No todos los casos se denuncian, pero es revelador que durante 2008, en la línea de emergencia del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se recibieron 22 mil llamadas, y sólo durante los dos primeros meses de este año, se atendieron tres mil 510 -un promedio de 60 al día-, de víctimas en busca de apoyo psicológico, jurídico o médico.
El más reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos -de febrero de este año-, sostiene que en México la violencia doméstica "se ha generalizado" y prevalece la impunidad; las leyes que sancionan estos ilícitos "son débiles" o inexistentes en algunos estados, y en la mayoría de los casos "hay desinterés de las autoridades en la persecución de estos delitos".
Aunque se han adoptado medidas contra este fenómeno, ya que en 2007 se promulgó la Ley General de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, que obliga a las autoridades federales y locales a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, aunque ésta "se ha aplicado en 23 de 31 estados del país", de acuerdo con el informe estadounidense.
Entre las acciones del gobierno federal, en 2008 se etiquetó un presupuesto de casi dos mil millones de pesos para acciones de reducción de la violencia de género en las dependencias de la Administración Pública Federal, así como para establecer la coordinación con entidades y municipios; además de que se han expedido 25 leyes locales contra la violencia.
Tan sólo el año pasado a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República, se le destinó un presupuesto inédito de 72 millones de pesos, que permitieron atender a 3 mil 839 usuarios y ofrecer 8 mil 770 servicios.
No obstante, de acuerdo con el primer informe de labores de la Fevimtra, entre febrero de 2008 y enero de 2009, sólo se tramitaron 189 averiguaciones previas por diferentes delitos relacionados con la violencia de género y la trata de personas.
En ese periodo, la Fiscalía conoció 213 casos de mujeres víctimas de la violencia en diferentes modalidades: violación, abuso sexual, hostigamiento sexual, abuso de autoridad, homicidio, tentativa de homicidio, amenazas, lesiones y tortura.
Destaca que en 58 casos los presuntos responsables son servidores públicos, por lo que la Fevimtra en sus investigaciones buscó la colaboración de las procuradurías de justicia estatal, de Justicia Militar y del área deservidores públicos de la PGR, "a fin de garantizar que el acceso a la justicia de las víctimas, no se viera obstaculizado por la posición de poder de los indiciados".
Respecto a las víctimas, la mayoría -40 casos- fueron menores entre los 9 y 17 años, en tanto que en 37 casos las agraviadas tenían entre 26 y 45 años.
Los probables responsables de estos delitos son 98 hombres y 16 mujeres, aunque sólo siete averiguaciones previas fueron enviadas a tribunales.
En contraste, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 reportó que 67% de las mujeres mayores de 15 años en el país han sufrido violencia familiar, patrimonial, comunitaria, escolar, laboral y de pareja.
Mientras que la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres 2003 indicó que dos de cada diez mujeres (21.5%) padeció alguna agresión de su pareja, el mismo ejercicio en 2008 apuntó que la cifra llegó al 33%, y que tres de cada 10 mujeres que acuden a los servicios públicos de salud, viven algún tipo de violencia, lo que de acuerdo con esta consulta de la Secretaría de Salud representa un incremento de 12% de estos casos.
Otros datos que revelan el panorama, es que de las tres mil 510 llamadas realizadas al teléfono de emergencia de Inmujeres, durante enero y febrero de este año, 73% fueron por víctimas de maltrato psicológico y físico; en dos mil 732 casos la violencia fue ejercida en el ámbito familiar.
En 68.5% el generador de la violencia fue el esposo o la pareja, y en 135 casos el novio. Una violencia que no distingue: 21% de las mujeres que llamaron en busca de apoyo eran profesionistas, 20% más -709 llamadas- las efectuaron amas de casa.
En este escenario, el Departamento de Estado estadounidense afirma que las leyes que castigan la violencia doméstica son débiles en México: en siete estados no se penaliza el delito, mientras que en otras 15 entidades se castiga la violencia familiar "sólo cuando se trata de un delito repetido".
Expertos de la propia fiscalia aseguran que la voluntad política para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres y los recursos económicos nunca serán suficientes si se mantienen ciertos patrones culturales que impiden avanzar en el combate a estas practicas.
Actitudes machistas en los propios ministerios públicos del fuero común en algunos estados, junto con estereotipos reproducidos por los medios masivos de comunicación, y la propia desigualdad de las legislaciones locales, son la raíz del problema.
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