Se acaban de cumplir tres años desde la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género y todos los agentes sociales, políticos e incluso las víctimas de malos tratos de Canarias reconocen que se ha avanzado mucho, pero que queda mucho por hacer, sobre todo en lo que a dotación de los servicios policiales y judiciales se refiere. Y es que la creación los Juzgados especializados en Violencia de Género y de todo el sistema de protección para las víctimas ha sacado a la luz serios problemas estructurales que impiden que el objeto de la ley se cumpla tal y como se prevé.
El colapso de la justicia canaria, uno de los más preocupantes del país, sobre todo en el ámbito penal, se ha agravado en los últimos años debido a la inclusión de nuevos juzgados de violencia de género en los de primera instancia, lo que ha generado una duplicidad de trabajo. Sin embargo, las cuestiones relacionadas con abusos sobre la mujer gozan de prioridad y, una vez que entran en sede judicial, son tratadas con premura, aunque en ocasiones ello supone la ralentización del resto.
Fallos en la Justicia.- No obstante, la propia fiscal de Violencia de Género de la Audiencia Provincial de Tenerife, Francisca Sánchez, alertó de la falta de medios a la hora de demostrar judicialmente los malos tratos, ya que una sola psicóloga forense es la encargada de atender todos los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia tinerfeña.
Aunque la cifra exacta sobre el volumen de trabajo que a diario manejan estos juzgados no se puede determinar a ciencia cierta, cabe decir que durante el año 2006 -fecha de la última memoria publicada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias- se hablaba de 4.442 nuevos casos registrados al año, a los que habría que sumar otros 4.106 que se resolvieron y otros 968 en trámite, por lo que estaríamos hablando de más de 9.500 casos al año sólo en la Jurisdicción Penal que tendrían que ser valorados por una única perito experta en Psicología. Obviamente no es operativo y son los forenses de otros departamentos los que atienden los casos menos graves.
A ello se une que desde el Instituto Canario de la Mujer (ICM) la Subdelegación de Violencia de Género, las Unidades del Cabildo de Tenerife e incluso desde las asociaciones de víctimas se alerta de la falta de sensibilidad que continúa existiendo por parte de la Justicia en lo que a la concesión de órdenes de protección y sobre todo en lo que al quebrantamiento de éstas se refiere, aludiendo a que "hay casos en los que parece que el juez lo que está esperando es que el agresor termine por matar a la mujer, porque ella denuncia y denuncia los quebrantamientos y el magistrado lo libera a los dos segundos. Es preocupante porque no es un único caso, como tampoco lo es que muchos de los abogados defensores de oficio no conozcan bien siquiera la ley que protege a la mujer y muchas se encuentren completamente desprotegidas cuando sientan en un banquillo a su agresor".
En este mismo sentido, la ex senadora del Partido Popular y actual concejala de Urbanismo del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Eva Navarro, señala que "uno de los objetivos principales, además de una mayor dotación de fondos, debe ser que los penados cumplan íntegramente sus condenas, porque de lo contrario se acogen a beneficios penitenciarios que los ponen en la calle más pronto de lo que sería deseable".
En el mismo sentido se manifiesta la directora del ICM, Isabel de Luis, que alerta de que "incluso son muchos los abogados que recomiendan a los maltratadores lo que tienen que hacer para salir lo antes posible de prisión, aprovechando que se benefician de mejoras en la condena".
Fallos en la protección. - Sin embargo, en lo que tanto políticos, como expertos y víctimas coinciden es en la necesidad de dotar con más fondos la seguridad y protección de las mujeres.
"Más medios. Recursos y más recursos, eso es lo que hace falta para luchar contra la desigualdad femenina y contra los malos tratos, sobre todo en prevención", señala la presidenta de la Asociación de Víctimas Beatriz Sanfiel, Isolina Martín, que considera que "hay mucho machismo entre los jóvenes, por lo que a los políticos hay que decirles que se gasten más dinero en esto y menos en otras cosas, porque se debe educar en igualdad en casa y en el colegio".
