2 de febrero de 2009

Alejo recuerda a la Guardia Civil que no cabe la doble moral en la lucha contra el maltrato

En la lucha contra la violencia machista "no cabe" una postura oficial y otra personal que "en algunas ocasiones lamentables" se aplica para "justificar algunas actitudes" ha recordado hoy el Delegado el Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, a los mandos rurales de la Guardia Civil.

Alejo ha dirigido hoy en Valladolid un encuentro con los mandos de las 31 compañías del Instituto Armado que trabajan en los 254 cuarteles de Castilla y León, con responsables de las unidades Mujer-Menor de la Benemérita, de centros de acción social y de salud para analizar el despliegue del Plan Regional contra la Violencia de Género en el Medio Rural, pionero en España.

"No hay más que convicciones éticas y la violencia de género no está nunca justificada ni en el ámbito de lo personal ni el de lo profesional", ha advertido Alejo, quien ha reclamado a los mandos de la Guardia Civil un "compromiso personal" que trascienda al del mero funcionario o miembro de la Guardia Civil, en una tarea en el que "no cabe una postura oficial y otra personal".

En la jornada de trabajo, que en su arranque ha estado abierta a los medios de comunicación, el nuevo jefe de la 12 Zona de la Guardia Civil, la correspondiente a Castilla y León, el general Alfonso Santos Ferreiro, ha apostado por una especial "sensibilización" ante un problema que es de toda la sociedad, que no se puede circunscribir a la esfera de lo privado, y que a su juicio "llegará a un punto álgido a partir del cual comenzará a descender".

El jefe de la Guardia Civil en la Comunidad ha recordado a los mandos rurales que este tipo de delito "requiere de una especial cercanía con la víctima", que se encuentra "totalmente desamparada" no sólo por lo que ha sufrido sino "porque la sociedad todavía es muy proclive a no ver una salida al problema".

En este sentido, ha reclamado una especial sensibilización para "mentalizarse" de que hay que hacer una labor positiva, en la que hay que dar "un paso al frente" y "no esperar a que la víctima" de maltrato acuda a la Guardia Civil sino prestar especial atención para detectar posibles situaciones de violencia machista.

Tanto Alejo como Santos Ferreiro han compartido la necesidad de actuar ante este tipo de delitos, que no son nuevos y entran dentro del ideario del Instituto Armado, de manera coordinada con el resto de administraciones y sectores que trabajan con las víctimas y han incidido en la importancia de la prevención y la información "a pie de obra", en palabras del primero, "para saber lo que puede estar ocurriendo y no es denunciado".

El Plan Regional contra la Violencia de Género en el Medio Rural se puso en marcha en julio pasado y en este momento ya está implantado en toda la Comunidad con el objetivo de coordinar actuaciones y de que no haya ni una sola muerte por violencia machista -en 2008 hubo seis en Castilla y León con 1.027 denuncias en el medio rural (935 en 2007) y 1.800 en el urbano (1.482)-.

Alejo ha argüido que la especificidad de Castilla y León, con 2.248 municipios, de ellos 1.076 con menos de doscientos habitantes, y un setenta por ciento de la población viviendo en el trece por ciento del territorio, hacía necesario un plan propio y ha recordado a sus "queridos guardias civiles" que las medidas no pueden ser las mismas que las que requieren Alicante, Bilbao, Ceuta o Barcelona.

"No me importa que suban las denuncias por violencia de género si es reflejo de que cada vez se denuncia más, de que eso que estaba oscuro y no salía a la luz está saliendo", ha confesado el delegado del Gobierno, quien ha expresado su convicción de que cada vez se actúa mejor contra este tipo de delitos y con más eficacia.

El encuentro ha estado abierto en su primera parte a los medios dada la importancia, según Alejo, que los mismos tienen, ya que informan del 95 por ciento de los casos de violencia machista que se producen, por lo que los datos que se les faciliten deben regirse por "la claridad y la transparencia", con informaciones "muy ponderadas, pensadas y medidas".

Ha recordado que estudios realizados reflejan que cada vez que se da una noticia sobre violencia contra una mujer, "entre veinte y treinta hombres están pensando hacer lo mismo".

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Canarias dispondrá de 2.000 pulseras para maltratadores

El Gobierno invertirá 5 millones para estos dispositivos de GPS, que funcionarán a partir de abril

Canarias dispondrá a partir de abril con algo más de 2.000 dispositivos de pulsera con localizador GPS para los maltratadores y la intención de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género es que "estos sistemas se utilicen con aquellos agresores que aún no hayan sido condenados a prisión, es decir, cuando los denunciados aún mantengan su derecho a la presunción de inocencia". Este dispositivo pretende ser una medida de seguridad activa cautelar que se utilizará en aquellos casos en los que tras la valoración de los especialistas se considere que existe un riesgo objetivo elevado para la víctima.

Según explicó la directora del Instituto Canario de la Mujer (ICM), Isabel de Luis, a La Opinión de Tenerife, tras la reciente reunión sectorial mantenida en el Ministerio de Igualdad con todas las comunidades autónomas, "se presentaron varias propuestas por parte de las regiones y las partidas presupuestarias que habrá para la implantación de estos dispositivos. Una de ellas es de cinco millones de euros que se destinarán a mejorar los sistemas de vigilancia de los agresores por unos dispositivos más eficaces que los que hasta ahora están en vigencia". En este sentido, añadió que "se nos informó que el Ministerio ya ha elaborado el pliego de condiciones para la contratación de un número, todavía no determinado, de dispositivos mejores a los que se han venido utilizando porque la experiencia nos ha enseñado que no son lo suficientemente eficaces tal y como la realidad, desgraciadamente, nos ha demostrado".

De Luis avanzó que a la par "se está explorando el mercado para encontrar el dispositivo más eficaz posible y se está barajando con aquellas comunidades autónomas que llevan a cabo procedimientos eficaces en la lucha contra la violencia, como es el caso de Madrid y Baleares. Todo ello se analizará para desarrollar un sistema en todo el territorio nacional que sea efectivo y dé garantías de seguridad a las mujeres víctimas de la violencia", indicó.

Ejercicio de corresponsabilidad. Isabel de Luis añadió que "a pesar de que desde el Gobierno de España no nos han precisado cuántos dispositivos podrían adquirirse, sí que se les pidió a las comunidades autónomas un ejercicio de corresponsabilidad para que el supuesto de que con estos cinco millones de euros de los que se dispone no puedan atender a todas las demandas de las administraciones regionales sean éstas las que aporten también partidas para cubrir las necesidades en función de las denuncias que existan". El delegado especial para la Violencia de Género, Miguel Lorente, -continúa De Luis- "nos ha prometido agilidad en los plazos para que en abril cada Comunidad tenga los dispositivos necesarios".

Además, "en Canarias hay que tener en cuenta el número de personas que hacen uso de la teleasistencia, actualmente casi 900, aunque lo cierto es que no todas aquellas mujeres a las que se les ha otorgado una orden de protección o a sus parejas se les ha dictado una orden de alejamiento, cuenten con estos dispositivos. Sin embargo, estaríamos hablando de que serían necesarios algo más de 2.000 dispositivos. Ahora vamos a ver si esta cantidad puede ser asumida con cargo a los presupuestos del Ministerio de Igualdad o bien Canarias tendrá que arbitrar alguna fórmula de cofinanciación", concluyó Isabel De Luis.

El agresor debe asumir su control

Desde Canarias, subrayó la directora del ICM, "hemos hecho hincapié en que el derecho a la vida debe garantizarse por todos los medios y por igual en todo el territorio nacional y que los gravámenes de la violencia de género han de padecerlos los maltratadores y no las víctimas, es decir, que todos estos aparatos y todos los dispositivos de control vayan dirigidos preferentemente al agresor y que la víctima tenga la seguridad de que ese señor está controlado en todo momento. No podemos agravar la situación de las víctimas haciéndolas a ellas responsables de su propia seguridad porque esto sería un elemento añadido al sufrimiento que ya padecen como víctimas". En este contexto, De Luis recalcó que los agresores y los sistemas de vigilancia han de estar supervisados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado así como por la Administración de Justicia, porque los sistemas que tenemos en estos momentos pertenecen al ámbito de lo social como es la teleasistencia (acuerdo entre la FEMP y el Imserso), un sistema de telefonía móvil con un localizador de GPS que garantiza cierta seguridad a las víctimas pero que la respuesta ante una posible alerta requiere de un tiempo además de otros condicionantes especiales de cada situación". De Luis apostó también porque "tanto los sistemas policiales, los sociales y la propia ciudadanía deben trabajar por la seguridad y el amparo de las víctimas de forma colaborativa".

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Violencia de género es grave en RD

Olga Segovia Marín es la coordinadora del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer

El incremento de la violencia de género en República Dominicana es causa de alarma tanto a nivel local como fuera del país.

La experta chilena Olga Segovia, coordinadora del Fondo de la ONU para la Mujer, propone incluir el tema en el programa de Seguridad Democrática y dar participación a la sociedad civil.

El incremento en la violencia de género se considera alarmante y debe ser incluido en la política del Plan de Seguridad Democrática, sugirió ayer la experta chilena Olga Segovia Marín.

La experta en seguridad y coordinadora del fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) afirmó que en el país ha podido observar que hay mucho interés por parte de las autoridades en enfrentar el grave problema de la violencia contra la mujer, pero que se debe dar mayor participación a las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil para introducir un enfoque de género.

Luego de participar en un foro organizado por la Red de Acción por una Vida sin Violencia (REDAVI) celebrado el viernes pasado, la señora Segovia dijo que pudo compartir con los dominicanos las experiencias de otros países de América Latina en los que ha trabajado con el tema de seguridad y violencia de género.

El país ha sido incluido en un programa regional denominado “ciudades sin violencia hacia las mujeres y ciudades seguras para todos, según explicó.

Informó que en el país esos programas son auspiciados por UNIFEM y están a cargo de REDAVI; han sido muy exitosos en Colombia, Chile y Argentina, entre otros países.

“Lo que yo he podido apreciar es que es muy interesante la propuesta para que sean incluidas en el Plan de Seguridad Democrática medidas que protejan a la mujer”.

De su lado, Desireé del Rosario, del Centro de Estudios de Género de INTEC, una de las entidades anfitrionas de la señora Segovia, refirió la necesidad de que el Plan de Seguridad Democrática incorpore a sus programas las instituciones de la sociedad civil.

Resaltó que la Seguridad Democrática, declarada como prioridad nacional, debe ser instituido mediante una Ley ante el temor de que sus programas puedan desaparecer en un momento determinado.

Explicó que tal eventualidad puede ser por el cambio del gobierno o del titular de Interior y Policía.

Zoom

Violencia género

Para la experta chilena Olga Segovia la violencia contra las mujeres, además de los uxoricidios (muerte una mujer a mano del esposo) y las agresiones brutales, incluye el maltrato psicológico y otras múltiples maneras de la violencia.

Las políticas

La coordinadora del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas resalta la importancia de que la política de Seguridad Democrática recoja la preocupación por la violencia de género y que la justicia actúe en forma coherente. En sus planteamientos, Segovia coincide con la vice síndica del Distrito Nacional, Alexandra Izquierdo, en cuanto a la necesidad de que en la Cumbre por la Unidad Nacional se agregue una mesa sobre género y violencia.

Es un flagelo

Segovia Marin estima que un país con el grave problema de la violencia, flagelo que afecta la vida familiar, cotidiana, social y política, es un país que tendrá muchas dificultades para alcanzar su desarrollo.

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