Rosalba Villaseca no sabe si su caso avanza, pese a que llegó a tratarse incluso en el Congreso de la Unión. Pero no pierde la determinación. Foto: Luz Vázquez
Agente del MP federal habla del caso contra su jefe, el delegado en Jalisco de la Procuraduría General de la República
Denunciante dice que ha recibido diversas presiones, incluso la cesaron.
En un país donde los casos de acoso sexual abundan pero casi nunca son denunciados, brilla la acusación que hizo y sostiene Rosalba Villaseca Trejo. Primero, porque quien denuncia es una Ministerio Público federal y, segundo, porque el acusado es el delegado en Jalisco de la Procuraduría General de la República (PGR).
Fue el 12 de mayo cuando la abogada Rosalba Villaseca Trejo presentó denuncia formal y por escrito contra José Manuel Guevara Ortiz, delegado de la PGR en el estado, a quien acusó de acoso sexual, hostigamiento laboral, intimidación y demás delitos que resulten de acuerdo con el Código Penal del Estado.
Desde entonces, la funcionaria fue cesada y ha recibido diversas presiones que incluso le hacen temer por su seguridad, pero se mantiene firme en su propósito de que se castigue a su superior por su presunta conducta inapropiada.
Quien hasta el mes de mayo pasado fue la responsable del área de tramitación de los procedimientos administrativos en contra de agentes del Ministerio Público, peritos y elementos de la Agencia Federal de Investigaciones de la PGR en la entidad, incluye en su denuncia a otros tres funcionarios: Norma Leticia Martínez Herrera, encargada de la subdelegación de procedimientos penales B; Martín Trujillo Izquierdo, coordinador de la subdelegación; y Santiago Ordaz Rodríguez, secretario particular de Manuel Guevara.
En caso de comprobarse los presuntos delitos de su jefe, a estos últimos se les puede juzgar por omisión, reflejándose en la conducta ilegal de encubrimiento, así como por hostigamiento laboral.“Todo comenzó en septiembre del año pasado, tras la llegada del licenciado Guevara a la dependencia.
Me ofreció el puesto de subdelegada de procedimientos penales B, haciendo hincapié en que era la persona adecuada para manejar el área por mi trayectoria institucional, profesionalismo, capacidad y honradez, lo que acepté dado que representaba un ascenso justo y merecido luego de casi 20 años de laborar en la institución”, recuerda Rosalba, quien agrega que “en tanto llegaba el nombramiento oficial de la ciudad de México, Guevara me hizo responsable de la subdelegación, así dejándolo saber al personal en una reunión interna”.
Lo que no imaginaba, asegura, era el precio que se le exigiría por la promoción: “En un principio [el delegado] puso mucho interés en que supiera que su oficina sería para mí, de puertas abiertas; prosiguieron las insinuaciones fuera de lugar y de contexto laboral, hasta llegar al punto de invitaciones a comer, indicando que fuéramos solos: pero cuantas veces me negué, dejándole saber que era una mujer casada, fueron las mismas que me dijo que mi esposo no tenía por qué enterarse. Sus comentarios iban subiendo de tono al grado de que un día, en su afán insistente de acercarse a mí, se atrevió a rozarme el pecho con sus manos”.
El pasar de las palabras al contacto físico ameritó un reclamo de Rosalba a su jefe y una petición de que no la volviera a tocar, así como evitar el acercarse a él, pero sólo consiguió risas y desvío del tema como respuesta.
Debido al comportamiento del funcionario y a la falta de su nombramiento oficial por su ascenso laboral, solicitó ser reinstalada en su anterior puesto, lo cual sucedió, dentro de la delegación, no sin antes anunciarle a Guevara que denunciaría sus actitudes antijurídicas y el hostigamiento de que era objeto tanto por él como por sus funcionarios más cercanos.
Fue entonces, asegura, que la presión laboral se recrudeció, desde quitarle tareas y solicitarle expedientes bajo su mando, hasta ser cesada de su puesto y anunciarle que sería reubicada al Primer Juzgado de Distrito en Materia Penal.
“De una forma totalmente humillante, llega un compañero y me entrega el oficio de notificación de cambio de adscripción. La diligencia fue videograbada por personal interno de la dependencia. Desde luego no me negué a que se llevara a cabo, mas sí pedí explicaciones del por qué se me daba ese trato si no era una delincuente”.
En la grabación, de la cual Público tiene copia, se escucha cómo el funcionario al frente de la diligencia le explica que son instrucciones que tiene y que además ella ya sabe cómo se manejan ahí las cosas.
“Tras removerme de mi cargo y en tanto me reinstalaba en mi nuevo puesto, me negaron el acceso a las instalaciones de la PGR en Jalisco y luego me suspendieron bajo el argumento de haber abandonado mi trabajo por un lapso de cinco días, los mismos que no me dejaron entrar”.
Hasta el día de hoy sigue suspendida de su trabajo por tiempo indefinido, sin goce de sueldo. Ante las delicadas imputaciones, el funcionario federal ha evitado dar cualquier tipo de declaración pública.
Este diario lo buscó en repetidas ocasiones y como respuesta se indicó que José Manuel Guevara tenía una agenda muy apretada.
Recientemente la oficina de comunicación social de la delegación aceptó la existencia de una investigación interna respecto al caso, pero dejó en claro que no se tocará el tema en tanto no haya resultados.
Tras presentar la denuncia respectiva ante la Visitaduría General de la PGR y una más tres días después ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (Fevimtra), Rosalba Villaseca dice desconocer los avances en ambas averiguaciones previas o, en el mejor de los casos, si fueron consignadas, es decir, si se inició el ejercicio de acción penal contra Manuel Guevara y el expediente fue turnado a un juez.
“De hecho no se me informa nada; hay diligencias retrasadas, como las testimoniales que debieron haberse desahogado, mis testigos no se han retractado. Lo que sí sé es que mi caso forma parte de una profunda investigación que la PGR le realiza a Guevara, luego de una serie de denuncias anónimas en su contra, entre otras cosas, por presunto abuso de autoridad no sólo aquí, sino [también] en Veracruz, donde también fue delegado”.
Su caso incluso llegó hasta el Congreso de la Unión. A principios de julio pasado las diputadas federales Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez y Maricela Contreras Julián presentaron un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados, exhortando al procurador general de la república para que inicie una investigación en la delegación Jalisco y, en su caso, aplicar medidas para proteger a la denunciante.
El 10 de agosto venció el plazo para que Eduardo Medina Mora diera a conocer dicho informe y nada, lo que mantiene en la zozobra a Rebeca. “Sí, si tengo miedo de que algo me pase y por las represalias; en algún momento hasta me sentí vigilada.
Estoy dolida, afectada psicológicamente y en mi autoestima. Desde luego en mi economía, he dejado de percibir un salario.
Hay indignación, impotencia. Pero también me siento con mucho valor para denunciar, no tengo nada que esconder, mi desempeño ha sido limpio, estoy consciente que está en juego mi trabajo, mi libertad y peor aún, mi propia vida”.
En espera de algún avance a su denuncia, la mujer teme que le fabriquen pruebas de delitos graves, que en caso de consignar los hechos, no le permitirían enfrentar un juicio con libertad bajo caución.
Por eso interpuso una demanda de amparo en un juzgado de distrito en materia penal ante una posible orden de aprehensión: “Tengo entendido, porque así me lo han informado compañeros, que [Manuel] Guevara tiene todas las intenciones, si es que no lo ha hecho, de denunciarme por robo de equipo de cómputo, algo totalmente falso y absurdo”.
Tras acusar, a Rosalba Villaseca le corresponde la carga de la prueba y por el profundo conocimiento que tiene de la ley sabe que de no probar lo que dice, las consecuencias podrían ser mucho más severas que las acusaciones.
Amplia experienciaRosalba Villaseca Trejo egresó en 1988 de la entonces Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara y diez años después se graduó de la Maestría en Derecho Constitucional y AmparoLa mayor parte de su carrera la ha desempeñado en el servicio público federal, pues desde 1989 ingresó a la Procuraduría General de la República como agente del Ministerio PúblicoEn sus casi 20 años de trayectoria, ha trabajado en diversos juzgados de distrito y tribunales colegiados, preferentemente en materia penal y amparo, aunque también lo hizo en el ramo administrativo y laboralDesde hace doce años es profesora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG, división de Estudios Jurídicos.
Ahtziri Cárdenas Camarena
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