30 de marzo de 2009

La precariedad económica, rasgo común de las víctimas de violencia machista que piden ayuda pública en Santa Cruz

La Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dirigida por Ángela Mena, ha presentado el informe final de resultados de los datos obtenidos en la intervención especializada a mujeres víctimas de violencia de género en el municipio.

Según éstos, la edad media de las víctimas es de 39 años y el 45 por ciento de las mismas sólo había cursado estudios básicos, aunque la diversidad es la nota predominante en ambos rangos de estudio, según informó el Consistorio. Un 45 por ciento de las mismas trabajaba en empleos de tipo manual no cualificado, tales como pinches, empleadas de limpieza u operarias y hasta un 13 por ciento carecía de trabajo y se autocalificaba como "ama de casa".

Los datos expuestos muestran que, al igual que sucede en los estudios realizados en otros países, el maltrato a la mujer por su pareja es un fenómeno universal ya que se da en países con características sociodemográficas y educativas diferentes. Al analizar la edad, los datos demuestran que había desde adolescentes hasta ancianas, encontrando así que el maltrato se da en mujeres de todas las edades aunque es más frecuente que se trate de adultas.

Aunque predominan las mujeres con bajo nivel de estudios y laboral hay que tener en cuenta la selección muestral que implica el hecho de que las mujeres hayan acudido en busca de ayuda a un servicio público y, por tanto, gratuito, siendo más probable que las que disponen de más recursos económicos vayan a servicios privados.

Todo confirma que no hay un perfil único de mujer en riesgo de ser maltratada por su pareja y que, el único factor, es, simplemente, ser mujer. Aún así, destaca la precariedad laboral y económica de muchas de ellas, lo que supone unas condiciones de vida aún más difíciles y mayor dependencia del agresor.

Al estudiar su estado civil también encontramos, según indica el comunicado, gran diversidad, aunque la mayoría lo constituyen el grupo compuesto por aquellas que están en trámites de separación (23 por ciento) o ya separadas (17 por ciento), mientras que las divorciadas constituyen sólo el 8 por ciento. También aparecen dos grupos importantes entre las solteras (26 por ciento) y las casadas (23 por ciento). En la época en que fueron entrevistadas, la cuarta parte aún convivía con su agresor, el 7 por ciento vivía en algún piso tutelado para mujeres maltratadas y, el resto, ya no residía con la pareja que le maltrataba.

Al preguntarles por su nacionalidad, observamos que la mayoría de las mujeres eran españolas (78 por ciento) que habían nacido y vivían en Canarias o en la Península. El 22 por ciento restante tenía hasta 11 nacionalidades diferentes, siendo lo más común que su país de origen fuese Bolivia o Colombia. En el 80 por ciento de los casos los agresores también eran españoles.

En relación al nivel de estudios de los agresores, algo más de la mitad sólo habían cursado estudios básicos y algo más de la décima parte ni siquiera había terminado el Graduado Escolar. Sus profesiones también eran muy diversas, aunque lo más común es que realizasen trabajos de tipo manual no cualificado tales como peón. Sólo el 8 por ciento tenía empleos para los que era indispensable la formación universitaria.

DUDAS RAZONABLES

"Queda la duda, de nuevo, al interpretar estos datos socioeconómicos, sobre si el condicionante de que el acceso a la muestra fuese a través de un servicio público y gratuito ya que, quizá, si hubiese sido a través de centros privados, se podrían encontrar más agresores con niveles educativos y laborales altos. Otro dato interesante es que el 67,2 por ciento no consumía drogas y el 61,2 por ciento no tomaba bebidas alcohólicas a diario", añade la nota.

Con todo, los datos demuestran que trabajar la prevención es fundamental para erradicar la violencia de género. Por eso, informan, desde la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Santa Cruz se han puesto en marcha diferentes acciones destinadas tanto a grupos de mujeres como a la población en general.

Mena defendió la necesidad de informar y formar para cambiar la conciencia social y estima que únicamente "desde el esfuerzo común podremos hacer frente a este grave problema social que obstaculiza e impide, con demasiada frecuencia, una convivencia de paz e igualdad en nuestra comunidad", añadiendo que erradicar "esta lacra social es cuestión de todas y todos".

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El IAJ y el IAM enseñan a jóvenes en Huesca como detectar conductas de control y violentas en las parejas

El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) y el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) colaboran en la lucha contra la violencia de género desde la prevención, y hoy han celebrado una jornada para profesionales en Huesca.

