Un total de 679 cántabras tuvieron medidas judiciales en 2009

La directora general de la Mujer, María Isabel Méndez, ha dado a conocer hoy estos datos en la presentación de la sexta edición de las Jornadas sobre Violencia de Género, que se celebrarán los días 26 y 27 en el hotel Santemar y que este año coincidirán con el Encuentro de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual.

Méndez no ha precisado cuántas denuncias pusieron el año pasado las cántabras ante un caso de violencia machista, al no disponer aún de los datos de 2009, pero ha señalado que el año anterior fueron 1.214.

Y ha destacado que en Cantabria la retirada de denuncias, en base a las cifras de 2008, se situó en una tasa de un 7 por ciento (212 de 1.214), frente al 11 por ciento de la media nacional (16.100 de 142.125), según los datos del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial.

La directora general de la Mujer ha estimado que en 2009 el número de denuncias se habrán incrementado, pero la tasa de retirada se habrá reducido y los datos de Cantabria seguirán siendo mejores que los del conjunto del país.

Asimismo, ha aclarado que no todas las denuncias que no se admiten a trámite son "falsas", ya que ha matizado que los casos de violencia machista son "difíciles" de probar, pero que "eso no quiere decir que no se hayan producido". Porque, además, ha señalado que los jueces absuelven "ante cualquier duda".

Cantabria contó también con 1.351 personas a las que se facilitó un centro de acogida, destinado a las mujeres y sus hijos, según ha explicado la directora general de la Mujer.

Méndez ha reiterado los buenos resultados de la atención a las víctimas de violencia machista en la región y ha achacado estas cifras al trabajo que llevan a cabo los profesionales y la formación que reciben, que ha señalado que se seguirá ampliando con las jornadas que se van a desarrollar a finales de este mes.

El coordinador de estas jornadas, el psicoterapeuta Carlos San Martín, ha afirmado que Cantabria es "un referente" para el resto de España por los programas que lleva a cabo, que como en el caso del destinado a rehabilitar a maltratadores se están aplicando en otras comunidades autónomas.

San Martín ha mencionado este programa para agresores, denominado "Senda", será parte del programa de las VI Jornadas contra la violencia de género, que contarán con algunos de las más importantes expertos en la materia como el catedrático de la Psicología de la sexualidad Félix López o la responsable del servicio de atención a menores víctimas de abusos de la Comunidad Valenciana, María Pérez Conchillo.

Hasta 320 profesionales de la Sanidad, el Derecho o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han inscrito hasta ahora en estas jornadas, que se desarrollarán junto con el primer encuentro de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual, creada el año pasado.

San Martín, que es secretario general de esta Academia, ha explicado que este organismo tendrá su sede en Santander y hasta ahora cuenta con doce académicos, aunque tendrá hasta veinticinco.

EFE-Cantabria

Un caso claro de alevosía

El Código Penal español distingue dos formas de homicidio intencional: el homicidio doloso, que consiste sin más en dar muerte a otra persona voluntariamente, y otra conocida como asesinato, en la que matar es especialmente grave: es el delito que marca el techo de gravedad del ordenamiento penal. Las circunstancias que convierten el homicidio en asesinato son tres: que el autor actuara con el propósito de hacer sufrir de modo cruel a su víctima y lo consiguiera (ensañamiento); que lo hiciera por dinero, mezclando la vida humana en una transacción económica (precio, recompensa o promesa), o que actuara con "alevosía".

Para que haya alevosía, es necesario que el agresor se aproveche, objetiva y subjetivamente, en la realidad de los hechos y en su intención, de una situación de especial debilidad de la víctima: el asesino juega con ventaja. Esta regulación hunde sus raíces en el derecho germánico, cuando matar a otro en "buena lid" era algo muy distinto (no necesariamente delictivo) que matar a alguien de modo cobarde. Trasladada a nuestra sociedad (por muy discutible que sea que permanezca en el Código), la alevosía es un abuso de... Seguir leyendo

´Violencia económica´, nueva forma de violencia de género

El Govern quiere que el impago de la pensión sea equiparable al maltrato físico o psíquico contra la mujer

El impago de la pensión a las mujeres con hijos a cargo aparece recogido en el anteproyecto de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres que prepara el Govern como una forma de "violencia económica", equiparable a la violencia física o psicológica, hecho que permitirá a las mujeres víctimas de esta situación acceder a las mismas prestaciones y ayudas establecidas para las mujeres que sufren violencia de género.

Ésta es una de las medidas que incluye el borrador de esta normativa autonómica, que presentó hoy la consellera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, Fina Santiago, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por la directora del Instituto balear de la Mujer, Lila Thomàs.

La nueva ley recogerá el concepto de "violencia económica" como la "privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijos e hijas". Así, las mujeres que padezcan esta situación tendrán acceso a las mismas ayudas que la administración proporciona a las víctimas de agresiones.

Además, las mujeres que no perciban la pensión podrán acceder a estas ayudas presentando un informe social que acredite que padecen una situación de violencia de género, mientras que hasta ahora debían presentar una denuncia y esperar a la sentencia.

Otro de los aspectos importantes que recoge el anteproyecto de la Ley de Igualdad es la obligación de que todos los órganos de la administración pública tengan una representación paritaria, con una representación del 60 por ciento hombres y del 40 por ciento mujeres. Así, el Govern exigirá que haya equilibrio de sexos en los órganos de dirección y selección de personal.

La Conselleria llevará el anteproyecto al Consell de Govern en el mes de abril, y espera que sea aprobado en el Parlament a finales de este año o principios de 2011. Esta normativa autonómica derogará la vigente, aprobada el año 2006 sin el consenso de los partidos que forman actualmente el Govern. La nueva ley también que las empresas adscritas al Govern balear no podrán contratar a ninguna empresa que tenga antecedentes en discriminación por sexo contra las mujeres.

Asimismo, el anteproyecto plantea que se realizarán estudios económicos para conocer el valor social que tiene el trabajo doméstico que realizan las mujeres en sus domicilios, así como la atención a otras personas que hacen en el mismo.

Otros capítulos destacados por la consellera fueron el de la reafirmación de la necesidad del Instituto de la Mujer o el de la igualdad a la hora de otorgar becas deportivas. También se incorporará temario con contenido en igualdad en pruebas de selección y se incrementará de tres a cuatro semanas el permiso por paternidad de todos los trabajadores de las administraciones.

Santiago destacó otro de los temas clave en los que incide esta nueva normativa, que es el que especifica los mínimos en temas de cobertura de servicios de las mujeres víctimas de la violencia de género. Así, se establece que por cada 3.500 mujeres habrá una plaza en un centro de acogida de víctimas de este tipo de violencia y que por cada 100.000 mujeres habrá un centro de información.