Testimonio de especial interés es el de un miembro de las fuerzas y seguridad del estado destinado a la custodia de mujeres víctimas de malos tratos que asegura que "la falta de medios económicos se palpa en el hecho de que yo mismo esté encargado de la salvaguarda de 86 mujeres. Es muy difícil poder atenderlas a todas como se debería". Además, explica que "lo que ahora mismo debería ser una prioridad es que se avance más en la ley y que la vigilancia ya no sea sobre las mujeres sino sobre los maltratadores; que sean ellos los que estén controlados y no las víctimas. Creo que hay medios suficientes para ello y no demasiados complejos, como las pulseras telemáticas, pero es una cuestión de dinero y de voluntad política".
Y precisamente los políticos -políticas en este caso- conocedores de la violencia de género parecen tener bastante en común, por esta vez y sin que sirva de precedente, ya que las representantes de Coalición Canaria, el Partido Socialista y el Partido Popular señalan que si bien la ley ha sido un buen punto de partida, ahora toca ampliarla, sobre todo en lo que a medios económicos y recursos de todo tipo se refiere.
Para la diputada nacionalista Flora Marrero, la prioridad debe ser la ampliación de los medios policiales. "La seguridad de las mujeres que sufren malos tratos y lo denuncian es el talón de Aquiles del desarrollo de la normativa. Hay cosas que están funcionando pero que creo que los medios policiales están fallando, por lo que considero que la prioridad debe ser que haya más policías destinados a la custodia y protección de las mujeres que, haciendo en muchos casos un esfuerzo, se atreven a denunciar. Ni siquiera así se podrá garantizar al cien por cien la seguridad de las víctimas, pero sí se ganará mucho terreno".
Fallos en la atención.- Sin embargo, para la parlamentaria socialista Eulalia Guerra de Paz los recursos deberían destinarse en primer lugar a "la creación de lo Equipos Multidisciplinares de Apoyo que la ley ha previsto desde hace tres años. Esto supone que cuestiones que se podían resolver en un mes se están haciendo en tres y cuatro meses y que, debido a que no hay un forense que evalúe inmediatamente los casos, los jueces no tienen toda la información que necesitan para tomar medidas de protección o para condenar".
Fallos en la coordinación.- Por su parte, la responsable de la Subdelegación de Violencia de Género, María Asunción Pardillo, refuerza la necesidad de dinero "porque sin fondos no se puede hacer nada y aunque la ley ha sido un gran avance, debe ser mejorada". Como primer paso Pardillo llamó a la colaboración de todas las instituciones porque "en Canarias hacen falta más medios pero también optimizar los recursos a través de la colaboración entre las administraciones para no duplicar esfuerzos y recursos".
Esta opinión la comparte la directora del ICM, Isabel de Luis, que aboga porque "todas las instituciones que estamos trabajando en este asunto deberíamos estar mejor comunicadas para que las mujeres y en general la sociedad sepan exactamente qué hacer y cómo actuar ante un caso de malos tratos. Insisto en esto porque ahora mismo hay multitud de recursos locales, insulares, autonómicos, y eso crea confusión. Por ejemplo, ahora mismo se está dando un serio problema y es que en los telediarios nacionales cada vez que aparece una información relacionada con violencia de género colocan el 016 como teléfono para las mujeres víctimas de malos tratos. Eso ha hecho que muchas llamen en situaciones de urgencia creyendo que ahí las ayudarán, pero resulta que sólo es de información y no de emergencias, por lo que pierden un tiempo precioso. Ahora estamos trabajando para que ese teléfono que es estatal al menos derive las llamadas al teléfono de emergencias canario que es el 112 y la mujer no tenga que llamar dos veces".
Así que a modo de conclusión y según lo expuesto por todos los agentes que conocen y participan en la Ley de Violencia de Género, su puesta en marcha en Canarias ha sido positiva, pero son muchas las cuestiones que no han podido ser desarrolladas o sólo en una pequeña proporción debido a la falta de recursos económicos tanto por parte del Ejecutivo central como del canario, siendo la correcta protección de las víctimas que denuncian a su agresor y el control de estos una vez que hay una orden de alejamiento las asignaturas pendientes.
eldia.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario