6 de abril de 2009

Karzai paraliza la polémica ley que permite la violación en el matrimonio

El Ministerio de Justicia de Afganistán anunció hoy que la Ley para el Estatus Personal Chií, que causó una gran controversia internacional ya que socavaría gravemente los derechos de las mujeres y podría permitir la violación dentro del matrimonio, está detenida para ser revisada.
El Ministerio indicó que por ahora no publicará la ley en la gaceta oficial del país, lo que haría que entrase en efecto. "El Ministerio de Justicia está trabajando en la ley y en los artículos que resultan problemáticos, y mientras no se publicará", indicó el portavoz ministerial.
Los chiíes representan alrededor del 15% de Afganistán, país predominantemente suní, y la Ley para el Estatus Personal Chií ha sido atacada por disminuir los derechos de las mujeres.

En una copia de la ley obtenida por Reuters, el artículo 132 estipula que "una mujer está obligada a cumplir con los
deseos sexuales de su marido". Asimismo, afirma que el marido debería pasar una de cada cuatro noches con su mujer, tener contacto sexual con ella al menos una vez cada cuatro meses y que una mujer tiene que llevar maquillaje si su marido se lo pide.

Prohibido trabajar sin permiso del marido
La ley -firmada el pasado día 1 por el presidente Ahmid Karzai- regula el estatus personal de las mujeres de la minoría chií, incluidas sus relaciones con los hombres y los derechos al divorcio y a la propiedad. Entre otras disposiciones, niega a las chiíes el derecho de salir de sus casas excepto para propósitos "legítimos", les prohíbe trabajar o recibir educación sin el permiso de sus maridos, les niega la custodia de sus hijos en caso de divorcio y desconoce el derecho de las viudas a heredar los bienes de sus esposos.
El artículo 137 afirma que una mujer no puede heredar nada de su marido cuando muera. Las enmiendas introducidas a la ley muestran que se elevó la edad de matrimonio para las mujeres de nueve a 16 años y que una mujer estará autorizada a abandonar su casa sin compañía para recibir tratamiento médico, ir a trabajar o para su educación.
Detractores y defensoresPor su parte, los grupos de defensa de los Derechos Humanos advirtieron de que la nueva norma da marcha atrás a muchas de las libertades conquistadas por las mujeres afganas después de que el régimen talibán fuera derrocado hace siete años. Aun así, sus defensores afirman que la ley es una importante defensa de los derechos y tradiciones de la minoría.

Después de que la comunidad internacional se mostrase escandalizada por la ley, Karzai, que consideró que las preocupaciones expresadas por Estados Unidos y por Naciones Unidas son "inapropiadas" y se deben seguramente a una mala traducción, prometió el sábado que el ministro de Justicia la explicaría en detalle, aunque aún no ha aparecido.
Algunas funcionarias chiíes han dicho que aprueban la ley en principio porque consagra importantes diferencias entre chiíes y suníes en Afganistán, pero creen que en su fórmula actual es inaceptable. Varios diputados también han dicho que Karzai firmó la ley apresuradamente porque se enfrenta a las elecciones del próximo 20 de agosto y quiere ganarse el favor de los chiíes.

www.abc.es


Un punto de coordinación que controla las órdenes de protección de las víctimas

Desde hace un año, como parte del Servicio de Asistencia a la Víctima, funciona el denominado punto de coordinación.
«Su labor principal se centra en coordinar a las distintas administraciones para las órdenes de protección de las víctimas», explicó Manuel Ceba.
En su primer balance anual, al punto de coordinación le notificaron 995 resoluciones judiciales que establecían medidas de protección para víctimas de violencia de género, bien a través de orden de protección, bien a través de pena o medida cautelar de prohibición de comunicación y alejamiento de la víctima.
«Las actuaciones en este ámbito se centran en la recepción de notificaciones que en este primer año casi alcanzan el millar, asimismo se contactó con este casi millar de víctimas de las cuales a 161 se les realizó un seguimiento y asistencia integral», subrayó el delegado de Justicia en Almería.

