Canarias firma un protocolo para garantizar protección de las víctimas de violencia de género y condena del agresor

La Comunidad Autónoma de Canarias cuenta desde hoy con un protocolo para la atención de las víctimas de violencia de género que permitirá una actuación más coordinada de diferentes instituciones que participan en este ámbito para garantizar la atención y protección de las agredidas y la condena del agresor.

Así lo materializaron hoy a través de la firma del protocolo el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, la delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, el fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, Vicente Garrido, la vocal para Canarias del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, y la decana del Consejo Canario del Colegio de Abogados, Milagros Fuentes.

Según Ruano, este documento "es fundamental porque el mandato de la Ley de coordinación entre las administraciones públicas lo que deriva es la necesidad de que cuando se produce una agresión todos los profesionales que deben intervenir puedan prestar la asistencia debida a la persona agredida y puedan proceder a la detención del culpable y que esta detención se produzca con garantías de que finalmente va a ser procesado y condenado".

Gracias al protocolo, Canarias se convierte en la segunda Comunidad Autónoma de España que cuenta con una guía de actuación en caso de violencia de género. Este documento establece y define los flujos de actuación de todos los intervinientes como son abogados, jueces, efectivos policiales y sanitarios y los servicios sociales y de emergencias.

Asimismo, el consejero regional de Justicia indicó que "ahora deben conocerlo todas las personas que intervienen, que deberán ser formados en ese ámbito y por tanto la respuesta que se de del dispositivo de prevención de la violencia sobre la mujer pueda ser el más eficaz y pueda acabar con protección a la víctima y condena hacia el agresor".

Por su parte, la delegada del Gobierno en Canarias apuntó que "en este año afortunadamente no se ha registrado ningún resultado de muerte por violencia de género en Canarias" y recordó que durante el pasado 2008 se produjeron 5 y el año anterior 6. "Ese número sigue siendo importante porque significa que muchas mujeres han visto como sus vidas han sido truncadas a manos de asesinos por violencia machista", apostilló.

Para Darias, la firma del protocolo "supone seguir avanzando en la coordinación y seguir sumando esfuerzos de todas las administraciones y organismos implicados para intentar entre todos erradicar esta lacra que todavía existe en el siglo XXI".

"Lo cierto es que es necesario trabajar más en la parte de prevención sin embargo, cuando ocurre un suceso hay que producir en primer lugar la protección a la víctima, que se sienta protegida por las autoridades públicas al punto de que pueda producir la denuncia y que en el futuro busque unas condiciones de normalidad en su vida", dijo Ruano.

Además, el consejero regional manifestó que en el ámbito de la violencia de género "las cosas van en un proceso y eso significa que a partir de ahora irá a mejor. Lo deseable sería que al final el número de víctimas reales por agresiones físicas sea menor".

Con respecto a las mujeres que no denuncian las agresiones, el responsable de Justicia y Seguridad indicó que "hay modos de ofrecerle la atención necesaria para que deje su domicilio habitual si teme una futura agresión". "Cuando se produce una agresión lo más habitual es que vuelva a producirse otra posterior y por lo tanto lo que hay que evitar en la medida de las posibilidades de un sistema público es que esto vuelva a ocurrir", añadió.

VIOLENCIA PSICOLÓGICA
En cuando a los casos de violencia psicológica el consejero expresó que "la ley establece medidas de protección también ante la violencia psicológica y el protocolo actúa de manera diferente según cada caso".

Sin embargo, mencionó que "cuando se trata de violencia psicológica la denuncia se produce normalmente de forma directa en el juzgado y ahí donde se inicia un proceso en el que el fiscal tiene la capacidad de pedir una pruebas periciales. Esto también se toca pero el contenido más amplio del documento de protocolo es lo que se refiere a violencia física".

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