17 de enero de 2009

Funcionaria militar denunció por acoso sexual a un coronel

María Soledad Benítez recurrió al Congreso para denunciar al coronel Felipe Mercado Bogado.

Una denuncia por acoso sexual en la que está involucrado un coronel de la Justicia Militar fue presentada en la víspera en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

La funcionaria del mencionado organismo judicial militar, María Soledad Benítez, recurrió a la diputada Olga Ferreira de López, quien es vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, para hacer pública una denuncia por acoso sexual contra el coronel de Justicia Militar, Felipe Mercado Bogado.

La recurrente manifestó que esta situación persiste desde hace unos 10 años, y que ya había denunciado el hecho ante el Comando en Jefe, cuando el general Carlos Liseras Bado era el presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar. La denunciante sostuvo además que el general Liseras, en su momento, solicitó un diagnóstico psicológico para que se la presente como “en tratamiento psiquiátrico” de manera a desatender la denuncia y encubrir al coronel Mercado Bogado.

El 10 de octubre del año pasado, yo estaba sola en mi oficina, escuché su vos (del coronel Mercado Bogado) y me metí al baño. Él entró en la pieza (sic) de mi compañera a buscarme, y yo escuché que se fue y salí volando y me agarró en el pasillo. Me vino de atrás, me vino encima y me dijo, qué lindos pechos tenés’”, comentó la denunciante.
“Este coronel ronda mi oficina como un perro en celo, hace su recorrido en silencio y se va otra vez, y no es la primera vez que hace esto, en el 98 fui brutalmente torturada por este señor durante ocho meses”, agregó.

La funcionaria de la Justicia Militar explicó además que tras su primera denuncia, que data del año 1998, el mencionado coronel fue trasladado a otra dependencia durante 8 años, pero regresó al organismo en el año 2004.

CITARÁN A CORONEL
Dijo que en la víspera recibió advertencias por parte de un tercero, también de la Justicia Militar, de que no denuncie esta situación, por lo que ella ya solicitó su traslado de la institución, en la que trabaja hace 14 años, según indicó.

La diputada anunció que para la próxima semana estará convocando al coronel Mercado para una reunión en la cual se va a tratar el tema. Asimismo, la parlamentaria ya puso en conocimiento de lo ocurrido a la oficina de enlace de la Cámara de Diputados.

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Las 'reinas' matinales, citadas para comparecer en el Congreso

Una comisión quiere tener sus opiniones sobre la Ley contra la Violencia de Género

Tres de los rostros más carismáticos de la televisión, Ana Rosa Quintana, Susana Griso y María Teresa Campos (ausente en la pantalla estos días por una enfermedad), han sido llamadas por el PP a comparecer en la subcomisión del Congreso que estudia la reforma de la Ley contra la Violencia de Género para dar su opinión sobre el tratamiento informativo de estos casos.

La subcomisión, cuyo trabajo arrancará en el mes de febrero y a la que acudirán 60 especialistas en esta materia convocados por los distintos grupos parlamentarios, tiene como objetivo elaborar un informe en el que se analicen los problemas de la situación de la violencia doméstica en España.

A raíz del estudio que arroje la subcomisión, el Gobierno determinará las reformas de la ley para su presentación en el Congreso. Además del PP, el PSOE también quiere que acudan a este equipo de trabajo más periodistas para que sugieran sobre la mejor manera de comunicar este tipo de noticias.

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Crecen un 20% y se elevan a 1.142 los detenidos en la CAV por maltrato

La estadística es tozuda y las cifras, inquietantes. El goteo de casos de violencia machista en Euskadi es incesante y va a más. Tal y como confirman los datos, la Ertzaintza detuvo el año pasado a 1.142 hombres por malos tratos hacia sus parejas o por quebrantar una orden judicial de alejamiento con respecto a ellas. Esta cifra de detenciones supone un incremento de un 20% con relación al año anterior, cuando los arrestados fueron 946.

Lo escalofriante de los números oculta una realidad aún más dura, ya que los detenidos por la Policía vasca se suman a los varones arrestados por las policías locales. El año pasado, los tribunales vascos registraron 3.067 casos relacionados con la violencia contra la mujer, mientras que el año anterior se contabilizaron 2.488.
En este sentido, la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, María Ángeles Montes, hacía un llamamiento durante la apertura del año judicial a luchar contra la violencia de género, "una lacra social que no deja de aumentar".

