27 de diciembre de 2008

Continúa el acoso sexual contra mujeres en oficinas de gobierno/México

La directora del Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM) Martha Mendoza Parissi reconoció que a pesar del trabajo realizado por ese instituto, la violencia contra las mujeres continúa, así también la variante de acoso sexual en oficinas públicas de los tres niveles de gobierno.

Destacó que una de las formas de violencia hacia las mujeres es el acoso sexual, hostigamiento o abuso de autoridad, delito que pocas mujeres denuncian porque al hacerlo, son doblemente señaladas.
Precisó que este tipo de violencia contra las mujeres se da en diversos niveles de autoridad y va desde ayuntamientos hasta los niveles de gobierno estatal y federal.

Sostuvo que no puede decir cuántos casos de éstos se registran en la Entidad, pero sí, refirió, puede hablar de que al menos el IVM tiene alrededor de 15 casos, a los cuales les está dando seguimiento.
Los casos de acoso sexual, hostigamiento o abuso de autoridad en contra de mujeres, dijo, aparecen o tienen mayor auge en sectores como el de la educación, y lo padecen maestras y alumnas.

Aunado a este sector, refirió, hay sectores municipales en los que este tipo de violencia contra las mujeres también va creciendo, el caso más reciente, dijo, es el de Emiliano Zapata, al cual se suman cuatro municipios más en los que se han registrado hechos parecidos.

En el caso del Gobierno del Estado, reconoció que también se dan este tipo de situaciones, y aunque negó dar nombres de las dependencias, aseguró que está el sector educativo, aunado a otras "secretarías".
También, señaló que tienen reportes de algunas dependencias federales en las cuales se ha dado ese delito, por lo que expresó que la violencia en sus diferentes manifestaciones es un reflejo de las relaciones que existen entre hombres y mujeres.

Mendoza Parissi aseguró que todas estas situaciones de violencia contra la mujeres suceden por la forma en que hombres y mujeres han recibido su educación.
Reconoció que pesar de todos los esfuerzos de ese instituto, las mujeres continúan con un temor a denunciar, el cual es un temor fundado, pues recordó -sin dar nombres- el caso de una joven del Congreso del Estado, que denunció un acoso, pero probarlo, reiteró, no es nada fácil.

Destacó que la ley muchas veces resuelve la situación separando a las mujeres del lugar donde se encuentran laborando, pero la solución, dijo, es que se tipifique en la Ley de Servidores Públicos el delito de violencia institucional y hostigamiento laboral, para que realmente haya una sanción contra el acosador, de lo contrario, afirmó que no habrá un castigo real.

Por último, aseguró que si una mujer se atreve a denunciar, es porque ya ha llegado a su límite, pero al denunciar un caso de abuso, aseguró que es doblemente violentada, porque simplemente no se le cree y se le señala.

José Morales/Diario de Xalapa
www.oem.com.mx

Violencia sexual contra las mujeres, arma de guerra en Colombia, dice ONG

Hay un claro subregistro de este delito debido al temor y a la falta de idoneidad de los funcionarios encargados de tramitar las denuncias.

El VIII informe sobre violencia sexual contra las mujeres, elaborado por la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, afirma que la mayoría de los casos quedan en la impunidad.
"En el conflicto armado colombiano las mujeres son víctimas de prostitución forzada, esclavitud sexual, violación, trata de personas y hostigamiento (...)
Sus cuerpos son usados como armas de guerra por grupos armados que tratan de amedrentar al otro y que arrojan como únicas perdedoras a las mujeres", dice el informe.
Según el equipo, compuesto por 23 ONG, existe una profunda desconfianza de las víctimas frente a los organismos encargados de registrar estos hechos.
Y va más allá al asegurar que los funcionarios encargados de recibir las denuncias no están preparados para hacerlo.
"Exigen a las víctimas pruebas que no son necesarias para demostrar la violencia sexual, como entrar en detalles del hecho o mostrar rastros físicos de lesión, esto provoca una situación incomoda".


'Paras', guerrilla y FF.MM
Por esta misma razón, la cifras sobre violencia contra las mujeres en el marco del conflicto son muy pocas.
La unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ha recibido, desde el 2006, solo 133 denuncias atribuibles a delitos sexuales de 'paras', pero tanto el sector oficial como las ONG reconocen que son muchísimos más.
Al respecto, el estudio señala que en Putumayo, Antioquia, Cauca y Arauca, grupos 'paras' y guerrilleros han cometido actos de violencia sexual para generar terror como estrategia de guerra.
Además señala que en Santander, las Auc han usado la violencia sexual contra mujeres líderes pertenecientes a organizaciones campesinas y desplazadas.

Paralelo a esto también da cuenta que en Antioquia y Cauca, miembros de la Fuerza Pública cometieron actos de violencia sexual como forma de abuso de poder y en el Valle lo hicieron acusando a las víctimas de tener relaciones con guerrilleros y como medio para obtener información.
Para las ONG que hicieron el estudio, a todo el problema se suma otro agravante, y es que el escenario de desmovilización reduce la posibilidad de que ellas denuncien por el miedo a represalias y a las amenazas de los paramilitares en las zonas de influencia.
"En la aplicación de la Ley de Justicia y Paz no se han ofrecido garantías a las denunciantes, ni siquiera se reconoce como un delito de lesa humanidad", explican.


Miedo a denunciar
"Las mujeres pierden con cara y con sello", asegura Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación (CNRR). De acuerdo con él, no se denuncia porque "desafortunadamente vivimos en una comunidad machista y las mujeres violadas son objetos de burla, su familia también, y la mayoría de las veces terminan siendo abandonadas por su pareja".

Olga Amparo Sánchez, de la ONG Casa de la mujer, reconoce que "a pesar de los evidentes problemas de subregistro este delito sigue siendo masivo y sistemático". Y lo más grave, agrega, es que sigue siendo un acto que cometen todos los grupos, tanto paramilitares, guerrilleros, como la misma Fuerza Pública.
Según la Corporación Sisma Mujer, las autoridades creen que la agresión sexual es un hecho privado o un delito de menor jerarquía en comparación con otros como el homicidio, el secuestro, la desaparición o la tortura.

Cifras de Fiscalía, Corte Constitucional y Medicina Legal son alarmantes
Entre 2006 y 2007, Medicina Legal reportó 115 hechos de violencia sexual contra las mujeres, cuyos presuntos responsables son los actores armados. "A la Fuerza Pública se le atribuye el 81,73 porciento (94 víctimas)", dice el estudio.

Hasta el pasado 30 de septiembre, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía había recibido 150.951 formatos de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley. en 25.324 de ellos, las víctimas son mujeres.

La Corte Constitucional ha remitido a la Fiscalía 183 hechos de violencia sexual. Los delitos tipificados por la Corte se distribuyen en 107 casos de violación, 36 de tortura, 35 de secuestro, 35 de homicidio, 21 de abuso sexual, 21 de retención ilegal, 12 de esclavización, 11 de desplazamiento, 9 de mutilación, 7 de violencia sexual, 7 de acceso carnal violento y 7 de amenaza.

En el municipio de Puerto Asís, Putumayo, prostitutas son reclutadas por paramilitares y sometidas a maltratos.

La Fiscalía tiene 127 investigaciones por delitos de violencia sexual, cometidos entre los años 2001 y 2006, por miembros de grupos armados que participan en las hostilidades.

Entre julio de 2002 y diciembre de 2007, por lo menos 13.634 personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica. De ellas, 1.314 eran mujeres.

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El servicio a niños de madres víctimas de violencia machista duplica las plazas

El trabajo psicoeducativo se realiza en esta aula y mediante juegos, porque son niños. Foto: Anna Sastre

El éxito del programa municipal pionero en Balears permitirá abrir el próximo año sesiones específicas para adolescentes

El programa municipal Mentories, iniciado el pasado junio, ha tenido que duplicar el número de plazas ofrecidas debido a la cantidad de casos derivados por los Servicios Sociales.

La atención que ofrecen se dirige a niños que han sufrido violencia de género en el ámbito familiar, debido a que sus madres han sido maltratadas.

Esta experiencia pionera en Balears iba dirigida en principio a una decena de niños de entre cinco y diez años, pero se ha ampliado tras el éxito de la primera etapa. Actualmente hay una veintena en dos grupos: uno de niños de cinco a nueve años y otro de chavales de diez a catorce años.

El programa impulsado por la concejalía de Igualdad y Derechos Cívicos está siendo desarrollado por la Fundación Ires, que espera ofrecer un nuevo servicio a partir de febrero a adolescentes de entre 15 y 18 años con problemas de violencia machista en sus hogares, según explicó la educadora social Elena Garau.

Tanto ella como la psicóloga Teresa Rosselló trabajan durante unas dos horas a la semana con los niños y sus madres. Desarrollan una veintena de sesiones grupales, aunque las progenitoras y sus hijos están separados. Con los menores, el trabajo psicoeducativo "se lleva a cabo a través de juegos, ya que son niños, pero las intervenciones son diferentes según los grupos de edad", explican.

"Lo más importante -destaca Garau- es crear un ambiente de confianza para que no les sea tan difícil expresarse". Por eso durante las primeras sesiones los temas son menos directos, como los roles de género, la autoestima, etc. "Poco a poco se va profundizando" en el trauma de la violencia.

El objetivo de este servicio es "disminuir los efectos negativos sobre el menor". La intervención tiene dos ejes: la prevención para evitar que los niños interioricen las formas de relación asociadas a la violencia y el apoyo para fortalecer sus habilidades para afrontar el trauma vivido.

Principal preocupación

La principal preocupación de las madres es el bienestar de sus hijos y que sean capaces de expresar sus sentimientos. También les angustia que repitan el patrón de conducta violenta aprendido en el hogar, tal como explicaron las profesionales de la Fundación Ires.

La mayoría de las progenitoras ha rehecho su vida, aunque haber dejado a la pareja maltratadora no es un requisito para que los hijos puedan asistir a las sesiones.

Desde que comenzó Mentories hace medio año, han atendido a 42 mamás y 63 niños de entre cuatro y 18 años, aunque por el momento una treintena ha recibido la ayuda psicosocial.

Otro dato aportado por Ires es que la mayor demanda del servicio es para niños pequeños, tal como destacó Garau, quien valora que las madres pidan que continúe, ya que han quedado muy satisfechas.

RAQUEL GALÁN

www.diariodemallorca.es

El Instituto Canario de la Mujer pide que se "arrincone" a los maltratadores

La directora del Instituto Canario de la Mujer, Isabel de Luis, pidió hoy a las víctimas de la violencia machista que tengan "fe y esperanza" en que es posible salir del maltrato, y confió en que en 2009 toda la sociedad ayude "a arrinconar a los violentos y a los maltratadores".

Así lo manifestó la directora del Instituto Canario de la Mujer en declaraciones a los periodistas al término del minuto de silencio convocado hoy por este organismo público en repulsa ante el asesinato, el 24 de diciembre, de una joven británica de 28 años presuntamente a manos de su compañero en el sur de Tenerife.

Isabel de Luis transmitió a las víctimas de la violencia machista su "aliento" para que tengan la esperanza de que es posible salir de este tipo de malos tratos aunque sea "complicado".

Subrayó que con ayuda de todos los recursos públicos las víctimas "van a ser capaces de iniciar una nueva vida lejos del ambiente de opresión y maltrato".

Lamentó Isabel de Luis el hecho de que en apenas un mes, precisamente desde el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, se ha "disparado" en Canarias la cifra de víctimas, que hasta entonces era de tres y con la joven fallecida en Adeje (Tenerife) se sitúa en ocho.

Por ello insistió en la necesidad de "arrinconar a los violentos y a los maltratadores donde tienen que estar, en las prisiones cumpliendo las condenas en su totalidad, sin disfrutar de beneficios penitenciarios de ninguna naturaleza y alejados de sus víctimas".
www.eldia.es