En su intervención, la directora del IAM, Rosa Borraz, ha sentenciado "que tu novio te llame 20 veces al día, no significa que te quiera mucho, sino que te quiere controlar". Con este ejemplo, Borraz ha destacado la necesidad de enseñar a las personas que trabajan con la juventud, a detectar conductas de control y violentas entre las parejas jóvenes.

La directora del IAM ha precisado que "sabemos que los casos de fuerte control o de celos, existen, los educadores o técnicos de juventud lo están detectando".

Según datos del Instituto de la Mujer, 4 de cada 10 mujeres que denuncian malos tratos, tienen entre 16 y 30 años, y casi el 25 por ciento de las mujeres que mueren a manos de sus parejas o ex parejas se encuentran en esa franja de edad.

La profesora de la Escuela Universitaria de Trabajo y Educación Social Ramón Llull de Barcelona, Anna Berga, ha señalado que debemos hacer un diagnóstico de la violencia y determinar si es un problema, o un síntoma de ese problema. Para ello reconoce que debe estudiarse el contexto en el que se desarrolla esta violencia y, sobre todo, establecer unos indicadores que detecten las conductas precursoras de los malos tratos, como el control sobre la vida de la pareja, o los celos.

En la jornada también ha habido espacio para las experiencias de trabajo para la prevención y detección de conductas machistas y violentas entre jóvenes. La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, junto con la asociación Vínculo, y la Asociación de Mujeres Jóvenes de Navarra, han presentado los talleres de prevención y coeducación que llevan a cabo. Además se ha proyectado el cortometraje que los jóvenes oscenses del Colegio Altoaragón, realizaron sobre violencia de género.

La directora del IAJ, Marta Aparicio, ha recordado que además de apoyar a los jóvenes en momentos tan importantes como la búsqueda de empleo o vivienda, el Instituto colabora con las personas que trabajan directamente con la juventud "porque son ellos quienes detectan sus inquietudes y necesidades, y también sus problemas, como los que puede suponer la violencia machista, una realidad que desgraciadamente existe y contra la que hay que luchar desde las edades más jóvenes".

Por su parte, la directora del IAM, Rosa Borraz, ha afirmado que estaremos avanzando en la lucha contra la violencia de género cuando "los jóvenes se den cuenta de que el hombre no es superior a la mujer, de que ambos tienen los mismos derechos y que deben mantener relaciones igualitarias".

En la jornada han participado más de un centenar de profesionales entre técnicos de juventud, trabajadores sociales, informadores juveniles, educadores y monitores de tiempo libre.

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Abogados de oficio del servicio de violencia de género piden estar presentes en el momento de la denuncia

El representante del Colegio de Abogados de Oviedo, Ignacio Cuesta Areces, y el decano de Colegio de Abogados de Gijón, Sergio Herrero, destacaron hoy la necesidad de que los abogados del turno de oficio del servicio especial de atención a las mujeres víctimas de violencia de género estén presentes en el momento de interponer la denuncia.

Ambos letrados participaron hoy en la comisión de Presidencia, Justicia e Igualdad que acogió diversas comparecencias informativas acerca del Programa del Principado de Asturias de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. Este Plan fue aprobado en Consejo de Gobierno en el mes de abril del pasado 2008. Los principales objetivos del mismo pasan por mejorar la respuesta frente a la violencia y conseguir un cambio en el modelo de relación social.

Ignacio Cuesta manifestó que entre las disfunciones detectadas por los abogados en el funcionamiento del servicio es precisamente la "tardía incorporación" del abogado de oficio que es llamado pocos minutos antes de que la mujer víctima de violencia de género interpone la denuncia, mientras que consideran "fundamental" que el abogado pueda asesorar a la mujer a la hora de interponer la denuncia.

En el caso de Gijón, Herrero manifestó que "poco a poco" parece que esta situación se va subsanando y cada vez son más los casos en los que el abogado de oficio se incorpora antes al proceso.

Otra de las deficiencias detectadas tiene que ver con la remuneración económica, ya que según indicó Herrero, los abogados de turno de oficio de este servicio cobran 85 euros frente a los 150 que cobra un letrado de turno de oficio de otra materia, lo cual a su juicio "no tiene ningún sentido".

No obstante Cuesta Areces manifestó que a día de hoy el servicio funciona "bastante bien" con los 277 abogados destinados a este servicio especial y los siete abogados de guardia en cada turno de oficio específico en materia de violencia de género que les permite efectuar el servicio con cierta eficacia.

