Las cifras sobre violencia machista resultan abrumadoras. Si el pasado año ya se batieron récord no sólo en los asesinatos de mujeres que murieron a manos de su pareja o ex pareja, sino también en el número de denuncias presentadas por malos tratos (126.293), este año se pueden superar esos límites. De hecho, en los seis primeros meses de 2008 se han producido muchas más denuncias por esta lacra (71.022), que suponen un aumento del 14% respecto al mismo periodo de 2007. Por eso, los indicadores hacen pensar que las cifras continuarán creciendo, como declaró ayer la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán. Sin embargo, de todos esos procesos, un 10% se paralizaron porque la víctima renunció a seguir adelante.
El órgano de los jueces hizo ayer balance de los tres años de la aplicación de la ley integral contra la violencia de género. Y aunque Montalbán valoró esta norma de forma positiva, sobre todo por el aumento del número de denuncias que revela que las mujeres confían más en los órganos judiciales, no se despejaron otras dudas. O si no, cómo explicar el hecho de que siete de cada diez mujeres asesinadas no habían presentado denuncia previa por malos tratos de sus parejas.
El CGPJ también confirmó otro dato ya conocido: crece el número de mujeres inmigrantes que pide mayor seguridad como consecuencia de malos tratos. En estos tres años de ley integral, son un 6% más. Mientras que en 2005 un 30% de las solicitantes de órdenes de protección eran extranjeras, en el segundo trimestre de 2008 ha pasado al 36,9%, otra cifra récord. «Mujeres doblemente desfavorecidas», valoró Montalbán, porque no tienen redes familiares de apoyo, se ven amenazadas por la expulsión... Por eso, recomendó actuaciones preventivas para este colectivo de víctimas. Del mismo modo, ha aumentado el número de hombres inmigrantes imputados por este tipo de procedimientos.
Sentencias condenatorias
En total, se han solicitado en los juzgados 133.966 órdenes de protección, tanto en los juzgados especializados en violencia sobre la mujer como en los de Instrucción que se encuentran de guardia cuando los primeros no están operativos. De ellas, en torno al 75% fueron aceptadas.
También resulta revelador que, durante los tres años de la ley, seis de cada diez sentencias penales dictadas en los juzgados contra maltratadores hayan sido condenatorias y un 32% absolutorias.
M. J. PÉREZ-BARCO
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