SÍNDIC DE IGUALDAD
Otra de las novedades es que se creará un Síndic de Igualdad entre hombres y mujeres que dependerá del Síndic de Greuges y al que se entregarán las quejas que se reciban procedentes del ámbito privado. Esta iniciativa es producto de una normativa europea ya existente y que en España, por el momento, únicamente aplica el gobierno vasco.

La consellera comentó que se trata de una ley "bastante completa que no pretende ser una declaración de intenciones sino que establece toda una normativa", la cual incluye, además, un capítulo de sanciones e infracciones que penalizarán aquellas acciones que no cumplan con esta ley. Así, por ejemplo, una infracción grave podrá llevar aparejada una sanción de entre 30.000 y 90.000 euros.

Santiago, señaló que el anteproyecto ya ha sido entregado al Consell de la Dona, a las diferentes Consellerias y al grupo parlamentario 'popular' para que pueda ser iniciado su debate. Asimismo, el borrador de la ley será colgado en la página web de la Conselleria a partir de la próxima semana para que esté al alcance de todos los ciudadanos.

Fuente

Durango. Aprueba el II Plan de Igualdad con el objeto de hacer frente a la violencia contra las mujeres

El Ayuntamiento de Abadiño ha aprobado su II Plan de Igualdad que desarrollará durante los próximos cuatro años con el objetivo de reducir la violencia hacia las mujeres. Junto a ello, desde el área de Igualdad también han elaborado un protocolo municipal a seguir en caso de muertes por violencia machista o agresiones sexuales. «De momento en Abadiño no se ha dado ningún caso y esperemos que así sea, y junto a ello que termine la violencia de género», valoró la concejala de Igualdad, Argi Abad.

Durante el pasado año la anteiglesia contabilizó tres denuncias por violencia doméstica hacia las mujeres, algo que el II Plan de Igualdad pretende combatir incluso realizando actividades pedagógicas en los centros escolares del municipio. «Hay muy poca conciencia entre las mujeres y en la sociedad en general sobre la necesidad de denunciar y combatir estas actitudes», admitió Abad.

Otras metas que desde el Consistorio se han marcado para los próximos cuatro años son fomentar la corresponsabilidad entre ambos sexos, garantizar a las mujeres los medios necesarios para su desarrollo e incluir en todas las áreas municipales la perspectiva de género. Para llevarlo a cabo, involucrará transversalmente a todas sus concejalías y a todos los agentes sociales de la anteiglesia.

Según explicó Abad, el Plan de Igualdad «es una herramienta que nos permite, a través de acciones, conseguir un impacto dentro de la sociedad para conseguir mayor igualdad entre hombres y mujeres». El principal logro del primer plan ha sido introducir un lenguaje no sexista en el Consistorio y en el municipio.

El Consistorio también ha aprobado el protocolo a seguir en caso de muertes por violencia machista y agresiones sexuales. El Consistorio convocaría inmediatamente un pleno y animaría a la ciudadanía a participar en todas las iniciativas en solidaridad con las víctimas.

Alberto Cebrian

Elcorreodigital.com

Fiscal pide cambiar la ley para que sea obligado declarar contra agresores

La fiscal delegada para violencia de género de la Fiscalía de Madrid, Teresa Peramato, ha defendido hoy una reforma legal que evite que las víctimas de violencia de género o doméstica estén exentas de declarar, ya que, en ocasiones, ello se convierte "en una garantía de impunidad" para el agresor.

Peramato, que participa en Santander en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ha opinado que sería necesaria una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para excluir del derecho a no declarar contra su pareja a las víctimas de delitos de violencia de género o doméstica.

La fiscal ha explicado que esa circunstancia en muchas ocasiones produce que jueces y fiscales están "abocados a un archivo" de las actuaciones penales o a un fallo absolutorio, al acogerse la víctima a ese derecho a no declarar, algo que, a su modo de ver, "da alas" al agresor.

Ha recordado que los delitos de violencia machista o violencia doméstica suelen darse en la intimidad, de forma que, habitualmente, la Justicia no tiene otros medios de prueba al margen del testimonio de la víctima.

Ha señalado que, al redactar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 1882 y dar forma al artículo que ofrece la dispensa de declarar en los casos de parientes o cónyuges, el legislador no estaba pensando en la víctima de delitos de violencia de género o doméstica, sino en el testigo que presenciaba o tenía noticia de un hecho delictivo sobre bienes "ajenos".

Así, ha diferenciado a la mujer víctima de un delito de violencia de género de otra que podía saber que "su marido había robado en el corral ajeno", y que no tiene obligación ni de denunciar ni de declarar.

"Evidentemente, yo creo que el legislador estaba pensando en eso, y no en la mujer que era golpeada o que era objeto de violencia continua", ha recalcado la fiscal, que ha agregado que "la ley no distingue" y los tribunales y los fiscales se ven obligados "a aplicar la letra de la ley".

Por ello, en su opinión, debería modificarse la legislación y excluir de esa dispensa a las víctimas de delitos de violencia de género o doméstica.

La presidenta de la sección de la Audiencia Provincial de Madrid especializada en violencia sobre la mujer, María Tardón, ha dicho que los procesos penales deben sustentarse "en actos de voluntad de personas", en alusión a esas víctimas.

Ha apuntado que el derecho de las agredidas a no declarar puede impedir que el juez o el tribunal "tenga todos los elementos de valoración".

Tardón ha añadido que, a menudo, en el entorno de las mujeres no hay nadie que "quiera colaborar a arreglar esa situación" y puede ocurrir que la familia no quiera que esos conflictos "afloren".

Ha enfatizado que ése "no es un problema de la ley", sino " de cambio sociológico" y ha afirmado que Ley Integral contra la Violencia de Género es "de las más avanzadas".

www.adn.es

El concepto de violencia de género crecerá más allá del ámbito de la pareja

• Llegará además al entorno familiar, social y laboral
• La nueva Ley también tutelará a las personas dependientes de la mujer

La futura Ley contra la Violencia de Género en Castilla y León ampliará el concepto de violencia más allá del ámbito de la pareja a otros como el familiar, social y laboral. Además, no sólo garantizará el reconocimiento legal de los derechos de las víctimas a recibir atención integral, sino también de las personas dependientes de ella, desde hijos a personas mayores, al considerarles víctimas indirectas. Así lo recoge el último borrador del proyecto de Ley que ultima la Junta, al que tuvo acceso Ical, que en breve pasará los últimos trámites para debatirse en el seno de las Cortes regionales.

A estas dos novedades, la norma, compromiso de legislatura del jefe del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, sumará el abordaje de la violencia de género desde el ámbito de la prevención y la atención, para dar una respuesta "efectiva" a las necesidades existentes, y fijará mecanismos de planificación y coordinación de las medidas que adopten los poderes públicos para alcanzar su primer y último objetivo: erradicar esta lacra social.