"Seguimos con áreas geográficas distantes, pero entendemos que la reorganización ha permitido que el servicio funciona razonablemente bien", dijo y añadió que ahora mismo no es una "necesidad imperiosa contar con mayor número de abogados".

Tampoco consideró que la falta de intérpretes sea otro de los problemas del servicio, e indicó que aunque es cierto que a veces hay que esperar "el interprete suele llegar siempre", en cuanto al número de policías dedicados a esa tarea, indicó que "desconoce si son o no suficientes".

Por su parte, el fiscal especial de Violencia de Género del Principado de Asturias, Gabriel Bernal, reiteró su rechazo a la obligatoriedad de imponer una orden de alejamiento en todas las condenas por violencia familiar, tal y como exige la ley. Según explicó el fiscal hay ocasiones en las que esta medida no está plenamente justificada y aseguró que, en la práctica, acarrea múltiples problemas, como quebrantamientos de condena constantes.

Bernal recordó que la imposición de las órdenes de alejamiento en todas las condenas por maltrato es obligatoria desde la modificación del artículo 57 del Código Penal por la Ley Orgánica 15/2003, por la que se eliminó el carácter facultativo de esta medida. Antes, su imposición se dejaba al arbitrio del juez.

"En la práctica diaria vemos casos en los que se hecha de menos el ámbito discrecional esta medida. Son casos concretos que ponen de manifiesto que no es desdeñable devolver el carácter facultativo de la pena", dijo Bernal, que añadió que no es mera opinión personal sino que está generalizada y la comparte también la propia fiscal de la sala de violencia contra la mujer. "No se cuestiona la pena, la necesidad de la pena es obvia, sino que lo que se cuestiona es el carácter imperativo", afirmó.

Preguntado por el grado de quebrantamiento de las penas de alejamiento, Bernal indicó que el alto número es "un problema diario al que se enfrentan los órganos judiciales de violencia de género". Dijo además que está constatado estadísticamente que un importante número de quebrantamiento en cierto sentido está consentido o tolerado por la víctima, lo que nos sitúa a los juristas en un problema. "La cuestión era complicada, pero quiera o no la víctima el incumplimiento de la pena de alejamiento es delito", dijo.

También comparecieron en la comisión la coordinadora de la Red Regional de Casas de Acogida del Principado, Ivana Magdalena Benavente, que destacó la importancia de las acciones de formación como una de las principales del programa y afirmó que el mayor conocimiento del programa hace que el funcionamiento del mismo sea cada vez más positivo.

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Una ONG de defensa de derechos de la mujer en Latinoamérica recibirá mañana el premio de DDHH Rey de España

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) recibirá mañana el Premio Derechos Humanos Rey de España 2008, dotado con 30.000 euros, de manos de Su Majestad don Juan Carlos en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.

El jurado de esta tercera edición de los premios ha decidido por unanimidad homenajear la labor de esta organización sin ánimo de lucro que, desde Perú, coordina una extensa red de entidades regionales y de destacadas personalidades que trabajan en el ámbito iberoamericano en la defensa de los derechos de la mujer.

Entre las prioridades de CLADEM, nacida en 1987, figuran "la lucha contra la violencia sobre las mujeres, la promoción y vigencia de los derechos sexuales y derechos reproductivos, y los derechos económicos, sociales y culturales desde una perspectiva de género".

Así, presta asesoramiento jurídico a mujeres víctimas de violencia de género y procura el seguimiento de los estados latinoamericanos y del Caribe en el cumplimiento de la protección de los Derechos Humanos. Uno de los principales logros del Comité fue que, en 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena se declarara a la violencia de género como una violación de los Derechos Humanos.

Además, desde 1995 CLADEM tiene status consultivo ante las Naciones Unidas y desde 2005 puede participar de las reuniones de la Organización de Estados Americanos. Concretamente, la organización cuenta con oficinas nacionales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

La directora de CLADEM, Mónica de las Casas, explicó "es muy difícil trabajar en una región que ha vivido durante mucho tiempo con dictaduras o en conflictos armados, donde no hay ninguna institucionalidad democrática, ni una plena vigencia democrática".

Por ello, indicó que "esta situación hace que la cultura de los Derechos Humanos sea prácticamente inexistente entre las personas y muchas veces se identifica el trabajo en favor de un derecho como promoción o apología del delito".

El Premio Rey de España de Derechos Humanos se concede cada dos años y tiene por objeto reconocer y estimular a las organizaciones que se hayan distinguido en la defensa y promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos en Iberoamérica. Está instituido por el Defensor del Pueblo y la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá.