de matar a su mujer», comentan las mismas fuentes. La víctima no había presentado denuncia por malos tratos y no existía ninguna orden de alejamiento.

«Se estaban instalado»
La pareja y su hija llevaban viviendo pocos meses en el 25 de Corral de Almaguer. De ahí que ayer algunos vecinos no pudieran dar alguna pista sobre las relaciones con Jaime María y María Nieves. «Se estaban instalando. Vivían aquí hace muy poco. No nos conocíamos», decía una vecina.
La familia de la víctima fue avisada de inmediato. Las escenas de dolor eran palpables. Nadie se lo explicaba. Así, tan de repente. Los familiares también fueron interrogados y se han hecho cargo, de momento, de la hija menor de la pareja.

Jaime María G. F. quedó detenido a la espera, hoy, de prestar declaración y pasar, después, a disposición judicial. Con toda seguridad, irá a la cárcel de Soto del Real hasta que se celebre el juicio. Del caso se ha hecho cargo el Grupo X de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial.
María Nieves es la primera víctima por violencia de género en Madrid en lo que va de año ya que el Ministerio de Igualdad no consideró como tal la muerte de una mujer ecuatoriana ocurrida el pasado 5 de febrero en Parla.

MARÍA ISABEL SERRANO
www.abc.es

Condenan a la Diputación a indemnizar a una empleada por sufrir acoso laboral

La auxiliar de enfermería recibirá 27.000 euros por el «daño moral» que padeció en la residencia de Arana

Juana sufrió una «auténtica» campaña de «acoso y derribo» por parte de algunas de sus compañeras desde el mismo día en que empezó a trabajar como auxiliar de enfermería en la residencia geriátrica Arana, dependiente del Instituto foral de Bienestar Social (IFBS). Los «actos de menosprecio» hacia su persona, que comenzaron en 2001, eran «continuos» y el ambiente laboral «insostenible», situación que puso en conocimiento de sus superiores y denunció ante los responsables de la Diputación, que abrieron un expediente disciplinario a las funcionarias que presuntamente la acosaban.

El informe no sirvió de nada y las compañeras de la demandante «volvieron a la carga», hasta el punto de que Juana sufrió un «trastorno ansioso depresivo» que le obligó a coger una baja laboral durante quince meses, según explicó el gabinete psicológico de la federación de servicios públicos del sindicato UGT. El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Vitoria ha dado la razón a la demandante y ha condenado a la Diputación a indemnizar a la trabajadora con 27.000 euros por «daño moral» como «responsable patrimonial» de lo ocurrido.

El juez entiende que la institución foral no adoptó las medidas preventivas necesarias para proteger a la empleada de los «riesgos psicosociales» derivados de su trabajo. «Ha quedado acreditado que la Diputación de Álava, el Instituto foral de Bienestar Social y los responsables de la residencia Arana incumplieron la Ley de Prevención de Riesgos Laborales -que tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores- a pesar de tener una denuncia clara de lo que pasaba».

En este sentido, la sentencia mantiene que el daño moral que alega la trabajadora se debe a un «deficiente funcionamiento» imputable a la entidad foral.
Juana empezó a trabajar en la 'planta amarilla' de la residencia hace siete años y medio. Ocupaba un puesto vacante como auxiliar de enfermería y desde el primer día fue «víctima de una campaña de acoso moral intenso» que la trabajadora soportó en silencio durante tres años. «Llegaron a colocar carteles con el número de la lotería de Navidad en los que se especificaba que se vendía a todo el mundo menos a ella», explicaron fuentes conocedoras del caso.

Servicio «anormal»
Fue a raíz de un altercado ocurrido en marzo de 2004 cuando Juana denunció los «continuos actos de menosprecio» sufridos por parte de varias de sus compañeras ante la dirección del centro y la Diputación. La institución foral decidió entonces abrir un expediente disciplinario a las empleadas que acosaban a la demandante.
El informe enturbió todavía más las relaciones laborales, lo que provocó un segundo incidente que Juana puso en conocimiento de la Subdirección de Área. La demandante tuvo que coger la baja tras serle diagnosticado «un cuadro de ansiedad desencadenado por un conflicto en el ámbito laboral».

