La directora del Viceministerio de Género, Ana Clavijo, aportó a Efe estas estimaciones y admitió que la duplicidad de tareas para combatir la violencia machista que realizan en el país brigadas policiales, juzgados y organizaciones no gubernamentales impiden contar con cifras definitivas.
Por esto, el Ministerio de Justicia boliviano invitó esta semana a una fiscal española especialista contra la violencia de la mujer para conocer la experiencia en España y detectar los problemas que tiene Bolivia en este ámbito.
"Hay deficiencias (en el sistema boliviano), no hemos podido desarrollar hasta el momento un sistema integrado de protección a la víctima de violencia, por eso es nuestro interés ver la experiencia española", explicó Clavijo.
Entre las fallas de la protección boliviana, la funcionaria dijo que uno de los principales problemas, además de la descoordinación entre instituciones, está en la falta de interés de los gobiernos municipales y la escasez de presupuesto, así como la poca preparación interdisciplinar del personal encargado.
En este intento de mejorar la coordinación entre instituciones, el Gobierno boliviano probó en la ciudad de El Alto, aledaña a La Paz, un centro de soluciones integrales para las víctimas de violencia que cumple funciones de atención y protección, con resultados "muy positivos".
Clavijo explicó que para mejorar en la atención a la víctima es necesaria la colaboración de otros ministerios, una tarea "que está costando" porque en su opinión todavía no existe información ni consciencia sobre este tema, sobretodo en las regiones rurales.
Por ello, para la funcionaria se presenta clave la introducción en los currículos escolares del respeto a los derechos humanos y la no-violencia.
En el capítulo dedicado a los derechos de los bolivianos en la nueva Carta Magna se especifica que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género.
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