Dos décadas de lucha contra el maltrato

El Servicio de Atención a la Familia de la Policía Nacional cumple veinte años de su instauración en Cantabria

En 2008 se registraron más del doble de denuncias por violencia de género y doméstica que hace quince años

Cuando la violencia de género sólo eran crímenes pasionales y el eco de las víctimas apenas ocupaba espacio en telediarios y periódicos, la Policía Nacional puso en marcha en Santander el que entonces se llamó Servicio de Atención a la Mujer. Veinte años después, ya convertido en Servicio de Atención a la Familia (SAF), este departamento centraliza todos los casos de maltrato -de género y doméstico- y delitos contra la libertad sexual, entre otros, de la región.

Durante estas dos décadas, la inspectora Ana Sánchez estuvo al frente de un servicio que ha visto como el número de denuncias se ha llegado a duplicar. Ahora, ascendida a la Jefatura de Documentación, su puesto lo ocupará la inspectora Arancha Renedo.

'Cambio' es la palabra que más repite Sánchez cuando revisa en un instante la labor de veinte años. En 1989, por ejemplo, las violaciones eran delitos privados y era necesaria una denuncia para realizar una investigación y arrestar al agresor. Además, si la víctima lo perdonaba, la Fiscalía retiraba los cargos.

Ahora todo eso ha cambiado. Incluso el propio SAF. Los tres agentes de los comienzos se han transformado en nueve, al mismo tiempo que han ampliado sus competencias.

Las personas maltratadas -nueve de cada diez son mujeres- tienen ahora, como dice la inspectora, el SAF «como punto de referencia», ya que, entre otras cosas, está coordinado con casas de acogida, centros médicos y psicólogos, además de las concejalías sociales de los ayuntamientos y el Instituto de la Mujer.

Procedimiento

Cuando una persona formula una denuncia por maltrato se pone en marcha una maquinaria cuyo siguiente paso es verificar los hechos. En caso de que se confirmen, los agentes del SAF detienen al agresor y el juez formula una orden de alejamiento. Dependiendo de la gravedad de las lesiones físicas y psíquicas y de la habitualidad de las agresiones, el maltratador puede acabar en la cárcel o salir a la calle, aunque eso sí, en vigilancia.

Desde el año 2000, la labor del SAF no acaba aquí, ya que incorpora la Unidad de Prevención de Asistencia y Protección (UPAP), coordinado con la Policía Local. Así, se mantiene un contacto permanente con la víctima y, en casos de riesgo extremo, «se le pone una patrulla a la puerta de casa para acompañarla al trabajo, al supermercado o donde haga falta», señala Sánchez.

El retrato robot del maltratador es el de un español de entre 30 y 40 años. El año pasado, el 56% de las denunciantes y el 59% de los autores fueron españoles. Otra situación de riesgo viene en forma de jubilación. «El hombre que antes trabajaba todo el día fuera, ahora se pasa el día en casa y se pueden dar más situaciones de riesgo», desvela la inspectora.

En cuanto a los inmigrantes, los casos de violencia de género y doméstica entre ellos se deben, sobre todo, a su propia condición de extranjeros. «En su país, muchos de los maltratadores inmigrantes que están aquí no lo serían», aclara Sánchez.

Algunas de las situaciones más complicadas con las que trabaja el SAF están protagonizados por niños. Y es que este servicio también atiende a menores que necesitan protección (acoso en el colegio, abandono...), pero son «muy reticentes» a denunciar, por ejemplo, violencia por parte de sus padres.

«Los niños no suelen hacerlo, ya que quieren a sus familiares y no desean salir de su entorno. Por eso hay que tratar estos casos de forma especial», explica la inspectora saliente.

Diario Montañés