Para que este punto de coordinación dé sus frutos, periódicamente, cada semana, Justicia y la Administración Pública están informadas de lo acontecido, al igual que la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Almería. Las notificaciones que han llegado a este punto de coordinación del SAVA provienen de los juzgados principalmente de la provincia. «Los juzgados establecen la pena o medida cautelar que notifican al punto de coordinación y principalmente el Juzgado de la Violencia sobre la Mujer número 1 de Almería es el que más resoluciones judiciales ha notificado», puntualizó Manuel Ceba. A éste le siguen el Juzgado de lo Penal número 2 de la capital y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Roquetas de Mar.


El difícil viaje a la mente de un agresor machista

Lograr la empatía con la víctima es una de las claves de estos programas

El fracaso fue tan rotundo que dio que pensar. Cuatro internos por violencia machista de la cárcel Modelo de Barcelona siguieron un programa de control de la violencia con un grupo de condenados por otros delitos. El éxito fue nulo.

"Concluimos que el maltratador era un perfil distinto y había que hacer una intervención especializada", relata el psicólogo José Núñez, uno de los primeros en utilizar el programa Marco que se aplicaba en prisión. En otros lugares de España llegaron a idéntica conclusión. Andrés Quinteros, otro especialista, recuerda que el problema de los primeros programas es que "no tenían perspectiva de género".

Para elaborar el tratamiento, en Catalunya se fijaron en los programas que se impartían a particulares que lo solicitaban en instituciones pioneras como la Fundació Agi. Los programas son iguales se impartan en prisión, como medida penal alternativa, o a voluntarios, y tienen un coste aproximado de 900 euros. El objetivo es que el agresor asuma su responsabilidad. "Lo más habitual es que culpabilicen al juez o a su mujer", explica Núñez.

Los especialistas coinciden en que uno de los principales problemas con que se encuentran son las distorsiones del pensamiento que suelen presentar los maltratadores, que viven de forma normalizada situaciones de abuso de poder, tanto en su sexualidad como en sus relaciones familiares.

En busca de la empatía

Asimismo, también se trabaja la adaptación al cambio muchos maltratadores no asumen ser abandonados y las emociones, sobre todo, para controlar su ira. El objetivo primero es que los agresores sientan empatía con el sufrimiento de sus víctimas. Como explica Jorge Peña, director terapéutico de Proyecto Hombre en León, es en las sesiones de grupo, que se combinan con las individuales, cuando los agresores se suelen ver como tales: "Cuando otros iguales que él le dicen que es un agresor, su mentalidad empieza a cambiar y se reconoce como violento". A partir de ahí, el principal objetivo es como señala Quinteros que el agresor "pueda tener relaciones de pareja igualitarias y deje de considerar a la mujer como un ser inferior".

A pesar de los esfuerzos, la clave está en la actitud del agresor. "Aquí no vienen a escuchar, eso no sirve para nada", dice Rosa María Garriga, de la Fundació Agi. A la espera de los estudios que prueben su eficacia, Andrés Quinteros sitúa el éxito en torno al 35%. Sin embargo, no hay datos oficiales de esta eficacia: lo único que los expertos saben es lo difícil que es rehabilitar a un agresor.

http://www.publico.es/espana/216429/dificil/viaje/mente/agresor/machista



Compromiso de ayuda a víctimas de violencia de género

Larrazabal, señaló que es necesario elaborar programas que brinden la preparación adecuada para que las mujeres acepten el riesgo que implica vivir en un hogar con violencia y lo denuncien.

Ante un notario público, el candidato a la alcaldía de Monterrey, Fernando Larrazabal se comprometió a construir un albergue temporal para las mujeres que sufran algún tipo de maltrato se refugien con su familia en lo que fue su primer evento de campaña.

Larrazabal, señaló que es necesario elaborar programas que brinden la preparación adecuada para que las mujeres acepten el riesgo que implica vivir en un hogar con violencia y lo denuncien para no formar parte del círculo de la agresión.

