El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, anunció hoy que Castilla y León acogerá antes de finales de año una cumbre autonómica sobre violencia contra las mujeres en la que se procurará fijar una postura de Estado ante este "drama social".
La idea es que los representantes designados por cada comunidad puedan aportar sus reflexiones y sus análisis para consensuar el contenido del Dictamen. El objetivo último es el de poner freno a esta lacra contra la que sólo cabe la unidad y el rechazo de toda la sociedad y la aplicación estricta del Estado de Derecho para quienes vulneran la integridad física o psicológica de las mujeres.
Además, Herrera adelantó que la directora general de la Mujer, Alicia García, será la experta designada por la Junta de Castilla y León para supervisar la tramitación del Dictamen sobre Violencia de Genero que el mismo presentó al Comité de las Regiones y que que ya se encuentra en la Comisión de Política Económica y Social (ECOS) del Comité.
En este sentido, en las últimas horas se han producido contactos entre el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y la directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de Diego, con el responsable del Dictamen en la Comisión ECOS para fijar la orientación del documento y para profundizar en la coordinación de los trabajos preparatorios y estudios necesarios además de perfilar el calendario previsto para la tramitación del Dictamen.
ALMUERZO DE LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA
Por otro lado, el presidente de la Junta asistió hoy en Bruselas a un almuerzo organizado por el Gobierno de Castilla y León en el marco de la jefatura de la Delegación Española del Comité de las Regiones y en el que participaron la comisaria de Política Regional, Danuta Hübner, el embajador Representante Permanente de España ante la UE, Carlos Basterreche, los presidentes autonómicos de Asturias, Canarias, Murcia y La Rioja y consejeros del resto de comunidades.
El objetivo del almuerzo es que la comisaria Hübner pueda trasladar a la Delegación Española su visión de la política de cohesión así como fomentar un debate con los representantes de la Delegación.
Esa visión, como ella misma ya ha señalado en otras ocasiones, consiste en la necesidad de que los fondos estructurales sigan existiendo, pese a la oposición que presentan algunos países miembros.
El futuro de los fondos está condicionado por las posiciones legítimas de algunos países, quienes consideran que de mantenerse la política de cohesión, ésta ha de concentrarse sólo en los países incluidos en el objetivo de Convergencia (PIB menor al 75 por ciento de la media de la Unión).
Por ello, el debate que Castilla y León quiere generar en torno al futuro de los fondos estructurales y las políticas de cohesión llega en un momento oportuno ya que el pasado lunes fue presentado el 'Libro Verde' sobre la cohesión territorial.
Dentro de su intensa agenda en la capital comunitaria, Herrera también ha mantenido una entrevista con el Embajador Representante Permanente de España ante la Unión Europea, Carlos Basterreche. En ese encuentro, el presidente de la Junta trasladó al Embajador la situación existente tras el anuncio de un procedimiento por posible infracción del derecho comunitario en las minas a cielo abierto del Valle de Laciana, en León.
El presidente de la Junta solicitó el apoyo de Basterreche para que el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, reciba a la vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, y al vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva.
Con este encuentro, ya solicitado formalmente por Ruiz y Villanueva, la Junta quiere llegar a una solución favorable y definitiva para los intereses de la Comunidad y, sobre todo, del sector minero en el Valle de Laciana, donde esta actividad supone un eje económico fundamental.
Herrera recordó que la Junta de Castilla y León ha atendido todas las peticiones de información e incluso ha propuesto una metodología de trabajo que contempla la elaboración de un plan de actuación hasta 2020 que permitiría anticipar posibles conflictos en el futuro.
Este planteamiento del Gobierno castellano y leonés se sustenta en el compromiso del respeto más escrupuloso a la normativa europea relativa al impacto ambiental y la Directiva de Hábitats. Es necesario recordar que estamos ante un asunto con implicaciones medioambientales pero con importantes consecuencias económicas y sociales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario