Llama la atención que con tanta sensibilidad como dicen mostrar el Ministerio del Interior como la Delegación de Extremadura con las víctimas de malos tratos, sólo haya catorce policías especializados en esta área para atender a las mujeres que sufren en la región violencia machista.
Al menos así lo denuncia la Confederación Española de Policía de Extremadura, CEP, que solicita tanto al Gobierno central, como a la delegada Extremeña, Carmen Pereira, como al jefe superior policial en la zona, que no escatimen esfuerzos y se comprometan a asignar un máximo de diez mujeres maltratadas por funcionario de policía, tal y como establece la legislación, para que puedan ser correctamente protegidas.
No es de extrañar que se quejen de estar desbordados porque según los datos oficiales que dan tanto el propio Gobierno central como la Administración de Justicia sólo en los primeros seis meses de 2008 las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección Contra Malos Tratos a la Mujer, UPAP, de las comisarías extremeñas, han recibido 438 nuevas órdenes de protección de mujeres maltratadas. O sea, que haciendo cuentas resulta que toca a 31,2 mujeres por policía, lejos de la ratio recomendada para garantizar una protección adecuada a quienes están expuestas a la violencia desatada de seres irracionales.
Por tanto, no son quejas gratuitas sino necesidades reales las que demanda este colectivo y muy serias, ya que en juego está la vida de mujeres que corren a diario un riesgo, el de perecer a manos de sus parejas, algo tan trágico que no debería permitir anteponer presupuestos ni números, más cuando a veces se demuestra que medios policiales, judiciales y sociales fracasan, por insuficientes, en el intento de erradicar una lacra social con más víctimas en su historia que el terrorismo de ETA.
Y a la petición de aumento de efectivos se añade la de sumar medios materiales como son más vehículos exclusivos para que se dote a esta unidades especiales de medios de transporte con el fin de facilitar la tarea a los policías encargados de hacer el seguimiento diario a las víctimas o acampañarlas a cualquier requerimiento judicial o policial, sin depender de que haya vehículos policiales disponibles de otras brigadas.
No basta con buenas palabras, ni con campañas publicitarias de sensibilización social, sino que hacen falta más medios reales para acabar con la violencia de género, porque las mujeres sin protección son blanco fácil de sus agresores. Y si la propia policía reclama más dotación humana y material es porque la necesidad es imperiosa. Ojalá esta petición no caiga en saco rato y en los próximos meses se vea compensada con más efectivos y vehículos en Extremadura. Cuando hay vidas en juego no se puede escatimar en recursos.
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