El propio Instituto foral de Bienestar Social recoge en un informe realizado por el director técnico del Área de Personas Mayores para analizar la situación del personal en la llamada 'planta amarilla' de la residencia Arana que las «conductas irrespetuosas hacia el personal, la actitud prepotente y provocaciones continuas creaban un ambiente laboral de temor y tensión inaguantables para cualquier trabajador». «Me parece grave -añade el técnico- el que haya personas trabajadoras, sobre todo eventuales, que estén atemorizadas por dicho grupo y no se atrevan a expresar o denunciar determinadas actuaciones». De hecho, el psicólogo que atendió a Juana ratificó en sus informes que si no se hubiera producido un «continuo acoso», la demandante no habría sufrido un cuadro de ansiedad.

Ante esta situación, el juez mantiene que la «responsabilidad patrimonial» recae en la Diputación alavesa al entender que los «daños morales» que sufre la demandante son consecuencia del «servicio anormal» llevado a cabo por la Administración.

CARMEN BARREIRO
www.elcorreodigital.com

Italia legaliza las patrullas ciudadanas

El Gobierno de Berlusconi invita a ex policías a vigilar las calles para combatir las agresiones sexuales

El clamor popular suscitado por los últimos episodios de violencia sexual protagonizados por extranjeros en Roma, Bolonia y Milán ha llevado al Gobierno de Silvio Berlusconi a precipitar los acontecimientos. El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto urgente contra los violadores que incluye la autorización y creación de rondas nocturnas de ciudadanos que patrullarán los barrios para velar por la seguridad de los vecinos.

El Gobierno italiano llama a las asociaciones de ex agentes de policía o ex carabineros a integrar estas patrullas, coordinadas por el delegado del Gobierno, que deberán estar desarmadas y sólo dotadas de teléfonos móviles y radiotransmisores para advertir a las fuerzas de seguridad sobre la presencia de «individuos peligrosos o cuando consideren que alguien podría cometer un delito», explicó el ministro del Interior, Roberto Maroni.
«Serán personas que saben lo que hacen», añadió el ideólogo de esta iniciativa. Las comparó también con los bomberos voluntarios.

Ya las anunció durante la primavera pasada, en plena campaña electoral, pero el trámite parlamentario ralentizó su puesta en funcionamiento. Maroni se inspiró en la asociación 'City angels', que realiza «recorridos preventivos» cada noche por las calles de Milán desde hace quince años.
«No queremos militarizar el territorio, sino controlarlo y dejar que las autonomías locales tomen parte en la protección de los ciudadanos. Evitará que en momentos de tensión la gente se tome la justicia por sus manos», explicó entonces. «Si la izquierda está de acuerdo, bien. Y si no, contaremos con los números necesarios para sacarlo adelante», afirmó.

Justicia parapolicial
La hoy oposición de centroizquierda y rival electoral entonces lo desaprobó en campaña y lo denuncia ahora. Cree que Berlusconi promueve una justicia parapolicial. Y hasta el Vaticano, que camina a menuda de la mano de 'Il Cavaliere', considera que no es «el camino adecuado. Es una abdicación del Estado de Derecho», opinó ayer el arzobispo Agostino Marchetto, secretario del dicasterio para los emigrantes. El Gobierno se ha quedado solo con este plan hasta el punto de que el presidente, Giorgio Napolitano, tuvo que salir a desmentir a Maroni, que le había involucrado en su confección y visto bueno. «Es una iniciativa exclusiva del Ejecutivo», explicó una nota difundida por el Palacio del Quirinale.

El decreto de ley incluye asimismo un paquete de medidas que contemplan, entre otras cosas, penalizar el acoso y el hostigamiento sexual con penas de seis meses a cuatro años a las que se sumará un agravante si el autor es la ex pareja de la víctima, aumentar las sentencias de cárcel por violación y hasta ofrecer asesoría legal a las víctimas. La cadena perpetua se reserva a los asesinos que previamente habrían forzado sexualmente a sus víctimas.


Asimismo permite a las autoridades detener durante seis meses -obligatoriamente en una cárcel, descartando los arrestos domiciliarios para los sospechosos de violación- a inmigrantes ilegales acusados de delitos sexuales, justo hasta que sean identificados y expulsar a aquellos que no se consideren «elegibles para quedarse en Italia». Las fuerzas de seguridad disfrutarán de una partida especial de 100 millones de euros para dotarse de mayores recursos en este campo y se prevé asimismo la contratación antes del 31 de marzo de 2.500 nuevos agentes.

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