Del mismo modo, servirá para que se potencien los recursos asistenciales para mejorar la atención al colectivo a través de una mayor cualificación de los profesionales, gracias a programas específicos de formación; y articulará medidas de prevención, a través de un refuerzo de las campañas de sensibilización que se dirigen a la población y con las que se intentará involucrar al mayor número de asociaciones para llegar a la mayor parte del público objetivo.

La Ley contra la Violencia de Género en Castilla y León responde a la necesidad de "regular como el máximo rango legal" la obligación de los poderes públicos de dar una respuesta efectiva al problema, para lo que fijará un conjunto de derechos y abordará sus situaciones desde un punto de vista global y multidisciplinar. Su objetivo básico pasa por alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, para lo que es necesario eliminar la violencia hacia la mujer como la más clara manifestación de desigualdad.

En este sentido, el texto normativo especificará que los poderes públicos "no pueden ser ajenos a este tipo de violencia, que constituye uno de los ataques más flagrantes a los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la no discriminación por razones de sexo". De hecho, este derecho a la igualdad real está considerado como fundamental en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, y obliga a los poderes públicos a eliminar cualquier tipo de obstáculo que impida su plena realización.

En el caso concreto del Estatuto de Autonomía, la norma autonómica básica prohíbe, de forma expresa, la discriminación de género y exige a los poderes públicos adoptar medidas positivas para lograr la plena igualdad entre sexos, sobre todo en "el ámbito educativo, económico, laboral, en la vida pública, el medio rural, en relación con su salud y con colectivos de mujeres en situación de necesidad especial, de manera particular las víctimas de violencia de género".

Abordaje integral

La Ley, cuyo título preliminar establece como principio rector garantizar la protección de la intimidad de las víctimas en todos los procedimientos, también contempla como parte del abordaje integral la elaboración de estudios y trabajos de investigación que permitan conocer con mayor precisión las causas y consecuencias de la violencia de género, así como la colaboración con los medios de comunicación.

Uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la norma es la prevención. En este ámbito destacan las medidas de formación de todos los profesionales que intervienen con las mujeres y, en especial, la importancia de la prevención en el ámbito educativo, laboral y sanitario. Dentro de los instrumentos de planificación y coordinación, como ejes rectores, la Ley se centrará en todas aquellas medidas que sumen los esfuerzos de instituciones, asociaciones y colectivos que trabajan en la erradicación de esta lacra social.

Colaboración

El desarrollo del cuerpo normativo se han tenido muy presentes la conclusiones de la Ponencia de Estudio sobre Violencia de Género en Castilla y León que, tras la comparecencia de expertos y profesionales, se cerró en 2006 con la principal conclusión de ofrecer a la sociedad una regulación específica en la materia, además con carácter integral.

En la elaboración de este anteproyecto han participado cerca de 50 colectivos y asociaciones de Castilla y León con la presentación de alegaciones, conclusiones y sugerencias. Entre ellos figuran, por ejemplo, la Comisión Regional contra la Violencia hacia la Mujer y el Consejo Regional de la Mujer. La primera está integrada por el Consejo de Colegios Profesionales de Abogados de Castilla y León; el de Psicólogos, y el de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales en Castilla y León. El segundo lo integran, además de los sindicatos UGT y CCOO, hasta 15 asociaciones de mujeres y otras de carácter más general, como los sindicatos agrarios UCCL y Asaja.

En la lista de colectivos a los que la Junta ha consultado se encuentran también el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL); la Delegación del Gobierno; la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP); la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), junto a Cruz Roja Castilla y León; Federación de Asociaciones Gitanas de Castilla y León; el Consejo de Colegios Profesionales de Médicos y el de Diplomados en Enfermería, entre otros.

www.elmundo.es

Los 88 municipios canarios tendrán un protocolo único para violencia machista

El Gobierno regional y la Federación Canaria de Municipios firmaron hoy un convenio para que los 88 ayuntamientos de las islas apliquen un único protocolo de actuación en materia de violencia machista, lo que la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, considera "de vital importancia".

Así lo indicó la consejera en la rueda de prensa posterior a la firma del convenio con el presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Lázaro Brito, a la que también asistieron la directora del Instituto Canario de la Mujer, Isabel de Luis, y representantes de la comisión de igualdad de la entidad que agrupa a los ayuntamientos.

Inés Rojas precisó que el convenio está relacionado con la cooperación en actuaciones de sensibilización, asistencia integral y prevención de la violencia de género desde el ámbito municipal.

"Es importante que los 88 municipios canarios tengan un único protocolo de actuación y que coordinen sus acciones, además de consensuarlas, con el Gobierno de Canarias y el Instituto Canario de la Mujer", subrayó la consejera.

Añadió que se debe continuar el trabajo para introducir las perspectivas de género en las iniciativas municipales y destacó que el Gobierno "tiene que ir de la mano" con cabildos y sobre todo, con los ayuntamientos, para que todas estas corporaciones tengan las herramientas y la financiación necesarias para las políticas de igualdad.

Se refirió la consejera a "la inquietud" que han mostrado muchos municipios al elaborar sus propios planes de igualdad, lo que demuestra su implicación "real" a la hora de respaldar las políticas en este ámbito.

Rojas consideró además que es "triste" que la lucha por la igualdad y la convivencia en paz tenga que venir "obligada" por una ley, que supone "un camino importante", pero también destacó que hay que trabajar unidos en esta cuestión no sólo porque sea un mandato legal, ya que en todo caso así lo dicta "la ley natural".

Lázaro Brito, presidente de la Fecam, afirmó que con la firma de este acuerdo también se da cumplimiento a las directrices de la Carta Europea para la Igualdad de Oportunidades y la normativa estatal y autonómica en este ámbito.

A su juicio, los municipios deben "favorecer el camino" para propiciar acciones positivas "en el ámbito local" con políticas activas que ayuden a determinar las diferencias entre hombres y mujeres.

De esta forma, según el presidente de la Fecam, se ayuda también a sensibilizar contra la violencia de género además de atenuar las diferencias entre ambos sexos, porque todas las administraciones deben incentivar las medidas necesarias para favorecer la información sobre este asunto y garantizar el acceso a los derechos básicos.

"Las mujeres sufren una discriminación múltiple" sobre la que deben concienciar las administraciones, lo que además incluye la formación de su personal y el contribuir a que se pueda conciliar la vida familiar y laboral, dijo Brito.

En su opinión, también es competencia de las corporaciones locales el eliminar obstáculos y estereotipos sociales, además de promover "principios de acción positiva" para favorecer la igualdad de oportunidades.

www.canarias7.es

La violencia de género entre dos mujeres "es un error"

La Fiscalía podría recurrir el fallo, criticado por el Gobierno, que condena a una mujer por agredir a su esposa

La sentencia de un juzgado de Santander que condena a siete meses de cárcel por violencia de género a una mujer por agredir a su esposa es "un error judicial". Lo dijo este viernes el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, quien insistió en que este tipo de violencia es, por definición, la que ejerce el hombre hacia la mujer.

Para Lorente, el dictamen incurre en "una confusión continua" entre violencia doméstica y violencia de género. Por eso, "desde el punto de vista conceptual es un error", dijo a la agencia Efe. Lorente subrayó que la violencia de género nace de una "construcción cultural" basada en la desigualdad histórica entre hombres y mujeres por medio de la cual se considera que el varón es el garante de ese orden dentro de la relación.

A juicio del Delegado del Gobierno, "sorprende" que una persona que confunde violencia doméstica y violencia de género dicte una sentencia "basada en esa confusión".

Lorente sí admitió que se debe mejorar la asistencia y los recursos para afrontar nuevas situaciones como los matrimonios homosexuales. Pero recalcó que el Gobierno no contempla modificar la ley para incluir las relaciones de pareja entre gays y lesbianas, ya que sería "desnaturalizar el objetivo de la norma".

Criterio del fiscal

La sentencia ha aplicado directamente la calificación jurídica de los hechos que planteó la Fiscalía. En los antecedentes del dictamen, el juzgado reproduce en su integridad el escrito de cargos del Ministerio Fiscal, que encuadró los hechos en el artículo 153.1 del Código Penal.

Las dos mujeres estaban en trámites de separación después de 17 años de relación. El juez consideró "palmario" que la agresión constituyó un delito por violencia de género en la modalidad de maltrato físico. Lorente avanzó que "probablemente" la Fiscalía recurrirá el fallo, aunque ello supondría un cambio de criterio respecto a su propia postura en el juicio.

La sentencia ha dividido al colectivo feminista. Por un lado, la Confederación Española Colegas de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales la apoya porque creen que sienta un precedente que mejorará la protección de los homosexuales.

Mientras, la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, señaló que es de "una ignorancia supina" aplicar esta norma a las parejas de gays y lesbianas. Lo mismo opina Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, quien afirma que la interpretación del juez "no se corresponde" con el espíritu de la ley integral.

www.publico.es

El PP pide que la Ley de Violencia de Género reconozca los malos tratos en las parejas homosexuales

El PP-A pedirá en el Parlamento andaluz instar al Gobierno central a reconocer en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género la realidad de los malos tratos en las parejas homosexuales, ampliando así su objeto de regulación con el fin de que las víctimas puedan acceder en condiciones de igualdad y sin discriminación a todos los derechos y coberturas que la ley prevé.

En una proposición no de ley, el PP-A también reclama al Ejecutivo andaluz que se amplíe el objeto de la Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, aprobada en el Parlamento de Andalucía, para que en caso de malos tratos y violencia entre parejas homosexuales las víctimas puedan acceder en condiciones de igualdad y sin discriminación a los derechos y coberturas de esta ley, independientemente de que víctima y agresor sean del mismo sexo.

En la exposición de motivos de la iniciativa, el PP-A recuerda que la Constitución española establece, en su artículo 14, que «todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». En este sentido, el PP-A destaca que esta Ley «contraviene los preceptos anteriormente mencionados, excluyendo de su amparo a toda víctima que no sea mujer y su agresor no sea hombre».

Tres mil consultas

Por otro lado, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) dio a conocer ayer que atendió un total de 2.938 consultas en la Comunidad relacionadas con asuntos de violencia de género durante el primer trimestre del año. Además, mediante su mecanismo de ayuda, el teléfono 900 200 999, dio cobertura a otras 2.716 consultas por violencia machista. A nivel general, el IAM ha atendido más de 21.000 consultas de mujeres, 7.400 a través del teléfono de ayuda y 13.700 mediante su servicio de información.

Por provincias, Sevilla, con 799 consultas, fue donde más mujeres acudieron por asuntos relacionados con malos tratos, le siguen Jaén y Málaga, cada una 387 consultas, todas ellas en el servicio de información.

En el teléfono 900 de ayuda hubo 774 consultas por violencia machista en Sevilla, 607 en Málaga, 306 en Granada, 280 en Cádiz, 200 en Jaén, 195 en Almería, 179 en Córdoba y 175 en Huelva.

Diariosur

"La Ley está perjudicando a las verdaderas víctimas de género"

La fiscal delegada de Violencia de la Audiencia arremete contra una norma que trata como casos graves meras desavenencias al nivel "de la Guerra de los Rose"

Se puede decir más alto, no más claro. La fiscal delegada de Violencia de Género de la Audiencia Provincial de Cádiz, Lorena Montero, atisba demasiadas carencias en la Ley Integral de Violencia de Género. Una norma que, a su juicio, mete en el mismo saco "casos leves y casos graves". Una Ley que califica como violencia de género "típicas desavenencias que acaban en separaciones o divorcios".

Situaciones que muy gráficamente la fiscal define "al nivel de la Guerra de los Rose" ( la famosa película en la que un matrimonio se acaba matando) "que están llegando como violencia de género cuando son luchas por las propiedades".

Ella fue una de las ponentes más aclamadas en la jornada sobre Violencia de Género que organizó ayer en el Palacio de Congresos de Cádiz el Colegio Provincial de Abogados. Lorena Montero se explayó. Se quejó de que entre "la cortina de humo creada por su constitucionalidad, ninguno ha tenido la sutileza para empezar a separar los casos de violencia de los que no lo son por razón de materia".

"El problema es que el legislador ha metido en el mismo saco los casos leves y graves", coincidiría con ella el magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia, Manuel Grosso, también invitado a las jornadas. "Yo creo que nadie va a ser capaz de poner pie en pared", vaticinaría a renglón seguido la fiscal. Porque, alzó la voz, "Quién le dice ahora a esos sectores más duros, a las feministas, que esa Ley tiene fallos, que es demasiado amplia". "La Ley está perjudicando a las verdaderas víctimas de género" , sentenció.

Antes, defendió la necesidad de "ser más exquisitos" para determinar la prueba de pareja, si se trata de una relación estable para decidir si se merece la protección penal que establece la Ley Integral "o sólo la ordinaria". Y fue meridiana al desvelar su oposición frontal a la sustitución de penas por trabajos en beneficio de la comunidad. Habló de situaciones rocambolescas, de agresores que han dado palizas de muerte haciendo trabajos de jardinería. "Da sensación de impunidad".

www.diariodecadiz.es

El CGPJ sanciona con 3.000 euros por falta grave a la jueza que se burló de la Ley Integral y de las víctimas

Mª Jesús García Pérez

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sancionado con una multa de 3.000 euros a la ex titular del Juzgado de Violencia de Género número 1 de Santander, María Jesús García Pérez, por unas declaraciones por unas declaraciones realizadas en junio de 2008 en las que cuestionó la Ley Integral contra la Violencia de Género con expresiones de desprecio hacia las víctimas y burla del problema.

