La lucha contra la violencia de género busca el respaldo social

ICAL
Antón y Alicia García presiden una de las comisiones regionales contra la Violencia hacia la Mujer

El pasado jueves una joven moría en Salamanca a manos de su novio, de 18 y 19 años de edad respectivamente. Con ésta son cinco las mujeres que han perdido la vida víctimas de la violencia de género en la Comunidad. Luchar contra esta lacra y «erradicar los comportamientos violentos y discriminatorios que sufren algunas mujeres» es el objetivo del Pacto Social contra la Violencia de Género que promueve la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y cuyo plazo plazo para presentar adhesiones se cerró el pasado 30 de junio. La elaboración de este pacto es una de las prioridades del Gobierno de Juan Vicente Herrera para esta legislatura, que además se ha propuesto llevar esta particular «lucha» hasta Europa mientras esté al frente del Comité de las Regiones.

El objetivo es que el documento, en cuya elaboración se ha vinculado a todos los representantes de los municipios y diputaciones, medios de comunicación, universidades y asociaciones y entidades que trabajan en la prevención y atención a las víctimas, esté listo para el último trimestre del año. «Queremos vincular a la sociedad para conseguir un rechazo a la violencia de género y fomentar modelos alternativos de convivencia, basados en el respeto y en la igualdad», explica la directora general de la Mujer, Alicia García. El nuevo instrumento forma parte del II Plan contra la Violencia de Género, dentro del cual está previsto también la elaboración de una ley, que verá la luz en los próximos meses.

Ochenta y dos medidas

Un total de 82 medidas componen este plan que se estructura en cuatro áreas de actuación -prevención y sensibilización, formación, atención integral y coordinación institucional- con nueve objetivos. El plan incide en la importancia de la educación en las generaciones más jóvenes para evitar en un futuro comportamientos violentos; la formación específica de los operadores sociales, sanitarios, policiales y jurídicos; la coordinación entre instituciones -de ahí la puesta en marcha de la Comisión Interconsejerías para la Igualdad- y los servicios y recursos para las mujeres afectadas por la violencia machista.Así, en esta última área destacan programas como el Fénix, un servicio de tratamiento psicológico para maltratadores y el Plan Dike, que proporciona un incentivo económico a empresas que contraten a mujeres que hayan sido víctimas. Asimismo el Sacyl prioriza su atención sanitaria y permite que estas mujeres, así como sus hijos, que son considerados «víctimas a todos los efectos» reciban, aún cuando no hayan denunciado a su agresor, asesoramiento jurídico y atención personalizada.

Mayor asistencia jurídica

«La Junta está trabajando en estas cuatro áreas con gran profundidad», destaca Alicia García, no obstante insiste en la necesidad de perfeccionar algunas herramientas tales como la asistencia jurídica y aumentar el número de juzgados especializados en violencia, del que hoy sólo dispone Valladolid. Y es que, sólo durante los primeros meses del año se computaron un total de 2417 denuncias.

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