Una programa informático en el que consta una plantilla con preguntas con preguntas del tipo «¿ha sido agredida en más ocasiones?», «¿tiene antecedentes su pareja?», es el que realiza el primer filtro que determina si una maltratada debe o no contar con medidas de protección. Esto es lo que denuncia la Confederación Española de Policía (CEP), que pide un «tratamiento personalizado» a las víctimas y mayor dotación de medios para los agentes.
El secretario en Málaga de este sindicato,, Juan Carlos Gil, manifestó que los funcionarios de la UPAP, unidad de la Policía Nacional encargada de luchar contra esta lacra, tiene un nivel de decisión muy limitado. «La denunciante se sienta y el agente va rellenando cada uno de los campos de la plantilla. Cuando todos han sido contestados, el ordenador determina si el nivel de riesgo de la maltratada es alto, medio o bajo. Si desgraciadamente concluye el primero, se analiza su caso para fijar las medidas preventivas a aplicarle», explicó Gil, que criticó este tratamiento «mecanizado».
El portavoz sindical manifestó que no es concebible que una computadora «marque la protección» que necesita la víctima al considerar que se trata de hechos en los que los componentes emocionales y sus contextos en el que se producen tienen gran influencia.
La directora del Instituto Andaluz de la Mujer de Málaga, Pilar Oriente, señaló ante la denuncia que «es cierto que los agentes trabajan con una plantilla en la que hay que rellenar unos ítems en los que por ejemplo se pregunta a la víctima si está sola o cuenta con apoyo familiar», aunque precisó que «ellos también realizan una valoración propia basada en su percepción personal del caso». Fuentes policiales también destacaron que este aspecto es importante al calibrar el riesgo.
Oriente explicó que la citada unidad siempre ha respondido bien a cualquier llamada del IAM, pero coincidió en pedir una mayor dotación de medios humanos y técnicos.
El delegado en Córdoba del sindicato policial, Fernando Calderón, incidió en las carencias con la que cuentan los efectivos de la UPAP, cuya dedicación plena «hace que el Plan Concilia sea una utopía», según Juan Carlos Gil. La CEP opina que esta situación se acrecienta con una sobrecarga de trabajo y una escasez de personal y medios, como vehículos obsoletos. Calderón señaló a este respecto que «la presión es mayor para los agentes, que de por sí tienen una inmensa responsabilidad moral para proteger a las mujeres», y solicitó acciones conjuntas, como un turno de guardia de 24 horas formado por psicólogos y abogados. «La Dirección General de la Policía tiene que replantearse esta línea ante los casos de maltrato porque la situación es alarmante», concluyen las fuentes policiales.
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