El fenómeno ha adquirido tal intensidad y gravedad que un total de quince mujeres cuentan en este momento con servicio personal de escolta por su situación de especial riesgo. Este número ha pasado de cuatro mujeres en 2004, cuando empezó a prestarse este servicio de forma permanente, a once en 2005, dieciséis en 2006, trece en 2007 y quince en la actualidad. Según explicó ayer Interior, "la cifra se incrementa de manera progresiva y, en cualquier caso, se trata de un número que varía en función de las situaciones de riesgo detectadas en cada momento". De hecho, este presupuesto figura dentro de la partida de seguridad privada, ampliable según las necesidades.

Por otra parte, son más de 200 las mujeres que tienen actualmente un teléfono Bortxa para mantenerse en contacto con la Ertzaintza.
Tanto celo en las medidas preventivas no ha podido evitar que las muertas por violencia machista el año pasado en Euskal Herria se eleven a seis. El 29 de diciembre falleció en Errenteria la venezolana Clara Rangel en presencia de sus tres hijos. Cuatro meses antes, el pánico se apoderó de Santurtzi tras descubrirse el cadáver de una joven africana, atada de pies y manos. Asimismo, en agosto otro luctuoso suceso interrumpía la quietud de la localidad alavesa de Baños de Ebro, con la muerte de Estíbaliz Angulo, de 72 años. En los tres casos ocurridos en la CAV, la Ertzaintza detuvo a los autores de los hechos.

Pero el trágico balance se estrenó el 18 de enero, con Tatiele de Sousa, que falleció a manos de su pareja, quien le propinó seis cuchilladas en Pamplona. Después, la noche de San Fermín, se produjo el asesinato de la joven de Irun Nagore Laffage también en la capital navarra. Y el 2 de septiembre, otro hombre de 76 años estrangulaba a su mujer, Carlota Ortuzar, de 60 años, vecina de Urruña (Lapurdi).
protocolo con la upv El sistema de trabajo de la Ertzaintza para prevenir y perseguir los casos de violencia contra las mujeres busca ofrecer a las víctimas un servicio integral. Para ello, la Ertzain- tza mantiene una coordinación permanente con las instituciones sociales encargadas de atender esta problemática, así como con las autoridades judiciales. A partir de ahí, se establecen los dispositivos de protección en función del nivel de riesgo detectado, con niveles de protección que incluyen el contacto permanente de la comisaría más próxima o el acceso a un teléfono móvil conectado con el centro policial (teléfono Bortxa ), así como el control por parte de la Ertzaintza del potencial agresor o del cumplimiento de las medidas judiciales de alejamiento.

El sistema establecido por la Er-tzaintza para detectar y atender los casos de mujeres amenazadas se basa en un protocolo diseñado en colaboración con especialistas en psicología de la Universidad del País Vasco. La atención prestada es evaluada periódicamente por las propias víctimas, que en las encuestas realizadas muestran "una satisfacción generalizada" por el trabajo de los agentes.

Todas las comisarías trabajan con un mismo protocolo, desarrollado por la Ertzaintza y especialistas de la UPV, que tiene como objetivo "controlar cada paso que se da en la atención a las víctimas de esta clase de delitos, garantizando que se las informa correctamente sobre los derechos, sobre la posibilidad de solicitar una orden de protección o los servicios de asistencia letrada y de asistencia social".

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Un estudio revela el 80% de las mujeres que no denuncian la violencia de género quieren seguir conviviendo con su pareja

Un estudio del Justicia de Aragón elaborado por un equipo multidisciplinar dirigido por el director del Instituto de Medicina Legal de Aragón, Juan Antonio Cobo, revela que el 80 por ciento de las mujeres que no denuncian la violencia de género lo hacen porque quieren seguir manteniendo la relación con su marido o compañero sentimental, mientras que el 20 por ciento restante lo hace por miedo.

Cobo presentó hoy en rueda de prensa este estudio, titulado 'Modelos de actuación en violencia de género', junto al Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, informe que ha analizado 805 casos de violencia género, entre muertes y agresiones dentro y fuera del domicilio.
Juan Antonio Cobo explicó que la principal razón que esgrimen las mujeres que todavía no han denunciado a su marido o compañero es el deseo de continuar la relación y para conseguirlo utilizan los recuerdos de momentos buenos y crean una "espejismo" de la realidad. Además, el 50 por ciento de las mujeres agredidas valoran al agresor con una nota de cinco o más en una escala de cero a diez.

El especialista recalcó la importancia de atender a este grupo de mujeres puesto que cuatro de cada cinco mujeres que fallecieron a causa de la violencia de género guardaron silencio, y lo mismo hacen ocho de cada nueve maltratadas, manteniendo ese silencio en el 50 por ciento de los casos incluso a la familia.

Por eso, el estudio propone una medida que denomina 'denuncia puente' que consiste en denunciar, pero retardar o suspender la aplicación de la decisión judicial, de forma que se dé la oportunidad al agresor de rectificar su conducta.

Esta denuncia seguiría el mismo proceso que una denuncia habitual, pero en vez de derivarse en la detención del marido, se le haría una requisitoria para que fuera a declarar, y la decisión judicial posterior sólo se aplicaría si el hombre volviera a agredir a la mujer.

El objetivo es animar a denunciar a la mujer que quiere seguir conviviendo con su marido o compañero, pero, al mismo tiempo, poner remedio a las agresiones, permitiendo, además, la intervención o reeducación del agresor antes de su ingreso en prisión.

En opinión de Cobo, esta medida otorgaría "una mayor capacidad de decisión a la mujer y de control de los efectos de su denuncia" y se podría aplicar sin reformar el Código Penal, aunque sí precisaría la reforma de los procedimientos, es decir, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

DENUNCIAS INNOMINADAS
Otra de las medidas propuestas a raíz del estudio son las 'denuncias innominadas', especialmente útiles en el caso de las violencia sexual doméstica, dijo Cobo. Estas denuncias permitirían dejar a la mujer en el anonimato hasta que hubiera pruebas suficientes o válidas para conseguir inculpar al agresor.

El director del Instituto de Medicina Legal de Aragón puso de manifiesto la dificultad de demostrar las agresiones sexuales domésticas, lo que lleva en muchas ocasiones a dejar impune al agresor tras un juicio, realidad que tiene como efecto negativo dar mayor fuerza al agresor para futuras agresiones.

Cobo también se refirió al Manual de Autoprotección de las Mujeres Víctimas de Violencia, editado en español, inglés y macedonio, destinado a hacer consciente a la mujer que está en situación de riesgo, pero que ella lo desconoce. El manuel puede descargarse de la web del
Justicia de Aragón (www.eljusticiadearagon.es).

El desconocimiento del riesgo o el silencio de la mujer son dos de los seis de los "eslabones rotos" o caminos que llevar a la agresión o muerte de una mujer, que el estudio ha detectado como situaciones sobre las que hay que actuar, explicó Cobo.

Otro de esos 'eslabones' es la existencia de agresores cuya primera conducta violenta es la muerte de la pareja. El especialista comentó que en estos casos se produce durante años una acumulación de "tensión" y "ansiedad" hacia la pareja que se libera matándola y que incluso después lleva al suicidio o a quedarse esperando la detención.

Juan Antonio Cobo precisó que en estos casos hay que intervenir consiguiendo que el agresor controle el problema que le provoca la ansiedad.

OTROS ESLABONES ROTOS
Los otros tres "eslabones rotos" o caminos que llevan a la agresión o a la muerte son que la víctima denuncie, pero después se arrepienta y bloquee la respuesta social, "para lo que hay que trabajar haciéndole ser consciente del riesgo que sufre"; que la víctima denuncie, pero falle la protección, por lo que hay que trabajar para mejorar la respuesta; y que la víctima denuncie, pero falle la valoración del riesgo.

En relación con este último, Cobo puso de manifiesto que habitualmente en la valoración del riesgo sólo se tiene en cuenta la peligrosidad del individuo --si es agresivo dentro y fuera del hogar--, y no otros factores como la evolución de las ideas y obsesiones relacionadas con la pareja; desequilibrios y cambios vitales, y el consumo de drogas y alcohol.

INMIGRACIÓN
El estudio dedica una atención especial a la violencia de género entre la población inmigrante, señalando que el riesgo que la mujer extranjera tiene de sufrir malos tratos es seis veces mayor que el de las españolas.

Así, si un agresor se convierte en homicida en un periodo de entre los 8 a 12 años en el caso de la población autóctona, en el caso de la población inmigrante ese proceso se reduce a tres años. Otras características del agresor inmigrante es la presencia de alcohol en el 99 por ciento de los casos, consumo que deriva en violencia.

Además, el análisis de los casos demuestra una mejor y más rápida adaptación de la mujer a la sociedad receptora, debido, entre otros factores, a las facilidades para encontrar trabajo en el sector servicios, lo que genera una "ruptura de papeles" en la pareja.

En este sentido, el pago de la hipoteca aparece como un problema doméstico grave relacionado el hecho de que es la mujer quien aporta el sueldo en la familia. El informe propone la elaboración de un Modelo para la Inmigración que tenga en cuenta los datos diferenciales y que la violencia de género se da con mayor intensidad en este colectivo.

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