Las declaraciones por las que se le abrió expediente fueron realizadas en una entrevista publicada por el diario El Mundo, Hoy en Cantabria el 29 de junio de 2008.

En ella, la jueza García Pérez afirmaba “que optó voluntariamente” a ocupar la plaza del único juzgado exclusivo de Cantabria de Violencia sobre la Mujer, pese a no creer en la necesidad de estos juzgados especializados. “Yo lo cogí para tener experiencia y verlo por dentro”, además por estar estos Juzgados “tan de moda”, afirmó.

Fue la entonces presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Montserrat Comas, la que envió la copia de la entrevista al Servicio de Inspección por lo que consideró “una absoluta falta de sensibilidad” en esta materia.

“Tonterías” y “ridiculeces”

Según el escrito que presentó Comas, la juez de Santander se refería en la entrevista a “tanta denuncia falsa y tanta tontería“; señalaba que “el verdadero maltrato es algo raro” o, frente a denuncias por amenazas, hablaba de “ridiculeces” y de “mensajito en el móvil”, para lo que manifiesta sus preferencias por recomendar el cambio de aparato frente a la respuesta legal.

Montserrat Comas recogía también manifestaciones xenófobas en relación a los ciudadanos rumanos sobre los que decía que “si no pegan a la mujer, parece que les falta algo”, o cuando se refería a las mujeres lationoamericanas como colectivo “que toma el pelo a todo el mundo”.

La presidenta del Observatorio también acusaba a María Jesús García Pérez de minimizar la cifra de mujeres asesinadas en su comparación con el total de la población. Así, citaba estas declaraciones: “Si nos fijamos: 68, 69, 70 muertas en un año. Pero, ¿cuántos habitantes hay? Afortunadamente, la gente no se va matando por la calle”.

En la entrevista, la jueza explicaba así los orígenes de la violencia machista: “El maltrato no tiene un origen educacional ni cultural. Es psicológico, muchas mujeres se meten en el rol de maltratadas”.

Multa máxima

Estas declaraciones suponen, para la comisión disciplinaria del CGPJ, una falta grave del artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por desconsideración a los ciudadanos, las instituciones, los abogados e incluso a la doctrina del Tribunal Constitucional.

Aunque inicialmente la sanción propuesta por el instructor del expediente era de 300 euros y el fiscal consideró que sólo era una falta leve sancionable con una amonestación, la comisión entiende que en las declaraciones de la jueza hay suficientes razones como para imponer la multa máxima, de 3.000 euros.

www.violenciadegenero.info

140.705 sentencias por violencia machista desde que la aplicación de la nueva Ley

Desde la aplicación de la nueva ley, se han multiplicado las sentencias como las denuncias contra la violencia de género en España. Las mayores denuncias son de mujeres extranjeras.

Según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, en los últimos tres años y medio la Justicia española ha dictado 140.705 sentencias como consecuencia de la violencia machista.

Desde la aplicación de la Ley contra la Violencia de Género, un total de 95.284 de hombres han sido condenados por malos tratos y vejaciones hacia sus parejas.

El informe, que abarca desde julio de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2008, pone de manifiesto que los jueces españoles han dictado 140.705 sentencias, de las el 68% fueron condenatorias (95.284) y el 32% absolutorias (45.421).

El creciente flagelo de la violencia machista en el país se manifiesta en el dato de que sólo en los Juzgados específicos de violencia sobre la mujer, se iniciaron 600.141 procedimientos en los últimos años.

Con respecto a la protección que el sistema debe brindar una vez hecha la denuncia, los Tribunales españoles han aceptado un total de 99.350 órdenes de protección a la vez que denegaron 31.477, lo que supone que se conceden tres de cada cuatro órdenes que se solicitan. Estas medidas son demandadas cada vez más por mujeres extranjeras.

A excepción del último trimestre de 2008, donde se registra un descenso de unas 3.400 denuncias en comparación con el trimestre anterior que había sido de 37.239, el número de denuncias creció, lo que en algún punto muestra la efectividad del programa de género respecto a la importancia de realizar la denuncia ante malos tratos por parte de los hombres.

Luciana Binaghi

www.eldiarioexterior.com

Juez Serrano pide que la Ley de Violencia de Género incluya a parejas gais

El juez de Familia de Sevilla, Francisco Serrano, ha dicho que el asesinato de un homosexual en Almería por parte de su ex marido no podría juzgarse como violencia doméstica, por lo que la Ley de Violencia de Género debería reformarse para incluir a todas las parejas y todos los parentescos.

Serrano ha dicho a Efe que la Ley de Violencia de Género "protege solo a la mujer por el hecho de serlo en una relación de pareja", por lo que excluye de su protección a cualquier mujer que sea víctima de otra mujer en una relación entre lesbianas y a los hombres que formen una pareja gay.

Por ello, el juez entiende que el asesinato de un homosexual en Almería a manos de su ex marido, que luego se suicidó, pone en evidencia los defectos de una ley "que no se pensó bien" y que, a su juicio, es "injusta y supone una discriminación para una parte de las víctimas".

La Ley de Violencia de Género nació solo para "proteger a la mujer por el hecho de serlo", lo que supone "un mal reflejo de lo que es el maltrato", según Serrano.
Afirma el juez de Familia 7 de Sevilla que la ley se debería reformar "para incluir todas las relaciones domésticas", de forma que cubra a los hijos, padres y abuelos siempre que se trate de una relación de dominio de una parte sobre otra.

"La ley se debe corregir desde sus cimientos y debe empezar describiendo lo que es el maltrato", porque "la mujer será libre de verdad cuando deje de estar tutelada".

Ha añadido que "la verdadera mujer maltratada es la que disculpa al maltratador, esa es la que debemos proteger", por lo que el juez ha insistido en criticar que la ley, en su redacción actual, "fomenta las denuncias falsas y que se produzcan esas situaciones de abuso".
Por otra parte, el juez ha lamentado que desde 2005 el Instituto Nacional de Estadística (INE) haya dejado de desglosar el porcentaje de hombres y mujeres que se suicidan en España al verse inmersos en un proceso de separación matrimonial, cifra que hasta entonces multiplicaba por seis el suicidio masculino respecto al femenino.

www.elconfidencial.com

Xente Gai Astur (Xega) denuncia las lagunas de la ley de Violencia de Género

Si la agresión se hubiera producido entre lesbianas, sí tendría cabida en el texto legal

Xente Gai Astur (Xega), asociación asturiana de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, puso ayer en evidencia las lagunas de la ley de Violencia de Género, en la que un crimen como el ocurrido en Almería no tendría cabida, a pesar de producirse en el seno de un matrimonio. Esto no sucedería si el crimen se hubiera producido en una pareja de lesbianas, ya que la ley impone como requisito que la víctima sea una mujer, sin especificar nada sobre el sexo del agresor, según explica Tino Brugos, coordinador de Xega.


