Sólo el 10% de las víctimas de malos tratos se acogen a medidas de seguridad

Granada

Un total de 231 mujeres víctimas de malos tratos, tanto físicos como psicológicos, el 9,58 por ciento de las 2.410 con orden de protección o con sentencia dictada en la provincia de Granada, han solicitado acogerse a las medidas de seguridad que actualmente ofrece la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP), según ha informado Efe.

Estos datos figuran en el registro de la Unidad de Violencia contra la Mujer, dependiente de la Subdelegación del Gobierno y que comenzó a funcionar el pasado mes marzo de 2007.De las 2.410 órdenes de protección o las sentencias ya dictadas que contienen penas en vigor en la provincia, consistentes fundamentalmente en medidas de alejamiento dictadas contra el agresor, 1.078 están al cargo de la Guardia Civil y 1.332 de la Policía Nacional, a fecha de 10 de agosto de 2008.

Protección

La Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP), a la que están acogidas 231 víctimas de malos tratos, un total de 213 en Granada y 18 en Motril, ofrece servicios tales como facilitar a las mujeres teléfonos móviles para ser usados en circunstancias de riesgo, asistencia en los juicios y servicios de autoprotección, entre otras medidas de seguridad.
En la provincia hay, además, un total de 230 mujeres acogidas al servicio de teleasistencia, según la Unidad de Violencia contra la Mujer, que tiene registradas 743 denuncias por violencia de género en la provincia de enero a junio de este año, ya sea porque se ha producido un maltrato físico o uno psicológico.

Atención personalizada

La Unidad de Violencia contra la Mujer recoge informáticamente los datos recopilados por las Fuerzas de Seguridad sobre las víctimas que denuncian malos tratos, así como su presunto agresor y su entorno, lo que permite determinar el nivel de riesgo de la mujer en cuestión para que le sea aplicado uno u otro grado de protección en función de sus necesidades y de su situación.
Este dispositivo tiene también entre sus funciones coordinar los recursos destinados a la protección de las víctimas, identificar sus necesidades, hacer un seguimiento individualizado de cada caso, lo que permitiría la personación como acusación en los que deriven en muerte, y la emisión de informes sobre la situación.


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