Exigen que los jueces sigan un criterio único en las indemnizaciones por daños Las asociaciones reclaman con urgencia una mayor formación de los profesionales que asisten a las maltratadas.
Tres años después de la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Fundación Themis de Mujeres Juristas sigue encontrando aspectos mejorables en la lucha contra el maltrato.
Una de las exigencias que plantea es la necesidad de que el Gobierno establezca un baremo de valoración de lesiones y secuelas de las víctimas de la violencia de género, similar al establecido para los afectados por un accidente de tráfico, conforme a los criterios del daño descritos por la Organización Mundial de la Salud.
La presidenta de Themis, Altamira Gonzalo, cree que, con medidas como ésta «se acabaría con la discrecionalidad de los jueces porque no hay criterios para todos los juzgados» a la hora de reparar a las víctimas del maltrato.
La asociación de mujeres, que esta semana ha analizado la eficacia de la Ley Integral contra la Violencia de Género durante sus tres años de aplicación, apuntó la necesidad urgente de que se generalicen las unidades de valoración forense en todo el territorio nacional con profesionales especializados en violencia de género.
Su labor sería la de realizar los informes de evaluación del riesgo de violencia teniendo en cuenta su vulnerabilidad. Medidas urgentes La formación de los profesionales que atienden a las víctimas es, además, otro de los aspectos en los que más inciden las asociaciones de mujeres.
«La aplicación de la ley integral requiere imperativamente incorporar la perspectiva de género en la formación de los operadores jurídicos y profesionales que intervienen en los procesos de cese de la violencia», asegura Themis.
En España hay más de 41.459 mujeres que cuentan con medidas de protección, que en su mayoría se concentran en las comunidades de Andalucía, con 8.053; Cataluña, con 6.917, y Madrid, con 6.711, según los datos del Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica hasta el 31 de mayo de este año.
Tras las autonomías que encabezan esta estadística, se sitúan la Comunidad Valenciana (4.984), Canarias (2.558) y Castilla-La Mancha (2.001), informa Efe.
El menor número de órdenes de protección o medidas cautelares se registran en La Rioja (172) y en Cantabria (240).
R. Ruiz
www.larazon.es
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