«Como colectivo -afirma Brugos- siempre hemos dicho que somos normales, no somos ni extraordinarios ni fuera de lo común, y tenemos un comportamiento igual que el resto de personas, para lo bueno y para lo malo, incluidos desgraciadamente los actos violentos. Esta laguna que reconocemos en la ley no significa que no veamos la importante problemática que aborda. Existe una lacra gravísima que hace que este país se desangre poco a poco y hay que estar más que nunca al lado de las víctimas, que son las mujeres. Pero una cosa no quita la otra, hay otras realidades sociales que hay que proteger. Me temo que esto que ha sucedido no es más que la punta del iceberg, que va a ir asomando cada vez más, precisamente porque somos personas normales, con lo malo también».


La Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales denunció igualmente que la actual ley de Violencia de Género «no protege a todos por igual. Es completamente falso que existan mecanismos similares a los de las parejas heterosexuales para combatir este tipo de violencia y obtener protección y ayuda para las víctimas», afirmó la vicepresidenta de la asociación, Rosa Ortega.

www.lne.es

Lesbianas y gays piden acogerse a la ley contra la violencia de género tras el crimen de Adra

El Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (Colega) de la provincia de Almería ha reclamado hoy que los homosexuales puedan acogerse a los beneficios de la Ley Integral contra la violencia de género cuando sufran una agresión por parte de sus parejas o ex parejas. La petición se produce tras el asesinato ayer de un hombre en Adra (Almería), por parte de su marido, que después se suicidó.

La Ley Integral no ampara las agresiones entre homosexuales porque considera requisito indispensable, entre otros, que el autor sea un hombre y la víctima una mujer.

“Hechos como éste son desgraciadamente cotidianos en muchas parejas de gays y lesbianas, donde la violencia doméstica continúa siendo una realidad invisible, que además de no denunciarse la actual ley no reconoce. Los gays y las lesbianas no podemos acogernos a la actual ley para obtener el alejamiento de nuestras parejas en caso violencia, y el acceso a centros de acogida“, ha dicho Emilia Becerra, presidenta de Colega-Almería, en declaraciones recogidas por el diario Ideal.

“Colega ha sido una organización coherente siempre en sus planteamientos y principios, y desde que se aprobó la actual Ley de Violencia de Género, ha denunciado una y otra vez que las parejas de gays y lesbianas deberían incluirse en la citada ley, por lo que exijimos un urgente cambio en la ley”, ha añadido Emilia Becerra.

“No están desprotegidas”

En respuesta a esta demanda, el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, ha asegurado que las personas que sufren agresiones en el ámbito familiar por parte de su pareja de igual sexo “no están desprotegidas”, aunque no se aplique en esos casos la Ley Integral.

En declaraciones a Efe, Miguel Lorente ha explicado que asesinatos como el de Adra son agresiones que se juzgan con el Código Penal y cuyas víctimas reciben las ayudas previstas en la Ley de Protección de Víctimas de delitos violentos.

“Las parejas del mismo sexo no están desprotegidas, es verdad que no tienen los mismos recursos porque estamos hablando de una violencia distinta“, ha añadido.

El delegado del Gobierno ha insistido en que el Código Penal protege ‘a todas las personas con independencia de los factores en que se produzca la violencia’ y ha recordado que la Ley Integral no agrava las penas en casos de homicidio, sino que incluye una serie de medidas para abordar el fenómeno de la violencia de género.

Luto oficial

El Ayuntamiento de Adra ha celebrado esta mañana una junta de gobierno extraordinaria, en la que ha decretado un día de luto, colocando las banderas a media asta en repulsa por el asesinato, cuya víctima era trabajador del Área de Servicios Sociales del Consistorio.

Al término de la misma se ha convocado una concentración silenciosa en la plaza Puerta del Mar, para condenar el crimen. Los asistentes, unos 150 vecinos, han pedido también que este asesinato sea considerado un caso de violencia de género.

www.violenciadegenero.info

Los juzgados reciben 65 denuncias diarias por malos tratos /Valencia

El número de asuntos relacionados con la violencia machista aumenta respecto a 2007

Los diferentes juzgados de la Comunitat reciben cada día 65 denuncias relacionadas con malos tratos, síntoma de que la lacra social de la violencia contra las mujeres sigue teniendo presencia en la sociedad actual, tres años después de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género.

Según los datos facilitados por la Conselleria de Justicia, durante el pasado año el número total de asuntos de malos tratos que ingresaron en los juzgados ascendió a 23.683. En la inmensa mayoría de los casos (70%) se trataba de delitos de lesiones, aunque otras tipologías con importancia fueron aquellos que atentaban contra la libertad (también la sexual) o contra la integridad moral de la mujer.

El dato no significa que 65 mujeres presenten una denuncia cada día, teniendo en cuenta que se dan casos de violencia machista que provocan más de una denuncia.

La estadística, comparada con el año anterior, también llama a la inquietud. A pesar de la mayor conciencia social que rodea a los delitos de maltrato, la Comunitat se mantiene en los mismos números que en 2007. Según las mismas fuentes, durante aquel ejercicio el número de denuncias ingresadas en los órganos de justicia fue de 23.416, lo que supone un aumento (aunque muy comedido) de los asuntos relacionados con violencia machista. Además, se mantiene el mismo número de juzgados.

El crecimiento se produce también pese al mayor abanico de prestaciones sociales y programas de los que disponen las mujeres maltratadas por sus parejas, desde órdenes de protección hasta ayudas económicas, pasando por servicios como la teleasistencia. Como informó LAS PROVINCIAS en su edición de ayer, una de las medidas más empleadas es el primer recurso citado, con 5.042 órdenes dictadas.

En otras palabras, queda trabajo por hacer, teniendo en cuenta que la Comunitat está entre las regiones españolas con más feminicidios, con nueve casos durante el año pasado. En los primeros meses de 2009, ya hay que lamentar las muertes de Beneixida y Castellón.

En la actualidad, en la Comunitat existen 34 juzgados con competencia no exclusiva en casos de violencia de género, por la vía civil o penal. En los primeros, el que más asuntos ingresó el año pasado fue el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Vinaròs, con 94. Por lo que respecta a los penales, el primer puesto lo ocupa el número 6 de Gandia. Además, hay que sumar los 12 juzgados que sólo asumen denuncias relacionadas con maltrato. El juzgado de violencia sobre la mujer número 3 de Valencia, con 2.313 denuncias presentadas, es el que mayor cantidad de asuntos sobre la materia asume en la Comunitat.

www.lasprovincias.es

La fiscalía pide nueve meses de cárcel para el juez decano de Barcelona

La fiscalía solicitó ayer nueve meses y un día de cárcel para el juez decano de Barcelona, J M R, por un supuesto delito de violencia de género a causa de una discusión mantenida horas antes con su esposa, M R. Ambos declararon ayer como denunciantes y denunciados en el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 3 de Barcelona. En esa comparecencia, la fiscal solicitó también siete meses y medio de cárcel para la esposa por un delito de violencia doméstica, así como una orden de alejamiento para ambos que la juez no concedió. Tampoco otorgó la orden de protección que reclamaron ambos.

R contrajo segundas nupcias con R hace unos meses, pero la juez explica en su auto que ambos estaban inmersos en un proceso de separación propuesto por él. La discusión se inició, prosigue la juez, porque la esposa descubrió que R le era infiel. Ella le siguió hasta el dormitorio y se negó a zanjar la discusión, y fue entonces cuando se produjo la presunta agresión mutua.

El forense reconoció ayer a ambos y apreció lesiones similares, que tardarán siete días en curar. En el caso de Re, los supuestos arañazos en el pómulo eran ayer visibles."Esto es una mera discusión conyugal que nunca debió llegar a la Administración de justicia. Yo no he maltratado a nadie y la prueba es que la juez ha denegado la orden de protección y alejamiento", proclamó Re al salir del juzado, donde había entrado cinco horas antes. Su todavía esposa, que ejerce como notaria en El Prat de Llobregat, fue escoltada por los Mossos d'Esquadra y salió como entró para esquivar a las cámaras: por el garaje destinado al furgón policial en el que se traslada a los detenidos.

Ayer mismo, la juez señaló para ambos juicio rápido, que, pese a esta denominación, se celebrará a finales de septiembre en un juzgado de lo penal de Barcelona, dado el colapso que sufre la agenda de señalamientos.

La discusión entre la pareja se produjo en el domicilio conyugal poco antes de la una de la madrugada y concluyó con una llamada de la mujer a los Mossos d'Esquadra. La policía autonómica acudió al lugar, como sucede siempre en estos casos, pero no procedió a la detención de Re, que es lo más habitual cuando ha existido violencia física, por leve que sea.

El delito del que se acusa a Re, tipificado en el artículo 153 del Código Penal, castiga con penas de seis meses a un año de cárcel el "menoscabo psíquico" o las lesiones producidas a la esposa, ex esposa o persona que "haya estado ligada" al acusado "por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia". La mayoría de los casos similares a éste en los que hay agresión mutua leve acaban reducidos a una condena de falta. Ése es el criterio que ha establecido la Sección 20 de la Audiencia de Barcelona, donde es muy probable que sea recurrida la sentencia que dicte. Ese mismo delito se castiga con penas de tres meses a un año de cárcel si lo comete la mujer, tal como ha avalado recientemente el Tribunal Constitucional. La Ley de Violencia de Género que reformó el Código Penal en este y otros artículos fue la ley estrella del primer Gobierno de Zapatero y la votaron por unanimidad todos los partidos políticos.

Re, asociado a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, se negó ayer a responder si pensaba dimitir del cargo de decano, que ocupa desde hace poco más de un año, aunque diversas fuentes judiciales consideraron inevitable su renuncia.

La puntual discusión conyugal de Re, que puede afectar a su carrera profesional y que motivó la intervención de los Mossos d'Esquadra trascendió ayer con inusual rapidez y el origen de la filtración no cabe atribuirlo precisamente a fuentes judiciales. La policía autonómica lo negó, pero no es descartable que se trate de una reacción a la durísima carta que el decano remitió el pasado 27 de noviembre al hasta hace poco director general de la policía, Rafael Olmos. En ella se acusaba a los Mossos d'Esquadra de "sembrar la duda y el desprestigio personal" de los jueces por haber filtrado que una magistrada de instrucción de Barcelona fue sorprendida ebria y supuestamente amenazó a los agentes para intentar eludir un control de alcoholemia.

PERE RÍOS
www.elpais.com

El Inadi propone una ley sobre la violencia de género

La delegación local está trabajando en una propuesta que será presentada en la Legislatura provincial

En la Argentina se produjeron 110 casos de muerte en los primeros 10 meses del año pasado.

Las representantes del Inadi que trabajan en el proyecto de ley.

La delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, a cargo de la doctora Graciela Toscano, presentó un proyecto de ley sobre violencia de género, hecho que produjo en la Argentina 110 casos de muerte en los primeros 10 meses del año pasado. En el área de investigación sobre el tema se encuentra la doctora Marcela Beatriz Paz, y como asesor legal el doctor Astolfo Montenegro.

La doctora Toscano informó que la iniciativa surge a partir de que se encontraban con una laguna legal respecto de los casos de violencia contra las mujeres. En este sentido la doctora Paz indicó que el antecendente más remoto en materia legislativa, respecto de la violencia de género, es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en 1994. Mientras que en el país, en noviembre de 2008, el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo en Rosario, elaboró y presentó un proyecto de ley.

Fundamentos

Según comentó la doctora Paz respecto de la propuesta, se enfoca de un modo integral y multidisciplinario, empezando por el proceso de socialización y educación, la conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana, y la libertad de las personas.

Se establecen medidas de sensibilización e intervención en el ámbito educativo, y se refuerza con referencia concreta al ámbito de la publicidad. Además, el proyecto apoya a las víctimas con asistencia gratuita y medidas de protección económica y social (planes, acceso a viviendas), como también en el ámbito sanitario, para optimizar la detección precoz y la atención física y psicológica de las víctimas, en coordinación con otras medidas de apoyo.

Las situaciones de violencia sobre la mujer también afectan a los menores que se encuentran dentro de su entorno familiar, por ello la ley contempla su protección no sólo para la tutela de los derechos de los menores, sino para garantizar de forma efectiva las medidas adoptadas respecto de la mujer.

www.nuevodiarioweb.com.ar

Guatemala reconoce deficiencias en la resolución de casos de violencia género

Representantes del Gobierno de Guatemala reconocieron hoy en Washington que existen "problemas estructurales" en el Estado que impiden que las investigaciones de la mayoría de casos de violencia contra las mujeres obtengan resultados satisfactorios.
La debilidad de los sistemas de evaluación de pruebas y de protección de testigos son las causas principales de estas deficiencias, indicó Ruth del Valle, presidenta de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos de Guatemala, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En una de las audiencias de su 134 periodo de sesiones, que se celebra en Washington del 16 al 27 de marzo, la CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), analizó el caso concreto de María Isabel Véliz Franco, hallada muerta el 18 de diciembre de 2001 en la capital del país.
El caso, llevado a audiencia por la propia madre de la víctima, R.E.F.S, y que aún permanece abierto, fue revisado por la perita Claudia Paz, quien enumeró ante la CIDH las deficiencias que había encontrado en la investigación.
"Las actas oficiales omitieron circunstancias fundamentales sobre el cadáver y la escena del crimen, el registro del examen médico forense quedó incompleto, y los retrasos en las diligencias fueron injustificados", dijo Paz.

Entre esos retrasos, señaló, destacan los más de dos años y medio que transcurrieron hasta que la madre de la víctima obtuvo protección policial, o los tres años que pasaron desde la declaración ante la fiscalía de uno de los sospechosos, Gustavo Bolaños, hasta que se inició el proceso de verificación de las declaraciones.
"Los feminicidios son delitos públicos y corresponde al Estado solucionarlos, pero muchas veces el Estado tiende a pensar que es responsabilidad de los familiares de la víctima aclarar lo que ha pasado con el caso", sentenció Paz.
Según la perita, en muchos casos "no se cree en el relato de la víctima, se cree que miente o que tiene interés en manipular lo que ocurrió".

En el caso de María Isabel Véliz, agregó, los informes policiales "estigmatizaron a la víctima y a su familia, destacando características negativas que no aportaban nada a la investigación y que infundían la impresión de que obtuvo su merecido".
Según Del Valle, las irregularidades en el caso se deben a que, en el momento de ocurrir los hechos, en 2001, no había un sistema de evaluación de pruebas de acuerdo a los estándares internacionales.
"Ese sistema se ha establecido a partir de 2006, y está refrendado en el Ministerio Público. Los casos que la fiscalía investiga desde entonces sí responden a los estándares de derechos humanos", aseguró Del Valle.

La fiscal del Ministerio Público, Beatriz Torres, anunció su voluntad de desarrollar un programa de fortalecimiento de la protección de testigos, y lamentó la situación de impunidad en la que concluyen muchos de los casos.

http://www.adn.es/sociedad/20090321/NWS-0046-Guatemala-deficiencias-resolucion-violencia-reconoce.html

La mayor protección legal multiplica por 4 las denuncias de violencia doméstica

El incremento progresivo de las causas ha sido paralelo al endurecimiento de las penas con reformas del Código Penal. Los expertos valoran positiva las reformas legales y prevén una próxima mejora de la situación con nuevas medidas

La mayor protección legal con que cuentan las víctimas de violencia de género --contra la mujer-- y doméstica ha hecho que en Extremadura se multipliquen por cuatro las denuncias por este tipo de maltrato.
Y aún más, mientras que entre el año 1990 --tras la reforma del Código Penal de 1989 con la que comenzaron a considerarse delito las infracciones de malos tratos en el ámbito familiar-- y el 2002, es decir, en poco más de una década, la cifra de denuncias por estos hechos se duplicó en la comunidad; en los seis años comprendidos entre el 2003 --año en que una nueva reforma endureció aún más el castigo para los maltratadores-- y la actualidad, las denuncias volvieron a duplicarse.
Son datos que, según los expertos, vienen a demostrar que a medida que aumenta la protección legal y los recursos y servicios contra la violencia de género y doméstica, las denuncias y las causas en los tribunales también aumentan. Lo reconocen así los expertos y lo avalan los resultados del estudio La violencia de género y doméstica en Extremadura 1990-2002. Análisis del fenómeno delictivo de las sentencias penales que ha elaborado un equipo de la Universidad de Extremadura dirigido por Joaquín Cuello, catedrático de Derecho Penal, y que ayer presentó en la Casa de la Mujer de Cáceres la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEx), María Jesús Pulido.

El estudio "evidencia que las denuncias por malos tratos en la región han ido creciendo en la medida en que se han ido aumentando los recursos y los servicios contra la violencia de género y contra la violencia doméstica, tanto de prevención, como de sensibilización y de atención a las mujeres maltratadas, aunque eso no quiere decir que hayan aumentado los casos de violencia doméstica", señaló Pulido como una de las principales conclusiones de este trabajo.
Otra de las conclusiones del estudio, según Joaquín Cuello, autor de la obra, es que el incremento progresivo de supuestos de violencia de género se ha producido paralelo al endurecimiento de las penas mediante las sucesivas reformas del Código Penal; así como también, añadió Cuello, que "seguramente como consecuencia de una mayor sensibilización ante este fenómeno de la sociedad en general y de la judicatura en particular, se aprecia año a año un incremento en el porcentaje de condenas sobre el total de las causas incoadas".

ASPECTOS FUTUROS
Teniendo en cuenta el incremento progresivo que ha habido de las denuncias por violencia de género y violencia doméstica, y posteriormente el número de condenas y de ejecución de penas privativas de libertad para los autores de las mismas, para el autor del informe presentado ayer "se puede afirmar que la política en este frente punitivo está siendo todo un éxito".
Joaquín Cuello va aún más allá al señalar que una vez alcanzado este punto en cuanto a la concienciación de la sociedad, sensibilización de las víctimas y acción de la justicia "hemos de darnos cuenta de que el paso siguiente habrá de ser qué hacer con los maltratadores, como complemento de las medidas puramente punitivas".
En su opinión, "es el momento en que ya tenemos que empezar a pensar en simultanear la medidas represivas con medidas preventivas, que eviten la caída y la recaída que tan frecuente es en estos ámbitos".

Se trata en definitiva, concluyó Cuello, de que una vez que se ha dado el primer paso, el de "doblegar la voluntad del maltratador, pues este ya sabe que se va a encontrar con la justicia", hay que dar el paso siguiente, que es el de "doblegar la propia mentalidad del maltratador", momento a partir del cual se reducirán considerablemente o se evitará que se produzcan nuevos maltratos. "El primer golpe, de reacción enérgica punitiva contra este tipo maltrato, ya se ha producido y en mi opinión ha sido todo un éxito, y ahora habremos de pensar en simultanear estas medidas con otro tipo de medidas preventivas".

Por su parte, la alabanza que se hace de la ley integral contra la violencia de género es, en opinión del fiscal superior de Extremadura, Aurelio Blanco, la principal conclusión que se puede extraer del estudio, que en su opinión es, globalmente, "muy positivo", fundamentalmente porque da una perspectiva global de la violencia de género en la comunidad. "A pesar de que actualmente sigue habiendo un rosario de víctimas de violencia contra la mujer, no cabe duda que la ley ha sido muy importante en la lucha contra esta realidad".

Y supone también el estudio, añadió Blanco, una aportación fundamental desde el punto de vista técnico y científico, "un análisis, reflexión y examen de lo ya hecho para a partir de ello establecer unas nuevas rutas a seguir en el futuro". Una apreciación con la que coincidió plenamente la directora del IMEx, que matizó que a lo que aporta este primer estudio se sumarán aquellas que aporten el segundo volumen que ya se está preparando, "pues con ellos vamos a tener muchos elementos comparativos y datos que nos serán muy beneficiosos para implementar medidas intentando que sean cada vez más eficaces".

Bravo
http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/noticia.asp?pkid=41201