Por último, se comprometió también a construir una delegación de policía en la colonia San Gabriel, lugar donde reafirmó su primer compromiso.


http://www.milenio.com/node/195149

Nadie controla la eficacia de las terapias a maltratadores

En cuatro años de vigencia de la Ley contra la Violencia de Género, 13.317 agresores condenados han ido a rehabilitación. El Gobierno aún prepara los criterios que medirán su efectividad

Hasta finales del año pasado 11.617 agresores condenados habían asistido a terapias de rehabilitación, según datos a los que ha tenido acceso Público y que maneja la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, responsable del cumplimiento de estos tratamientos. A estas cifras hay se suman los más de 1.700 maltratadores que han cumplido esta pena en Catalunya única comunidad autónoma con las competencias penitenciarias traspasadas, según la Conselleria de Justicia.

A pesar de que estos tratamientos funcionan desde 2005 la Ley Integral contra la Violencia de Género introdujo que los agresores condenados a penas de cárcel que no entren en prisión acudan a programas de rehabilitación,las administraciones desconocen con exactitud la eficacia que están teniendo. De ahí, que tanto desde el Ministerio de Igualdad como desde la Generalitat se estén preparando los criterios que medirán esa eficacia y que con probabilidad estén listos en junio.


El principal problema que se ha presentado, como admitió la propia Bibiana Aído durante la conferencia sectorial celebrada el pasado enero, "es la importante dispersión" que existe respecto a estas terapias. Una valoración parecida realiza la presidenta del Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán: "Ahora mismo existe una disparidad de criterios, y es necesario que los programas se extiendan a todos los territorios para que se conviertan en una forma más de prevención".

Ante el elevado número de penados que siguen estos programas la totalidad de los condenados a menos de dos años de cárcel, Instituciones Penitenciarias ha suscrito convenios de colaboración con ayuntamientos, diputaciones, ONG, universidades y colegios de psicólogos para impartir estas terapias. Los programas siguen unas pautas mínimas comunes, pero no son homogéneos.

De hecho, no todos tienen la misma duración y no todos hacen seguimiento para saber si el agresor vuelve a reincidir. Así, por ejemplo, en León y Ponferrada, donde Proyecto Hombre imparte dos terapias a través de un convenio firmado con Instituciones Penitenciarias, la duración media de la terapia suele ser de un año, según señala el director de programas terapéuticos.

En Madrid, donde se calcula que alrededor de 2.000 penados han pasado por estos programas, la duración suele ser de nueve meses, como explica el responsable de una de las terapias de la Asociación ASPACIA, Andrés Quinteros, que lleva más de una década trabajando conmaltratadores.

"Creemos firmemente que la rehabilitación de maltratadores puede ser una herramienta más de protección para las víctimas y de ahí que tratemos de unificar y mejorar los criterios de intervención", explica el delegado contra la Violencia de Género, Miguel Lorente. El grupo de expertos que elabora estos criterios lo hace sobre un documento elaborado por el Grupo 25 (un colectivo de hombres y mujeres que trabajan en la prevención y la seguridad frente a la violencia de género), que establece 11 criterios que deben aplicarse a los programas de reeducación de agresores. El primero, y principal, es que desde el principio esté presente el origen que genera la violencia machista, es decir, que se tenga en cuenta que se trata de una violencia específica que se basa en las percepciones sexistas y de desigualdad que los agresores tienenhacia la mujer.

Seguimiento del riesgo

Realizar un seguimiento de la evaluación del riesgo es otro de los criterios que se estudian. El documento del Grupo 25 propone que esta evaluación se realice de manera mensual durante los 15 meses posteriores a la finalización de la terapia, y apuntan a que el procedimiento más seguro es a través de entrevistas con la víctima. "Eso, siempre y cuando el agresor no tenga un orden de alejamiento, aunque otra manera es el contacto con familiares más directos, como son los hermanos", señala Quinteros.


En la Generalitat también se trabaja en el control del riesgo hasta un año y medio después del programa mediante la consulta de datos de los juzgados. Manel Capdevila, responsable de la investigación que medirá la eficacia de los programas en Catalunya, explica que no sólo registrarán la reincidencia en lo que a violencia machista se refiere, sino también en otros delitos. Otro objetivo del estudio es dibujar un perfil de qué agresores son más fácilmente rehabilitables, una información que los jueces nodisponen a día de hoy.

El Ministerio de Igualdad ha presupuestado para 2009 tres millones de euros para estos programas. Pero el número de condenados aumenta cada año, por lo que, ante la dificultad de asumir este gasto creciente, el Gobierno baraja la posibilidad de que el penado asuma parte del coste de la rehabilitación. No obstante, esta opción suscita polémica. Algunos expertos creen que con ello se rompería el criterio que garantiza la oportunidad de reinserción de los penados.

Aunque muchas de las asociaciones que trabajan con víctimas rechazan las terapias para agresores, los expertos que trabajan en ellas creen que puede ser un arma más de protección. "Los agresores son personas dependientes, por lo que no pueden vivir solos. Si no se interviene, el hombre maltratará a otras mujeres porque es su forma de relacionarse con sus parejas", concluye Quinteros.

P. RAFAEL / A. M. VIDAL
http://www.publico.es/espana/216431/nadie/controla/eficaciade/terapias/maltratadores

Los juzgados reciben 65 denuncias diarias por malos tratos /Valencia

El número de asuntos relacionados con la violencia machista aumenta respecto a 2007

Los diferentes juzgados de la Comunitat reciben cada día 65 denuncias relacionadas con malos tratos, síntoma de que la lacra social de la violencia contra las mujeres sigue teniendo presencia en la sociedad actual, tres años después de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género.

Según los datos facilitados por la Conselleria de Justicia, durante el pasado año el número total de asuntos de malos tratos que ingresaron en los juzgados ascendió a 23.683. En la inmensa mayoría de los casos (70%) se trataba de delitos de lesiones, aunque otras tipologías con importancia fueron aquellos que atentaban contra la libertad (también la sexual) o contra la integridad moral de la mujer.

El dato no significa que 65 mujeres presenten una denuncia cada día, teniendo en cuenta que se dan casos de violencia machista que provocan más de una denuncia.

La estadística, comparada con el año anterior, también llama a la inquietud. A pesar de la mayor conciencia social que rodea a los delitos de maltrato, la Comunitat se mantiene en los mismos números que en 2007. Según las mismas fuentes, durante aquel ejercicio el número de denuncias ingresadas en los órganos de justicia fue de 23.416, lo que supone un aumento (aunque muy comedido) de los asuntos relacionados con violencia machista. Además, se mantiene el mismo número de juzgados.

El crecimiento se produce también pese al mayor abanico de prestaciones sociales y programas de los que disponen las mujeres maltratadas por sus parejas, desde órdenes de protección hasta ayudas económicas, pasando por servicios como la teleasistencia. Como informó LAS PROVINCIAS en su edición de ayer, una de las medidas más empleadas es el primer recurso citado, con 5.042 órdenes dictadas.

En otras palabras, queda trabajo por hacer, teniendo en cuenta que la Comunitat está entre las regiones españolas con más feminicidios, con nueve casos durante el año pasado. En los primeros meses de 2009, ya hay que lamentar las muertes de Beneixida y Castellón.

En la actualidad, en la Comunitat existen 34 juzgados con competencia no exclusiva en casos de violencia de género, por la vía civil o penal. En los primeros, el que más asuntos ingresó el año pasado fue el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Vinaròs, con 94. Por lo que respecta a los penales, el primer puesto lo ocupa el número 6 de Gandia. Además, hay que sumar los 12 juzgados que sólo asumen denuncias relacionadas con maltrato. El juzgado de violencia sobre la mujer número 3 de Valencia, con 2.313 denuncias presentadas, es el que mayor cantidad de asuntos sobre la materia asume en la Comunitat.

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