Canarias dispondrá de 2.000 pulseras para maltratadores

El Gobierno invertirá 5 millones para estos dispositivos de GPS, que funcionarán a partir de abril

Canarias dispondrá a partir de abril con algo más de 2.000 dispositivos de pulsera con localizador GPS para los maltratadores y la intención de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género es que "estos sistemas se utilicen con aquellos agresores que aún no hayan sido condenados a prisión, es decir, cuando los denunciados aún mantengan su derecho a la presunción de inocencia". Este dispositivo pretende ser una medida de seguridad activa cautelar que se utilizará en aquellos casos en los que tras la valoración de los especialistas se considere que existe un riesgo objetivo elevado para la víctima.

Según explicó la directora del Instituto Canario de la Mujer (ICM), Isabel de Luis, a La Opinión de Tenerife, tras la reciente reunión sectorial mantenida en el Ministerio de Igualdad con todas las comunidades autónomas, "se presentaron varias propuestas por parte de las regiones y las partidas presupuestarias que habrá para la implantación de estos dispositivos. Una de ellas es de cinco millones de euros que se destinarán a mejorar los sistemas de vigilancia de los agresores por unos dispositivos más eficaces que los que hasta ahora están en vigencia". En este sentido, añadió que "se nos informó que el Ministerio ya ha elaborado el pliego de condiciones para la contratación de un número, todavía no determinado, de dispositivos mejores a los que se han venido utilizando porque la experiencia nos ha enseñado que no son lo suficientemente eficaces tal y como la realidad, desgraciadamente, nos ha demostrado".

De Luis avanzó que a la par "se está explorando el mercado para encontrar el dispositivo más eficaz posible y se está barajando con aquellas comunidades autónomas que llevan a cabo procedimientos eficaces en la lucha contra la violencia, como es el caso de Madrid y Baleares. Todo ello se analizará para desarrollar un sistema en todo el territorio nacional que sea efectivo y dé garantías de seguridad a las mujeres víctimas de la violencia", indicó.

Ejercicio de corresponsabilidad. Isabel de Luis añadió que "a pesar de que desde el Gobierno de España no nos han precisado cuántos dispositivos podrían adquirirse, sí que se les pidió a las comunidades autónomas un ejercicio de corresponsabilidad para que el supuesto de que con estos cinco millones de euros de los que se dispone no puedan atender a todas las demandas de las administraciones regionales sean éstas las que aporten también partidas para cubrir las necesidades en función de las denuncias que existan". El delegado especial para la Violencia de Género, Miguel Lorente, -continúa De Luis- "nos ha prometido agilidad en los plazos para que en abril cada Comunidad tenga los dispositivos necesarios".

Además, "en Canarias hay que tener en cuenta el número de personas que hacen uso de la teleasistencia, actualmente casi 900, aunque lo cierto es que no todas aquellas mujeres a las que se les ha otorgado una orden de protección o a sus parejas se les ha dictado una orden de alejamiento, cuenten con estos dispositivos. Sin embargo, estaríamos hablando de que serían necesarios algo más de 2.000 dispositivos. Ahora vamos a ver si esta cantidad puede ser asumida con cargo a los presupuestos del Ministerio de Igualdad o bien Canarias tendrá que arbitrar alguna fórmula de cofinanciación", concluyó Isabel De Luis.

El agresor debe asumir su control

Desde Canarias, subrayó la directora del ICM, "hemos hecho hincapié en que el derecho a la vida debe garantizarse por todos los medios y por igual en todo el territorio nacional y que los gravámenes de la violencia de género han de padecerlos los maltratadores y no las víctimas, es decir, que todos estos aparatos y todos los dispositivos de control vayan dirigidos preferentemente al agresor y que la víctima tenga la seguridad de que ese señor está controlado en todo momento. No podemos agravar la situación de las víctimas haciéndolas a ellas responsables de su propia seguridad porque esto sería un elemento añadido al sufrimiento que ya padecen como víctimas". En este contexto, De Luis recalcó que los agresores y los sistemas de vigilancia han de estar supervisados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado así como por la Administración de Justicia, porque los sistemas que tenemos en estos momentos pertenecen al ámbito de lo social como es la teleasistencia (acuerdo entre la FEMP y el Imserso), un sistema de telefonía móvil con un localizador de GPS que garantiza cierta seguridad a las víctimas pero que la respuesta ante una posible alerta requiere de un tiempo además de otros condicionantes especiales de cada situación". De Luis apostó también porque "tanto los sistemas policiales, los sociales y la propia ciudadanía deben trabajar por la seguridad y el amparo de las víctimas de forma colaborativa".

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